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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03447-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03447-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. REVOCAR el fallo de tutela proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora María Gladis Aguirre Henao, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia de conformidad con los lineamientos fijados en la sentencia de unificación 336 de 2017 de la Corte Constitucional, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-03447-01

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

19 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / DEFECTO SUSTANTIVO / RECONOCIMIENTO DE SANCIÓN MORATORIA A DOCENTE OFICIAL - Aplicación del régimen general de los servidores públicos / DOCENTE OFICIAL - Asimilable a un servidor público

[L]a Sala, mediante sentencia de 6 de octubre de 2017, al estudiar una solicitud de amparo con similitud fáctica y jurídica a la que aquí se examina, con base en la sentencia de unificación 336 de 2017, decidió amparar los derechos fundamentales invocados como consecuencia de haber encontrado la configuración de los defectos desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En esa oportunidad indicó: (…) “se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012 , en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos. (…) la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.” (…) En virtud de que el caso de la actora comparte las circunstancias fácticas y jurídicas de la controversia resuelta por la Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 y en aras de salvaguardar su derecho fundamental a la igualdad, así como el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub examine.

NOTA DE RELATORÍA: En el presente asunto la Sala acoge las consideraciones expuestas en sentencia de 6 de octubre de 2017, exp. 2017-01856-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03447-01(AC)

Actor: MARÍA GLADIS AGUIRRE HENAO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

La Sala decide la impugnación presentada por la señora María Gladis Aguirre Henao, contra el fallo proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante el cual se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

La señora María Gladis Aguirre Henao, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar que al proferir la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el nro. único de radicación 73001-33-33-002-2014-00614-01, le vulneró sus derechos fundamentales invocados supra, como consecuencia de haberle negado el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago inoportuno o extemporáneo de su cesantía parcial con destino a reparación de su vivienda.

Presupuestos fácticos

Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

La actora manifestó que el 20 de febrero de 2013, presentó petición ante el Ministerio de Educación Nacional con el fin de obtener el reconocimiento y pago de una cesantía parcial con destino a reparación de vivienda, con ocasión de los servicios prestados en su calidad de docente del nivel Nacional.

La Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima, mediante Resolución nro. 3140 de 30 de julio de 2013, resolvió: i) reconocer a la actora la suma de $16´916.388, por concepto de liquidación parcial de cesantías; ii) descontar de dicha suma el monto de $7´482.750 por concepto de cesantías parciales ya pagadas, quedando como saldo líquido a pagar el valor de $9´433.638 por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; iii) dicho pago se realizará respetando el turno respectivo y cuando exista disponibilidad presupuestal. De igual forma, la actora informó que el pago correspondiente no se dio sino hasta el 11 de octubre de 2013.

En virtud de que la actora consideró que, de conformidad con las Leyes 244 de 29 de diciembre de 1995 y 1071 de 31 de julio de 2006, el pago de sus cesantías debió efectuarse dentro de los 65 días siguientes a la radicación de la petición respectiva, esto es, a más tardar el 29 de mayo de 2013, el 26 de febrero de 2014 solicitó ante el Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago de sus cesantías.

La Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima, mediante Oficio nro. 2014RE3428 de 13 de marzo de 2014, respondió negativamente a la solicitud de pago de la sanción moratoria radicada por la actora.

Inconforme con la respuesta, la actora inició proceso de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando se declarara la nulidad del Oficio nro. 2014RE3428 y a título de restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de las sumas correspondientes a la mora en el pago de las cesantías reclamadas.

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia de 26 de abril de 2016, negó las pretensiones de la demanda.

Con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2018, confirmó la sentencia de primera instancia, en tanto que “[…] las disposiciones que regulan el régimen prestacional de los docentes, las cuales, como se señaló, no tienen consagrado el reconocimiento de la sanción que hoy se reclama […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

La parte actora solicitó en su escrito de tutela:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad […], en tanto desconocen la jurisprudencia propia del Consejo de Estado que en casos similares ha accedido a las pretensiones de los diferentes medios de control. Por lo anterior, solicito que se ordene a las autoridades judiciales accionadas dejar sin efecto el fallo del 21 de noviembre de 2016 y, en su lugar, proferir uno nuevo mediante el cual se reconozca y pague la sanción por mora solicitada.

