Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00302-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00302-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00302-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
26 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE DECLARÓ INVALIDEZ DE ACUERDO MUNICIPAL EN PROCESO DE REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD - Acuerdo que prohíbe la minería en el municipio de Jericó / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No se configura / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRINCIPIO DE ESTADO UNITARIO - Aplicación / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL - Aplicación
[L]a Sala considera que los argumentos de los demandantes dirigidos a que las autoridades territoriales de forma unilateral pueden prohibir actividades mineras no están llamados a prosperar, en la medida que dichas actividades no son competencia solo de la Nación, ni de los departamentos o los municipios, ya que por las implicaciones que tiene dicho tema es competencia de todos los niveles, máxime cuando deben articularse en desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales son de rango constitucional, toda vez que son los parámetros a través de los cuales se armoniza los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial. (…) los defectos invocados supra por los actores no se configuran y por consiguiente no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión se fundamentó en criterios jurisprudenciales relativos a la competencia de los entes territoriales y la Nación, que los actores señalan como desconocidos y con los cuales se pudo determinar que el Concejo Municipal de Jericó carecía de competencia para expedir el acuerdo que prohíbe la minería en su territorio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 287 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 311 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 63
NOTA DE RELATORÍA: La sentencia analiza el marco normativo y jurisprudencial de los defectos de violación directa de la constitución, sustantivo, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación. En relación con la necesidad de armonizar las funciones de los municipios y la nación para regular la minería, consultar el auto de 9 de noviembre de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-02829-00, C.P. Rocío Araújo Oñate de esta Corporación y las sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016 y C-389 de 2016 de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00302-00(AC)
Actor: RODRIGO ELÍAS NEGRETE MONTES Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por los señores Carlos Arturo Londoño Jaramillo, John Jairo Arcila Sierra, Martha Cecilia Espinosa Echeverry, Jovany Zapata Hernández, Oscar Antonio Bermúdez Cataño, Diego Alexander Castañeda Arcial, en calidad de Concejales del municipio de Jericó (Antioquia) y Rodrigo Elías Negrete Montes quien actúa como ciudadano e interviniente, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar que la sentencia proferida dentro del proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal identificado con número único de radicación 05001-23-33-000-2017-01846 00, el 12 de diciembre de 2017, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, participación, acceso a la administración de justicia y defensa.
La presente providencia tiene las siguientes partes i) Antecedentes; ii) consideraciones de la Sala y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
Los actores, obrando en nombre propio, presentaron solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Tercera de Oralidad, por considerar que el Tribunal al proferir la sentencia de 12 de diciembre de 2017, mediante la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 09 de 2017 dentro del proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal con número único de radicación 05001-23-33-000-2017-01846 00, vulneró los derechos fundamentales invocados supra.
1.2. Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1. Respecto de la situación del municipio de Jericó
Informaron que el Municipio de Jericó cuenta con una topografía quebrada y montañosa y que se encuentra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, lo cual permite que tenga tierras de clima diferente. La economía se basa en la agricultura y sus principales cultivos son el café, el cardamomo, el plátano, el tomate, el aguacate, los cítricos y la ganadería. Adicionalmente el turismo religioso se constituye en una fuente importante de ingresos.
1.2.2. Respecto de los impactos de la minería
Expresaron que en los últimos años se ha identificado la proliferación de títulos y solicitudes de títulos mineros en el municipio, los cuales abarcan el 35% de la jurisdicción, cuyo fin es la exploración y explotación de minerales, especialmente de oro, cobre y molibdeno, que de concretarse pondrían en grave situación de riesgo a la base natural del municipio, las actividades económicas sobre las cuales se sustenta, se alteraría de manera grave la forma de vida de los pobladores, el patrimonio natural y arquitectónico.
Agregaron que de consolidarse los procesos mineros en curso, se desconocería de manera general la determinación que tiene el municipio de sus diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento.
El desarrollo de actividades mineras privilegia el interés particular sobre el interés general del municipio, el ordenamiento ambiental y territorial. Los contratos de concesión minera fueron suscritos entre autoridades del orden departamental y las empresas mineras, sin consultar los intereses y determinaciones e instrumentos del orden local y sin garantizar el derecho de la participación ciudadana, la cual fue puesta de presente por la Corte Constitucional en las sentencias C-123 de 2014, C-389 de 2016 y T-445 de 2016.
