Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03438-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03438-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03438-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
6 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO / INDEBIDA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN PARA BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN - Cálculo / PRECEDENTE APLICABLE EN MATERIA PENSIONAL / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN - Beneficiario de la Ley 33 de 1985
[L]a Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, y reiterado en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2017 (…) las cuales, conforme a las reglas de aplicación de precedentes (…) constituían precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento (…) al determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de la actora quien, como quedó expuesto, está amparada por el régimen de transición, en virtud del cual, para la determinación del monto de la pensión, debe aplicarse la regulación anterior. A lo expresado cabe añadir que en la breve fundamentación que expone la autoridad judicial accionada para aplicar la referida norma del régimen general de pensiones, no brinda ninguna razón de carácter fáctico y jurídico para hacer este cambio abrupto e infundado de criterio y apartarse de la sólida línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado y, en particular, por la Sala Plena de la Sección Segunda de la Corporación, en relación con la determinación del Ingreso Base de Liquidación - IBL, para liquidar la pensión de jubilación para aquellas personas cubiertas por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 (…) Así las cosas, la Sala reitera que, los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional no resultan aplicables al caso del accionante y como la providencia demandada, se sustentó en lo expuesto en algunas de ellas, el cargo relativo al defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial alegado por el apoderado especial de la parte actora, se configura.
FUENTE FORMAL: LEY 33 DE 1985 / LEY 62 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 812 DE 2003
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03438-01(AC)
Actor: SOFÍA LEONILDE PAREDES MONCAYO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Sofía Leonilde Paredes Moncayo, contra el fallo de 8 de marzo de 2018 proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se negó la solicitud de amparo de los derecho fundamentales indicados supra.
La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
ANTECEDENTES
La solicitud
1. La señora Sofía Leonilde Paredes Moncayo, mediante apoderado judicial especial, presentó solicitud de tutela contra la Sala de Decisión del Sistema Oral del Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a su juicio al proferir la sentencia de 20 de octubre de 2017, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el núm. único de radicación 52001-33-33-008-2012-00187-01, le vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. La actora fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:
3. Adujo que, encontrándose amparada por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 23 de diciembre de 1993, la Caja Nacional de Previsión Social – EICE (en adelante Cajanal), mediante Resolución núm. 26145 de 31 de mayo de 2006, le reconoció una pensión mensual vitalicia por vejez, en cuantía de $630.615,43, efectiva a partir del 1º de septiembre de 2005.
4. Señaló que solicitó reliquidación de su pensión con la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, de conformidad con la Ley 33 de 29 de enero 1985.
5. Manifestó que Cajanal, mediante Resolución núm. PAP 031981 de 30 de diciembre de 2010, denegó la reliquidación de la pensión de vejez solicitada por la actora.
6. Informó que en virtud de la petición radicada el 29 de enero de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –en lo sucesivo UGPP-, como sucesora procesal de Cajanal mediante Resolución núm. RDP 1488 de 24 de abril de 2012, accedió a reliquidar su pensión de vejez en cuantía de $667,579, efectiva a partir del 1° de julio de 2007, sin comprender todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
7. Indicó que el 21 de junio de 2012, solicitó la revisión de la reliquidación reconocida, ante lo cual, la UGPP, mediante Oficio núm. ADP 2182 de 20 de septiembre de 2012, le explicó que “la solicitud […] será archivada toda vez que esta entidad ya se pronunció al respecto. […] Por lo anterior la Resolución RDP 1488 del 24 de abril de 2012, quedó en firme y por tanto no habrá lugar por parte de esta Entidad a emitir nuevamente un pronunciamiento respecto de la reliquidación de la pensión de vejez a favor de la señora Sofía Leonilde Paredes Moncayo”.
8. Inconforme con la respuesta extendida por la UGPP, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, para que se declarara la nulidad de los actos administrativos anteriormente señalados.
Sentencia de 4 de julio de 2014 proferida en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 52-001-33-33-008-2012-00187 01.
9. La mencionada providencia resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- DECLARAR la nulidad de la Resolución N° UGM 026145 del 31 de mayo de 2006 emanada de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL.
SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración ORDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL, a título de restablecimiento, reliquidar la pensión de jubilación reconocida a la Sra. SOFIA LEONILDE PAREDES MONCAYO, a partir del 1º de julio de 2007 que se liquidará con la inclusión de incremento por antigüedad, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, bonificación por servicios por servicios, prima semestral, prima de navidad quinquenio devengados por la prenombrada entre el 13 de junio de 2006 y 13 de junio de 2007 y tomando este valor deberá reliquidar las mesadas posteriores.
TERCERO.- DECLARAR que las sumas anteriores al 21 de junio de 2009, se encuentran PRESCRITAS. En consecuencia, ORDENAR a la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCAL que cancele a la actora las mesadas posteriores al 21 de junio de 2009.
[…]
10. El fundamento de la decisión fue en síntesis es el siguiente:
“[…] sin pertenecer la actora a un régimen especial, le son aplicables las Leyes 33 y 62 de 1985.
A lo dicho se agrega que para aquellos empleados ubicados en el denominado régimen de transición, se les aplica en su totalidad, el sistema anterior ya sea este especial (por ejemplo, para aquellos trabajadores pertenecientes a la Rama Judicial), o un general, para aquellos dependientes que no se encuentran favorecidos por normas exclusivas.
[…]
Así entonces, se concluye que al beneficiario del régimen ordinario, la pensión de jubilación le debe ser liquidada en un porcentaje del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS.
Ello es así, por cuanto, se aplica en su totalidad el régimen anterior, por ello, no se puede hacer uso de la disposición o de la regla que sobre dicho ítem, establece el art. 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco las disposiciones previstas en la Ley 797 de 2003, sino que, por el contrario ha de acudirse a la legislación anterior en su totalidad, pues ese es el beneficio de hacer parte del régimen de transición. […]”
Apelación de la sentencia, proferida en primera instancia, por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 52-001-33-33-008-2012-00187 01.
11. La entidad demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, solicitando su revocatoria, y en su lugar, que se negaran las pretensiones de la demanda, en cual manifestó que:
“[…] En atención a la naturaleza del proceso sometido a conocimiento del Honorable Magistrado, en el cual, la controversia versa sobre el reconocimiento de la pensión de la demandante, cobijada por el régimen de la Ley 33 de 1985, se solicita, muy respetuosamente acudir al criterio expuesto por la H. Corte Constitucional, en sentencia C-258 de 2013, con ponencia del Dr. José Ignacio Pretelt Chaljub, mediante la cual al hacer el análisis de Constitucionalidad el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, resolvió lo siguiente:
[…]
Nótese que en la providencia en cita se emite un imperativo, que como tal es ineludible cumplimiento, cuyo fundamento radica en la aplicación de un criterio general, consistente en que el monto de las mesadas pensionales corresponderá única y exclusivamente a los factores salariales efectivamente cotizados. Y tal criterio, encuentra asidero en los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad del sistema de seguridad integral, que sirvieron de fundamento para la H. Corte Constitucional, para emitir su decisión. En la aludida providencia se dijo:
[…]
De esta forma, se debe estimar que el criterio jurisprudencial expuesto debe ser aplicado a aquellos casos en los cuales se discuta el monto pensional de servidores públicos beneficiarios del régimen de transición, como quiera que lo que se procura, es velar por la sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema de seguridad social integral, aplicando una regla común, sin distinción o excepción alguna, en donde el monto de la pensión corresponderá a lo que efectivamente se aportó al sistema.
Le sirvieron de fundamento, así como los principios generales antes citados, es preciso adoptar medidas en caminadas a salvaguardar los recursos que serán a la postre los empleados para el reconocimiento y pago de las pensiones, siendo lo más equitativo, reconocer el monto de la pensión en proporción directa a lo real y efectivamente cotizado por el trabajador. […]”
Sentencia de 20 de octubre de 2017 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 52-001-33-33-005-2013-00482-00
12. El Tribunal Administrativo de Nariño, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: REVOCAR, la sentencia del 4 de julio de 2014 y la providencia que la adicionó, del 15 de agosto de 2014, proferidas, por la señora Juez Octava Administrativa del Circuito de Pasto, y en su lugar, NEGAR, las pretensiones de la demanda. Se confirma el ordinal cuarto del fallo del 4 de julio de 2014.
SEGUNDO: CONDÉNASE, a la parte demandante, y a favor de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, al pago de las costas procesales de primera instancia y segunda instancia.
Estas serán liquidadas, por la Secretaría del Juzgado de primera instancia, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 365 y siguientes de la Ley 1564 del 2012. […]”.
13. En primer lugar señaló que frente al caso no iba a aplicar el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, sino que por el contrario el precedente aplicable para resolver el problema jurídico planteado era la sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional. En ese orden de ideas, señaló que:
“[…] Nótese que en la providencia en cita se emite un imperativo, que como tal es de ineludible cumplimiento, cuyo fundamento radica en la aplicación de un criterio general, consistente en que el monto de las mesadas pensionales corresponderá única y exclusivamente a los factores salariales efectivamente cotizados. Y tal criterio, encuentra asidero en los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad del sistema de seguridad social integral, que sirvieron de fundamento para la H. Corte Constitucional, para emitir su decisión. Igualmente anotó que respecto de los beneficiarios del régimen de transición, las reglas de ingreso base de liquidación (IBL) aplicables son aquellas previstas en el inciso tercero del artículo 36 de (sic) Ley 100 […]”.
13.1. Indicó que si bien es cierto la sentencia C-258 de 2013, hace referencia a las pensiones “ más altas” y concretamente a las percibidas por los Congresistas y Magistrados de las Altas Cortes, lo anterior no impide que sus efectos jurídicos se extiendan a otros casos, toda vez que consultando a las normas jurídicas que le sirvieron de fundamento, así como a los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad del sistema de seguridad social integral, es necesario adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los recursos a favor de los empleados para el reconocimiento y pago de sus pensiones.
13.2 El Tribunal al resolver el caso concreto, indicó que:
“[…] no obstante, como se indicó en el acápite anterior sobre la aplicación de la sentencia C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 22 de junio de 2017, en cuanto al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 habrá de respetarse la edad, el tiempo de servicios y la tasa de remplazo (sic) ( o monto). No obstante en lo que respecta a IBL se entendería constituido por el promedio de lo percibido por el actor en los (10) últimos años de servicios o el tiempo que le hiciere falta y por su puesto (sic) con base en los factores salariales previstos en los decretos reglamentarios de la Ley 100 de 1993 y que se entienden sobre los cuales se efectuó cotizaciones o aportes por parte del empleador y trabajador.
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
14. La parte actora solicitó en su escrito de tutela:
“1-.Que se ordene tutelar el derecho fundamental de mi mandante (…) a la igualdad, a la seguridad social, a la favorabilidad y al debido proceso y en su lugar disponer que el H. Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral proceda a fallar el proceso de conformidad con el precedente jurisprudencial vertical establecido por el H. Consejo de Estado en sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 (…) fallo ratificado en reciente sentencia de unificación del H. Consejo de Estado del 25 de febrero de 2016 (…), los cuales ordenó tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación con la Ley 33 de 1985 el 75% de TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS”.
Actuación
15. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 18 de diciembre de 2017, admitió la acción de tutela presentada por la actora y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, concediéndoles el término de tres (3) días para que contestaran. De igual manera, dispuso vincular al Juez Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y al Director General de la UGPP, en su calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.
Informes de la parte accionada
16. La magistrada Gloria Doris Álvarez García del Tribunal Administrativo de Nariño, mediante escrito aportado el 17 de enero de 2018, solicitó que se negara el amparo invocado, en atención a que la providencia cuestionada estuvo debidamente sustentada en un análisis juicioso de todas y cada una de las pruebas obrantes en el plenario, habiendo confrontando los hechos probados con la jurisprudencia aplicable al asunto en particular.
