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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00235-01

Fecha
31 de mayo de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00235-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos señalados en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDOTERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-00235-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

31 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega el amparo de los derechos a la igualdad, debido proceso, mínimo vital, seguridad social y al acceso a la administración de justicia / AUSENCIA DE DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE - El Tribunal válidamente considero que no procedía la indexación pensional, pues no medió un lapso en el que pudiera haberse afectado el poder adquisitivo del salario base de liquidación por los cambios inflacionarios / INDEXACIÓN DE MESADA PENSIONAL - No habrá lugar a su reconocimiento cuando entre el retiro del trabajador y el momento a partir del cual se reconoce y liquida la pensión no ha transcurrido un lapso superior a un año

[L]a importancia de actualizar las sumas de dinero que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión, a la fecha en que la persona adquiere el estatus de pensionado, radica en que desde ese momento tiene derecho a recibir su primera mesada, en un monto frente al cual se debieron aplicaron los dispositivos de corrección monetaria pertinentes, con el fin de garantizar que la pensión que adelante recibirá, en lo que respecta a la capacidad adquisitiva, tenga una verdadera relación con lo que se devengó durante la relación laboral, particularmente con los factores salariales que se tuvieron en cuenta para liquidar la pensión. (…) la Sala considera que no habrá lugar al reconocimiento de la indexación cuando entre el retiro del trabajador y el momento a partir del cual se reconoce y liquida la pensión, no ha transcurrido un lapso superior a un año. Por ende, en el caso que nos ocupa no se configura un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó en razón a que el derecho a la sustitución pensional le fue reconocido a partir de la fecha en que se produjo el retiro del servicio de la causante, por su fallecimiento, y por ello se liquidó la mesada pensional teniendo en cuenta los factores salariales del último año anterior a la muerte de la señora [E.H.B.] En ese orden, acertó el Tribunal accionado al sostener que no procedía la indexación reclamada, argumentando además que en el numeral quinto de la misma Resolución que le reconoce el derecho al accionante se ordena a la entidad a cargo de la pensión, realizar los reajustes legales correspondientes. (…) el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del actor por parte de la extinta Cajanal se realizó el 15 de octubre de 2003, -con efectos desde el 16 de febrero de 2004 por la prescripción trienal-, es decir, un día después del deceso de su cónyuge, por lo que no medió un lapso en el que pudiera haberse afectado el poder adquisitivo del salario base de liquidación por los cambios inflacionarios. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Chocó no conculcó los derechos fundamentales invocados por el actor, pues a partir de los criterios jurisprudenciales sobre la procedencia de la indexación determinó que no había lugar a ella, pues la primera mesada pensional reconocida, corresponde a la causada a partir del día siguiente de la muerte de la causante, cuyo pago, como se dijo, no fue ordenado en razón a la prescripción trienal. En virtud de lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 22 de febrero de 2018, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, negó el amparo invocado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp.11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. En relación con la regla general del plazo razonable para interponer la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Respecto al derecho constitucional a la indexación de la primera mesada pensional, ver: Corte Constitucional, sentencia de 17 de noviembre de 2016, exp. SU-637, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia de 18 de diciembre de 2012, exp. T-1096, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y sentencia de 05 de junio de 2006, exp. T-447, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. Respecto al derecho constitucional a la indexación de la primera mesada pensional, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 30 de julio de 2014, exp. 11001-03-15-000-2014-01045-00(AC), C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00235-01(AC)

Actor: DIEGO LUIS TABORDA TABORDA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Diego Luis Taborda Taborda, a través de apoderado judicial, en contra de la providencia de 22 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El señor Diego Luis Taborda Taborda, mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, al “mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones” y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 27001-33-33-002-2015-00244-01 adelantado en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Indica que mediante la Resolución Nro. PAP 002078 de 7 de diciembre de 2009, la extinta Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal reconoció post mortem una pensión de jubilación gracia a favor de la señora Eloísa Hoyos Benítez y sustituyó dicha prestación al accionante Diego Luis Taborda Taborda, en su calidad de cónyuge supérstite, prestación fijada en la suma de $718.956,82, y que se hizo efectiva a partir del 15 de octubre de 2003.

Manifiesta que en la mencionada resolución la entidad no realizó “la indexación del ingreso base de liquidación para determinar la primera mesada pensional, en razón a que la causante falleció el día 14 de octubre del 2003 y la resolución de sustitución pensional se dictó el día 07 de diciembre del 2009. Entre las dos fechas antes anotadas ha transcurrido un lapso de SEIS (6) AÑOS, UN (01) MES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS”.

Señala que instauró acción nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarará la nulidad de la Resolución No. PAP 002078 de 7 de diciembre del 2009. que reconoció la sustitución de la pensión gracia con motivo del fallecimiento de la esposa del tutelante el 14 de octubre de 2008.

