República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00011-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
1 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - No se configura / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DESCUENTO DE LOS APORTES NO EFECTUADOS DURANTE TODA LA VIDA LABORAL / CRITERIO JURISPRUDENCIAL VIGENTE
Al estudiar de manera específica el cuestionamiento presentado por el apoderado del demandante, con respecto de la procedencia de ordenar el descuento de los aportes para pensión, sobre los factores que no se han efectuado, debidamente indexados y, durante toda la relación laboral, el Tribunal realizó varias precisiones que la Sala se permite trascribir in extenso a efecto de resolver el cargo planteado por el actor. (…) [L]a decisión del Tribunal fue debidamente sustentada en antecedentes jurisprudenciales no solo de contenido horizontal sino también vertical y que, con fundamento en estos, arribó válidamente a la conclusión de que «toda vez que las pensiones se constituyen con base en aportes periódicos a lo largo de toda la vida del trabajador, resulta necesario efectuar descuentos para aportes pensionales sobre los factores devengados durante toda la relación laboral del mismo».(…) En este contexto, la Sala considera infundado el defecto imputado a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, por consiguiente, no advierte ningún tipo de vulneración sobre los derechos fundamentales invocados en amparo. (…) En el caso no se encuentra vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión adoptada por el Tribunal «ordenar los descuentos no efectuados para aportes pensionales sobre los factores salariales —de auxilio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones— devengados durante toda la relación laboral del accionante», se encuentra debidamente sustentada.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00011-00(AC)
Actor: LUCIO ORLANDO REVELO LUCERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
El señor Lucio Orlando Revelo Lucero, por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C.
Pretensiones
El apoderado del accionante presenta como pretensiones las que a continuación se trascriben:
1. AMPARAR los derechos al MÍNIMO VITAL, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y SEGURIDAD SOCIAL de la señora LUCIO ORLANDO REVELO LUCERO.
2. ORDENAR al JUZGADO VEINTITRÉS (23) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, se modifique, aclare o adicione, numeral QUINTO, de la parte resolutiva de la providencia proferida el 19 de septiembre de 2014, donde se indicó: «…encuentra que en virtud de la misma se deben incluir factores salariales sobre los cuales el demandante no realizó los respectivos aportes que por ley le corresponden, deberá liquidar dichos aportes sobre los mencionados factores salariales abarcando todo lo devengado por tales conceptos durante la vigencia de la relación laboral, sumas indexadas, con fundamento en los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y de acuerdo con la formula señalada en la parte motiva de esta sentencia» y, en consecuencia, se ordenen tales descuentos conforme a lo dispuesto en los artículos 712, 719 y 817 del Estatuto Tributario o conforme la prescripción de los 3 años que indicó el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, según la posición que acoja el presente despacho.
3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C, de ser procedente, confirmar esta nueva decisión del JUZGADO VEINTITRÉS (23) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, o en su defecto MODIFICAR o ADICIONAR la providencia de fecha 7 de junio de 2017, ORDENANDO los descuentos de los aportes no efectuados conforme a lo dispuesto en los artículos 712, 719 y 817 del Estatuto Tributario o conforme la prescripción de los 3 años que indicó el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, según la posición que acoja el presente despacho.
1.2. Hechos de la solicitud
La Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) - EICE en Liquidación, hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del señor Lucio Orlando Revelo Lucero, omitiendo la inclusión de la totalidad de factores salariales devengados en el último año de servicios.
Presentó demanda de nulidad y restablecimiento contra la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) - EICE en Liquidación, hoy Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP.
El Juzgado Veintitrés Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2014, ordenó a la UGPP reliquidar la pensión con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios y, hacer los descuentos de los aportes de los factores no efectuados durante la vigencia de la relación laboral; pero, omitió la indexación de la primera mesada pensional y negó el reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 192.
Las partes apelaron la decisión y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia del 7 de junio de 2017, adicionó el numeral segundo en el sentido de disponer que la UGPP, actualizara el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del señor Lucio Orlando Revelo Lucero, respecto de los factores que se ordenaron incluir durante el periodo comprendido entre el 31 de abril de 1993 y el 7 de junio de 2002, de acuerdo con el IPC certificado por el DANE.
La UGPP mediante Resolución n.º RDP 043092 del 17 de noviembre de 2017, reliquidó la pensión de vejez en cumplimiento del fallo judicial.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
1.3.1. Argumenta que se incurrió en un defecto fáctico, pues se ordenó el descuento de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral, sin existir acervo probatorio —planillas mensuales de los descuentos a aportes en pensión— para demostrar si las entidades efectuaron los descuentos correspondientes.
Alega que el Tribunal debió advertir a la UGPP que las deducciones tenían que tener un suporte legal expedido por los nominadores públicos, quienes debían indicar la periodicidad, la cuantía del rubro devengado y la indicación de si sobre ellos se había realizado descuento alguno, de manera que al no existir este soporte la orden de deducción resulta ilegal.
1.3.2. Menciona que se incurrió en una decisión sin motivación, por cuanto las decisiones judiciales no expusieron las razones legales y jurídicas con fundamento en las cuales se ordenó el descuento de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral y, aun cuando se trajeron de presente algunos precedentes de contenido horizontal, en estos no es claro el tema del tiempo que debe pagar el trabajador por los valores no descontados.
Considera que para analizar el asunto se debió tener en cuenta el concepto de 4 de diciembre de 2014, en el que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 11001-03-06-000-2014-00057-00 (2205), puso de presente la prescripción de 3 años para los descuentos de los aportes no efectuados.