Afirmaron que es evidente que las actividades mineras ocasionan graves procesos de deterioro ambiental y social, de manera que generan conflictos socio ambientales, entre ellos el desplazamiento de propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes de los predios donde se realizan; así como en las áreas circundantes por cambios en los patrones físico-químicos de los recursos naturales, es decir, desertización, aridez, acidez, erosión, contaminación de suelos y aguas, cambios en los patrones productivos y culturales de los pobladores, encarecimiento del costo de vida, incremento en el índice de necesidades básicas insatisfechas, de la prostitución, de madres solteras, inseguridad y deserción escolar.
En atención a las facultades constitucionales y legales de las que está revestido el Concejo Municipal de Jericó se consideró necesario adoptar medidas eficaces y oportunas con el fin de evitar la ocurrencia de situaciones como las antes descritas, producto del desarrollo de actividades mineras, de manera tal que se recuperen y mantengan los espacios, ciclos y dinámicas del agua, la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas estratégicos, del paisaje, del aire y del suelo, así como prevenir los riesgos, proteger la vida, preservar los acuíferos, disminuir la vulnerabilidad ante la variabilidad climática, defender el modo de vida de los campesinos, la cultura y el patrimonio cultural existente representado en sus usos y costumbres y asegurar la conservación del agua y el cumplimiento de los principios de rigor subsidiario, precaución, prevención y de progresividad.
1.2.3. Expedición del Acuerdo 09 de 2017
El Concejo Municipal de Jericó con fundamento en varias disposiciones legales y constitucionales, en particular el artículo 313, numeral 9 de la Constitución Política que dispone que le corresponde a esa corporación pública “[…] Dictar las normas sobre el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio […]” y en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional que han puesto de presente las facultades con que cuentan los municipios dentro del marco de régimen de autonomía, expidió el Acuerdo 09 de 2017, en el cual dispuso:
“[… ] Artículo Primero: Prohibir en la jurisdicción del Municipio de Jericó, Antioquia el desarrollo de actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales. Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la parte de exposición de motivos del presente Acuerdo y a fin de garantizar la defensa del patrimonio ecológico y cultural del Municipio de Jericó, Antioquia.
Parágrafo 1. En virtud de lo dispuesto en el presente artículo, en la jurisdicción del Municipio de Jericó, Antioquia no se podrán adelantar actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación de metálicos y de gran y mediana minería de los demás minerales.
Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicara sin perjuicio de que la Administración Municipal adelante las gestiones correspondientes a fin de obtener, sea en la jurisdicción del Municipio de Jericó, Antioquia o en otro ente territorial, las fuentes de materiales de construcción y demás minerales que se requieran para la construcción, mejoramiento, adecuación y/o rehabilitación de vías públicas a cargo del Municipio y los desarrollos urbanísticos.
Artículo Segundo. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación. […]”
La exposición de motivos hace parte integral del Acuerdo 09 de 2017, tal como lo dispone el artículo 72 de la Ley 136 de 2 de junio 1994 y por ello la Gobernación de Antioquia y el Tribunal Administrativo de Antioquia debieron analizarlo conjuntamente con todo el articulado.
Agregaron que el trámite de expedición del Acuerdo 09 de 2017 cumplió con el procedimiento, toda vez que se elaboró un articulado, una exposición de motivos, surtió los debates previstos en la Ley 136 de 1994, fue sancionado por el alcalde municipal y publicado. Luego se remitió para revisión por parte de la Alcaldía Municipal de Jericó al Gobernador de Antioquia para los fines previstos en el artículo 305, numeral 10 de la Constitución Política, el Decreto 1333 de 1986 y el artículo 82 de la Ley 136 de 1994.
1.2.4. Revisión del acuerdo por parte de la Gobernación de Antioquia
El Concejo Municipal de Jericó remitió el Acuerdo 09 de 2017 a la Gobernación de Antioquia – Secretario General – quien fue el delegado para proceder con la revisión del mismo.
Sostuvieron que el Gobernador de Antioquia es un delegado del Ministerio de Minas y Energía para desempeñar las funciones de autoridad minera, lo que incluye la facultad de fomentar la actividad, suscribir los contratos de concesión y hacer la fiscalización minera, es decir que tenía las calidades de juez y parte. No obstante, el Secretario General no se declaró impedido para revisar el Acuerdo 09 de 2017 y lo remitió al Tribunal Administrativo de Antioquia para que se pronunciara sobre su constitucionalidad.
