Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03357-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-03357-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03357-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03357-00
Consejero ponente: María Elizabeth García González
22 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos al debido proceso y a la igualdad / DOCTRINA CONSTITUCIONAL - Puede constituir un hecho nuevo que permite estudiar la acción de tutela dando flexibilidad al requisito de inmediatez / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura al no haber tenido en cuenta la sentencia de unificación de la Corte Constitucional relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a docentes por el pago tardío de sus cesantías
[L]a Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. (…). Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad del actor, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el [accionante]. En consecuencia, se dejará sin efecto la providencia de 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2014-00570-01, incoado contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal y como se expresó en asuntos similares en fallos de esta misma fecha.
FUENTE FORMAL: LEY 1071 DE 2006 / LEY 244 DE 1995
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías a los docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. SU-336, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, que implica una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con respecto a aquellos casos en los que resulta procedente la tutela contra una providencia judicial, cuando se ha excedido el término razonable para instaurar la acción, ver: Corte Constitucional, sentencia de 6 de marzo de 2008, exp. T-243, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y sentencia de 17 de enero de 2008, exp. T-014, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En cuanto a la ocurrencia de un hecho nuevo que se consideró correspondía a una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de mayo de 2011, exp. SU-339, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Con respecto a la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías y que el régimen general de los servidores públicos aplica a los docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 7 de septiembre de 2016, exp. C-486, M.P. María Victoria Calle Correa. Acerca de una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de octubre de 2017, exp. 2017-01856, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdéz (E). Sobre casos similares al estudiado en la presente tutela, en los que se acogieron las pretensiones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 17 de agosto de 2017, exp. 2017-01855-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sección Segunda, sentencia de 5 de septiembre de 2017, exp. 2017-01853-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez y sentencia de 8 de noviembre de 2017, exp. 2017-01854-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03357-00(AC)
Actor: LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
La Sala procede a decidir la acción de tutela instaurada por el señor LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, al haber proferido la providencia de 28 de abril de 2016, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el nro. 2014-00570-01.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS instauró acción de tutela contra el Tribunal, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
I.2.- Hechos
Señaló que, el 20 de febrero de 2013 le solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas.
Indicó que, el FOMAG mediante Resolución 03140 de 30 de julio de 2013, le reconoció la mencionada prestación, sin embargo, dicho emolumento le fue cancelado solamente hasta el 11 de octubre de ese año, por intermedio del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria –BBVA-, por lo que solicitó a tal autoridad el pago inmediato de la sanción moratoria que se había causado por la consignación tardía de las cesantías reclamadas, siendo resuelto desfavorablemente mediante Resolución 2014PQR3428 de 13 de marzo de 2014.
Manifestó que, por lo anterior, a través de apoderado judicial, instauró medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Tolima - Secretaría de Educación y Cultura y el FOMAG, correspondiéndole en reparto al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, que en sentencia de 25 de noviembre de 2015 negó las pretensiones de la demanda, razón por la que interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por el Tribunal mediante fallo de 28 de abril de 2016, que confirmó lo dispuesto por el a quo.
Precisó que, en un caso idéntico, el juez de segundo grado mediante sentencia de 11 de diciembre de 2014, “ordenó el reconocimiento y pago tardío de las cesantías definitivas […] y dejó sentado que la sanción moratoria se concibe como una condena a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, creada con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el pago de la liquidación del auxilio de cesantías en términos de la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995”.
Sostuvo que, la autoridad judicial accionada pasó por alto lo dispuesto en la Ley 1071 de 31 de julio de 2006, normativa que prevé el pago de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, así mismo, desconoció el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado.
Indicó que, la Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, señaló de manera clara que el régimen sobre el reconocimiento y pago de dicho emolumento de que gozan los servidores públicos, también le es aplicable a los docentes oficiales, teniendo en cuenta los derechos a la igualdad de trato jurídico y debido proceso, lo cual incide en su caso.
Por último, aclaró que, la presente solicitud de amparo la promueve con ocasión de tal pronunciamiento, toda vez que constituye un hecho nuevo que lo habilita para que el juez constitucional estudie sus pretensiones, ya que se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, entre ellos, el requisito de inmediatez.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, además, que se deje sin efecto la sentencia de 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2014-00570-01 y, en su lugar, que se ordene proferir una decisión favorable a sus intereses.
I.4.- Defensa
I.4.1.- El Tribunal solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda.
Sostuvo que, la decisión que adoptó se ajusta a las circunstancias fácticas y jurídicas acreditadas en el proceso ordinario, en estricto cumplimiento de la jurisprudencia aplicable al caso sub examine.
Adujo que, le ha negado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, por cuanto en la actualidad no existe una posición unificada que determine los lineamientos para acceder a tal emolumento económico.
I.4.2.- La FIDUPREVISORA S.A., solicitó que declare la improcedencia de la acción de tutela.
Indicó que, el juez de segunda instancia no desconoció el precedente jurisprudencial aplicable al caso bajo estudio.
Aseguró que, al interior del proceso ordinario no se presentó vulneración de derecho fundamental alguno, por el contrario, el procedimiento se ajustó a las normas establecidas en el ordenamiento jurídico y fue adelantado en debida forma.
I.4.3.- El Ministerio solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional de la referencia, por cuanto en el caso sub examine no se configuran plenamente los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
I.4.4.- El Departamento solicitó que se denieguen las súplicas incoadas.
Manifestó que, la autoridad judicial accionada no incurrió en vía de hecho, pues su actuación está ajustada a derecho y acorde con los preceptos legales y constitucionales que rigen la materia.
I.4.5.- El Juzgado solicitó que se deniegue la presente solicitud de amparo.
Señaló que, en el presente caso no se cumple con los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Adujo que, el mecanismo de amparo es procedente cuando es evidente la arbitrariedad del funcionario judicial en sus actuaciones, situación que a su juicio, no concurre en el caso objeto de estudio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente nro. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente nro. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).
En el presente caso, se advierte que el señor LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS pretende que se deje sin efecto la providencia de 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el nro. 2014-00570-01, promovido contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y a la igualdad, pues a juicio del actor, incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial, por cuanto, pasó por alto lo dispuesto en la Ley 1071, normativa que prevé el pago de cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos, así mismo, lo establecido por el Consejo de Estado.
Como primera medida, la Sala observa que la providencia judicial que cuestiona el actor data de 28 de abril de 2016, la cual quedó ejecutoriada el 6 de mayo de ese año, y la presente solicitud de amparo se instauró el 5 de diciembre de 2017, lo que a todas luces infringe el principio de inmediatez.
No obstante, el demandante pone de presente que promovió la acción de tutela con ocasión de un hecho nuevo, esto es la sentencia SU-336 de 2017, el cual lo habilita para que el juez constitucional estudie sus pretensiones, pues en su sentir, se cumplen todos los presupuestos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, entre ellos, el mencionado requisito.
Del escrito de tutela se infiere que el accionante pretende que sea a partir de tal pronunciamiento que se analice la exigencia, pues en ella la Corte Constitucional señaló de manera clara que el régimen sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías de que gozan los servidores públicos también le es aplicable a los docentes oficiales, teniendo en cuenta los derechos a la igualdad de trato jurídico y debido proceso, lo cual incide en su caso.
Así las cosas, la Sala entrará a determinar si el precedente jurisprudencial cuya aplicación reclama el actor da lugar a examinar la presunta conculcación de sus derechos fundamentales, previó estudio del prenombrado requisito.
Al respecto, es pertinente traer a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia.
Dicha Corporación ha indicado que la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo de la presentación de la tutela contra una providencia judicial, no están definidas de antemano, por lo que excedido el término razonable, solo será procedente en algunos casos, esto es:
“[…] (i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición […]” (negrillas fuera del texto original).
En la sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, se ocupó de un caso en el que un ciudadano con posterioridad a la ejecutoria de las providencias judiciales, que habían negado la indexación de su primera mesada pensional, hizo uso del mecanismo de amparo transcurrido un tiempo considerable, no obstante, indicó que se cumplía con el principio de inmediatez toda vez que se había instaurado en un término razonable luego de que el afectado tuvo conocimiento de la consolidación de una doctrina jurisprudencial que le era aplicable. En efecto, adujo la Corte:
“[…] En principio es necesario hacer referencia a la inmediatez que, por vía de tutela sirvió como uno de los argumentos para que la Corte Suprema de Justicia negara la presente acción de tutela. De conformidad con lo que expuso la Sala Penal de esa alta Corporación, el actor debió haber interpuesto la acción de tutela desde el 25 de abril de 2001 cuando se falló su caso en la vía ordinaria y no seis años después.