1.3.3. Indica que se incurrió en defecto sustantivo al ordenar los descuentos de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral, sin tener en cuenta, de conformidad con el principio de favorabilidad laboral, los Decretos 3135 del 68 y 1848 del 69, así como la Ley 1739 de 2014 o Estatuto Tributario.
Arguye que las cotizaciones al sistema integral de seguridad social constituyen una obligación de carácter parafiscal, motivo por el cual se rigen por las normas previstas para los bienes públicos, lo cual implica que para su cobro debe aplicarse el Estatuto Tributario, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, en concordancia con el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C-895 de 2005.
Explica que al ordenarse realizar los descuentos por conceptos de aportes al sistema de seguridad pensional, sobre los factores que no se cotizó durante toda su vida laboral, se dejó sin consideración lo dispuesto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, sobre prescripción de la acción de cobro de las obligaciones fiscales, según el cual transcurridos cinco años a partir de la fecha en que se generó la obligación de realizar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, estas prescriben y su pago no puede ser exigido.
1.3.4. Considera que existe desconocimiento de precedente jurisprudencial pues se pasaron por alto los innumerables pronunciamientos del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos del país, en los cuales se ha tratado el tema de los descuentos para pensión que se deben efectuar sobre los factores salariales que hacen parte de la base para la liquidación de la pensión.
Alega que dichos descuentos para pensión no efectuados en su momento al trabajador, tal como pasa con la liquidación de los factores salariales ordenados en su caso, deben efectuarse teniendo en cuenta un término de prescripción y no sobre toda la vida laboral, pues ello implica una flagrante violación de sus derechos fundamentales.
Explica que es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por ende, su pensión se da totalmente en los términos de la Ley 33 de 1985, que en su artículo 1, prevé como requisitos para la pensión 20 años de servicios y 55 años de edad, en cuantía del 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes, durante el último año de servicio, de manera que si se están ordenando incluir en ese promedio del último año de servicios, primas y auxilios, los descuentos deben ser sobre estos factores devengados por algún término de prescripción y no en toda la vida laboral, pues la Ley 33 de 1985 no establece, como si lo hace la Ley 100 de 1993, que para calcular el valor de la mesada pensional IBL, se deberá tener en cuenta lo devengado o cotizado durante toda la vida laboral.
Aduce que es inadmisible la orden de descontar los aportes por todo el tiempo de servicios prestados por el trabajador, cuando en el caso no se discutió el reconocimiento de la pensión, pues este ya se dio, sino la base utilizada para el cálculo del valor de la mesada, que como según lo indicó corresponde exclusivamente a lo devengado en el último año de servicios incluyendo la totalidad de factores salariales devengados en ese año.
Advierte que en el caso se dejó sin estudio el concepto de 4 de diciembre de 2014, en el que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 11001-03-06-000-2014-00057-00 (2205), indicó que los descuentos autorizados de los factores que no fueron objeto de cotización no pueden realizarse sobre la totalidad de los tiempos de la relación laboral, pues prescriben en tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
Señala que en aquella ocasión se hizo el análisis de los descuentos sobre aquellos factores tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión que en su momento no fueron cotizados, partiendo de dos presupuestos, el primero, respecto de si la causa que origina el descuento es el aporte por el nuevo factor que debe incluirse en la base de liquidación y el segundo, respecto del termino de prescripción aplicable a los descuentos que deben hacerse sobre los factores tenidos en cuenta para la liquidación de las pensiones que en su momento no fueron cotizados.
Agrega que en dicho análisis se arribó a la conclusión de que el cobro de los descuentos sobre los factores salariales a incluir en la pensión del demandante no pueden efectuarse sobre toda la vida laboral del pensionado, pues de hacerse así no sería proporcional toda vez que ni siquiera se puede establecer si los factores se devengaron durante toda la vida laboral, lo que en muchos eventos, podría ocasionar que el valor de los descuentos sea mayor al de la condena, bien sea, por reconocimiento y en especial por reliquidaciones, desconociéndose la igualdad de las cargas públicas que deben soportare los administrados, pues a estos últimos si se le aplica la prescripción sobre sus mesadas, mientras que al último no, con relación a los descuentos a su favor.
Concluye que existe gran diferencia entre hacer los respectivos descuentos por toda la vida laboral, a hacerlo teniendo en cuenta el término de prescripción de los 3 años que indicó la Sala de Consulta y Servicio Civil, o conforme el término de prescripción de los 5 años establecido en el artículo 817 del Estatuto Tributario, de manera que en el caso no se debieron ordenar los descuentos por toda la vida laboral, sino que se debió escoger entre las dos posiciones sobre las cuales decretar la prescripción de los descuentos de los aportes no efectuados, tal como lo han hecho diferentes jueces y magistrados de Tribunal.
1.4. Actuación Procesal
La acción de tutela fue admitida por este despacho judicial mediante auto del 30 de enero de 2018, proveído del que se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, como demandados, y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, como tercero interesado en las resultas del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por intermedio del magistrado Carlos Alberto Orlando Jaiquel, ponente de la providencia objeto de censura, señala que la decisión se fundamentó en el artículo 53 de la Constitución Política y en el principio de sostenibilidad financiera que cobija al sistema pensional.
Explica que la sentencia se adoptó teniendo en consideración que las pensiones de jubilación se construyen a base de aportes periódicos a lo largo de la vida del trabajador, con el propósito de que la entidad utilice y capitalice estos recursos para cuando llegue el momento de acceder a este derecho, situación que implica una progresividad y permanencia durante todo el tiempo de servicio, para efecto de que la entidad se abastezca de dineros para sostener el sistema pensional.
