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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00232-00

Acción de tutela en concurso de méritos

Fecha
8 de marzo de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00232-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A RECHAZAR por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Francisco García Guerrero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00232-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

8 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA / CONTROVERSIA POR DECISIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO JUDICIAL

[A]l consultar la página electrónica de la Corte Constitucional se constata que el 28 de febrero de 2017 no seleccionó para su revisión la sentencia del 24 de octubre de 2016, expedida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De tal suerte que cobró fuerza de cosa juzgada y es improcedente efectuar un nuevo pronunciamiento en sede de tutela sobre lo solicitado por el accionante. Además, se advierte que el actor censura la Resolución (...), acto administrativo que fue expedido como consecuencia del fallo del 24 de octubre de 2016, por ende, con ocasión a los criterios descritos en la sentencia SU-627 de 2015, la acción de tutela interpuesta por el actor es igualmente improcedente, dado que se trata de una actuación posterior, originada en cumplimiento de las órdenes de tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00232-00(AC)

Actor: CARLOS FRANCISCO GARCÍA GUERRERO

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - SALA ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y LA UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el señor Carlos Francisco García Guerrero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor Carlos Francisco García Guerrero, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, acudió ante esta Corporación para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, presuntamente vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona.

En amparo de los derechos invocados, el accionante solicita:

“SEGUNDO: […] se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, Unidad de Administración de la Carrera Judicial, representada legalmente por su director (a) y/o quien haga sus veces que en el menor tiempo posible, y antes de ser emitida la lista de elegibles para proveer el cargo de Juez Laboral del Circuito en el marco de la convocatoria 22, se incluya mi nombre como concursante legalmente habilitado, y se publique mi puntaje en la mencionada lista, de acuerdo a las notas y calificaciones legalmente obtenidas en la prueba de conocimientos (802.52), VII curso de formación judicial (933.01), prueba psicotécnica y demás factores a evaluar de acuerdo a las reglas de la misma convocatoria.

TERCERO: Ordenar a los accionados abstenerse de emitir actuaciones que vulneren los derechos fundamentales del accionante, y ante todo que desconozcan el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe.”

Hechos y consideraciones de la parte actora

La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:

Expuso que participó en el concurso de méritos para ser nombrado en el cargo de juez laboral del circuito en la convocatoria que abrió el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo PSAA 13-9939 del 25 de junio de 2013.

Señaló que el 7 de diciembre de 2014 presentó la prueba de conocimientos y, según la Resolución CJRE16-392 del 10 de agosto de 2016, obtuvo un puntaje de 802.52 “debido a que involuntariamente la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplina omitieron calificar dentro de mi puntaje la pregunta No. 4 del componente general o común de la prueba de conocimientos”.

Alegó que al aprobar la prueba de conocimientos fue convocado para realizar el Curso de Formación Judicial VII, en el que obtuvo un puntaje de 933.01, motivo por el cual culminó las etapas previstas para estar incluido en la lista de elegibles para proveer el cargo de juez laboral del circuito.

Advirtió que de forma inexplicable 14 meses después de haber iniciado el curso de formación judicial, “haber asistido a todas y cada una de las mesas de trabajo, haber realizado las pasantías virtuales y presenciales, haber realizado las evaluaciones de cada mesa y haber sustentado la línea jurisprudencial requerida” la Unidad de Administración de Carrera Judicial, profirió la Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017, para excluirlo del concurso, presuntamente en cumplimiento de la sentencia del 24 de octubre de 2016, dictada por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Señaló que el referido acto administrativo CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017 desconoce los principios constitucionales de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe, y sus derechos adquiridos, como quiera que superó la prueba de conocimientos y siguió la formación judicial.

Consideró que la sentencia de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 24 de octubre de 2016 no ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera Judicial que el actor fuera excluido del concurso de méritos.

Indicó que la referida decisión judicial negó el amparo al derecho de petición en razón a que la Entidad accionada respondió de fondo las solicitudes del accionante.

Precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no corrigió el error cometido por la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona respecto de la equivocación en la calificación de la pregunta Nº 4 de la prueba de conocimientos, el cual había sido subsanado y por ello, el actor debe incluirse en la lista de elegibles.

Destacó que el accionante superó la prueba de conocimientos “teniendo en cuenta las preguntas efectivamente respondidas de forma correcta, el puntaje asignado a mi prueba de conocimientos 802.52, obedece al equivalente de 65 preguntas acertadas dentro de la prueba de conocimientos, las cuales inicialmente habían sido calculadas en forma errónea, y que posteriormente fueron corregidas de forma autónoma y veraz, por la Universidad de Pamplona y la Unidad de Administración de Carrera Judicial”.

En lo que respecta a la existencia de un perjuicio irremediable señaló que en la Convocatoria 22 se pública el registro nacional de elegibles el 22 de enero de 2018, por lo tanto, es inminente el daño que podría sufrir el accionante, junto con su familia, al afirmar que “contamos con ese cargo para mi desarrollo profesional y al cual tengo derecho por haber cumplido legalmente todos los requisitos para ello”.

Trámite e intervenciones

Mediante auto del 1º de febrero de 2018, el Despacho que sustancia el presente proceso admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada, vinculó a la Universidad de Pamplona y negó la medida provisional solicitada por el actor.

3.1. Unidad de Carrera de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare improcedente la acción de tutela interpuesta por el actor.

Manifestó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario protector de los derechos fundamentales, por ende, su procedencia depende de la demostración de un perjuicio irremediable, que en el presente caso no fue acreditado por el accionante, dado que no basta indicarlo, sino que se requiere prueba siquiera sumaria de éste.

Indicó que el actor concursó para el cargo de juez laboral del circuito y en el examen de conocimientos obtuvo un puntaje de 797.31, como se expuso en la Resolución CJRES152-20 del 25 de septiembre de 2015, contra la que interpuso recurso de reposición, y que mediante la Resolución CJRES15-252 se confirmó el puntaje.

Precisó que el señor Carlos Francisco García Guerrero presentó una acción de tutela (radicado 2016-517) ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que en providencia del 1º de agosto de 2016 tuteló sus derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción, resolviendo ordenar a la Universidad de Pamplona que respondiera de fondo la petición del actor, teniendo en cuenta que la única respuesta que resuelve correctamente la pregunta Nº 4 es la opción B, y que si el aspirante marcó ésta se debería recalificar el examen. Explicó que para cumplir la orden de tutela se tuvo en cuenta lo certificado por la Universidad de Pamplona y se expidió la Resolución CJRES 16-355 del 25 de julio de 2016, donde se asignó al actor el puntaje de 802.52.

La Unidad de Administración de Carrera Judicial impugnó la referida decisión, y en segunda instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 24 de octubre de 2016, decidió revocar el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, y en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela frente a la vulneración del derecho al debido proceso, y respecto al derecho de petición, negó el amparo solicitado por el interesado.

En consecuencia, la Unidad de Administración de Carrera Judicial expidió la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017 para cumplir la orden judicial y por consiguiente, revocó la actuación adelantada con ocasión del fallo de primera instancia que se concretó en el acto administrativo que calificó la prueba de conocimiento del actor con 802.52 puntos. Por este motivo, se mantuvo en firme la calificación de 797.31 puntos, y en consecuencia, el actor no obtuvo el porcentaje aprobatorio de 800 puntos.

Señaló que la actuación del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial se limitó a cumplir la orden de un juez de tutela, actuación que de no haberse realizado los haría incurrir en desacato.

Precisó que la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017 no es una decisión autónoma que pone fin a una actuación administrativa, sino un acto de ejecución.

Aseveró que como el actor fue quien promovió la acción de tutela que conoció en segunda instancia la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, no puede ahora verse sorprendido con la decisión de excluirlo del concurso.

