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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03314-00

Acción de tutela contra providencia judicial: auto que rechaza medio de control

Fecha
7 de febrero de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03314-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA NEGAR la solicitud de amparo invocada por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, la Nación- Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-03314-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

7 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto que rechaza medio de control / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Contra acto administrativo sancionatorio / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada interpretación normativa / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – No es exigible en los procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial / MEDIDAS CAUTELARES – Son de carácter patrimonial cuando los efectos que producen al decretarlas traen consigo una consecuencia de contenido económico / MEDIDA CAUTELAR – De suspensión de acto administrativo no comporta un carácter patrimonial

[L]a Sala observa que el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó el criterio expuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la providencia de 27 de noviembre de 2014 , conforme con el cual “ninguna de las cinco medidas cautelares contempladas en el artículo 230 del C.P.A.C.A., per se contienen un carácter propiamente patrimonial; por lo tanto el estudio debe hacerse respecto de los efectos que se producen al decretar alguna de esas medidas, los cuales eventualmente sí pueden generar una evidente consecuencia económica, que debe ser determinada por el Juez al momento de resolver sobre la admisión de la demanda.” (…) En este orden de ideas, se tiene que el Tribunal accionado tuvo en cuenta la técnica que adoptó el Consejo de Estado para establecer si una medida cautelar tiene carácter patrimonial, pues analizó si su eventual decreto traería consigo una consecuencia de contenido económico. Asimismo, se considera que el Tribunal realizó un ejercicio razonable de interpretación del artículo 613 del Código General del Proceso, en lo concerniente al contenido patrimonial de la medida cautelar, y al aplicar tal precepto al caso en concreto, concluyó que la suspensión que solicitó la accionante no revestía tal condición y, en consecuencia, debió agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 613

CARGA PROCESAL – Omisión / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL – No se agotó como requisito de procedibilidad / ACCIÓN DE TUTELA – No tiene por objeto subsanar falencias y la falta de diligencia de la parte interesada

En cuanto a la solicitud de nulidad de los actos administrativos del proceso sancionatorio adelantado contra Amapentol (…)Ahora bien, mediante auto de 26 de julio de 2017 , el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó la demanda, toda vez que no se subsanó en el sentido de agotar el requisito previo de la conciliación extrajudicial exigida por el artículo 161 del CPACA, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia de 6 de octubre de 2017 y que conforme se estudió en la presente providencia, se profirió con respeto de los preceptos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. En este orden de ideas, para la Sala no es de recibo que la accionante pretenda acudir a la acción de tutela, cuando resulta probado que ya acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con las mismas pretensiones, sin haber actuado con la debida diligencia, por cuanto no agotó el requisito previo de la conciliación extrajudicial, para que el mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento de derecho fuera procedente. Así las cosas, se señala que la parte actora desconoció una carga procesal que tenía para con sus propios asuntos y por tal motivo no puede venir ahora a subsanar esa falencia, invocando el amparo de tutela

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03314-00(AC)

Actor: ASOCIACION DE MAESTROS PENSIONADOS DEL TOLIMA- AMAPENTOL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS

Acción de Tutela- Fallo de primera instancia

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, la Nación- Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena.

ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

La Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, acudió ante esta Corporación para que se protejan sus derechos fundamentales de debido proceso, defensa, protección judicial, acceso a la administración de justicia, propiedad, primacía de la realidad sobre las formas, a la especial protección de las personas en estado de debilidad manifiesta, a los principios de legalidad, favorabilidad laboral, confianza legítima y a la regla que en materia laboral dispone que no son conciliables derechos ciertos e indiscutibles, con ocasión de las decisiones adoptadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto contra la Nación- Ministerio del Trabajo y en el que se vinculó al Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, mediante las cuales se inadmitió la demanda y posteriormente, se rechazó

En amparo de los derechos invocados, solicita:

“1. Le Tutele a AMAPENTOL los derechos fundamentales de asociación, al debido proceso, al derecho de defensa, a la protección judicial, al acceso efectivo a la administración de justicia, al derecho de propiedad, a la primacía de la realidad sobre las formas, a la especial protección que el Estado debe brindar a las personas en estado de debilidad manifiesta, al principio de legalidad, al principio de favorabilidad laboral, al principio de confianza legítima, y a la regla de que en materia laboral no son conciliables los derechos ciertos e indiscutibles, y demás derechos que encuentre violados el juez constitucional.