17. Adujo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 29 de marzo de 2017, puso de presente que, si bien existen dos posiciones jurídicas entorno a la reliquidación pensional -la de la Corte Constitucional y la del Consejo de Estado-, el juez natural del asunto, en virtud de los principios de autonomía e independencia judicial, podía acoger una de tales posturas en tanto que ambas son jurídicamente válidas. Así, el hecho de optar por una de las posiciones jurídicas no significaba que una prevalezca por sobre la otra y, en esa medida, tampoco, que el juzgador incurra en defecto sustantivo o en desconocimiento del precedente, por lo que la tutela no es el mecanismo idóneo para decidir asuntos respecto de los cuales existen diversas posturas.
18. El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, mediante escrito aportado el 24 de enero de 2018, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de amparo, al considerar que no reúne los requisitos generales y específicos de procedibilidad; que no demuestra el acaecimiento de un perjuicio irremediable, la afectación a la vida digna, al mínimo vital o al debido proceso; que no es la vía procesal adecuada para reclamar el pago de prestaciones periódicas; y que su objeto es sustituir una decisión judicial ejecutoriada, que hizo tránsito a cosa juzgada y que fue proferida por el juez natural de la causa respetando el principio de la doble instancia, lo cual atenta contra la autonomía judicial.
19. El Juez Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, guardó silencio,
La sentencia impugnada
20. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de marzo de 2018, negó la solicitud de amparo presentada por la actora, en consideración a que la autoridad judicial demandada acertó al haber aplicado el precedente fijado por la Corte Constitucional según el cual “del régimen de transición no hacen parte los factores salariales ni el ingreso base de liquidación [previstos en los sistemas pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993], y que tales factores son, únicamente, los que tienen carácter remunerativo del trabajo y sobre los cuales se hubieran realizado aportes al sistema de seguridad social”.
20.1 Señaló que frente a los factores y el período a liquidar que debe cubrir el régimen de transición que establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, han existido posiciones jurisprudenciales contrarias entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, toda vez que para la primera, este no incluye el ingreso base de liquidación – IBL, y para el segundo, aquél sí es un elemento que está cobijado por este régimen.
20.2 Al resolver el caso concreto adujo que:
“[…] Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU-230 de 2015, cuya posición prima frente a las demás altas Cortes, por ser el órgano encargado de la guarda de la Constitución, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).
De lo anterior se desprende, que al ser esta la posición de la Corte Constitucional, expuesta en el marco de un análisis de constitucionalidad, debe ser este el precedente aplicable; consistente en que la interpretación correcta del mencionado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ha estado dirigida, entre otros a que el IBL para quienes estuvieron amparados por el régimen de transición quedará regido por la Ley 100 de 1993 (art. 21 y 36), y no por las normas de los sistemas pensionales anteriores a la misma. Lo anterior, toda vez que con éste se recoge cualquiera otra posición contraria, por el alcance que tienen, se reitera, las sentencias de constitucionalidad que dicta la Corte Constitucional, respecto de las cuales, criterios como el de favorabilidad, entre otros, no tienen aplicación, si se tiene en cuenta que es la sentencia de constitucionalidad la que fija el alcance de la norma y marca el sentido que siempre ha tenido la disposición que analiza.
Por su parte, la actora, se encuentra inmerso en el régimen de transición pensional, aspecto que no fue objeto de debate, y que como consecuencia exige que el cálculo de su pensión se realice con el promedio de los factores salariales cotizados durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior o inferior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993.
El Tribunal Administrativo de Nariño concluyó que en el ingreso base de liquidación deben incluirse todos los factores salariales respecto de los cuales se hayan hecho efectivas las correspondientes cotizaciones por los tutelantes en los últimos 10 años de servicio anteriores a la adquisición del estatus de pensionada […]”.
La impugnación
22. La señora Sofía Leonilde Paredes Moncayo solicitó que se revoque la sentencia proferida en primera instancia, aduciendo que debió aplicarse el precedente establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en cuanto a la forma en que debe calcularse el ingreso base de liquidación, puesto que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, las sentencias de las altas cortes son obligatorias para los jueces y tribunales de la jurisdicción respectiva; y además, porque sólo esa postura armoniza con el principio de inescindibilidad de la ley establecido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo; con el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo; y con la Constitución.
23. De igual forma, expresó su inconformidad frente a que la misma Corte Constitucional haya variado su posición sobre la materia, asegurando que esto afecta su confianza legítima. Así pues, sugirió que el precedente establecido en la sentencia SU-230 de 2015 fuera aplicado sólo en aquellos casos en que la controversia judicial sea planteada con posterioridad a la publicación de dicha providencia.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
24. La Consejera de Estado, doctora María Elizabeth García González, manifestó encontrarse impedida para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito de 2 de mayo de 2018, invocando para ello la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
25. Lo anterior, al considerar que tiene un interés directo en las resultas del proceso, dado que el asunto definido en la sentencia objeto de tutela tiene que ver con el alcance de las Sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, proferidas por la Corte Constitucional y el régimen pensional de los Congresistas, que de conformidad con lo previsto en la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992 y el Decreto 1359 de 12 de julio de 1993, se encuentra relacionado con el régimen pensional de los Magistrados de las Altas Cortes.
26. Los demás Magistrados que conforman la Sección Primera del Consejo de Estado, a través de auto proferido el 10 de mayo de 2018, declararon fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado doctora María Elizabeth García González, al encontrar que la sentencia objeto de inconformidad en la presente acción de tutela, aplicó las reglas jurisprudenciales establecidas en la sentencia C-258 de 2013, proferida por la Corte Constitucional y en consecuencia quedó separada del conocimiento del presente asunto.
Competencia de la Sala
27. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
28. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas Jurídicos
29. Corresponde a la Sala establecer si: i) es procedente la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño al proferir de 20 de octubre de 2017 que revocó la sentencia de 4 de julio de 2014 proferida en primera instancia por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Pasto y negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó la actora contra la UGPP con el propósito que se declarara la nulidad de la Resolución UGM 026145 del 31 de mayo de 2006 ; en caso de ser procedente, ii) si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados, por incurrir en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado.
30. A fin de resolver tales interrogantes, para esta Sala resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
30.1 Posteriormente y en caso de acreditarse el cumplimiento de los requisitos generales, procederá a solucionar el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, para lo cual se estudiará: iii) el defecto sustantivo y los presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial del Consejo de Estado como Tribunal de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; v) el defecto por desconocimiento del precedente constitucional; vi) los aspectos vinculantes de las decisiones en sede de revisión de decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela; vii) la protección internacional del derecho a la seguridad social y la protección de la seguridad social en el ordenamiento interno; viii) el desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones; capítulo en el que se estudiará: el alcance e interpretación del artículo 36 de la Ley 100 y de la Ley 33 de 1985; el alcance restrictivo de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-472 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017 SU 023 de 2018 y el reconocimiento pensional con fraude a la ley o abuso del derecho. Finalmente, la Sala procederá al estudio de ix) los hechos probados; x) el caso concreto y xi) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
31. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
32. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
33. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
34. Además de estas exigencias, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que la propia Corte Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.
35. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
36. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer orden, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]” que encaje en dichos parámetros.
37. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
38. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
El caso concreto
39. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
40. En el caso bajo examen, la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, dado que:
i) Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional;
ii) Cumplió con el principio de inmediatez;
iii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados;
iv) Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;
v) La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
vi) No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
41. Ahora bien, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos generales y para efectos de determinar si se vulneraron los derechos fundamentales invocados en la solicitud de tutela presentada por el actor, la Sala abordará el estudio del caso concreto para lo cual reiterará las conclusiones expuestas por esta Sala de decisión en sentencia de 8 de junio de 2018 relacionadas con: i) el defecto sustantivo y los presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales; ii) el desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones; y iii) el criterio adoptado por el Consejo de Estado respecto de las decisiones de la Corte Constitucional en materia de Ingreso Base de Liquidación. Finalmente, se procederá con el análisis del caso concreto.
Defecto sustantivo y los presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales
42. La Sala procede a abordar el estudio general del defecto sustantivo y, posteriormente, el defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial.
El defecto sustantivo en providencias judiciales
43. En lo concerniente al defecto sustantivo, la jurisprudencia ha establecido que este defecto se presenta cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, o porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
44. Dicho entendimiento implica que los funcionarios judiciales tienen independencia y autonomía (artículo 228 de la Constitución) para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto y determinar su forma de aplicación pero, en todos caso, con sujeción a la Constitución, la ley; asimismo, con fundamento en el artículo 230 de la Constitución Política, la independencia y autonomía de los jueces está limitada por la interpretación que por vía de autoridad hayan fijado, dentro del ámbito específico y concreto de sus competencias, los órganos de cierre de cada jurisdicción; entiéndase: el Consejo de Estado en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la Corte Suprema de Justicia en la Jurisdicción Ordinaria y la Corte Constitucional, en la Jurisdicción Constitucional.
45. De manera particular, respecto del defecto sustantivo por interpretación indebida de una disposición legal, esta Corporación ha sostenido que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles. Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001, la Corte Constitucional explicó que la divergencia de criterio entre autoridades judiciales, sobre la interpretación acogida por el juez natural del proceso, no invalida su actuación cuando se muestra como una vía de derecho distinta que no resulta manifiestamente contraria a la normativa vigente.
46. Ahora bien, de forma específica, la Corte Constitucional, sobre las formas de configuración del defecto sustantivo en providencias judiciales ha manifestado que se pueden presentar cuando la decisión judicial cuestionada: i) se funda en una norma que no se encuentra vigente por haber sido derogada, o por haber sido declarada inconstitucional; ii) desconoce, por interpretación o aplicación, las sentencias con efectos erga omnes que han definido el alcance de la norma; iii) interpreta o aplica la norma sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; iv) se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma es claramente inconstitucional para el caso concreto; v) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada; vi) cuando se le reconocen a la norma en cuestión efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
47. Atendiendo al marco constitucional referido, esto es los artículos 228 y 230 de la Constitución que garantizan la independencia y autonomía de los jueces, la jurisprudencia constitucional ha restringido la configuración del defecto sustantivo a eventos concretos. Así y por ser relevante para este caso concreto, la Sala resalta que una decisión judicial adolece de un defecto sustantivo cuando, entre otras, el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la Jurisdicción Constitucional como de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
48. Así las cosas, es claro que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en especiales circunstancias, se puede configurar un defecto sustantivo por interpretación normativa cuando el juez, en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores o a partir del desconocimiento del precedente jurisprudencial. En relación con este último, la Sala procede a explicarlo en el siguiente capítulo con mayor detalle.
El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial
49. En relación con el defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo como el “[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]”. En ese orden, se reitera: solamente el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
50. En ese orden, la Sala precisa que se debe diferenciar el concepto de precedente judicial de los conceptos de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, conforme se explica a continuación.
50.1. La Corte Constitucional en sentencia T-102 de 2014 definió el antecedente jurisprudencial como la decisión dictada dentro de una controversia anterior “[…] que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio […]” y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.
50.2. El artículo 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 definió la doctrina probable de la siguiente forma: “[…] tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores […]”. La Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001 se refirió a la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable en el sentido de señalar que:
“[…] La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema [en este caso del Consejo de Estado] es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas [...]” (Destacado de la Sala).
50.3. Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.
50.4. Conforme con lo previsto en el artículo 270 de la Ley 1437 “[…] se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes y poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.