Indica que el concomimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, autoridad judicial que mediante sentencia de 11 de marzo de 2016, negó las pretensiones al considerar que al demandante se le reconoció “la pensión a partir del día siguiente de la adquisición del status (sic) pensional es decir, no pasó ni siquiera un día entre la adquisición del status y el disfrute del derecho pensional, por lo cual el ingreso base de liquidación de las pensiones no sufrió ninguna depreciación, que amerite la indexación del mismo”.

Advierte que interpuso recurso de apelación, en los siguientes términos:

“En concreto con este recurso y teniendo en cuenta todos los precedentes jurisprudenciales era obligación de la entidad demandada determinar la INDEXACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE MI PODERDANTE, para liquidar legalmente la primera mesada pensional. Entonces, siguiendo la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, para liquidar la pensión de jubilación ya aludida, a favor de mi mandante Sr. DIEGO LUIS TABORDA TABORDA, se debieron tener en cuenta todos los factores de salario devengados por mi prohijada (sic), durante el último año de servicio público y la indexación del ingreso base de liquidación para determinar la tasa de reemplazo del setenta y cinco (75%), por ser la única forma de impedir que a mi poderdante se le obligue a percibir una pensión devaluada; luego, al contar con los dos extremos temporales, es decir, fecha de efectividad de la prestación pensional (OCTUBRE 15 DEL 2003 Y EL 30 DE MARZO DE 2015, ÚLTIMO MES CERTIFICADO PARA ÍNDICES DE PRECIOS A CONSUMIDOR, ESTO ES, UN TRANSCURSO DE SEIS (06) AÑOS, UN (01)MES Y VEINTITRÉS (23)DÍAS; por lo tanto, la liquidación tenía que arrojar el siguiente resultado: (sic)

R=Rh ($1.365.891) x índice final (102.00) = $1.296.341
Índice inicial (75.31)

LIQUIDACIÓN PENSIÓN = $ 1.298.341. X 75% = $9973756
A PARTIR DE MARZO 15 DEL 2003”.

El recurso de alzada fue resuelto el 27 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo del Chocó, autoridad judicial que confirmó la providencia recurrida con sustento en los siguientes argumentos: “[…] si bien transcurrió un tiempo considerable entre la adquisición del status y la fecha en que se declaró el derecho (sic) tiempo durante el cual si existió un periodo inflacionario que debió considerarse, a fin de que se aplicaran los mecanismos de corrección monetaria pertinentes, para que las mesadas adeudadas a la accionante conservaran su poder adquisitivo al momento de ser canceladas, observa la Sala que dicha situación fue garantizada como se desprende del acto administrativo acusado cuando señala en el artículo quinto de la parte resolutiva de la resolución: ´El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, pagará al interesado las sumas a que se refiere el artículo primero con los reajustes correspondientes, previos los descuentos ordenados por la ley [...]`“.

Aduce que el Tribunal accionado desconoció las sentencias de la Corte Constitucional C-387 de 1994, C-862 de 2006 y C-891 de 2006, que declararon la exequibilidad de los artículos 14 de la Ley 100 de 1993, 260 numeral 1º del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961. Así como el precedente fijado en las sentencias SU-120 de 2003, SU 1073 de 2012, SU 131 de 2013 y el del Consejo de Estado entre otras citadas por el actor, en las cuales establecen el derecho de los pensionados a mantener el poder adquisitivo de la primera mesada pensional, con el reconocimiento de le indexación de la primera mesada pensional.

La parte accionante concluye que “la providencia controvertida no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial sobre la indexación de la primera mesada constitucional (sic), que debe ser conocido y considerado por todas las autoridades judiciales, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, le vulneró a mi mandante sus derechos fundamentales a la igualdad de tratamiento jurídico, debido proceso, mínimo vital, seguridad sociales en pensiones, mantenimiento al poder adquisitivo de las pensiones y acceso a la administración de justicia, en razón a que, el caso debe estudiarse teniendo en cuenta los parámetros legal (sic) y jurisprudencialmente establecidos para la resolución de controversias con supuestos de hecho y derecho similares, por ser esa una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados”:

III. LAS PRETENSIONES

En consecuencia, las pretensiones formuladas por la accionante fueron las siguientes:

“PRIMERA.- TUTELAR al Sr. DIEGO LUIS TABORDA TABORDA, los derechos fundamentales a la igualdad de tratamiento jurídico, debido proceso, mínimo vital, seguridad social en pensiones, mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y acceso a la administración de justicia, quebrantados por haber dictado el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, la sentencia No. 0184 del 27 de octubre de 2017, que confirmó en todas sus partes la decisión judicial No. 023 del 11 de marzo de 2016, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Quibdó, la cual negó las pretensiones de la acción, instaurada contra LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) y condena en costas y en agencias en derecho.

