RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-00024-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00024-00

Acción de tutela contra providencia judicial: niega amparo de los derechos al debido proceso e igualdad

Fecha
22 de febrero de 2018
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00024-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NIÉGASE la solicitud de tutela formulada por los señores JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEXA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ, KATHERINE JOHANI PÉREZ RODRÍGUEZ, DUBYS MILAGRO PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, NARLY DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ y KELLY JOHANA PÉREZ RODRÍGUEZ en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00024-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

22 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Niega amparo de los derechos al debido proceso e igualdad / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura porque el Tribunal realizó una interpretación acertada de la norma aplicable al caso / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que el Tribunal analizó el caso bajo el régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional y fundado en las pruebas legalmente recaudadas / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL- En materia de reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales no fue posible analizar al haberse negado las pretensiones de la demanda en la sentencia analizada

[C]onsidera la Sala que fue acertado el análisis del Tribunal accionado, al señalar que conforme a la norma en cita no era posible concluir que la labor de los conscriptos únicamente pudiera circunscribirse a tales labores, cuando al contrario, la norma lo que señala es que las funciones de bienestar social y conservación ecológica son adicionales a aquellas inherentes a la condición de soldado, la cual según la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación se remite al «cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas». (…) [E]n este caso no se configuró el defecto sustantivo alegado por la parte actora, por cuanto de ninguna manera puede extraerse de la norma que el servicio militar obligatorio de los soldados regulares este instituido únicamente para actividades de bienestar social y conservación ecológica, ignorando los demás componentes de la disposición normativa. (…) [F]rente al defecto fáctico (…) [A]precia la Sala como razonable la decisión del Tribunal al establecer el análisis del caso a la luz del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional en atención a que las lesiones del demandante se produjeron por el uso de un arma de fuego, es decir que el riesgo provino de la realización de una actividad peligrosa, conclusión que se encuentra acorde con lo establecido por la Sección Tercera de esta Corporación como es que ese tipo de riesgo se produce cuando se utilizan artefactos que son peligrosos, como es el caso de las armas. (…) [S]e tiene que en atención a la naturaleza del mismo régimen objetivo, con la demostración de la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad no será imputable al Estado el daño causado, por lo que corresponde al Ejército Nacional aportar las pruebas correspondientes, a efectos de demostrar la presunta ocurrencia de la culpa exclusiva de la víctima. (…) [L]as consideraciones del Tribunal fueron razonables y fundadas en las pruebas legalmente recaudadas, (…) se advirtió que el desobedecimiento de las normas de seguridad por parte del soldado [P.R.], fue lo que condujo a la causación del daño, por lo que no era imputable al Ejército Nacional en atención a que se contravino la orden del día y las pautas dadas por los superiores del soldado. (… ) [E]n este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró probado el daño, (…) sin embargo al verificar la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad no declaró al Estado responsable administrativamente de las lesiones que sufrió el soldado [P.R.]. En consecuencia, no es factible para la Sala analizar si el Tribunal desconoció el precedente judicial frente al tema del reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, pues la sentencia analizada negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 48 DE 1993 - ARTICULO 13 PARÁGRAFO 1

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la acción de tutela contra actuaciones u omisiones judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 11 de octubre de 1994, exp. T-442, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Respecto de la regla de exclusión constitucional, ver: Corte Constitucional, sentencia de 6 de marzo de dos mil dos 2002, exp. SU-159, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En cuanto a la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 08 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño, y sentencia de marzo 29 de 2007, exp. T-233, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Referente al tema de acción de tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente jurisprudencial de la corte constitucional, ver: Corte Constitucional, sentencia de 14 de diciembre de 2007, exp. T-1092, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Respecto a la labor del Juez constitucional de verificar la presencia de requisitos generales y comprobar la ocurrencia de uno de los defectos especiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Concerniente al desconocimiento del precedente judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 19 de abril de 2010, exp. T-268, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. Con relación al régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional, consultar: Consejo de Estado, sentencias de 8 de marzo de 2017, exp. 68001-23-31-000-2003-00903-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00024-00(AC)

Actor: JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Decide la Sala de Subsección la acción de tutela interpuesta por el señor JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ y otros, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de acuerdo con el Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

I. ANTECEDENTES

Los señores JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEXA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ, KATHERINE JOHANI PÉREZ RODRÍGUEZ, DUBYS MILAGRO PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, NARLY DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ y KELLY JOHANA PÉREZ RODRÍGUEZ interpusieron acción de tutela, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, con ocasión de la providencia de 29 de noviembre de 2017, que revocó la de primera instancia, en la demanda de reparación directa, formulada por los accionantes en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

1. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, prestó su servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional de Colombia, como soldado regular, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No. 17 en el Municipio de Hato Nuevo – La Guajira.

El 28 de febrero de 2013, cuando se encontraba en misión de seguridad física en el sitio línea 45 Mina Sur del Cerrejón, prestó el servicio de centinela desde la noche del 27 de febrero de 2013 hasta las 6:00 horas del 28 de febrero de 2014 desde las 9:00 hasta las 12:00 de ese mismo día. Una vez el soldado fue autorizado para almorzar, se dirigió hasta la «carpagil»; sin embargo, el cansancio y la falta de sueño hicieron que se quedara dormido, sin antes colocarle el cartucho de seguridad al fusil, el cual se le disparó de manera accidental causándole dos heridas en pecho y brazo izquierdo.

