Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03420-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-03420-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-03420-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
21 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ACUERDO DE TRANSACCIÓN CELEBRADO POR APODERADA / SANCIÓN DISCIPLINARIA - Por ocultar monto de la transacción a los mandantes
En el proceso disciplinario que dio origen a la presente tutela, las autoridades judiciales demandadas estimaron que no estaba acreditado que la abogada haya obrado «en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita» o «con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria». Para la Sala, no era suficiente invocar la creencia de estar actuando sin infringir la ley disciplinaria, pues, tal y como lo concluyó la autoridad judicial demandada, de ser así, todos los disciplinables utilizarían ese argumento y jamás se impondría una sanción. La aplicación de esos eximentes de responsabilidad exige la demostración de ciertos hechos que indiquen, sin lugar a dudas: i) que la conducta deviene como legítima, a pesar de que típicamente se subsuma como falta disciplinaria, y ii) que le era imposible saber que la conducta constituía falta disciplinaria. (…) En cuanto a los paz y salvo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura explicó que ese documento fue suscrito con posterioridad a la celebración de la transacción y, por ende, no demostraba que la abogada hubiera pedido la autorización previa y expresa de los mandantes sobre el monto del acuerdo. Eso quiere decir, entonces, que las autoridades judiciales demandadas sí valoraron la prueba, cosa distinta es que no le hayan dado el alcance que pretendía la actora. (…) Como se sabe, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso. (…) Por lo tanto, como los casos invocados por la actora no guardaban una similitud fáctica con el proceso disciplinario que originó la presente acción de tutela, es evidente que no constituyen precedente judicial.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03420-01(AC)
Actor: ANYA YURICO ARIAS ARAGONEZ
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA, Y OTRO
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que denegó las pretensiones de la tutela.
ANTECEDENTES
Pretensiones
Por conducto de apoderada judicial, la abogada Anya Yurico Arias Aragonez solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al trabajo, que estimó vulnerados por las sentencias del 26 de febrero de 2015, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, y del 7 de junio de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que la sancionaron con suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión de abogada. Concretamente, pidió:
2.- Ordenar a la entidad accionada que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la providencia judicial que resuelva la presente acción, deje sin efectos los fallos de 26 de febrero de 2015 y 7 de junio de 2017, dentro del proceso de responsabilidad disciplinaria No. 2013-01127.
3.- Que se ordene a la accionada proferir una nueva sentencia, con observancia de las normas y de los precedentes jurisprudenciales aplicables al referido proceso, y en especial, respetando el debido proceso, la evidencia probatoria, la presunción de inocencia, la igualdad y en general, los derechos fundamentales de mi defendida, mediante el cual se le absuelva, teniendo en cuenta que no fue superada la duda procesal que rodea las actuaciones por las que fue investigada y sancionada y en consecuencia sea desanotado el registro sancionatorio correspondiente.
Hechos
Del expediente, la Sala destaca la siguiente información:
2.1. En el año 2006, los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos Ortega Bautista otorgaron poder especial a la abogada Anya Yurico Arias Aragonez, para que promoviera demanda ordinaria laboral contra la sociedad Constructores Mar Caribe Ltda.
2.2. Una vez surtido el trámite procesal correspondiente, el Juzgado Sexto Laboral de Cartagena, por sentencia del 2 de agosto de 2010, accedió parcialmente a las pretensiones. La anterior decisión fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, mediante providencia del 20 de marzo de 2013.
2.3. Para obtener el pago de la condena judicial, la parte demandante promovió la ejecución dentro del mismo proceso ordinario. El 12 de julio de 2013, la Secretaría del Juzgado Sexto Laboral de Cartagena elaboró la liquidación del crédito, por valor de $ 113.396.267. Inconforme con esa liquidación, la parte demandada la objetó y, además, formuló incidente de nulidad.
2.4. El 14 de agosto de 2013, la abogada Arias Aragonez aportó acuerdo transaccional, en el que se pactó la terminación del proceso por un pago de $ 35.000.000, es decir, la suma de $ 11.500.000 a cada demandante. Mediante providencia del 26 de agosto de 2013, el Juzgado Sexto Laboral de Cartagena aprobó el acuerdo de transacción y, en consecuencia, dio por terminado el proceso.
