RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2017-03406-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03406-00

Fecha
19 de febrero de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-03406-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo del derecho al debido proceso y defensa de la señora Edilma Gómez Santamaría, dentro de la acción de tutela por ella presentada contra la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la parte motiva de esta providencia SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-03406-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

19 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL DICTADA EN PROCESO DISCIPLINARIO - Niega / SANCIÓN DE SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO A FUNCIONARIO JUDICIAL / AUSENCIA DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO

¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración de justicia de la señora [E.G.S.], con ocasión de la sanción de suspensión por un año que le fue impuesta dentro del proceso disciplinario 2012-05549 adelantado en su contra, presuntamente, incurriendo en defecto sustantivo y fáctico? (…) [A juicio de la Sala,] no se evidencia que la autoridad judicial accionada haya incurrido en una vía de hecho por defecto fáctico ni sustantivo, puesto que lo resuelto por la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo de 6 de julio de 2017, que puso fin al proceso disciplinario, estuvo ajustada a derecho y a la jurisprudencia aplicable al caso, toda vez que contrario al decir de la accionante, se valoraron la totalidad de las pruebas debidamente decretadas en el asunto. Ahora, en lo que tiene que ver con la interpretación realizada a [las] disposiciones del artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, se advierte que, contrario a lo señalado por la accionante, en ningún momento se aprecia que el juez disciplinario haya adquirido competencias distintas a las designadas por la ley, ni imputación de conductas de carácter penal en contra de la accionante. (…) [Así las cosas,] en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegitima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto sustantivo ni fáctico alegado, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo. (…) [L]a Sala concluye que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la señora [E.G.S.], en consecuencia, se negará la solicitud de amparo invocada.

FUENTE FORMAL: LEY 599 DE 200 - ARTÍCULO 413 / LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48 - NUMERAL 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03406-00(AC)

Actor: EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA

Demandado: SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Edilma Gómez Santamaría, contra las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sanción impuesta dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, bajo radicado 2012-05549.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito de tutela:

Señaló la accionante que en su condición de Fiscal 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, el Procurador 268 Judicial I Penal de Neiva interpuso queja en su contra, por «proferir un auto inhibitorio de fecha 17 de febrero de 2012, dentro del radicado preliminar 846477, cuando dicha indagación la recibí en comisión, para la recepción de unos testimonios»

Adujo que el conocimiento del asunto correspondió al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, quien mediante decisión de 1.° de agosto de 2014, la sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación, siendo asignado para su resolución a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien, mediante decisión de 2 de julio de 2015, declaró la nulidad de todo lo actuado por indebida adecuación típica.

Manifestó que luego de adelantado nuevamente el trámite, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá mediante sentencia de 2 de febrero de 2017, repite la sanción «por haber incumplido el deber contenido en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 600 de 2000, y el artículo 29 de la Constitución política y la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000». Decisión confirmada por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante sentencia de 6 de julio de 2017.

Advirtió que pese al error humano cometido, el mismo fue corregido, inclusive, desde antes de iniciarse el proceso disciplinario, y que el mismo no causó daños ni lesión alguna al Estado o a la administración de justicia; por ello, aseguró que las decisiones disciplinarias se encuentran incursas en i) defecto fáctico, pues se desconoció que el auto inhibitorio preferido de manera desacertada no era una decisión de fondo y por lo mismo no hace tránsito a cosa juzgada y, ii) defecto sustantivo, en tanto los jueces disciplinarios que calificaron la conducta endilgada como gravísima, no son competentes para fundamentarse en las disposiciones del artículo 413 del Código Penal, además, dieron por cierto «el contubernio con el abogado Dr. JULIO CESAR SABOGAL QUINTERO», pese a que el mismo fue desvirtuado en la jurisdicción disciplinaria de Neiva.

Aseguró que la sanción impuesta no es consecuente con los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad.