50.5. La Corte Constitucional en sentencia C-179 de 2016, en lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, consideró:
“[…] Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.
Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta Corporación, en la Sentencia C-588 de 2012, al señalar que:
“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado […]” (Destacado de la Sala).
51. Expuesta la diferencia entre los conceptos de precedente judicial, antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, la Sala recuerda que la aplicación del precedente judicial en un caso determinado busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
52. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía -precedente vertical- o por el mismo juez -precedente horizontal-
53. Sin embargo, la misma Corte Constitucional ha precisado que la regla del respeto del precedente no es absoluta debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
54. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
55. En efecto, la Sala ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
56. En este punto, resulta esencial distinguir la diferencia señalada por esta Sala de decisión en sentencia de 8 de junio de 2018 entre: i) el defecto derivado del desconocimiento de un precedente fijado por el Consejo de Estado, en el cual se haya fijado la interpretación y alcance de una disposición de orden legal atendiendo a su atribución constitucional como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y órgano de cierre de la Jurisdicción, de ii) aquel derivado del desconocimiento de decisiones proferidas por la Corte Constitucional.
Defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial de Tribunal de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
57. Esta Sala consideró en la sentencia de 8 de junio de 2018 que el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado surge como un ataque al debido proceso en tanto desconoce la forma de aplicar las normas en casos concretos que ha sido establecida por el órgano de cierre de la Jurisdicción, en desarrollo de su deber de unificar la jurisprudencia. Lo anterior en tanto dicho desconocimiento implica una afectación del principio de igualdad pues conduce a dar soluciones distintas a problemas jurídicos semejantes y a reconocer derechos a unos y negarlo a otros, aunque compartan los mismos supuestos de hecho y de derecho que deberían llevar a aplicar la norma de manera uniforme.
58. En este sentido, la Corte Constitucional ha establecido que una interpretación armónica de los artículo13 y 229 permite concluir que el derecho a acceder igualitariamente ante los jueces implica no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de jueces y tribunales ante situaciones similares, lo cual implica, además, que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.
59. Este derecho a la igualdad en la aplicación de la ley se ha concretado a través de la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado, como órgano de cierre de la Jurisdicción y respecto de la cual la Corte Constitucional se ha pronunciado desde los primeros desarrollos jurisprudenciales y, especialmente, en vigencia de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, al realizar el control de constitucionalidad del artículo 257, relativo al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
60. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional consideró, en relación con las sentencias de unificación de jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, que “[…] Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo […]” y que, en todo caso, ello no significaba que las demás sentencias del Consejo de Estado perdieran su valor como precedente del órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
61. En relación con la observancia del precedente, resulta imperioso tener en cuenta que, conforme con el artículo 103 de la Ley 1437, “[…] En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga […]” (Destacado de la Sala).
62. En cuanto a este deber de motivar con suficiencia y de manera expresa las razones para apartarse de los criterios fijados en precedente vertical, el Consejo de Estado en sentencia de 5 de abril de 2011, señaló que “[…] El respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones (ordinaria, contencioso administrativa y constitucional) no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de obligatorio cumplimiento […]” y agregó que “[…] No obstante lo anterior, el respeto al precedente judicial no puede ser entendido de manera absoluta, pues no se trata de petrificar la interpretación judicial ni de convertir el criterio de una autoridad en el único posible para resolver un asunto concreto, simplemente se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente […]”.
63. De igual forma, respecto de las proyecciones de la jurisprudencia de los órganos de cierre entre distintas jurisdicciones, esta Sala reiteró que, conforme al concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de 16 de febrero de 2012, “[…] el precedente fijado por la jurisdicción ordinaria o por la contencioso administrativa, no se vuelve vinculante para la otra, pues cada una, dentro de su propia autonomía, puede establecer las reglas de interpretación de los asuntos sometidos a su conocimiento […]”.
64. Asimismo, la Sala recordó que la misma Corte Constitucional, al pronunciarse sobre una acción de tutela presentada por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, resaltó la importancia de seguir los precedentes de los órganos de cierre, de los cuales solo es posible apartarse cumpliendo la mayor carga argumentativa que ponga de presente las razones que obligan a no seguir el criterio fijado por los Tribunales de cierre como el Consejo de Estado.
65. De lo anterior esta Sala, en la sentencia de 8 de junio de 2018, concluyó lo siguiente:
“[…]
Todas las sentencias de unificación del Consejo de Estado, conforme al artículo 271 de la Ley 1437, tienen valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo y, en este orden, su desconocimiento injustificado constituye un defecto que vulnera el debido proceso.
De manera particular, las sentencias de unificación del Consejo de Estado constituyen precedente vinculante para los tribunales y jueces conforme con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia antes citada, de modo que el criterio jurisprudencial establecido por el órgano de cierre solo puede ser modificado por éste.
En el evento en que un tribunal o un Juez considere que el precedente no es aplicable al caso concreto y decide apartarse de él, debe: (i) exponer las razones claras, lógicas y precisas que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores; y (ii) esbozar argumentos suficientes y razonados, a partir de los cuales debe darse una respuesta diferente al problema jurídico planteado. Lo anterior, en tanto, “[…] no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior […]”.
Además, el desconocimiento de una sentencia de unificación hace incurrir al Tribunal en un defecto sustantivo que faculta al usuario judicial a interponer acción de tutela, en aquellos casos en los cuales no resulte viable acudir al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual está limitado al cumplimiento de unos requisitos que no en todos los eventos se reúnen, particularmente en aquellos en los cuales ese desconocimiento se produce en la decisión del Tribunal Administrativo que revoca la decisión de primera instancia, caso para el cual el legislador no previó dicho recurso extraordinario […]”.
66. En ese orden, la sujeción al precedente busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
Defecto por desconocimiento de precedente de la Corte Constitucional
67. Esta Sala ha considerado que también puede causarse una violación del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional; defecto que ha sido categorizado por la misma Corte como autónomo.
68. Ahora bien, en atención a que las providencias de la Corte Constitucional pueden tener distinto origen y, por tanto, alcance; con miras a resolver los problemas jurídicos propuestos por el actor y en los precisos términos señalados por esta Sala en la sentencia de 8 de junio de 2018, resulta pertinente hacer una referencia sucinta al carácter vinculante y los efectos de las decisiones adoptadas en control abstracto de constitucionalidad de disposiciones legales, es decir, sentencias C, y en las sentencias de unificación proferidas en sede de revisión de acciones de tutela o control concreto de constitucionalidad -sentencias SU-.
Aspectos vinculantes de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en sede de control abstracto de constitucionalidad
69. En relación con las decisiones que dicta la Corte Constitucional con ocasión de las demandas presentadas en ejercicio de la acción pública de control de constitucionalidad, del control previo de constitucionalidad, o del control constitucional de leyes aprobatorias de tratados internacionales, de conformidad con el artículo 243 de la Constitución, hacen tránsito a “[…] cosa juzgada constitucional […]” y “[…] Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución […]”.
70. El Decreto 2067 de 4 de septiembre de 1991, sobre los efectos de las decisiones adoptadas en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, preceptúa, en sus artículos 21 y 23, que las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional, son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares y que la doctrina constitucional enunciada en las sentencias de la Corte Constitucional, mientras no sea modificada por ella, será criterio auxiliar para las autoridades y corrige la jurisprudencia. La norma señala, además, que “[…] las modificaciones a la doctrina existente, deberán ser explícitas en la sentencia […]”.
71. Del alcance de estas decisiones igualmente se ocupa la Ley 270 de 7 de marzo de 1996 que, en el artículo 48, dispone que las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen los siguientes efectos: i) las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, solamente serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general; y ii) las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
72. Al efectuar el control previo de constitucionalidad de esta disposición estatutaria, en la sentencia C-037 de 2006, la Corte Constitucional hizo varias precisiones respecto del carácter vinculante de sus sentencias de constitucionalidad, excluyendo de éste efecto a las consideraciones incorporadas en los textos de las sentencias que no fundamentan la decisión adoptada en la parte resolutiva -obiter dicta-.
73. En síntesis, como se expuso en sentencia anterior proferida por esta Sala, la jurisprudencia constitucional, con apoyo en los artículos 230 y 243 de la Constitución Política, determina que las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas tienen un carácter obligatorio en relación con dos partes: la resolutiva y aquellos apartes de la motivación que guardan relación necesaria e inescindible con aquella, pues son los que constituyen su fundamento esencial. Las demás consideraciones, argumentos o análisis de los cuales no dependa la decisión de exequibilidad o inexequibilidad de la norma sometida a control, son criterios auxiliares no obligatorios, para los tribunales y jueces administrativos.
74. En orden a esclarecer cuáles de los argumentos planteados por la Corte Constitucional en las sentencias de constitucionalidad tienen carácter vinculante, es necesario tener en cuenta cuáles normas fueron objeto de control automático o fueron demandadas y si la Corte Constitucional, en éste último caso, dispuso la integración de la unidad normativa con otras disposiciones, a efectos de ampliar la revisión constitucional a otros textos legales estrechamente relacionados con las normas demandadas.
75. Esta precisión resulta relevante como quiera que, de acuerdo con el artículo 241 de la Constitución, cuando se trata de resolver las demandas presentadas por los ciudadanos en ejercicio de la acción de control de constitucionalidad, prevista en el artículo 241 de la Constitución Política, la competencia de la Corte Constitucional está enmarcada por las normas demandadas y aquellas que sea imprescindible integrar para resolver el problema jurídico expuesto en la demanda, en razón a que la Corte no tiene la potestad para hacer control de oficio de cualquier disposición del ordenamiento jurídico si esta no ha sido demandada o la Constitución no ha previsto el control previo o automático.
76. Cabe destacar que la Corte Constitucional, admitiendo que el uso de la integración de la unidad normativa puede reprocharse porque no garantiza el debate por los intervinientes en el trámite de la acción de control de constitucionalidad, ha unificado la jurisprudencia en orden a fijar una serie de reglas para apelar a dicha figura.
Aspectos vinculantes de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en sede de revisión de decisiones judiciales, relacionadas con la acción de tutela
77. A propósito de la acción de tutela, el artículo 86 de la Constitución Política precisa que es un mecanismo instituido para “[…] la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública […]”, y que “[…] La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo […]”, a través de una sentencia que, en todo caso, será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión; función establecida en el artículo 241, numeral 9, de la Constitución Política.
78. En punto a los efectos de las decisiones que adopta la Corte Constitucional en cumplimiento de esta función, el Decreto 2591 de 1991, preceptúa que: “[…] Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta […]” (Destacado de la Sala).
79. Haciendo claridad en el sentido que los efectos de esta clase de sentencias son distintos a las dictadas en control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995 resaltó que “[…] Si el juez tiene dudas sobre la constitucionalidad de la ley, el criterio del intérprete supremo de la Carta deb[e] guiar su decisión […]”. Señaló, además, que “[…] salvo las decisiones que hacen tránsito a la cosa juzgada, las interpretaciones de la Corte constituyen para el fallador valiosa pauta auxiliar, pero en modo alguno criterio obligatorio, en armonía con lo establecido por el artículo 230 Superior […]”.
80. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, al revisar el artículo 48 de la Ley Estatutaria 270, precisó el alcance de los efectos de estas sentencias al señalar que “[…] sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36) […]” pero que, “[…] [s]in embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución […]”. Finalmente, la Corte Constitucional agrega que “[…] las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad […]” (Destacado de la Sala).
81. Es decir, al fijar la interpretación constitucional de la norma estatutaria antes referida –artículo 48 de la Ley 270-, al hacer el control abstracto de la misma, la Corte Constitucional determinó que debe entenderse que “[…] las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad […]”.