2. Declare la nulidad de los autos del 21 de junio, 25 de julio, 26 de julio y del 01 de noviembre de 2017, emanados del JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ, y del 6 de octubre de 2017 proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA; mediante los cuales fue rechazado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 2017-162 de AMAPENTOL contra EL MINISTERIO DE TRABAJO- DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA con vinculación del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA como tercero interesado en las resultas del proceso.

3. Le ordene al JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ admitir la demanda y darle el trámite correspondiente, en razón a que fueron solicitadas medidas cautelares de carácter patrimonial.

4. Le ordene al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLIMA, suspender las acciones de cobro de la multa contra AMAPENTOL hasta que los jueces accionados determinen la legalidad de los actos administrativos demandados mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada.

5. Le ordene al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA- REGIONAL TOLIMA, suspender el reporte de AMAPENTOL ante el boletín de deudores morosos del Estado a cargo de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (sic).

EN SUBSIDIO DE LAS PRETENSIONES No. 2, 3 y 4:

6. Declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos dentro de la investigación administrativa laboral con radicado No. 002146, mediante los cuales AMAPENTOL fue sancionada por presunta violación del artículo 16 de sus propios Estatutos: La Resolución No. 00197, expedida el 20 de junio de 2016 por el Coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima (sic), notificada el 29 del mismo mes y año; La Resolución 00300, expedida el 19 de septiembre de 2016 por el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima (sic), notificada el 26 del mismo mes y año; y la Resolución 00106 expedida el 9 de marzo de 2017 por el director del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima, notificada el 21 del mismo mes y año.

7. Se condene en costas a los accionados por no contar la accionante con otro medio de defensa judicial para hacer valer sus derechos.

(…)”

2. Hechos

La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:

La Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación- Ministerio del Trabajo, con el fin que se declarara la nulidad de los actos administrativos expedidos dentro de la investigación administrativa laboral número 002146, iniciada en el 2015, en su contra, la cual culminó con una sanción de multa equivalente a 20 SMLMV, a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena. Junto con el escrito de demanda, solicitó que se ordenara la suspensión provisional del acto administrativo a través del cual se impuso la sanción.

El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, que conoció del medio de control, profirió auto de 21 de junio de 2017, en el que inadmitió la demanda y ordenó a la parte actora allegar el acta de conciliación extrajudicial, para determinar que se cumplió con el requisito de procedibilidad previsto en el numeral 1 del artículo 161 del CPACA.

La accionante interpuso recurso de reposición contra la anterior providencia, alegando que estaba eximida de agotar el requisito previo de conciliación extrajudicial, puesto que con la demanda presentó medidas cautelares de carácter patrimonial, conforme con el artículo 613 del CGP.

Mediante auto de 5 de julio de 2017 el Juzgado negó la reposición e insistió en la subsanación de la demanda.

El día 21 de julio de 2017 la actora allegó dos memoriales al despacho, en los que, pidió tener por subsanada la demanda y reiteró la solicitud de medidas cautelares de la resolución que la sancionó con multa, respectivamente.

A través de auto de 26 de julio de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó la demanda, con el argumento que no se dio cumplimiento a la exigencia de aportar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial.

Dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante providencia de 6 de octubre de 2017, al considerar que se debía agotar el requisito de conciliación extrajudicial, toda vez que estudiada la solicitud de medidas cautelares se evidenció que no tienen un contenido patrimonial.

La parte actora afirma que las autoridades accionadas incurrieron en una vía de hecho al proferir las anteriores decisiones, por cuanto “desconocieron el principio de favorabilidad y a partir de la interpretación restrictiva de las normas procesales soslayaron los principios mínimos fundamentales que en materia laboral establece el artículo 53 de la constitución política de Colombia como irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y que en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, debe tenerse en cuenta la situación más favorable al trabajador.”.