Agregó que el accionante presentó contra la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017 recurso de reposición y solicitud de revocatoria directa, peticiones que le fueron respondidas mediante el Oficio CJO18-21 del 11 de enero de 2018.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer la acción de tutela de conformidad con las reglas previstas en el artículo 1 numeral 8 del Decreto 1983 de 2017.

Cuestión previa

Destaca la Sala que el accionante mediante correo electrónico del 7 de febrero de 2018, enviado a la Secretaría General de esta Corporación, modificó la medida provisional de urgencia solicitada en el escrito de tutela, indicando que como ya fue expedido el Registro Nacional de Elegibles, pidió que su nombre sea incluido en éste.

Sobre este aspecto, se señala que en el auto del 1º de febrero de 2018 esta Corporación negó la solicitud de medida provisional, puesto que prima facie no se observaba la vulneración de los derechos fundamentales invocados, por ello se estimó que sería al dictar la decisión de fondo, donde se estudiaría la actuación de la entidad accionada. Ahora bien, una vez analizada la modificación de la solicitud de medida provisional, se observa que procede reiterar los argumentos expuestos en el auto del 1º de febrero de 2018, ya que no es ostensible la vulneración deprecada.

Problema jurídico

La Sala debe determinar si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, al “excluirlo” del concurso de méritos para ser designado juez laboral del circuito, en razón a que fue revocada la sentencia de tutela que había dispuesto que continuara en el proceso de selección por haber superado la prueba de conocimientos.

3.1 Generalidades de la acción de tutela

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

3.2 El derecho al debido proceso en materia de concurso de méritos

El concurso de méritos es el mecanismo considerado idóneo para que el Estado, con base en criterios de objetividad e imparcialidad, determine el mérito, las capacidades, la preparación, la experiencia y las aptitudes de los aspirantes a un cargo, con el único fin de escoger al mejor, apartándose de toda consideración subjetiva o de influencia de naturaleza política o económica.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia SU-133 de 1998, explicó lo siguiente:

“[…] La finalidad del concurso estriba en últimas en que la vacante existente se llene con la mejor opción, es decir, con aquel de los concursantes que haya obtenido el más alto puntaje. A través de él se evalúa y califica el mérito del aspirante para ser elegido o nombrado.

Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo (arts. 25 y 53 C.P.), a la igualdad (art. 13 C.P.) y al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, numeral 7, C.P.), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático […]”.

Con relación al debido proceso en el concurso de méritos esta Corporación se ha pronunciado en los siguientes términos:

“[…] El concurso de méritos ha sido considerado el instrumento más idóneo y eficaz, para determinar las aptitudes de los aspirantes a un cargo. Además de los principios que lo inspiran, entre ellos, el mérito, la igualdad en el ingreso, la publicidad y la transparencia, la ejecución de sus reglas debe someterse al estricto cumplimiento del debido proceso y respetar todas y cada una de las garantías que rodean el proceso de selección.

El resultado de la participación en el concurso de méritos es la lista de elegibles, en la que de manera ordenada se indican las personas que alcanzaron los mejores resultados en las diferentes pruebas realizadas, para acceder a los respectivos cargos. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional, como de esta Corporación ha sostenido que la provisión de cargos para la carrera administrativa, debe tener en cuenta el orden establecido en el correspondiente registro de elegibles, so pena de afectar diversos derechos fundamentales.

Ahora bien, es posible que en el marco de un concurso de méritos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, la Administración lesione ciertas garantías y se aparte del debido proceso administrativo, en razón a que, por ejemplo, no efectúa las publicaciones que ordena la ley, no tiene en cuenta el estricto orden de méritos, los instrumentos utilizados para verificar la capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos no gozan de confiabilidad y validez, o no aplica las normas de carrera administrativa, para una situación jurídica concreta.

De este modo, frente a la vulneración del debido proceso administrativo, entendido como “la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los administrados, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley”, debe el juez de tutela ordenar las medidas que sean pertinentes para reestablecer el derecho conculcado […]”.