1.2. Pretensiones

Con fundamento en los hechos expuestos, la parte actora solicitó que, en amparo de sus derechos fundamentales a la presunción de iocencia, debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital, se le absuelva de la sanción impuesta.

1.3. Trámite de instancia

Mediante auto de 13 de diciembre de 2017, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó la notificación de los magistrados integrantes de la salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4. Informes rendidos

Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

La magistrada ponente de la decisión acusada, mediante escrito de 22 de enero de 2018, solicitó negar las pretensiones de la accionante en tanto la decisión acusada no vulnera ninguna de los derechos fundamentales cuya protección se invoca, así como tampoco se encuentra incurso en defecto alguno constitutivo de una vía de hecho.

Respecto a los cargos propuestos en el escrito de tutela, adujo que los mismos coinciden con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación contra la decisión sancionatoria de primera instancia, por lo cual reiteró lo ya considerado frente a cada uno de ellos en la sentencia acusada.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: (i) Competencia, (ii) Cuestión previa, (iii) Determinación del problema jurídico, (iv) Derecho al debido proceso y (v) Solución a los problemas jurídicos.

2.1. Competencia

En lo relacionado con este acápite, es pertinente advertir que no se puede pasar por alto que las disposiciones del Decreto 1382 de 2000 que regulan la materia, fijan reglas de reparto de las acciones de tutelas más no de competencia, pues esta se encuentra plenamente definida en el artículo 86 de la Constitución Política cuando señala que «[…] toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces […]», y reiterada en los artículos 1° y 37 del Decreto 2591 de 1991, que disponen:

« […] ARTICULO 1o. OBJETO. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.
[…]
ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. […]» (Subrayado por la Sala)

Como se observa, la Constitución Política y el decreto reglamentario de su artículo 86, de manera clara y expresa establecieron que la competencia para conocer de las acciones de tutela recae en cualquier juez de la Republica con jurisdicción en el lugar donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental, diferente es, que el decreto que establece las reglas de reparto, determine que en « […] razón de la distribución geográfica de los despachos judiciales, pueden existir varios con posibilidad de conocer de la acción de tutela en un solo lugar”, por lo que “se hace necesario regular la forma de reparto de las acciones de tutela, con el fin de racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las mismas […]».

Sumado a lo anterior, es importante recordar los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional en cuanto consideraron que las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000, se deben inaplicar respecto de la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que el hecho de que dicha corporación conozca de acciones de tutela en primera instancia, desconoce el principio de la doble instancia, pues la misma actúa en una única sala de decisión, es decir, no existe una segunda sala que pueda dar trámite en el caso de una eventual impugnación.

De acuerdo con todo lo expuesto, esta Corporación es competente para conocer de la presente acción de tutela, debido a que una de las autoridades accionadas es la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

2.2. Determinación del problema jurídico.

¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia proferida por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con los requisitos generales de procedibilidad?

¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración de justicia de la señora Edilma Gómez Santamaria, con ocasión de la sanción de suspensión por un año que le fue impuesta dentro del proceso disciplinario 2012-05549 adelantado en su contra, presuntamente, incurriendo en defecto sustantivo y fáctico?

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

2.3.1. Requisitos generales de procedibilidad.

Al respecto, en el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía las providencias judiciales, proferidas dentro de un proceso disciplinario.

Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

2.4. Solución al problema jurídico.

2.4.1. De las sentencias proferidas al interior del proceso disciplinario 2012-05549.

• El señor Procurador Judicial 268 Penal I, presentó queja contra la doctora Edilma Gómez Santamaria, en calidad de Fiscal 106 Delegada Seccional de Bogotá, «por su presunta incursión en falta de las señaladas en el numeral 1° del artículo 48, al haber podido incurrir objetivamente en la comisión de los delitos de Prevaricato por acción, falsedad ideológica, -y demás que se llegasen a configurar- esto al proferir el auto inhibitorio de fecha 17 de febrero de 2012, dentro del radicado preliminar No. 846477[…]», cuando el trámite correcto a surtir en dicho asunto era un despacho comisorio para la recepción de testimonios, proveniente de la Fiscalía Sexta Seccional Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Neiva.