Adicionalmente, manifiesta que se vulneraron sus derechos fundamentales, pues a su juicio, se desconoció el artículo 613 del CGP, que establece que la conciliación extrajudicial no es un requisito de procedibilidad cuando en el proceso el demandante solicita medidas cautelares de carácter patrimonial, lo cual ocurrió en el medio de nulidad y restablecimiento del derecho presentado.

3. Trámite e intervenciones

Mediante auto de 11 de diciembre de 2017, se admitió la tutela y ordenó notificar a las entidades accionadas en los términos y para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Además, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

El Tribunal Administrativo del Tolima informó que conoció del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Amapentol, al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 26 de julio de 2017, mediante el cual el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó la demanda.

Sostuvo que confirmó la providencia en mención, toda vez que la parte actora no acreditó haber dado cumplimiento al requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, pues si bien se trata de un asunto de carácter laboral, el mismo posee un contenido económico en tanto se pretende la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se impuso una multa como sanción administrativa.

Precisó respecto al argumento de la accionante, en relación a que en el caso en particular no se puede exigir la conciliación extrajudicial porque se solicitaron medidas cautelares de carácter patrimonial, que aun cuando los actos demandados tienen un contenido económico al indicar que el monto de multa es de $14.754.340, ello no implica que la medida posea dicho carácter, puesto que al analizar los efectos que se generarían al decretarla, no se evidencia una consecuencia inmediata para la parte actora.

Manifestó que el juez en sus providencias solo está sometido al imperio de la ley y que la Corporación no vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados por la accionante, toda vez que la decisión proferida se fundamentó en las pruebas aportadas al proceso, en las normas de nuestro ordenamiento jurídico y en la línea jurisprudencial de las altas cortes.

El Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena indicó que adelanta un proceso de cobro coactivo contra Amapentol, con el fin de obtener el pago de la obligación derivada de la multa impuesta por el Ministerio del Trabajo. Esto, dado que el patrimonio de la entidad está conformado por los recursos que se derivan de las sanciones interpuestas por dicho Ministerio, según lo establece el numeral 5 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994.

Sostuvo que como no se le ha notificado de la suspensión provisional de la resolución que impuso la sanción, ni se ha allegado al expediente administrativo copia del auto admisorio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la actuación del Ministerio del Trabajo, se emitió auto de mandamiento de pago, con fecha de 28 de noviembre de 2017.

Relató que la Oficina de Jurisdicción Coactiva del Sena regional Tolima profirió, el mismo 28 de noviembre de 2017, auto de embargo de cuentas bancarias de titularidad de la ejecutada, que fue comunicado a las entidades financieras correspondientes el 1 de diciembre de 2017.

Indicó que Amapentol interpuso excepciones frente a la decisión de mandamiento de pago, las cuales aún están siendo estudiadas, pues se cuenta con un mes para resolverlas, conforme lo dispone el artículo 68 de la Resolución Sena número 01235 y que en caso de que resulten no probadas podrá formular recurso de reposición o, si a bien lo tiene, presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la actuación adelantada por la administración.

Afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y solicitó que se niegue el amparo invocado.

La Nación- Ministerio del Trabajo adujo que la investigación administrativa sancionatoria laboral que terminó con la sanción impuesta a Amapentol por multa de $14.754.340, se adelantó respetando el debido proceso y garantizando el derecho de defensa de la sociedad.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

La Sala advierte que el estudio del presente asunto se centrará en la providencia de segunda instancia proferida el 6 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Tolima, toda vez que esta decisión fue la que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la accionante contra la Nación- Ministerio del Trabajo y en el que se vinculó al Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, en tanto confirmó en su integridad el auto dictado el 26 de julio de 2017 por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, la Nación- Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, de conformidad con las reglas previstas en el Decreto 1382 de 2000.