Según Acta de Junta Médica Laboral no. 72026 de 17 de septiembre de 2014, realizada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, sufrió una disminución de la capacidad laboral del 68.62 %, por «PÉRDIDA DE LA FUNCIÓN DE LA MANO IZQUIERDA POR CAÍDA CONATROFIA EXTENSORES DE LA MANO PÉRDIDA DEL MOVIMIENTO MUÑECA IZQUIERDA LIMITACIÓN ARCOS DE MOVIMIENTO LESIÓN NERVIO RADIAL – B) CICATRIZ CON DEFECTO ESTÉTICO LEVE EN BRAZO IZQUIERDO - C) CALLO ÓSEO DOLOROSO HUMERO IZQUIERDO».

Por esos hechos se promovió el medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, promovido por JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTROS, correspondiéndole al Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, con el radicado 11001333603120150003900, el cual profirió sentencia favorable a las pretensiones de los demandantes.

Al conocer de los escritos de apelación formulados por las partes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, a través de providencia de 29 de noviembre de 2017 revocó la decisión de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

Al efecto razonó el Tribunal que de las pruebas allegadas al proceso se extraía que los uniformados «tenían prohibido cargar armas y debían tener el cartucho de seguridad ( …) la sala llega a la convicción de que el soldado cargo (sic) el arma y quito (sic) el cartucho de seguridad bajo su propia voluntad», por lo que la actuación de la víctima de quitarle el cartucho de seguridad y acostarse a dormir con ella sobre su cuerpo fue una actuación descuidada, negligente, imprudente y culposa, al desobedecer las directrices de sus superiores, con lo que se expuso a que el arma se accionara, lo que efectivamente ocurrió y le ocasionó lesiones en el pecho y mano izquierda.

Consideró entonces el Tribunal que no compartía la tesis del A quo frente a la concausalidad del daño debido a que el deber de protección de los conscriptos y la obligación de reintegrarlos a la sociedad en iguales condiciones a las del ingreso, se deben valorar frente a cada caso concreto y que en este asunto, las lesiones de la demanda se debieron a su propia actuación.

Además, el informativo administrativo por lesiones No. 7 de 20 de marzo de 2013 da cuenta que la lesión que sufrió el demandante ocurrió en el servicio y por causa y en razón del mismo, ya que así fue calificada la imputabilidad del hecho y tampoco se probó que existiera una intención o dolo del señor PÉREZ RODRÍGUEZ de autoinfringirse el daño sino que se trató de un accidente, que se produjo en las condiciones antes narradas y que se presentó en labores que no debía estar ejecutando el soldado regular, pues para eso la institución cuenta con personal 100% capacitado.

2. Fundamentos de la acción

En la solicitud de amparo no se especifican claramente los defectos que se le atribuyen a la sentencia de 29 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; sin embargo, en aras de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y el de acceso a la administración de justicia se establecen los siguientes:

2.1. Defecto sustantivo: porque, conforme a lo señalado por el parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 48 de 1993, el soldado PÉREZ RODRÍGUEZ no debía desempeñar la labor de centinela, pues los conscriptos deben realizar labores de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas de preservación del medio ambiente.

2.2. Defecto fáctico: por cuanto, el informativo administrativo por lesiones No. 7 de 20 de marzo de 2013 dio cuenta que la lesión que sufrió el soldado ocurrió por causa y con ocasión del servicio y no en actos contra la ley y además, hubo omisión de la entidad en supervisar a los soldados regulares.

Adicionalmente, que el caso se enmarca dentro del título de imputación objetiva, modalidad de daño especial y no se lograron estructurar los elementos de la culpa exclusiva de la víctima, es decir, que el hecho de la víctima sea la causa exclusiva del daño, que el hecho de la víctima sea extraño y no imputable al ofensor y que el hecho de la víctima sea ilícito y culpable. No se probó que fue con culpa o dolo que se causó el accidente, tal como se dijo en el proceso disciplinario, donde se abstuvieron de ordenar el mismo.

2.3. Consideró que hubo desconocimiento del precedente judicial frente al tema de reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, con ocasión de la lesión padecida y que le dejó una pérdida de la capacidad laboral del 68.62 %, con lo que se hizo evidente el daño a la salud y por tanto no requería un prueba adicional para su acreditación, más que el acta de la junta médico laboral.

Agregó entonces que «el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera- Subsección A, Magistrado Ponente Bertha Lucy Ceballos, en su sentencia de 27 de julio de 2017, proferida dentro del proceso No. 110013336034230130044501, se aparta del precedente jurisprudencial ya antes enunciado, sin ninguna explicación de la razón por la cual se aparta, y como se indicó desconociendo los pronunciamientos reiterativos que ha hecho el Consejo de Estado al respecto».

3. Pretensiones

Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes (Fol. 81):

«1. Dejar sin efecto sentencia proferida el día 29 de noviembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B; Magistrado Ponente Henry Aldemar Barreto Mogollón, dentro del proceso No. 2015-039 el 30 de noviembre de 2017, promovido por JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTROS, el cual revoca la sentencia de primera instancia la cual aprueba el reconocimiento de perjuicios morales, materiales y daño a la salud de los señores JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ Y OTROS, por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
2. Se solicite al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B, decida nuevamente sobre el reconocimiento de los perjuicios morales, materiales y daño a la salud de los señores JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ».

4. Trámite procesal

Avocado el conocimiento de la presente acción mediante auto de 17 de enero de 2018, se ordenó notificar como accionados a los Magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B como accionados y a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, al Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y a la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado como terceros interesados para que intervinieran en el proceso en caso de considerarlo necesario.