2.5. En noviembre de 2013, los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos Ortega Bautista formularon queja disciplinaria contra la abogada Anya Yurico Arias Aragonez, pues estimaron que el acuerdo transaccional había sido lesivo a sus intereses.
2.6. El proceso disciplinario fue adelantado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que, por sentencia del 26 de febrero de 2015, sancionó a la abogada Arias Aragonez, con suspensión en el ejercicio de la abogacía por el término de seis meses.
2.7. La disciplinada presentó recurso de apelación contra esa decisión y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 7 de junio de 2017, la confirmó.
Argumentos de la tutela
De manera preliminar, la parte actora explicó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, expuso que las sentencias judiciales cuestionadas incurrieron en las siguientes causales específicas:
3.1. Defecto sustantivo. Que las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y del Consejo Superior de la Judicatura sancionaron a la abogada Arias Aragonez por el presunto incumplimiento de un deber que no estaba previsto en ninguna norma jurídica. Que, en ese sentido, los jueces disciplinarios asumieron que la apoderada judicial estaba en la obligación de pedir autorización previa y escrita para conciliar, a pesar de que el poder especial otorgaba esa facultad.
Que, además, las sentencias del 26 de febrero de 2015 y del 7 de junio de 2017 impusieron la sanción de suspensión por el término de seis meses, sin explicar si se aplicó el parágrafo del artículo 43 de la Ley 1123 de 2007 —que opera únicamente cuando se actúa como apoderado de una entidad pública— o, en su defecto, cómo se dosificó la sanción.
Que, por otra parte, debieron aplicarse las causales eximentes de responsabilidad previstas en los numerales 3 y 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, porque la demandante obró con plena convicción de que la celebración del acuerdo transaccional reflejaba la voluntad de los poderdantes, quienes le habían expresado esa intención de manera verbal.
3.2. Defecto fáctico. Que las autoridades judiciales demandadas valoraron de manera exclusiva la queja y las declaraciones de los quejosos, pues descartaron las declaraciones extrajuicio aportadas por la disciplinada, así como el paz y salvo suscrito por los propios poderdantes. Que, precisamente, la sanción disciplinaria estuvo fundada únicamente en la queja disciplinaria y en la declaración de los quejosos, elementos que no eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia de la abogada Arias Aragonez, máxime cuando no estaba debidamente probada la comisión de las faltas disciplinarias endilgadas. Que, en todo caso, las versiones expuestas por los quejosos y la disciplinada eran contrarias, de ahí que, ante la duda, debió imponerse la absolución.
3.3. Desconocimiento del precedente judicial. Que las sentencias judiciales cuestionadas desconocieron el precedente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, establecido en la sentencia del 9 de septiembre de 2015, y de la Corte Constitucional, fijado en la sentencia T-763 de 2010. Que, según esos pronunciamientos, para proferir fallo sancionatorio es necesario la existencia de pruebas que conduzcan a la certeza sobre la materialidad de la falta y de la responsabilidad del investigado, supuestos que no se cumplieron en los fallos cuestionados.
3.4. Decisión sin motivación. Que las salas disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y del Consejo Superior de la Judicatura «no realizaron una justificación suficiente de las razones de hecho y de derecho que las llevaron a proferir la decisión sancionatoria».
Intervenciones
4.1. Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria (autoridad judicial demandada). La magistrada ponente de la sentencia del 7 de junio de 2017 pidió que la tutela fuera remitida por competencia a esa corporación o, en su defecto, se denegaran las pretensiones. En síntesis, adujo:
Que, tratándose de acciones de tutela, las únicas reglas de competencia eran las previstas en el artículo 86 de la Constitución y en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Que, además, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único del Sector Justicia, prevé que las acciones de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sean repartidas a la misma corporación. Que, en ese contexto, el Decreto 1983 de 2017 no podía modificar la competencia funcional para conocer las acciones de tutela interpuestas contra providencias judiciales dictadas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y, por ende, la solicitud de amparo debía ser conocida por esa misma corporación.
Que, por otra parte, la solicitud de amparo no cumplía el requisito de la inmediatez, pues el fallo disciplinario fue proferido el 7 de junio de 2017, mientras que la tutela fue presentada el 30 de enero de 2018, es decir, después de seis meses.
Que, de todos modos, la sentencia disciplinaria de segunda instancia estuvo ajustada a derecho, porque respetó las reglas de procedimiento de esa clase de procesos, aplicó la normativa pertinente y justificó suficientemente la decisión. Que la actora expone una simple inconformidad contra el fallo disciplinario, circunstancia que no amerita la intervención del juez de tutela.
