Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00271-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00271-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00271-00
Consejero ponente: César Palomino Cortés
24 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - Nulidad de Acuerdo Municipal que creó la ESE del municipio de Sibaté / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – Ausencia de configuración / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / PRECEDENTE JUDICIAL – No se desconoció. se tuvo en cuenta el criterio establecido en la sentencia C-953 de 2007 de la Corte Constitucional / PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN FORMA DIRECTA POR LAS ENTIDADES TERRITORIALES - Se hará a través de la creación de Empresas Sociales del Estado / CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – Competencia de las asambleas departamentales y los concejos municipales / PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A TRAVÉS DE EMPRESA SOCIAL DE ESTADO – Limites / CREACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - Se circunscribió a los municipios certificados a 31 de julio de 2001 que hubieran asumido con anterioridad la prestación de los servicios de salud y que quisieren continuar con ello / FALTA DE COMPETENCIA – Del municipio de Sibate para prestar el servicio de salud a través de una Empresa social del Estado
[L]a Sala considera que la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, no incurrió en vía de hecho por violación directa de la constitución o defecto sustantivo, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia , que declaró la nulidad del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 proferido por el Concejo Municipal de Sibaté, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo que le permitió concluir que si bien, los municipios tienen competencia para determinar la estructura de la administración municipal de acuerdo a la Constitución y a la ley, también es cierto esa facultad no es absoluta, pues está sometida a parámetros legales que habilitan el funcionamiento de las instituciones. De esta manera, se observa que la providencia cuestionada, sin desconocer los artículos 1, 2, 287 y 313 numeral 6 de la Constitución Política y el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 realizó un análisis sistemático del ordenamiento jurídico en relación a la prestación del servicio de salud por parte de los entes territoriales y, con fundamento en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 1122 de 2007, concluyó que las Empresas Sociales del Estado son la única vía para prestar los servicios de salud de forma directa por parte de los entes territoriales, pero dicha función solo fue autorizada para aquellos municipios que estuvieran certificados a 31 de julio de 2001, y que con anterioridad hubieran prestado el servicio de salud y decidieran continuar con la prestación, toda vez que por mandato legal se prohibió a los municipios asumir directamente nuevos servicios o ampliar los existentes, estando en la obligación de articularse en la red departamental. Así las cosas, como quiera que en el interior del proceso de simple nulidad no se acreditó que el Municipio de Sibaté estaba certificado y autorizado para prestar servicios de salud en su territorio, la autoridad judicial accionada consideró que no le era viable crear instituciones destinadas a la prestación de tal servicio. Adicionalmente, tampoco se observa un desconocimiento del criterio jurídico de la sentencia C-953 de 2007 de la Corte Constitucional, que constituya un defecto sustantivo, pues su contenido fue analizado en la providencia acusada y el mismo sirvió de sustento para determinar los alcances de las competencias de los concejos municipales en el diseño y estructura de la administración, así como los límites que fija la ley en la prestación de los servicios públicos
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Valoración razonable de las pruebas documentales allegadas al proceso / COSA JUZGADA – No se configuro al no existir identidad de causa
Para la accionada no había lugar a declarar la excepción de cosa juzgada porque no existía identidad de causa, en los asuntos tratados en el expediente con radicado 2009-00169 y en el proceso de simple nulidad con radicado 2011-00110, pues en el primero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó las observaciones formuladas por el Departamento de Cundinamarca contra el Acuerdo Nº 05 de 2009, para verificar si la E.S.E. creada se encontraba inscrita en el registro especial de prestadores de salud del departamento y, por tanto, certificada para prestar el servicio, mientras que en el segundo proceso se estudió la legalidad del acto administrativo a la luz de las normas constitucionales y legales, con el fin de establecer si la E.S.E. creada se ajustaba a la ley y si la misma podía realizar el objeto para lo cual estaba destinada. En este orden, la Sala considera que la sentencia cuestionada no incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, toda vez que dicha decisión efectuó un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al proceso de simple nulidad, lo que les permitió advertir que no se configuraba la excepción de cosa juzgada.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 287 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 313 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 194 / LEY 715 DE 2001 - ARTÍCULO 44 / LEY 1122 DE 2007 - ARTÍCULO 26
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00271-00(AC)
Actor: GUSTAVO ADOLFO BORBON GARCÍA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN PRIMERA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Gustavo Adolfo Borbón García, contra el Consejo de Estado – Sección Primera.
ANTECEDENTES
La solicitud y pretensiones
El señor Gustavo Adolfo Borbón García, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y de Acceso a la Administración de Justicia, que estimó vulnerados por el Consejo de Estado – Sección Primera, al proferir la sentencia de 13 de julio de 2017 dentro del proceso de simple nulidad promovido por el Departamento de Cundinamarca contra el Concejo Municipal de Sibaté – Cundinamarca.
En el escrito de tutela, el accionante solicita:
“(…) 1. Solicito a los Honorables Magistrados, se me Tutele Mis Derechos Fundamentales al Acceso a la administración de justicia, al Debido Proceso y defensa.
Revocar el fallo de fecha 13 de Julio de 2017 expediente 250002324000201100220-01, Proferida por los Drs. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDEZ, MARIA ELIZABETH GARCÍA GONZALEZ Y HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ, Magistrados del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proferir Nuevo Fallo como en Derecho Corresponda (…)”.
Los hechos y consideraciones del actor
El accionante expone como fundamento de la solicitud de amparo, los hechos y consideraciones que se resumen a continuación (fols 1 - 15):
Indica que el Concejo Municipal de Sibaté – Cundinamarca expidió el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 “Por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado, Municipio de Sibaté (…)”, con fundamento en los artículos 1, 2, 287 y 313 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994, entre otras normas.
Señala que el Departamento de Cundinamarca presentó escrito de observaciones, censurando la legalidad del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante providencia de 10 de septiembre de 2009 declaró infundadas las observaciones expuestas por la parte actora.
Sostiene que en razón a lo anterior y con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud a la población más vulnerable del Municipio de Sibaté, la E.S.E. adelantó todas las acciones pertinentes para cumplir con los requisitos previstos en la normativa vigente que permitieran su funcionamiento.