3.3 De lo probado en el proceso

• El señor Carlos Francisco García Guerrero participó en el concurso de méritos adelantado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA 13-9939, en el cargo de juez laboral del circuito, obteniendo en la prueba de conocimientos un puntaje de 797.31 puntos.

• La Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, en fallo del 1 de agosto de 2016, ordenó recalificar la respuesta a la pregunta No. 4 de la prueba de conocimientos presentada por el actor, así:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y de petición del señor CARLOS FRANCISCO GARÍA GUERRERO, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR al doctor ARMANDO QUINTERO GUEVARA, en su condición de Líder del proceso de reclamaciones de la Universidad de Pamplona, que en (sic) término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia, dé respuesta a la petición elevada por el doctor CARLOS FRANCISCO GARCÍA GUERRERO, pronunciándose de fondo frente a la solicitud de revisión y corrección de la pregunta No. 4, contenida en las pruebas presentadas por los aspirantes en la convocatoria No. 22 de 2013, teniendo en cuenta que la única opción de respuesta que resuelve correctamente el enunciado propuesto en dicha pregunta es aquella consignada en la opción B. y que la misma fue escogida por el accionante en su hoja de respuesta, tal como lo afirma en el escrito de petición.

Cumplida la orden, y en caso de acreditar que el señor GARCÍA GUERRERO efectivamente escogió la opción B, la institución deberá recalificar la pregunta No. 4 de su prueba, para efectos de adicionar el puntaje respectivo por pregunta acertada, debiendo remitir el respectivo informe a la Unidad de Administración de Carrera Judicial para lo de su competencia, en caso contrario, deberá pronunciarse en torno a la petición subsidiaria consignada en el mismo documento”.

-Mediante la Resolución CJRES16-392 del 10 de agosto de 2016, proferida por la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, “por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial”, se resolvió asignarle al accionante el puntaje de 802.52 puntos, así:

“ARTÍCULO 1º. REVOCAR la Resolución No. CJRES16-355 del 25 de julio de 2016, mediante la cual se recalificaron los resultados obtenidos por los aspirantes en el prueba de conocimientos, en desarrollo del concurso de méritos para la conformación del Registro Nacional de Elegibles para los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 2013, respecto del puntaje otorgado de 791.07 puntos al señor CARLOS FRANCISCO GARCÍA GUERRERO, identificado con la C.C. número 73.203.717, para en su lugar de (sic) asignarle 802.52 puntos de conformidad con lo ordenado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Bolívar (resaltado fuera de texto).

ARTÍCULO 2º. En los términos del numeral 5.1 del Acuerdo PSAA13-9939 de 2013, quienes obtengan un puntaje igual o superior a ochocientos (800) puntos, continuarán en la fase II del concurso y serán convocados al curso de Formación Judicial”.

• La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en decisión del 24 de octubre de 2016, resolvió la impugnación formulada por la Unidad de Administración Judicial de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, decidiendo revocar el fallo del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, y en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela frente a la vulneración del derecho al debido proceso, y negó el amparo solicitado por el interesado frente al derecho de petición, así:

“Ahora bien, conforme a lo expuesto por el señor GARCÍA GUERRERO, en su memorial de tutela, hecho sexto (fls. 3 a 4), afirma haber interpuesto acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra los actos administrativo antes aludidos, es decir, que el actor viene agotando los medios de defensa ordinarios e idóneos previstos por el ordenamiento jurídico para tal fin, mal puede entonces, de manera paralela, promover el amparo constitucional, cuando el objeto de estudio aquí planteado debe desarrollarse bajo las acciones naturales.
[…]
Así las cosas, al no cumplirse con el requisito de SUBSIDIARIEDAD de la acción de tutela, resulta imperativo para esta superioridad, REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Seccional Bolívar, el día 1 de agosto de 2016, respecto a TUTELAR el derecho fundamental al debido al proceso del señor CARLOS FRANCISCO GARCÍA.