SEGUNDA: DECLARAR que la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima […] violó el artículo 29 de la Constitución Política […], ORDENAR la revisión de la sentencia […] de 21 de noviembre de 2016 […].

TERCERA: DECRETAR al Tribunal Administrativo del Tolima […] DECLARE la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 2014RE3428 del 31 de marzo de 2014 […] expedido por el Secretario de Educación Departamental del Tolima, negando el reconocimiento y pago de la mora en el pago y/o sanción moratoria […].

CUARTA: Se dé cumplimiento al principio de la inmediatez […] debido a que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció los pronunciamientos del Consejo de Estado que, de ser aplicados, posiblemente hubieren conllevado a que se desatara favorablemente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […].

QUINTA: Que como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho se sirva ordenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la mora en el pago y/o sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías parciales y/o definitivas desde la fecha en que se hizo exigible la prestación hasta un día antes del día en que se hizo efectivo el pago […].

SEXTA: Que se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio indexar los valores resultantes del reconocimiento conforme los parámetros señalados en el artículo 187 del CPACA.

SÉPTIMA: Que se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio dar cumplimiento a la sentencia conforme lo señalado en el artículo 192 del CPACA.

OCTAVA: Que en caso de emitirse una condena en abstracto, se ordene a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 del CPACA.

NOVENA: Que se condene en costas a la demandada”.

Actuación

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante auto de 11 de enero de 2018, admitió la acción de tutela presentada por la actora y dispuso notificar al Juez Segundo Administrativo Oral de Ibagué y a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, concediéndoles el término de tres (3) días para que contestaran la solicitud de amparo y aportaran los documentos que pretendieran hacer valer como pruebas. De igual manera, dispuso vincular al representante legal del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima y a la Ministra de Educación Nacional, en su calidad de terceros con interés en las resultas del proceso.

Informes de las partes accionadas y las partes vinculadas

El Tribunal Administrativo del Tolima solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela, habida cuenta de que plantea un criterio hermenéutico distinto al utilizado por el Tribunal; además, la decisión que se controvierte, lejos de haber incurrido en algún defecto o error judicial, se ajustó a la normatividad legal vigente y a lo dispuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado, motivo por el cual se descarta la vulneración de algún derecho fundamental.

El Juez Segundo Administrativo del Circuito de Ibagué, manifestó que la acción de tutela debe ser negada, toda vez que no cumple con el requisito de inmediatez; la sentencia que negó las pretensiones de la actora fue proferida conforme a los fundamentos legales y jurisprudenciales que regían para la época, en especial el criterio establecido por el Consejo de Estado frente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de los docentes; y por lo mismo, no incurrió en ninguna de las causales especiales de precedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, solicitó que se niegue el amparo deprecado, por cuanto el pago de la sanción moratoria por concepto de cesantías es improcedente; no es la autoridad competente para expedir actos administrativos de reconocimiento de prestaciones a los afiliados del Fondo; y, por último, la actora no demostró que las autoridades judiciales demandadas hubieran incurrido en alguna vía de hecho.

La Asesora de la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se nieguen las pretensiones de la actora y que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que en el caso concreto no se configuran plenamente los requisitos de procedibilidad de la acción.

La sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 8 de febrero de 2018, resolvió declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por no reunir el requisito de inmediatez.

Dicha Corporación explicó que la sentencia de 21 de noviembre de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cobró ejecutoria el 29 de noviembre de 2016, y que la acción de tutela se presentó el 12 de diciembre de 2017, es decir luego de transcurridos más de un año y 14 días de ejecutoriada la decisión judicial enjuiciada. Así la Sección Quinta concluyó que dicho lapso para ejercer el mecanismo de amparo no resultaba razonable ni proporcionado.

Finalmente, indicó que no es de recibo la interpretación planteada por la actora en el sentido de que el término de la inmediatez debe ser contabilizado a partir de la sentencia de unificación nro. 336 del 18 de mayo de 2017, comoquiera que en esa decisión la Corte Constitucional no determinó la existencia de algún efecto retroactivo e inter comunis que justifique la interposición de la acción de tutela con posterioridad a un año. Además, aun si se llegare a asumir dicha interpretación, la acción de tutela tampoco cumpliría con el requerimiento analizado, toda vez que tendría una tardanza superior a siete meses.

