Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03415-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03415-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-03415-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
19 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA - La providencia cuestionada no vulnera los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura ya que los autos invocados no constituyen precedente pues en estos no se sentó una regla sobre el lugar donde se debe hacer la notificación de la convocatoria / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD - La notificación de la citación a la audiencia de conciliación se hizo a la dirección de la sociedad que aparece en el registro de representación legal
[L]a Sala observa que la autoridad judicial demandada procedió con el análisis de las circunstancias que se presentaron en el trámite surtido a efectos de cumplir con el aludido requisito de procedibilidad, de lo cual concluyó que la notificación de la sociedad actora se había surtido a la dirección comercial que reposaba en el certificado de existencia y representación legal. Tan es así que en la providencia acusada se destacó que al revisar la guía de envío se avizoraba que la notificación se efectuó el 1 de agosto de 2015, y la audiencia de conciliación estaba calendada para el 12 de agosto de la misma anualidad, lo que llevaba a concluir que el área comercial de Hidrotolima contaba con 11 días para dar a conocer a su área jurídica, sobre el trámite de conciliación que se estaba solicitando como parte. Por tanto, para la Sala el Tribunal cuestionado no incurrió en el defecto fáctico alegado, puesto que valoró no solo la constancia expedida por la Procuraduría sino las demás situaciones presentadas durante el trámite impartido de esa etapa preliminar especial a efectos de agotar el mencionado requisito de procedibilidad, de lo cual pudo concluir que la parte demandante del proceso ordinario sí había agotado dicho presupuesto y en tal sentido, no había lugar a declararse probada la excepción de previa de inepta demanda. (…). Asimismo, debe indicarse que las eventuales irregularidades en las que pudo incurrir la Procuraduría no pueden afectar el derecho al acceso a la administración de justicia de los demandantes en el proceso ordinario, pues en prevalencia del derecho sustancial, del material probatorio antes referido se puede evidenciar que efectivamente la voluntad de estas fue la de convocar a la sociedad accionante en el trámite de la conciliación prejudicial y la finalidad del mismo se dirigió al cumplimiento del requisito de procedibilidad. (…). Así las cosas, para la Sala los autos invocados no constituyen precedente, puesto que corresponden a decisiones proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que no contienen una regla de derecho conforme a lo antes expuesto, pues en estos si bien se hizo alusión a la obligatoriedad del cumplimiento del requisito de procedibilidad para la presentación de demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no se sentó una regla sobre el lugar donde se debe hacer la notificación de la convocatoria. En consecuencia, al no encontrarse configurados los requisitos especiales de procedencia invocados con la solicitud de amparo, se confirmará la sentencia impugnada, que negó el amparo deprecado.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 116 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1716 DE 2009 - ARTÍCULO 6 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 34 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 66 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 67/ LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 68 / LEY 1755 DE 2015 - ARTÍCULO 72 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161 NUMERAL 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 180 / DECRETO 1716 DE 2009 – ARTÍCULO 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 291 / LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13 / LEY 446 DE 1998 / LEY 640 DE 2001 / DECRETO 1716 DE 2009 / LEY 270 ARTÍCULO 23 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 2 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35 / DECRETO 1716 DE 2009 - ARTÍCULO 9 NUMERAL 6
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al principio de prevalencia del derecho sustancial debe entenderse en su verdadero sentido, esto es, las formas y el contenido deben ser inseparables para la efectividad del derecho material, ver: Corte Constitucional, sentencia C-664 de 2000,
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03415-01(AC)
Actor: HIDROTOLIMA S.A.S. ESP
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante en contra del fallo del 25 de abril de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. La petición
La parte accionante con escrito radicado el 12 de diciembre de 2017, ejerció acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, , en la Secretaría General de esta Corporación, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva.
La sociedad actora consideró vulnerados tales derechos con el auto de segunda instancia del 20 de octubre de 2017, proferido por la referida autoridad judicial, con el cual se revocó la providencia del 5 de abril de 2017 proferida en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que declaró probada la excepción previa de indebido agotamiento del presupuesto de procedibilidad de la conciliación prejudicial que propuso al contestar la demanda de reparación directa interpuesta por los señores Catherine Cuestas Torres, en nombre propio y en representación de su menor hija Nicol Daniela Cuestas Torres, Nilson Torres, Argenis Torres Cuéllar, Noe Ricardo Cuestas Torres y Andrés Mauricio Cuestas Torres en contra de Hidrotolima y el municipio de Ibagué.
En consecuencia, la parte actora pretende:
«8.3. …SOLICITO como medida DEFINITIVA de restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, se invalide o deje sin efectos el Auto de segunda instancia de fecha 20 de octubre de 2017 proferido por la SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA con Ponencia del Magistrado Dr. BELISARIO BELTRÁN BASTIDAS proferido dentro del proceso de Reparación Directa con radicación 73001-33-33-002-2015-00357 por ser contraria esa providencia judicial a la Constitución al revocar el Auto de fecha abril 05 de 2017 proferido en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del C.P.A.C.A por el JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ que declaró probada la excepción previa de indebido agotamiento del presupuesto de procedibilidad (conciliación prejudicial) presentada por la demandada HIDROTOLIMA S.A.S. ESP vulnerándosele los anteriores derechos fundamentales o cualquier otro que se encontrare violado o amenazado.
8.4. Como consecuencia de lo anterior SOLICITO se exprese que recobra plena vigencia el auto del JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO- ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGU[É] que en audiencia inicial del artículo 180 de C.P.A.C.A. celebrada el día 05 de abril de 2017 declaró agotamiento del presupuesto de procedibilidad de conciliación extrajudicial respecto de una de las demandadas, o sea frente HIDROTOLIMA S.A.S. ESP para quien termina el proceso, y se ORDENE que el proceso continúe su curso normal en el juzgado de origen únicamente con la otra demandada el MUNICIPIO DE IBAGU[É].
8.5. Advertir a la Sala accionada, que no vuelva a incurrir en las mismas o similares conductas que generaron la violación de los derechos fundamentales de la accionante.»
Asimismo, pidió como medida provisional que se suspendieran los efectos del auto demandado.
La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes
2. Hechos
Sostuvo que los señores Catherine Cuestas Torres, en nombre propio y en representación de su menor hija Nicol Daniela Cuestas Torres, Nilson Torres, Argenis Torres Cuéllar, Noe Ricardo Cuestas Torres y Andrés Mauricio Cuestas Torres, presentaron una demanda de reparación directa en su contra y el municipio de Ibagué por los perjuicios ocasionados por la muerte del menor Johan Andrés Cuestas Torres, quien falleció por sumersión en el canal de Mirolindo el 10 de julio de 2013.