Explica que dado que se incrementa la pensión por nuevos factores no cotizados para esta prestación, que será vitalicia, no se compadece con el principio de sostenibilidad fiscal que se apliquen solo unos factores reducidos para financiar una pensión y que llegan a última hora sin permitir que la entidad de previsión los haya percibido en su momento.
Anota que lo sostenido por la Sala tuvo sustento en la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la cual se estableció que las pensiones se deben liquidar tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social, lo cual no significa que aquellos que no han sido objeto de deducciones deban ser excluidos del IBL «pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar».
Refiere que en sentencia del 5 de agosto de 2014, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, expediente 0628-2013, precisó el alcance de los descuentos de aportes que se deben efectuar para pensión sobre los factores incluidos como parte del ingreso base de liquidación a efecto de reliquidar las pensiones de jubilación.
Resalta que el apoderado del actor ha interpuesto varias acciones de tutela contra diversas providencias proferidas por la Sala de Decisión, objetando igual cuestión, las cuales siempre le han sido adversas a sus pretensiones, tanto así que en la sentencia de tutela del 25 de enero de 2018, expediente 11001-03-15-000-2017-02983-00, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, llamó la atención al apoderado judicial.
1.5.2. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda, a través de la juez María Teresa Leyes Bonilla, solicitó denegar la acción de tutela interpuesta, al sustentarse en afirmaciones que no corresponden con la realidad fáctica y por no haber incurrido el despacho en violación de los derechos fundamentales invocados por el accionante.
Señala que el demandante debió cotizar por todos los factores que integran en salario (ingreso) base de liquidación de la pensión, liquidándose en la porción que le correspondía, sobre los mencionados factores salariales, abarcando todo lo devengado durante la vigencia de la relación laboral, situación que encuentra fundamento en la sentencia de 9 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado.
1.5.3. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, por medio del subdirector de defensa judicial Salvador Ramírez López, solicita declarar improcedente la acción de tutela, por no ser la sede judicial para discutir las pretensiones del actor.
Advierte que una vez revisada la base de datos de la entidad, se evidenció que mediante Resolución n.º RDP 043092 del 17 de noviembre de 2017, se dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, reliquidando la pensión de vejéz del actor, estableciendo como valor de la mesada pensional la suma de $774.164, efectiva a partir del 7 de junio de 2002, pero con efectos fiscales a partir del 29 de noviembre de 2009, de conformidad con el fallo objeto del cumplimiento.
Considera que la acción de tutela es improcedente dado que la pretensión es exclusivamente económica y pretende modular las decisiones ejecutoriadas proferidas por los jueces naturales de la causa, quienes con base en la normatividad y jurisprudencia aplicable optaron por seguir la línea de la protección de la sostenibilidad financiera del sistema.
Indica que en la sentencia de 5 de junio de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del expediente 25000-23-25-000-2012-00190-01 (0628-2013), se puso de presente que la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media, creada con el Decreto 2380 del 2012 con el objetivo de lograr la unificación de criterios de interpretación normativa entre las entidades que administran y regulan dicho régimen, desarrolló una ponencia en torno a la viabilidad de realizar el cobro de aportes pensionales por factores insolutos (que no hicieron parte del IBC en su momento) o sobre la diferencia de aportes entre lo cotizado y lo que efectivamente debió cotizar, cuando exista una reliquidación por vía judicial o conciliatoria, teniendo en cuenta que debe existir una corrección entre el IBC e IBL, concluyendo además la porción en la que debe realizarse el cobro tanto al empleador como al trabajador.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si en la providencia enjuiciada se incurrió en «decisión sin motivación» al presuntamente no señalarse las razones legales y jurídicas con fundamento en las cuales se ordenó efectuar los descuentos de aportes no realizados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, sobre los factores de salario cuya inclusión se ordenó incluir en la nueva liquidación y que no fueron objeto de deducción, durante toda la vida laboral del actor.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizarse la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados tanto por la ley como por la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo realmente razonable para determinar si la acción de tutela promovida para dejar sin efecto providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. De lo acontecido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el señor Lucio Orlando Revelo Lucero
2.4.1. El señor Lucio Orlando Revelo Lucero, prestó sus servicios al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y su último cargo desempeñado fue el de asistente administrativo (f.51 vto).
2.4.2. Adquirió su estatus pensional el 2 de junio de 2002, por lo que la UGPP le reconoció una pensión de vejez mediante Resolución n.º 26698 del 26 de septiembre de 2002, reliquidada por medio de Resolución n.º 003135 del 27 de enero de 2006, con el 75% de lo devengado en el último año de servicios, con la actualización del IPC desde el año 1993 al año 2002, efectiva a partir del 2 de junio de 2002 (f.51 vto).
2.4.3. El 29 de noviembre de 2012, presentó solicitud de reliquidación pensional, con inclusión de factores salariales e indexación de la primera mesada pensional, que le fue negada mediante las Resoluciones n.º RDP 014965 del 3 de abril de 2013 y la Resolución n.⁰ RDP 024715 del 29 de mayo de 2013 (f.51 vto).
2.4.4. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, con el objeto de que se declarara la nulidad de las resoluciones que negaron la reliquidación de su pensión de jubilación y, en consecuencia, se ordenara a la UGPP a:
(i) reconocer y pagar su pensión de jubilación, efectiva a partir del 7 de junio de 2002, fecha en que adquirió el status pensional por cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio y, asimismo, reliquidar los reajustes pensionales decretados en la Leyes 4/76 y 71/88;
(ii) pagar una pensión mensual vitalicia de jubilación, equivalente al 75% de la totalidad de los factores de salario devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro del servicio, incluyendo además de los emolumentos ya reconocidos, el auxilio de alimentación, la prima de navidad, la prima de servicios y la prima de vacaciones; y,
(iii) reconocer y pagar la totalidad de las diferencias que resulten a su favor desde que se adquirió el estatus jurídico de pensionado hasta la reliquidación, debidamente indexada con base en el IPC.