4.2. Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, Sala Jurisdiccional Disciplinaria (autoridad judicial demandada). El magistrado ponente de la providencia del 26 de febrero de 2015 solicitó que la tutela fuera declarada improcedente o que se denegaran las pretensiones. Concretamente, expuso:
Que, en primer lugar, la tutela no cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que fue presentada después de seis meses de haber sido proferido el fallo disciplinario de segunda instancia.
Que el artículo 86 de la Ley 1123 de 2007 permite que la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado se acrediten por cualquier medio de prueba, lo que incluye, por supuesto, la prueba testimonial. Que, en ese sentido, la propia Corte Constitucional y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación han precisado que la declaración de los quejosos es autónoma de la queja y sí tiene valor probatorio.
Que en el proceso disciplinario quedó acreditado, por vía testimonial, que la abogada Arias Aragonez no informó a los clientes sobre el monto del acuerdo transaccional, que resultó lesivo para los intereses de los mandantes. Que, adicionalmente, la actora aportó unas declaraciones extrajuicio para que se valoraran como declaraciones, pero fueron desestimadas, porque debieron ser incorporadas al proceso como prueba testimonial.
Sentencia impugnada
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 15 de marzo de 2018, denegó el amparo de tutela. En síntesis, explicó:
Que el Decreto 1983 de 2017 no desconoció las reglas de competencia previstas en la Constitución y la ley, pues, de hecho, las consideraciones de ese acto administrativo tuvieron en cuenta los pronunciamientos de la Corte Constitucional. Que las reglamentaciones sobre reparto de acciones de tutela siempre han procurado evitar los conflictos negativos de competencia y, justamente, la finalidad del Decreto 1983 de 2017 era racionalizar y desconcentrar el conocimiento de las acciones de tutela. Que, por lo tanto, el Consejo de Estado sí era competente para conocer las acciones de tutela presentadas contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Que, por otra parte, la solicitud de amparo sí cumplía los requisitos generales de procedencia y, por ende, debía estudiarse el asunto de fondo, pero precisó que, por competencia funcional, únicamente se pronunciaría sobre la sentencia del 7 de junio de 2017.
Que el proceso disciplinario cumplió las ritualidades previstas en la Ley 1123 de 2007, porque agotó cada una de las etapas previstas para esa clase de procedimientos (apertura de investigación, audiencia de pruebas y calificación provisional, formulación de cargos, audiencia de juzgamiento, decisión de primera instancia, recurso de apelación y decisión de segunda instancia).
Que, sobre la valoración probatoria de las declaraciones de los quejosos, la sentencia del 7 de junio de 2017 respaldó el argumento del fallo de primera instancia, que se apoyaba en la sentencia C-430 de 1997, según el cual la declaración que se rinde bajo la gravedad del juramento adquiere validez como medio de prueba sobre los hechos objeto de investigación.
Que la adecuación típica de la conducta no reprochaba la ausencia de autorización para suscribir la transacción, sino la desproporción de los términos económicos, de ahí que la falta disciplinaria endilgada haya sido «callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto».
Que, en efecto, en el proceso disciplinario quedó acreditado que la abogada Arias Aragonez informó a los mandantes la intención de celebrar un acuerdo, pero no expresó el monto que ofrecía la contraparte, omisión que, seguramente, incidió en el consentimiento de los señores Jiménez Cuello y Ortega Bautista. Que, además, la suscripción de los paz y salvo se produjo con posterioridad a la celebración del acuerdo de transacción, de ahí que ese hecho no demostraba que los mandantes hubieran conocido previamente los términos económicos del acuerdo.
Que, en esas condiciones, el fallo disciplinario no había incurrido en ninguno de los defectos invocados y, por tanto, el simple desacuerdo de la sancionada no justificaba la intervención del juez de tutela.
Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, pidió que se revocara y que, en su lugar se accediera a la solicitud de amparo.
De manera previa, sostuvo que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado no debió limitarse a analizar la sentencia del 7 de junio de 2017 bajo el argumento de la competencia funcional, toda vez que, como bien lo dijo el fallo impugnado, las únicas reglas de competencia eran las previstas en la Constitución Política y en el Decreto 2591 de 1991, que no establecían restricción para que el Consejo de Estado conociera del fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.