5. Intervenciones
5.1. El Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, Dr. HENRY ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN, precisó que la acción de tutela es improcedente por cuanto los accionantes no motivaron su solicitud al no indicar de manera precisa por qué el Tribunal se apartó del precedente judicial o de la ley o no analizó el material de prueba, por lo que en este sentido, se tiene que no existe un cargo concreto del cual pueda advertirse una violación iusfundamental.

5.2. SONIA CLEMENCIA URIBE RODRÍGUEZ, Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional consideró que en el presente caso no se configura el defecto fáctico, por cuanto el comportamiento de la víctima tuvo incidencia en el daño y su posible producción, toda vez que de manera descuidada e imprudente se apartó de los reglamentos y decálogos de seguridad establecidos para el manejo de armas, ocasionándole como consecuencia la lesión sobre su pecho y brazo izquierdo. Que si bien es cierto el Estado debe reintegrar a los soldados conscriptos a la vida civil en las mismas condiciones de su ingreso en la prestación del servicio militar, es improcedente atribuirle la responsabilidad al Estado por un actuar propio y deliberado del actor por constituirse como un eximente de responsabilidad reconocido en la línea jurisprudencial trazada por la Alta Corporación.

II. CONSIDERACIONES

1.- Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si en este caso se produjo una vulneración iusfundamental por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de noviembre de 2017 dentro del proceso de reparación directa radicado con el No. 1100133360312015003901, interpuesto por el accionante contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, por la presunta configuración de los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

2.- La acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Esto, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura, como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece; y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando se desbordan los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Tales requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte accionante.
e. Que la parte accionante identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que «de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial».

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos:

1.- Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.
2.- Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
3.- Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
4.- Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
5.- Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.
6.- Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.
7.- Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
8. -Violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala de Subsección advierte que cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la ocurrencia de los requisitos generales y, luego de encontrarlos satisfechos, examinar si en el caso objeto de análisis se presenta uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión» (Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO) que se encaje en dichos parámetros.

En el presente caso, advierte la Sala que el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer la presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, con ocasión de la sentencia de 29 de noviembre de 2017, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, adversa a las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta por el señor JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional.

Además, se cumplió con el requisito de la inmediatez, por cuanto han transcurrido menos de seis (6) meses, desde cuando se notificó por edicto el fallo judicial enjuiciado (29 de noviembre de 2017 f. 27) y la presentación de la solicitud de amparo constitucional (19 de diciembre del mismo año, f. 1).

No se está ventilando la presencia de una irregularidad procesal que tenga un efecto determinante en la decisión controvertida y la parte accionante identificó los hechos que generaron la supuesta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

3. Análisis de la Sala

La acción de tutela se dirige a atacar la providencia objeto de análisis, debido a los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento de precedente judicial por lo que la Sala procederá a su análisis para contrastarlos con lo debidamente acreditado dentro del proceso.

3.1. Defecto sustantivo

En desarrollo de este defecto, el Tribunal Constitucional ha precisado que una providencia judicial adolece de defecto sustantivo cuando: (i) la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por la autoridad judicial , (ii) el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, su aplicación al caso concreto es inconstitucional, ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó; (iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y, finalmente; (iv) la aplicación de la norma jurídica derivada interpretativamente de una disposición normativa, es inaceptable por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.

3.2. El defecto fáctico

La jurisprudencia constitucional resulta prolífica al estructurar la dimensión negativa del defecto fáctico y lo ha entendido como aquel vicio que implica una apreciación arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, o la omisión en su valoración que implica dar por no probado el hecho o la circunstancia que del medio de convicción emerge clara y objetivamente. En el desarrollo y aplicación de esta causal de tutela, la jurisprudencia ha sido especialmente cuidadosa en iterar que la intervención del juez de tutela respecto al manejo de la prueba dado por el juez natural es, y debe ser, extremadamente reducido, pues el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural consagrados en la Constitución Política (artículos 29 y 230), impiden que un funcionario ajeno a la controversia efectúe un nuevo examen exhaustivo del material probatorio, en clara usurpación de las competencias asignadas por la Constitución y la ley en desarrollo del principio democrático de separación de poderes que inspira el modelo de Estado Social de Derecho.

En otras palabras, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, al no constituir errores fácticos, impiden cualquier intromisión del juez de tutela respecto al análisis del material probatorio efectuado en un proceso ordinario, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el defecto fáctico también admite una dimensión positiva, que se materializa «cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales.»

La aplicación de este razonamiento a un determinado caso, desde luego, debe realizarse de manera restrictiva, pues es claro que no toda irregularidad o error inofensivo tiene la virtualidad de desconocer la parte final del artículo 29 superior. Por consiguiente, la regla de exclusión solo puede cobijar a aquellos elementos de convicción que fueron obtenidos de manera inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia tornan a una prueba en ilícita.

Bajo esa misma línea de interpretación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que no cualquier desconocimiento de las formalidades establecidas por el Legislador para el decreto y práctica de pruebas impone excluir la prueba defectuosa. Para ese alto tribunal las irregularidades menores que no afectan la estructura del proceso ni el derecho de defensa, no imponen la exclusión de la prueba.

Queda entonces claro que, cualquiera de las hipótesis sobre las cuales se edifica la causal de defecto fáctico, que obedece a situaciones excepcionalísimas que implican una seria afrenta al amplio contenido de lo que el artículo 29 Constitucional entiende como debido proceso.