Afirma que el Departamento de Cundinamarca presentó demanda de simple nulidad contra el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009, en cuyo proceso se vinculó como coadyuvante de la parte demandada.
Asevera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 19 de abril de 2012, declaró no probada la excepción de cosa juzgada y declaró la nulidad del acto administrativo demandado, por considerar que se había expedido sin competencia por parte del Concejo Municipal de Sibaté y con falsa motivación, como quiera que se emitió cuando no se encontraba vigente la normativa que reglamentaba la facultada excepcional de los entes territoriales para prestar de forma directa los servicios de salud, a través de la creación de empresas sociales del estado.
Expresa que la parte demandada y coadyuvante presentaron recurso de apelación contra la anterior decisión, con fundamento en la debida competencia y motivación del acto administrativo demandado, así como en la falta de congruencia del fallo de primera instancia, que se basó en normas que no fueron invocadas por el demandante. El recurso de apelación fue tramitado por el Consejo de Estado – Sección Primera, que mediante sentencia de 13 de julio de 2017 confirmó en su integridad la providencia de primera instancia.
Manifiesta que la providencia del Consejo de Estado – Sección Primera incurrió en vía de hecho por violación directa de la Constitución, porque no tuvo en cuenta el contenido de los artículos 1, 2, 287 y 313 numeral 6 de la Carta Política que le atribuían competencia al Concejo Municipal de Sibaté para crear la Empresa Social del Estado del ente territorial.
Agrega que la decisión cuestionada también incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo por las siguientes razones:
Se desconoció el principio de congruencia, por cuanto se fundamentó en los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 1122 de 2007, sin tener en cuenta que estas normas no fueron parte del concepto de violación y por lo tanto no fueron objeto de pronunciamiento por la parte demandada.
Se analizó el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 a partir de una interpretación del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, y otros preceptos legales, sin tener en cuenta las normas constitucionales a las que estaba sometido el acto demandado, como el artículo 1, 287 y 313 numeral 6 de la carta política.
Se desconoció el criterio jurídico fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C – 953 de 2007 relacionado con las competencias de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales para la creación de Empresas Sociales del Estado y los alcances de la ley para fijar límites y directrices en el diseño y estructura del servicio público de salud.
Añade que la sentencia del Consejo de Estado – Sección Primera incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico, porque no valoro en debida forma los documentos allegados al proceso de simple nulidad con los cuales se pretendía demostrar la excepción de cosa juzgada, pues el asunto objeto de debate había sido analizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 10 de septiembre de 2009 dentro del expediente con radicado 25000232400020090016901.
Trámite
Mediante auto de 5 de febrero de 2018 (fol. 18) se admitió la demanda, se ordenó la notificación a la Sección Primera del Consejo de Estado (fol.27) y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, ellos son, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, el Departamento de Cundinamarca, el Municipio de Sibaté, el Concejo Municipal de Sibaté, la E.S.E. Nivel I de Sibaté y los coadyuvantes dentro del proceso de nulidad simple (fols. 20 – 22).
Intervenciones
4.1 El Consejo de Estado – Sección Primera solicita que se deniegue la solicitud de amparo, con fundamento en las siguientes razones (fols. 46 – 57):
Señala que no existe violación directa de la Constitución (artículo 313 numeral 6), porque la sentencia cuestionada reconoce que la competencia para crear las Empresas Sociales del Estado es un asunto que le compete a las asambleas departamentales y concejos municipales, pero resalta que esa potestad no puede ejercerse, sin tener en cuenta las normas constitucionales y legales que regulan el servicio público de salud, pues este es el objeto de tales entidades de acuerdo con el artículo 194 de la Ley 100 de 1993, lo cual se encuentra en consonancia con el contenido del artículo 311 de la Carta Política que establece “(…) al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley (…)”, y la Ley 715 de 2001 es la que limita la creación de estas entidades de salud.
Sostiene que en el evento de aplicarse únicamente el artículo 313, numeral 6º de la Constitución Política, se crearía una E.S.E. que no puede cumplir con el objeto porque el Municipio de Sibaté no puede prestar directamente los servicios de salud, de acuerdo con la limitación expuesta en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, en concordancia con los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 1122 de 2007.
Aclara que la sentencia acusada informó que la falta de competencia del Concejo Municipal de Sibaté para expedir el acuerdo demandando no radicaba en que formalmente no pudiera crear la E.S.E., sino que se encuentra en la imposibilidad de poder desarrollar el objeto de la Ley.
Afirma que a pesar que la Ley 100 de 1993 estableció que la prestación directa de los servicios de salud estaría a cargo de los entes territoriales, a través de las empresas sociales del Estado, entregándole a los concejos municipales la facultad de crearlas, lo cierto es que la Ley 715 de 2001 previó que los municipios no podían asumir directamente nuevos servicios de salud, ni ampliar los existentes; y mantuvo la posibilidad de crear tales entidades a los municipios, certificados a 31 de julio de 2001, que hubieran asumido con anterioridad la prestación de los servicios de salud y que quisieran continuar.
Aduce que la providencia cuestionada no incurrió en una vulneración del principio de congruencia, pues para examinar la legalidad del acto administrativo demandado (Acuerdo Nº 5 de 2009), además de analizar la normativa constitucional, era necesario acudir a otras normas legales (artículo 44 de la Ley 715, articulo 194 de la Ley 100 y artículo 26 de la Ley 1122), para determinar el alcance del concepto de violación alegado en la demanda; por lo que resultaba imperativo hacer un análisis sistemático de la normativa que regula las facultades de los entes territoriales en la prestación de los servicios de salud y así verificar la legalidad del acto acusado.
Agrega que la interpretación que se hizo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 no desconoció la Constitución, pues dicha norma es el desarrollo de normas constitucionales como lo son los artículos 49, 151, 288, 356 y 357 de la Carta Política, por lo que la referida ley acorde con la Constitución fijó las competencias que les corresponde asumir a los municipios en relación con el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social.