En cuanto al fondo del asunto, reiteró la mayoría de argumentos del escrito de tutela, esto es, i) que la sancionaron por no haber pedido una autorización previa y expresa sobre el monto de la transacción, sin que ese deber estuviera estipulado en alguna norma jurídica (defecto sustantivo); ii) que debieron aplicarse las causales eximentes de responsabilidad previstas en los numerales 3 y 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, porque la demandante obró creyendo que su actuar era ajustado a derecho (defecto sustantivo); iii) que las sentencias judiciales cuestionadas descartaron las pruebas que ella aportó —paz y salvo y declaraciones extrajuicio— y se fundamentaron únicamente en la queja y las declaraciones de los quejosos, elementos que, en todo caso, no desvirtuaban la presunción de inocencia y que imponían absolver a la investigada (defecto fáctico); iv) que se desconocieron los precedentes de la Corte Constitucional y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que precisan que el fallo sancionatorio exige la existencia de pruebas que conduzcan a la certeza sobre la comisión de la falta y la responsabilidad del investigado (desconocimiento del precedente), y v) que las providencias judiciales cuestionadas no estuvieron justificadas suficientemente.
CONSIDERACIONES
En orden a resolver la impugnación presentada por la señora Anya Yurico Arias, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Luego, formulará el problema jurídico a resolver y se adoptará la decisión que corresponda.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».
Fijación del problema jurídico que la Sala debe resolver
2.1. En la impugnación, la demandante, además de reiterar los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, alegó que el juez de tutela de primera instancia violó el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto se limitó a analizar el fallo disciplinario de segunda instancia.
Contra ese argumento, la Sala precisa que fue acertada la decisión de analizar únicamente la sentencia del 7 de junio de 2017, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto esa fue la providencia judicial que puso fin a la instancia disciplinaria. De hecho, a juicio de la Sala, por razones metodológicas, esa es la mejor forma de estudiar la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida en que las consideraciones que se exponen en el fallo de segunda instancia son las que, de manera definitiva, resuelven la controversia. No es cierto, entonces, que se hubiese desconocido el debido proceso de la actora, por parte del juez de tutela de primera instancia.
2.2. Precisado lo anterior, en los términos de la impugnación, le corresponde a la Sala determinar si estuvo ajustado a derecho el fallo impugnado, que concluyó que la sentencia del 7 de junio de 2017, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al imponer la sanción disciplinaria, no incurrió en los defectos o vicios de fondo endilgados por la parte actora.
Solución del caso
Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado, se citarán las razones expuestas en la sentencia del 7 de junio de 2017 para concluir que la señora Anya Yurico Arias Aragonez incurrió en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 33.9 y 34.C de la Ley 1123 de 2007. Luego, se analizarán una a una las inconformidades de la abogada Arias Aragonez.
La sentencia del 7 de junio de 2017 frente al estudio de las faltas disciplinarias en las que incurrió la demandante
La providencia acusada resolvió el recurso de apelación presentado por la demandante de la siguiente manera:
Se observa que la argumentación se dirige primordialmente a atacar el auto de cargos, y las consideraciones de la Magistrada sustanciadora, y que el auto de cargos no es una providencia apelable, sino que está expresamente excluido de este recurso y de ninguno en el artículo 105 de la Ley 1123 de 2007. Por demás, que de haber sido procedente, sería manifiestamente extemporáneo. En todo caso, como la sentencia guarda concordancia con el auto de cargos, como debe ser, y esta es la controvertida con el recurso, extraña a esta Sala, que se dirija en contra de la Magistrada sustanciadora, si se trata de una providencia de Sala.
Esto da al traste con las argumentaciones que atribuyen a la Magistrada sustanciadora la prevalencia de sus particulares apreciaciones subjetivas, atacan su valoración objetiva, pues siendo una Sala plural, ningún ataque se hace a lo decidido por la Sala.