3.3. Del desconocimiento del precedente judicial

El desconocimiento del precedente judicial ha sido considerado por la doctrina constitucional como una de las causales constitutivas de vías de hecho, que se configura cuando no se aplica ante un mismo supuesto fáctico o caso similar, una misma razón de derecho que se haya adoptado en otro caso de igual naturaleza, a menos que el juez de la causa lo justifique de manera razonada.

Es de anotar que la misma jurisprudencia constitucional ha clasificado el precedente jurisprudencial en razón de la jerarquía que presentan las autoridades judiciales. Por tanto, los fallos no sólo se comparan en relación con juzgadores del mismo nivel, sino que también se hace tomando de referente las decisiones de sus superiores. El primero de ellos considerado como en sentido horizontal y el segundo en sentido vertical.

Para lo que al asunto interesa, en cuanto al precedente vertical ha establecido la Corte Constitucional, que con todo, también existe la posibilidad de que un funcionario judicial pueda apartarse de su propio precedente, teniendo en cuenta los caracteres instrumental y sustancial, referentes al órgano que realiza el cambio de precedente y las condiciones de realización del mismo.

En ese sentido es viable que dentro de un mismo cuerpo Colegiado los Magistrados se aparten de las decisiones constitutivas del precedente o el de otra Sala, siempre y cuando expongan en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia judicial exigidas.

Ahora bien, las reglas de derecho que por su carácter amplio y general inspiran el sentido de una decisión, configuran criterios que el juez de instancia puede adoptar y/o adaptar para encontrar una solución al caso pendiente de fallo, pero no resultan en ningún modo obligatorios.

Como se ve, la imposición de aplicar la misma regla que solucionó un caso del pasado al posterior, depende de si los supuestos de hecho de los dos asuntos son similares. Pero, las pautas que se presentan más generales son solamente una guía para el juez ordinario, que le puede indicar una de varias formas de fallar. Ha dicho la Corte que:

«…el precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho».

Igualmente, se debe tener en cuenta que de manera general el precedente judicial no lo conforma un sólo caso, sino como se dijo, una serie de pronunciamientos que la mayoría de las veces evolucionan hacia reglas más claras, que definen con mayor especificidad su alcance.

Por último, en virtud de la autonomía interpretativa con que cuentan los jueces, puede aceptarse tanto en el precedente horizontal, como en el vertical, que las distintas Salas de Decisión se aparten de los precedentes judiciales, sólo si exponen unas razones debidamente fundadas, que justifiquen de manera suficiente el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que se ha seguido en casos sustancialmente idénticos; sólo así quedan salvadas las exigencias de igualdad y de la independencia judicial. Por consiguiente, debe cumplirse una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes y de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico.

En otros términos, sólo los cambios de jurisprudencia no justificados serán pasibles de control de manera excepcional por parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del Juez que transgreden el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la Ley.

Vistos los elementos pertinentes respecto a la procedencia de la tutela contra providencia judicial y los elementos particulares de los defectos señalados procede la Sala a resolver el asunto en cuestión.

4. Caso concreto

4.1. La demanda

El señor JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ y otros interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, por las lesiones que padeció en hechos ocurridos el 28 de abril de 2013.

Al efecto, en la demanda, se indicó que el señor JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, prestó su servicio militar obligatorio en condición de soldado regular, adscrito al Batallón Especial Energético y Vial No. 17 en el Municipio de Hato Nuevo.

El 28 de febrero de 2013 prestó servicio de centinela desde la noche del 27 de febrero de ese año hasta las 6:00 de la mañana del siguiente día, recibiendo turno de centinela nuevamente ese mismo día desde las 9.00 a.m. hasta las 12.00 a.m. Que una vez el soldado PÉREZ RODRÍGUEZ fue autorizado a descansar después de almorzar se dirigió a «carpagil»; sin embargo el cansancio y la falta de sueño hicieron que se quedara dormido, sin antes colocarle el cartucho de seguridad del fusil, que se le disparó de manera accidental «cuando cae sobre el soldado PÉREZ RODRIGUEZ, causándole 2 heridas a la altura del pecho y brazo izquierdo».

Tales hechos se encuentran detallados en el informativo administrativo por lesiones No. 07 de 20 de marzo de 2013 y por esto presentó una disminución de capacidad laboral del 68.62 %, conforme lo estableció el Acta de Junta Médico Laboral no. 72026 de 17 de septiembre de 2014 realizada por la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

4.2. La sentencia de primera instancia

El Juzgado 31 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de proveído de 3 de abril de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Se refirió en primer lugar al régimen de responsabilidad del Estado ante los daños sufridos por soldados conscriptos; luego, acerca de cómo se configura el daño antijurídico y el caso concreto.

Luego precisó que en casos en que se alega la responsabilidad del Estado frente a los soldados regulares, bachilleres y auxiliares bachilleres, auxiliar de policía bachiller y soldados campesinos, se ha establecido que el título de imputación que se aplica es el objetivo, en modalidad de daño especial o riesgo excepcional; pero también estableció que se puede aplicar el título de imputación subjetiva de la falla en el servicio, siempre y cuando de los hechos y pruebas de la demanda se encuentre acreditada la misma.

Coligió entonces que la responsabilidad del Estado no nacía de la vinculación en la prestación del servicio, por cuanto el soldado debe soportar aquellas limitaciones e inconvenientes que sean inherentes a la prestación de aquel, sino con fundamento en la imputación fáctica que se haga.