Indicó que el conocimiento en primera instancia de dicho medio de control correspondió al Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, que mediante auto del 31 de marzo de 2016, admitió la demanda, luego de subsanada y en consecuencia, ordenó notificar al alcalde de Ibagué y al gerente o representante legal de Hidrotolima SAS ESP.
Precisó que tanto la sociedad demandante como el referido municipio contestaron la demanda y propusieron como excepciones, la primera, las previas de «inepta demanda por ausencia de agotamiento del requisito de procedibilidad frente a – HIDROTOLIMA S.A.S. ESP» y falta de competencia funcional del juez; y la segunda, las siguientes de fondo: inexistencia del nexo causal, hecho exclusivo de la víctima en cabeza de la madre, falta de prueba e inexistencia de los perjuicios reclamados e inexistencia de responsabilidad frente al ente territorial.
Señaló que la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la ley 1437 de 2011, se llevó a cabo el 5 de abril de 2017, diligencia dentro de la cual el Juzgado declaró probada la excepción de inepta demanda al considerar lo siguiente:
«En el caso bajo estudio, evidencia el Despacho que a folio 214 del expediente obra auto admisorio de fecha 13 de julio de 2015, proferido por la Procuraduría 163 Judicial II para asuntos administrativos de esta ciudad, en la que se refleja que únicamente aparece como convocado el Municipio de Ibagué.
Aunado a lo anterior, y sin que se hubiese hecho mención de HIDROTOLIMA S.A.S. E.S.P. en el auto admisorio mencionado, el convocante en la solicitud de agotamiento de dicha etapa, suministró como dirección para notificación la carrera 5ª No. 37-Bis 19 Ed. Fontaineblueau L 213 de la ciudad de Ibagué, a sabiendas que según certificado de existencia y representación legal de HIDROTOLIMA S.A.S. E.S.P… aparece con dirección de notificación judicial: AV 6 N 47N-32 MUNICIPIO JUDICIAL CALI.
Ahora bien, según oficio No. 213 de fecha 13 de julio de 2015, suscrito por la Sustanciadora de la Procuraduría Judicial aditiva 163, se envió citación a HIDROTOLIMA S.A.S. E.S.P. a la dirección proporcionada por el convocante, no obstante, a folio 224 del expediente, se observa memorial de fecha 9 de junio de 2015, a través del cual el apoderado de los actores, remite copia de la solicitud de conciliación judicial a la convocada, el cual fue recibido por funcionarios de VATIA S.A. E.S.P., entidad según la cual tiene sus oficinas administrativas en la avenida 6 N No. 47 N – 32 de la ciudad de Cali – Valle…
Evidencia lo antes expuesto, es desatinado aducir que el apoderado de los convocantes no tenía conocimiento de la dirección de notificación judicial de la entidad HIDROTOLIMA S.A.S…
Conforme lo anterior, considera el Despacho que le asiste razón al apoderado de la entidad demandada HIDROTOLIMA…pues bien, al haberse omitido en el auto admisorio su vinculación, y de contera no haberse efectuado en debida forma su notificación, son errores que rompen la estructura del procedimiento, circunstancia que le da la razón al recurrente en cuanto a la procedencia de excepción previa de inepta demanda por ausencia del requisito de procedibilidad.»
Añadió que la parte demandante del proceso ordinario presentó recurso de apelación, del cual conoció el Tribunal Administrativo del Tolima que, mediante auto de 20 de octubre de 2017, revocó la providencia anterior y, en su lugar, ordenó que se siguiera con el trámite normal del proceso. Dentro de las motivaciones de dicha decisión se expuso lo siguiente:
«…
En este orden de ideas, si bien es cierto había una dirección para notificaciones judiciales, también lo es que había una comercial, siendo esta última donde se surtió la notificación para iniciar el trámite de conciliación prejudicial, cumpliéndose de tal manera con lo señalado en el artículo 221 (sic) del Código General del Proceso, donde se indica que dado el caso en que hubiere registrado más de una dirección, la notificación se podrá efectuar en cualquiera de ellas, tal y como ocurrió en el sub examine.
Adicional a ello, al revisar la guía de envío se avizora que la notificación se efectuó el 01 de agosto del 2015, y la audiencia de conciliación estaba calendada para el 12 de agosto de la misma anualidad, lo que lleva a concluir a la Sala, que el área comercial de HIDROTOLIMA S.A.S. contaba con 11 día para dar a conocer a su área jurídica, sobre el trámite de conciliación que se estaba solicitando como parte, por lo que no son v[á]lidos los argumentos esbozados por parte del apoderado de la accionada, al señalar que al no haberse efectuado la notificación en el área jurídica, esto le impedía asistir a la audiencia de conciliación prejudicial, cuando la entidad ya había sido notificada.
Así las cosas, al acreditarse que el apoderado de la parte demandante elevó solicitud de conciliación ante la procuraduría, vinculando tanto al municipio de Ibagué como HIDROTOLIMA…y que la notificación de esta última empresa efectivamente se realizó en debida forma el 01 de agosto del 2015, en su dirección comercial que reposa en el certificado de existencia y representación legal, evidenciándose sin hesitación alguna, que la parte actora s[í] agotó el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, por lo que no habría lugar a declararse probada la excepción … previa de inepta demanda.
…»
3. Fundamento de la petición
Para la parte demandante con la providencia demandada se incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial al revocar el auto que declaró la excepción de inepta demanda propuesta por Hidrotolima y disponer que se continuara con el trámite normal del proceso, sin haberse agotado debidamente la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en su contra.
i) Defecto sustantivo:
Sostuvo que el Tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo pues no hizo una interpretación razonable del artículo 291 del Código General del Proceso, pese a que no fue considerada por el a quo ni por el apelante y a que dicha norma no es aplicable al caso concreto; de manera que se le otorgó un alcance de actuación judicial a un presupuesto de procedibilidad, como lo es la conciliación prejudicial.
Indicó que la autoridad judicial demandada también restringió el problema jurídico a la simple notificación del anuncio y dejó de lado otros aspectos necesarios o esenciales para establecer si realmente se había agotado debidamente el procedimiento o la actuación administrativa en la cual se basó la excepción y el recurso de apelación.