Por otra parte, aunque fuera cierto que no existiera prueba documental que sustentara la condena, basándose únicamente en testimonios, debe recordarse que hay libertad de valoración y convicción probatoria, cualquier medio de prueba resulta suficiente para condenar, dependiendo los hechos, inclusive los indicios, que reclama la apelante, pues no hay tarifa legal de pruebas, distinta de la que figura en los Códigos de Procedimiento y la Ley 1123 de 2007, en el artículo 87 que dice:
ARTÍCULO 87. LIBERTAD DE PRUEBAS. La falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
Pero no es cierto su aserto, lo que está claro para esta Sala, es que sí fueron tenidas en cuenta todas las pruebas practicadas, inclusive algunas que no han debido ser tenidas en cuenta, como las declaraciones extrajuicio, pues en los procedimientos orales, es un principio la inmediación, y por lo tanto debe descartarse la prevalencia de la prueba propio de la escrituralidad.
(…)
Y aunque el proceso disciplinario de la Ley 1123 de 2007 es oral inquisitorio, la oralidad requiere la práctica de la prueba en presencia del juez de primera instancia, salvo los ocasionales o excepcionales casos que la misma ley autoriza, tales como las que se reciben por comisionado, la sentencia y la segunda instancia.
Por ello la Ley 1123 de 2007 se refiere en el artículo 95, a las pruebas inexistentes, diciendo:
ARTÍCULO 95. INEXISTENCIA DE LA PRUEBA. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.
Porque es que además, la única prueba decretada en la audiencia de 12 de agosto de 2014, para ser practicada en la audiencia de juzgamiento, fue la de la señora Elizabeth Carmona, quien siendo la empleada de la disciplinable, sin ninguna razón aceptable no compareció, por lo cual el testimonio aportado con posterioridad al decreto de la prueba, a la sazón, el 20 de agosto de 2014, rendido ante Notario, no puede ser tenido en cuenta como prueba, por no reunir las formalidades sustanciales de haber sido recibido en la audiencia, así se decretara, por lo cual ningún análisis debe hacerse, ni debió hacerse por la primera instancia.
Con mayor razón las demás testimoniales que aporta la disciplinable en dicho memorial, tildándolas de “documentales”, como si por el hecho de constar en papel, los testimonios se convirtieran en documento, lo cual no es más que un craso desconocimiento del régimen probatorio. Son testimonios que desde luego se condensan en un documento, como CD, filmación, transcripción, traducción, digitación, etc, sin convertirse en otro medio de prueba.
Pero además, no pueden decretarse como pruebas por fuera de las oportunidades procesales por lo que en materia de la Ley 1123 de 2007, no existe ninguna posibilidad de decretar pruebas en la audiencia de juzgamiento, distinta de la contenida en el artículo 106, que no ocurrió en este caso, pues no fue modificada en la calificación.
Por lo tanto, los testimonios de Jorge Alí Vellojín Rueda y Hernán Barrero Zúñiga no solo han debido ser decretados en la audiencia de pruebas y calificación dentro de las oportunidades fijadas en el artículo 105 de la ley 1123 de 2007, sino que además han debido ser practicados dentro de la misma audiencia de juzgamiento, por lo cual deben declararse también inexistentes.
(…)
Respecto de que los testimonios de los quejosos son falaces y constituyen un engaño, se contradicen e incluso se muestran reacios a rendirla, dieron respuestas sin sentido, y no resisten el más mínimo análisis, no fue lo que encontró el seccional de instancia ni observa esta Sala, sino una particular apreciación de la defensa, animada por el deseo de controvertir el fallo condenatorio proferido en su contra, pero sin analizar por qué.
Mostrarse reacio a rendir un testimonio de ninguna manera indica que haya mentido ni que esto deba interpretarse a favor del disciplinable.
Nótese que para cuando son recibidos los testimonios había transcurrido algún tiempo, y que se trata de personas poco ilustradas, trabajadoras, desconocedoras del derecho y que se entrevistaron con la abogada y sus dependientes y abogados de apoyo de manera sucesiva, por lo cual cada uno tenía apreciaciones diferentes sobre los hechos.
El punto crucial de su argumentación consiste en argumentar sobre la lectura de las documentales, que contrario a lo dicho por la primera instancia, acerca de no contar con autorización expresa para disponer el derecho de sus clientes, que tanto el contrato de prestación de servicios profesionales como el poder, contenían facultades expresas para transigir, y por ello lo hizo. Pero claramente lo dijo la primera instancia, que esas facultades le sirven para que el juez aprecie que podía disponer del derecho en nombre de sus poderdantes, y por lo tanto aprobar la transacción, pero no desvirtúa la autorización que sobre el monto y términos de la transacción han debido conocer y aprobar previamente los mandantes, y que ella ha debido poner por escrito, para dejar prueba de la transparencia de su actuación.