Al respecto, encuentra esta Sala, que de conformidad con lo expuesto en el numeral tercero de las consideraciones de esta providencia, la Sentencia C-862 de 2006 proferida por la Sala Plena de esta Corporación deja claro que en tratándose de solicitudes de los pensionados que buscan obtener el mantenimiento del poder adquisitivo de su pensión, así como la indexación de la primera mesada pensional, no es posible hacer ningún tipo de trato diferenciado con respecto a otros pensionados. Esto quiere decir, que no por el hecho de que el pensionado se haya demorado en reclamar ese derecho constitucional, habiendo transcurrido 6 años desde que se dictó el fallo que lo negó por vía ordinaria, significa que éste ha perdido dicha prerrogativa.
A pesar de que existe una providencia en firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2001, el actor interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 (que concretó lo que con anterioridad habían expuesto otras sentencias de tutela, tal y como lo expuso el actor en su demanda), situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, el accionante interpusiera la presente acción de tutela. No importa entonces que se trate de controvertir un fallo del año 2001, puesto que como arriba se dijo, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a la actualización del valor del pago de sus pensiones no está sujeto a ninguna condición y en la actualidad, a la luz de la Constitución, se encuentra plenamente garantizado.
Conforme a lo dicho, la Sala entiende que el accionante interpuso la presente acción de tutela dentro de un plazo razonable, a partir de que tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006, en consecuencia, la Sala continuará con el análisis de la procedencia de la tutela tal y como sigue a continuación […]”. (Negrillas fuera del texto original).
En la sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, se refirió respecto de la ocurrencia de un hecho nuevo, el cual puntualizó que correspondía a una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, acaecida en el interregno de la presunta transgresión y la presentación de la acción de tutela.
Precisó la referida sentencia:
“[…] Adicionalmente, la jurisprudencia ha señalado que otra causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la acción, es la ocurrencia de un hecho nuevo, y éste, ha sido entendido, como una circunstancia fáctica que es jurídicamente relevante, ocurrida entre el momento en que ocurrieron los hechos causantes del daño o de la amenaza de los derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela.
Se ha establecido por esta Corporación que una circunstancia fáctica relevante para el mundo jurídico, es la expedición en sede de revisión, de una sentencia, que contenga un precedente que antes no existía […]”. (Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que el requisito de inmediatez se puede obviar en algunos eventos, dependiendo de la situación en particular, entre ellos, la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante entre el momento que surgió el presunto agravió y el uso de la acción de tutela, como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía, pues tales pronunciamientos involucran supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar la situación del interesado, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses.
Comoquiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que en la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional al conocer en sede de revisión algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que denegó el amparo deprecado por algunos educadores del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, zanjó dicho desacuerdo e indicó puntualmente que los docentes oficiales debían ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les era aplicable el régimen general en lo que tenía que ver con dicha reclamación, pronunciamiento este que ha sido prohijado por esta Corporación en la actualidad.
Si bien la Corte Constitucional en sus consideraciones expresó que las providencias que allí se discutían no desconocieron el precedente jurisprudencial, por cuanto las mismas habían sido proferidas con anterioridad a la sentencia C-486 de 7 de septiembre de 2016, en la que refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de los servidores públicos le era aplicable a los docentes oficiales, lo que significaría que antes de la precitada providencia de unificación ya existía tal posición, no lo era para esta Corporación, pues se repite, no subsistía una posición unificada sobre el tema ni tampoco que dicha directriz fuera aplicada, lo que traía consigo desigualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encontraban en la misma situación fáctica de otros docentes, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, hecho que, a juicio de la Alta Corte, transgredía los derechos a la igualdad y al debido proceso por violación directa de la Constitución.
Por lo anterior, la Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 (Expediente nro. 2017-01856-00), al estudiar una solicitud de amparo similar a la aquí analizada, con identidad de hechos, pretensiones y parte demandada, acogió la postura de la Corte Constitucional y amparó los derechos fundamentales allí invocados como violados, por encontrar que se habían configurado los precitados defectos. Al respecto, indicó lo siguiente:
“[…] En el sub lite, afirma el actor que, con sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017, las autoridades judiciales cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales.
Para determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto alegado, resulta pertinente establecer si existe o no un precedente jurisprudencial en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a los docentes oficiales.
Sobre el particular, la Sala pone de presente que el asunto bajo examen ya ha sido objeto de análisis, y en esas oportunidades se pudo establecer que no existe una posición consistente por parte del Consejo de Estado, en tanto que no hay un criterio unificado sobre el particular. En ese sentido, se precisó lo siguiente:
“Conforme a lo señalado, la Sala observa que los Despachos Judiciales accionados en ningún momento desconocieron el precedente judicial, por cuanto actualmente no existe en el Consejo de Estado un criterio unificado sobre el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes, razón por la cual, los jueces no están obligados a acoger un criterio en especial. Así lo expresó esta Corporación en la sentencia de 27 de junio de 2013, Magistrada Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00, donde en un caso similar, señaló:
“Teniendo en cuenta lo expuesto, actualmente no existe un criterio unificado por esta Alta Corporación en lo relacionado con el pago de la sanción moratoria por el no pago de las cesantías a los Docentes, por lo que mal podría exigirse una única postura al respecto, pues como quedó evidenciado, los criterios encontrados se encuentran debidamente fundamentados, bajo criterios jurídicos razonables”.
Aunado a lo anterior, si bien las autoridades judiciales demandadas manifestaron que existen pronunciamientos dentro del Consejo de Estado donde se reconoce a favor de los docentes la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, decidieron alejarse de dicha postura luego de realizar un análisis de las normas constitucionales y legales vigentes aplicables al caso concreto.
En consecuencia, la Sala considera que no se puede calificar a las providencias demandadas como desconocedoras del precedente, cuando fueron sustentadas de manera razonable y suficiente y además, utilizaron el criterio del Consejo de Estado como fundamento de sus decisiones”.
En atención a la jurisprudencia transcrita, se tiene que, en efecto, no existe un precedente de esta Corporación, puesto que existen pronunciamientos que niegan el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de las cesantías a los docentes oficiales, como las arriba reseñadas; y también decisiones de la Sección Segunda de esta Corporación en las que ha considerado que si resulta procedente reconocerla.
En este orden de ideas, cabe reiterar que en tanto las autoridades judiciales accionadas, en ejercicio de la autonomía del juez dentro las decisiones objeto de estudio, se acogieron a algunos de los criterios jurisprudenciales vigentes, en ese momento, del Consejo de Estado y los aplicaron, de manera lógico y coherente, al asunto puesto a su conocimiento, no pueden ser objeto de reproche por concepto de desconocimiento del presente jurisprudencial de Consejo de Estado.
Ahora bien, en cuanto al argumento del actor referente desconocimiento por parte de las autoridades judiciales accionadas del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, recogido en la sentencia de unificación SU 336/17, la Sala considera oportuno entrar a analizar el contexto, contenido y alcances del referido pronunciamiento, para así proceder a establecer si hubo o no, en el sub examine, el supuesto desconocimiento del mismo.
De esta forma, se observa que la sentencia de unificación SU 336 del 18 de mayo de 2017, la Corte Constitucional establece lo siguiente:
“La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:
(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.
(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.
(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.
(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.
(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.
(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.
(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012).” (Negrillas y subrayados fuera de texto).
De lo anterior, se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012, en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos.
Adicionalmente, sobre la configuración del precedente judicial constitucional existente, de manera previa a la sentencia de unificación en comento, ese Alto Tribunal sostiene que “si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-741 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales”, el referido precedente constitucional se consolida con la sentencia C-486 de 2016, que se “refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes”.
Por otra parte, en la referida providencia de unificación del 2017, la Corte Constitucional considera, por un lado, procede la causal específica de violación directa de la Constitución, en especial en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado antes de la sentencia C-486 de 2016, y, por el otro, da a entender que procedería la causal especifica de desconocimiento del precedente constitucional en el evento de providencias judiciales emitidas con posterioridad de la C-486 de 2016.