Añadió que en la providencia demandada no se efectuó una interpretación razonada de la norma y se dejó de aplicar la regulación especial que rige el procedimiento administrativo de la conciliación prejudicial o extrajudicial como lo es el Decreto 1716 de 2009 y con ello, también se dejó de aplicar el Código de Procedimiento Administrativo que regula el derecho de petición y las actuaciones de tal naturaleza administrativa. Al respecto, agregó:
«…el apoderado de los interesados anotó en la primera versión de la solicitud de conciliación como dirección o lugar para que HIDROTOLIMA S.AS. ESP recibiera comunicaciones y notificaciones la carrera 5ª N° 37 Bis Edificio Fontaineblueau L 213 de Ibagué, que si bien figuraba en el certificado de existencia y representación legal anexo a la solicitud de conciliación que entregó a la procuraduría, no era la misma de notificaciones judiciales que allí en dicho certificado se registraba en la ciudad de Cali (Valle) Av 6 N° 47 N-32 y que además aparecía una dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales HYPERLINK "mailto:impuestos@varita.com.co" impuestos@varita.com.co y además una línea telefónica especial para notificaciones judiciales 6652400, pudiéndolas haber utilizado para hacer la citación personal al representante legal a través de esos medios físicos, o electrónicos legalmente autorizados, las cuales no utilizó…»
Insistió en que era el Decreto 1716 de 2009 y la regulación establecida en la primera parte de la Ley 1437 de 2011, hoy Ley 1755 de 2015, las aplicables para analizar el caso concreto, ya que según el artículo 6° de aquel es un sola la dirección a la cual se debe hacer tal comunicación o notificación: aquella que indique únicamente el peticionario en el escrito de solicitud de convocatoria, y en su defecto, deberá hacerse al correo electrónico, fax o mediante una llamada telefónica.
Mencionó que de forma errada el Tribunal demandado limitó la revisión del auto apelado a que el demandante había enviado a una dirección comercial la comunicación de la intención de citar a Hidrotolima a una dirección comercial y no a la especial de notificaciones judiciales, bajo el sustento de que el artículo 291 ibidem señala que la notificación se podrá efectuar en cualquiera de ellas.
Refirió que es errada la conclusión a la que llegó el Tribunal demandado, de que se había cumplido con el requisito de procedibilidad solo por el hecho de haberse radicado, primero, una comunicación en la ciudad de Cali (Valle) en la dirección de notificaciones judiciales y, otra (la reforma) en la ciudad de Ibagué, en una dirección comercial que no está inscrita en la Cámara de Comercio como de notificación judicial.
ii) Defecto fáctico:
Manifestó que este defecto se configuró con la providencia demandada puesto que se limitó el problema jurídico a la mera notificación o comunicación del escrito de anuncio sobre la intención de promover dentro de la primera fase o fase introductoria de todo el trámite del procedimiento administrativo de conciliación prejudicial.
Indicó que la autoridad judicial demandada pasó por alto los otros elementos de juicio o específicamente los elementos probatorios existentes sobre los demás vicios que afectaron dicha actuación administrativa de conciliación prejudicial. Específicamente, la parte actora se refirió a los siguientes elementos de prueba:
«…el auto admisorio de la solicitud en el (sic) cual la procuraduría judicial no admitió solicitud alguna para conciliar con HIDROTOLIMA S.A.S. ESP, esto es no la vinculó legal y oficialmente, ni convocó ni ordenó citarla para la audiencia de conciliación, es decir nunca se inició el trámite conciliatorio con HIDROTOLIMA ni se concluyó trámite alguno, pues tampoco valoró la realización de la audiencia sin su participación y no expresión de su nombre en el acta respectiva, también su no requerimiento para que justificara su ausencia, tampoco valoró su no inclusión en el auto subsiguiente que dio por terminada la etapa de conciliación y tampoco valoró la constancia misma de agotamiento del presupuesto de procedibilidad presentado en la demanda donde no se manifestó o incluy[ó] a nuestra empresa, todo lo cual conllevó a tomar una decisión carente de fundamento probatorio»
Adujo que la providencia demandada es contraevidente, ya que carece de apoyo probatorio la decisión de revocar la excepción previa de inepta demanda por la falta de agotamiento del requisito de procedibilidad.
Reiteró que el problema jurídico a resolver por la autoridad judicial demandada para establecer si hubo o no agotamiento indebido del presupuesto, no se podía limitar a la primera fase del procedimiento de conciliación ni resolver única y exclusivamente el aspecto de la comunicación o notificación de un documento relativo a la intención de promover un procedimiento conciliatorio.
Precisó que las oposiciones que presentaron no fueron analizadas por la autoridad acusada pues solo en la parte de la providencia de recuento de actuaciones las menciona como una mera formalidad, pero no las estudia al resolver sustancialmente el fondo del recurso de apelación y con ello se vulneró el debido proceso, al no notificar a Hidrotolima del mencionado trámite.
Cuestionó que el Tribunal avalara el trámite conciliatorio, así como de las etapas subsiguientes, ante la Procuraduría a pesar de las graves falencias en relación con la vinculación de Hidrotolima al mismo. Adicionalmente, precisó:
«Además de lo anterior convalidó la violación al debido proceso pues se desconoció una de las garantías mínimas en virtud del derecho al debido proceso administrativo, como es la notificación oportuna y de conformidad con la ley, refiriéndome a la notificación así llamada por la Sala del escrito allegado a Ibagué, dirección comercial Calle 49 N°4B-46 OF 301 EDIFICIO LA ESTANCIA de Ibagué-Tolima (Barrio Piedra Pintada) de un oficio en que anunci[ó] una reforma a la propuesta económica de la conciliación, la cual contenía una fecha de la audiencia ya expirada, y de otra a la notificación o citación mutuo (sic) propio (sic) de la auxiliar de la PROCURADUR[Í]A que no obstante no haber quedado incluida y convocada nuestra empresa en el auto admisorio de la solicitud, la Sala convalid[ó] como efectuada legalmente la citación por estar en un certificado de cámara de comercio y en la solicitud de conciliación presentada.»