1.2.5. Sentencia, en única instancia, en el proceso de proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal, identificado con número único radicación 05001-23-33-000-2017-01846 00
El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2017, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: DECLARAR por las razones expuestas en esta providencia la INVALIDEZ del Acuerdo No. 09 de 2017 expedido por el Concejo Municipal de JERICÓ (Ant.)
SEGUNDO: COMUNICAR la presente decisión a la Secretaría General del Departamento de Antioquia y a los señores Alcalde Municipal y Presidente del Concejo Municipal de JERICÓ (Antioquia) […]”
Para adoptar la anterior decisión sostuvo en síntesis que ni los municipios en su autonomía para decidir sus asuntos locales ni las autoridades nacionales en sus competencias pueden decidir por sí solos sobre la explotación de los recursos naturales no renovables en determinadas zonas del país, sino que ello debe realizarse de manera coordinada y concertada, pues existen normas de carácter nacional que regulan el tema de la explotación minera que están vigentes y que deben ser tenidas en cuenta por los municipios al momento de regular dicha actividad en sus localidades; además de tener en cuenta que la actividad minera tiene consecuencias graves en el medio ambiente cuya regulación le corresponde a las autoridades ambientales.
Precisó que si bien los concejos tienen autonomía para definir los usos del suelo, también es cierto que al prohibir de manera genérica en todo su territorio dicha explotación, se extralimitan en sus funciones, por cuanto el tema minero de explotación de recursos naturales no renovables es de interés nacional y no debe resolverse solo de manera unilateral por parte de las autoridades locales.
Lo anterior, por cuanto es el Código de Minas el que determina en los artículos 31 a 35, las zonas de exclusión minera, de reserva, las áreas libres, zonas de seguridad, determinando además en el artículo 38 que en la elaboración, modificación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial, la autoridad competente se sujetará a la información geológica minera disponible en las zonas respectivas, así como lo dispuesto en la misma normativa sobre zonas de reservas especiales y zonas excluibles de la minería.
Precisó que siendo la ley la que determina las áreas de explotación minera y las respectivas restricciones, no podría de esa forma la entidad territorial a través de un acuerdo sin fundamento en estudios técnicos, concertación con autoridades nacionales competentes en la materia y de espacios de participación, prohibir de manera general la explotación de estos recursos en todo su territorio, máxime que es competencia del Gobierno Nacional la adopción de la política para la explotación de los recursos naturales no renovables en el país.
Advirtió que la medida creada en el Acuerdo 09 de 2017, con la cual se pretende la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio, se estableció a partir de la prohibición del desarrollo de actividades mineras, es un asunto de interés nacional y su regulación corresponde a las autoridades de interés nacional bajo los principios de coordinación y concertación, además de la tensión constitucional que existe asociada al impacto de la minería, como las implicaciones ambientales, económicas, sociales que ello genera, lo cual obliga a la participación de las autoridades de todo orden en la regulación de dicho tema que tiene consecuencias en las regiones.
Concluyó que siendo un tema de interés nacional la explotación minera, el Concejo Municipal de Jericó, se excedió en sus competencias al prohibir en esa localidad el desarrollo de esa actividad.
1.2.6. Legitimación en la causa por activa
Los actores informaron que son habitantes y concejales del municipio de Jericó, Antioquia y como representantes inmediatos del pueblo fueron quienes en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales y conforme a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia T-445 de 2016 expidieron el Acuerdo 09 de 2017, de manera que tienen un interés legítimo para acudir a la acción de tutela y el señor Rodrigo Elías Negrete Montes, quien acude en calidad de ciudadano comoquiera que si bien el ambiente sano tiene el carácter de colectivo y es a su vez un servicio público a cargo del Estado, puede ser considerado derecho fundamental cuando existe un nexo de causalidad.
1.3. La solicitud de tutela
Los actores afirman que la autoridad judicial demandada en el fallo objeto de acción de tutela, no efectuó un análisis y valoración de los argumentos expuestos en las intervenciones, lo cual incidió para que se tomara una decisión que quebranta el orden constitucional al ser contraria a la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Argumentaron que en el presente caso se configuraron los siguientes defectos:
“[…] 2.1 Violación directa de la Constitución
2.1.1. Por interpretación contraevidente de los artículos 29, 229 de Constitución relativos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la defensa y violación del estos derechos fundamentales;
2.1.2. Por desconocer la existencia y alcance de los artículos 1, 286, 287, 311, 313 (numeral 9) de la Constitución Política, relativos a la autonomía territorial; facultad de los municipios de decidir sobre sus propias formas de desarrollo; facultad de los municipios de adoptar medidas en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios.