Finalmente, en el fallo de unificación constitucional analizado, la Corte Constitucional procedió a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Juzgados Administrativo de Ibagué y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de la referencia, y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima a “proferir en cada uno de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia”.
Efectuado el anterior análisis del precedente constitucional invocado por el aquí accionante se procede a verificar su aplicación al caso sub lite, en los siguientes términos:
Primero, la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.
En efecto, se advierte que coinciden, en las sentencias revocadas por la Corte Constitucional y las sentencias objeto de la presente acción de tutela: (i) la calidad de Docentes Oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.
Segundo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia proferida el 27 de enero de 2017, no hizo alusión o referencia a la sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, como precedente constitucional previo a la SU-336 del 18 de mayo de 2017 en los términos indicados en esta última.
Tercero, la Sala observa que si bien el Juzgado Tercero Oral Administrativo, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, pudo no haber conocido, por lo cercano de la fecha, la sentencia C-486, si ha debido, en los términos previamente expuestos de la Corte Constitucional, como referente la sentencia C-741 de 2012.
Por tanto, la Sala considera que procederá a aplicar, en el caso presente, la sentencia de unificación jurisprudencial SU-336 del 2017 de la Corte Constitucional, respecto de las causales específicas de violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional.
Así las cosas, por las razones antes señaladas, se concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado los defectos invocados por el accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”.
Comoquiera que en este caso se trata de un escenario similar y, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y el derecho a la igualdad del actor, que, como quedó visto, se encuentra en condiciones idénticas de otros docentes oficiales, quienes han obtenido decisiones favorables a sus pretensiones, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub lite, y en ese orden de ideas, amparará los derechos fundamentales invocados como vulnerados por el señor LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS. En consecuencia, se dejará sin efecto la providencia de 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2014-00570-01, incoado contra el Ministerio, el Departamento y el FOMAG, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, tal y como se expresó en asuntos similares en fallos de esta misma fecha.
Así mismo, se le ordenará al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 29 de diciembre de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
F A L L A
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados como violados por el señor LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, DÉJASE sin efecto la providencia de 28 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 2014-00570-01, incoado contra la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA y el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en su lugar, se dispone: ORDÉNASE al citado Tribunal que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una nueva decisión de conformidad con los lineamientos señalados, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devuélvase al Juzgado el expediente nro. 2014-00570-01, solicitado en calidad de préstamo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 22 de febrero de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salva voto
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE INTERÉS DE MORA EN LAS CESANTÍAS A LOS DOCENTES - No está legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo / DERECHO A LA IGUALDAD - No se vulnera por la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el órgano de cierre / COMPETENCIA PARA UNIFICACIÓN EN MATERIA DE SANCIÓN MORATORIA APLICABLE A LOS DOCENTES - El Consejo de Estado es el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo por tanto está legitimado para la toma de decisiones sobre el tema ya que corresponde a su especialidad
[M]anifesta (…) desacuerdo con el análisis que en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional frente a la facultad de revisión de las treinta y cinco (35) providencias, dado que los reparos que expondré en adelante permiten concluir que no era procedente llegar a la conclusión de unificación que se llevó a cabo mediante la expedición de la Sentencia SU-336 de 2017 y que tal sentencia no está por tanto legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo. (…). Lo primero que debo advertir es que no es procedente que se asuma violación del derecho a la igualdad por virtud de la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el Tribunal de cierre sobre un aspecto determinado, pues ello sería tanto como desconocer la posibilidad de que en la dinámica jurisprudencial se puedan presentar diferentes interpretaciones ante situaciones jurídicas concretas. (…). La Corte parte de una premisa errada al construir su decisión sobre la base de que la falta de unificación del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria aplicable a los docentes quebranta el derecho constitucional del artículo 13, no sólo por la forma en que presentó tal discurso, sino porque además pasa completamente inadvertido que en esta materia el llamado a unificar su posición es precisamente el Consejo de Estado, habida cuenta de que se constituye, desde la misma Carta de 1991 y en los respectivos desarrollos legales, en la Corporación especializada en materia administrativa laboral. (…). Concebir que la Corte Constitucional, vía tutela, pueda inmiscuirse en los asuntos propios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear reglas vinculantes por esa misma vía, supone una evidente vulneración del andamiaje normativo e institucional que se estructura sobre la base de asignar a cada ente estatal funciones determinadas orientadas al logro de un objetivo concreto y previstas todas ellas bajo el criterio de la especialidad.
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - El interés de mora sobre la cesantía no es un asunto de trascendencia que afecte los derechos fundamentales / TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - No se estudiaron los requisitos de procedencia excepcional señalados por la Corte Constitucional en sentencia de unificación / HECHO NUEVO - No lo constituye una sentencia de unificación, por desconocimiento de los derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia / PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES - En aplicación del principio de inmediatez no debían aplicarse los precedentes que se utilizaron pues los hechos relevantes de éstos difieren de los analizados en el caso estudiado
[L]lama la atención el escaso análisis que realiza [la Corte] sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial, cuando se ha esmerado en construir todo un entramado de requisito de procedibilidad generales y especiales que, en la sentencia que se analiza, no merecieron la más mínima atención. Basta para ello preguntarse simplemente por la relevancia constitucional que puede tener el interés de mora sobre la cesantía, asunto eminentemente económico que no envuelve en sí mismo ninguna trascendencia para la afectación de derechos humanos fundamentales. Como es evidente, la regulación sobre el tema se circunscribe al ámbito de lo legal y su regulación no compromete derecho fundamental alguno, por lo que escapa al ámbito de las competencias de la Corte Constitucional. (…). La sentencia de la cual me aparto hizo un análisis de excepción en relación con la aplicación de uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, sosteniendo que el principio de inmediatez podía obviarse siempre que aconteciera un hecho nuevo representado en una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, como una sentencia que contenga un precedente que antes no existía. (…). Entender, como lo propició la Sala en el fallo del cual me aparto respetuosamente, que una sentencia de unificación es un hecho nuevo, no solamente desconoce la naturaleza propia de este tipo de decisiones a la luz del sistema de fuentes y principios estructurados en la Carta Superior, sino que también vulnera derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia en los juicios que se reviven con la aplicación de esta teoría; derechos éstos sí de raigambre constitucional, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia. (…) y aún al margen de la discusión sobre si las sentencias proferidas en sede de revisión por la Corte Constitucional constituyen precedentes vinculantes, es claro que no se estaba ventilando el mismo problema jurídico y que en esa medida resulta inaplicable la regla allí desarrollada frente al caso bajo examen. (…). [L]os hechos relevantes que sirvieron de base a los discernimientos sobre la aplicación del principio de inmediatez en los tres (3) casos [sentencia T-243 de 2008, la T-014 de 2008 y la SU-339 de 2011] no son asimilables al que ocupó la atención de la Sala en el expediente de la referencia, y en esa medida, mal se hizo al extender un razonamiento ajeno a los hechos que aquí se ventilaban, so pena no sólo de comparar dos asuntos disímiles sino de exceptuar, como ya se anotó, principios que dan sentido a un Estado Social de Derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada. (…). [P]ara el asunto que se examina, como el [accionante] solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, el reconocimiento y pago de sus cesantías el 20 de febrero de 2013, y el acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías fue expedido el 13 de marzo de 2014, fuerza es concluir que la sentencia C-486 de 2016 no le es aplicable, y por lo tanto, tampoco en este sentido era procedente hacer el examen de desconocimiento del precedente en relación con ese estudio de constitucionalidad.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 8 / LEY 244 DE 1995 / LEY 1071 DE 2006 / LEY 57 DE 1985 - ARTÍCULO 2 / LEY 57 DE 1985 - ARTÍCULO 8 / LEY 1769 DE 2015 - ARTÍCULO 89
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al pago de la sanción moratoria de las cesantías a los docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. SU-336 de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Con respecto al estudio de constitucionalidad del artículo 89 de la ley 1769 de 2015 y en relación con el hecho de que los docentes debían regirse por el estatuto general de los empleados públicos, ver: Corte Constitucional, sentencia de 7 de septiembre de 2016, exp. C-486, M.P. María Victoria Calle Correa. Con relación a la improcedencia de la tutela para el pago de prestaciones económicas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de septiembre de 2000, exp. T-1156, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En cuanto a la improcedencia de comparar dos regímenes por uno solo de sus elementos, so pena de crear una lex tertia, ver: Corte Constitucional, sentencia de 27 de julio de 2016, exp. C-390, M.P. María Victoria Calle Correa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Salvamento de voto
Consejero de Estado: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03357-00(AC)
Actor: LUIS ONOFRE SALAZAR ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
De manera respetuosa me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de la Sala por las siguientes razones:
Sentencia SU-336 de 2017 de la Corte Constitucional
La decisión de la mayoría se fundó en lo expuesto en la sentencia SU-336 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, mediante la cual se dejaron sin efecto treinta y cinco (35) providencias judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que en juicios de nulidad y restablecimiento del derecho habían negado el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías a los docentes.