Asevera que decisión acusada no resulta contaría a la sentencia C – 953 de 2007, pues se adoptó el criterio señalado en la providencia de la Corte Constitucional, según el cual las competencias para la creación de las Empresas Sociales del Estado deben ser concordadas con las disposiciones constitucionales y legales que señalan que a los departamentos y municipios le corresponde, en ejercicio de su autonomía, la prestación del servicio público de salud en los términos que establezca la Constitución y la Ley, por lo que la actividad de los entes territoriales no puede ir en contra de los preceptos legales.
Indica que no se incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, pues la sentencia objeto de tutela, aclaró las razones por las cuales no se configuraba el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, a partir de la providencia de 10 de septiembre de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el expediente 2009-00169-01.
En virtud de lo anterior, estima que la providencia judicial cuestionada no contiene interpretaciones arbitrarias, ni se incurrió en alguno de los defectos alegados por el accionante, por lo que no resulta evidente una vulneración de sus derechos fundamentales.
4.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B solicita que se deniegue el amparo de tutela, porque la sentencia de 19 de abril de 2012 se ajusta a derecho y fue debidamente motivada desde el punto de vista fáctico, jurídico, probatorio y jurisprudencial, respetando los normativa que regula la materia y los derechos de las partes, por lo que resulta evidente que el tutelante pretende convertir la acción de tutela en una tercera instancia para insistir en un debate jurídico finalizado (fols. 58 – 60).
4.3 El ciudadano César Ivan Ochoa Bello, mediante escrito visible a folio 111, manifiesta coadyuvar la acción de tutela y solicita que se acceda al amparo de tutela con fundamento en lo siguiente:
Aduce que la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera no tuvo en cuenta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por los mismos hechos, pretensiones y concepto de violación ya se había pronunciado en sentencia de 10 de septiembre de 2009 dentro del expediente 2009-00169, en el cual se declaró infundadas las observaciones por considerar que el Acuerdo Nº 5 de 2009 no era contrario a Derecho.
Sostiene que la providencia del Consejo de Estado, vulneró el derecho al debido proceso y defensa, porque se fundamentó en el Decreto 4973 de 23 de diciembre de 2009, desconociendo que el acto administrativo demandado fue expedido en marzo de 2009, por lo que dicha norma no era aplicable al momento de creación de la E.S.E. Municipio de Sibaté.
Relata que el Acuerdo Nº 05 de 2009 no es violatorio del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 porque los municipios son autónomos en la creación de una ESE según lo dispuesto en los artículos 1, 287 y 313 de la Constitución Política, así como en la Sentencia C – 953 de 2007.
4.4 La ciudadana Myriam Melo Avila, mediante escrito visible a folio 137, manifiesta coadyuvar la acción de tutela y solicita que se acceda al amparo de tutela con fundamento en lo siguiente:
Aduce que el impacto que genera la nulidad del Acuerdo Nº 05 de 2009 en la comunidad es considerable, pues la ESE de Sibaté es la única alternativa con la que cuenta la comunidad para solucionar la crisis de salud en el municipio y obtener una adecuada prestación del servicio.
Afirma que los afiliados al régimen subsidiario de Sibaté son más de 1500, que generan recursos suficientes para que se preste un adecuado servicio de calidad, lo cual es la causa que impide la implementación de la ESE, pues serían recursos que dejaría de recibir el Hospital Departamental Mario Gaitán Yangua de Soacha.
Agrega que Sibaté cuenta con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios de salud, por lo que es viable crear y mantener una institución como la ESE Municipio de Sibaté.
4.5 El Municipio de Sibaté – Cundinamarca solicita que se desestimen las pretensiones de la tutela, con base en lo que sigue (fols. 117 – 12):
Manifiesta que el Consejo de Estado – Sección Primera, mediante sentencia de 13 de julio de 2017, confirmó la providencia de 19 de abril de 2012, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad del Acuerdo Municipal Nº 05 del 5 de marzo de 2009, por el cual se creaba la Empresa Social del Estado Municipio de Sibaté.
Afirma que la supuesta legalidad de la ESE Municipio de Sibaté y el Acuerdo Nº 05 de 2009 a la que se refiere el señor Gustavo Adolfo Borbón García no tiene ningún soporte jurídico, pues señala que las autoridades judiciales competentes realizaron un análisis de fondo sobre el asunto, sin que se advierta irregularidad alguna en las decisiones cuestionadas.
Relata que la E.S.E. Municipio de Sibaté inició proceso de disolución y liquidación con el Acuerdo Nº 09 de 2012, en cuyo trámite se encontraron irregularidades en su manejo y administración, lo cual ocasionó que la Procuraduría General de la Nación investigara y sancionara disciplinariamente al Gerente de la entidad, el señor Gustavo Adolfo Borbón, con suspensión de 10 meses.
4.6 El Departamento de Cundinamarca solicita que se desvincule a la entidad del presente trámite constitucional, por cuanto la demanda de tutela se dirige a cuestionar la sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad simple con radicada Nº 2011-00110, y no se advierte algún motivo de inconformidad contra las actuaciones del Departamento de Cundinamarca, que constituya una vulneración de los derechos fundamentales del tutelante (fols. 469 – 470).
Subsidiariamente, solicita que se niegue el amparo de tutela con fundamento en lo siguiente:
Aduce que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en sus respectivas instancias, efectuaron un análisis congruente de la normativa constitucional y legal aplicable, lo que les permitió concluir que el Acuerdo Nº 05 de 2009 estaba viciado de nulidad porque se profirió por fuera del ordenamiento jurídico, por tal razón no se puede advertir que la decisión cuestionada constituya una vía de hecho, pues de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional (sentencia T – 131 de 2010), “… un juez de la Republica no viola el derecho al debido proceso de una persona cuando, prima facie, su lectura de las normas jurídicas aplicables, o no aplicables, se encuentra dentro del margen de interpretación razonable…”.