3. Problema jurídico

La Sala debe establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima, vulneró los derechos fundamentales de la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol, con ocasión de la providencia proferida el 6 de octubre de 2017, al confirmar el auto de 26 de julio de 2017 dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada contra el Ministerio del Trabajo, al incurrir en un defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 613 del CGP, pues a juicio de la accionante, la conciliación extrajudicial no es un requisito previo de procedibilidad en los casos en los que se solicitan medidas cautelares patrimoniales.

Asimismo, se determinará si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para analizar la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales el Ministerio del Trabajo impuso una sanción de multa a Amapentol, dentro del proceso sancionatorio administrativo laboral número 002146.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

4. Defecto sustantivo

Respecto al defecto sustantivo, se ha considerado que se incurre en él cuando: (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, precisó, a propósito del defecto sustantivo, la limitación que es inherente al principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, así:

“(…)

Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación (…)”.

Y también, en las sentencias T-092 de 2008 y T-686 de 2007 el Tribunal Constitucional consideró:

“(…) una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) (…)”. (Resaltado por la Sala).

5. De la subsidiariedad de la acción de tutela

Con relación a la subsidiaridad, la acción de tutela en principio no puede ser empleada como mecanismo principal y definitivo para resolver controversias sobre las cuales el legislador ha previsto mecanismos especializados y definitivos para su resolución, dentro de los cuales también se garantiza la protección y garantía de los derechos fundamentales.

Una de las principales razones de lo expuesto, es que el legislador teniendo en cuenta determinadas situaciones de hecho y de derecho, y por consiguiente, la naturaleza, ejercicio, garantía y protección de los derechos de las partes, intervinientes y/o de la comunidad en general, ha elaborado acciones y procedimientos judiciales especializados para el mejor proveer de cierto tipo de situaciones, de acuerdo a las directrices de la Constitución Política.

En este sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, las siguientes:

“1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”

De esta manera, se resalta que la Corte Constitucional en varios pronunciamientos ha señalado que la procedencia de esta acción constitucional se encuentra condicionada a la inexistencia o ineficacia de los medios ordinarios de defensa previstos en el ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, esta acción, como mecanismo residual y subsidiario, no puede remplazar las figuras procesales destinadas a obtener la satisfacción de sus derechos, ni puede subsanar la incuria o negligencia de las partes en hacer uso de ellas de la manera y dentro de los términos previstos legalmente para ello.

Adicionalmente, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que en los casos en que existan medios judiciales de protección ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez constitucional logra determinar que: “(…) (i) los mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados es sujeto de especial protección constitucional (…)".

Asimismo, la Corte Constitucional ha indicado que el perjuicio ha de ser inminente, por lo que las medidas que se requieren para conjurarlo deben ser urgentes; no basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a una gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.

6. De la procedencia de la acción de tutela para cuestionar actos administrativos

En cuanto a la procedencia de la solicitud de tutela para cuestionar actos administrativos, la Corte Constitucional ha predicado por regla general, que la acción de tutela es improcedente frente actos de carácter particular a no ser que se invoque para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Ello, por cuanto el interesado puede ejercer los mecanismos de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, como medida preventiva solicitar dentro de ésta, la suspensión del acto que causa la transgresión, o cualquier otra medida cautelar procedente.

Sin embargo, el amparo constitucional es procedente en aquellos asuntos en los cuales, como se anotó anteriormente, se demuestre que pese a existir otros mecanismos ordinarios para la defensa de los derechos fundamentales involucrados, éstos carecen de idoneidad para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. Dicho perjuicio debe ser inminente, grave, urgente y que su protección sea impostergable.

Los anteriores requisitos deben ser analizados en cada caso concreto, pues como regla general, no solamente debe hallarse acreditada la gravedad de la situación sino también que los mecanismos ordinarios no sean eficaces para la protección real de los derechos fundamentales involucrados.

7. Caso concreto

Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, se procederán a estudiar las pretensiones concernientes a la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima de dar por terminado el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y la procedencia de la acción de tutela frente a la solicitud de nulidad de los actos administrativos del proceso sancionatorio adelantado contra Amapentol.