Las consideraciones expuestas por la mencionada Corte para aplicar el régimen general en materia de sanción moratoria por pago tardío de cesantías a los docentes se puede sintetizar en que negar tal pretensión desconocía: (i) el derecho a la igualdad y seguridad jurídica en tanto la jurisprudencia del Consejo de Estado no había unificado su posición sobre el punto, (ii) el principio de favorabilidad laboral dispuesto en normas Superiores ante dos posibles posturas en relación con el punto, y (iii) el derecho a la seguridad social en iguales condiciones en relación con los demás servidores públicos.
En tal escenario debo, antes que nada, manifestar mi desacuerdo con el análisis que en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional frente a la facultad de revisión de las treinta y cinco (35) providencias, dado que los reparos que expondré en adelante permiten concluir que no era procedente llegar a la conclusión de unificación que se llevó a cabo mediante la expedición de la Sentencia SU-336 de 2017 y que tal sentencia no está por tanto legitimada para constituir un precedente de obligatoria observancia para el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica
Lo primero que debo advertir es que no es procedente que se asuma violación del derecho a la igualdad por virtud de la existencia de distintas posiciones jurisprudenciales en el Tribunal de cierre sobre un aspecto determinado, pues ello sería tanto como desconocer la posibilidad de que en la dinámica jurisprudencial se puedan presentar diferentes interpretaciones ante situaciones jurídicas concretas, que lo que permiten es, precisamente, enriquecer escenarios de debate para llegar a conclusiones que contengan todos los contenidos posibles y las menores consecuencias adversas en un Estado Social y Democrático de Derecho. El ideal de los cuerpos colegiados es precisamente permitir que se ventilen criterios disímiles en orden a encontrar soluciones claras producto de la experiencia recogida en quienes desempeñan dignidades tan importantes como las de hacer parte de los órganos de cierre en material judicial.
La Corte parte de una premisa errada al construir su decisión sobre la base de que la falta de unificación del Consejo de Estado en materia de sanción moratoria aplicable a los docentes quebranta el derecho constitucional del artículo 13, no sólo por la forma en que presentó tal discurso, sino porque además pasa completamente inadvertido que en esta materia el llamado a unificar su posición es precisamente el Consejo de Estado, habida cuenta de que se constituye, desde la misma Carta de 1991 y en los respectivos desarrollos legales, en la Corporación especializada en materia administrativa laboral.
En efecto, la Corte propone la violación del derecho a la igualdad en las sentencias que concluyan de manera distinta a su criterio, desconociendo así el ejercicio democrático previsto en Corporaciones Judiciales para la toma de decisiones, cuestión ésta que implica necesariamente entrar a debatir sobre las posiciones que surjan válidamente a partir de la interpretación de normas frente a supuestos de hecho concretos que no tengan una consecuencia directa en el contenido de las disposiciones que los gobiernan.
Concebir que la Corte Constitucional, vía tutela, pueda inmiscuirse en los asuntos propios de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y crear reglas vinculantes por esa misma vía, supone una evidente vulneración del andamiaje normativo e institucional que se estructura sobre la base de asignar a cada ente estatal funciones determinadas orientadas al logro de un objetivo concreto y previstas todas ellas bajo el criterio de la especialidad. Y que, adicionalmente, se sirva la Corte Constitucional de la disparidad de criterios existentes en el Consejo de Estado para estructurar sobre esa base una supuesta violación del derecho a la igualdad, acusando a esta alta Corporación de incurrir en ella para legitimar su intervención, constituye francamente un despropósito, pues desconoce la autonomía que le corresponde al juez competente para la toma de decisiones y le exige una interpretación de leyes a su acomodo, sobre un tema que está lejos de su especialidad, como lo es el interés de mora en las cesantías de los docentes.
Sobre el punto es menester traer a colación el salvamento del Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“5. Consideramos absolutamente inconveniente darle efectos inter comunis a la decisión adoptada por la Sala Plena, pues se afectarían situaciones jurídicas ya consolidadas por sentencias de la jurisdicción competente, que con base en argumentos legítimos, habían considerado negar las pretensiones. Esto desconoce el trabajo que cada autoridad judicial ha realizado en el caso concreto.”
Relevancia constitucional
Al margen de las observaciones que se han planteado sobre el esfuerzo que la Corte hace para argumentar que el Consejo de Estado incurre en violación del derecho a la igualdad porque no tiene un criterio unificado sobre el “interés de mora en las cesantías de los docentes”, para justificar la presencia de un derecho fundamental que le permitiere intervenir, llama la atención el escaso análisis que realiza sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en especial, cuando se ha esmerado en construir todo un entramado de requisito de procedibilidad generales y especiales que, en la sentencia que se analiza, no merecieron la más mínima atención.
Basta para ello preguntarse simplemente por la relevancia constitucional que puede tener el interés de mora sobre la cesantía, asunto eminentemente económico que no envuelve en sí mismo ninguna trascendencia para la afectación de derechos humanos fundamentales. Como es evidente, la regulación sobre el tema se circunscribe al ámbito de lo legal y su regulación no compromete derecho fundamental alguno, por lo que escapa al ámbito de las competencias de la Corte Constitucional.
A este propósito, y al parecer precisamente porque se inmiscuye en un tema que escapa a su competencia, la Corte Constitucional afirma que en el “interés de mora sobre las cesantías” está de por medio el derecho a la seguridad social, lo que constituye un error evidente, pues ni siquiera la cuantía y su pago oportuno hacen parte integrante de tal precepto.
La Ley 100 de 1993 determinó en su artículo octavo la forma de integrar el sistema de seguridad social:
“ARTÍCULO 8o. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. El Sistema de Seguridad Social Integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, riesgos profesionales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley.” (Subrayado fuera del texto).
En consecuencia, el Sistema de Seguridad Social creado por la Ley 100 de 1993 se integra de los Subsistemas de Pensiones, Salud, Riesgos laborales y Servicios complementarios, dentro de los cuales no se hace referencia a las prestaciones sociales, es decir, prima, cesantías, interés sobre las cesantías, dotaciones, etc.
Es por lo anterior, que no puede concluirse que existe un desconocimiento al derecho fundamental a la seguridad social de los docentes cuando no le es aplicable la figura de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, toda vez que la falta de dicho pago no es un derecho que haga parte de los subsistemas creados por la Ley 100 de 1993; por el contrario, tales reclamaciones hacen parte de las prestaciones sociales, cuya función es complementar el salario de los funcionarios o trabajadores, aspecto este de rango legal y no constitucional.
Y si las cesantías no hacen parte de tal derecho, menos aún puede decirse que la sanción moratoria por su pago pueda ser entendida como un derecho fundamental. De lo que se trata en el evento en el cual una persona reclama la mencionada sanción, es de obtener el pago de una prestación económica derivada de un mandato legislativo.
Comprendida como debe ser la enunciada sanción, no es procedente que se elevara a rango de derecho fundamental, so pretexto de entrar a analizar sentencias judiciales emitidas por el juez que el ordenamiento jurídico dispuso para avocar conocimiento de esas causas y crear por vía de tutela reglas de supuesta obligatoria observancia para los jueces naturales de la causa.
Nótese que la Corte define su competencia a partir de concebir el pago de la sanción moratoria y no las cesantías como derecho fundamental, cuando ni en aquel ni en este caso puede entenderse procedente tal discernimiento, dado que de lo que se trata es de resolver cuestionamientos que nacen en el seno de un derecho laboral y prestacional a casos concretos que, dada su naturaleza, deben ser conocidos y definidos en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o en la ordinaria según el caso.