SEGUNDA.- DISPONER que en el término de cinco (05) días contados, a partir de la notificación de la sentencia de tutela a dictar, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó proceda a producir la sentencia de remplazo, accediendo a las pretensiones del libelo introductorio, declarando nula la resolución No. PAP 002078 del 07 de diciembre del 2009, mediante la cual se le reconoció la pensión post-morten de una pensión gracia, a mi mandante, Sr. DIEGO LUIS TABORDA TABORDA, con motivo del fallecimiento de su esposa Sra. ELOISA HOYOS BENÍTEZ el día 14 de octubre del 2009, en cuantía de $718.956, sin indexación del ingreso base de liquidación, para determinar la primera mesada pensional, desde el 15 de octubre de 2003. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento de derecho, se ordenará reconocer y pagar a mi mandante, LA PENSIÓN POST MORTEM, con la inclusión de todos los factores de salario devengados por la causante, durante el último año de servicio (octubre 15 del 2002 a Octubre 15 del 2003) y la indexación del ingreso base de liquidación desde el 15 de octubre del 2003, hasta el mes de marzo del 2015, efectiva a partir del 15 de octubre del 2003, conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, respecto del tema, y se atienda el precedente de esa máxima Corporación Judicial, especialmente como se procedió con la sentencia de la Sección Segunda del 06 de octubre de 2011, radicado No. 270012331000201100141011 (No. Interno 1767-2012), y la del 25 de abril del 2016, propuesta por la Sra. MARLEN EUNICE TAMAYO DE PEREA, radicado No. 11001031500020150346600, y la de la Sra. INÉS MARIELA GAMBOA DE GIL, sentencia de tutela de segunda instancia dictada por la sección cuarta del Consejo de Estado, radicado No. 11001-03-15-000-2017-01564-01, por ser de idénticos contornos jurídicos y fácticos al caso que con esta acción de tutela se busca ajustar a derecho.”

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 1º de febrero de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la presente acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Chocó, para que se pronunciaran respecto a lo planteado por el accionante.

Asimismo, se vinculó al proceso a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP y al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, por el interés que les asiste frente al caso.

V. INTERVENCIONES

V.1. Intervención del Tribunal Administrativo del Chocó

El doctor José Andrés Rojas Villa, Presidente del Tribunal Administrativo del Chocó, solicitó rechazar por improcedente el amparo invocado, al estimar que “las decisiones de los jueces están revestidas de presunciones de legalidad, veracidad y acierto y quien pretenda desvirtuarlas deberá arrimar al expediente de tutela las pruebas que demuestren que se ha actuado mediante vías de hecho y/o desconocimiento del precedente judicial, lo cual no ha acontecido en este caso”.

Agrega que si se estudia de fondo el fallo objeto de controversia, se atiene a la decisión adoptada por el juez de tutela.

V.2. Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-

El Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP, solicitó que se rechazara por improcedente el presente amparo, en razón a que la entidad no vulneró los derechos fundamentales del actor.

Manifiesta que el Tribunal Administrativo del Chocó adoptó la decisión objeto de controversia con base en la normatividad vigente, y un adecuado análisis respecto a la indexación de la pensión del accionante, por lo tanto no es procedente un nuevo pronunciamiento mediante un fallo de tutela.

V.3. Intervención del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó

La autoridad judicial vinculada y notificada en debida forma, guardó silencio.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

Mediante sentencia proferida el 22 de febrero de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo invocado, al considerar que “el actor solicitó bajo la figura de la indexación de la primera mesada pensional, que se actualizara el valor de la pensión por el periodo transcurrido entre el 15 de octubre de 2003 y la fecha en que se declaró el derecho correspondiente, esto es 7 de diciembre de 2009, sin embargo, se reitera, como lo indicó la autoridad judicial accionada, que aquel supuesto fáctico no otorga el derecho al reconocimiento pedido y que, además, la actualización monetaria si fue ordenada”.

Considera que el Tribunal accionado no incurrió en desconocimiento del precedente porque, si bien la providencia en cuestión no citó las sentencias que en el ejercicio de la acción de tutela se alegan como desconocidas, si tuvo en cuenta el precedente constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional.

En ese orden, advierte que la autoridad judicial accionada no desconoció que “la indexación de la primera mesada pensional es una prerrogativa universal y predicable de todas las categorías de pensionados, incluso de aquellos que adquirieron tal calidad con anterioridad a la Constitución de 1991, sin embargo, del análisis probatorio encontró que, en el caso en concreto no se daban las condiciones para ordenar la indexación solicitada”.