7.1. Acción de tutela contra la decisión del Tribunal Administrativo del Tolima a través de la cual rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por Amapentol

7.1.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales de debido proceso, defensa, protección judicial, acceso a la administración de justicia, propiedad, primacía de la realidad sobre las formas, a la especial protección de las personas en estado de debilidad manifiesta y, a los principios de legalidad, favorabilidad laboral y confianza legítima, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados como quebrantados, por cuanto se interpusieron los recursos procedentes que dispone el ordenamiento jurídico, sin que cuente con más medios de defensa judicial, pues a juicio de la Sala las razones aducidas por la actora no constituyen ninguna causal prevista por el legislador para interponer el recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que el auto controvertido es del 6 de octubre de 2017y la demanda de tutela se presentó el 4 de diciembre de 2017, es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que la accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y, que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7.1.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

La acción de tutela está dirigida a cuestionar la providencia de 6 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que confirmó el auto de 26 de julio de 2017 dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante el cual se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pues a juicio de la actora, el Tribunal debió admitir la demanda, toda vez que con ella se solicitaron medidas cautelares de carácter patrimonial, lo cual, conforme lo establece el artículo 613 del CGP, exime al demandante de agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial.

Para solucionar el problema jurídico planteado sobre el asunto, la Sala revisará el auto de 6 de octubre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, que confirmó la decisión de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por la ahora tutelante:

“(…) Desde ya debe precisarse que en los procesos contencioso administrativos, la conciliación extrajudicial, sólo es procedente en los conflictos de carácter particular y contenido económico, es decir, aquellos que se tramiten en ejercicio de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. En consecuencia, para interponer la demanda de reparación directa, contractuales (sic) y de nulidad y restablecimiento del derecho, se debe allegar constancia que acredite el inicio del trámite de la conciliación extrajudicial y de la celebración de la audiencia respectiva. En caso contrario, su inobservancia y/o falta de subsanación genera el rechazo de la demanda, dado que es un requisito de procedibilidad.

En relación con el requisito de procedibilidad para acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en Sentencia T-023 de 2012 la Honorable Corte Constitucional, aclaró que si bien el mismo es exigible, por supuesto sólo procede cuando los asuntos sean conciliables, por lo que se concluyó que de conformidad con la jurisprudencia Constitucional y Contencioso Administrativa vigente y con lo previsto en el Decreto 1716 de 2009, no serán conciliables:

“(…) iv) los asuntos que versen sobre actos administrativos que se refieren a derechos de carácter laboral ciertos e indiscutibles y a derechos mínimo e intransigibles (sic)”

(…)

En el sub lite el recurrente argumentó que en el presente asunto no es exigible la conciliación como requisito de procedibilidad, toda vez que se trata de un asunto de carácter laboral. Examinado la cuestión (sic), encuentra la Sala, que las pretensiones elevadas por la parte demandante se reducen a la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso una multa como sanción administrativa.

En materia de actos administrativos que imponen sanciones, la Corte Constitucional en sentencia T023 del 23 de enero de 2012 concluyó lo siguiente:

“(…) Indiscutiblemente, la legalidad de un acto administrativo que impone una sanción pecuniaria es de contenido económico y, por ende, conciliable (…)”

De acuerdo con las consideraciones traídas a colación, no queda duda que aunque se está ante la existencia de actos administrativos de contenido laboral, estos también tienen un contenido económico, es decir, tales efectos pueden ser objeto de conciliación y por ello, al no agotarse tal procedimiento previo a la formulación de la demanda, en principio, podía rechazarse, por lo que no resulta de recibo el argumento del recurrente.

Por otra parte, sostiene el apelante que en el presente caso no debe exigirse la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, toda vez que solicitó medidas cautelares de carácter patrimonial como es la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos demandados los cuales impusieron multa como sanción administrativa a AMAPENTOL.

El Cogido de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (sic), en lo referente a la conciliación extrajudicial y la solicitud de medidas cautelares en asuntos contencioso administrativos, señaló:

“Artículo 613. Audiencia de conciliación extrajudicial en los asuntos contencioso administrativos. Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente.
No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.