En ese escenario, no encuentra el suscrito razón alguna que eleve a rango constitucional y menos fundamental la discusión planteada por la Corte, definida con un importante número de salvamentos a los cuales, evidentemente, uno mi criterio. En efecto, el asunto que examinó la sentencia SU-336 de 2017 pierde una premisa que le otorgaba, supuestamente, relevancia constitucional, pues no se está en presencia de la vulneración de ningún derecho constitucional fundamental; todo lo cual obliga a que el discernimiento allí esbozado carezca de una debida argumentación. Al respecto resulta importante traer a colación el salvamento que sobre el punto allegó el Magistrado Carlos Bernal Pulido:
“4. El pago oportuno de las cesantías no es un derecho fundamental, es un derecho laboral y prestacional exigible, mas no por esto fundamental.
Compartimos la importancia de las cesantías como derecho de los trabajadores, y específicamente de los docentes oficiales, además de la obligación de dar cumplimiento a su pago en forma oportuna, como en todos los casos en los que se establecen términos de cumplimiento de los derechos laborales; sin embargo, la cesantía corresponde a un derecho laboral que puede ser garantizado mediante la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según sea el caso; por esta razón, no compartimos la fórmula de la sentencia, que implica elevar el pago de las cesantías a un derecho de orden fundamental susceptible de ser tutelado mediante esta acción sumaria, pues lo anterior desconoce los mecanismos de protección judicial connaturales al propio derecho.
Para determinar si el no pago oportuno de la cesantía implica la violación al mínimo vital y móvil, tendría que analizarse la situación particular de cada accionante, caso en el cual, de encontrarse una afectación, se ampararía el derecho fundamental al ingreso mínimo, vital y móvil. Lo anterior es diferente a interpretar la cesantía como un derecho fundamental automático”.
Ahora, como lo pretendido en los casos que se estudiaron fue el pago de una prestación económica, esto es, la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, no era tampoco por ese motivo viable aceptar la procedencia de la tutela, puesto que ya han sido múltiples, reiterados y pacíficos los pronunciamientos de todas las Cortes de cierre al afirmar que la acción de tutela está erigida como un mecanismo excepcional para el amparo de derechos fundamentales, dentro de los cuales no se supone su procedencia para el pago de prestaciones económicas.
Al respecto, el salvamento del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo coincide con lo señalado:
“En contraste con la posición mayoritaria, considero que las acciones de tutela en realidad lo que pretendían era un reconocimiento económico que se escapaba al ámbito de la tutela, establecida para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la regla general del amparo tutelar es que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre controversias estrictamente constitucionales, descartando las de índole económico “en tanto que las discusiones de orden legal escapan a ese radio de acción de garantías superiores, pues las mismas presentan unos instrumentos procesales propios para su trámite y resolución”.
Al momento de analizar la relevancia constitucional del asunto, la Corte debió diferenciar entre la naturaleza de las cesantías y la sanción moratoria por su pago tardío. En ese sentido, debió advertir que las cesantías, prestación que tiene la función social de contrarrestar la disminución de ingresos del trabajador cesante y el carácter de derecho irrenunciable, ya habían sido pagadas. Por ende, el asunto bajo estudio se circunscribía a un pago adicional que no responde a la misma finalidad de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las paga a tiempo y, por tanto, es un reconocimiento meramente patrimonial que no hace necesaria la intervención del juez de tutela”.
Los defectos especiales
Adicionalmente a lo dicho se observa que la Corte Constitucional no identifica defecto especial alguno en las sentencias que analiza en sede de tutela, no obstante el rigor que dice asignarles en las providencias mediantes las cuales decidió que era procedente tutelar las decisiones de los jueces. Por el contrario, se limita a interpretar NORMAS LEGALES, no constitucionales, para imponer su criterio en una materia que está muy lejos de sus competencias, bajo una asimilación que es a todas luces improcedente, sin asignar defecto alguno a las providencias que analizó.
Incluso manifiesta que tal posición no desconoce ningún precedente judicial, pues aún cuando mediante la Sentencia C-486 de 2016 indicó que los docentes debían regirse por el estatuto general de los empleados públicos, expide con posterioridad el fallo SU-336 de 2017, poniendo en evidencia la ya anunciada ausencia de rigor jurídico en el análisis del caso en cuanto a las reglas para la valoración de procedencia de tutela contra providencias judiciales.
Precisamente como consecuencia de asumir el papel que no le corresponde y entrar a analizar el alcance de normas de carácter legal en sede de tutela, hace extensiva una sola disposición que aplica a los empleados públicos para incorporarla en un régimen especial, invocando el principio de favorabilidad, cuando es de todos conocido que tal principio exige un análisis previo de la aplicación de las normas podían estar en conflicto, que sólo puede ser realizado por el juez que tiene la competencia constitucional y legal para ello, que es el de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Comparto sobre el particular la conclusión a la que se llega en el salvamento de voto suscrito por el Magistrado Alejandro Linares Cantillo, quien expresó que no era procedente comparar dos regímenes por uno solo de sus elementos, so pena de crear una lex tertia. Invocó para el punto lo dispuesto en la sentencia C-390 de 2016 así:
Finalmente, frente al argumento de igualdad ante las decisiones, la mayoría desconoció la integralidad del régimen del Magisterio dispuesto en la Ley 91 de 1989 al sustraer un elemento –cómputo de los días- del régimen general de la Ley 1071 de 2006 y crear con ello, una tercera norma en beneficio exclusivo de los 35 accionantes y menos aún atacar la cosa juzgada de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para facilitar posturas interpretativas que traen como consecuencia problemas de aplicación adecuada de una prestación patronal. Frente a esta falencia en la técnica argumentativa se podría alegar que la prohibición de crear una lex tertia es de rango legal, sino fuera porque la Corte Constitucional en la sentencia C-390 de 2016 manifestó que no es posible establecer un criterio de comparación entre dos grupos por uno solo de sus elementos; específicamente en esa oportunidad se indicó que:
“El hecho de conceder un beneficio en materia de seguridad social para los concejales de los municipios de menores categorías (de 4ª a 6ª categoría), sin incluir a los concejales de los municipios de 3ª categoría, no implica necesariamente una violación a la igualdad, por cuanto la vulneración de este principio con respecto a regímenes prestacionales distintos, supone la comparación integral de los mismos y no de uno o algunos de los beneficios específicos, considerados aisladamente. Tampoco constituye un trato evidentemente arbitrario, que permitiera excepcionalmente en análisis del beneficio concreto de forma aislada e individual” (subraya fuera de texto)”.
El precedente.
Todo lo dicho hasta ahora me permite afirmar que la sentencia de la Corte Constitucional SU-336 de 2017 no constituye un precedente de obligatoria observancia para determinar si los docentes tienen derecho a la sanción moratoria para los empleados públicos establecida en la Ley 1071 de 2006, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, pues es evidente que el primer requisito para que se constituya como tal una jurisprudencia, es que sea expedida por el órgano de cierre competente para determinar el significado y el sentido de las disposiciones que las regulan, y siempre atendiendo las condiciones en las cuales se desarrollan los hechos que dan lugar al litigio, aspecto sobre el cual el ordenamiento jurídico ha dispuesto como competente para definir tales controversias al Consejo de Estado.
Sobre el punto es conveniente precisar que los precedentes de la Corte Constitucional son aquellos que interpretan las normas constitucionales con criterio de autoridad, informando a la comunidad cuál es el significado y el sentido de las mismas, pues es precisamente esa la función que le ha sido asignada y que delimita su competencia. Y si bien es evidente que en los fallos de constitucionalidad la Corte no puede abstraerse de determinar el significado y sentido de la disposición legal que se enjuicia, ello siempre debe hacerlo a la luz del alcance de la disposición constitucional que se supone infringida, de tal manera que el enfoque de la interpretación de aquélla está dado por el significado y el sentido de esta última, ya sea para declarar la exequibilidad, la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada.