Por otra parte, manifiesta que cuando el retiro del servicio coincide con la adquisición del estatus pensional no se requiere indexar la primera mesada pensional, independientemente de que el acto administrativo que declara el derecho sea posterior, porque en ese caso se ordenan los reajustes correspondientes, como se dispuso en el acto administrativo acusado.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El señor Diego Luis Taborda Taborda, mediante apoderado judicial, impugnó la providencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 22 de febrero de 2018, con miras a que se revoque y se ordene tutelar los derechos fundamentales invocados.

Sustenta la impugnación en las sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que invocó en su escrito de tutela, las cuales considera que son aplicables al caso en concreto y que fueron desconocidas por las autoridades judiciales dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho, al negar la indexación de la primera mesada pensional.

Por otra parte, manifiesta que la decisión impugnada incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, por las siguientes razones:

“ […] el juez de primera instancia mediante el fallo ya identificado, en ejercicio de sus facultad discrecional, si bien modificó la posición mantenida por el Consejo De Estado en casos similares al presente, no explicó de manera amplia, expresa y suficiente las razones de su actuación, o apartamiento, sentando una nueva posición sobre el tema, pues de manera extraña confunde REAJUUSTE (sic) DE LA PENSION DE LA PRIMERA CON INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL; en razón de ello, se repite, existe desconocimiento del precedente, lo cual implica la vulneración de los derechos fundamentales invocados por mi mandante.

Resulta bastante simpática la siguiente situación: la Magistrada ROCIO ARAUJO OÑATE fue ponente en la sentencia dictada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA, SENTENCIA DE TUTELA (SEGUNDA INSTANCIA) DEL 20 DE ABRIL DEL 2017. EXPEDIENTE RADICADO No. 11001031500020170016100. ACTOR: FELICIANO ENRIQUE PALACIOS VALOYES. DEMANDADO: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ. En dicha providencia se hicieron estas anotaciones para amparar los derechos fundamentales violados al accionante “ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO. Al revisar la providencia cuestionada, esto es, el auto del 22 de octubre de 2015 del Tribunal Administrativo del Chocó, advierte la Sala que en el mismo se realizó una comparación de las dos demandas de nulidad y restablecimiento del derecho presentadas por el accionante, análisis del cual se concluyó, que estaban acreditados los elementos de la cosa juzgada, toda vez que en ambos procesos (I) las partes fueron las mismas (teniendo en cuenta que la UGPP asumió los asuntos que antes de su liquidación le correspondían a CAJANAL EICE), y (ii) se solicitó la nulidad parcial de los mismos actos administrativos para obtener la indexación del ingreso base de liquidación (identidad de pretensiones), (iii) debido al tiempo que transcurrió entre la adquisición estatus pensional, el reconocimiento de la pensión y su reliquidación, sin que se realizara la actualización correspondiente (identidad de causa) […]".

Finalmente, la parte actora manifiesta que “la Sección Quinta, para el presente asunto, incurrió en error de apreciación de la situación fáctica, jurídica y desconoció la jurisprudencia vigente; de consiguiente, como no se satisfizo la carga argumentativa requerida para apartarse de los precedentes sólidos, (sic) reiterados y uniformes, incurrió en evidente desconocimiento de los mismos, e implicó el derecho a la igualdad, resultando suficientes razones para revocar la sentencia de tutela de primera instancia y acceder a las pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con la impugnación propuesta”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada el señor Diego Luis Taborda Taborda, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada y teniendo en cuenta que corresponde al juez de tutela de segunda instancia verificar si el fallo impugnado carece de fundamento, la Sala debe establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente porque en sentencia de 27 de octubre de 2017, negó la indexación de la primera mesada pensional, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Diego Luis Taborda Taborda.

A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a: iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: Orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que a través de este instrumento excepcional se desconozcan principios constitucionales como los de cosa juzgada, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.4. El caso concreto

El señor Diego Luis Taborda Taborda, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, con ocasión de la sentencia de 27 de octubre de 2017, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. Nro.11001-33-33-002-2015-00244-01, al considerar que la decisión desconoció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia indexación de la primera mesada pensional, lo que afectó el poder adquisitivo de la mesada pensional reconocida mediante resolución Nro. PAP 002078 de 7 de diciembre de 2009.

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Chocó argumenta que la decisión adoptada goza de la presunción de legalidad, veracidad y acierto, y señala que quien pretenda desvirtuarla debe demostrar que la actuación desplegada por la autoridad judicial configuró un causal específica de procedencia de la acción tutela contra providencias judicial, lo cual no ocurre en este evento.