Relacionó las pruebas allegadas y coligió que se probó el daño antijurídico consistente en la pérdida de la función de la mano izquierda, b) cicatriz con defecto estético leve en brazo izquierdo y c) callo óseo doloroso de humero izquierdo. De acuerdo con ello estableció que existe un daño antijurídico pues hubo un hecho dañino para el actor durante la prestación del servicio militar obligatorio con pérdida de la capacidad funcional de la mano izquierda, de la cual ni siquiera con tratamiento podría recuperar su movilidad.

Frente a la imputabilidad del daño, precisó que estaba claro que el soldado PÉREZ RODRÍGUEZ prestaba su servicio militar obligatorio y por ende fue sometido a un riesgo que no estaba en obligación de soportar, pues el servicio militar obligatorio está instituido para realizar actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad y tareas para la preservación del medio ambiente y de la conservación ecológica y no para labores o dispositivos de seguridad física. Entonces, como el soldado ingresó al servicio militar obligatorio y resultó lesionado, correspondía a entidad demandada su reparación, pues debía devolvérsele a la sociedad en condiciones similares a las presentadas al momento del ingreso.

Después se refirió a la actuación de la víctima y señaló que si bien, el Ejército Nacional era responsable de los perjuicios ocasionados al soldado regular, lo cierto es que hubo participación de la víctima y que esto habilitaba al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio, por cuanto el informe de lesión de 20 de marzo de 2013 indicaba que el soldado sufrió una herida por proyectil de arma de fuego a la altura de pecho y brazo izquierdo, toda vez que el demandante retiró el cartucho de seguridad de su arma de dotación sin ninguna autorización y contraviniendo las medidas de seguridad exigidas por sus mandos en todos los niveles y participó de manera cierta y eficaz en el desenlace del resultado fatal.

Concluyó entonces que el accidente que sufrió el señor PÉREZ RODRÍGUEZ obedeció a una concurrencia de culpas entre la administración y la propia víctima y por lo mismo redujo la condena a imponer en un 50%.

Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y consolidado, condenó al pago de $114´621.400, reducidos en un 50%. De igual manera condenó por perjuicios morales, al pago de 50 salarios mínimos mensuales vigentes para el señor JEOVANNY DE JESUS PÉREZ RODRÍGUEZ y para cada uno de los restantes demandantes, hermanos de la víctima, otorgó 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por concepto de daño a la salud condenó al pago de 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

4.3. Los recursos de apelación

El apoderado de la entidad demandada manifestó lo siguiente:

La decisión del Juzgado no tuvo en cuenta las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos, pues el soldado no adoptó las medidas necesarias y precauciones para quitarle el cartucho de seguridad a su arma de dotación sin ninguna autorización y que los soldados que prestan el servicio militar obligatorio durante sus primeros tres meses de ingreso a la institución castrense reciben formación militar.

En este caso ocurrió culpa exclusiva de la víctima y que no se conocía la acción u omisión de la entidad estatal con la entidad suficiente para configurar la responsabilidad administrativa estatal.

Frente a la condena por perjuicios señaló que el despacho debió realizar un estudio más profundo de las secuelas y por ende no fijarle el tope máximo de 100 smmlv para perjuicios morales ni daño a la salud pues la afección profesional fue de 68.62%.

Además, en este caso se debía tener en cuenta que al demandante se le había concedido una indemnización por los perjuicios causados y se le reconoció una pensión de invalidez.

El apoderado de la parte actora, presentó apelación adhesiva en escrito en el que insistió en los siguientes argumentos:

Este caso debe analizarse a la luz del régimen de responsabilidad objetiva, caso en el cual la prueba que debe presentar el demandante es precisamente la ejecución de la conducta peligrosa y la relación de causalidad con el daño antijurídico causado, pudiendo la parte demandada exonerarse de responsabilidad al demostrar una de las causales que rompa el nexo causal que no son otras que la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o la culpa exclusiva de un tercero, pero ninguna de ellas fueron demostradas por la entidad demandada y que fuese capaz de romper el vínculo causal entre la conducta del causante del daño y este.

Precisó que la entidad no le podía entregar un arma, pues a pesar de recibir la instrucción esta no era suficiente ya que quienes tienen el adiestramiento son los oficiales, suboficiales y soldados profesionales; por lo que la lesión que sufrió se ocasionó con el peligro al que se vio expuesto y por ello debían entonces incrementarse los perjuicios inmateriales y materiales y que en relación con el perjuicio material emergente la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido un salario base de liquidación del mínimo mensual legal vigente, más un 25% por prestaciones sociales.

4. 4. La sentencia de segunda instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca; Sección Tercera, Subsección B, con ponencia del Dr. HENRY ALDEMAR BARRETO, revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a tal decisión, ese Colegiado precisó que cuando en cumplimiento del deber legal del servicio militar obligatorio los conscriptos sufren un daño, el Consejo de Estado ha aplicado el régimen objetivo de daño especial y riesgo excepcional y optado por el subjetivo de falla del servicio siempre que se demuestre una actuación irregular de la administración por el incumplimiento de su contenido obligacional; en este caso consideró que el régimen de responsabilidad aplicable era el de riesgo excepcional toda vez que el daño se derivó del ejercicio de la actividad peligrosa del manejo por armas de fuego.