El Consejo de Estado respecto a la solicitud de medidas cautelares y su contenido patrimonial, en auto de 27 de noviembre de 2014 indicó lo siguiente:

“(…) De conformidad con lo precedente, estima la Sala que en la actualidad, cuando se solicita el decreto y práctica de alguna medida cautelar, no es exigible el requisito de la conciliación prejudicial para poder demandar; sin embargo hay que aclarar que para los asuntos Contencioso Administrativo, el artículo 613 del Código General del Proceso contempló un requisito adicional.

En efecto, si bien el parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, establece de forma general para todos los procesos y Jurisdicciones, la posibilidad de no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y acudir directamente a la demanda, cuando se solicita una medida cautelar, el artículo 613 ibídem, norma posterior y especial, estableció expresamente que en la Jurisdicción Contencioso Administrativa dicha excepción se aplica siempre y cuando la medida cautelar pedida sea de carácter patrimonial, como lo indica la siguiente frase de su inciso segundo: “como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial”.

Teniendo en cuenta lo anterior, para acudir directamente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin antes intentar la conciliación, no basta simplemente con solicitar el decreto y práctica de una medida cautelar, sino que ésta además, debe tener un carácter patrimonial, lo cual cobra sentido, ya que por la naturaleza propia del carácter económico o patrimonial, la efectividad de dichas medidas depende de que el demandado no tenga conocimiento de la existencia de un proceso en su contra y pueda evadir el cumplimiento de una orden judicial que eventualmente las decrete.”

(…)

En el sub examine, en cuanto a la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, encuentra la Sala, que si bien éstos tienen un contenido patrimonial al indicar que el monto de multa es de $14.754.340, esto no implica que la medida cautelar solicitada posea dicho carácter, como quiera que al analizar los efectos de decretarla, no se evidencia una consecuencia económica inmediata para la parte actora, puesto que solo al momento de proferir sentencia el Juez determinará si AMAPENTOL, debía o no pagar dicha suma y, si los dineros que alega le fueron retenidos, deben ser reintegrados.

(…)

En el sub lite, es claro que el demandado no tiene una carga de erogaciones económicas.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala no acoge el argumento de la parte actora en el que afirmó que solicitó medidas cautelares de carácter patrimonial, puesto que una vez estudiada su solicitud se evidenció que no tienen un contenido patrimonial, por lo que en el presente asunto era necesario agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial prevista en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

(…)”

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Tribunal señaló, en primer lugar, que el asunto en estudio era conciliable, por razón a que si bien el mismo es de carácter laboral, lo cierto es que lo pretendido por Amapentol es la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le impuso una multa como sanción administrativa. Al respecto, enfatizó que según lo ha estudiado la Corte Constitucional, la legalidad de un acto administrativo que impone una sanción pecuniaria es de contenido económico y, por ende, conciliable.

Seguidamente, sostuvo que conforme lo ha precisado el Consejo de Estado, el artículo 613 del CGP prevé que la excepción de no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial y acudir directamente a la demanda cuando se solicita una medida cautelar, se aplica en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo siempre y cuando ésta sea de carácter patrimonial. Por lo anterior, determinó que en el caso en concreto, pese a que la suspensión provisional de los actos acusados tienen un contenido patrimonial al tasar el monto de la multa impuesta en $14.754.340, ello no implica que tal medida posea dicho carácter, esto dado que al estudiar los efectos que conllevarían el hecho de decretarla, no se evidencia una consecuencia inmediata para la demandante.

Así las cosas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo del Tolima aplicó el criterio expuesto por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la providencia de 27 de noviembre de 2014, conforme con el cual “ninguna de las cinco medidas cautelares contempladas en el artículo 230 del C.P.A.C.A., per se contienen un carácter propiamente patrimonial; por lo tanto el estudio debe hacerse respecto de los efectos que se producen al decretar alguna de esas medidas, los cuales eventualmente sí pueden generar una evidente consecuencia económica, que debe ser determinada por el Juez al momento de resolver sobre la admisión de la demanda.” (Resaltado por la Sala)

En este orden de ideas, se tiene que el Tribunal accionado tuvo en cuenta la técnica que adoptó el Consejo de Estado para establecer si una medida cautelar tiene carácter patrimonial, pues analizó si su eventual decreto traería consigo una consecuencia de contenido económico.