82. Siguiendo el mismo criterio, la Corte Constitucional, en la sentencia T-233 de 2017, fijó el criterio según el cual “[…] las autoridades administrativas y judiciales al emitir una decisión de su competencia no solo deben tener en cuenta el precedente jurisprudencial de su respectivo superior jerárquico sino que, al mismo tiempo, deben tener en cuenta de forma preferente y prevalente los pronunciamientos del máximo órgano Constitucional, de manera que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia […]” y sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad y agregó que “[…] es obligatorio para la autoridad darle prioridad al precedente jurisprudencial constitucional antes que a los pronunciamientos de su jurisdicción, por cuanto este deber nace del sometimiento general a la Constitución Política y, por ende, a las decisiones de su máximo interprete […]”.
83. Como explicó esta Sala en la sentencia de 8 de junio de 2018, esta afirmación de la Corte Constitucional ha sido entendida por algunos funcionarios y Corporaciones judiciales como la sujeción absoluta irrestricta a todo aquello que exprese la Corte Constitucional en sus decisiones, aunque se trate de referencias que no integran la ratio decidendi de sus decisiones, o alocuciones que de eliminarse no restarían soporte jurídico a sus decisiones.
84. Esta amplitud de lo que se entiende por precedente vinculante de la Corte Constitucional no se ajusta a las previsiones de los artículos 230, 237, 241 y 243 de la Constitución Política, en tanto, como lo ha expresado en forma clara y reiterada la misma Corte, las decisiones de revisión de tutela, incluso las de unificación en materia de tutela, tienen carácter prevalente respecto de las adoptadas por los órganos de cierre de otras jurisdicciones, solo en “[…] materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general […]”, por manera que esta prevalencia no aplica respecto de aquellas consideraciones que involucran la interpretación estrictamente legal que pueda hacer la Corte Constitucional al entrar a resolver una solicitud de amparo en concreto. En tales eventos y atendiendo a la función de unificación de la jurisprudencia que tiene el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, serán los fallos de esta Corporación los que constituyen el parámetro de interpretación y precedente vinculante para los Tribunales y Jueces de la mencionada Jurisdicción, conforme se indicó en el acápite anterior.
85. Esta conclusión no solo se desprende del alcance dado a la atribución contenida en el artículo 237, numeral 1, de la Constitución, y cuyo titular es el Consejo de Estado, sino además porque considerar que mediante un fallo de revisión de tutela la Corte Constitucional puede definir cuál es la aplicación e interpretación con criterio de autoridad que debe tener un texto legal –no la Constitución– vaciaría las competencias de los demás órganos de cierre que integran la rama judicial; también genera, como ha sucedido en algunos eventos, inseguridad jurídica y rompe con el equilibrio derivado del respeto al principio de juez natural, que implica la resolución de los conflictos con sujeción a las competencias especializadas y a las funciones atribuidas a las distintas Corporaciones judiciales de cierre.
86. Lo anterior igualmente implica reconocer que la interpretación constitucional del texto legal, realizada por la Corte Constitucional en una sentencia de control de constitucionalidad ciertamente vincula tanto al Consejo de Estado como a las demás autoridades judiciales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; pero en ausencia de ésta, corresponde al Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo fijar los parámetros de aplicación de la normativa a través de sus fallos o sentencias de unificación, cuyo carácter de precedente vinculante fue resaltado en precedencia.
87. Otro aspecto a considerar en relación con la sujeción a los precedentes es el relativo a los eventos y condiciones para el cambio de jurisprudencia, respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado que corresponde a la Alta Corte que la estableció, cambiar su postura mediante una decisión suficientemente motivada; postura reafirmada por la misma Corte Constitucional en la sentencia SU-047 de 1999 que, con ponencia de los magistrados Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, consideraron que “[…] Si bien las altas corporaciones judiciales, y en especial la Corte Constitucional, deben en principio ser consistentes con sus decisiones pasadas, lo cierto es que, bajo especiales circunstancias, es posible que se aparten de ellas. Como es natural, por razones elementales de igualdad y seguridad jurídica, el sistema de fuentes y la distinta jerarquía de los tribunales implican que estos ajustes y variaciones de una doctrina vinculante sólo pueden ser llevados a cabo por la propia Corporación judicial que la formuló. […]” (Destacado de la Sala).
88. En síntesis, de lo expuesto y conforme a las disposiciones Constitucionales y legales referidas, esta Sala de decisión, en sentencia de 8 de junio de 2018, fijó las siguientes reglas para la aplicación de los precedentes y para la determinación de la procedencia del amparo por desconocimiento de precedente, así:
“[…]
Si la norma aplicable fue sometida a control de constitucionalidad, la interpretación será la efectuada por la Corte Constitucional al resolver la demanda de inexequibilidad o al efectuar el control automático.
Si la norma no ha sido sometida a dicho control pero existe una sentencia de unificación del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, los tribunales y jueces de la Jurisdicción de lo contencioso Administrativo deben sujetarse al criterio adoptado en tal sentencia de unificación.
Lo anterior como quiera que es menester advertir que el Consejo de Estado, en sus decisiones, está obligado a hacer una lectura constitucional del ordenamiento jurídico, y así lo ha hecho al cumplir su función unificadora y fijar el alcance de las disposiciones legales, entre otras, a través de las sentencias de unificación, en tanto “Toda norma positiva tiene en última instancia una base constitucional”. Pero, además, porque, dado el reconocido carácter vinculante de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, si los juzgados y tribunales hacen caso omiso de los criterios unificados se abre paso al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Si no existe sentencia de unificación del Consejo de Estado sobre el asunto, el funcionario judicial estará vinculado en la solución del caso a lo resuelto en la jurisprudencia de ésta Corporación en casos análogos, salvo que sobre el mismo asunto exista una sentencia de tutela en la cual, a partir y con evidente sustento en la interpretación de normas constitucionales o de los derechos fundamentales se plantee en la ratio decidendi una solución a un problema jurídico semejante, que resulte en mayor medida compatible con los preceptos constitucionales y los derechos fundamentales, lo cual habrá de explicarse con suficiencia, conforme al artículo 103 del CPACA, en el texto de la providencia que expida la Corporación o el funcionario judicial.
En el evento en que no exista un precedente vertical a atender, el funcionario judicial, por virtud del principio constitucional de igualdad está vinculado al ejercicio hermenéutico de las disposiciones aplicables al caso concreto que ya ha realizado en otras sentencias proferidas anteriormente (precedente horizontal), salvo, como en todos los eventos, que argumente con claridad y suficiencia porqué no es aplicable el criterio sentado en otras decisiones frente a casos similares y porqué se aviene más al contenido y alcance de la disposición legal un nuevo criterio.
La regla de decisión de una sentencia de unificación de tutela que no constituya una interpretación de una norma constitucional o que no fije el alcance de un derecho fundamental constituyen criterio auxiliar, pero no obligatorio, por manera que carecen de la fuerza vinculante de los precedentes.
En atención a que la regla del respeto del precedente no es absoluta, atendiendo al deber constitucional de motivar las decisiones judiciales, en caso de no observar el precedente aplicable, el funcionario judicial está obligado a exponer con claridad, suficiencia, objetividad y precisión las razones de orden jurídico por las cuales el criterio fijado en una sentencia por el Consejo de Estado no es atendible en el caso concreto, pero además le es imperativo satisfacer la mayor carga argumentativa para explicar por qué en el evento sub judice se impone dar otra solución. No siendo suficiente aducir la existencia de una sentencia en sentido diverso proferida por otra autoridad judicial de la misma o de otra jurisdicción, aunque haya sido proferida con posterioridad, en tanto lo que prevalece, en materia de precedente son las reglas antes previstas.
En el análisis de la procedencia de la acción de tutela por desconocimiento de precedente, bajo la perspectiva de las reglas antes previstas y considerando que se debe examinar en virtud del principio de seguridad jurídica, no será posible dejar sin efectos una providencia judicial en sede de tutela, si la misma ha sido proferida conforme a la jurisprudencia vinculante existente al momento de proferir la providencia, aunque pueda resultar incompatible con desarrollos jurisprudenciales posteriores […]”.
89. Expuesto el marco por desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, la Sala procede a realizar unos breves desarrollos sobre el derecho a la seguridad social en el marco internacional y explicará los desarrollos normativos y jurisprudenciales sobre el Ingreso Base de Liquidación y el alcance e interpretación del artículo 36 de la Ley 100.
Protección internacional del derecho a la seguridad social
90. La Sala Considera importante indicar que existen una serie de instrumentos internacionales, dentro del marco de los derechos humanos, que tienen por objeto la protección del derecho a la seguridad social.
91. Con vocación universal, se pueden mencionar, entre otros, los siguientes instrumentos:
91.1. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948, mediante la HYPERLINK "http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/217(III)" \t "_blank" Resolución núm. 217 A (III), en cuyo artículo 22 se dispone que “[…] Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad […]”.
91.2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, mediante la Resolución núm. 2200 A (XXI), aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 74 de 1968 y en vigor para el Estado Colombiano desde el 3 de enero de 1976. En el artículo 9 en esta materia se dispone “[…] Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social […]”.
91.3. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo se han adoptado igualmente una serie de convenciones internacionales en la materia como el Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (norma mínima) en 1952, el Convenio núm. 118 sobre la igualdad de trato (seguridad social) en 1962, el Convenio núm. 157 sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social en 1982 y el Convenio núm. 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejes y sobrevivientes en 1967, precisando que Colombia no es parte de ninguno de ellos.
91.4. Asimismo, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo se han adoptado las recomendaciones núms. 131, sobre las prestaciones de invalidez, vejes y sobrevivientes en 1967; 167 sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social en 1983 y 202 sobre los pisos de protección social en 2012 (única acogida por Colombia).
95. En el ámbito regional se pueden mencionar, asimismo los siguientes instrumentos:
95.1. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, en Bogotá en 1948. En el artículo XVI se dispone que “[…]Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia […]”.
95.2. El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 319 de 20 de septiembre de 1996 y declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-251_1997.html" \l "1" \t "_blank" C-251 de 28 de mayo de 1997, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero y en vigor para Colombia desde el 16 de noviembre de 1999. En el artículo 9 se dispone:
“[…] Artículo 9
Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes.
2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y después del parto […]”.
95.3. En el ámbito iberoamericano se puede mencionar el Convenio Iberoamericano de Seguridad, adoptado en Quito el 26 de enero de 1968, aprobado por el Congreso Nacional mediante la Ley 65 de 1981 y en vigor para Colombia desde el 1 de septiembre de 1982, el cual tiene por objeto el respeto de los derechos de asistencia médico-sanitaria y prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivientes previstos en los sistemas obligatorios de Seguridad Social, Previsión Social y Seguros Sociales vigentes en los Estados Contratantes, y el Código Iberoamericano de Seguridad Social, adoptado por unanimidad en la “Reunión de Ministros - Máximos Responsables de Seguridad Social de los Países Iberoamericanos”, celebrada en Madrid el 18 y 19 de septiembre de 1995, aprobado por la Ley 516 de 4 de agosto de 1999 y declarados exequibles por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-125 de 16 de febrero de 2000, con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria Díaz, que no está en vigor para Colombia. No obstante y para efectos ilustrativos y orientador, la Sala recuerda que conforme con su artículo 1 se “[…] reconoce a la Seguridad Social como un derecho inalienable del ser humano; 2. Este derecho se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad […]”.
Protección de la seguridad social en el ordenamiento interno
96. Ahora bien, en el orden interno, el Sistema de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad y cuyo objeto es garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten.