Precisó que el daño estaba probado, como era la lesión sufrida por el demandante el 28 de febrero de 2013, que se veía patentizada en la disminución de su capacidad laboral, conforme al informativo administrativo por lesiones y el acta de la Junta Médica Laboral 72026 de 17 de septiembre de 2014 y en la cual se determinó una disminución de la capacidad laboral del 68.62% por pérdida funcional de la mano izquierda, cicatriz con defecto estético leve en brazo izquierdo y callo óseo no doloroso en húmero izquierdo. Además, constaba que el daño se generó en el ejercicio de la actividad peligrosa del manejo de armas de fuego, impuesta por el Ejército Nacional al soldado regular JEOVANNY DE JÉSUS PÉREZ RODRÍGUEZ.

Sin embargo, discrepaba de la conclusión del a quo consistente en que los conscriptos solo podían realizar actividades de bienestar social a la comunidad y especialmente tareas de preservación del medio ambiente y su conservación ecológica, conforme con la Ley 48 de 1993, artículo 13.

Precisó que si bien es cierto, el Estado asume el deber de proteger a las personas que prestan el servicio militar obligatorio, pues se encuentran sometidas bajo su custodia y cuidado, esto no constituye un impedimento para realizar el estudio de concurrencia de los elementos de responsabilidad del Estado, lo que exigía el análisis de la imputación y eximentes de responsabilidad.

En lo que se refiere a la causal del hecho exclusivo de la víctima consideró entonces que la causa por la que el arma de fuego del soldado se accionó fue porque estaba cargada y no tenía el cartucho de seguridad y que de conformidad con las declaraciones bajo la gravedad del juramento recibidas en los procesos disciplinarios y penal de los compañeros y superiores de la víctima se extraía que tenía prohibido cargar armas y además debían tener puesto el cartucho de seguridad.

Entonces, dijo el Tribunal, el comportamiento de la víctima fue determinante para su propio daño y reúne las características de imprevisible, irresistible y exterior para el Estado y quedaba fuera del alcance del ente accionado evitar que se concretara el daño al que se expuso la víctima, por lo que no se compartía la concausalidad establecida por el a quo debido a que más allá del deber de protección que tiene el Estado frente a los conscriptos y la obligación de reintegrarlos a la sociedad en iguales condiciones a las de ingreso deben valorarse las circunstancias particulares del caso, como era que en este caso las lesiones que sufrió el soldado regular Pérez Rodríguez se debieron a su propia actuación; que el Ejército dio recomendaciones de seguridad y el actor no las acató.

5. Análisis de la Sala

Como quedó anotado en la parte histórica de esta providencia, en cuanto al defecto sustantivo, el apoderado del accionante señaló que de conformidad con lo señalado por el parágrafo 1º del artículo 13 de la Ley 48 de 1993 el soldado no debía desempeñar la labor de centinela sino que se les deben asignar labores de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas de preservación del medio ambiente.

Al respecto advierte la Sala que este fue uno de los argumentos que desarrolló el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá para arribar a la conclusión según la cual, al soldado JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ se le expuso a un riesgo que no estaba en obligación de soportar en tanto que el servicio militar estaba establecido para realizar actividades de bienestar social.

Sin embargo, considera la Sala que fue acertado el análisis del Tribunal accionado, al señalar que conforme a la norma en cita no era posible concluir que la labor de los conscriptos únicamente pudiera circunscribirse a tales labores, cuando al contrario, la norma lo que señala es que las funciones de bienestar social y conservación ecológica son adicionales a aquellas inherentes a la condición de soldado, la cual según la Sección Tercera, Subsección A de esta Corporación se remite al «cumplimiento del deber constitucional de defensa de la independencia, de la soberanía nacional y de las instituciones públicas».

Veamos lo que señala la Ley 48 de 1993:

«ARTICULO 13. Modalidades prestación servicio militar obligatorio. El Gobierno podrá establecer diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del servicio militar obligatorio. Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación de] servicio militar:

a) Como soldado regular, de 18 a 24 meses;
b) Como soldado bachiller durante 12 meses;
c) Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses;
d) Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses.

PARAGRAFO 1°. Los soldados, en especial los bachilleres, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica.» (Negrilla de la Sala).

En atención al tenor de la norma y a la interpretación que sobre esta realizó el Tribunal, es claro entonces que en este caso no se configuró el defecto sustantivo alegado por la parte actora, por cuanto de ninguna manera puede extraerse de la norma que el servicio militar obligatorio de los soldados regulares este instituido únicamente para actividades de bienestar social y conservación ecológica, ignorando los demás componentes de la disposición normativa.

Ahora bien, frente al defecto fáctico, señaló el apoderado que en este caso se valoró de manera errada la situación fáctica, pues se enmarca dentro del título de imputación objetiva denominada daño especial y además no se demostró la configuración de los elementos de la culpa exclusiva de la víctima.

En primer lugar, aprecia la Sala como razonable la decisión del Tribunal al establecer el análisis del caso a la luz del régimen de responsabilidad objetiva por riesgo excepcional en atención a que las lesiones del demandante se produjeron por el uso de un arma de fuego, es decir que el riesgo provino de la realización de una actividad peligrosa, conclusión que se encuentra acorde con lo establecido por la Sección Tercera de esta Corporación como es que ese tipo de riesgo se produce cuando se utilizan artefactos que son peligrosos, como es el caso de las armas.

Al efecto indicó lo siguiente:

«Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas; el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando éste proviene o de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos; pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:

“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquél es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando éste haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada”». (Negrillas adicionales).