De otra parte, con relación al derecho de petición ejercido por el actor, el 16 de junio de 2016, ante la Directora de la Unidad Administrativa de Carrera Judicial – Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y Rector de la Universidad de Pamplona, por medio del cual solicitó, se revise y corrija la pregunta No. 4, perteneciente al núcleo común de la prueba de conocimiento realizada el 7 de noviembre de 2014, en el marco de la convocatoria No. 22 para proveer los cargos de Jueces y Magistrados en la Rama Judicial, y como consecuencia de lo anterior, se proceda a emitir una nueva calificación (fls. 24 a 26), la misma fue atendida por el líder del proceso de reclamaciones de la Universidad de Pamplona (fl. 41)”.

-A través de la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017, dictada por la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, “por medio de la cual se revoca una resolución en virtud de un fallo judicial”, se dispuso:

“ARTÍCULO 1º. REVOCAR la Resolución CJRES16-392 de 2016 mediante la cual se le asignaron 802.52 puntos al señor CARLOS FRANCISCO GARCÍA GUERRERO identificado con la C.C. No. 73.203.717 en la prueba de conocimientos, por lo tanto se mantiene en firme el puntaje de 797.31 asignado mediante la Resolución CJRES15-20 de febrero 12 de 2015 y confirmado con las Resoluciones CJRES15-252 de septiembre 24 de 2015 y 488 de 28 de septiembre de 2016” (resaltado fuera de texto).

-Recurso de reposición y solicitud de revocatoria directa presentados por el actor contra la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017.
-Oficio CJO18-21 del 11 de enero de 2018 de la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en el que indica que contra la Resolución CJR17-325 del 12 de diciembre de 2017 no proceden recursos, y que tampoco es viable la revocatoria de una decisión que se expidió en cumplimiento de una sentencia.

4. Caso concreto

El señor Carlos Francisco García Guerrero solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo, que estima vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona, al “excluirlo” del concurso de méritos en el aspiraba al cargo de juez laboral del circuito.

Alega el accionante que mediante la Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017 la entidad demandada, de forma inexplicable y después de 14 meses de haber iniciado el curso de formación judicial, decidió “excluirlo” del concurso, presuntamente en cumplimiento de la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2016, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Asevera que la citada Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017 desconoce los principios constitucionales de confianza legítima, seguridad jurídica, buena fe y los derechos adquiridos del actor, como quiera que superó la prueba de conocimientos en el proceso de selección.

Precisó que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no corrigió el error cometido por la Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona respecto de la equivocación en la calificación de la pregunta Nº 4 de la prueba de conocimientos.

Ahora bien, en atención a los hechos probados en este proceso, se destaca que las Salas Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencias del 1º de agosto y 24 de octubre de 2016, decidieron respectivamente, en primera y segunda instancia en el proceso 2016-00517, la acción del tutela del actor contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad de Pamplona, en la cual solicitó que se les ordenara revisar y corregir la pregunta Nº 4 de la prueba de conocimientos presentada el 7 de diciembre de 2014, en el marco de la convocatoria para proveer los cargos de jueces y magistrados de la Rama Judicial, ya que había sido respondida acertadamente por él y su valor debía sumarse al puntaje total.

En el caso sub examine evidencia la Sala que el estudio de fondo de los argumentos de la presente acción de tutela se circunscriben a que el accionante alega que la Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017 desconoce sus derechos fundamentales, dado que aprobó el examen de conocimientos del 7 de diciembre de 2014, debido que a respondió de forma acertada la pregunta Nº 4.

Al respecto, se precisa que la Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017 fue dictada en cumplimiento de lo decidido en la sentencia del 24 de octubre de 2016, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en el proceso 2016-00517, de modo que la autoridad administrativa no tomó una decisión autónoma sino que se limitó a materializar el fallo en cita.