Y ello es así porque en la labor de “decidir en derecho” tanto la Corte Constitucional como los demás Jueces de la República deberán observar las normas del ordenamiento jurídico en su conjunto. Pero la especialización material es y ha sido criterio fundamental para definir la jurisdicción y la competencia, de tal manera que los fallos que interpretan normas con criterio de autoridad deben corresponder precisamente a aquéllos que son expedidos por la autoridad competente que es la estructurada para comprender integralmente el alcance de una norma de su especialidad, a partir del ordenamiento jurídico en el cual ella se encuentra inmersa.
Obsérvese al respecto que la Sentencia SU-336 de 2017 citada resuelve dos (2) problemas sin rigor constitucional, pues de acuerdo con el primero, concluye sin mayor análisis que el Consejo de Estado viola el derecho a la igualdad porque no unifica su posición en relación con el derecho de los docentes al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de la cesantía; y por el segundo, asume entonces el papel que le corresponde al Consejo de Estado para decidir, con base en la aplicación e interpretación de normas LEGALES que ninguna vinculación directa tienen con al Constitución Política, en juicios que suponen análisis de derechos fundamentales, que los docentes tienen derecho al pago de un día de salario por cada día de retardo en el desembolso de las cesantías, con lo cual se atribuye una competencia que no le corresponde.
Si, como lo afirma, llegó al Corte Constitucional a considerar que el Consejo de Estado estaba violando el derecho a la igualdad por no unificar su jurisprudencia frente a una SANCIÓN DE CREACIÓN LEGAL, debía limitarse a explicar a profundidad en qué consistía la violación de ese derecho fundamental, cuya interpretación es de su competencia, para ordenarle luego al Consejo de Estado que unificara, dentro de las competencias que éste corresponden, y no sustituirlo indebidamente en su función.
Caso concreto
Si bien lo dicho hasta ahora sería suficiente para sustentar mi disenso con la sentencia de tutela expedida por la Sala de la Sección de la cual hago parte, debo agregar adicionalmente mi respetuoso desacuerdo con la misma providencia, cuando circunscribe el análisis del requisito de la inmediatez, inherente a la procedencia de toda acción de este carácter, a la vigencia de la sentencia que ha sido analizada. Y ello, independientemente de las razones que me han llevado a desestimarla como precedente, pues, aún en el evento en que se considerare como tal, de ninguna manera constituye una licencia para desconocer los presupuestos generales de la acción.
Principio de inmediatez
La sentencia de la cual me aparto hizo un análisis de excepción en relación con la aplicación de uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, sosteniendo que el principio de inmediatez podía obviarse siempre que aconteciera un hecho nuevo representado en una “circunstancia fáctica jurídicamente relevante”, como una sentencia que contenga un precedente que antes no existía. Así lo dispuso literalmente:
“Al respecto es pertinente traer a colación algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia.
Dicha Corporación [Sentencia T-243 de 2008] ha indicado que la razonabilidad y proporcionalidad del tiempo de la presentación de la tutela contra una providencia judicial, no están definidas de antemano, por lo que excedido el término razonable, sólo será procedente en algunos casos, esto es:
(...)
En la sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, se ocupó de un caso en el que un ciudadano con posterioridad a la ejecutoria de las providencias judiciales, que habían negado la indexación de su primera mesada pensional, hizo uso del mecanismo de amparo transcurrido un tiempo considerable, no obstante, indicó que se cumplía el principio de inmediatez toda vez que se había instaurado en un término razonable luego de que el afectado tuvo conocimiento de la consolidación de una doctrina jurisprudencial que le era aplicable. En efecto adujo la Corte:
(...)
En la sentencia SU-339 de 2011, se refirió respecto de la ocurrencia de un hecho nuevo, el cual puntualizó que correspondía a una circunstancia fáctica jurídicamente relevante, acaecida en el reintegro de la presunta trasgresión y la presentación de la acción de tutela.
(...)
Así las cosas, como quedó visto en líneas transcritas, la Corte ha reconocido que el requisito de inmediatez se puede obviar en algunos eventos, dependiendo de la situación en particular, entre ellos, la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante entre el momento que surgió el presunto agravió (sic) y el uso de la acción de tutela, como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía, pues tales pronunciamientos involucran supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar la situación del interesado, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses.
Como quiera que el escenario expuesto se ajusta al caso sub examine, resulta procedente el estudio de la acción constitucional de la referencia, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia SU-336 de 2017, la Corte Constitucional al conocer en sede de revisión algunas acciones de tutela proferidas por esta Corporación en las que denegó el amparo deprecado por algunos educadores del Departamento del Tolima, por cuanto no existía un criterio unificado respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías, zanjó dicho desacuerdo e indicó puntualmente que los docentes oficiales debían ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, se les era aplicable el régimen general en lo que tenía que ver con dicha reclamación, pronunciamiento éste que ha sido prohijado por esta Corporación en la actualidad.” (Subrayas mías).
Sobre el particular es preciso anotar que el Consejo de Estado ha adoptado como regla en el análisis del requisito de inmediatez que, si lo pretendido es controvertir una providencia judicial mediante la interposición de una acción de tutela, no deben haber transcurrido más de seis (6) meses entre uno y otro momento.
En ese mismo sentido, la sentencia SU-336 de 2017 se pronunció, circunstancia que debió ser tenida en cuenta al momento de decidir sobre el asunto de la referencia, pues se acepta que el mencionado término resulta ser prudencial para controvertir el efecto de cosa juzgada de un fallo proferido dentro de un juicio ordinario. Miremos lo que el Alto Tribunal Constitucional preceptuó sobre el punto:
“Según se observa, ninguna de las acciones de tutela fue interpuesta después de los seis meses contados desde que fueron proferidos los fallos de segunda instancia dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, desde el mismo momento en que los accionantes vieron afectados sus derechos fundamentales, lo que a juicio de la Sala es un término prudencial para acceder a este mecanismo constitucional.”
Sentencia de unificación como hecho nuevo
Ahora, al margen de lo expuesto, en lo que realmente no logro llegar a un acuerdo es en entender que una providencia judicial pueda considerarse como un hecho nuevo, y que ello puede convalidar la presentación de una tutela contra una providencia judicial expedida con más de un año de antelación.
Una sentencia judicial, aunque fuese considerada un precedente obligatorio, constituye una fuente de derecho y nunca un hecho. Tiene efectos hacia el futuro, ya que es de aplicación inmediata. Tal es la regla general para la vigencia de todas las fuentes del derecho, pues parte del presupuesto de conformidad con el cual obliga desde el momento en que es conocida, tal y como sucede con las disposiciones legales (artículos 2 y 8 de la Ley 57 de 1985); sólo excepcionalmente podría tener carácter retroactivo, para afectar hechos cuyos efectos están en curso, lo que implica que no puede afectar situaciones jurídicas consolidadas; es decir, aquellas sobre las cuales ya se ha superado el término de los seis (6) meses contados desde la expedición de la providencia judicial que se pretende controvertir a través de la interposición de la acción de tutela, so pena de desconocer principios de altísimo valor en un Estado Social de derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Entender, como lo propició la Sala en el fallo del cual me aparto respetuosamente, que una sentencia de unificación es un hecho nuevo, no solamente desconoce la naturaleza propia de este tipo de decisiones a la luz del sistema de fuentes y principios estructurados en la Carta Superior, sino que también vulnera derechos de los terceros que salieron vencedores en las providencias objeto de controversia en los juicios que se reviven con la aplicación de esta teoría; derechos éstos sí de raigambre constitucional, como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Sentencias referidas en la providencia de la cual me aparto no son precedentes
No obstante insistir sobre la improcedencia de la tutela cuando se incumple con el requisito de inmediatez, se observa adicionalmente que, en el caso en estudio, se acudió para ello a sentencias que no constituyen precedente. En efecto, se observa al respecto que, de acuerdo con las sentencias de la Corte Constitucional en la materia, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
Ahora, si de lo que se trataba era de proponer una excepción a la aplicación del criterio ya establecido, la Sección Primera en la decisión del caso de la cual me aparto resétuosamente, debió analizar si los precedentes invocados para ese efecto eran aplicables al caso concreto, pues no de otra forma hubiese sido procedente enervar el efecto ya enunciado de la cosa juzgada y el principio de seguridad jurídica, lo cual supone una incertidumbre infinita y desdibuja a la justicia ordinaria como un mecanismo institucional legítimo de resolución de conflictos, tratándose de una sentencia que había sido expedida con más de un año de antelación a la presentación de la acción de tutela.