Sostener y aceptar lo contrario, significaría que todo abogado con facultad para disponer de los derechos de sus clientes, de manera ilimitada y sin restricciones se convertiría en su mismo mandante y francamente que ninguna de las faltas disciplinarias les serían aplicables, pues por ejemplo la indiligencia la justificaría, con que está esperando a que la deuda se incremente con los intereses, aunque su cliente se encontrare presto a una liquidez, desalojo o mendicidad. Y esto no es posible.
Por ello no hay lugar a aceptar las excusas que le ofrece a esta Sala, pero no las hizo a sus clientes, a quienes sí abordó a mencionarles la posibilidad de la transacción, recibiendo de estos la respuesta de que no aceptaban sumas inferiores a las liquidadas en el proceso ordinario que durante 7 largos años soportaron. No puede olvidarse que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, y por ello el derecho es un derecho de protección de este. Mientras se tramita un proceso laboral, el trabajador nada recibe, normalmente está cesante y a la espera de que la justicia decida a su favor. Y cuando lo hace, significa que el patrono no dio su brazo a torcer, e inclusive apeló la decisión y ejerció los recursos que pudo para dilatar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Cómo pensar que cuando se ejecuta la obligación, deba rebajársele una cantidad tan descomunal, sin el consentimiento de sus clientes, y como en este caso, aun contra su voluntad, y pretender su absolución.
Las facultades procesales no son autorizaciones irresponsables que dan los clientes a los abogados para que los perjudique, sino la previsión que los abogados toman en los contratos de prestación de servicios y en los poderes para cuando se presente tal oportunidad, en la que es su deber contar con el consentimiento de sus mandantes sobre los términos y monto, pues como también se dijo, de la pírrica suma descontó sus honorarios profesionales, según la tercera acepción del diccionario de la RAE.
(…)
Por demás, no demostró ni dentro del proceso laboral ni dentro de este disciplinario, ninguna circunstancia de insolvencia de los demandados ejecutivamente, como lo dijo en primera instancia.
Y finalmente, sobre este punto, las nulidades y los recursos, como lo ilustró el a quo, no constituían ninguna razón válida para semejante rebaja tan lesiva, y aunque a los argumentos de la sentencia en este punto los tacha la defensa de suposiciones, no son más que la proyección de la supuesta gravedad de los hechos para responder a la defensa, cuyas explicaciones también podrían tacharse de suposiciones de las que no se puso al tanto a sus poderdantes, para que fueran estos, y no ella, quienes valoraran si seguían adelante, rebajaban el monto o buscaran bienes para practicar sobre ellos las medidas cautelares que se echan de menos, como lo dijo la sentencia, porque inmediatamente que presentó el proceso ejecutivo, se llevó a cabo la transacción.
Tampoco el paz y salvo es sintomático de que los quejosos supieran y autorizaran con antelación su realización, el monto y los términos de la transacción, pues ello sucedió con posterioridad a la transacción, y en su testimonios, controvertidos por la defensa, son contestes en decir que ella llegó a decirles que iba a entregarles un dinero, que ellos tan necesitados recibieron, suscribiendo el documento que la abogada les envió elaborado, y al observar su insignificancia frente a la condena patronal, consiguieron abogado, pero para entonces ya estaba aprobada la transacción, que no pudieron anular, y que tampoco fue materia de tutela. Pero el hecho de que no se hubieran transigido derechos irrenunciables, tampoco deja a salvo la responsabilidad de la abogada, pues transigibles o no, no contó con la autorización previa y expresa sobre el monto y los términos de la transacción para la cual estaba facultada en abstracto como requisito para que fuera aprobada procesalmente.
(…)
La abogada tenía que saber que no podía disponer a su antojo de los derechos de sus clientes, pues no eran los suyos propios, y tenía un poder y contrato de prestación de servicios, que eran abstractos, y que generalmente suscriben los poderdantes al desconocer los términos del derecho.
Sobre la prueba indiciaria, al tenor del artículo 86 de la Ley 1123 de 2007, debe tenerse en cuenta al momento de apreciar las pruebas, siguiendo los principios de la sana crítica.