2.4.5. El Juzgado Veintitrés Administrativo, Sección Segunda, mediante sentencia del 19 de septiembre de 2014 (ff.31-46), resolvió:
PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, respecto del mayor valor de las mesadas causadas con anterioridad al 29 de noviembre de 2009, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de las Resoluciones n.º RDP 014965 del 3 de abril de 2013 y la Resolución n.⁰ RDP 024715 del 29 de mayo de 2013, por medio de las cuales fue negada la reliquidación de la pensión de jubilación al demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP procederá a modificar la liquidación del valor de la mesada pensional de jubilación contenida en Resolución n.⁰ RDP 26698 DEL 20 de septiembre de 2002 y, en su lugar, reliquidará la referida prestación que le viene reconocida al señor LUCIO ORLANDO REVELO LUCERO, en cuantía equivalente al 75% del promedio mensual de todos los factores devengados en el último año de prestación del servicio, es decir, desde el 30 de marzo de 1992 al 30 de marzo de 1993, que hayan servido de base para calcular y liquidar los aportes, incluyendo como factores la prima de servicios, prima de antigüedad, prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación y bonificación por servicios prestados, los cuales viene debidamente certificados, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, con efectos fiscales desde el 29 de noviembre de 2009.
CUARTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, pagará al demandante, con los reajustes de ley, las diferencias que resulten en su favor, entre las sumas de las mesadas pensionales que le ha reconocido y pagado y las que le debe pagar legalmente, desde el 29 de noviembre de 2009, diferencias indexadas, con fundamento en los Índices de Precios al Consumidor certificados por el DANE y de acuerdo con la formula señalada en la parte motiva de esta sentencia (Art. 195 del CPACA), hasta la ejecutoria del fallo.
QUINTO: La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, si al reliquidar la pensión, cuya orden se imparte en la presente providencia, encuentra que en virtud de la misma existen factores que por ley le correspondían, deberá liquidar dichos aportes sobre los mencionados factores salariales, abarcando todo lo devengado por tales conceptos durante la vigencia de la relación laboral, sumas indexadas con fundamento en los Índices de Precios al Consumidor certificados por el DANE y de acuerdo con la formula señalada en la parte motiva de esta sentencia; y que se descontaran del retroactivo pensional a pagar y/o de las mesadas pensionales a pagar a futuro, hasta que se complete el monto debido; sin que el descuento mensual supere la quinta parte de la mesada pensional.
SEXTO: Deniéguense las demás súplicas de la demanda.
2.4.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por medio de providencia del 7 de junio de 2017 (ff.47-67), resolvió:
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), por el Juzgado Veintitrés (23) Administrativo del Circuito de Bogotá —Sección Segunda—, en el proceso promovido por el señor Lucio Orlando Revelo Lucero, en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección —UGPP—, en cuanto accede a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ADICIONAR la parte resolutiva de la providencia recurrida para disponer que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección —UGPP—, deberá actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación del demandante, respecto de los factores que ahora se ordena incluir durante el periodo comprendido entre el 31 de abril de 1993 y el 7 de junio de 2002, de acuerdo con el índice de precios al consumidor certificado para cada anualidad por el DANE, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
2.5.1.1. La Sala se abstiene de hacer cualquier consideración con respecto de los cuestionamientos presentados contra la sentencia del 19 de septiembre de 2015, proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, toda vez que dicha providencia fue revisada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, de acuerdo con los alegatos presentados en el recurso de apelación.
Es criterio reiterado de esta Sala, que bajo la egida del principio de la doble instancia, no es procedente que el juez de tutela revise decisiones que tuvieron la oportunidad de ser estudiadas en segunda instancia por el juez natural, quien de acuerdo con los considerandos puestos de presente en el recurso de apelación, arribó a sus propias conclusiones con respecto al tema puesto en discusión.
2.5.1.2. En lo que corresponde con la providencia del 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se evidencia que:
(i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y el debido proceso.
(ii) Se «cumple con el requisito de subsidiaridad», dado que la decisión cuestionada hace referencia a una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-023-2013-00719-01; y de los hechos narrados, no se evidencia que el caso se adecue a alguna de las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
(iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la sentencia objeto de censura fe notificada por correo electrónico el 21 de junio de 2017 (f.291 expediente en préstamo) y, la acción de tutela fue radicada en la Secretaría General del Consejo de Estado el 19 de diciembre de 2017 (f.1), estando dentro del término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
(iv) En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
(v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración»; sin embargo, se encuentra que «varios de los cuestionamientos señalados en tutela no fueron puestos de presente por el señor Lucio Orlando Revelo Lucero en el recurso de apelación interpuesto en sede ordinaria, teniendo la posibilidad de hacerlo», según se puede extraer del escrito de apelación visible a folios 199 a 202 del expediente en préstamo.
La Sala no puede hacer consideración alguna con respecto de situaciones frente a las que no se sometió a análisis del juez natural, ya que ello sería convertir el mecanismo de la acción de tutela en una instancia adicional o tercera instancia no regulada por el legislador.