Afirma que el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Salud, tiene entre sus competencias la inspección, control y vigilancia de las entidades que operan y prestan los servicios de salud, por lo que en ejercicio de estas facultades presentó observaciones ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la expedición del Acuerdo Nº 05 de 2009, las cuales fueron declaradas infundadas mediante providencia de 10 de septiembre de 2009, en el expediente con radicado Nº 2009-00169-01, el cual no tiene identidad de causa y objeto con el proceso de simple nulidad tramitado en el referido Tribunal y en el Consejo de Estado con radicado Nº 2011-00110, por lo que no es cierto que se configure una cosa juzgada como lo manifiesta el accionante en el escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer la tutela promovida contra el Consejo de Estado – Sección Primera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 7° del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017 y el literal b) del artículo 2º del Acuerdo número 55 de 2003.
Problema jurídico
La Sala debe decidir si el Consejo de Estado – Sección Primera, al proferir, la sentencia de 13 de julio de 2017 incurrió o no en vía de hecho por defecto sustantivo, fáctico y violación directa de la constitución, al confirmar la providencia de 19 de abril de 2012 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la nulidad del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 expedido por el Concejo Municipal de Sibaté - Cundinamarca.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.
3.1 La violación directa de la Constitución Política.
Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, procede cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición normativa a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
En el primer caso, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que, con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.
Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente:
“(…) Es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la Constitución que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Esto porque:
“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´.”
El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano.
Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular (…)”.
3.2 El defecto sustantivo
La jurisprudencia Constitucional ha considerado que el funcionario judicial incurre en defecto sustantivo cuando: “(…) (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática (…)”.
La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006 al referirse a la limitación del principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, consideró:
“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.
En las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 la Corte Constitucional, indicó:
“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).
3.3 El defecto fáctico
Conforme a la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “(…) valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez (…)”. En esta situación se incurre “(…) cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración, o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente(…)”.
En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “(…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (…)”, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política. En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:
“(…) Debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. (…)” .
En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:
“(…) (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. (…) .
Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.
Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.
Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
Caso concreto
4.1 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos al debido proceso, de Acceso a la Administración de Justicia y defensa, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.
No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales los accionantes puedan lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de simple nulidad instaurado por el Departamento de Cundinamarca contra el Concejo Municipal de Sibaté – Cundinamarca y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión.
Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida en segunda instancia por el Consejo de Estado – Sección Primera que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 13 de julio de 2017 se notificó a las partes por edicto fijado el 4 de octubre de 2017 y desfijado el 6 de octubre de 2017 (fol. 132 expediente proceso ordinario), y la demanda de tutela se presentó el 30 de enero de 2018 (fol. 1), es decir, dentro de un término prudencial.
Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de simple nulidad.
4.2 Análisis de las causales específicas de procedibilidad
4.2.1 La presunta vía de hecho por violación directa de la Constitución y defecto sustantivo
El señor Gustavo Adolfo Borbón García plantea la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de Acceso a la Administración de Justicia y defensa porque considera que el Consejo de Estado – Sección Primera, al proferir la sentencia de 13 de julio de 2017 incurrió en una vía de hecho por violación directa de la constitución, al no tener en cuenta el contenido de los artículos 1, 2, 287 y 313 numeral 6 de la Carta Política que le atribuían competencia al Concejo Municipal de Sibaté para crear una Empresa Social del Estado en el ente territorial.
Agrega que la decisión adoptada por el Consejo de Estado – Sección Primera también incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo por las siguientes razones:
Se desconoció el principio de congruencia, por cuanto se fundamentó en los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 1122 de 2007, sin tener en cuenta que estas normas no fueron parte del concepto de violación y por lo tanto, no fueron objeto de pronunciamiento por la parte demandada.
Se analizó el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 a partir de una interpretación del artículo 44 de la Ley 715 de 2001, y otros preceptos legales, sin tener en cuenta las normas constitucionales a las que estaba sometido el acto demandado, como el artículo 1, 287 y 313 numeral 6 de la carta política.
Se desconoció el criterio jurídico fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C – 953 de 2007 relacionado con las competencias de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales para la creación de Empresas Sociales del Estado y los alcances de la ley para fijar límites y directrices en el diseño y estructura del servicio público de salud.
Con el fin de verificar los motivos de inconformidad de la parte actora, la Sala revisará el análisis realizado por el Consejo de Estado – Sección Primera en la sentencia de 13 de julio de 2017 que, en relación la competencia del Concejo Municipal de Sibaté para expedir el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009, consideró lo siguiente (fols. 106 – 130 cuaderno proceso ordinario):
“(…) 3.2.1.- La falta de competencia del Concejo del municipio de Sibaté (Cundinamarca) para expedir el Acuerdo 05 de 2009
(…) conforme al artículo 48 de la Carta Política, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos de la Ley, norma que agrega que el Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprende la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley.
A su turno, el artículo 49 de la Constitución Política indica que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, correspondiéndole organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes de acuerdo con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Asimismo, conforme a este artículo constitucional, es atribución del Estado establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley.
En consonancia con lo anterior, al tenor del artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley.
En relación con el punto de controversia, el legislador expidió la Ley 100, con la cual creó el sistema de seguridad social integral, norma que, en su artículo 194, indicó:
«[…] ARTÍCULO 194. NATURALEZA. La prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este capítulo. […]»
De este artículo puede colegirse que se considera prestación directa de los servicios de salud, la que realiza la nación o los entes territoriales a través de empresas sociales del Estado. Asimismo, esta norma resalta que este tipo de entidades públicas son creadas por la ley o por las asambleas departamentales o concejos municipales.
Luego fue expedida la Ley 715, en la cual el Legislador dictó normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Carta Política y organizó la prestación de los servicios de educación y salud. De esta ley, hace parte el artículo 44, que regula las competencias de los municipios en relación con los servicios de salud, la cual contempla en su parágrafo, lo siguiente:
«[…] PARÁGRAFO. Los municipios certificados a 31 de julio de 2001 que hayan asumido la prestación de los servicios de salud, podrán continuar haciéndolo, si cumplen con la reglamentación que se establezca dentro del año siguiente a la expedición de la presente ley. Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental […]»
Esta norma establece, en primer lugar, que aquellos municipios certificados a 31 de julio de 2001, que hayan asumido la prestación de los servicios de salud, pueden continuar con ello, siempre que sigan la reglamentación expedida por el Ejecutivo. En segundo lugar, esta norma prohíbe que los municipios asuman directamente nuevos servicios y que amplíen los existentes, estando en la obligación de articularse a la red departamental.