Concluyó que el Tribunal demandado no valoró en su conjunto las pruebas obrantes, sino que apoyó la negligencia de la parte demandante y el conciliador para crear una verdadera oportunidad de conciliar con Hidrotolima, pues no fue legalmente convocada ni citada a la respectiva audiencia y en tal sentido frente a ella no se agotó dicho requisito.
iii) Desconocimiento del precedente
Precisó que el auto demandado tampoco se aviene a la jurisprudencia del Consejo de Estado, plasmada en los autos del 3 de marzo de 2010 emitido en el expediente 37635, del 6 de diciembre de 2010 en el proceso 38.011 y 25 de julio de 2012 dictado dentro del expediente 2011-00568-01, todos de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Adujo que conforme a los criterios señalados en las mencionadas providencias para que pueda entenderse cumplido el mencionado requisito de procedibilidad es necesario que la parte actora demuestre como mínimo i) la presentación de la solicitud, ii) que se pueda constatar que se haya iniciado el trámite con la persona o entidad demandada, iii) que celebrada la audiencia, si no prosperó o si pasados 3 meses sin que fuere posible su celebración, debe extenderse la respectiva constancia o certificación que se anexará a la demanda.
4. Trámite de la solicitud de amparo
Mediante providencia del 15 de enero de 2018 se admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, se ordenó notificar a las partes y se vinculó como terceros interesados al: Juzgado 2° Administrativo de Ibagué, al municipio de Ibagué y a los señores Catherine Cuestas Torres, Nicol Daniela Cuestas Torres, Argenis Torres Cuellar, Nilson Torres, Noe Ricardo Cuestas Torres y Andrés Mauricio Cuestas Torres.
Asimismo, se resolvió negar la solicitud de medida provisional solicitada por la accionante con la finalidad de que se suspendiera el auto demandado, se dispuso la notificación de la ANDJE y se la publicación en la página web del Consejo de Estado para conocimiento de todos los terceros interesados.
5. Argumentos de defensa
5.1 Tribunal Administrativo del Tolima
La autoridad judicial demandada solicitó se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por lo que procedió a transcribir los argumentos esgrimidos en su decisión, en tanto que, a su juicio, estos «… son suficientes para soportar la defensa en la acción de tutela interpuesta…».
Precisó que había analizado los argumentos expuestos por el recurrente y al encontrar que en efecto, se produjo una debida notificación de la entidad actora para acudir al trámite conciliatorio, resolvió revocar la providencia de primera instancia, para que se continuara con el respectivo trámite judicial.
Indicó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera instancia y que tampoco vulneró las garantías constitucionales invocadas con la solicitud de amparo.
5.2 Juez Segundo Administrativo de Ibagué
Esta autoridad judicial rindió un informe acerca de las actuaciones judiciales surtidas dentro del proceso ordinario, de lo cual resaltó que resolvieron las excepciones propuestas por las entidades demandadas, de donde se declaró probada la excepción de inepta demanda propuesta por Hidrotolima, al acreditarse la falta de agotamiento del mencionado requisito de prejudicialidad respecto de dicha entidad.
5.3 Otros vinculados
Pese a su notificación, guardaron silencio.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante fallo del 25 de abril de 2018, negó la solicitud de amparo, luego de encontrar cumplidos los requisitos adjetivos de procedencia, por las siguientes razones:
Precisó que para que proceda la admisión de la demanda es deber del juez revisar que se cumplan todos los requisitos previos para demandar, artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, así como el contenido de la demanda y sus anexos, artículos 162, 163, 165 y 166 ibidem y la oportunidad para presentar la demanda, artículo 164 ibidem.
Sostuvo que era posible que en una primera revisión no se advierta ninguna irregularidad o la omisión de alguno de los requisitos y el juez admita la demanda. Sin embargo, en una segunda revisión, esto es en la audiencia inicial, el juez puede pronunciarse sobre las excepciones que impidan continuar con el desarrollo del proceso, que son propuestas por la parte opositora o puede declararlas probadas de oficio, artículo 180-6 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Indicó que la controversia en la etapa correspondiente de la audiencia inicial se contrajo a determinar si estaba probada la excepción de inepta demanda respecto de Hidrotolima por incumplimiento del requisito de procedibilidad del numeral 1° del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, referido al trámite de conciliación extrajudicial.
Mencionó que el Juzgado 2° Administrativo de Ibagué encontró que en el auto que admitió el trámite conciliatorio no se vinculó a Hidrotolima, por lo que declaró probada la excepción en el curso de la audiencia inicial de 5 de abril de 2017, pero que esa decisión había sido apelada oralmente por el apoderado de la demandante, frente a lo que el apoderado de Hidrotolima se opuso al recurso.
Refirió que el recurso se concedió en el efecto suspensivo ante el superior jerárquico, correspondiéndole al Tribunal Administrativo del Tolima que, mediante providencia de 20 de octubre de 2017, revocó el auto apelado y, en su lugar, ordenó la continuación del proceso.
Hizo referencia al contenido de la providencia acusada y a los argumentos de la solicitud de amparo, para destacar que, de la revisión del material probatorio, podía verificarse que la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría 163 Judicial II para Asuntos Administrativos de Ibagué indicaba como parte convocada al municipio de Ibagué y a Hidrotolima.
Precisó que, del trámite surtido en dicha sede, se observaba claramente que la parte convocante (demandante) tuvo la intención de convocar a la sociedad actora al trámite de conciliación prejudicial al incluirla en la solicitud radicada ante la Procuraduría y que con el traslado de la misma y su reforma se le anunció el inicio del trámite.
Advirtió que la falta de notificación del auto que fijó fecha para la audiencia se debió a un error de la Procuraduría, con el que no podía resultar afectada la parte demandante al punto de que se le impidiera acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio del medio de control de reparación directa contra las entidades presuntamente responsables del daño causado.
Señaló que el requisito de conciliación previo se acreditó, por lo que insistió que, el hecho de que Hidrotolima no haya sido debidamente notificada del trámite conciliatorio y que no asistiera a la audiencia no invalidaba el trámite en sí mismo ni podía tenerse por no cumplido respecto de esta, pues, eventualmente, el resultado sería el mismo de haber asistido, si no hubiera existido ánimo conciliatorio.
Adujo que si, por el contrario, la inconformidad de la accionante fuera precisamente que su intención era conciliar y evitar un proceso por vía judicial, esta la podía materializar también en el curso del proceso de reparación directa al que efectivamente fue vinculada, en el que podía hacer valer sus derechos de defensa y contradicción frente a la posible responsabilidad que se le imputaba.
Resaltó que debía dársele prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia, pues con el proceso ordinario se pretende demostrar la responsabilidad tanto del municipio de Ibagué como de empresa accionante por la muerte de un niño de 5 años que cayó al canal de Mirolindo y se ahogó.