Según se advierte, el accionante acusa la existencia de un «defecto fáctico» en la decisión del Tribunal, al confirmar la orden de descontar los aportes no efectuados durante toda la vida laboral, sin existir en el plenario las planillas mensuales de los descuentos a aportes en pensión, para demostrar si las entidades efectuaron o no los descuentos a que había lugar, situación que bien podía haberse increpado para estudio del Tribunal, en atención a la orden que dio el fallador de primera instancia al respecto.
Con todo, es de advertir que tal cuestionamiento no puede dirigirse a irrogar la existencia de un defecto factico, toda vez que lo analizado por el juez obedece a un punto de derecho con fundamento en el cual deben realizarse las correspondientes liquidaciones por parte de la entidad de previsión, en caso de encontrar que existan factores salariales sobre los cuales el demandante no realizó los respectivos aportes que por ley le correspondían, es decir, que no es de competencia del juez realizar la liquidación de la pensión de jubilación, toda vez que esta corresponde ejecutarla al ente de previsión, de acuerdo con los parámetros ordenados por el operador jurídico.
También se invoca la existencia de un «defecto sustantivo» en la modalidad de «desconocimiento normativo», al ordenarse los descuentos de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral, sin tenerse en cuenta el término de prescripción de 3 años en materia laboral, previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, o de 5 años previsto en el artículo 817 del Estatuto Tributario, sobre la acción de cobro de las obligaciones fiscales, planteamiento este que tampoco se elevó a instancia del Tribunal y que por tanto el juez de tutela no puede entrar a analizar.
De igual forma, el accionante irroga la existencia de un «defecto sustantivo» en la modalidad de «desconocimiento de precedente jurisprudencial», al no tomarse en cuenta el concepto de 4 de diciembre de 2014, en el que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, expediente 11001-03-06-000-2014-00057-00 (2205), donde se indicó que los descuentos autorizados de los factores que no fueron objeto de cotización no pueden realizarse sobre la totalidad de los tiempos de la relación laboral, pues prescriben en 3 años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, alegato que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tampoco tuvo la oportunidad de estudiar, al no haberse propuesto en el recurso de apelación.
En todo caso, no está de más decir que los conceptos emitidos por la Sala de Consulta y Servicio Civil no pueden ser tomados como precedente jurisprudencial a seguir, en atención a que su función es de carácter consultivo y no jurisdiccional, por lo que no tienen carácter vinculante.
En igual sentido, se advierte que aunque el apoderado del accionante manifiesta que en el caso se pasaron por alto innumerables pronunciamientos del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativos del país, en los cuales se ha tratado el tema de los descuentos para pensión que se deben efectuar sobre los factores salariales que hacen parte de la base para la liquidación de la pensión, lo cierto es que no presenta referencia de algún pronunciamiento para efecto de ser tenido en cuenta, por lo que esta Sala de decisión se ve en la imposibilidad de realizar análisis al respecto maxime cuando en el escrito de apelación tampoco se pusieron de presente antecedentes y/o precedentes jurisprudenciales a seguir por el juez natural.
En este contexto, la Sala procederá a analizar en lo que corresponda el defecto invocado de «decisión sin motivación», que a juicio del apoderado del accionante incurrió el Tribunal al no haberse expuesto las razones legales y jurídicas con fundamento en las cuales se ordenó el descuento de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral.
(v) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona fue proferida dentro del trámite de un proceso de nulidad electoral.
2.5.2. Análisis de procedibilidad del amparo de tutela
2.5.2.1. Sobre el defecto «decisión sin motivación»
De acuerdo con lo referido por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, este defecto se refiere al «incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional».
Lo anterior, por cuanto las decisiones proferidas por los jueces deben ser entendidas como una expresión material de la función de administrar justicia por parte del Estado, a través de sus servidores envestidos de esa especial competencia funcional, que implica la obligación de dar cuenta de las razones de hecho y de derecho que conducen a la toma de sus decisiones.
En la sentencia T-310 de 2009, la Corte señaló que este tipo de falencia se distingue del defecto fáctico en cuanto no se estructura a partir de la disconformidad entre la motivación de la sentencia y su parte resolutiva, sino en la ausencia de razonamientos que sustenten lo decidido, de manera que cuando este presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso.
De igual forma, en la sentencia T-589 de 2010 la Corte realizó un amplio análisis de esta causal, señalando que la falta de motivación es un defecto de las providencias judiciales cuando se adoptan sin «justificación suficiente», deficiencia que puede originarse o bien en la «falta de justificación externa» o bien en la «carencia de justificación interna».
La falta de justificación externa, se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez «sin argumentación suficiente». Tanto los elementos fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad procesal o a lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aun así, si no se ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes determinantes del sentido de su decisión. La Corte Constitucional se ha referido a este déficit, por ejemplo, en la sentencia T-107 de 2009. En esa ocasión, debía decidir si una autoridad judicial había violado el derecho al debido proceso de un demandante, al proponer una conclusión jurídica con miras a decidir el conflicto, pero sin exhibir a partir de cuál norma, y desde cuáles hechos la había obtenido. La Corte tuteló el derecho al debido proceso por considerar que no se habían justificado las premisas del juicio, y le ordenó a la autoridad judicial demandada adoptar una nueva providencia, en la cual especificara «los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión».
La falta de justificación interna, se le atribuye a la conclusión cuando no es «solidaria con las premisas» o, cuando no «se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación». Sin embargo, debido a que las decisiones jurídicas, muy a menudo no son evidentes, y no pueden nunca ser arbitrarias, es preciso exponer las razones que justifican el paso de las premisas a la conclusión. Por no haberlo hecho, en la sentencia T-259 de 2000 la Corte Constitucional consideró que un juez de instancia, en proceso de tutela, había incumplido su deber de justificar adecuadamente la decisión. En efecto, a pesar de constatar que la autoridad judicial efectuó un juicio formalmente completo, pues expuso las premisas normativas y fácticas del juicio, la Corporación asumió que «la falta de nexo entre los hechos y el derecho hace inexistente el razonamiento judicial».