97. Para el cumplimiento de estos fines, en principio, el ordenamiento permitió la existencia de diversos regímenes que posteriormente fueron unificados con la entrada en vigencia de la Ley 100. No obstante, para efectos de garantizar los derechos adquiridos de las personas que pertenecían a los regímenes especiales anteriores, el artículo 36 ofreció a los afiliados que se encontraban próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implicaban el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual estaban vinculados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones.
98. De esta manera, para hacerse acreedor al régimen de transición pensional basta con cumplir con uno de estos requisitos, con lo cual, el beneficiario queda exento de la aplicación del régimen general previsto en la Ley 100 en lo referente a la i) edad, i) el tiempo de servicios o cotizaciones, y iii) el monto de la pensión de vejez.
99. Tal como se ha explicado en diversas providencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en relación con los dos primeros presupuestos no ha habido mayor dificultad en su interpretación; sin embargo, frente al tercero, esto es, “el monto”, ha sido objeto de debate en lo referente a si el Ingreso Base de Liquidación fue objeto de transición (en virtud de los principios de favorabilidad e inescindibilidad aplicables al régimen pensional) o si, por el contrario, el Ingreso Base de Liquidación no fue objeto de transición y, en consecuencia, se debe regir conforme a la Ley 100, específicamente los artículos 21 y 36.
100. Teniendo en cuenta que los argumentos de la presente solicitud versan sobre la controversia expuesta en el párrafo anterior, la Sala procederá al estudio del desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones, para efectos de determinar si las decisiones de las autoridades accionadas se encuentran acordes a la Constitución a la ley y a la jurisprudencia que constituye precedente o si, por el contrario, incurrieron en las vías de hecho alegadas en la solicitud de tutela.
Desarrollo jurisprudencial sobre el Ingreso Base de Liquidación de las pensiones
101. Para determinar si el Tribunal accionado incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente establecer: i) el alcance e interpretación del artículo 36 de la Ley 100 y la Ley 33 de 1985; ii) la aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017; y, iii) el precedente jurisprudencial en relación con los factores que deben incluirse en el Ingreso Base de Liquidación para liquidar las pensiones de jubilación.
Alcance e interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 33 de 1985
102. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispone lo siguiente:
“Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE.
Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.
Quienes a la fecha de vigencia de la presente ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.
PARAGRAFO.- Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”.
103. Pues bien, tal como se explicó, el artículo 36 ofreció a los afiliados que se encontraban próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implicaban el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual estaban vinculados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones.
104. Los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la ley 100 fueron objeto de control abstracto de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que los declaró exequibles (excepto el apartado final del inciso tercero que fue declarado inexequible), mediante sentencia C-168 de 1995, con base en el principio del respeto de los derechos adquiridos y de la condición más benéfica en materia laboral.
105. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 001 de 22 de julio de 2005, el cual modificó el artículo 48 de la Constitución Política, se establecieron nuevas disposiciones en relación con el Sistema General de Pensiones y, entre otros aspectos, fijó la fecha a partir de la cual, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 perdería vigencia.
106. En efecto, el parágrafo 4.º del artículo 48 de la Constitución Política, con la modificación introducida por el Acto Legislativo número 1 de 2005, determinó:
"[…] Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014.
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen […]” (Destacado de la Sala).
107. Así las cosas, las personas que se encontraban cobijadas por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100, para el momento de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y que para el 31 de julio de 2010 no hubieran consolidado su derecho pensional, por razones de edad o de tiempo de servicios y no se encontraran exceptuadas para extender las prerrogativas hasta el 2014, dejarían de pertenecer al mismo.
108. En ese orden de ideas, el alcance e interpretación que se debe dar al artículo 36 de la Ley 100 es el determinado por la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995, con la modificación que respecto de la vigencia incorporó el Acto Legislativo 01 de 2005.
109. En atención a ello, todas aquellas personas que, para el 1.º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100, cumplieran los requisitos de edad o tiempo de servicios ahí establecida, para efectos de determinar los requisitos de edad, semanas de cotización o tiempo de servicios y monto de la pensión de vejez, se les deberá aplicar, de manera integral, las normas relativas al régimen al que se encontraban afiliados. Sin embargo, si a 31 de julio de 2010, no hubieren consolidado su derecho pensional ni tuvieren más de setecientas (750) semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, dejarían de pertenecer a dicho régimen de transición.
110. En atención a lo expuesto, la persona que se encuentre cobijada por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100, después de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, para acceder a su pensión de jubilación se le aplicará de manera integral el régimen pensional al que venía afiliada antes del 1.º de abril de 1994.
111. En lo que respecta al régimen contenido en la Ley 33 de 1985, el mismo determina como requisitos para acceder a una pensión mensual vitalicia de jubilación, haber prestado veinte (20) años continuos o discontinuos de servicios y tener cincuenta y cinco (55) años de edad. El monto de la pensión a la que tenían derecho era el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio base para los aportes durante el último año de servicios. A su turno, el artículo 3.º de la Ley 33 de 1985 señala que los factores que deben servir para determinar la base de liquidación, son todos aquellos que hubieren servido de base para calcular los aportes.
112. Sobre la materia, el Consejo de Estado resaltó que la interpretación del artículo 36 de la Ley 100, conforme a la cual la determinación del Ingreso Base de Liquidación debe hacerse siguiendo las reglas del artículo 21 de dicha ley, desconoce el principio de inescendibilidad y el de favorabilidad de la aplicación del régimen, en tanto “[…] al aplicar el régimen de transición, como sucede en el caso presente, aplicando las disposiciones legales anteriores consagratorias de los requisitos de edad y tiempo de servicio, por una parte, y por otra, aplicar la nueva ley para establecer la base de liquidación de la pensión, se incurre en violación del principio de “inescindibilidad de la ley que prohíbe dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales, rompiendo de tal manera el principio de la seguridad jurídica […] Si se aplica el inciso tercero del mismo artículo 36 de la citada ley, para establecer la base de liquidación de la pensión, se escinde la ley, pues la normatividad anterior (Ley 33 de 1985) señala la forma de liquidar la pensión, se desnaturaliza el régimen, y se dejaría de aplicar el principio de favorabilidad de la ley en los términos ya indicados […]”.
113. Este criterio fue establecido en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda del Consejo de Estado que, al referirse a la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación reguladas por el régimen de la Ley 33 de 1985, precisó que deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que éstas no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional. Dijo al respecto:
“[…] En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando […]” (Destacado de la Sala).
114. Esta tesis ha sido reiterada en sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, proferida por importancia jurídica y con criterio de unificación en los términos del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 25000234200020130154101, en la cual puso de presente que:
“[…] Para la situación que ocupa la atención de la Sala, debe decirse que el régimen pensional aplicable a los empleados oficiales, antes de la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 era el previsto en la Ley 33 de 1985, la cual en su artículo 1, preceptúa que el empleado oficial tendría derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio base para los aportes durante el último año de servicio, siempre que prestara o hubiere prestado 20 años continuos o discontinuos de servicios y tuviera 55 años de edad […]”.
115. Igualmente reiteró que los factores de liquidación pensional y el ingreso base de liquidación de la pensión correspondía a todo lo que devengara el servidor público, excepto lo que estuviera expresamente excluido por una ley. Al respecto señaló:
“[…] Ahora bien, en punto de los factores salariales de la liquidación de la citada prestación pensional, en tesis mayoritaria de la Sala Plena de esta Sección, adoptada en sentencia de 4 de agosto de 20101. Rad. 0112-2009. M.P. Víctor Alvarado Ardila, la Sala concluyó que se deben tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados por el demandante durante el último año de servicio.
En este último punto, y en consonancia con lo dispuesto por el Tribunal, cabe decir, que en virtud a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1 de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes, regla a la que están obligados todos los servidores públicos, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes.
Tal ha sido la filosofía del legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 2005, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica, a partir del año de 2005, que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, como también lo ha señalado la Sala […]”.
116. Por lo anterior, en sede de tutela, esta Corporación ha venido señalando que se configura un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial vinculante cuando contrario a lo antes expresado se aplica de manera restrictiva las normas de la Ley 100 sobre ingreso base de liquidación, como quiera que sobre la materia, no hay sentencia de control de constitucionalidad de la Corte Constitucional del artículo 36 de la Ley 100, que imponga darle un alcance y sentido diferente.
117. Lo anterior implica que, para determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión de los beneficiarios del régimen de transición se deberá observar la normativa del régimen que le aplicaba antes de la entrada en vigencia de la Ley 100, sin que pueda acudirse a disposiciones distintas; en consonancia con el principio de inescindibilidad de la norma.
Alcance restrictivo de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 210 de 2017, SU 395 de 2017 y SU 023 de 2018.
118. La Sala, teniendo en cuenta que el principio de inescindibilidad de la norma dispone que una hermenéutica acorde con el orden jurídico impide la aplicación de normas de diferentes regímenes pensionales y en atención a las consideraciones expuestas en esta providencia sobre el precedente aplicable a este tipo de situaciones, procede explicar las razones por las cuales no son aplicables a este caso las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU 210 de 2017 y SU 395 de 2017 proferidas por la Corte Constitucional.
Alcance de la sentencia C-258 de 2013
119. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-258 de 2013, resolvió la demanda pública de constitucionalidad interpuesta contra el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, por considerar que dicha norma desconocía los principios de igualdad y sostenibilidad fiscal, por establecer frente a los congresistas y altas dignidades del país una medida de discriminación positiva injustificada, en tanto les permitía acceder a pensiones con “condiciones favorables y desproporcionadas” respecto de los demás ciudadanos, a pesar de que el Acto Legislativo Núm 1 de 2005 puso fin a esa clase de regímenes pensionales especiales, sin perjuicio del aplicable a la Fuerza Pública y al Presidente de la República.
120. Esta decisión tuvo por objeto hacer el control y fijar la interpretación constitucional del artículo 17 de la Ley 4 de 1992, en concreto, en tanto la Corte Constitucional de manera explícita advirtió en dicho fallo que el análisis de exequibilidad se refería exclusivamente al mencionado precepto y descartó la necesidad de hacer integración de la unidad normativa en orden a extender los efectos de su decisión a la interpretación de otras disposiciones legales, entre ellas el artículo 36 de la ley 100.
121. Por lo anterior, de manera clara y expresa, la Corte determinó, en atención al carácter rogado del control de las leyes por demanda ciudadana, que la sentencia C-258 de 2013 no tendría alcance distinto al régimen pensional de los congresistas, magistrados de altas cortes y otros altos funcionarios a los que resulta aplicable la Ley 4. Al respecto, en dicha sentencia, la Alta Corte advirtió que “[…] En este orden de ideas, el análisis de constitucionalidad que se llevar[ía] a cabo en es[a] providencia se circunscribe al régimen pensional especial previsto en el precepto censurado, el cual es aplicable a los Congresistas y los demás servidores ya señalados […]” y agregó que “[…] en es[e] fallo no se abordar[ía] la constitucionalidad de otros regímenes pensionales especiales o exceptuados, creados y regulados en otras normas […]”. Señaló, además, que “[…] lo que es[a] Corporación señale en es[a] decisión no podr[ía] ser trasladado en forma automática a otros regímenes especiales o exceptuados […]”.
122. Lo anterior lo fundamentó con base en que “[…] En primer lugar y como indicó la Sala, la acción pública tiene un carácter rogado, por tanto, sería contrario a la configuración constitucional de la acción que este Tribunal extendiera su análisis a otros regímenes dispuestos por disposiciones distintas al artículo 17 de la Ley 4 de 1992 […]” y […] En segundo lugar, cada régimen especial cuenta con una filosofía, naturaleza y características específicas, sin que sea posible extender de forma general lo aquí analizado en relación con el régimen especial de Congresistas. En efecto, todos los regímenes especiales, precisamente al ser especiales, son distintos entre sí y por tanto, ameritan cada uno un análisis diverso […].