Como se aprecia, de la citada sentencia se tiene que en atención a la naturaleza del mismo régimen objetivo, con la demostración de la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad no será imputable al Estado el daño causado, por lo que corresponde al Ejército Nacional aportar las pruebas correspondientes, a efectos de demostrar la presunta ocurrencia de la culpa exclusiva de la víctima.

Las pruebas sobre este tema son las siguientes:

El informe administrativo por lesiones de 20 de marzo de 2013, suscrito por el Comandante de la Unidad Teniente Coronel GERARDO ORTIZ RAMÍREZ, en donde se indicó que el turno de vigilancia prestado por el señor JEOVANNY PÉREZ RODRÍGUEZ fue solamente de 9 a 12 am del 28 de febrero de 2013, durante el cual retiró el cartucho de seguridad de su arma de dotación sin ninguna autorización y contraviniendo las medidas de seguridad. Que hacia las 14.30 p.m. se escucharon dos disparos del «container» donde éste descansaba y fue encontrado con dos heridas de arma de fuego a la altura del pecho por otro de sus compañeros (SLP Acosta Jair). Allí se clasificó las lesiones ocurridas en el servicio por causa y lesión del mismo.

Igualmente, las siguientes declaraciones dieron cuenta que el arma de dotación debía mantenerse sin cargar y asegurada:

1) Del soldado profesional JAIR JOSÉ ACOSTA RAMÍREZ (ff.80-81 Cuaderno de contestación) quien dijo que el soldado había retirado el cartucho de seguridad de su arma de dotación, contraviniendo las medidas de seguridad. También refirió que el día de los hechos les pasó revista a los soldados para ver si tenían mencionado dispositivo.

2) JHON ALEJANDRO GÓMEZ ARAQUE, dentro del proceso disciplinario (ff.80-81bCuaderno de contestación) quien manifestó que el dragoneante ACOSTA cada rato pasaba revista para ver si usaban el cartucho de seguridad. Dijo que todos los días leían la orden del día donde se menciona la utilización del cartucho de seguridad.

3) LUIS ALFREDO NARVÁEZ BLANCO (ff. 84-86 Cuaderno de contestación), quien precisó que ese día el Dragoneante ACOSTA pasó revista del cartucho de seguridad cuando se terminó el dispositivo de seguridad de las 6.00 a.m.

4) JHON ALEJANDRO GÓMEZ ARAQUE, soldado profesional, rendida dentro del proceso penal (ff. 74- 76 C. 1);

5) la Declaración del capitán MARLON FELIPE ORTIZ CORREA dentro del proceso penal (ff. 71-73 C1). Dijo que la capacitación y política en cuanto a medidas de seguridad en el Ejército se implementa a diario mediante órdenes que se emiten a los comandantes en todos los niveles en la unidad; que había realizado las capacitaciones e instrucciones en cuanto a las medidas de seguridad en todo momento y que lo que le informó el soldado voluntario Acosta es que el soldado Pérez Rodríguez a voluntad propia y sin ninguna orden había retirado el cartucho de seguridad. Que la máxima de seguridad se refiere al uso del cartucho de seguridad y solo se puede quitar en caso de grave riesgo o cuando se le hace aseo al arma y bajo la orden del Comandante.

Luego se refirió a las declaraciones del mismo JEOVANNY PÉREZ RODRÍGUEZ, rendida el 10 de mayo de 2013, (en el proceso disciplinario) donde aceptó que recibió instrucción sobre normas de seguridad y quien reconoció su responsabilidad por tener el fúsil con cartucho.

Sin embargo, el 29 de julio de 2014 (en el proceso penal) manifestó que le habían dado la orden de tener el arma sin seguro por la situación crítica y finalmente la de 16 de enero de 2015, (rendida en el proceso penal) donde dijo que no recibió instrucciones de seguridad y que tenía el arma sin cartucho por seguridad. (fl. 58- 60).

A partir de lo anterior concluyó el Tribunal que JEOVANNY PÉREZ RODRÍGUEZ, tenía la orden de mantener su arma de dotación sin carga y asegurada y que éste desobedeció, haciendo todo lo contrario, en contravención de las directrices de sus superiores.

Precisó entonces el Colegiado lo siguiente:

«Descendiendo al caso en concreto, se advierte que la causa por la que el arma de fuego del soldado regular (…) se accionó fue porque estaba cargada y no tenía el cartucho de seguridad.
De conformidad con las declaraciones baso gravedad de juramento recibidas en los procesos disciplinario y penal de los compañeros y superiores (...) se extrae que tenía prohibido cargar las armas y debían tener el cartucho se seguridad.
Si bien (…) se contradijo en la declaración dentro del expediente disciplinario y la indagatoria en el penal, de las mismas, la sala llega a la convicción de que el soldado cargó el arma y quitó el cartucho de seguridad bajo su propia voluntad, según dijo, por la situación de peligro de la zona; tanto es así, que en la primera declaración d 10 de mayo de 2013 reconoció su culpa por ese hecho.
La actuación de la víctima de cargar el arma, quitarle el cartucho de seguridad y acostarse a dormir con ella sobre su cuerpo recibe la calificación de descuidada, imprudente y en sumo grado culposa, pues desobedeció las directrices de sus superiores y se expuso a que el arma se accionara, lo que efectivamente ocurrió y le ocasionó lesiones en el pecho y mano izquierda.
El comportamiento de la víctima fue raíz determinante para su propio daño y reúne las características de imprevisible, irresistible y exterior para el Estado; en este orden, dio instrucciones según las cuales el arma debía estar descargada y con el cartucho de seguridad, el soldado las desatendió por su voluntad y quedaba fuera del alcance del ente accionado actuación para evitar que se concretara el daño al que se expuso la víctima.»