Añadió que ello constituía una situación fáctica frente a la que tanto el ente territorial como la hidroeléctrica debían concurrir como parte demandada, dado que, por sus competencias, su responsabilidad podía resultar involucrada en el hecho que le dio origen al ejercicio del medio de control de reparación directa.
Concluyó que el auto de 20 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo del Tolima no fue caprichoso, irregular ni arbitrario, ya que, por el contrario, dio prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia y, en tal sentido, no podía predicarse defecto específico alguno ni el desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, pues estos fueron garantizados en el trámite del proceso de reparación directa.
Señaló que tampoco existe desconocimiento del precedente judicial, pues esta Corporación ha sostenido que para tener por cumplido el requisito de conciliación prejudicial es necesario convocar al trámite a las entidades o personas que se pretende demandar, pues diferente es que el auto que fijó fecha para la audiencia de conciliación no haya sido notificado a la hidroeléctrica.
7. La impugnación
Mediante escrito recibido electrónicamente el 7 de mayo de 2018, la parte actora impugnó el fallo de primera instancia, que negó la solicitud de amparo, por las siguientes razones:
Sostuvo que el principal problema jurídico que debía resolverse es cuándo y cómo se considera cumplido el requisito de conciliación prejudicial como presupuesto de procedibilidad para ejercer el medio de control de reparación directa de una demanda presentada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
Agregó que tal requisito se entiende cumplido no solo con la presentación de la solicitud ante la procuraduría, como lo señaló el a quo, sino que es necesario que se acredite que la audiencia respectiva se celebró «y/o» que no prosperó o que transcurrido más de 3 meses no fuere posible su celebración, ya que su incumplimiento genera rechazo de la demanda.
Adujo que en este último evento sí se podrá acudir directamente ante la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud; de manera que, solo cuando se surta el trámite de rigor y dada por fallida la audiencia conciliatoria, el procurador da por agotado el procedimiento y cumplido el requisito de procedibilidad.
Añadió que el referido presupuesto es un mecanismo extrajudicial o trámite procedimental administrativo que persigue un fin específico, el cual no se agota con a la simple radicación de un documento, toda vez que debe crear efectivamente una posibilidad u oportunidad cierta y seria de poder concurrir a conciliar las diferencias, independientemente del resultado.
Afirmó que en atención a que es una oportunidad para conciliar es imprescindible que i) se presente la solicitud en debida forma, ii) se acredite que la audiencia se celebró y/o que no prosperó y iii) que las personas llamadas a conciliar previamente hayan sido legalmente vinculadas, convocadas y citadas.
Reiteró los defectos invocados con la solicitud de amparo, para resaltar no se le dio prevalencia al debido proceso que es la matriz del acceso a la administración de justicia, pues en su criterio formalista, lo limitó al hecho puntual y exclusivo de radicar una solicitud por escrito como si la mera «intención» o interés unilateral y abstracto del convocante bastara para tenerlo por cumplido.
Afirmó que no se constató si con esas solicitudes y las comunicaciones tendientes a convocar y demandar se creó real y efectivamente una posibilidad u oportunidad cierta y seria de poder concurrir las partes legalmente convocadas y citadas a conciliar sus diferencias.
Resaltó que el juez ordinario no debía admitir como prueba de haberse agotado el requisito de procedibilidad la sola certificación emitida por el procurador que se limitó a indicar que se elevó una solicitud de conciliación prejudicial, sin más datos respecto del trámite y sin señalar si, efectivamente, la audiencia se celebró y si fue fallida por cualquier causa, pues esta sería una constancia incompleta e imperfecta.
8. Solicitud de nulidad
Con el escrito de impugnación la sociedad accionante, además de cuestionar el análisis de fondo del a quo, también solicitó la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia por «…existir un vicio de inconstitucionalidad en el proferimiento de dicha providencia…» debido a la falta de competencia «subjetiva» por sobrepasarse el término que dispone el Decreto 2591 de 1991, para decidir la solicitud de amparo.
Mediante auto del 13 de junio de 2018 se corrió traslado de la aludida nulidad conforme el artículo 134 del Código General del Proceso, trámite que se surtió sin que las partes se pronunciaran al respecto.
A través de providencia del 27 de junio de 2018 se negó la nulidad deprecada al considerar que para cuestionar alguna conducta que pueda conllevar a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el incumplimiento de los términos judiciales, el ordenamiento jurídico contempla otros medios de defensa tanto de naturaleza ordinaria como constitucionales, los cuales, de ser el caso, deben ventilarse en un trámite distinto al objeto de la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2° del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar de conformidad con los cargos expuestos en la impugnación si hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo de primera instancia que negó el amparo deprecado, al considerar que el requisito de procedibilidad se cumplió, de manera que el auto de 20 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo del Tolima no fue caprichoso, irregular ni arbitrario, ya que, por el contrario, dio prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia.
3. Caso concreto
Para la parte demandante con la providencia demandada se incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial al revocar el auto que declaró la excepción de inepta demanda propuesta por Hidrotolima y disponer que se continuara con el trámite normal del proceso ordinario, sin haberse agotado debidamente la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad.
Por su parte, la autoridad judicial acusada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al considerar que había analizado los argumentos expuestos por el recurrente y al encontrar que, en efecto, se produjo una debida notificación de la entidad actora para acudir al trámite conciliatorio, resolvió revocar la providencia de primera instancia, para que se continuara con el respectivo trámite judicial.
El a quo negó el amparo deprecado, al considerar que la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad se cumplió, de manera que el auto de 20 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo del Tolima no fue caprichoso, irregular ni arbitrario, ya que, por el contrario, dio prevalencia al derecho de acceso a la administración de justicia.
Con su impugnación la sociedad demandante reiteró los argumentos de la solicitud de amparo e insistió el aludido presupuesto es una oportunidad para conciliar cuya solicitud debe presentarse en debida forma y además debe acreditarse que la audiencia se celebró y/o que no prosperó y que las personas llamadas a conciliar previamente hayan sido legalmente vinculadas, convocadas y citadas.
De manera que, a juicio de la parte impugnante la autoridad judicial demandada no debía admitir como prueba de haberse agotado el requisito de procedibilidad la sola certificación emitida por el procurador, pues con esta solo se indicó que se había elevado una solicitud de conciliación prejudicial, sin más datos respecto del trámite y sin señalar si efectivamente la audiencia se celebró y si fue fallida por cualquier causa.