La impugnación

La actora solicitó que se revoque el fallo de primera instancia y se le ordene al Tribunal Administrativo del Tolima dictar una nueva decisión de conformidad con las pretensiones formuladas en el escrito de la acción de tutela, con base en las siguientes consideraciones:

“[…] [S]í existen razones suficientes que justifiquen que el requisito de inmediatez se cumple a cabalidad ya que se está desconociendo la sentencia de unificación dictada por la Corte Constitucional SU336/17 del 18 de mayo de 2017 […].

[…] [T]enemos que el término debería tomarse como fecha del conteo de la inmediatez que puede ir de 6 meses a 2 años, desde la ejecutoria de la sentencia del 21 de noviembre de 2016, por ello debe darse flexibilidad al fallo supremo de la Corte Constitucional que dio vía libre a la seguridad jurídica y sería desde allí el término para poder contar el requisito de inmediatez, toda vez que los Tribunales y el Consejo de Estado estaban desconociendo y vulnerando este derecho y todas las tutelas que se presentaban seguían siendo negadas. En este caso sí median razones suficientes que justifiquen el retardo para la presentación de la correspondiente acción, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

[…] [S]e debe dar la flexibilidad por parte de la Consejera Ponente debido a que el derecho debatido venía siendo negado en los diferentes estrados judiciales, ya que como docente del Departamento del Tolima no tenía seguridad jurídica”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

En el caso sub examine, el problema jurídico inicial que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si incurrió en desconocimiento del precedente judicial la sentencia de 21 de noviembre de 2016 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó la sentencia de 26 de abril de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Ibagué en virtud de la cual se le negó a la actora el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación inoportuna o extemporánea de su cesantía.

Para resolver el presente problema jurídico la Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el desconocimiento del precedente como causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; y finalmente, la v) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya enunciados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, número único de radicación: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, por las siguientes razones:

i) La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la actora al debido proceso y a la igualdad.

ii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados.

iii) En la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.

iv) La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega.

v) No se trata de una acción de tutela contra una sentencia de tutela.

vi) La Sala observa que la sentencia de 21 de noviembre de 2016 fue notificada el 24 y cobró ejecutoria el 29 del mismo mes y año. A su turno, la acción de tutela encauzada contra dicha providencia tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017, lo que en principio supone concluir que no se cumplió con el requisito de inmediatez, en tanto que hubo una dilación de un año y nueve días para solicitar el amparo de los derechos fundamentales invocados.

Sin embargo, la Sala, mediante sentencia de 11 de abril de 2018, al resolver un asunto que comparte semejanza fáctica y jurídica con el presente, con base en la jurisprudencia constitucional, reiteró el criterio según el cual, “[…] el requisito de inmediatez se puede obviar en algunos eventos, dependiendo de la situación en particular, entre ellos, la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante entre el momento que surgió el presunto agravió y el uso de la acción de tutela, como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía, pues tales pronunciamientos involucran supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar la situación del interesado, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses ”. [Subraya la Sala].

En atención a este criterio, la sentencia que debe tomarse en cuenta para efectos de contabilizar la inmediatez del mecanismo de amparo en este tipo de asuntos, no es la proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, sino la SU 336 proferida el 18 de mayo de 2017 por la Corte Constitucional. Así pues, en virtud de que la referida sentencia de unificación fue publicada el 12 de julio de 2017, y la acción de tutela de la referencia fue promovida el 12 de diciembre del mismo año, se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez por cuanto fue interpuesta dentro del término razonable de cinco meses, a partir de la circunstancia fáctica relevante acaecida con posterioridad a la sentencia acometida.

El caso concreto

La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar que al proferir la sentencia de 21 de noviembre de 2016, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el nro. único de radicación 73001-33-33-002-2014-00614-01, le vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) Defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y, finalmente, ii) analizará el caso concreto.

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial como causal especial de procedibilidad de la acción de tutela ejercida contra providencias judiciales

La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.

Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.