Con fundamento en lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó el amparo reclamado, al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, en atención a que la providencia objeto de cuestionamiento si tuvo en cuenta la regla fijada por la Corte Constitucional sobre la indexación de la primera mesada pensional, la cual procede cuando entre la fecha de retiro y la fecha en que se adquiere el estatus pensional ha transcurrido un lapso que afecta el ingreso base por efectos de la inflación; sin embargo, en este caso el accionante adquirió el estatus pensional inmediatamente después de la fecha del retiro del servicio por muerte de la docente a quien se le reconoció la pensión.

Por su parte, el accionante impugna la anterior decisión porque considera que incurre “[…] en error de apreciación de la situación fáctica, jurídica y desconoció la jurisprudencia vigente; de consiguiente, como no se satisfizo la carga argumentativa requerida para apartarse de los precedentes sólidos, reiterados y uniformes, incurrió en evidente desconocimiento de los mismos, e implicó el derecho a la igualdad, resultando suficientes razones para revocar la sentencia de tutela de primera instancia y acceder a las pretensiones de la acción de tutela, de acuerdo con la impugnación propuesta”.

A partir de lo anterior, la Sala procede a examinar si se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela formulada por el señor Diego Luis Taborda Taborda, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Chocó.
VIII.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional porque pretende la protección inmediata de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, a la seguridad social, al “mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones” y de acceso a la administración de justicia; ii) no existe otro medio para la defensa de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Chocó; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues entre la notificación de la sentencia de 27 de octubre de 2017, llevada a cabo vía correo electrónico el 6 de diciembre del mismo año, y la formulación de esta solicitud de amparo, el 23 de enero de 2018, no pasaron más de seis meses y iv) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.

En virtud de lo anterior, la referida acción de tutela cumplen con los requisitos generales de procedibilidad, por tal razón le corresponde a la Sala determinar si se ha configurado una de las causales específicas de procedibilidad contra providencias judiciales, para ello, se procederá a exponer algunas consideraciones respecto del derecho a la indexación reclamada por el actor.

VIII.4.2. El derecho constitucional a la indexación de la primera mesada pensional

La indexación de la primera mesada pensional es un derecho previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, orientado a mantener el poder adquisitivo.

En lo que hace referencia al alcance o contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una vez han sido reconocida por la entidad competente, en tanto también incluye la actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada.

En este sentido, la Corte Constitucional ha expresado lo siguiente:

“La Corte no desconoce que el derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones puede llegar a considerarse excepcionalmente como un derecho fundamental por conexidad.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando se rompe de manera abrupta la proporción entre el valor histórico de la pensión y su valor actual y esta circunstancia tiene como consecuencia la afectación del derecho al mínimo vital, a partir de una valoración de mínimo patrimonial. Es decir, cuando la mesada pensional ha sufrido una depreciación tan insoportable que negar el derecho a mantener el poder adquisitivo de la pensión, amenaza las condiciones de subsistencia del titular del derecho prestacional.

Esto también puede ocurrir cuando de las circunstancias concretas sea posible concluir, que se ha presentado un trato discriminatorio por parte de las entidades encargadas del pago de las mesadas pensionales. Así sucede cuando por ejemplo, sin ningún criterio relevante, estas entidades deciden indexar las mesadas de algunos de sus pensionados y no así las de otros, estando todos ellos en el mismo supuesto de hecho fáctico y jurídico.”

En otras oportunidades la Corte Constitucional también ha considerado que el derecho a la indexación del salario base para la liquidación de la mesada pensional es un derecho autónomo, que guarda relación con el derecho a la actualización de la mesada pensional. En este sentido, en la sentencia T-1096 de 2012, hizo un recuento sobre el alcance del derecho a la indexación de la primera mesada pensional, y cuándo hay lugar a ella. Dijo al respecto:

“[…] es pertinente indicar que con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, aunque existían dispositivos de actualización de las pensiones reconocidas, la indexación del ingreso base para la liquidación de la primera mesada pensional no se encontraba expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico. Ilustrativo de esta situación es el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, disposición que fue derogada por el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 y que consagraba la pensión de jubilación de los trabajadores particulares como una prestación especial a cargo de determinados empleadores. Al respecto, el texto de la disposición en comento señalaba:

“1. Todo trabajador que preste servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($800.000) o superior, que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años de edad, si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio. || 2. El trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad expresada tiene derecho a la pensión al llegar a dicha edad, siempre que haya cumplido el requisito de los veinte (20) años de servicio”. (Subrayado añadido)