123. En relación con el alcance restrictivo de dicho pronunciamiento, la Sección Segunda de la Corporación ha reiterado que tiene por destinatarios a los servidores públicos sometidos al régimen pensional regulado en la Ley 4; así lo reiteró en la sentencia de 10 de julio de 2014, proferida en el expediente identificado con número único de radicación 250002325000201100703-01, promovido por la señora Gloria Patricia Cáceres Becerra contra la Caja Nacional de Previsión Social E.I.C.E.
124. Así las cosas, en cuanto la sentencia C-258 de 2013 no integra el artículo 36 de la Ley 100 al control de constitucionalidad ni condiciona su constitucionalidad a una determinada y concreta interpretación, lo allí expresado no afecta el carácter vinculante del precedente establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010, sobre la determinación del Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación sometidas al régimen de transición.
Alcance de la sentencia SU-230 de 2015
125. Se ha dicho que a partir de esta sentencia de unificación proferida por la Corte Constitucional se debe calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición, de conformidad con lo establecido en el alcance dado en la sentencia C-258 de 2013 al artículo 36 de la Ley 100; es decir, aplicando el artículo 21 de la Ley 100 a los beneficiarios del régimen de transición.
126. Esta tesis no es de recibo, conforme el marco normativo y jurisprudencial antes expuesto sobre la aplicación de los precedentes, en razón al alcance explícitamente limitado que la Corte Constitucional estableció a la sentencia C-258 de 2013, y en razón a que mediante una sentencia de revisión de tutela no pueden extenderse los efectos de una sentencia de constitucionalidad para imponer, de este modo, una determinada interpretación de disposiciones legales que no fueron objeto de control de constitucionalidad y respecto de las cuales, por tanto, no se fijó su interpretación constitucional.
127. Y es que, en palabras de la misma Corte Constitucional, dado el carácter rogado del control de constitucionalidad realizado en la sentencia C-258 de 2013. “[…] sería contrario a la configuración constitucional de la acción que este Tribunal extendiera su análisis a otros regímenes dispuestos por disposiciones distintas al artículo 17 de la Ley 4 de 1992 […]”.
128. En relación con el alcance de esta decisión, en sentencia de unificación de 25 de febrero de 2016, antes mencionada, y proferida con fundamento en el artículo 271 de la Ley 1437, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, puso de presente la inaplicabilidad, en términos generales y absolutos, de los criterios determinados en la sentencia C-258 de 2013 y, por tanto, que frente a los distintos regímenes cuya aplicabilidad es juzgada en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no constituyen precedente, en los términos señalados en la sentencia SU-230 de 2015.
Alcance de la sentencia SU-427 de 2016 y SU-210 de 2017
129. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-427 de 11 de agosto de 2016, explica el fundamento de la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 para el régimen especial de los congresistas y altos dignatarios del Estado, determinada por el hecho que en algunos casos se efectuó el reconocimiento de la pensión con abuso del derecho y fraude a ley, términos que acuñó para referirse a pensiones a las cuales se accedió “[…] por fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación […]”.
130. En ese sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia mencionada, explicó lo siguiente:
“[…] 6.13. Lo anterior, ocurre, por ejemplo, cuando bajo el amparo de una tesis sobre las reglas de la transición y del ingreso base de liquidación defendida por alguna corporación judicial de cierre se obtienen ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/SU427-16.htm" \l "_ftn95" [95], lo cual “suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva […].”
6.14. En dichos eventos, como se sostuvo en la referida Sentencia C-258 de 2013, los aumentos significativos de los ingresos del funcionario en sus últimos años de servicios derivan en una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral, imponiéndole al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida. En ese sentido, especial mención requieren los casos en los que existen vinculaciones precarias en cargos con salario elevados en virtud de los cuales “se produce el aumento del ingreso base de liquidación, a través de figuras como las suplencias en el caso de los Congresistas, el encargo en el caso de Magistrados, y la provisionalidad, en los demás casos […].” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/SU427-16.htm" \l "_ftn96" [96]
6.15. En resumen, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión […]” (Destacado de la Sala).
131. En este orden de ideas, la Corte Constitucional advirtió que la referencia al alcance dado al artículo 36 de la Ley 100 en la sentencia C-258 de 2013 se hizo frente a circunstancias en las que, con fundamento en vinculaciones precarias que se efectuaban en cargos de congresistas y altas dignidades del Estado de personas amparadas por el régimen de transición, aumentaban de manera exorbitante su salario en el último año de servicio para obtener una pensión que no correspondía a su historia laboral, lo que deriva en una prestación obtenida con abuso del derecho y, en tal virtud, afecta la sostenibilidad del Sistema Pensional.
132. Por consiguiente, es en ese contexto y dirigido exclusivamente a los sujetos pasivos del régimen antes referido, que reitera la aplicación de las consideraciones expuestas en la sentencia C-258 de 2013, sin que las mismas pueden hacerse extensivas a todos los servidores públicos que se encuentran en el régimen de transición, menos si su pensión refleja su historia laboral y guarda plena correspondencia con los aportes que efectuó a lo largo de la misma.
133. En este contexto, la referida sentencia revela la necesidad de analizar cada situación amparada por el régimen de transición, para evitar aplicar un criterio jurisprudencial que resulte atentatorio a los principios de progresividad y favorabilidad, lo que vulneraría los derechos laborales de rango fundamental.
134. En cuanto se refiere a la sentencia SU 210 de 2017, la Sala advierte que en este pronunciamiento se hizo el estudio de la aplicación del régimen de transición a la pensión de un exmagistrado, sometida a la regulación prevista en la Ley 4ª, y los topes máximos de dicha prestación, asuntos respecto de los cuales si se ocupó de manera concreta la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013. Por lo anterior, las consideraciones allí efectuadas no constituyen un precedente para el caso en estudio, en el cual no se ocupa la Sala de resolver sobre una pensión sometida a la referida normativa.
Alcance de las sentencias SU-395 de 2017 y SU 023 de 2018
135. En relación con las sentencias SU-395 de 2017 y SU 023 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, la Sala estima pertinente hacer claridad respecto del carácter restrictivo de la aplicación de este pronunciamiento en la Jurisdicción de lo Contencioso Adminstrativo en tanto, como se ha precisado con anterioridad, existe posición unificada y contenida en una sentencia dictada en ejercicio de la funcion establecida en el artículo 237, numeral 1, de la Constitución y el artículo 271 de la Ley 1437, relacionada con las reglas para la determinación del IBL a los beneficados por el régimen de transición previso en el artículo 36 de la Ley 100, la cual ha señalado que para el efecto debe tenerse en cuenta la normativa contenida en el régimen anterior.
136. Frente a afirmaciones contenidas en esta sentencia de revisión de tutela, que pueden considerarse, dichos al paso, no constitutivos de la ratio decidendi, relacionadas con el carácter vinculante de otras decisiones de tutela, la Sala precisó en la sentencia de 8 de junio de 2018, lo siguiente:
“[...]
Las sentencias de tutela constituyen un criterio auxiliar, no vinculante, en los eventos en que existe una sentencia de unificación proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción que determina el criterio unificado respecto de la aplicación de una determinada disposición legal, ello en tanto, a través de tales decisiones, el Consejo de Estado busca materializar el principio de igualdad, brindar seguridad jurídica para los funcionarios judiciales y los usuarios de la jurisdicción contenciosa administrativa, cuyos derroteros no pueden afectarse ante decisiones adoptadas al resolver problemas concretos planteados en sede de tutela que por sus particularidades, la ley les ha otorgado efectos interpartes.
Como se indicó al hacer referencia a la sentencia SU-230 de 2015, dentro del marco funcional establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, no resulta procedente que, a través de una sentencia de revisión de tutela, aunque la misma tenga la categoría de sentencia de unificación, se imponga una determinada interpretación de un texto legal, cuando la misma no ha sido señalada por la Corte Constitucional al momento en que se llevó a cabo el control de constitucional con ocasión de demanda presentada contra el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (sentencia C-168 de 1995).
Tampoco pueden hacerse extensivas las consideraciones planteadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, a todos los eventos en que se aplique el régimen de transición en materia pensional, por cuanto, como lo señaló esa misma sentencia de inexequibilidad, su análisis no comporta la determinación de la hermenéutica constitucional del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que expresamente fue excluirlo de la unidad normativa examinada en esa oportunidad, la cual, se reitera, está limitada al análisis de constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992.
De esta sentencia igualmente merece destacarse que la Corte Constitucional admite que en sede de tutela venía sosteniendo que para la determinación del IBL era procedente acudir a las reglas del régimen anterior, en este sentido expresó: “[...] aun cuando en sentencias de tutela posteriores a la Sentencia C-168 de 1995 se haya ordenado la reliquidación de pensiones al entender que la expresión “monto de la pensión” incluía ingreso base de liquidación, éstas simplemente ostentan un efecto inter-partes […]”.
Al respecto, la Sala no encuentra razones para dar mayor trascendencia a la decisión allí expresada respecto a otras decisiones adoptadas en revisión de tutela por la Corte Constitucional y en las cuales, como se reseñó en precedencia, expresamente había advertido que el ingreso base de liquidación si hacía parte del régimen de transición y, por tanto, para su determinación eran aplicables las normas de los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993 […]”.
Criterio adoptado por el Consejo de Estado respecto de las precitadas decisiones de la Corte Constitucional
137. Ahora bien, respecto del alcance de los mencionados pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Sala Plena de la Sección Segunda de la Corporación, en sentencia de 9 de febrero de 2017, reiteró el criterio antes trascrito y concluyó lo siguiente:
“[…] 5. Conclusiones:
5.1. El Consejo de Estado, reitera la tesis que el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993, debe interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación del principio de inescindibilidad normativa, ateniendo su finalidad; pues la interpretación que ha venido aplicando esta Corporación resulta razonable y favorable tanto de los derechos laborales como de las finanzas pública y en materia pensional se encuentran de por medio derechos constitucionales fundamentales que no pueden desconocerse. Igualmente, debe interpretarse la noción de salario en sentido amplio y no restrictivo.
5.2. No se hace evidente que el reconocimiento pensional, bajo el criterio del Consejo de Estado afecte las finanzas públicas, menos cuando el impacto fiscal no pueden limitar el acceso a las prestaciones sociales y pensionales. Además, ha sido línea jurisprudencial de esta Corporación ordenar los descuentos para efectos de cotización, sobre los factores salariales que no se hubieren hecho, pues se repite, en Colombia, no hay pensiones graciosas, salvo, la especialísima del personal docente.
5.3. La mayoría de las normas pensionales anteriores a la ley 100 de 1993, contienen todos los componentes de la pensión como derecho, entre estos, los lineamientos para establecer el ingreso base de liquidación y el monto de la pensión, pues son de la esencia del régimen de transición: la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, este último comprende tanto el porcentaje de la misma, como la base reguladora e integran una unidad inescindible. Si se altera alguno de esos presupuestos se desconocen dichos beneficios, en la medida que se distorsiona el sistema.
5.4. En el ordenamiento jurídico colombiano, se encuentra consagrado el principio de favorabilidad y conexo a éste, el principio de inescindibilidad, en la medida que la norma que se adopte debe aplicarse en integridad y se prohíbe dentro de una sana hermenéutica desmembrar las normas legales. Al escindir la norma se compromete el derecho a la igualdad en materia laboral, el principio de favorabilidad de raigambre constitucional, los derechos prestacionales ciertos e indiscutibles que contiene el mínimo de beneficios en favor de la parte más débil de la relación laboral y su efectividad.