Como se aprecia de todo lo anterior es evidente que en este caso las consideraciones del Tribunal fueron razonables y fundadas en las pruebas legalmente recaudadas, pues muy contrario a lo que afirmó el abogado del accionante, se advirtió que el desobedecimiento de las normas de seguridad por parte del soldado PÉREZ RODRÍGUEZ, fue lo que condujo a la causación del daño, por lo que no era imputable al Ejército Nacional en atención a que se contravino la orden del día y las pautas dadas por los superiores del soldado.

Ahora bien, como ya ha quedado claro, en este caso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró probado el daño, a partir del informativo administrativo por lesiones No. de 20 de marzo de 2013, así como del Acta de la Junta de Médica Laboral No.72026 de 17 de septiembre de 2014, en la cual se determinó el índice de pérdida de la capacidad laboral (68.62%), así como las secuelas que se provocaron al actor; sin embargo al verificar la ocurrencia de una causal eximente de responsabilidad no declaró al Estado responsable administrativamente de las lesiones que sufrió el soldado PÉREZ RODRIGUEZ.

En consecuencia, no es factible para la Sala analizar si el Tribunal desconoció el precedente judicial frente al tema del reconocimiento de perjuicios materiales e inmateriales, pues la sentencia analizada negó las pretensiones de la demanda.

Así pues, atendiendo a que la Sala no encontró configurado ninguno de los defectos anotados por la parte accionante, se negará el amparo iusfundamental solicitado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NIÉGASE la solicitud de tutela formulada por los señores JEOVANNY DE JESÚS PÉREZ RODRÍGUEZ, ALEXA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ, KATHERINE JOHANI PÉREZ RODRÍGUEZ, DUBYS MILAGRO PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, NARLY DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ y KELLY JOHANA PÉREZ RODRÍGUEZ en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- NOTIFÍQUESE por cualquier medio expedito.

TERCERO.- De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Citó las siguientes sentencias de unificación: de 28 de agosto de 2014, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, expediente 31170; de 28 de agosto de 2014 con ponencia del Dr. Danilo Betancourth, expediente 28832.de29 de abril de 2015, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón, expediente 32014; de 25 de abril de 2009, con ponencia de la Dra. Myriam Guerrero de Escobar, dentro del proceso radicado con el No. 15793 y de 19 de agosto de 2004, con ponencia del Dr. Ramiro Saavedra Becerra; dentro del proceso radicado 15791.
Fols. 79 y s.s.
Ff. 109 y s.s.

Corte Constitucional. Sentencia C -590-05.
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Accionante: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
Sentencia T-442 de 1994 “Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales”.

Sentencia T-239 de 1996 “Cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria”.
Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007.
Ver Sentencia SU-159 de 2002.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 16 de diciembre de 1998, dictada en el proceso No. 10373.
Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

ALEXA ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ, KATHERINE JOHANI PÉREZ RODRÍGUEZ, DUBYS MILAGRO PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL RODRÍGUEZ, NARLY DEL CARMEN PÉREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ y KELLY JOHANA PÉREZ RODRÍGUEZ. ( ff. 9 y s.s. Cdno. expediente en préstamo)

folios 12 y s.s.
El informativo administrativo por lesiones No. 7; el acta de junta médica laboral no. 72026, el acta de junta médica laboral militar; la Resolución No. 193577 de 15 de abril de 2015, por medio de la cual se reconoce y ordena una indemnización por disminución de la capacidad laboral; de la Resolución No. 2039 de 6 de mayo de 2015 en la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de invalidez, piezas procesales de la investigación 1858 J90IPM adelantada ante el Juzgado 90 de Instrucción Penal Militar, y el Cuaderno 01 de la indagación preliminar llevaba a cabo por el Batallón Especial Energético y Vial No. 17, radicado 002/2013, por el presunto delito de inutilización voluntaria de armas .

Fol. 276 Cuaderno en préstamo.
Sentencia de 28 de septiembre de 2017, con ponencia de la Dra. Marta Nubia Velásquez Rico (E), radicado 27001-23-31-000-2010-00177-01 (44635).

«Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización».

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencias del 30 de julio de 2008, expediente 18.725, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y del 23 de abril de 2009, expediente 17.187, reiteradas en las sentencias del 9 de abril de 2014, expediente 34.651. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, en la del 8 de marzo de 2017, expediente No. 39624.
Cita del original: “En sentencia de 10 de agosto de 2005, expediente: 16.205, la Sala al resolver la demanda instaurada con el fin de obtener la indemnización de los perjuicios causados por las lesiones sufridos por un soldado, quien en cumplimiento de la orden proferida por su superior jerárquico, de realizar un registro de área en horas de la noche, al saltar un caño se cayó y golpeó contra una piedra, consideró: ‘...la causación de los daños material, moral y a la vida de relación tienen sustento, en este proceso, en el actuar de la Administración de sometimiento del soldado conscripto a una carga mayor a la que estaba obligado a soportar, cuando en el cumplimiento de la misión conferida a él por el Comandante del Escuadrón B de Contraguerrillas de registro del área general del Municipio de Paz de Ariporo dentro del servicio y con ocasión de él, se tropezó cayendo contra la maleza, lesionándose el ojo derecho’”.
Cita del Original: “Expediente 11.401”.
F. 28

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.