7.6.1. De acuerdo con el numeral primero de la disposición en cita los trabajadores que en vigencia del vínculo laboral reunieran los requisitos de edad y tiempo de servicio allí contemplados, tenían derecho a una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% del salario devengado en el último año de servicios. Por su parte, el numeral segundo disponía que el ex trabajador que hubiere cumplido 20 años de servicio, luego de los cuales se retirara o fuera retirado del servicio, tenía derecho a una pensión vitalicia de jubilación al momento de reunir la edad requerida para el efecto. No obstante, ninguna de las dos reglas expuestas contemplaba de forma expresa la actualización del salario base de liquidación de la pensión, pues se limitaba a señalar que la mesada pensional se liquidaría tomando en cuenta el equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

7.6.2. La liquidación de la mesada pensional de los trabajadores ubicados en el primer supuesto normativo no ha suscitado mayores problemas de aplicación debido a que el retiro del servicio generalmente resultaba concomitante con la fecha de causación de la pensión, de ahí que no mediaban períodos inflacionarios que pudieran marcar una diferencia substancial entre el poder adquisitivo de la moneda registrado en el momento en que se devengó el último salario base de liquidación, y el presentado en el instante de consolidación del derecho por el cumplimiento de la edad. Empero, en uso de la segunda hipótesis normativa, consagrada en diferentes preceptos legales y extralegales, distintos empleadores y entidades encargadas de reconocer una pensión de jubilación liquidaron el monto de la primera mesada tomando como base el último salario nominal que el trabajador había devengado varios años atrás, sin aplicar dispositivos de corrección monetaria que repararan la pérdida del poder adquisitivo de la moneda acaecida entre el momento en que el trabajador devengó su última asignación salarial y el instante en el cual cumplió el requisito de edad. Esta situación implicó, en consecuencia, la no actualización de la primera mesada pensional, aparejando con ello el reconocimiento de prestaciones ostensiblemente bajas, incluso inferiores al monto correspondiente al salario mínimo legal mensual, vigente al momento de cumplimiento del requisito de edad” (Destacado fuera de texto).

En sentencia SU-637 de 2016, la Corte Constitucional en el tema de indexación de la primera mesada pensional, estableció que:

“[…] como puede verse en pronunciamientos tales como las sentencias SU-120 de 2003, C-862 de 2006, SU-1073 de 2012 y, más recientemente, SU-415 de 2015, la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en afirmar que el derecho a la indexación de la primera mesada pensional es un asunto de gran relevancia constitucional en tanto que es una forma de materializar diversos principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución de 1991, tales como el principio de Estado Social de Derecho, de indubio pro operario y los derechos a la igualdad y a la dignidad humana.

24. La mencionada jurisprudencia ha establecido que el deber de actualizar el valor adquisitivo no se reduce a la primera mesada pensional sino que debe incluir, además, la actualización del salario base de liquidación, con lo cual se garantiza el mínimo vital de las personas de tercera edad que se ven afectadas por la inflación. Del mismo modo, en desarrollo del principio de igualdad, esta Corporación ha afirmado que el derecho a la indexación de la primera mesada tiene un carácter universal y, por ende, se predica de todos los pensionados sin discriminación en razón al momento en que se causó la pensión, el origen de la misma (si es legal, convencional o sanción) o su naturaleza (de vejez, de invalidez, etc.). Al decir de la ya citada Sentencia C-862 de 2006 (…)”.

En virtud de lo anterior, la Sección Segunda, Subsección "B" del Consejo de Estado ha señalado “que tratándose de la indexación de la primera mesada pensional, el problema radica en aquellos casos en los que existe diferencia entre el período que se tiene en cuenta para establecer los factores devengados a efectos de liquidar la pensión y el momento en que se adquiere el estatus pensional; y que dicha dificultad no se presenta, en lo que se refiere a la primera mesada pensional, en los casos en que coincide el momento en que se adquiere el derecho y el período que se tiene en cuenta para determinar los factores devengados a efectos de liquidar la pensión” (Resaltado fuera del texto).

Ahora bien, la importancia de actualizar las sumas de dinero que deben tenerse en cuenta para liquidar la pensión, a la fecha en que la persona adquiere el estatus de pensionado, radica en que desde ese momento tiene derecho a recibir su primera mesada, en un monto frente al cual se debieron aplicaron los dispositivos de corrección monetaria pertinentes, con el fin de garantizar que la pensión que adelante recibirá, en lo que respecta a la capacidad adquisitiva, tenga una verdadera relación con lo que se devengó durante la relación laboral, particularmente con los factores salariales que se tuvieron en cuenta para liquidar la pensión.