(…)
Finalmente, no se está aplicando la figura de la lesión enorme que es de aplicación restrictiva a los casos contemplados en la ley, sino la de la lesión del patrimonio de los quejosos, quienes después de tantos años de proceso, y sin ninguna autorización dada a su abogada sobre el monto y los términos de la transacción, encuentran que se negociaron sus intereses, por casi cuatro quintas parte menos, recibiendo una quinta de los que tenían declarado a su favor. Eso lesiona el patrimonio de cualquier persona, o si no, qué diría la abogada si lo propio hubiera sucedido con sus honorarios, si los quejosos a su espalda hubieran negociado la deuda y luego pretendieran pagarle casi cuatro quintas partes menos, entregándole apenas una quinta parte de lo pactado.
Análisis de la Sala
3.2.1. Sobre el presunto defecto sustantivo por haber impuesto sanción con fundamento en un deber que no estaba previsto en ninguna norma jurídica
Lo primero que conviene dejar claro es que la sentencia del 7 de junio de 2017 confirmó la providencia judicial 26 de febrero de 2015, que sancionó a la actora por incurrir en las faltas disciplinarias previstas en los artículos 33.9 y 34.C de la Ley 1123 de 2007, esto es, por «Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad» y por «Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto».
En otras palabras, la abogada Arias Aragonez fue sancionada por una conducta, y no por una omisión, en la medida en que las autoridades judiciales demandadas reprocharon que la disciplinada hubiera transigido los derechos de los quejosos, sin que se les hubiera informado previamente el monto del arreglo.
A juicio del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, el acuerdo fue desproporcionado, por cuanto la liquidación del crédito arrojaba un valor de $ 113.396.267, mientras que la transacción se hizo por un monto de $ 35.000.000, valor sobre el que se descontarían los honorarios de la abogada Arias Aragonez. Tan es así que, como lo destacó el juez disciplinario de segunda instancia, a cada uno de los demandantes le correspondió la suma de $ 11.500.000.
Fue esa desproporción, precisamente, lo que hizo que cobrara relevancia, para el proceso disciplinario, la autorización previa de los mandantes. En estricto sentido, los jueces disciplinarios no impusieron la sanción por la ausencia de autorización previa y expresa sobre el monto de la transacción —deber que la parte actora alega como inexistente—, sino por haber ocultado información relevante a los mandantes (básicamente, sobre el monto de la transacción).
Precisamente por eso, la autorización previa y expresa demostraría que la abogada no ocultó información a los mandantes y que, por ende, no se tipifica la falta disciplinaria, porque no habría ocultado información.
Por lo tanto, no le asiste razón a la actora al sostener que la sanción fue impuesta por el incumplimiento de un deber que no estaba previsto en una norma jurídica. La sanción se impuso porque la conducta de la abogada se adecuaba en las faltas disciplinarias descritas en los artículos 33.9 y 34.C de la Ley 1437 de 2011.
3.2.2. Sobre la configuración del defecto sustantivo por falta de aplicación de las causales eximentes de responsabilidad de los numerales 3 y 6 del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007
Para que se configure el defecto sustantivo por falta de aplicación normativa, es necesario que esté demostrado plenamente el supuesto de hecho previsto en la norma y que, a pesar de eso, la autoridad judicial se niegue a aplicarla.
En el proceso disciplinario que dio origen a la presente tutela, las autoridades judiciales demandadas estimaron que no estaba acreditado que la abogada Arias Aragonez haya obrado «en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita» o «con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria».
Para la Sala, no era suficiente invocar la creencia de estar actuando sin infringir la ley disciplinaria, pues, tal y como lo concluyó la autoridad judicial demandada, de ser así, todos los disciplinables utilizarían ese argumento y jamás se impondría una sanción. La aplicación de esos eximentes de responsabilidad exige la demostración de ciertos hechos que indiquen, sin lugar a dudas: i) que la conducta deviene como legítima, a pesar de que típicamente se subsuma como falta disciplinaria, y ii) que le era imposible saber que la conducta constituía falta disciplinaria.
Como la actora no demostró hechos que permitieran inferir que actuó bajo esas causales eximentes de responsabilidad, hizo bien la autoridad judicial demandada en imponer la sanción de suspensión. Se descarta, entonces, el defecto sustantivo por falta de aplicación normativa.