Revisada la providencia expedida en este asunto se advierte que fueron tres (3) las sentencia invocadas para exceptuar el principio de inmediatez al caso, a saber: la sentencia T-243 de 2008, la T-014 de 2008 y la SU-339 de 2011, todas ellas expedidas con antelación a que el Consejo de Estado expidiera el fallo de unificación del 31 de julio de 2012, mediante el cual aceptó la procedencia de tutelas contra providencias judiciales, y también previas a que se analizara con detenimiento cuál era el plazo considerado como prudencial y razonable para esos juicios, es decir, los seis (6) meses a los que se ha aludido anteriormente.
Pues bien, la primera sentencia que sirvió de precedente para la aplicación de la excepción fue la T-243 de 2008; el problema jurídico planteado por la misma Corte fue el siguiente:
“En esta ocasión, la Sala debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿la providencia mediante la cual se ordena remitir el expediente en un proceso ejecutivo a la entidad demandada, prestadora de servicios públicos en liquidación voluntaria no tomada en posesión, y la que declara que no procede recurso alguno contra dicha providencia, vulneran el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la demandante?”.
Vistas así las cosas, y aún al margen de la discusión sobre si las sentencias proferidas en sede de revisión por la Corte Constitucional constituyen precedentes vinculantes, es claro que no se estaba ventilando el mismo problema jurídico y que en esa medida resulta inaplicable la regla allí desarrollada frente al caso bajo examen.
Lo propio ocurre en relación con la sentencia T-014 de 2008, puesto que en esa oportunidad lo discutido consistió en determinar “si la acción de tutela interpuesta por el accionante resulta el mecanismo idóneo para solicitar la indexación de la primera mesada pensional negada por la justicia ordinaria hace varios años y de este modo proteger los derechos fundamentales que de conformidad con la demanda estima conculcados”.
En lo que concierne a la sentencia SU-339 de 2011, la ilustración del caso fue diseñada de la siguiente manera:
“2. El asunto objeto de revisión
El Sr. Abuabara Eljaude impetra tutela contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Unidad de Administración de la carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura, entidades a las que atribuye la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos y funciones públicas durante el proceso de selección del Director Ejecutivo de administración judicial. Alega que participó en dicho proceso y no fue incluido en la terna elaborada por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, a pesar de reunir los requisitos señalados por el artículo 99 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (en adelante LEAJ), mientras que ninguno de los integrantes de la terna cumple las condiciones legales. Considera, por lo tanto, que al haber sido desplazado por candidatos no aptos para ocupar el cargo fueron vulnerados sus derechos fundamentales”.
De lo expuesto se desprende que los hechos relevantes que sirvieron de base a los discernimientos sobre la aplicación del principio de inmediatez en los tres (3) casos no son asimilables al que ocupó la atención de la Sala en el expediente de la referencia, y en esa medida, mal se hizo al extender un razonamiento ajeno a los hechos que aquí se ventilaban, so pena no sólo de comparar dos asuntos disímiles sino de exceptuar, como ya se anotó, principios que dan sentido a un Estado Social de Derecho, como los de seguridad jurídica y cosa juzgada.
Sentencia C-486 de 2016
En el mismo sentido procede pronunciarse sobre la Sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 con efectos retroactivos, haciendo el siguiente razonamiento:
“En el caso objeto de estudio y, en la medida en que de acuerdo con el análisis precedente, el legislador decidió adoptar una medida regresiva, como es la modificación y el retroceso en el goce efectivo de un derecho fundamental en el marco de una ley anual de presupuesto; y en que esa decisión normativa afecta a un grupo de trabajadores que debe ser especialmente protegido en el orden constitucional colombiano, la Corte considera necesario dar efectos retroactivos a esta providencia. Así las cosas, evidenciando que se pudieron presentar pagos tardíos a las cesantías que implican mora, la Corporación le dará efectos retroactivos a esta decisión, para que se paguen los intereses de mora de acuerdo a la legislación anterior, es decir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.”.
En la parte resolutiva dispuso lo siguiente:
“RESUELVE
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE el artículo 89 de Ley 1769 de 2015 “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016”.
Segundo.- La presente decisión de inexequibilidad surte efectos desde el 1º de enero de 2016, es decir el momento en que entró a regir la ley de Presupuesto Ley 1769 de 2015, y tiene efectos retroactivos para el pago de los intereses de mora del año 2016 a los docentes oficiales, en donde se aplicará lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 para contabilizar los días de retardo y los intereses de mora”.
Ante tal panorama, es claro que la decisión de inconstitucionalidad cobijó el término comprendido entre la expedición del artículo 89 de la Ley 1769 de 2015, es decir, el 1º de enero de 2016 y la expedición de esa sentencia, esto es, el 7 de septiembre de 2016, lo que implica que no tiene efectos sobre otras decisiones, y menos cuando trata de un asunto que es de la competencia de esta Corporación y cuando ello se hace desconociendo valores de tanto arraigo en nuestro Estado Social de Derecho como lo son la seguridad jurídica y su impacto en el debido proceso y acceso a la justicia.
Lo anterior indica que sólo para ese preciso grupo de casos en los cuales se haya aplicado la norma declarada inexequible es procedente obedecer la orden de la Corte Constitucional, y no en relación con otros supuestos no contemplados en su ratio decidendi.
Si ello es así, para el asunto que se examina, como el señor Luis Onofre Salazar Rojas solicitó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, el reconocimiento y pago de sus cesantías el 20 de febrero de 2013, y el acto administrativo que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías fue expedido el 13 de marzo de 2014, fuerza es concluir que la sentencia C-486 de 2016 no le es aplicable, y por lo tanto, tampoco en este sentido era procedente hacer el examen de desconocimiento del precedente en relación con ese estudio de constitucionalidad.
En los términos expuestos me declaro en desacuerdo con la posición de la mayoría.
Fecha ut supra.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
En adelante Tribunal.
En adelante FOMAG.
En adelante Ministerio.
En adelante Departamento.
En adelante Juzgado.
Expediente nro. 2012-00193-02, magistrada ponente Susana Nelly acosta.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995 se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
Magistrado ponente Iván Humberto Escrucería Mayolo.
Folio 104 del proceso ordinario.
Sentencia T-243 de 6 de marzo de 2008, Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
Magistrado ponente Marco Gerardo Monroy Cabra.
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente nro. 2012-02201-01, Consejero ponente Jorge Octavio Ramírez Ramírez, sostuvo: “[…] Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
[…]
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”.
La sentencia de unificación alegada se publicó el 12 de julio de 2017 y la acción constitucional de la referencia se instauró el 5 de diciembre de ese año.
“[…] Ahora bien, en cuanto al desconocimiento del precedente constitucional, es preciso señalar que si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-471 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales, solo hasta la sentencia C-486 de 2016 refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes. Esa sentencia fue proferida con posterioridad a la fecha de las decisiones atacadas en esta oportunidad, por lo que no es posible concluir que existió un desconocimiento del precedente constitucional.
Lo anterior no es óbice para que la Corte en esta oportunidad unifique su postura sobre el particular y concluya que los docentes oficiales deben ser considerados como empleados públicos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el régimen especial, en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías […]”.
Magistrada ponente María Victoria Calle Correa, sostuvo: “[…] En conclusión, de acuerdo a la legislación y la jurisprudencia, los docentes oficiales han sido considerados como servidores públicos con características especiales. En lo que hace al pago de las cesantías y la mora en el cumplimiento de esta obligación, es aplicable la Ley 1071 de 2006 que en su artículo 4º que establece el término máximo de quince (15) días para proferir la resolución de la solicitud y el artículo 5º, según el cual la entidad pagadora cuenta con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para el pago. El interés de mora en esta normativa equivale a “…un día de salario por cada de retardo hasta que se haga efectivo el pago”.
[…]
Así las cosas, evidenciando que se pudieron presentar pagos tardíos a las cesantías que implican mora, la Corporación le dará efectos retroactivos a esta decisión, para que se paguen los intereses de mora de acuerdo a la legislación anterior, es decir el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 […]”.