Conforme a lo expuesto en precedencia, la Sala encuentra que, mediante la Resolución Nro. PAP 002087 de 7 de diciembre de 2009, al accionante le fue reconocida una pensión de jubilación gracia, efectiva a partir del 15 de octubre de 2003, es decir al día siguiente al fallecimiento de la causante, pero con efectos fiscales desde el 16 de febrero de 2004, en la aplicación de la prescripción trienal. En este sentido, la resolución en comento reconoce una pensión por valor de $718.956,86 “[…] efectiva a partir del 15 de octubre de 2003, día siguiente al fallecimiento de la causante, pero con efectos fiscales a partir del 16 de febrero de 2004, por prescripción trienal en razón a que la solicitud de reconocimiento post-mortem y la sustitución se presentó el 16 de febrero de 2007”.

Frente a esa decisión administrativa, el señor Diego Luis Taborda Taborda promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, en el que solicitó que la indexación de la mesada pensional debía reconocerse desde el 15 de octubre de 2003.

El Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, en la audiencia celebrada el 11 de marzo de 2016, negó las pretensiones planteadas, con base en los siguientes términos:

“[…] 10.5.3.- Inexistencia del derecho a la Indexación del Ingreso Base de Liquidación, en los Términos Solicitados por la parte demandante.

La solicitud de indexación que presenta(n) la(s) y los demandante(s) con la demanda se puede establecer que la indexación que propone, es por el tiempo trascurrido entre la adquisición del status pensional y la fecha en que se expidió el acto administrativo de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación y/o acto administrativo de reliquidación de la pensión.

Era unánimemente entendido por la jurisprudencia que asistía el derecho a la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación y/o vejez, cuando entre la fecha del retiro del trabajador y la fecha de adquisición del status por completar el último requisito, había transcurrido un tiempo considerable. La jurisprudencia de las altas Cortes (Corte Constitucional y Consejo de Estado), ha unificado criterio en cuanto al derecho que le asiste al beneficiar por criterios entre otros el de equidad, de que le sea actualizado el ingreso base de liquidación de la pensión, teniendo en cuenta la inflación positiva que registra nuestro país.

En sentencia del 7 de marzo de 2013, el Consejo de Estado preciso el tiempo mínimo que debe trascurrir entre la terminación de la relación laboral y la adquisición del status pensional, para que fuera procedente la indexación del ingreso base de liquidación o primera mesada pensional, en los siguientes términos:

“La indexación de la primera mesada se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que con ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido detrimento.”

[…]

A los demandantes se les reconoció la pensión a partir del día siguiente de la adquisición del status pensional es decir, no pasó ni siquiera un día entre la adquisición del status y el disfrute del derecho pensional, por lo cual el ingreso base de liquidación de las pensiones no sufrió ninguna depreciación, que amerite la indexación del mismo”.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Chocó, al resolver el recurso de apelación, en sentencia de 27 de octubre de 2017, confirmó la decisión adoptada por el juez de primera instancia, al considerar que:

“La Sala encuentra de las pruebas que obran en el proceso que la causante la señora Eloísa Hoyos Benítez, para el reconocimiento de la pensión laboró ininterrumpidamente como docente en el Departamento del Chocó por más de veinte año, igualmente se tiene que nació el 13 de enero de 1957, que para la fecha del fallecimiento, esto es 14 de octubre de 2003 contaba con 46 años edad ,que mediante escrito radicado el 16 de febrero de 2007, solicitó el reconocimiento post -mortem de la pensión de jubilación gracia en ocasión al fallecimiento de la señora Eloísa Hoyos Benítez y la sustitución de la misma en calidad de cónyuge y la entidad a través de resolución No. PAP 002078 del 07 de diciembre de 2009, efectiva a partir del 15 de octubre de 2003, día siguiente al fallecimiento de la causante, pero con efectos fiscales a partir del 16 de febrero de 2004, por prescripción trienal, lo que permite concluir que, en momento alguno, el poder adquisitivo del salario, que después de convirtió en pensión, sufrió la depreciación que dé lugar al reconocimiento de la indexación reclamada, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las prestaciones de la demanda, pues si bien transcurrió un tiempo considerable entre la adquisición del status y la fecha en que se declaró el derecho tiempo durante el cual si existió un periodo inflacionario que debió considerarse, a fin de que se aplicaran los mecanismos de corrección monetaria pertinentes, para que las mesadas adeudadas a la accionante conservaran su poder adquisitivo al momento de ser canceladas, observa la Sala que dicha situación fue garantizada como se desprende del acto administrativo acusado cuando señala en el artículo quinto de la parte resolutiva de la resolución: ´El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, pagará al interesado las sumas a que se refiere el artículo primero con los reajustes correspondientes, previos los descuentos ordenados por la ley...:.

Como podemos ver la Ley estableció en el artículo 14 como mecanismo para garantizar que las pensiones reconocidas mantengan su poder adquisitivo constante, que las mismas anualmente se reajusten teniendo en cuenta la variación porcentual del IPC certificado por el DANE para cada año inmediatamente anterior.

[…]”.