• El conocimiento del asunto correspondió a la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, quien, mediante providencia de 18 de diciembre de 2012, inició indagación preliminar en contra de la doctora Edilma Gómez Santamaría, en calidad de Fiscal 106 delegada ante los jueces Penales de Bogotá.

• Mediante auto de 30 de septiembre de 2013, se dio apertura a la investigación disciplinaria, contra la doctora Edilma Gómez Santamaría; cuyo cierre se ordenó a través de providencia de 28 de febrero de 2014.

• En providencia de 4 de abril de 2014, se formularon cargo contra la accionante, en los siguientes términos:

«[…] Formular cargos contra la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA, identificada con la cédula de ciudadanía 35.312.027, Fiscalía 106 delegada ante os Jueces Penales del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la violación al deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 600 de 2000 y e artículo 29 de la Carta Política, y la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, respecto de los hechos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»

• Mediante sentencia de 1°. de agosto de 2014, la a quo resolvió «DECLARAR disciplinariamente responsable a la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARIA, […], quien se desempeña como Fiscal 106 delegada ante los jueces Penales del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la violación al deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 29 de la Carta Política, y la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 y por lo tanto sancionarla con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE 10 AÑOS, […]».

• Contra la anterior decisión la disciplinada interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien con providencia de 2 de julio de 2015, decretó la nulidad de todo lo actuado por indebida adecuación típica.

• Luego de adelantar nuevamente la actuación respectiva, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante sentencia de 2 de febrero de 2017, resolvió «DECLARAR disciplinariamente responsable a la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARIA, […], quien se desempeña como Fiscal 106 delegada ante los jueces Penales del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, por la violación al deber previsto en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 en concordancia con los artículos 83 y 84 de la Ley 600 de 2000 y el artículo 29 de la Carta Política, y la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000 y por lo tanto sancionarla con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 12 meses, […]»

• Contra la anterior decisión, la señora Edilma Gómez Santamaria, disciplinada, interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a través de sentencia de 6 de julio de 2017, confirmando la decisión del a quo.

2.4.2. Caso concreto.

La parte actora acude a la acción constitucional con el fin de que se deje sin efecto las providencias proferidas por las salas disciplinarias de las Corporaciones accionadas, a través de las cuales fue sancionada con 12 meses de suspensión, en su calidad de Fiscal 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, al considerar que las mismas desconocen sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, trabajo, mínimo vital y acceso a la administración de justicia

La Sala advierte que si bien en el escrito de tutela inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones judiciales proferidas dentro del proceso disciplinario adelantado en contra de la accionante, por parte de las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y de Consejo Superior de la Judicatura, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a las mencionadas sentencias.

Por lo anterior y en atención a que la providencia proferida por el Consejo Seccional fue apelada, no cobrando fuerza de cosa juzgada y, en consecuencia la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conoció del asunto en segunda instancia para expedir el fallo que puso fin al proceso, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo frente a esta última, en tanto, una decisión de amparo respecto a la misma garantizaría los ius fundamental invocados.

Revisados la totalidad de cargos de inconformidad respecto de la sentencia cuestionada, se observa que estos son idénticos a los que se formularon para sustentar el recurso de apelación al interior del proceso disciplinario, por lo cual, resulta necesario recordar las consideraciones allí expuestas frente a cada uno de ellos, así:

• Desconocimiento de la verdad procesal, en tanto en las decisiones disciplinarias se realizar afirmaciones que no son ciertas, y no se analizaron los argumentos expuestos en los descargos.