Por lo tanto, las circunstancias para que la causal de decisión sin motivación sea procedente, pueden resumirse en las siguientes: (i) que se produzca una decisión judicial sin explicar las razones o motivos para su adopción; (ii) que se haya violado el principio de congruencia; (iii) que las motivaciones expuestas se aparten completamente de lo establecido por el ordenamiento jurídico; y, (iv) que como consecuencia de las circunstancias descritas, se afecten o vulneren derechos fundamentales.
2.5.2.2. Caso concreto
Alega el apoderado del accionante, que en la providencia del 7 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, se incurrió en «decisión sin motivación», pues a su juicio, no se expusieron las razones legales y jurídicas con fundamento en las cuales «se ordenó el descuento de los aportes no efectuados durante toda la vida laboral», pues aun cuando se trajeron de presente algunos precedentes de contenido horizontal, en estos no es claro el tema del tiempo que debe pagar el trabajador por los valores no descontados.
Para resolver el caso del señor Lucio Orlando Revelo Lucero, el Tribunal trajo a colación el marco normativo con respecto del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y señaló que en la medida en que el inciso 3 contempló un ingreso base de liquidación para las pensiones que se reconocen en aplicación del régimen de transición, dependiendo del tiempo que le falte al trabajador para consolidar su derecho pensional y que al respecto se ha suscitado una controversia interpretativa en torno al alcance de la expresión monto, al discutirse si dentro de dicho concepto se encuentra inmerso el ingreso base de liquidación o si este último se encuentra excluido del régimen de transición, manifestó acoger la interpretación sostenida en la sentencia de 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la cual se indica que la contradicción que se presenta entre los incisos 2 y 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe resolverse a la luz de los principios de favorabilidad e inescindibilidad y, en tal sentido «el concepto de monto comprende además de la tasa de reemplazo, el ingreso base de liquidación», pues no resulta procedente que se fraccione o escinda el régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993, ya que ello conllevaría a desconocer uno de los elementos que junto con la edad y el tiempo de servicio o semanas cotizadas, hacen parte de la esencia del régimen de transición.
En igual sentido, evidenció que la referida sentencia también unificó el criterio respecto de los factores que conforman el ingreso base de liquidación de las pensiones cobijadas con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y definió con fundamento en los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formas, favorabilidad en materia laboral y progresividad, que «el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 contenía un listado enunciativo y no taxativo de los factores salariales», de manera que dentro de la base de liquidación pensional deben ser incluidas todas aquellas sumas percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de su denominación.
Explicó que de acuerdo con el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, la Sala ha aplicado en toda su extensión el régimen pensional anterior a las pensiones cobijadas por el régimen de transición, sin que haya lugar a aplicar para efectos de su liquidación lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y tampoco el Decreto 1158 de 1994 que se expidió exclusivamente para liquidar las pensiones regidas por la Ley 100 de 1993.
En todo caso, advirtió que en el evento de que la pensión se hubiere causado antes de la sentencia C-258 de 2013, debe revisarse en cada caso si debe aplicarse la orientación del alto tribunal constitucional en materia de régimen de transición, o si por el contrario, se aplica la orientación de la sentencia de unificación del Consejo de Estado, para las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 y 62 del mismo año, 71 de 1988 y Decreto Ley 3135 de 1968.
En este estado de cosas, indicó en el caso concreto que el demandante cumplió con las condiciones exigidas para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto para la fecha en la cual entró a regir dicha norma, a saber, 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad y con más de 15 años de servicios cotizados.
También refirió que dado que el demandante adquirió el estatus pensional el 7 de junio de 2002, en consideración a la edad, esto es, antes de que se profiriera la sentencia C-258 de 2013, en su caso se le debía aplicar en su integridad el monto de liquidación a que se refiere la Ley 33 de 1985, como lo hizo el a quo.
En tal sentido, concluyó que la pensión de jubilación del demandante debe reliquidarse en cuantía equivalente al 75% del salario promedio mensual del último año de servicio, esto es, 30 de mayo de 1992 y el 30 de marzo de 1993, teniendo en cuenta además de los factores salariales ya reconocidos, los siguientes: prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, subsidio de alimentación; con los reajustes legales y sin perjuicio del descuento de aportes para pensión sobre los factores respecto de los cuales no se haya efectuado dicha deducción «durante toda la relación laboral, únicamente en el porcentaje que corresponde al actor», precisando que aquellos factores que se causen anualmente deberán liquidarse con el 75% de sus doceavas partes.
Sobre los descuentos que se deben efectuar con miras a cubrir los aportes sobre los factores de salario cuya inclusión se ordena dentro de la nueva liquidación y que no fueron objeto de deducción, el Tribunal trajo a colación el siguiente aparte de la sentencia de 9 de abril de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el expediente 25000-23-25-000-2010-00014-01 (1849-2013), así:
[E]l Acto Legislativo No. 01 de 2005, que modifica el artículo 48 de la Carta Política, dentro de las vías que introdujo para mantener la sostenibilidad financiera del sistema pensional, señaló que “[P]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Por ello, siendo consecuentes con el anterior propósito y teniendo en cuenta que eventualmente, en casos como el sub examine, los aportes sobre la totalidad de los factores que legalmente constituyen factor salarial para efectos pensionales, no se realizaron durante la vida laboral del actor desde el momento de su causación, para esta Sala resulta necesario que los valores a retener y/ o deducir, de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta para reliquidar la pensión del accionante, sean actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y al actor (pudiendo repetir contra el primero para obtener su pago y determinando el valor a descontar de la pensión del segundo), de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondarían la problemática.