De lo anterior se colige, que lo alegado por el accionante en la presente acción constitucional, coincide con lo debatido y decidido en los fallos del 1º de agosto y 24 de octubre de 2016, dictados por las Salas Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y del Consejo Superior de la Judicatura. De forma que pese a que el interesado no dirija de forma expresa la presente acción de tutela contra la decisión dictada en segunda instancia en el proceso 2016-00517, lo cierto es que de emitirse un pronunciamiento de fondo en el caso bajo estudio, necesariamente habría que entrar a estudiar nuevamente lo resuelto en el expediente 2016-00517, a saber, si debe recalificarse la pregunta Nº 4 de la prueba de conocimientos.

En este sentido se advierte que no es procedente la acción de tutela contra las sentencias de tutela, tal como lo ha considerado la Corte Constitucional desde la decisión de unificación SU-1219 de 2001, en la que se precisó que una vez una providencia no fue seleccionada para su revisión tiene fuerza de cosa juzgada, de modo que no hay lugar a reabrir lo analizado, en suma considera el Tribunal Constitucional que de lo contrario la tutela perdería efectividad y se propiciaría inseguridad jurídica. Este criterio fue reiterado en la sentencia T-272 de 2014, así:

“3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia general de la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la sentencia SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en una arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo 241 Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión.

3.4. La finalidad de la revisión es, entre otras, unificar la jurisprudencia. Pero además, su propósito consiste en permitir que la Corte Constitucional obre como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, de modo tal que contra sus decisiones no procede recurso alguno.

En la citada sentencia SU-1219 de 2001, la Corte desarrolló de forma detallada el alcance y significado de la revisión. Sostuvo que la revisión de todos los fallos de tutela dictados supone “(…) un proceso especial contra cualquier falta de protección de los derechos fundamentales”. Así mismo, la Corte señaló que la decisión de no seleccionar para revisión una sentencia de tutela “tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”.

Por lo anterior, incluso en la eventualidad de que el juez de tutela, en contravía de sus obligaciones constitucionales y legales, decida un caso mediante una argumentación que pueda encontrarse contraria al ordenamiento jurídico, la solución existente, además del necesario contradictorio entre las partes y los recursos propios existentes en sede del proceso de tutela, es aquella contemplada expresamente en la Constitución: la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional, que “(…) no sólo busca unificar la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como máximo tribunal de derechos constitucionales y como órgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos” .

Por estas razones, se considera entonces que, una vez ha culminado el proceso de revisión por parte de la Corte, “no hay lugar para reabrir el debate” y, por tanto, la decisión se torna inmutable y definitivamente vinculante, con lo que está revestida de la calidad de cosa juzgada”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, mediante SU-627 de 2015, unificó los criterios relacionados con la procedencia excepcional de tutela contra tutela plasmando lo siguiente:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.” (Negrilla fuera de texto). […]”.

De cara a la jurisprudencia previamente expuesta, la Sala advierte que la sentencia del 24 de octubre de 2016, expedida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura fue proferida dentro de una acción de tutela, por lo cual se estima que la presente acción, en principio, no es procedente para controvertir el contenido de la citada providencia.

No obstante lo anterior, en casos realmente excepcionales, procede esta acción constitucional para controvertir una sentencia de tutela, para lo cual deben concurrir los siguientes elementos: “a) La acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir, que no se está en presencia del fenómeno de cosa juzgada. b) Debe probarse de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude, que atenta contra el ideal de justicia presente en el derecho (Fraus omnia corrumpit). c) No existe otro mecanismo legal para resolver tal situación, esto es, que tiene un carácter residual”.

Respecto al primer requisito, consistente en que la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, se advierte que éste no se cumple, puesto que la acción de tutela incoada por el actor ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar comparte identidad procesal con la nueva solicitud de amparo, por cuanto se trata de las mismas partes y hechos.