«[…], se tiene que contrario a lo afirmado por la funcionaria investigada, la Sala de instancia, no solamente realizó una cuidadosa instrucción decretando numerosas pruebas que le permitieran establecer la realidad de los hechos ocurridos, sino que además de manera pormenorizada procedió en la sentencia cuestionada a analizar los argumentos de defensa expuestos por la inculpada tanto en su descargos, como en los alegatos de conclusión, indicando puntualmente las pruebas en que apoyó su decisión, y respondiendo cada uno de los argumentos de defensa de la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARIA, al punto que incluso se degradó la calificación de dolo que se le había impuesto inicialmente, y en su lugar se calificó una CULPA, la conducta relacionada con la decisión inhibitoria proferida en el proceso penal de marras, por considerar que no se acreditó que su actuación tuviera el ánimo o intención directa de favorecer a las partes.[…]»

• La decisión inhibitoria proferida por error, fue corregida de manera oportuna, por lo que no se causó una afectación a la administración de justicia, encontrándose, entonces, frente a FALSA MOTIVACIÓN de la decisión acusada.

«[…] Al respecto considera esta Corporación que no le asiste razón a la inculpada, pues si bien en efecto no se acreditó su intención de afectar la administración de justicia, siendo esa la razón por la que se degradó la culpabilidad de dolo a culpa, si fue evidente la negligencia de la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA, respecto de sus funciones como Fiscal 106 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, pues recibido un despacho comisorio enviado por la Fiscalía Sexta delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Neiva para recaudar dos testimonios, la funcionaria investigada procedió con fecha 17 de febrero de 2012 a proferir Resolución inhibitoria, decisión irregular que fue conocida y utilizada por el abogado del señor Luis Fernando Díaz Orjuela para solicitar y obtener, la aplicación del principio del non bis in ídem en favor de su representado, ante la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces penales del Circuito de Neiva, aportando una “fotocopia auténtica debidamente ejecutoriada” sin que en ninguna de las copias de la actuación adelantada por la funcionara investigada, obrantes a folios 40 a 51 del cuaderno original de primera instancia, a folios 21 a 69 del cuaderno anexo No. 1 y a folios 144 a 194 del cuaderno anexo No. 6, exista registro de la forma en la que el abogado Julio Cesar Sabogal Quintero se enteró del auto inhibitorio proferido por la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA.

Véase además que pese a la decisión proferida, con fecha 12 de abril de 2012, la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA, decidió auxiliar el despacho comisorio y fijó fecha para escuchar los testimonios, es decir, contrario a lo afirmado por la recurrente, ella no advirtió y subsanó oficiosamente su error, pues no fue sino hasta que el agente del Ministerio Público la hizo caer en cuenta de la irregularidad cometida mediante escrito del 17 de abril de 2012, que profirió el auto del 18 de abril de 2012, mediante el cual decidió revocar la Resolución del 17 de febrero de 2012, cumpliendo la comisión, mediante la recepción de los testimonios de los señores Celio Ramiro Villamil castro y Álvaro Augusto Salazar Oviedo, diligencias en las que se hizo presente el abogado Julio Cesar Sabogal Quintero, sin haber sido citado, luego de lo cual ordenó regresar el expediente al comitente (fls. 51 a 60 c. anexo No. 1 – fls. 175 a 194 c. anexo No. 6) […]»

• Existencia de una falsa anotación de inhabilidades automáticas para desempeñar cargos públicos entre el 5 de agosto de 2015 y el 5 de agosto de 2018, que incidió en la decisión hoy cuestionada.

«[…] Con relación a la afirmación de que fue sancionada con una falsa anotación, estableció esta Colegiatura que contrario a lo afirmado por la funcionaria investigada, de conformidad con el certificado obrante a folios 269 a 271 del cuaderno original de primera instancia, expedido el 28 de octubre de 2016 por la Procuraduría general de la Nación, se acreditó que la doctora GÓMEZ SANTAMARÍA registraba las siguientes sanciones disciplinarias:

SIRI: 100113687, suspensión de 1 mes, sanción principal, impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con efectos jurídicos a partir de 24 de abril de 2015.

SIRI: 1001115451, amonestación escrita, sanción principal, impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con efectos jurídicos a partir del 10de junio de 2015.