Con fundamento en lo mencionados antecedentes jurisprudenciales, la Sala considera que no habrá lugar al reconocimiento de la indexación cuando entre el retiro del trabajador y el momento a partir del cual se reconoce y liquida la pensión, no ha transcurrido un lapso superior a un año. Por ende, en el caso que nos ocupa no se configura un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Chocó en razón a que el derecho a la sustitución pensional le fue reconocido a partir de la fecha en que se produjo el retiro del servicio de la causante, por su fallecimiento, y por ello se liquidó la mesada pensional teniendo en cuenta los factores salariales del último año anterior a la muerte de la señora Eloísa Hoyos Benítez.

En ese orden, acertó el Tribunal accionado al sostener que no procedía la indexación reclamada, argumentando además que en el numeral quinto de la misma Resolución que le reconoce el derecho al accionante se ordena a la entidad a cargo de la pensión, realizar los reajustes legales correspondientes.

En efecto, dispone el mencionado acto administrativo, en el numeral quinto lo siguiente:

“[…]

El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado las sumas a que se refiere el artículo primero con los reajustes correspondientes, previos los descuentos ordenados por la ley, con observancia del turno respectivo.

[…]”:

Por lo tanto, el reconocimiento de la sustitución pensional a favor del actor por parte de la extinta Cajanal se realizó el 15 de octubre de 2003, -con efectos desde el 16 de febrero de 2004 por la prescripción trienal-, es decir, un día después del deceso de su cónyuge, por lo que no medió un lapso en el que pudiera haberse afectado el poder adquisitivo del salario base de liquidación por los cambios inflacionarios.

En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo del Chocó no conculcó los derechos fundamentales invocados por el actor, pues a partir de los criterios jurisprudenciales sobre la procedencia de la indexación determinó que no había lugar a ella, pues la primera mesada pensional reconocida, corresponde a la causada a partir del día siguiente de la muerte de la causante, cuyo pago, como se dijo, no fue ordenado en razón a la prescripción trienal.

En virtud de lo anterior, la Sala procederá a confirmar la sentencia de 22 de febrero de 2018, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, negó el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por los motivos señalados en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDOTERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 199
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Sentencia T-447 de 2006. Al respecto, en sentencia SU-120 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis) la Corte Constitucional hizo un recuento de las disposiciones legales que consagran la actualización de las mesadas pensionales ya reconocidas, concluyendo lo siguiente: “[s]e tiene entonces que las disposiciones antes transcritas determinan con claridad el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de quienes se encuentran laborando cuando cumplen la edad requerida para acceder a la pensión, pero que tal claridad no se presenta respecto de la forma de liquidar dicho ingreso cuando el trabajador no ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de seguridad social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de servicio y la edad requerida para acceder a la prestación”. El fragmento “promedio de los salarios devengados en el último año de servicios” contenido en esta disposición fue objeto de control constitucional en sentencia C-862 de 2006 (M.P Humberto Sierra Porto) (Infra). En efecto, la nivelación a un salario mínimo realizada por los encargados de reconocer y pagar la prestación de jubilación en hipótesis como estas, no es producto de la revalorización del ingreso base de liquidación de la pensión, sino de la prohibición de pagar pensiones inferiores a dicho valor. De hecho, las resoluciones de reconocimiento pensional suelen consignar una mesada muy inferior al salario mínimo legal mensual vigente. A manera de ilustración, es pertinente recordar la reflexión efectuada por la Sala Novena de Revisión en el caso concreto de la sentencia T-266 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas): “La Sala evidencia entonces que el salario promedio, base de liquidación de la pensión vitalicia de jubilación reconocida por el Banco Cafetero al señor Carlos E.

Lozano López, no fue actualizado entre el momento en que efectivamente se devengó (1978 y 1979) y el instante a partir del cual reconoció el derecho por el cumplimiento del requisito de edad el 7 de noviembre de 1995.||Así, el salario promedio sobre el cual debía aplicarse una tasa de retorno del 75% pasó de equivaler 9.3 SMLMV aproximadamente en el año 1979, a corresponder a cerca de 0.3 SMLMV a 1995, por lo cual, es notorio el detrimento económico que sufrió la prestación de jubilación del actor por efecto de la inflación acaecida entre los años 1979 y 1995, pérdida que en modo alguno puede entenderse subsanada con la nivelación a un (1) salario mínimo mensual vigente que realizara la demandada en la resolución del 6 de febrero de 1996, puesto que ello no obedece a verdaderos parámetros de indexación sino al cumplimiento de un mandato que prohíbe el pago de pensiones inferiores a ese valor.”. Radicación número: 11001-03-15-000-2014-01045-00(AC) Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de treinta (30) de julio de dos mil catorce (2014)

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