Ahora bien, en lo que concierne a la deuda a cargo de la parte actora, la entidad demandada procederá a realizar los descuentos sobre el valor del retroactivo producto del reconocimiento del mayor valor derivado de la reliquidación pensional con la inclusión de los nuevos factores; y si con ello no se satisficiera la totalidad de la deuda que al demandante le corresponde, se efectuarán una serie de descuentos mensuales, iguales, hasta completar el capital adeudado.
Los mencionados descuentos deberán ser acordes con las circunstancias y condiciones económicas del actor, dada la cuantía de su pensión; esto a efectos de no causar traumatismo a su ingreso y en consecuencia, a su manutención y la de quienes de él dependan económicamente.
En este contexto, el Tribunal refirió que teniendo en cuenta lo dispuesto en el acto legislativo n.⁰1 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Carta Superior, los descuentos por aportes obligatorios al empleado, deben ser actualizados al valor presente y deducirse del valor del retroactivo que resulte a favor del pensionado y, en caso de no ser suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda que le corresponde, la entidad realizará una serie de descuentos mensuales iguales hasta completar el capital adeudado los cuales deben ser establecidos de acuerdo a la capacidad económica del pensionado y, que los valores a cargo del empleador deben igualmente ser indexados y la entidad demandada podrá repetir contra él con el fin de obtener dicho pago.
Al estudiar de manera específica el cuestionamiento presentado por el apoderado del demandante, con respecto de la procedencia de ordenar el descuento de los aportes para pensión, sobre los factores que no se han efectuado, debidamente indexados y, durante toda la relación laboral, el Tribunal realizó varias precisiones que la Sala se permite trascribir in extenso a efecto de resolver el cargo planteado por el actor.
El apoderado del extremo activo de la Litis apela la orden de descuentos sobre los factores no efectuados en los términos dispuestos por el a quo, puesto que dispuso que los mismos procedían durante toda la relación laboral, en el porcentaje que corresponde al actor, sumas que deberán ser indexadas, con fundamento en los Índices de Precios al Consumido.
Al respecto la Sala advierte que en tanto las pensiones se constituyen con base en aportes periódicos a lo largo de toda la vida del trabajador, resulta necesario efectuar descuentos para aportes pensionales sobre los factores devengados durante toda la relación laboral del mismo. Dicha posición ha sido reiterada por esta Sala de Decisión en distintas oportunidades, verbigracia, dentro del proceso radicado n.⁰ 2013-0017, con ponencia del doctor Samuel José Ramírez Poveda […].
Asimismo, en sentencia proferida por la Sala con ponencia de la doctora Amparo Oviedo Pinto dentro del expediente n.⁰ 2013-00269-01 […]
Ahora bien, la máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo en distinta jurisprudencia ha precisado el alcance de los descuentos de aportes que se deben efectuar para pensión sobre los factores incluidos como parte del ingreso base de liquidación a efectos de reliquidar las pensiones de jubilación y, al respecto, reiteró que dicha deducción aplica durante toda la vida laboral del trabajador y que los valores que han de ser descontados ente otras cosas deben ser actualizados al valor presente, de suerte que se obtenga un cifra real de lo que corresponde sufragar al empleador y al trabajador, pues «de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondaría la problemática».
Además, recientemente la Alta Corporación ha insistido en la necesidad de efectuar las referidas deducciones, tal como se indicó en la sentencia referida, acápite denominado «sobre las cotizaciones para pensión respecto de los factores que se ordena incluir en las reliquidaciones pensionales», para efectos de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
Por las razones antes anotadas, esta Sala también encuentra acertada la orden de descuentos sobre los factores no efectuados en los términos dispuestos por el juez de primer grado. (Subrayado fuera de texto).
Aunque el Tribunal no trajo de presente la trascripción de lo referido en la sentencia de 5 de junio 2014 (0623-2003), esta Sala de decisión la trae de presente para dar mayor ilustración al asunto. La sentencia indicó:
4. Descuentos para aportes de seguridad social en pensiones, sobre los factores que se ordena incluir en el cálculo pensional.
Ahora bien, uno de los argumentos de la apelación se refirió a que no podían incluirse en la liquidación de la pensión factores salariales sobre los que no se habían realizado los aportes.
En el caso bajo estudio, el a quo consideró que al actor le asiste el derecho a que la entidad de previsión le «reliquide su pensión de jubilación en cuantía equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio mensual del último año de servicio, esto es, entre el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: …, así sobre los mismos se hubiesen hecho aportes para pensión o no, teniendo en cuenta que dichos aportes son los que le corresponden al actor y se deducirán únicamente en el porcentaje que le corresponde al accionante, entendiendo además que aquellas primas y bonificaciones que se causen anual o semestralmente, deberán reliquidarse con el 75% de su promedio mensual»”.
No discute la Sala que la doctrina de esta Corporación, señala que «procede el descuento de los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción lega»”. Lo anterior, en tanto la omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de los mencionados conceptos para efectos pensionales, pues aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional.
No obstante, es necesario precisar que en casos como el sub examine, los aportes sobre la totalidad de los factores que legalmente constituyen factor salarial para efectos pensionales, no se realizaron durante la vida laboral del actor desde el momento de su causación, por lo que para esta Sala resulta necesario que los valores a retener y/ o deducir, de aquellos sobre los que no se cotizó y que se tendrán en cuenta para reliquidar la pensión del accionante, sean actualizados a valor presente a través del ejercicio que realice un actuario, de suerte que se tenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y al actor (pudiendo repetir contra el primero para obtener su pago y determinando el valor a descontar de la pensión del segundo), de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondarían la problemática.