SIRI: 100118068, suspensión de 1 mes, sanción principal, impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con efectos jurídicos a partir de 23 de septiembre de 2015.

Y además obre un registro de “inhabilidades automáticas”, para desempeñar cargos públicos entre el 5 de agosto de 2015 y el 5 de agosto de 2018.

Es decir, que no le asiste razón a la inculpada en su afirmación de que en el expediente no obra prueba de que esa presunta sanción exista, pues la certificación de la Procuraduría general de la nación, donde se registró mencionada inhabilidad se encuentra incorporada en el legajo disciplinario, a folios 29 a 271 del cuaderno original de primera instancia, y tampoco en su aseveración de que esa falsa anotación tuvo incidencia en los parámetros que tuvo en cuenta la Sala Disciplinaria al sancionarla, pues conforme a lo consignado en la sentencia de primera instancia, los parámetros tenidos en cuenta para la graduación de la sanción fueron únicamente los fijados en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002, numeral 1° literales b), g), h) e i), y el numeral 2° literal a), mientras que el literal a) del numeral 1° que hace referencia a la existencia de antecedentes disciplinarios dentro de los cinco años anteriores a la conducta a investigar, no fue tenido como criterio de graduación de la sanción, entre otras razones porque no era un antecedente, toda vez que las sanciones registradas son posteriores a los hechos que aquí se investiga. […]» (Resaltado texto original)

• Incursión de la accionada en el delito de prevaricato, cuando el juez disciplinario carece de competencia para decidir al respecto y, en tanto no se encuentra acreditado en el expediente.

«[…], considera la Sala que no le asiste razón a la investigada, pues la Corporación de primera instancia, concluyó que la funcionaria había incurrido en la falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, por haber proferido una decisión sin competencia para ello, en la cual además afirmó que había acaecido el fenómeno jurídico de la prescripción sin tener en cuenta ni la fecha de los hechos ni los delitos, en una decisión inmotivada, y si bien procedió a degradar la culpabilidad de dolo a culpa, atendiendo los argumentos de la disciplinada y las pruebas allegadas, afirmando que no se probó la intencionalidad de la funcionaria de favorecer a las partes, ello no implica que la falta de pierda su estructura formal y sustancial.

En efecto, debe tener en cuenta que el delito de prevaricato por acción, según la doctrina y jurisprudencia (auto No. 45138 de la Corte Suprema de Justicia), debe estar: “referido a la emisión de una providencia “manifestación contraria a la ley”, circunstancia esta que supone – ha dicho la jurisprudencia – la expresión dolosa de la conducta en cuanto se es consciente y se quiere su realización, pero semejante contradicción debe surgir evidente, sin mayores elucubraciones.” “En contraste, todas aquellas providencias respecto de las cuales quepa discusión sobre su contrariedad con la ley quedan excluidas del reproche penal, independientemente de que en juicio posterior demuestre la equivocación de sus asertos, pues –como también ha sido jurisprudencia reiterada – el juicio de prevaricato no es de acierto sino de legalidad.”

Y si bien es cierto la Corporación de instancia estimó que en esta actuación no había dolo, sino culpa, con esa degradación de la culpabilidad no incurrió en vulneración del derecho al debido proceso de la investigada, ni es incongruencia respecto de los cargos enrostrados, pues ello se realizó en primer lugar atendiendo las pruebas recaudadas y por ser más favorable a la doctora EDILMA GÓMEZ SANTAMARÍA, y en segundo lugar atendiendo que en materia disciplinaria, para que se pueda calificar una falta como gravísima (artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002) no es necesario entrar a comprobar si existieron actos de corrupción, pues tal y como lo establece el referido precepto se incurre en esa conducta cuando se realiza “objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo”.

Significa lo anterior que dicha norma, no fijó como presupuesto para su tipificación como falta disciplinaria la exigencia de un resultado en un proceso penal, es decir, que hay autonomía de la falta disciplinaria respecto del delito; la referida disposición obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está prevista objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del asunto disciplinario a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa.