En lo que concierne al segundo requisito, a partir del análisis de las providencias dictadas en el proceso de tutela 2016-00517 no se encuentra probado que se haya inducido en error a la autoridad judicial o que exista una situación de fraude que haya sido determinante al dictar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la sentencia del 24 de octubre de 2016.

Como corolario de lo expuesto, se tiene que no se configuran los requisitos que conlleven a la procedencia de la acción de tutela contra tutela.

Por otro lado, al consultar la página electrónica de la Corte Constitucional se constata que el 28 de febrero de 2017 no seleccionó para su revisión la sentencia del 24 de octubre de 2016, expedida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De tal suerte que cobró fuerza de cosa juzgada y es improcedente efectuar un nuevo pronunciamiento en sede de tutela sobre lo solicitado por el accionante.

Además, se advierte que el actor censura la Resolución CJRES 17-325 del 17 de diciembre de 2017, acto administrativo que fue expedido como consecuencia del fallo del 24 de octubre de 2016, por ende, con ocasión a los criterios descritos en la sentencia SU-627 de 2015, la acción de tutela interpuesta por el actor es igualmente improcedente, dado que se trata de una actuación posterior, originada en cumplimiento de las órdenes de tutela.

En último lugar, se analizará si la actuación del demandante es temeraria, en este sentido se tiene que cuando se instauran acciones de tutela, de manera simultánea o sucesiva, en procesos que versen sobre un mismo asunto puede generar las siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, cuando se ejerce una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que se evidencien razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) que haya cosa juzgada, pero no temeridad, esto acaece cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) se configura únicamente la temeridad, ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada. En suma, es evidente que estos conceptos cuentan con diferencias claras, que los llevan a configurarse como elementos disímiles. Sin embargo, ello no es impedimento para que en un caso concreto confluyan tanto la cosa juzgada como la temeridad.

En este asunto, se estima que el actor interpuso la acción de tutela con la convicción que no existía cosa juzgada, pues aportó los fallos dictados en el proceso 2016-00517, y tampoco se observa que actúe de mala fe. Por estos motivos, se considera que su actuación no fue temeraria.

III. DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Francisco García Guerrero.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

RECHAZAR por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Francisco García Guerrero contra el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Administrativa – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad de Pamplona, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folios 101 a 102
Folios 130 a 134
Folio 104
M.P. José Gregorio Hernández Galindo
Corte Constitucional. Sentencia T-1110 de 2003. Estipula el artículo 29 de la Constitución Política: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Véase, entre otras, las sentencias T-467 de 1995, T-238 de 1996 y T-982 de 2004. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 17 de febrero de 2011. M.P. Dra. María Elizabeth García González. Ref: 2010-03113-01. Este hecho está relatado en la sentencia de tutela del 1 de agosto de 2016, proferida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, folios 19 a 43. Folios 19 a 43
Folios 11 a 13
Folios 44 a 63
Folios 16 a 18
Folios 67 a 74
Folios 90 a 92
Ver folio 21, en el que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar resume las pretensiones del tutelante
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La posición unificada que contiene esta sentencia, ha sido reiterada por las diferentes Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-192 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-354 de 2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-444 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-536 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-059 de 2006 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-151 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y T-813 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa). Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 9.revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. Por su parte, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución,” señala: revisión por la Corte Constitucional: La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción, deberán ser decididos en el término de tres meses. Sobre el propósito de la eventual revisión ante la Corte Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas Hernández) la Sala Plena explicó: “ (…) el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos fundamentales no obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización política colombiana.

Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela, bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no selección pero en cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto.”
El artículo 49 del Decreto 2067 de 1991 “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional” señala: “Contra las sentencias de la Corte Constitucional no procede recurso alguno. La nulidad de los procesos ante la Corte Constitucional sólo podrá ser alegada antes de proferido el fallo. Sólo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrán servir de base para que el pleno de la Corte anule el proceso.”
Corte Constitucional, sentencia T-272 de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa
Sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015. Corte Constitucional. Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo.
http://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria
Corte Constitucional, sentencia T-185 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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