Conforme a lo expuesto, la Sala procede al siguiente análisis:
a) Defecto sustantivo
La parte actora sostuvo que el Tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo pues no hizo una interpretación razonable del artículo 291 del Código General del Proceso – que trata de la práctica de la notificación personal a entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado-, pese a que no fue objeto de discusión en el proceso y a que dicha norma es inaplicable al caso concreto.
Indicó la accionante que, por el contrario, dejó de aplicar la regulación especial que rige el procedimiento administrativo de la conciliación prejudicial dispuesta en el Decreto 1716 de 2009, pues del artículo 6°, se puede inferir que es solo una la dirección para efectos de efectuar la comunicación, esto es la que indique el peticionario en la respectiva solicitud de convocatoria de la conciliación prejudicial.
Asimismo, para la parte actora se procedió a comunicar a una dirección distinta a la señalada para notificaciones judiciales en el certificado de existencia y representación que aportó como prueba, la cual correspondía a la ubicada en la ciudad de Cali (Valle) Av 6 N° 47 N-32 y en donde aparecía una dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales impuestos@varita.com.co y además una línea telefónica especial para notificaciones judiciales 6652400, en la que bien pudo efectuarse la comunicación conforme a la normativa antes expuesta.
Al respecto, debe precisarse que el mencionado decreto en el citado artículo estableció:
«Artículo 6°. Petición de conciliación extrajudicial. La petición de conciliación o extrajudicial podrá presentarse en forma individual o conjunta por los interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y deberá contener los siguientes requisitos:
…
f) La relación de las pruebas que se acompañan y de las que se harían valer en el proceso; [la parte demandante hizo alusión a la dirección de notificaciones judiciales reseñada en el certificado de existencia y representación]
…
j) La indicación del lugar para que se surtan las notificaciones, el número o números telefónicos, número de fax y correo electrónico de las partes [la parte actora mencionó la dirección indicada en la solicitud, carrera 5ª No. 37 Bis edificio Fontaineblueau…].
Sin embargo, se observa que dicho decreto no trae ninguna disposición que regule el lugar donde se deba hacer la notificación de la convocatoria, en caso de que en la indicada por el peticionario no se logre surtir la diligencia.
Adicionalmente, para la sociedad actora, en defecto de lo anterior, debía acudirse entonces a la forma de notificación prevista en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, especialmente, en la regulación establecida en la Ley 1755 de 2015 y en los artículos 34, 66, 67, 68 y 72 ibidem, que contemplan el procedimiento administrativo general, esto es, por correo electrónico, fax o mediante llamada telefónica.
Por lo que, contrario a lo manifestado por la parte impugnante el Tribunal demandado aplicó las disposiciones consagradas en las precitadas normas, al hacer referencia al numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, para destacar los requisitos de procedibilidad para instaurar los diferentes medios de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Además, se observa que la autoridad judicial acusada también se refirió al Decreto 1716 de 2009 que reguló la conciliación extrajudicial en asuntos administrativos, para lo cual citó el artículo 2° ibidem, que contempla los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa.
De manera que, para la Sala la autoridad judicial cuestionada no dejó de aplicar la regulación especial que rige dicho trámite administrativo y judicial, pues a partir de dichas normas concluyó que el aludido presupuesto resultaba obligatorio en el medio de control de reparación directa, cuya providencia se cuestiona.
Ahora bien, se observa que el Tribunal para poder determinar si la notificación de la convocatoria se había logrado surtir hizo referencia al artículo 291 del Código General del Proceso, que al regular la práctica de la notificación personal de las providencias de personas jurídicas de derecho privado y comerciantes, estableció que estos deben registrar la dirección donde recibirán notificaciones judiciales, pero que si se registran varias direcciones, la notificación podrá surtirse en cualquiera de ellas.
A partir de lo anterior, la referida autoridad judicial concluyó que si bien respecto de la entidad actora existía una dirección para notificaciones judiciales, también tenía una comercial, esto es, la «calle 49 No. 4B-46 apto 301 edificio La Estancia urbanización Piedra Pintada Parte Alta», en la cual se surtió la notificación para iniciar el trámite de la conciliación prejudicial.
Ello, por cuanto tal como lo advirtió la autoridad judicial demandada en la solicitud de conciliación prejudicial que se aportó con la demanda, se registró la siguiente dirección: carrera 5 No. 37 BIS 19 edificio Fontainebleau LC. 213, en la ciudad de Ibagué, conforme información que reposaba en el certificado de existencia y representación, visible a folios 17 y 18 del expediente.
Asimismo, sostuvo el Tribunal que como en esa dirección no fue posible efectuar la notificación, ya que no existía, le fue enviada a la calle 49 No. 4B-46 oficina 301, edificio La Estancia en la ciudad de Ibagué, la cual fue recibida el «1° de agosto de 2015», por la señora Diana Delgado, según las guías de envío visibles a folios 543 y 544.
Al respecto, se encuentra que en la providencia cuestionada también se advirtió que esta última dirección aparecía en el certificado de existencia y representación legal de Hidrotolima visible a folios 194 a 198 del expediente ordinario.
Así las cosas, se reitera que ni en el Decreto 1716 de 2009, ni en la parte primera de la Ley 1437 de 2011 ni en la Ley 1755 de 2015, se reguló el lugar donde se debía hacer la notificación de la convocatoria en caso de que en la indicada por el peticionario no se lograra surtir; de manera que la Sala considera que la aplicación del artículo 291 del Código General del Proceso no deviene en la falta de interpretación razonable que alega la parte actora, por los siguientes motivos:
En atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando los asuntos sean conciliables, la conciliación constituirá requisito de procedibilidad de las demandas que se promuevan en ejercicio de los medios de control de reparación directa, como lo es asunto objeto de la acción de tutela.
Ahora bien, de acuerdo con lo estipulado en las Leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, en consonancia con el Decreto 1716 de 2009, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, a través del cual las partes solucionan definitivamente una controversia de naturaleza transigible con efectos de cosa juzgada, cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 116 superior.
Conforme al artículo 23 de la citada Ley 270, las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción.
Ahora bien, el artículo 1° del Código General del Proceso señala lo siguiente:
«Objeto. Este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes.»