Si se articula esta disposición legal, con la contenida en el artículo 194 de la Ley 100, tenemos que siendo la creación de empresas sociales del Estado la forma principal de prestación directa de servicios de salud, entre otros, de los municipios, existe entonces la prohibición para que los municipios asuman nuevos servicios de salud a través de la creación de empresas sociales del Estado.
La creación de estas empresas sociales del Estado, solo fue autorizada para aquellos municipios que estuvieran certificados a 31 de julio de 2001, que con anterioridad hubieran asumido la prestación de los servicios de salud y que decidieran continuar con dicha prestación.
(…)
Luego se expidió la Ley 1176, la cual modificó el artículo 45 de la Ley 715, en la siguiente forma:
«[…] ARTÍCULO 25. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Modifíquese el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0715_2001_pr001.htm" \l "45" 45 de la Ley 715 de 2001 en los siguientes términos:
“Parágrafo. Los distritos y municipios que no hayan asumido la prestación de los servicios de salud, podrán hacerlo si cumplen con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno, y tendrán el plazo definido por este”. […]»
Esta norma habilitó a los distritos y municipios que no asumieron la prestación de los servicios de salud con anterioridad, para que lo pudieran hacer, siempre que cumplieran con la reglamentación que para el efecto expidiera el Gobierno Nacional, la cual solo vino a ser expedida el 23 de diciembre de 2009, con el Decreto 4973, lo que indica que la habilitación legal prevista en dicho artículo no podía sustentar la expedición del citado acuerdo, pues para esta fecha la reglamentación no había sido expedida.
En suma, tenemos que la Ley 100, en su artículo 194, contempló que la prestación directa de los servicios de salud por parte de los entes territoriales se haría, principalmente, a través de empresas sociales del Estado, entregándole a los concejos municipales, para el caso precisamente de los municipios, la facultad para crearlas, sin establecer ningún límite para el efecto.
Las limitaciones para la creación de este tipo de entidades públicas vinieron de la mano de la Ley 715 (2001), que en el parágrafo de su artículo 44, indicó que los municipios no podían asumir, directamente, nuevos servicios de salud ni ampliar los existentes, manteniendo la posibilidad de creación de estos entes a los municipios certificados a 31 de julio de 2001, que hubieran asumido con anterioridad la prestación de los servicios de salud y que quisieren continuar con ello.
Estas limitaciones no fueron modificadas por el legislador sino con la expedición de la Ley 1176 (2007), norma que habilitó a los distritos y municipios que no hubieran asumido la prestación de los servicios para que lo hiciera, siguiendo para el efecto la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, la cual fue expedida con posterioridad a la expedición del acuerdo demandado, por lo que dicha habilitación no se encontraba vigente para dicha época.
Si bien como lo señalan los intervinientes, de la lectura del parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 no se prohíbe expresamente la creación de empresas sociales del Estado, la misma emerge de su lectura conjunta con los artículos 194 de la Ley 100 y 26 de la Ley 1122, pues siendo la creación de empresas sociales del Estado la única vía para prestar servicios de salud en forma directa, la prohibición de asumir directamente nuevos servicios de salud implica que la prohibición de crear este tipo de entidades.
Fue esta la razón fundamental esgrimida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para encontrar acreditada la falta de competencia del concejo municipal para proferir el acto demandado (…)
En momento alguno, entonces, la autoridad judicial aplicó retroactivamente el Decreto 4973 de 2009 como lo sugieren los intervinientes pues la misma se menciona para sugerir que esta reglamentación, que bien podía habilitar al municipio de Sibaté (Cundinamarca) para prestar directamente los servicios de salud, fue expedida con posterioridad a la entrada en vigencia del Acuerdo 05 de 2009, expedido por el concejo municipal de Sibaté (Cundinamarca).
Es así como esta Sala encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acertó al encontrar configurado el vicio de falta de competencia del concejo municipal de Sibaté (Cundinamarca) para crear la Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención Sibaté (ESE Municipio de Sibaté) por medio del acuerdo demandado, en la medida en que, se reitera, dicha facultad fue limitada y circunscrita a los municipios certificados a 31 de julio de 2001 que hubieran asumido con anterioridad la prestación de los servicios de salud y que quisieren continuar con ello, situación en la que no se encontraba el municipio de Sibaté (Cundinamarca), toda vez que lo pretendido por dicho municipio era prestar directamente servicios de salud que, para la fecha de la demanda, se prestaban por parte del departamento de Cundinamarca, a través de la Empresa Social del Estado Mario Gaitán Yanguas, como lo indica el ente territorial, precisamente, en su demanda. (…)”.
Revisado el contenido de la providencia acusada, se observa que el Consejo de Estado – Sección Primera, con el fin de verificar la legalidad del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009, proferido por el Concejo Municipal de Sibaté – Cundinamarca analizó los cargos de falta de competencia de la Corporación territorial para emitir el acto administrativo y falsa motivación, alegados en la demanda inicial.
El Consejo de Estado – Sección Primera al pronunciarse sobre la competencia del ente territorial manifestó que el artículo 48 y 49 de la Constitución Política establece que la Seguridad Social y la Salud son servicios públicos que se prestan bajo la dirección, coordinación y control del Estado, sujeto a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que determine la Ley, lo cual guarda relación con lo dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política, que prevé que los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley.
A partir de lo anterior, la sentencia cuestionada señaló que la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social y en su artículo 194 dispuso que la prestación de los servicios de salud de forma directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las Empresas Sociales del Estado, las cuales serán creadas por la ley o por las asambleas departamentales o concejos municipales.