5.5. La regla de interpretación ínsita en la sentencia C-258-13 de la Corte Constitucional se originó en el contexto del control abstracto de constitucionalidad de un régimen especial y coyuntural, que extendió con la sentencia (sic) SU-530-15 y T-615-16, a todos las situaciones amparadas por el régimen de transición, y cobijadas tanto leyes generales como especiales anteriores a la ley 100 de 1993, no contiene todos los elementos necesarios para resolver cada uno de los casos particulares del régimen de transición que ocupan la atención de esta Corporación como órgano de cierre y que constituyen el precedente en la jurisdicción Contenciosa Administrativo.
5.6 Aplicarse de tajo la línea jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente en las pensiones amparadas por regímenes generales, es desfavorable, atentatorio del concepto de salario, de los principios de progresividad, y favorabilidad, compromete los derechos fundamentales del pensionado. También compromete la autonomía del juez contencioso administrativo, que es el único competente constitucionalmente, para el control de legalidad de los actos administrativos particulares y concretos a la luz de los principios constitucionales y legales […]” (Destacado de la Sala).
138. Esta decisión siguió el criterio fijado en la sentencia de unificación de fecha 25 de febrero de 2016, antes citado, conforme al cual la decisión y las argumentaciones plasmadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013, únicamente aplican para aquellas personas que se encuentran en el régimen pensional de congresistas por cuanto “[…] se originó en el contexto del control abstracto de constitucionalidad de un régimen especial y coyuntural […]” y, en tal virtud, la regla de interpretación en ella contenida que se hizo extensiva a todos los regímenes especiales con la sentencia SU-230 de 2015, “[…] no contiene todos los elementos necesarios para resolver cada uno de los casos particulares del régimen de transición que ocupan la atención de esta Corporación como órgano de cierre y que constituyen el precedente en la jurisdicción Contenciosa Administrativo […]”.
139. Sobre el particular, cabe reiterar que para que se pueda predicar el carácter de precedente jurisprudencial de una providencia, ésta debe ser anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y debe existir “[…] una semejanza de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho. En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente […]” (Destacado de la Sala).
140. Por tanto, para la aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, el funcionario judicial debe verificar que tales decisiones, en razón del régimen pensional al cual se refieren, constituyan precedente vinculante en cada caso particular, de conformidad con las sub reglas jurisprudenciales para determinar si un pronunciamiento tiene o no la calidad de precedente respecto del asunto bajo estudio.
El reconocimiento pensional en fraude a la ley o con abuso del derecho
141. En relación con el reconocimiento de pensiones con fraude a la ley o abuso del derecho y en consideración a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU 395 de 2017 y SU 023 de 2018, relacionado con que alguna interpretación de “un órgano de cierre” sobre las reglas de la transición y del ingreso base de liquidación permite la obtención de ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, la Sala considera lo siguiente:
141.1. La tesis jurisprudencial que se acoge en esta sentencia, que es acorde con los principios de favorabilidad e inescindibilidad, no es aplicable en aquellas situaciones en las que se actúe en fraude a la ley o con abuso del derecho y se obtienen ventajas irrazonables frente a la historia laboral y, con base en dicha ventaja, obtienen en su último año de servicio un incremento significativo de sus ingresos, lo cual genera un derecho pensional que no guarda relación con los aportes que acumuló la persona en su vida laboral y productiva.
141.2. Lo anterior por cuanto el ordenamiento jurídico colombiano se fundamenta en el principio general del derecho en virtud del cual “sobre la mala fe no se deriva ningún derecho”.
141.3. En ese orden y para efectos de evitar el reconocimiento de pensiones en fraude a la ley o con abuso del derecho, la Sala resalta que la misma Corte Constitucional, en sentencias SU-631 de 2017 y T-034 de 2018, estableció una serie de criterios o elementos que pueden ser aplicados para evitar la concesión de derechos pensionales fundamentados en situaciones contrarias a la ley por fraude o abuso del derecho.
141.4. En todo caso, el estudio de si una pensión ha sido reconocida con fraude a la ley o en abuso del derecho debe ser abordado desde dos elementos, a saber: los elementos objetivo y subjetivo. El primero -el elemento objetivo- relacionado con el aumento o incremento significativo de los ingresos de una persona en el último año de servicios o en el periodo que sirve de base para calcular el IBL de la pensión; y, el segundo, -el elemento subjetivo- relacionado con que ese aumento se haya obtenido: i) con un ánimo de defraudar el sistema pensional; ii) mediante una “vinculación precaria” o iii) que se desvirtúe la presunción de buena fe que rige las actuaciones de los particulares.
142. Finalmente, es importante resaltar que la Administración debe resolver en cada caso concreto si el aumento significativo que afecta el Ingreso Base de Liquidación para el reconocimiento pensional se obtuvo en fraude a la ley o con abuso del derecho.
143. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
144. De acuerdo a la solicitud de tutela presentada por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo, el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, al proferir, la sentencia de 20 de octubre de 2017, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, comoquiera que se acogió a lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias SU-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016.
145. En ese orden, para establecer en el presente asunto si el Tribunal administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, desconoció o no el precedente jurisprudencial antes referido, resulta pertinente analizar los hechos relevantes que definen el caso y que se concretan en los siguientes:
145.1. La actora nació el 25 de agosto de 1950 y laboró para el Instituto Colombiano Agropecuario del 3 de julio de 1972 al 30 de agosto de 2005, es decir, que prestó sus servicios más de veinte años. En consecuencia, para el 1.° de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la actora tenía más de 35 años de edad y 15 años de servicio, siendo sin lugar a dudas beneficiaria del régimen de transición y por tanto se le debe aplicar la normativa anterior que no es otra que la Ley 33 de 1985.
145.2. La UGPP mediante Resolución núm. 26145 de 31 de mayo de 2006, reconoció la pensión de jubilación a partir del 1.° de septiembre de 2005, en cuantía de $630.615.43.
145.3 Posteriormente la actora solicitó reliquidación de su pensión el 8 de marzo de 2008, petición que fue resuelta mediante Resolución núm. PAP 031981 del 30 de diciembre de 2010, la cual negó la solicitud.
145.4. Mediante Resolución núm. RDP 1488 de 24 de abril de 2012 se reliquida la pensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
145.5. La actora solicitó la revisión de la reliquidación el 21 de junio de 2012, la anterior petición fue resuelta mediante el Oficio núm. ADP 002182 del 20 de septiembre de 2012, se negó la solicitud de revisión de reliquidación.
145.6. Presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, con el fin de que se declare nulo el Oficio 002182 del 20 de septiembre de 2012 que negó la reliquidación y que se pagara a favor de la actora la pensión de jubilación con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de servicio.
145.7. El Juzgado que conoció el proceso en primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda, tal y como ya se expuso en el acápite pertinente de esta sentencia.
145.8. La entidad demandada presentó el recurso de apelación que le correspondió a la autoridad judicial demandada, la cual profirió sentencia el 20 de octubre de 2017, revocando la decisión de primera instancia para en su lugar negar las súplicas de la demanda, al considerar en síntesis que de acuerdo con la postura expuesta por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, si bien la actora cumplió con los requisitos para que la pensión de jubilación se le reconociera con lo establecido en la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para la conformación del IBL se debe aplicar lo dispuesto en las normas previstas en ella, con los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, según las cotizaciones de los últimos 10 años de servicio.
Análisis del caso concreto
146. La Sala considera que el hecho de que la pensión de la señora Sofía Leonilde Paredes Moncayo estuviere amparada por el régimen de transición no es objeto de debate en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 52-001-33-33-008-2012-00187 01, toda vez que la discusión se centró en determinar el Ingreso Base de Liquidación – IBL de la pensión, en razón a que con fundamento en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, de la Corte Constitucional, el Tribunal interpretó que el ingreso base de liquidación, es el del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, es decir, el promedio de los salarios devengados “que sirvieron de base para calcular los aportes” durante los últimos 10 años, o el promedio de lo devengado en el tiempo que le haga falta para adquirir el derecho o el cotizado durante todo el tiempo, si fuere superior, cuando le falten menos de 10 años.
147. En este contexto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, y reiterado en la sentencia de unificación de 25 de febrero de 2017, antes reseñada, las cuales, conforme a las reglas de aplicación de precedentes expuestas anteriormente, constituían precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento, en tanto, no existe pronunciamiento de control de constitucionalidad proferido por la Corte Constitucional que fije un alcance distinto al artículo 36 de la Ley 100.
148. Al respecto, cabe precisar que las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en sede de tutela y aún aquellas de unificación, no son precedente de obligatorio cumplimiento para los tribunales y jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en tanto existen sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado como Tribunal Supremo de la Jurisdicción y con fundamento en el artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que fijan el criterio unificado de la Corporación respecto de la determinación del Ingreso Base de Liquidación de las pensiones sometidas al régimen de transición y que, en concreto, señalan que en virtud del principio de inescindibilidad debe tenerse en cuenta la regulación contenida en la ley anterior y no lo previsto en los artículos 36 y 21 de la Ley 100.
149. Así las cosas, la existencia de sentencias de unificación del Consejo de Estado hacen inaplicable los razonamientos realizados por la Corte Constitucional al resolver casos concretos en las sentencias de unificación antes referidas.
150. Ahora bien, el Tribunal en el fallo objeto de tutela argumentó que para no aplicar la posición unificada del Consejo de Estado y, en ese sentido, variar la posición que venía sosteniendo en otros asuntos, que la Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011 indicó que “[…] tanto en ejercicio del control concreto como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva (erga omnes en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes, e inter partes para los fallos de tutelas) y, en ambos casos las consideraciones de la ratio decidendi tienen fuerza vinculante para todas las autoridades públicas. Esto en razón de la jerarquía del sistema de fuentes formales del derecho y el principio de supremacía constitucional, que obligan a la aplicación preferente de las disposiciones de la Carta Política y, en consecuencia, de los contenidos normativos identificados por la jurisprudencia constitucional, en ejercicio de su labor de intérprete autorizado del Texto Superior.[…]”
151. Igualmente, dijo que en la sentencia C-816 de 1.° de noviembre de 2011 se advirtió que “[…] en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte. […]”
152. Sin embargo, el Tribunal no advirtió que en las sentencias de la Corte Constitucional se hubiera determinado la aplicabilidad de los artículos 21 y 36 de la Ley 100, con fundamento en la “[…] interpretación de normas constitucionales aplicables […]”, por lo que para el caso en estudio no tienen prevalencia sobre las sentencias de unificación dictadas por el Consejo de Estado.
153. Además, como se ha expresado de manera reiterada por esta Corporación, la sentencia de constitucionalidad C-258 de 2013 tampoco constituye un precedente en este evento, en tanto no se examinó un problema jurídico semejante en razón a que su análisis se concretó al régimen pensional de los congresistas y altos dignatarios sujetos a las previsiones señaladas en la Ley 4 de 1992, que no es el caso que debía resolver el Tribunal demandado.
154. Cabe advertir, igualmente, que la autoridad judicial accionada no cumplió con la carga argumentativa pertinente, suficiente y necesaria para apartarse del criterio establecido por el Consejo de Estado en sus sentencias de unificación jurisprudencial, pues solo apeló a la expedición de las sentencias C-258 de 2013 SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional sin hacer ningún análisis jurídico claro sobre el verdadero alcance de cada una de ellas y su aplicabilidad en el caso concreto; únicamente se limitó a traer a colación lo dicho por la Corte Constitucional respecto del alcance de las sentencias de unificación, sin hacer un juicio que le permitiera observar que ninguna de las sentencias de esa Corte que citó como fundamento cumplían las condiciones señaladas para imponerse, esto es, para prevalecer sobre el criterio unificado adoptado por el Consejo de Estado y que, valga recordar, solo puede ser modificado por la misma Corporación mediante otra sentencia de unificación, en la cual se justifiquen las razones para variar el criterio ya sentado.