A partir de tales fundamentos, la conciliación prejudicial no solo reviste un procedimiento administrativo, tal como lo pretende hacer valer la parte impugnante, pues involucra el eventual acuerdo de las partes, la aprobación del conciliador del acuerdo conciliatorio que hace tránsito a cosa juzgada y el posterior trámite judicial, ya que con la demanda debe allegarse el documento en el que conste que dicho requisito se cumplió.
Conforme a lo anterior, resulta razonable que pueda darse aplicación a las disposiciones del Código General del Proceso, tal como lo consideró el Tribunal demandado a efectos de establecer si dentro del aludido trámite se surtió la notificación para iniciar el trámite de la conciliación prejudicial a la entidad accionante, pues en los aludidos certificados de existencia y representación quedaron registradas no solo la dirección de notificaciones judiciales sino dos direcciones comerciales, en una de las cuales se surtió tal diligencia.
b) Defecto fáctico
Con la solicitud de amparo la sociedad actora sostuvo que este vicio se configuró con la providencia demandada puesto que se limitó el problema jurídico a la mera notificación o comunicación del escrito de anuncio sobre la intención de promover dentro de la primera fase o fase introductoria de todo el trámite del procedimiento administrativo de conciliación prejudicial.
A juicio de la parte accionante la autoridad judicial acusada solo dio por acreditado el requisito con la constancia emitida por la procuraduría, que solo hizo referencia a la solicitud de conciliación, sin valorar en su conjunto las pruebas obrantes, con lo cual se apoyó la negligencia de la parte demandante y el conciliador para crear una verdadera oportunidad de conciliar con dicha empresa.
Específicamente la parte actora mencionó las siguientes pruebas que a su juicio no fueron valoradas:
«…el auto admisorio de la solicitud en el (sic) cual la procuraduría judicial no admitió solicitud alguna para conciliar con HIDROTOLIMA S.A.S. ESP, esto es no la vinculó legal y oficialmente, ni convocó ni ordenó citarla para la audiencia de conciliación, es decir nunca se inició el trámite conciliatorio con HIDROTOLIMA ni se concluyó trámite alguno, pues tampoco valoró la realización de la audiencia sin su participación y no expresión de su nombre en el acta respectiva, también su no requerimiento para que justificara su ausencia, tampoco valoró su no inclusión en el auto subsiguiente que dio por terminada la etapa de conciliación y tampoco valoró la constancia misma de agotamiento del presupuesto de procedibilidad presentado en la demanda donde no se manifestó o incluy[ó] a nuestra empresa, todo lo cual conllevó a tomar una decisión carente de fundamento probatorio.»
Así las cosas, se procede a efectuar el siguiente recuento del material probatorio que reposa en el proceso ordinario:
i) En la solicitud de conciliación presentada ante la Procuraduría 163 Judicial II para Asuntos Administrativos de Ibagué indica como parte convocada al municipio de Ibagué y a Hidrotolima. En este escrito aparece como dirección de notificación de esta última entidad la siguiente dirección: «carrera 5ª No. 37 BIS 19 ED Fontaineblueau L. 213 de Ibagué» (folios 200 a 204).
ii) El 13 de julio de 2015, la accionante recibió el traslado de la copia de la solicitud de conciliación prejudicial, suscrita por el abogado de la convocante, en la que se señaló lo siguiente: «En su debida oportunidad el PROCURADOR JUDICIAL ADMINISTRATIVO del Tolima, les notificará día y hora para la celebración de la audiencia.». En el sello se referenció Vatia S. A. E.S.P., la cual coincide con el dato suministrado para la dirección electrónica a la que alude la actora (folio 224)
iii) El 3 de agosto de 2015 Hidrotolima recibió en su sede de Ibagué el traslado de la reforma de las pretensiones de la solicitud de conciliación, suscrita por el abogado de la convocante (folio 254).
iv) Mediante auto 213 de 13 de julio de 2015 la procuraduría admitió la solicitud de conciliación presentada, en la cual se reseñó como parte convocada al municipio de Ibagué y se fijó como fecha para la audiencia de conciliación el 12 de agosto de 2015, a las 10:30 a. m. (folio 214).
v) Con oficio 213 del 13 de julio de 2015, enviado el 17 de los mismos la Procuraduría le comunicó a Hidrotolima, a la dirección «KR 5 37 BIS 19 EDIF FONTAINEBLEAUA (sic) L 213» de lo dispuesto en el precitado auto y le informó la fecha fijada para la celebración de la referida diligencia (folio 216). Lo cual se corrobora con la guía de envío RN400565445CO de la misma fecha (folio 223).
vi) Mediante auto del 19 de agosto de 2015 la procuraduría señaló que en atención a que el convocado municipio de Ibagué no asistió a la diligencia, se le habían concedido 3 días para justificar su omisión, la cual presentó, por lo que declaró fallida la conciliación y dar por agotado el requisito de procedibilidad, ordenó devolver la documentación aportada y expedir la respectiva constancia; sin embargo, en dicha decisión no se pronunció respecto de la inasistencia de Hidrotolima, pese a que como convocados hizo referencia tanto al ente territorial como a la sociedad accionante así: «Convocado (s): MUNICIPIO DE IBAGUE – HIDROTOLIMA SAS» (folio 215).
vii) En la misma fecha la Procuraduría expidió la correspondiente constancia en la misma fecha, en la que como convocados reseñó en el encabezado nuevamente al municipio de Ibagué e Hidrotolima, pese a que en sus motivaciones solo se mencionó como convocado al aludido ente territorial (folio 217).
viii) La Procuraduría aclaró la constancia anterior el 21 de noviembre de 2016, así: «Este despacho a solicitud de la parte convocante aclara que figuran como parte convocada dentro de la solicitud de Conciliación de la referencia: Municipio de Ibagué – Hidrotolima SAS» y en cuyo encabezado también reseñó las mismas entidades (folio 540).
Así las cosas, se encuentra que según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la citada ley o hasta que se venza el término de 3 meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero.
De manera que, el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando se realice la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo o cuando vencido los 3 meses de que trata la norma, contados a partir de la presentación de la solicitud, la audiencia no se celebre por cualquier causa, caso en el cual se podrá acudir directamente a la jurisdicción con la presentación de la solicitud de conciliación.
Con todo, podrá acudirse directamente a la jurisdicción cuando bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la presentación de la demanda, se manifieste que se ignora el domicilio, el lugar de habitación y el lugar de trabajo del demandado, o que este se encuentra ausente y no se conoce su paradero (artículo 35 de Ley 640 de 2001).