La Corporación judicial accionada explicó que la Ley 715 de 2001 estableció normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de organizar la prestación de los servicios de salud y educación, en consecuencia, el parágrafo del artículo 44 de la referida ley estableció dos aspectos a saber: i) Que aquellos municipios certificados a 31 de julio de 2001, que hayan asumido la prestación de los servicios de salud, pueden continuar con ello, siempre que sigan la reglamentación expedida por el Ejecutivo; y ii) La norma prohibió que los municipios asuman directamente nuevos servicios y que amplíen los existentes, estando en la obligación de articularse en la red departamental.
En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado – Sección Primera precisó que la creación de las Empresas Sociales del Estado, por mandato legal, solo fue autorizada para aquellos municipios que estuvieran certificados a 31 de julio de 2001, y que con anterioridad hubieran prestado el servicio de salud y decidieran continuar con dicha prestación.
Seguidamente, la providencia acusada expresó que la Ley 1176 de 2007 modificó el artículo 45 de la Ley 715 de 2001, en el sentido de habilitar a los distritos y municipios que no asumieron la prestación de los servicios de salud con anterioridad para que lo pudieran hacer, siempre que cumplieran con la reglamentación que para el efecto expidiera el Gobierno Nacional, la cual solo se materializó con el Decreto 4973 de 23 de diciembre de 2009, esto es, con posterioridad a la expedición del acuerdo demandado.
En este orden, la autoridad accionada estimó que si bien la Ley 100 de 1994 facultó a los Concejos Municipales para crear las Empresas Sociales del Estado, y esta es la única vía legal que tienen las entidades territoriales para prestar directamente el servicio de salud, también era cierto que la prestación del servicio fue limitada por la Ley 715 de 2001, pues le prohibió a los municipios asumir, directamente, nuevos servicios de salud o ampliar los existentes, manteniendo la posibilidad de creación de estos entes solo a los municipios certificados a 31 de julio de 2001, que previamente hubieran asumido la prestación del servicio.
El Consejo de Estado – Sección Primera agregó que la limitación en la prestación del servicio de salud solo fue modificada por la Ley 1176 de 2007, que habilitó a los municipios, que no hubieran asumido la prestación del servicio de salud, para que lo hicieran, siguiendo la reglamentación expedida del Gobierno Nacional, la cual solo fue expedida con posterioridad a la expedición del acuerdo demandado, por lo que dicha habilitación no se encontraba vigente para dicha época.
Con fundamento en lo anterior, la autoridad accionada concluyó que el Concejo Municipal de Sibaté carecía de competencia para expedir el Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 “Por medio del cual se creó la Empresa Social del Estado Municipio de Sibaté”, porque a pesar que el municipio tenía competencia para crear la entidad, lo cierto es que no tenía la facultad para prestar el servicio de salud a través de dicha institución, como quiera que a 31 de julio de 2001 no se encontraba certificado para prestar el servicio, ni existía reglamentación vigente expedida por el Gobierno Nacional, que lo habilitara para proveer servicios de salud en el ente territorial.
Por otra parte, en relación a los efectos y alcances de la sentencia C-953 de 2007 de la Corte Constitucional, la providencia del Consejo de Estado – Sección Primera manifestó lo siguiente:
“(…) El apelante cita un aparte de la sentencia C-953 de 2007, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa, para dar soportar su argumento, fragmento que es del siguiente tenor:
«[…] “…a nivel territorial, dado que Colombia se organiza en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, conforme al artículo 1o de la Constitución, la creación de las empresas prestadoras del servicio de salud a cargo del Estado compete al órgano de representación popular en cada nivel territorial, como lo indican los artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Carta, ya que a los departamentos y municipios corresponde, en ejercicio de su autonomía, la prestación del servicio público de salud en los términos que establezca la Constitución y la ley (Art. 298, 300-10, 311 y 313-10). […]»
Esta Sala encuentra que la cita realizada por el apelante hace parte de un capítulo que la Corte Constitucional denominó «[…] 4. El principio de reserva de ley en materia de determinación de la estructura de las entidades públicas, las competencias de las entidades territoriales en la materia y los alcances de la potestad reglamentaria del Gobierno […]», que se transcribe a continuación:
“[…] 4.3. Ahora bien, es necesario en el caso de las Empresas Sociales del Estado precisar conforme a la Carta, si la regulación de los aspectos necesarios para la creación o transformación de tales entidades, corresponde al Ejecutivo o al legislador, en los términos descritos.
En primer lugar, según el artículo 150-7 de la Constitución, la definición de la estructura orgánica de la Administración corresponde al Congreso Nacional, el cuál mediante ley puede crear las entidades del orden nacional señalando sus objetivos generales y su estructura orgánica. Según este artículo, al legislador le compete determinar tal estructura a nivel nacional y “crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, y otras entidades del orden nacional”, entre las que se encuentran las ESE del orden nacional.
Lo anterior se ajusta a lo señalado igualmente por el artículo 210 de la Carta, que sostiene que es al legislador a quien compete crear por ley o por autorización de ésta, las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios (Art. 210 C.P), categoría a la que pertenecen las Empresas Sociales del Estado, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa (Art. 209 C.P.). Deberá ser igualmente la ley, la que determine el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. De hecho, según el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las ESE, aunque gozan de autonomía administrativa, están sujetas al control político y a la dirección del órgano de la administración al cual están adscritas.
[…]
Ahora bien, en segundo lugar, en la determinación de la estructura de la administración nacional, - según lo ha precisado la jurisprudencia y la ley -, el legislador debe incluir la formulación de los elementos que configuran esa organización, esto es, la creación de los distintos organismos y entidades que la conforman, la definición de sus interrelaciones respectivas, la enunciación de los objetivos generales de los organismos y entidades constituidas, así como su correspondiente estructura orgánica, su naturaleza jurídica, las competencias atribuidas, su régimen legal, el señalamiento de los órganos de dirección y administración, etc.