En este orden de ideas, la Sala estima, en este caso, precisar los elementos y el alcance del precedente jurisprudencial, teniendo en cuenta que la actora consideró que la sentencia enjuiciada vulnera sus derechos fundamentales por haber desconocido el precedente judicial establecido por la Corte Constitucional relativo al reconocimiento de la sanción moratoria a los docentes por el pago extemporáneo de las cesantías parciales o definitivas con base en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006. Ahora bien, la Sala considera llevar a cabo el examen sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial con ocasión del cargo formulado por la actora en la presente acción de tutela.

En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:

“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:

“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Análisis del caso en concreto

La actora pretende, mediante el ejercicio de la presente acción de tutela, que se ordene a la autoridad judicial demandada proferir una nueva providencia en la que: i) se declare la nulidad del Oficio nro. 2014RE3428 mediante el cual se le negó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de sus cesantías parciales y ii) se ordene a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de la misma en los términos señalados en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

En ese orden, la Sala procederá a determinar si el Tribunal accionado vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante, al negar el reconocimiento y pago de la prestación anteriormente referida, en virtud de que “[…] las disposiciones que regulan el régimen prestacional de los docentes, las cuales, como se señaló, no tienen consagrado el reconocimiento de la sanción que hoy se reclama […]”.

En el asunto sub examine, la parte actora alega que la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial establecido en la sentencia de unificación 336 de 18 de mayo de 2017, según la cual, la Corte Constitucional establece que la sanción por mora en el pago de las cesantías contenida en el régimen general de servidores públicos, también es aplicable en los casos del personal docente.

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorio

Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, para determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en el yerro en mención, para lo cual revisará el acervo probatorio:

Resolución nro. 3140 de 30 de julio de 2013, mediante la cual la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima resolvió: i) reconocer a la actora la suma de $16´916.388 por concepto de liquidación parcial de cesantías; ii) descontar de dicha suma el monto de $7´482.750 por concepto de cesantías parciales ya pagadas, quedando como saldo líquido a pagar el valor de $9´433.638 por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; iii) dicho pago se realizará respetando el turno respectivo y cuando exista disponibilidad presupuestal.

Solicitud interpuesta el 26 de febrero de 2014 por la actora ante el Ministerio de Educación Nacional con el objeto de que le reconocieran y pagaran la sanción por mora en el pago de sus cesantías, en razón a que considera que, de conformidad con las Leyes 244 de 29 de diciembre de 1995 y 1071 de 31 de julio de 2006, dicha prestación no se efectuó oportunamente, esto es, a más tardar el 29 de mayo de 2013.

Oficio nro. 2014RE3428 de 13 de marzo de 2014, mediante el cual la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación del Tolima negó la solicitud de pago de la sanción moratoria elevada por la actora.

Comunicación radicada con el nro. 2014ER58836, mediante la cual el Director de Afiliaciones y Recaudo de la Fiduprevisora certificó que “el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio programó pago de cesantía parcial reconocida por la Secretaría de Educación del Tolima, a la docente María Gladis Aguirre Henao […], la cual quedó aprobada para pago el día 16 de septiembre de 2013, quedando a disposición a partir del 19 de septiembre de 2013 (…)”.

Ahora bien, la Sala, mediante sentencia de 6 de octubre de 2017, al estudiar una solicitud de amparo con similitud fáctica y jurídica a la que aquí se examina, con base en la sentencia de unificación 336 de 2017, decidió amparar los derechos fundamentales invocados como consecuencia de haber encontrado la configuración de los defectos desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución. En esa oportunidad indicó:

“[…] En el sub lite, afirma el actor que, con sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017, las autoridades judiciales cuestionadas desconocieron el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria establecida en los artículos 4º y 5º de la Ley 1071 de 2006 a los docentes oficiales.

[…].

[E]n cuanto al argumento del actor referente desconocimiento por parte de las autoridades judiciales accionadas del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, recogido en la sentencia de unificación SU 336/17, la Sala considera oportuno entrar a analizar el contexto, contenido y alcances del referido pronunciamiento, para así proceder a establecer si hubo o no, en el sub examine, el supuesto desconocimiento del mismo.