Si efectuada la citación para la audiencia alguna de las partes no comparece o no justifica su inasistencia el agente del Ministerio Público, este dará por agotada la etapa, para lo cual se expedirá la respectiva constancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la citada norma en concordancia con el numeral 6° del artículo 9° del Decreto 1716 de 2009.
Por tanto, es la aludida constancia la que deberá ser valorada en la sede judicial a efectos de determinar si efectivamente se cumplió con el requisito de procedibilidad, tal como lo hizo el Tribunal demandado, al considerar que folio 540 de avizoraba la «aclaración de la constancia» expedida por la Procuraduría en donde se señalaba como partes convocadas Hidrotolima y el municipio de Ibagué.
Asimismo, se encuentra que en la providencia acusada se indicó que también se evidenciaba que la solicitud de conciliación prejudicial le había sido notificada a la sociedad accionante a la dirección calle 49 No. 4B-46, oficina 301 del edificio La Estancia, en la ciudad de Ibagué, tal como se advertía en la guía de envío visible a folios 543 y 544 del expediente.
Al respecto, la Sala observa que la autoridad judicial demandada procedió con el análisis de las circunstancias que se presentaron en el trámite surtido a efectos de cumplir con el aludido requisito de procedibilidad, de lo cual concluyó que la notificación de la sociedad actora se había surtido a la dirección comercial que reposaba en el certificado de existencia y representación legal.
Tan es así que en la providencia acusada se destacó que al revisar la guía de envío se avizoraba que la notificación se efectuó el «1° de agosto de 2015», y la audiencia de conciliación estaba calendada para el 12 de agosto de la misma anualidad, lo que llevaba a concluir que el área comercial de Hidrotolima contaba con 11 días para dar a conocer a su área jurídica, sobre el trámite de conciliación que se estaba solicitando como parte.
Por tanto, para la Sala el Tribunal cuestionado no incurrió en el defecto fáctico alegado, puesto que valoró no solo la constancia expedida por la Procuraduría sino las demás situaciones presentadas durante el trámite impartido de esa etapa preliminar especial a efectos de agotar el mencionado requisito de procedibilidad, de lo cual pudo concluir que la parte demandante del proceso ordinario sí había agotado dicho presupuesto y en tal sentido, no había lugar a declararse probada la excepción de previa de inepta demanda.
Finalmente, debe precisarse que el Tribunal demandado no se limitó al criterio formalista alegado por la parte actora ni se cercenó la oportunidad cierta y seria de poder concurrir las partes legalmente convocadas y citadas a conciliar sus diferencias, pues de ser esa la intención de la accionante el ordenamiento contempla también la posibilidad de llegar a un acuerdo de tal naturaleza no solo en la aludida etapa previa, sino en la audiencia inicial del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, e incluso durante el proceso o con posterioridad a la condena que eventualmente pueda ser impuesta.
Asimismo, debe indicarse que las eventuales irregularidades en las que pudo incurrir la Procuraduría no pueden afectar el derecho al acceso a la administración de justicia de los demandantes en el proceso ordinario, pues en prevalencia del derecho sustancial, del material probatorio antes referido se puede evidenciar que efectivamente la voluntad de estas fue la de convocar a la sociedad accionante en el trámite de la conciliación prejudicial y la finalidad del mismo se dirigió al cumplimiento del requisito de procedibilidad.
c) Desconocimiento del precedente judicial
Insiste la parte actora en que con la providencia demandada se incurrió en el desconocimiento del precedente judicial invocado, que corresponden a unos autos emitidos en procesos ordinarios, por lo que para la Sala es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha referido a dicho defecto de la siguiente manera:
«El precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.» (negrilla fuera del texto).
Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Así las cosas, para la Sala los autos invocados no constituyen precedente, puesto que corresponden a decisiones proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que no contienen una regla de derecho conforme a lo antes expuesto, pues en estos si bien se hizo alusión a la obligatoriedad del cumplimiento del requisito de procedibilidad para la presentación de demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, no se sentó una regla sobre el lugar donde se debe hacer la notificación de la convocatoria.
En consecuencia, al no encontrarse configurados los requisitos especiales de procedencia invocados con la solicitud de amparo, se confirmará la sentencia impugnada, que negó el amparo deprecado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 25 de abril de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo, por los motivos expuestos.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Según el informe secretarial visible a folio 155 la demanda se presentó el 20 de agosto de 2015, la solicitud de conciliación se radicó el 9 de julio de 2015 y la constancia de la Procuraduría se expidió el 19 de agosto de 2015 (folios 200 a 204, 217 y 540 del expediente).
Auto de 9 de abril de 2014, Exp. 2013-00347-01(0539-14), Actor: Yaz Jayde Leudo Cossio, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
La parte impugnante se notificó electrónicamente el 2 de mayo de 2018.
Al respecto, hizo referencia a los autos del 3 de marzo de 2010 emitido en el expediente 37635 y del 6 de diciembre de 2010 en el proceso 38.011 de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Al respecto, se encuentra que en la Ley 1755 de 2015 se contempló lo siguiente:
«Artículo 16. Contenido de las peticiones. Toda petición deberá contener, por lo menos:
1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
…»
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Título III Desde el artículo 34 Procedimiento administrativo general.
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
Artículo 64. Definición. La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador. Exequible Sentencia Corte Constitucional C-114-99.
Artículo 65. Asuntos conciliables. Serán conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.
Artículo 66. Efectos. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo.
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. Artículo 3º. Clases. La conciliación podrá ser judicial si se realiza dentro de un proceso judicial, o extrajudicial, si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.
La conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad.
Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.
Conforme a los artículos 35 y 37 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Que establece «6. Si no fuere posible la celebración del acuerdo, el agente del Ministerio Público expedirá constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la fecha en que se celebró la audiencia o debió celebrarse, la identificación del convocante y convocado, la expresión sucinta del objeto de la solicitud de conciliación y la imposibilidad de acuerdo. Junto con la constancia, se devolverá a los interesados la documentación aportada, excepto los documentos que gocen de reserva legal.»
Al respecto, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-664 de 2000, que: El principio de prevalencia del derecho sustancial debe entenderse en su verdadero sentido, esto es, las formas y el contenido deben ser inseparables para la efectividad del derecho material. Por lo tanto, la interpretación adecuada de los procedimientos legales, adquiere su sentido pleno en la prevalencia de los derechos de las personas.
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.
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