Ahora bien, en lo que concierne a la deuda a cargo de la parte actora, la entidad demandada procederá a realizar los descuentos sobre el valor del retroactivo producto del reconocimiento del mayor valor derivado de la reliquidación pensional con la inclusión de los nuevos factores; y si con ello no se satisficiera la totalidad de la deuda que al demandante le corresponde, se efectuarán una serie de descuentos mensuales, iguales, hasta completar el capital adeudado. (Subrayado fuera de texto).
Lo anterior deja ver, que la decisión del Tribunal fue debidamente sustentada en antecedentes jurisprudenciales no solo de contenido horizontal sino también vertical y que, con fundamento en estos, arribó válidamente a la conclusión de que «toda vez que las pensiones se constituyen con base en aportes periódicos a lo largo de toda la vida del trabajador, resulta necesario efectuar descuentos para aportes pensionales sobre los factores devengados durante toda la relación laboral del mismo».
Aunque a juicio del apoderado del accionante «los apartes jurisprudenciales trascritos no dan claridad al tema del tiempo que debe pagar el trabajador por los valores no descontados», otra conclusión subyace por parte de esta Sala de decisión, ya que de ellas se extrae de manera clara la postura adoptada en la materia por parte del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, a la que el Tribunal manifestó agregarse.
Ahora bien, cierto es que la jurisprudencia en cita no trata de manera aislada el tema del «tiempo que debe pagar el trabajador por los valores no descontados para aportes a pensión», pues se analiza de manera coetánea lo referente al tema de «indexación de los valores descontados»; sin embargo, la Sala no evidencia del texto confusión entre uno y otro asunto, pues claramente se refiere a la necesidad de ser realizadas las dos acciones, para efecto de reliquidar la pensión de jubilación.
En este contexto, la Sala considera infundado el defecto imputado a la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y, por consiguiente, no advierte ningún tipo de vulneración sobre los derechos fundamentales invocados en amparo.
3 Conclusión
En el caso no se encuentra vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión adoptada por el Tribunal «ordenar los descuentos no efectuados para aportes pensionales sobre los factores salariales —de auxilio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones— devengados durante toda la relación laboral del accionante», se encuentra debidamente sustentada. En tal virtud, se denegará el amparo de tutela invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Falla
Denegar el amparo de tutela solicitado por el señor Lucio Orlando Revelo Lucero, conforme a la parte motiva que antecede.
En caso de no ser impugnada esta providencia, devolver al despacho de origen el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 11001-33-35-023-2013-00719-01, remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.
Ejecutoria esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Artículo 38 Ley 270 de 1996. Sentencia T-688 de 2003. Sentencia T-806 de 2000. La decisión versaba sobre la tutela contra una providencia que definía si una persona tenía derecho a la indexación de su primera mesada pensional y, en caso afirmativo, a qué monto ascendía. La autoridad judicial demandada concluyó que el demandante tenía derecho a la indexación, luego mencionó la suma que debía serle pagada, y más adelante el salario inicial y el porcentaje aplicable. Sin embargo, en vista de que no expuso las razones para sustentar que esa era la fórmula vigente, ese era el salario inicial y ese era el porcentaje aplicable, la Corte consideró que la motivación resultaba insuficiente. Dijo, en específico: «[n]ótese que en ningún momento el juzgado establece de dónde sale esa fórmula, ni señala cuál es el salario inicial y la “porcentual acumulada” que utiliza en su operación. [… E]l fallo al no hacer explícito el criterio o criterios para indexar la primera mesada pensional, limitó las posibilidades del demandante de objetar la decisión e insistir en una fórmula que respete la normatividad vigente». Perelman, Chaïm: La lógica jurídica y la nueva retórica, Trad. Luís Diez-Picazo, Madrid, Civitas, 1979, p. 232.
sentencia T-597 de 2007. Luego citada en muchas oportunidades, como por ejemplo en la sentencia antes referida T-107 de 2009. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014). Radicación: n.⁰ 25000-23-25-000-2012-00762-01 (0623-2003). Demandante: Carlos Eduardo Pulido Roa. Demandado: UGPP. Folio 223
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00031-01(0899-11). Actor: Sara Paulina Pretel Mendoza. Demandado: Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL. V. gr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diez (2010).-Radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09).Actor: Luis Mario Velandia Demandado: Caja Nacional de Previsión Social. Autoridades Nacionales. De otra parte, esta Corporación en sentencia del veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013), radicación número: 25000-23-25-000-2009-00515-01(0305-12)dijo: “Finalmente, en cuanto a los aportes, cabe decir, que en virtud de la estipulación final de,l (sic) artículo 1 de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar de acuerdo con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes. Regla general a la que están obligados todos los servidores públicos, aún para los empleados de régimen especial como los de la Contraloría General de la República, en el sentido de pagar los respectivos aportes sobre todos los rubros que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional.
Lo anterior significa, que si no han sido objeto de descuento, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes11.Tal ha sido la filosofía del Legislador, que actualmente se ha elevado a rango constitucional a través del Acto Legislativo 1 de 200512, en el sentido de establecer que para efectos de la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Máxima que implica a partir del año de 2005 que sobre todos los factores que constituyen base para liquidar la pensión deban realizarse los respectivos aportes, en aras de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional.” (Resaltado fuera de texto.)
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