La Corte Constitucional en la sentencia C-720 de 2006, M. P. doctora Clara Inés Vargas Hernández, señaló:

En todo caso, como previamente se dijo, aunque el principio de tipicidad forme parte de las garantías estructurales del debido proceso en los procedimientos disciplinarios, no es demandable en dicho campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en materia penal. En efecto, como ya se señaló, la naturaleza de las conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad”. (Se subraya).

En la misma providencia la Corte concluyó:

“(…) para la Corte no cabe duda alguna que en el ámbito disciplinario los principios de legalidad y tipicidad actúan con menor rigurosidad que en el derecho penal delictivo, pues se admiten bajo determinadas condiciones el uso de tipos abiertos y de conceptos jurídicos indeterminados, a la vez que se le atribuye al juzgador disciplinario una mayor amplitud para adelantar el proceso de adecuación típica de las conductas reprochables. Sin embargo, en aras de preservar el principio de reserva de ley, esta Corporación ha sostenido que es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley disciplinaria, como mínimo, (i) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada, (ii) las remisiones normativas o los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco o un concepto jurídico indeterminado, (iii) los criterios por medio de los cuales se puede precisar con claridad y exactitud la conducta, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición y (v) los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas del debido proceso”. (rfdt)

Además como se plasmó en precedencia, en el proceso disciplinario cuando se califica la falta como gravísima por la causal revista en el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, no es necesario como erróneamente lo plantea la apelante, probar el dolo, solamente, la verificación de la tipificación objetiva.

Al respecto puede retomarse el criterio jurisprudencial expuesto por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, sobre el delito de prevaricato.

Sobre este punto, y como ya se manifestó con anterioridad, la Corte Constitucional en la sentencia C-124 de 2003, M: P. doctor Jaime Arújo Rentería, enunció:

“La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano competente para interpretar y aplicar el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Las sanciones penales se dirigen, de manera general, a la privación de la libertad física y a la reinserción del delincuente a la vida social, al paso que las sanciones disciplinarias tienen que ver con el servicio, con llamados de atención, suspensiones o separación del servicio; lo que impone al acto sancionatorio un carácter independiente, de donde surge el aceptado principio, de que la sanción disciplinaria se impone sin perjuicio de los efectos penales que puedan deducirse de los hechos que la originaron.”

(…)

4.3.2. Se observa que en estas disposiciones el legislador, con un criterio genérico o amplio, mediante tipos abiertos, describe algunas conductas constitutivas de falta disciplinaria, señala si las mismas son dolosas o culposas y establece su mayor o menor gravedad.

Esta técnica legislativa, como se indicó, es propia del campo del Derecho Disciplinario, por la imposibilidad práctica de encuadrar en forma detallada y exhaustiva las posibles faltas de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales, por lo cual el legislador, en ejercicio de su potestad de configuración y con fundamento en particular en lo dispuesto en los Arts. 124 y 150, Num. 23, de la Constitución, en virtud de los cuales corresponde al Congreso de la República determinar “la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva” y “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, obró con un criterio razonable y no quebrantó el principio de legalidad que forma parte integrante del principio del debido proceso, de conformidad con lo estatuido en el Art. 29 superior.

Considera esta Sala, que contrario a lo argumentado por la funcionaria apelante, en el derecho disciplinario no es indispensable describir en forma detallada los elementos que conforman el tipo penal, como si ocurre en materia penal, por consiguiente, en este evento no es imprescindible el dolo en la conducta, pues se reitera, según lo establecido por el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, constituye falta gravísima: “1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo” […]».

• Solo fue tenido en cuenta por los jueces disciplinarios lo desfavorable a la accionante, desconociendo situaciones favorables a ella.