155. Así las cosas, de acuerdo al recuento normativo y jurisprudencial del precedente, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, al proferir, la providencia de 20 de octubre de 2017, incurrió en el precitado defecto porque erró al determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de la actora quien, como quedó expuesto, está amparada por el régimen de transición, en virtud del cual, para la determinación del monto de la pensión, debe aplicarse la regulación anterior.
156. A lo expresado cabe añadir que en la breve fundamentación que expone la autoridad judicial accionada para aplicar la referida norma del régimen general de pensiones, no brinda ninguna razón de carácter fáctico y jurídico para hacer este cambio abrupto e infundado de criterio y apartarse de la sólida línea jurisprudencial fijada por el Consejo de Estado y, en particular, por la Sala Plena de la Sección Segunda de la Corporación, en relación con la determinación del Ingreso Base de Liquidación – IBL, para liquidar la pensión de jubilación para aquellas personas cubiertas por el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100.
157. Nótese que, de conformidad con lo manifestado por la Sección Segunda de esta Corporación, en la sentencia de 9 de febrero de 2017, para resolver el asunto puesto en conocimiento de los jueces que conocieron el proceso ordinario, lo acertado era dar aplicación al precedente jurisprudencial que, sobre la determinación del IBL para la liquidación de las pensiones de las personas cobijadas por el régimen de transición, ha acogido el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo; que, además, resulta plenamente coincidente con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-168 de 1995, lo cual guarda relación con el respeto de los derechos adquiridos y los principios de favorabilidad e inescindibilidad en materia pensional.
158. Así las cosas, la Sala reitera que, los criterios jurisprudenciales contenidos en las sentencias C-168 de 1995, C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017 y SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional no resultan aplicables al caso del accionante y como la providencia demandada, se sustentó en lo expuesto en algunas de ellas, el cargo relativo al defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial alegado por el apoderado especial de la parte actora, se configura.
159. Por las razones expuestas, esta Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Quinta de esta Corporación y, en su lugar, concederá el amparo solicitado por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo, al configurarse el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente invocado por el apoderado judicial de la accionante.
160. En consecuencia, se dejará sin efecto la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017, por el Tribunal administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 52-001-33-33-008-2012-00187 01, promovido por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
161. Finalmente, es importante llamar la atención de la autoridad judicial accionada ante el reiterado desconocimiento de la jurisprudencia fijada por este alto Tribunal que ha llevado a que en sede de tutela se dejen sin efecto varias de sus decisiones.
Conclusión de la Sala
162. En suma, la Sala concluye que el Tribunal administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, al proferir la sentencia de 20 de octubre de 2017, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial y, en consecuencia, es procedente el amparo de los derechos fundamentales invocados por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR, la sentencia de tutela proferida el 8 de marzo de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio del cual negó la protección de los derechos fundamentales invocados por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social e igualdad de la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 20 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 52-001-33-33-008-2012-00187 01, promovido por la señora Sofia Leonilde Paredes Moncayo contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Decisión Sistema Oral que, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera nueva sentencia en el referido medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que acate las consideraciones puestas de presente en esta sentencia.
QUINTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 143 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 131 y ss. Ibíd., folios 9 y 10. Ibíd., folios 1 y ss. Acción de tutela interpuesta el 14 de diciembre de 2017. Ibíd., folios 24 y ss.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
“Por la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez de conformidad con la Ley 797 de 2003”. (Documento nro. 10 del expediente administrativo digital).
“por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”.
“Por la cual se niega la reliquidación de una pensión de vejez”. (Documento nro. 34 del expediente administrativo digital).
“Por la cual se ordena la reliquidación de una pensión mensual vitalicia de vejez”. (Documento denominado “2701 resoluciones que resuelve de fondo la petición 13-2014-01-27” del expediente administrativo digital). Folios 13 y 14 del expediente de la acción de tutela de la referencia. Folios 33 y ss. del expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Sofía Leonilde Paredes Moncayo contra la UGPP, con el número único de radicación 52001-33-33-008-2012-00187. Documento denominado “2601 autos-14-2014-01-27-” del expediente administrativo digital. Folio 78 del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 84 y ss. Folios 91 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 131 y ss. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Ibíd., folios 143 y ss.
“Corte Constitucional, sentencias SU-298 del 21 de mayo de 2015; C-816 de 2011”.
“Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C. P: Milton Chávez García, sentencia del 13 de febrero de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01292-01”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
“Por el cual se establece un régimen especial de pensiones, así como de reajustes y sustituciones de las mismas, aplicable a los senadores y representantes a la cámara.”
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Ibíd., folios 24 y ss. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. C.P. Dra. María Elizabeth García González, Exp. Núm. 110010315000200901328-02. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 20 de octubre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Radicado Núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de junio de 2018, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 110010315000201703477-01.
“ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. […] La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial […]”. Corte Constitucional, Sentencia T-1022 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez
Corte Constitucional, Sentencia T-272 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-551 de 2010 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencia T-743 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-212 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, sentencia T-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Corte Constitucional, sentencia T-295 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Sobre reformas judiciales”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.).”
M.P. Mauricio González Cuervo.
Énfasis por fuera del texto original. Corte Constitucional, sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Corte Constitucional, sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibidem. Corte Constitucional, sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ibídem cita núm 18. Ibídem. El artículo 237 de la Constitución Política establece que es atribución del Consejo de Estado: “[…] 1. Desempeñar las funciones de tribunal supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley”. Corte Constitucional, sentencia C-104 de 1993
Véase por ejemplo la sentencia C-104 de 1993 de la Corte Constitucional
Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sobre dicho recurso, la Corte Constitucional afirmó en la sentencia citada lo siguiente: “[…] Desde el punto de vista constitucional, lo anterior es concordante con la función de unificación que cumplen los órganos de cierre y con su papel creador de derecho; y desde la perspectiva legal, ello resulta procedente si se tiene en cuenta que la finalidad principal del recurso extraordinario es la de “asegurar la unidad en la interpretación del derecho” y que, en tal virtud, como efectos de la sentencia, se permite su procedencia “total” o “parcial”, pudiendo dictar aquella que “deba reemplazarla” o adoptar “las decisiones que correspondan”. En este contexto, es claro que el legislador definió de manera concreta al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia como una vía dirigida a preservar el precedente vertical, y a suscitar discusiones alrededor del mismo, buscando con ello la aplicación uniforme del derecho en las instancias inferiores al Consejo de Estado, lo que resulta acorde con el rol que le otorga la Constitución como órgano de cierre de lo contencioso administrativo, en los términos del artículo 237, numeral 1, de la Constitución […]”. Corte Constitucional, sentencia C-179 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Expediente núm. 11001-03-15-000-2011-00216-00(AC). Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consejero ponente: WILLIAM ZAMBRANO CETINA, Concepto de 16 de febrero de 2012, radicación núm. 11001-03-06-000-2011-00049-00(2069). Ibidem, cita núm. 18. Ver cita a pie de página núm. 18
Reglamentación fijada en el Decreto 2067 de 1991
Reglamentadas en el Decreto 2591 de 1991.
"Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional"
Estatutaria de la Administración de Justicia. Corte Constitucional, sentencia C-284 de 2014. Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Núm. 2. Sentencia Núm. T-123/95. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo. A.V. María Victoria Calle Correa). Ver cita a pie de página núm. 18. Corte Constitucional, sentencia C-104 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero
Preámbulo de la Ley 100. Inciso declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-789 de 2002. Inciso declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-789 de 2002. Corte Constitucional, Sentencia C-168 de 1995, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Numeral segundo de la parte resolutiva: “[…] SEGUNDO:
Declarar EXEQUIBLES los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, salvo el aparte final de este último que dice: "Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente ley, el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores públicos", el cual es INEXEQUIBLE […]”. Por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. Régimen pensional vigente para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y que se alega es el que debe aplicarse a la actora. Artículo 3º de la Ley 33 de 1985. "Artículo 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes."
Ver cita a pie de página núm. 18. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 30 de noviembre de 2000. Radicación 2004-2000. C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Proferida dentro del expediente núm. 25000-23-25-000-2006-07509-01. Es importante resaltar que la sentencia de 25 de febrero de 2016 fue dejada sin efectos por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2016, y, en cumplimiento a esta última, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado profirió sentencia el 9 de febrero de 2017, la cual será explicada en esta providencia.
“[…] El Consejero Gerardo Arenas Monsalve presentó salvamento de voto en la referida sentencia, considerando que no comparte el argumento de la mayoría de la Sala respecto de la no taxatividad de factores salariales contenidos en la leyes 33 y 62 de 1985 para el sector oficial. Pese a tal discrepancia, la Sección Segunda, en forma unánime, ha reconocido que la sentencia del 4 de agosto de 2010 constituye sentencia de unificación jurisprudencial y en tal carácter la ha aplicado, tanto en sentencias de segunda instancia, como en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, al igual que en sentencia de tutela contra providencias judiciales […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección B, sentencia de 6 de noviembre de 2014. C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Exp. Interno Núm. 3155-2013. De conformidad por lo establecido por la Corte Constitucional, en sentencia T-832 A de 2013, el principio de inescindibilidad de la norma, establece que ésta debe “[…] aplicarse de manera íntegra en su relación con la totalidad del cuerpo normativo al que pertenece, sin que sea admisible escisiones o fragmentaciones tomando lo más favorable de las disposiciones en conflicto, o utilizando disposiciones jurídicas contenidas en un régimen normativo distinto al elegido […]”. Corte Constitucional, sentencia C- 258 de 7 de mayo de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, sentencia SU 230 de 29 de abril de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, sentencia SU 427 de 11 de agosto de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
Corte Constitucional, sentencia SU- 210 de 4 de abril de 2017, M.P.
José Antonio Cepeda Amaris
Corte Constitucional, sentencia SU 395 de 22 de junio de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
Corte Constitucional, sentencia SU 023 de 5 de abril de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido
“[...] ARTÍCULO 17. El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los Representantes y Senadores. Aquéllas y éstas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista. Y se aumentarán en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. PARÁGRAFO. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los Representantes y Senadores en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva [...]”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 10 de julio de 2014, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero número único de radicación 25000232500020110070301. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación25000-23-25-000-2006-07509-01.
Este criterio, referido a los eventos de notorio abuso del derecho, fue el plasmado por la Corte Constitucional en la sentencia SU631 de 2017.
Ibidem.
Haciendo la salvedad que para las pensiones sometidas al régimen previsto en la Ley 4 de 1992, deben seguirse los parámetros que frente a ese caso concreto ha determinado la Corte Constitucional al hacer el control abstracto de constitucionalidad de dicha normativa.
Ver cita a pie de página núm. 18.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 9 de febrero de 2017, C.P. César Palomino Cortés, núm. Único de radicación 250002342000201301541-01.
Ídem.
Corte Constitucional, sentencias T-619 de 2009, T-656 de 2011, T-762 de 2011 y 217 de 2013, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia T-288 de 2011.
Ut Supra
El principio de la buena fe ha sido definido por la Corte Constitucional como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta.
Fecha en la cual entró en vigencia el sistema de la Ley 100 de 1993 para la demandante, como empleado público nacional, en los términos de los artículos 151 de la misma ley y 2.° del Decreto 691 de 1994.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de 9 de febrero de 2017. C.P. César Palomino Cortés, Núm. Único de radicación: 250002342000201301541-01.
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