3.2.3. Sobre la configuración del defecto fáctico por descartar las pruebas de la disciplinada y por sustentar la sanción únicamente en las pruebas de los quejosos
La Sala estima que el rechazo de las declaraciones extrajuicio —aportadas por la disciplinada— estuvo plenamente sustentado y consistió, básicamente, en que esas pruebas debieron ser aportadas al proceso como pruebas testimoniales y, para el efecto, debieron ser decretadas en la audiencia de pruebas y calificación y ser practicadas en audiencia de juzgamiento. Como así no se hizo, no podían ser valoradas.
En cuanto a los paz y salvo, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura explicó que ese documento fue suscrito con posterioridad a la celebración de la transacción y, por ende, no demostraba que la abogada hubiera pedido la autorización previa y expresa de los mandantes sobre el monto del acuerdo. Eso quiere decir, entonces, que las autoridades judiciales demandadas sí valoraron la prueba, cosa distinta es que no le hayan dado el alcance que pretendía la actora.
Téngase en cuenta que los paz y salvo fueron valorados de manera conjunta con las declaraciones de los quejosos, quienes afirmaron que suscribieron ese documento para recibir el dinero que tanto necesitaban, pero que nunca dieron su consentimiento sobre el monto de la transacción.
Ahora, el juez disciplinario de segunda instancia también explicó que el artículo 87 de la Ley 1123 de 2007 establece la libertad probatoria, de ahí que la prueba testimonial, al ser practicada bajo sometimiento a contradicción, es idónea para dar por probada la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado.
3.2.4. Sobre la presunta configuración del desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria
La demandante invocó la sentencia T-763 de 2010, dictada por la Corte Constitucional, y la sentencia del 9 de septiembre de 2015, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para sustentar que, conforme con los precedentes judiciales de esas corporaciones, la sanción disciplinaria solo procede cuando esté suficientemente probada la falta disciplinaria y la responsabilidad del sujeto.
En la sentencia T-763 de 2010, la Corte Constitucional se pronunció sobre fallos disciplinarios que se originaron por la pérdida de una letra de cambio y por la falta de restitución de dineros que fueron recibidos por un apoderado y que pertenecían al mandante. En esa oportunidad, además, se concluyó que la sanción disciplinaria no vulneraba los derechos fundamentales de la parte actora.
Ahora, si bien la demandante también invocó la sentencia del 9 de septiembre de 2015, dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero no identificó el número del proceso. En esas condiciones, no puede tenerse certeza de la existencia del precedente y, en todo caso, las consideraciones que se citan en el escrito de tutela, como constitutivas de precedente judicial, no guardan relación con los hechos que dieron origen al proceso disciplinario de la abogada Arias Aragonez.
Como se sabe, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
Según la doctrina sobre el precedente judicial, las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
Por lo tanto, como los casos invocados por la actora no guardaban una similitud fáctica con el proceso disciplinario que originó la presente acción de tutela, es evidente que no constituyen precedente judicial.
3.2.5. Sobre la falta de motivación
La Sala advierte que la sentencia del 7 de junio de 2017 sí estuvo debidamente motivada, pues, como se vio en las consideraciones transcritas, explicó las razones que conllevaron a confirmar la sanción disciplinaria. Se reitera, la sanción fue impuesta porque la disciplinada transigió los derechos de los quejosos de manera desproporcionada, sin haberles informado previamente el monto del arreglo, lo que tipificó las faltas de los artículos 33.9 y 34.C de la Ley 1437 de 2011.
Conclusión
Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la decisión del a quo sí estuvo ajustada a derecho, toda vez que es cierto que la sentencia del 7 de junio de 2017, dictada por el Consejo Superior de la Judicatura, no incurrió en los defectos endilgados. En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
El proceso ingresó para fallo de segunda instancia el día 21 de mayo de 2018 (folio 266 del expediente de tutela).
Folios 227-238 del expediente de tutela.
Folio 3 del expediente de tutela.
Algunos argumentos fueron adicionados mediante escrito del 25 de enero de 2018 (folios 62-79 del expediente de tutela).
ARTÍCULO 22. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:
(…)
3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita.
(…)
6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
En el escrito de tutela no se observa el número de radicación de esa providencia.
Folio 67 del expediente de tutela.
ARTÍCULO 22. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA. No habrá lugar a responsabilidad disciplinaria cuando:
(…)
3. Se obre en legítimo ejercicio de un derecho o de una actividad lícita.
(…)
6. Se obre con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:
(…)
9. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, del Estado o de la comunidad.
Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:
(…)
c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;
Numeral 3º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.
Numeral 6º del artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.
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