«[…], aseveración respecto de la cual considera esta Colegiatura que en la investigación realizada si se tuvieron en cuenta los elementos probatorios que pudieran favorecer a la investigada, y si bien no se analizó la carga de trabajo y su rendimiento laboral, ello ocurrió entre otras razones, porque de conformidad con las pruebas recaudadas se acreditó que lo ocurrido se debió a un error del funcionario que recibió el proceso, quien no tenía idea del trámite a seguir, y de la funcionaria investigada quien recibió el asunto y profirió decisión inhibitoria si darse cuenta que el asunto solo había sido puesto a su cargo para auxiliar un despacho comisorio.»

Como se puede observar del contenido de la decisión acusada transcrita, los argumentos expuestos por la accionante, coinciden íntegramente con los puntos de derecho resueltos por el juez natural del asunto, consideraciones contra las cuales no se expresan argumentos nuevos para controvertirlos, para ello para la Sala no es dable pronunciarse al respecto, en tanto, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia; pues la Constitución sólo ha previsto, por regla general, dos instancias para los procesos, lo que significa que no puede el Juez, ni siquiera el constitucional, crear una instancia adicional para resolver allí cualquier reclamo de una de las partes, sobre aspectos de simple interpretación.

En conclusión, no se evidencia que la autoridad judicial accionada haya incurrido en una vía de hecho por defecto fáctico ni sustantivo, puesto que lo resuelto por la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en el fallo de 6 de julio de 2017, que puso fin al proceso disciplinario, estuvo ajustada a derecho y a la jurisprudencia aplicable al caso, toda vez que contrario al decir de la accionante, se valoraron la totalidad de las pruebas debidamente decretadas en el asunto.

Ahora, en lo que tiene que ver con la interpretación realizada a la disposiciones del artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 413 de la Ley 599 de 2000, se advierte que, contrario a lo señalado por la accionante, en ningún momento se aprecia que el juez disciplinario haya adquirido competencias distintas a las designadas por la ley, ni imputación de conductas de carácter penal en contra de la accionante. Sobre este punto, la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-720 de 2006, expuso:

«[…] El Congreso de la República, en ejercicio de la potestad de configuración legislativa, consideró entre las faltas gravísimas aquellas conductas realizadas objetivamente y que correspondan a una descripción típica consagrada como delito; es decir, “el juez disciplinario” deberá verificar que el comportamiento del procesado concuerde con la descripción prevista en la legislación penal, sin que las decisiones de la autoridad encargada de aplicar la norma que se examina estén condicionadas al pronunciamiento de una autoridad judicial. Según la disposición sub examine, el proceso disciplinario podrá comenzar con la noticia sobre la realización de la conducta que en ella se menciona, teniendo en cuenta que “el juez disciplinario” no puede imponer sanciones derivadas de la responsabilidad objetiva, sino que su función es la de verificar si el comportamiento causante del proceso se llevó a cabo con dolo o culpa.

En relación con esta materia el artículo 13 de la ley 734 de 2002, establece:

“ARTÍCULO 13. CULPABILIDAD. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa”.

En este orden de ideas, la imposición de la sanción disciplinaria está condicionada a la valoración que al cabo del respectivo proceso se haga respecto del dolo o la culpa con la cual haya actuado el investigado. Al respecto la jurisprudencia ha expuesto:

“El principio de culpabilidad en materia disciplinaria y el sistema de  numerus apertus en la incriminación de las faltas disciplinarias

La sujeción que debe el derecho disciplinario a la Constitución implica que además de garantizar los fines del Estado Social de Derecho, debe reconocer los derechos fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico, siendo la culpabilidad uno de ellos según lo consagrado en el artículo 29 Superior en virtud del cual ‘Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable’.

Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es ‘Supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la pena lo que significa que la actividad punitiva del estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga C- 626 de 1996. Principio constitucional que recoge el artículo 14 del C.D.U. acusado, al disponer que ‘en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa’. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Corporación al señalar que ‘el hecho de que el Código establezca que las faltas disciplinarias solo son sancionables a título de dolo o culpa, implica que los servidores públicos solamente pueden ser sancionados disciplinariamente luego de que se haya desarrollado el correspondiente proceso – con las garantías propias del derecho disciplinario y, en general, del debido proceso -, y que dentro de éste se haya establecido la responsabilidad del disciplinado C- 728 de 2000’.