Asimismo, se considera que el Tribunal realizó un ejercicio razonable de interpretación del artículo 613 del Código General del Proceso, en lo concerniente al contenido patrimonial de la medida cautelar, y al aplicar tal precepto al caso en concreto, concluyó que la suspensión que solicitó la accionante no revestía tal condición y, en consecuencia, debió agotar el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial.

Conforme con lo anterior, la Sala negará el amparo solicitado, por razón a que no se demostró la configuración del defecto sustantivo alegado por la parte actora.

7.2. En cuanto a la solicitud de nulidad de los actos administrativos del proceso sancionatorio adelantado contra Amapentol

Amapentol en el escrito de la demanda de tutela solicitó también que se declare la nulidad de los actos administrativos expedidos dentro de la investigación administrativa adelantada en su contra por el Ministerio del Trabajo, en la cual resultó sancionada con multa por la presunta vulneración del artículo 16 de sus propios estatutos.

Al respecto, se precisa que las resoluciones por medio de las cuales se sancionó a la accionante, son actos administrativos que al decidir de forma particular y concreta su situación administrativa, comportan una actuación que afecta sus derechos, por ende, estos debían ser objeto de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Sobre este punto, se tiene que, como quedó visto con anterioridad, Amapentol acudió ante la jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando que:

“1. Declare la nulidad de los siguientes actos administrativos expedidos dentro de la investigación administrativa laboral con radicado No. 002146, mediante los cuales AMAPENTOL fue sancionada por presunta violación del artículo 16 de sus propios Estatutos: La Resolución No. 00197, expedida el 20 de junio de 2016 por el Coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima (sic), notificada el 29 del mismo mes y año; La Resolución 00300, expedida el 19 de septiembre de 2016 por el coordinador del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima (sic), notificada el 26 del mismo mes y año; y la Resolución 00106 expedida el 9 de marzo de 2017 por el director del grupo de prevención, inspección, vigilancia y control del Ministerio del trabajo- territorial Tolima, notificada el 21 del mismo mes y año.”

Ahora bien, mediante auto de 26 de julio de 2017, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué rechazó la demanda, toda vez que no se subsanó en el sentido de agotar el requisito previo de la conciliación extrajudicial exigida por el artículo 161 del CPACA, decisión que fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima en providencia de 6 de octubre de 2017 y que conforme se estudió en la presente providencia, se profirió con respeto de los preceptos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.

En este orden de ideas, para la Sala no es de recibo que la accionante pretenda acudir a la acción de tutela, cuando resulta probado que ya acudió a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con las mismas pretensiones, sin haber actuado con la debida diligencia, por cuanto no agotó el requisito previo de la conciliación extrajudicial, para que el mecanismo judicial de nulidad y restablecimiento de derecho fuera procedente. Así las cosas, se señala que la parte actora desconoció una carga procesal que tenía para con sus propios asuntos y por tal motivo no puede venir ahora a subsanar esa falencia, invocando el amparo de tutela.

lll. DECISIÓN

Por las anteriores razones, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar. En consecuencia, se negará la solicitud de amparo de los derechos invocados por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NEGAR la solicitud de amparo invocada por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol contra el Tribunal Administrativo del Tolima, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Ibagué, la Nación- Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje- Sena, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folio 23 a 25 reverso.
Folios 59 a 62 reverso.
Folios 64 a 70 reverso.
Folio 73 reverso.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
Sentencia SU-111 de 1997 M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T – 177 de 14 de marzo de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Folio 1.
Expediente radicado número 76001-23-33-000-2014-00550-01. M.P. María Elizabeth García González.
Folio 215 del expediente en préstamo contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la Asociación de Maestros Pensionados del Tolima- Amapentol contra la Nación- Ministerio del Trabajo, con radicado número 2017-00162.
Folio 246 reverso ídem.
Folios 262 a 266 reverso ídem.

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