De esta forma, se observa que la sentencia de unificación SU 336 del 18 de mayo de 2017, la Corte Constitucional establece lo siguiente:

“La Sala Plena de esta Corporación considera que aquellas personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 y, en ese sentido, unificará la jurisprudencia sobre el particular. Lo anterior, por cuanto:

(i) Lo que se busca con el pago de esta prestación social es, por un lado, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben enfrentar los asalariados ante el cese de la actividad productiva, y por otro -en el caso del pago parcial de cesantías-, permitir al trabajador satisfacer otras necesidades, como vivienda y educación. Bajo ese entendido, la efectividad del derecho a la seguridad social se desdibuja cuando a pesar de reconocer que un trabajador, cualquiera sea su naturaleza, tiene derecho al pago de sus cesantías, el Estado o el empleador demora su pago durante un término indefinido.

(ii) Aunque los docentes oficiales no hacen parte de la categoría de servidores públicos, su situación, características y funciones se asemejan a la de estos últimos y, por lo tanto, les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen especial de la Ley 91 de 1989.

(iii) Desde la exposición de motivos de esta normatividad, la intención del legislador fue fijar su ámbito de aplicación a todos los funcionarios públicos y servidores estatales, es decir, involucra a todo el aparato del Estado, no solo a nivel nacional sino también territorial.

(iv) Aplicar este régimen garantiza en mayor medida el derecho a la seguridad social de los docentes oficiales, en condiciones de igualdad con los demás servidores públicos a quienes de manera directa se les garantiza el reconocimiento pronto y oportuno de sus prestaciones sociales.

(v) Si bien los operadores judiciales son autónomos e independientes en el ejercicio de sus funciones, mantener dos posturas contrarias sobre el asunto objeto de estudio por la Jurisdicción Contencioso Administrativa genera como consecuencia la vulneración del derecho a la igualdad de quienes se encuentran en la misma situación fáctica y desconoce el principio de seguridad jurídica que irradia las actuaciones de las autoridades judiciales.

(vi) Aplicar el régimen general de los servidores públicos a los docentes oficiales en materia de sanción moratoria resulta ser la condición más beneficiosa y, en esa medida, la que se adecúa mayormente y de mejor manera a los principios, valores, derechos y mandatos constitucionales, particularmente, al principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

(vii) Si bien para el momento en que se produjeron las sentencias en sede de nulidad y restablecimiento del derecho aún no había sido proferido el fallo en el que esta Corporación abordó de manera definitiva el asunto, ya existía al menos un precedente sobre la materia que aproximaba a un entendimiento distinto al que se llegó en dichas providencias en sede contenciosa (sentencia C-741 de 2012).” (Negrillas y subrayados fuera de texto).

De lo anterior, se infiere que la Corte Constitucional no solo procede a unificar, en la citada SU 336 de 2017, las posturas contrarias sostenidas por el Consejo de Estado, tanto en medio de control de nulidad y restablecimiento como en acción de tutela, respecto del reconocimiento a los Docentes Oficiales de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sino que, también, procede considerar que tales posturas del Consejo de Estado, proferidas antes de la mencionada unificación, ha debido aplicar lo establecido, en la sentencia C-741 de 2012, en cuanto al reconocimiento de la calidad de los docentes oficiales como asimilable a la de los empleados públicos.

Adicionalmente, sobre la configuración del precedente judicial constitucional existente, de manera previa a la sentencia de unificación en comento, ese Alto Tribunal sostiene que “si bien la Corte se había pronunciado desde 2012 en la sentencia C-741 sobre la naturaleza jurídica del régimen prestacional de los docentes oficiales”, el referido precedente constitucional se consolida con la sentencia C-486 de 2016, que se “refirió de manera específica que la sanción moratoria contenida en el régimen general de servidores públicos les era aplicable a los docentes”.

Por otra parte, en la referida providencia de unificación del 2017, la Corte Constitucional considera, por un lado, procede la causal específica de violación directa de la Constitución, en especial en las decisiones adoptadas por el Consejo de Estado antes de la sentencia C-486 de 2016, y, por el otro, da a entender que procedería la causal especifica de desconocimiento del precedente constitucional en el evento de providencias judiciales emitidas con posterioridad de la C-486 de 2016.