Si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción de unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culposamente, pues como ya se dijo, el principio de la culpabilidad tiene aplicación no sólo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionatorio”.

2.1. Para la demandante la aplicación del numeral 1º del artículo 48 de la ley 734 de 2002, requiere la participación de una autoridad judicial quien calificaría si la conducta por la cual se ha iniciado el proceso corresponde a un delito. Esta forma de interpretar el precepto demandado no corresponde a lo establecido por el legislador, pues en él quedó previsto que se consideran faltas gravísimas aquellas que atiendan a los siguientes supuestos: i) Que se trate de una conducta objetivamente descrita por la ley como delito; ii) Que la misma conducta punible sea sancionable a título de dolo; y iii) Que la misma conducta se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

Para la Sala es evidente que el Congreso de la República no condicionó la aplicación de la norma sub examine al trámite de un proceso penal y menos aún a la calificación que una autoridad judicial hiciera respecto del comportamiento causante del proceso disciplinario. La disposición atacada obliga al “juez disciplinario” a verificar en la legislación penal si la conducta que ha dado lugar al proceso está descrita objetivamente o tipificada, para posteriormente establecer dentro del proceso a su cargo si la misma conducta fue cometida con dolo o culpa, con el propósito de imponer la respectiva sanción atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-.[…]»

Atendiendo lo anteriormente expuesto, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegitima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto sustantivo ni fáctico alegado, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo.

Por ello, resulta oportuno afirmar que el juez contencioso-administrativo cuando conoce de una actuación como la que ha sido censurada en este reclamo constitucional, ejerce su función como parte integrante de una de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política. De ello, se sigue que la autoridad judicial que desarrolla una competencia constitucional no puede ser desplazada por el juez del recurso de amparo, pues uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho está constituido por el principio de separación de poderes y la estricta observancia de las competencias que la Constitución y la Ley entregan a cada funcionario, a la luz de los artículos 6º y 121 de la Carta.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala concluye que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y defensa de la señora Edilma Gómez Santamaría, en consecuencia, se negará la solicitud de amparo invocada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo del derecho al debido proceso y defensa de la señora Edilma Gómez Santamaría, dentro de la acción de tutela por ella presentada contra la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO.- NOTIFICAR a las partes esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO: En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ingresó al Despacho para decisión el 5 de febrero de 2018, según informe de la secretaría general de la Corporación. Ff. 1 a 21. Ff. 24 vto y 25. Doctora Julia Emma Garzón de Gómez. Ff. 32 a 38, vto. Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Decreto 1382 de 2000. Ver entre otros Auto 179, 302 de 2002,
Acuerdo 12 de mayo 31 de 1994 “Reglamento Interno del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria”. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. Contra la decisión judicial cuestionada no procedía ningún otro recurso ordinario, dado que el de apelación ya había sido agotado, y es precisamente la sentencia hoy cuestionada. La acción de tutela se instauró (12 de diciembre de 2017) dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la sentencia de segunda instancia cuestionada de 6 de julio de 2017.
a) Defecto orgánico:

Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Folio 9 cuaderno 10 anexo - Proceso disciplinario. F. 56 a 58 Ibídem. F. 76. Ff. 80 a 100. Ff. 129 a 167 Ibídem. Ff. 22 a 42 cuaderno 1 de segunda instancia de proceso disciplinario. Ff. 298 a 353 Cuaderno principal de proceso disciplinario.
ff. 15 a 54. Cuaderno 2 de segunda instancia de proceso disciplinario. Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Aclaración de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, sentencia C-818 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Aclaración de voto del magistrado Jaime Araujo Rentería. Sentencia C-708 de 1999. M.P. Alvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

PAGE \* MERGEFORMAT20

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.