[…]
Por otra parte, y en tercer lugar, a nivel territorial, dado que Colombia se organiza en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, conforme al artículo 1o de la Constitución, la creación de las empresas prestadoras del servicio de salud a cargo del Estado compete al órgano de representación popular en cada nivel territorial, como lo indican los artículos 150-7, 300-7 y 313-6 de la Carta, ya que a los departamentos y municipios corresponde, en ejercicio de su autonomía, la prestación del servicio público de salud en los términos que establezca la Constitución y la ley (Art. 298, 300-10, 311 y 313-10).
Sobre este aspecto ha dicho la Corte que la autonomía de las entidades territoriales se concreta a través del respeto de toda autoridad pública, especialmente del legislador, de los “derechos mínimos reconocidos a esas entidades para gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como para participar en las rentas nacionales”. El artículo 287 de la Constitución Política, consagra a ese respecto, que “las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley”.
4.4. En lo que respecta a las ESE, el legislador ha adoptado las decisiones sobre su creación, su naturaleza, sus características y su ubicación en la estructura del Estado, como ya se dijo anteriormente. En lo esencial señaló que las ESE son entidades descentralizadas por servicios, y pueden ser del orden nacional o del orden territorial. (…)”
Con base en lo anterior, el Consejo de Estado – Sección Primera concluyó que si bien las asambleas departamentales y los concejos municipales tienen dentro de sus competencias la creación de Empresas Sociales del Estado, también es cierto que el legislador puede fijarle a las entidades territoriales límites y directrices, relacionadas con el diseño y la estructura del servicio público de salud, como la señalada en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001.
Ahora bien, en relación al cargo de falsa motivación del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009, planteado por la parte demandante en el proceso de simple nulidad, la providencia cuestionada en sede de tutela expresó lo siguiente:
“(…)Si bien, como se explicó anteriormente, de la lectura del parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 no se extrae que prohíba expresamente la creación de empresas sociales del Estado, la prohibición emerge de su lectura conjunta con los artículos 194 de la Ley 100 y 26 de la Ley 1122, pues siendo la creación de empresas sociales del Estado la única vía para prestar servicios de salud en forma directa, la prohibición de asumir directamente nuevos servicios de salud implica la prohibición de crear este tipo de entidades, la cual fue autorizada para aquellos municipios que estuvieran certificados a 31 de julio de 2001, que con anterioridad hubieran asumido la prestación de los servicios de salud y que decidieran continuar con dicha prestación.
A lo anterior debe sumarse que dentro de la parte considerativa del acto demandado se hace referencia a los artículos 1°, 2°, 48 y 287 de la Constitución Política; 153, 194 y 195 de la Ley 100; 26 de la Ley 1122; 25 de la Ley 1176; y el Decreto 1876 de 1994 como sustento del acto, olvidando que el citado parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 era una de las disposiciones que debían fundamentar el acto administrativo demandado.
Además, se indica en el literal i) de dicha parte considerativa que «[…] el artículo 25 de la ley 1176 de 2007, establece que los distritos y municipios que no hayan asumido la prestación de servicios de salud, podrán hacerlo […]», omitiendo citar en su integridad dicha disposición que señala claramente que «[…] Los distritos y municipios que no hayan asumido la prestación de los servicios de salud, podrán hacerlo si cumplen con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno, y tendrán el plazo definido por este […]», por lo que esta norma no podía fundar válidamente el acto demandado en la medida en que dicha reglamentación no existía al momento de la expedición y entrada en vigencia del Acuerdo 05 de 2009, expedida por el concejo municipal de Sibaté (Cundinamarca) (…)”.
Para el Consejo de Estado – Sección Primera el Acuerdo N º 05 de 5 de marzo de 2009 incurrió en el vicio de falsa motivación, pues no tuvo en cuenta los parámetros fijado por el legislador en el artículo 44 de la Ley 715 de 2001, los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 26 de la Ley 1122 de 2007, relacionados con el funcionamiento y prestación del servicio de salud.
Adicionalmente precisó que el acto administrativo demandado en su parte considerativa se fundamentó en el artículo 25 de la Ley 1176 de 2007, el cual establece que los municipios que no hubieran asumido la prestación de los servicios de salud podrían hacerlo, si cumplen con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno, sin embargo, no tuvo en cuenta que dicha reglas para el momento en que se expidió el acuerdo demandado no existían, por lo que el Concejo Municipal de Sibaté no podía fundarse en dicha norma para justificar la creación y el funcionamiento de la E.S.E. Municipio de Sibaté.
En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, no incurrió en vía de hecho por violación directa de la constitución o defecto sustantivo, pues la decisión de confirmar la providencia de primera instancia, que declaró la nulidad del Acuerdo Nº 05 de 5 de marzo de 2009 proferido por el Concejo Municipal de Sibaté, estuvo soportada en un estudio razonable de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo que le permitió concluir que si bien, los municipios tienen competencia para determinar la estructura de la administración municipal de acuerdo a la Constitución y a la ley, también es cierto esa facultad no es absoluta, pues está sometida a parámetros legales que habilitan el funcionamiento de las instituciones.
De esta manera, se observa que la providencia cuestionada, sin desconocer los artículos 1, 2, 287 y 313 numeral 6 de la Constitución Política y el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 realizó un análisis sistemático del ordenamiento jurídico en relación a la prestación del servicio de salud por parte de los entes territoriales y, con fundamento en el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 194 de la Ley 100 de 1993 y 1122 de 2007, concluyó que las Empresas Sociales del Estado son la única vía para prestar los servicios de salud de forma directa por parte de los entes territoriales, pero dicha función solo fue autorizada para aquellos municipios que estuvieran certificados a 31 de julio de 2001, y que con anterioridad hubieran prestado el servicio de salud y decidieran continuar con la prestación, toda vez que por mandato legal se prohibió a los municipios asumir directamente nuevos servicios o ampliar los existentes, estando en la obligación de articularse en la red departamental.
Así las cosas, como quiera que en el interior del proceso de simple nulidad no se acreditó que el Municipio de Sibaté estaba certificado y autorizado para prestar servicios de salud en su territorio, la autoridad judicial accionada consideró que no le era viable crear instituciones destinadas a la prestación de tal servicio.