Finalmente, en el fallo de unificación constitucional analizado, la Corte Constitucional procedió a revocar las decisiones proferidas en sede de tutela por el Consejo de Estado, en primera y en segunda instancia, mediante las cuales se negó la protección invocada por los accionantes y, en su lugar, concederá la protección de los derechos a la igualdad en las decisiones judiciales y al debido proceso por violación directa de la Constitución. En consecuencia, dejó sin efecto las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Juzgados Administrativo de Ibagué y, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho contra los cuales se presentaron las acciones de tutela de la referencia, y ordenó al Tribunal Administrativo del Tolima a “proferir en cada uno de los casos estudiados una nueva decisión, mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en esta providencia”.

Efectuado el anterior análisis del precedente constitucional invocado por el aquí accionante se procede a verificar su aplicación al caso sub lite, en los siguientes términos:

Primero, la Sala observa que los presupuestos de hecho, de derecho y las consideraciones que sirvieron de sustento a las decisiones judiciales que fueron revocadas por la Corte Constitucional, en la sentencia SU 336 de 2017, son similares a los presupuestos de las sentencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017 objeto de la acción de tutela presentada por el actor.

En efecto, se advierte que coinciden, en las sentencias revocadas por la Corte Constitucional y las sentencias objeto de la presente acción de tutela: (i) la calidad de Docentes Oficiales de los accionantes, tanto para las acciones de tutela como para los medios de control de nulidad y restablecimiento presentados, (ii) la identidad de las entidades demandadas, en cuanto a los medios de control de nulidad y establecimiento, esto es, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como la identidad de las autoridades judiciales que adoptaron las decisiones de fondo, respecto de acciones de tutela y de los medios de control de nulidad y restablecimiento, como son juzgados administrativos del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, (iii) el objeto de la controversia gira sobre el mismo problema jurídico, (iv) los fundamentos de derecho son similares, en especial los referente al marco normativo, esto es, leyes 91 de 1989, 244 de 1995 y 1071 de 2006 y (v) las consideraciones expuestas por los jueces y magistrados son análogas tanto para uno y otro caso.

Segundo, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia proferida el 27 de enero de 2017, no hizo alusión o referencia a la sentencia C-486 del 7 de septiembre de 2016, como precedente constitucional previo a la SU-336 del 18 de mayo de 2017 en los términos indicados en esta última.

Tercero, la Sala observa que si bien el Juzgado Tercero Oral Administrativo, en sentencia proferida el 9 de septiembre de 2016, pudo no haber conocido, por lo cercano de la fecha, la sentencia C-486, si ha debido, en los términos previamente expuestos de la Corte Constitucional, como referente la sentencia C-741 de 2012.

Por tanto, la Sala considera que procederá a aplicar, en el caso presente, la sentencia de unificación jurisprudencial SU-336 del 2017 de la Corte Constitucional, respecto de las causales específicas de violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente jurisprudencial constitucional.

Así las cosas, por las razones antes señaladas, se concederá el amparo solicitado, al encontrarse configurado los defectos invocados por el accionante, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]””. [Subraya la Sala].

En virtud de que el caso de la actora comparte las circunstancias fácticas y jurídicas de la controversia resuelta por la Sala en sentencia de 6 de octubre de 2017 y en aras de salvaguardar su derecho fundamental a la igualdad, así como el principio de seguridad jurídica en las decisiones judiciales, la Sala prohíja las consideraciones antes transcritas, por resultar enteramente aplicables al caso sub examine.

Por estas razones, se procederá a revocar el fallo proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar amparará los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso invocados por la actora.