“[…] Por otro lado, en la mayoría de las decisiones que ahora se atacan por vía de tutela, los jueces señalaron que si bien en oportunidades anteriores y en casos similares se había reconocido el pago de la sanción moratoria a los docentes oficiales, era necesario cambiar su postura en aras de ser más acorde con los principios, valores y garantías fundamentales, en tanto los docentes gozan de un régimen especial en el cual no se encuentra establecida una sanción moratoria de ese tipo, por lo cual el mismo no les es aplicable. De igual forma, los jueces que conocieron las acciones de tutela contra las sentencias proferidas en los procesos contencioso administrativos, refirieron que como sobre este asunto no existe un criterio unificado no era dable exigir que todos los casos sobre el mismo se fallaran de una determinada manera y, por lo tanto, se debía privilegiar el principio de la autonomía judicial.
Lo anterior, resulta ser una medida regresiva en el reconocimiento de los derechos prestacionales de los docentes oficiales, en la medida que está retrotrayendo no solo la intención misma del legislador de aplicar a todos los funcionarios públicos y servidores estatales el derecho de que sus cesantías sean pagadas de manera oportuna, sino que contraría el derecho a la igualdad en las decisiones judiciales de los accionantes que se encuentran en la misma situación fáctica que otros docentes oficiales, a quienes sí se les reconoció la sanción moratoria, según se desprende de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado expuesta en la parte considerativa de esta providencia.
Como se expuso, todas las decisiones de las autoridades judiciales accionadas usaron como argumento que, en tanto el régimen especial de los docentes oficiales no contempla el reconocimiento de la sanción moratoria para ese sector, no era posible aplicar el régimen general que sí consagra esa prerrogativa, por cuanto el régimen especial debe ser aplicado como un todo so pena de crear una tercera regla que tomara partes de ambos regímenes.
Sobre el particular, la Sala considera que aceptar un argumento como el señalado es dar prevalencia a una interpretación que no se acompasa con el concepto de las cesantías y su función social, en tanto acude a la taxatividad de la norma sin profundizar en la naturaleza, funciones y características de los docentes oficiales, sobre una postura que se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes, que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos, independientemente de que no estén catalogados de manera expresa como tales
Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos.
Es por lo anterior, que la Sala considera que en los casos objeto de estudio se configuró la causal específica de violación directa de la Constitución y, bajo ese entendido, habrá de concederse en amparo invocado por los accionantes […]”.
Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés (E).
Proferidas por el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 73001-33-33-003-2015-00130-01, promovido por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima.
Cfr. Folios 21 a 31 del expediente.
Consejo de Estado, Sección Primera: (i) sentencia del 4 de mayo de 2016, Magistrada Ponente: María Elizabeth García González, Radicado: 11001-03-15-000-2016-00762-00, Actora: Gemma Lucía Niño Benavides; (ii) Sentencia del 24 de septiembre de 2015. M.P.: María Elizabeth García González; (iii) Radicado: 2015-01491-01; Sentencia del 14 de julio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez. Radicado: 2016-01639-00. Actora: Nancy Riveros Riveros; confirmada, Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 23 de Marzo de 2017, Magistrado Ponente: William Hernández Gómez, Radicado: 2016-01639-01; (iv) sentencia del 16 de junio de 2016. Magistrado Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdez, Radicado: 2016-01312-00, Actor: Álvaro Guzmán Ramírez.
En casos similares se pronunció la Sección Segunda de esta Corporación: Sentencia de 5 de julio de 2012, Consejero Ponente doctor GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN, proceso radicado bajo el núm. 2012-00947-00; Sentencia de 27 de junio de 2013, Consejera Ponente doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PAÉZ, proceso radicado bajo el núm. 2013-00446-00.
Sentencia de 25 de febrero de 2016, Expediente núm. 2016-00252-00.
Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados).
Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional, sentencia del 7 de septiembre de 2016, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa
No es objeto de debate ni de cuestionamiento si el señor Santiago Mayorga Rojas ostenta la calidad de docente oficial, como tampoco de desvirtúa la misma en las providencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017.
Radicado: 2015-00130-01.
Dicha providencia fue prohijada por esta Sala en sentencia de 1o. de febrero de 2018 (expediente nro. 2017-02950-00), Consejera ponente María Elizabeth García González.
Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente nro. 2017-01855-00, Consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sostuvo: “[…] Así las cosas, es claro el efecto vinculante propio de las sentencias de unificación, imponen al juez tutelar acoger los fundamentos y decisiones que al respecto haya adoptado dicha Corte y, concretamente, cuando como acontece en el presente caso, incluyó el juzgamiento de situaciones bastante pretéritas, como se observa respecto de solicitudes de sanción moratoria adiadas en el 2012 y sentencias decisorias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo proferidas en los años 2015 y 2016.
Ese pronunciamiento, conlleva indefectiblemente a adoptar la decisión de amparar los principios de igualdad y de favorabilidad laboral, que fueron invocados por el señor Salamanca Reyes, al coincidir en su fundamento y propósito argumentativo principal referente a ser beneficiario del régimen legal aplicable a los servidores públicos dentro de la temática de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías […]”.
Sentencia de 5 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01853-00, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sostuvo: “[…] Dicho lo anterior, concluye la Sala que si bien, en principio la decisión acusada, adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima, se encuentra amparada en el artículo 230 de la Constitución Política que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la República, y que la misma data de enero de 2017 (antes de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), no se puede pasar por alto la prevalencia del principio a la igualdad material que le asiste a los usuarios de la justicia, y que en este momento los altos tribunales judiciales tienen una posición pacífica en cuanto a señalar que los docentes oficiales deben ser considerados empleados públicos y, por lo mismo, les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1071 de 2006, en lo que a sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se refiere […]”.
Sentencia de 8 de noviembre de 2017, expediente nro. 2017-01854-00, Consejero ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, sostuvo: “[…] De entrada, debe decirse que la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia SU-336 de 2017. Lo anterior, porque, en esa providencia, la Corte Constitucional definió el alcance del derecho fundamental a la igualdad de los docentes oficiales en lo que respecta a la sanción moratoria […]”.
Sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01858-00, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo: “[…] Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en el reconocimiento del derecho reclamado por la accionante, la Sala considera que ante la zona de incertidumbre que rodea el alcance del concepto de servidor público consagrado en la ley 1071 de 2006, se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales […]”.
Expedientes nros. 2017-03199-00, 2017-03296-00, 2017-03299-00, 2017-03300-00, 2017-03302-00, 2017-03360-00, 2017-03363-00, 2017-03364-00, 2017-03365-00, 2017-03446-00 y 2017-03448-00, C.P. María Elizabeth García González.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.
[…]”.
“Del mismo modo, y de conformidad con lo explicado en acápites precedentes, tales decisiones: (i) desconocen el reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, de los cuales son titulares todos los trabajadores sin distinción alguna; (ii) contrarían el propósito del legislador dirigido a garantizar los derechos a la seguridad social y al pago oportuno de las prestaciones sociales de los trabajadores, a través de la implementación de un mecanismo ágil para la cancelación de la sanción moratoria para los trabajadores tanto del sector público como del privado, sin distinción; (iii) desconocen que el reconocimiento de la sanción moratoria a favor de los docentes oficiales es la postura que mejor se adecúa a los postulados constitucionales, porque se soporta en argumentos materiales sobre la naturaleza propia de la labor desempeñada por los docentes que les otorga un trato equivalente al de los empleados públicos; (v) olvidan que en virtud del principio de favorabilidad en material laboral, se debe dar aplicación al criterio de la condición que resulte ser más beneficiosa para los docentes, en este caso, aplicarles el régimen general de los servidores públicos; y (vi) conducen a la vulneración del derecho a la igualdad en las decisiones judiciales, al proferir sentencias contrarias en casos que se sustentan en los mismos supuestos fácticos”. (Página 67 de la Sentencia SU-336 de 2017).
Página 135 ibídem.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones
Páginas 134 y 135 ibídem.
Sentencia T-1156 de 2000.
Constitución Política, artículo 86.
Sentencia T-606 de 2000.
Página 144 dela Sentencia SU-336 de 2017.
Sentencia C-390 de 2016.
Páginas 140 y 141 de la Sentencia SU-336 de 2017.
Página 60.
Consejo de Estado. Sala Plena. Radicación número: 2009-01328. M.P. María Elizabeth García González.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.