Adicionalmente, tampoco se observa un desconocimiento del criterio jurídico de la sentencia C-953 de 2007 de la Corte Constitucional, que constituya un defecto sustantivo, pues su contenido fue analizado en la providencia acusada y el mismo sirvió de sustento para determinar los alcances de las competencias de los concejos municipales en el diseño y estructura de la administración, así como los límites que fija la ley en la prestación de los servicios públicos.
4.2.2 La presunta vía de hecho por defecto fáctico
El accionante manifiesta que la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera incurrió en una vía de hecho por defecto fáctico porque no valoró en debida forma los documentos allegados al proceso de simple nulidad con los cuales se pretendía demostrar la excepción de cosa juzgada, pues el asunto objeto de debate había sido analizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 10 de septiembre de 2009 dentro del expediente con radicado 25000232400020090016901.
Al respecto se observa que la providencia cuestionada, al pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada planteada por la parte demandada, señaló lo siguiente:
“(…) Como lo indicó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si bien el objeto del trámite de observaciones y la presente acción de nulidad es el de censurar la legalidad del Acuerdo Municipal 05 de 2009, lo cierto es que los motivos por los cuales, en uno y otro proceso, se considera que el acto enjuiciado viola el artículo 44 de la Ley 715, son diferentes.
Como se indicó en aquel trámite, la Gobernación de Cundinamarca consideró que se violaba tal artículo toda vez que la empresa social del Estado creada mediante el acto demandado, de un lado, no se encontraba inscrita en el registro especial de prestadores de salud del departamento de Cundinamarca, y de otro lado, que dicha empresa no se encontraba certificada para la prestación del servicio (…).
En la presente acción de nulidad, la razón fundamental por la que se considera violado el parágrafo del artículo 44 de la Ley 715, como se evidencia, es diferente y radica en que esta disposición prohíbe que los municipios asuman directamente nuevos servicios de salud o que amplíen los ya existentes, lo cual, en concepto de la Gobernación de Cundinamarca, fue lo que ocurrió con la creación de la Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención Sibaté (ESE Municipio de Sibaté), mediante el acuerdo impugnado.
No puede tenerse, entonces, por configurado el fenómeno de la cosa juzgada, pues contrario a lo afirmado por el apelante y por los intervinientes, no existe identidad de causa, esto es, los motivos por los cuales se consideraba que el acuerdo censurado, en uno y otro proceso, violaban el artículo 44 de la Ley 715 eran diferentes, cuestión que no fue abordada por el apelante (…)”.
Para la accionada no había lugar a declarar la excepción de cosa juzgada porque no existía identidad de causa, en los asuntos tratados en el expediente con radicado 2009-00169 y en el proceso de simple nulidad con radicado 2011-00110, pues en el primero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó las observaciones formuladas por el Departamento de Cundinamarca contra el Acuerdo Nº 05 de 2009, para verificar si la E.S.E. creada se encontraba inscrita en el registro especial de prestadores de salud del departamento y, por tanto, certificada para prestar el servicio, mientras que en el segundo proceso se estudió la legalidad del acto administrativo a la luz de las normas constitucionales y legales, con el fin de establecer si la E.S.E. creada se ajustaba a la ley y si la misma podía realizar el objeto para lo cual estaba destinada.
En este orden, la Sala considera que la sentencia cuestionada no incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, toda vez que dicha decisión efectuó un estudio razonable de las pruebas documentales allegadas al proceso de simple nulidad, lo que les permitió advertir que no se configuraba la excepción de cosa juzgada.
En esta medida, la autoridad judicial accionada en ejercicio de los principios de autonomía funcional y sana crítica dio un alcance probatorio coherente y válido a los documento allegados al proceso, que a pesar de no resultar conforme con los argumentos de la parte demandada, hoy tutelante, no se puede colegir que su interpretación fue contraria a derecho.
Así las cosas, se concluye que la providencia del Consejo de Estado – Sección Primera, no vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante, por cuanto no se evidencia en su contenido, un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituyan una vía de hecho por violación directa de la constitución, defecto sustantivo y fáctico, que amerite la intervención del juez de tutela.
III DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, la parte actora no acreditó que la sentencia de 13 de julio de 2017, proferida por el Consejo de Estado – Sección Primera, haya incurrido en alguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, por tal motivo se negará la solicitud de amparo invocada por el señor Gustavo Adolfo Borbón García.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Gustavo Adolfo Borbón García, contra el Consejo de Estado – Sección Primera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Por Secretaría, DEVOLVER al Despacho de origen, el expediente allegado en préstamo contentivo al proceso de simple nulidad.
De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
En el proceso de nulidad simple, el ahora accionante actuó como coadyuvante de la parte demandada, en su condición de Gerente Encargado de la Empresa Social del Estado de Primer Nivel de Atención de Sibaté, E.S.E. Municipio de Sibaté.
Nombres visibles a folio 18, notificados a través de correo certificado, publicación en página web del Consejo de Estado, Aviso fijado en Secretaría del Consejo de Estado (fols. 278 – 291), Aviso fijado en la Alcaldía del Municipio de Sibaté y Aviso publicado en la emisora local de Sibaté (fols. 510 – 513).
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia SU-198 de 11 de abril de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Corte Constitucional, Sentencia T-1143 de 2003. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.”
Corte Constitucional, sentencia T-1045 del 24 de octubre de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Cfr. Sentencia T-567 de 1998.
Cfr. Sentencia T-001 de 1999.
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Sentencia T-538 de 1994.
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-953 de 2007, Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa ratifica esta afirmación, al indicar que: «[…] Por lo tanto, se concluye que estas empresas constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada perteneciente a la rama ejecutiva del poder público, a la que compete la prestación directa de los servicios de salud a nivel nacional y territorial. […]»
Folio 8, cuaderno principal.
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, MUNICIPIO DE SIBATÉ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Ver sentencia C-1112 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis. En el mismo sentido ver, entre otras, la sentencia C-1114 de 2003 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Sentencia de 19 de abril de 2012 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B.
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