De igual forma, se dejará sin efectos jurídicos la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el marco del proceso contencioso con pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Gladis Aguirre Henao contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, con nro. único de radicación 2014-00614-01 y, en consecuencia, se le ordenará a la mencionada Corporación que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, profiera una sentencia de sustitución mediante la cual acceda a las pretensiones de la demanda y ordene el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, de conformidad con los lineamientos fijados en la sentencia de unificación 336 de 2017 de la Corte Constitucional, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el fallo de tutela proferido el 8 de febrero de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la señora María Gladis Aguirre Henao, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS la sentencia proferida el 21 de noviembre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia de conformidad con los lineamientos fijados en la sentencia de unificación 336 de 2017 de la Corte Constitucional, previa verificación de los requisitos establecidos en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Folios 85 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 1 y ss. Acción de tutela interpuesta el 12 de diciembre de 2017. Ibíd., folios 16 y ss. Ley 244 de 29 de diciembre de 1995. “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”. Ley 1071 de 31 de julio de 2006. “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”. Folio 5 del Expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por María Gladis Aguirre Henao contra el Ministerio de Educación Nacional, con nro, único de radicación 73001-33-33-002-2014-00614-01. Resolución nro. 3140 de 30 de julio de 2013. “Por la cual se reconoce y ordena el pago de una cesantía parcial para reparación de vivienda”. Ibídem. Folio 9 del Expediente con nro, único de radicación 2014-00614-01.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”. Ibíd., “Artículo 5°. Mora en el pago. (…). Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”. Folio 4 del Expediente con nro, único de radicación 2014-00614-01. Ibíd., folios 13 y ss. (proceso identificado con nro. único de radicación 2014-00614-00). Ibíd., folios 109 y ss. Ibíd., folios 121 y ss. Ibíd., folios 143 y ss. Ibíd., folio 149. Folios 28 y ss. del expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 40 y ss. Ibíd., folios 42 y ss. Ibíd., folios 46 y ss. Ibíd., folios 62 y ss. Ibíd., folios 68 y ss. Ibíd., folios 86 y ss.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Folio 143 del Expediente con nro. único de radicación 2014-00614-01. Ibíd., folios 132 y ss. Folio 15 del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2018, Exp. nro. 11001-03-15-000-2017-02412-01, C. P: María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sentencia T-243 de 6 de marzo de 2008, M. P: Manuel José Cepeda Espinosa. La acción de tutela sólo será procedente, entre otras eventos, “[…] (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición […]”. (negrillas fuera del texto original). Sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, M. P:

Marco Gerardo Monroy Cabra. “A pesar de que existe una providencia en firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2001, el actor interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 (que concretó lo que con anterioridad habían expuesto otras sentencias de tutela, tal y como lo expuso el actor en su demanda), situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, el accionante interpusiera la presente acción de tutela. No importa entonces que se trate de controvertir un fallo del año 2001, puesto que como arriba se dijo, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a la actualización del valor del pago de sus pensiones no está sujeto a ninguna condición y en la actualidad, a la luz de la Constitución, se encuentra plenamente garantizado. Conforme a lo dicho, la Sala entiende que el accionante interpuso la presente acción de tutela dentro de un plazo razonable, a partir de que tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006, en consecuencia, la Sala continuará con el análisis  de la procedencia de la tutela tal y como sigue a continuación […]”. (Negrillas fuera del texto original). Sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M. P: Humberto Antonio Sierra Porto. “[…] Adicionalmente, la jurisprudencia ha señalado que otra causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la acción, es la ocurrencia de un hecho nuevo, y éste, ha sido entendido, como una circunstancia fáctica que es jurídicamente relevante, ocurrida entre el momento en que ocurrieron los hechos causantes del daño o de la amenaza de los derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela. Se ha establecido por esta Corporación que una circunstancia fáctica relevante para el mundo jurídico, es la expedición en sede de revisión, de una sentencia, que contenga un precedente que antes no existía […]”. (Negrillas fuera del texto original). Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, Exp. nro. 11001-03-15-000-2017-03300-00, C. P: María Elizabeth García González. Ibíd., folios 16 y ss.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P.

Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Folio 149 del Expediente con nro. único de radicación 2014-00614-01. Ibídem. Ibíd., “Artículo 5°. Mora en el pago. (…). Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este”.
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
“Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”. Folio 4 del Expediente con nro, único de radicación 2014-00614-01. Ibíd., folio 10. Expediente nro. 2017-01856-00. C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E). Proferidas por el JUZGADO TERCERO ORAL ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE IBAGUÉ y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, respectivamente, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado con el número 73001-33-33-003-2015-00130-01, promovido por el actor en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento del Tolima. Cfr. Folios 21 a 31 del expediente. Corte Constitucional, sentencia del 18 de mayo de 2017. Magistrado Ponente: Iván Humberto Escrucería Mayolo. Referencia: Expedientes T-5.799.348, T-5.801.948, T-5.812.820, T-5.820.810, T-5.823.520, T-5.823.613, T-5.823.615, T-5.826.127, T-5.826.129, T-5.826.142, T-5.826.188, T-5.826.256, T-5.842.501 y T-5.845.180 (Acumulados). Corte Constitucional, sentencia del 26 de septiembre de 2012, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla. Corte Constitucional, sentencia del 7 de septiembre de 2016, Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa
No es objeto de debate ni de cuestionamiento si el señor Santiago Mayorga Rojas ostenta la calidad de docente oficial, como tampoco de desvirtúa la misma en las providencias del 9 de septiembre de 2016 y del 27 de enero de 2017. Radicado: 2015-00130-01. Expediente nro. 2017-01856-00. C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés (E). Sentencia de 17 de agosto de 2017, expediente nro. 2017-01855-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sostuvo: “[…] Así las cosas, es claro el efecto vinculante propio de las sentencias de unificación, imponen al juez tutelar acoger los fundamentos y decisiones que al respecto haya adoptado dicha Corte y, concretamente, cuando como acontece en el presente caso, incluyó el juzgamiento de situaciones bastante pretéritas, como se observa respecto de solicitudes de sanción moratoria adiadas en el 2012 y sentencias decisorias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo proferidas en los años 2015 y 2016. Ese pronunciamiento, conlleva indefectiblemente a adoptar la decisión de amparar los principios de igualdad y de favorabilidad laboral, que fueron invocados por el señor Salamanca Reyes, al coincidir en su fundamento y propósito argumentativo principal referente a ser beneficiario del régimen legal aplicable a los servidores públicos dentro de la temática de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías […]”. Sentencia de 5 de septiembre de 2017, expediente nro.

2017-01853-00, Consejera ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, sostuvo: “[…] Dicho lo anterior, concluye la Sala que si bien, en principio la decisión acusada, adoptada por el Tribunal Administrativo de Tolima, se encuentra amparada en el artículo 230 de la Constitución Política que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la República, y que la misma data de enero de 2017 (antes de los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado), no se puede pasar por alto la prevalencia del principio a la igualdad material que le asiste a los usuarios de la justicia, y que en este momento los altos tribunales judiciales tienen una posición pacífica en cuanto a señalar que los docentes oficiales deben ser considerados empleados públicos y, por lo mismo, les resultan aplicables las disposiciones de la Ley 1071 de 2006, en lo que a sanción moratoria por el pago tardío de cesantías se refiere […]”. Sentencia de 8 de noviembre de 2017, expediente nro. 2017-01854-00, Consejero ponente Julio Roberto Piza Rodríguez, sostuvo: “[…] De entrada, debe decirse que la Sala acoge el criterio expuesto en la sentencia SU-336 de 2017. Lo anterior, porque, en esa providencia, la Corte Constitucional definió el alcance del derecho fundamental a la igualdad de los docentes oficiales en lo que respecta a la sanción moratoria […]”. Sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente nro. 2017-01858-00, Consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, sostuvo: “[…] Por último, aunque en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima se hace una exposición jurídica razonable para apartarse de la línea jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado que ha sido uniforme en el reconocimiento del derecho reclamado por la accionante, la Sala considera que ante la zona de incertidumbre que rodea el alcance del concepto de servidor público consagrado en la ley 1071 de 2006, se debe privilegiar la prevalencia de los principios constitucionales de igualdad y equidad para distribuir de manera justa el derecho a percibir la sanción por mora en cuanto al pago de las cesantías parciales o definitivas a favor de los docentes oficiales […]”. Es pertinente señalar que la Sala en sentencias de 22 de febrero (Expedientes nros. 2017-03199-00, 2017-03296-00, 2017-03299-00, 2017-03300-00, 2017-03302-00, 2017-03357-00, 2017-03360-00, 2017-03363-00, 2017-03364-00, 2017-03365-00, 2017-03446-00 y 2017-03448-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.) y 1o. de marzo (Expediente nro. 2017-03359-00, Consejera ponente María Elizabeth García González.) de 2018, la Sala se pronunció en el mismo sentido.

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