2.2. Defectos sustantivo por inadvertencia de normas claramente aplicable (sic) al caso
2.2.1. Defecto sustantivo por inadvertencia del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, que consagra el principio de rigor subsidiario;
2.2.2 Defecto sustantivo por inadvertencia del artículo 65 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, que consagra la facultad de los municipios de dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio;
2.2.3. Defecto sustantivo por adoptar decisión con fundamento en disposiciones legales que no son aplicables al caso concreto, debido a que para resolver sobre la validez del Acuerdo 009 de 2017 del Concejo Municipal de Jericó, el Tribunal Administrativo de Antioquia efectuó su análisis y decidió con fundamento en disposiciones que no son aplicables frente a la decisión adoptada por el Concejo Municipal del Jericó y la competencia con la que cuenta para expedir dicho acuerdo.
2.3. Decisión sin motivación debido a que el Tribunal no revisó, ni analizó la exposición de motivos del Acuerdo 009 de 2017 del Concejo Municipal del Jericó.
2.4. Desconocimiento del precedente jurisprudencial
2.4.1 Desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017 que señaló que los municipios podían prohibir la minería al conservar el medio ambiente (defensa del patrimonio ecológico).
2.4.2. Desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2010. Rad. No. 11001-03-24-000-2005-00185 01 de 2010 (sic) en cuanto a que la minería no es una determinante del ordenamiento territorial.
2.4.2. (sic) Desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila mediante la cual declaró infundadas las observaciones realizadas por el Gobernador del Huila y declaró valido el Acuerdo 016 de 2017 “POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN. […]”.
• Ahora bien, respecto al defecto de violación directa de la Constitución, argumentaron que se configuró porque el Tribunal no efectuó el análisis de las intervenciones que con sustento en la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia presentaron en favor del Acuerdo 09 de 2017 y esa omisión vulnera los derechos fundamentales cuya protección se solicita.
Afirmaron que el Tribunal desconoció que la Constitución Política consagra el principio de autonomía territorial y la facultad de adoptar decisiones sobre sus propias formas de desarrollo previstos en los artículos 1, 287, 311, 313 numeral 9.° que dispone que le corresponde a los municipios a través de los concejos municipales “[…] dictar las normas para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio […]”, en este caso, prohibiendo el desarrollo de una actividad altamente impactante, como es la minería de metálicos y la minería a mediana y gran escala de los otros minerales que ocasionan cambios drásticos en el territorio municipal.
• Respecto al defecto sustantivo por inadvertencia de normas claramente aplicables al caso, expresaron que el artículo 63 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993, consagra el principio de rigor subsidiario, el cual fue citado dentro de los fundamentos legales del Acuerdo 09 de 2017 y en la exposición de motivos, en donde se hicieron unas precisiones sus alcances.
Informaron que el artículo 65, numeral 2.° de la Ley 99 de 1993 consagra la facultad de los municipios de dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio y que en el numeral 9.° del artículo 313 de la Constitución Política se encuentra el mayor fundamento para que el Concejo Municipal de Jericó expidiera el Acuerdo 09 de 2017.
Destacaron que la disposición antes referida está vigente y ninguna ley orgánica o estatutaria regula esa materia, de manera que la Ley 99 de 1993 es la única disposición que se refiere a esa facultad de los municipios y es la Constitución Política la norma de carácter superior a la que deben sujetarse los entes territoriales para dictar las normas para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico.
Argumentaron que la decisión se adoptó con fundamento en disposiciones legales que no eran aplicables al asunto, esto es, el Código de Minas, normas sobre ordenamiento territorial, propiedad del subsuelo que no tienen relación con la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Jericó y la competencia con la que cuentan para expedir el acuerdo.
• En relación con el defecto de decisión sin motivación, recalcaron que el Tribunal no revisó, ni analizó la exposición de motivos del Acuerdo 09 de 2017 que hace parte integral de ese acto administrativo y es donde de manera detallada y extensa se señalaron los fundamentos constitucionales, legales, jurisprudenciales y fácticos que justifican su expedición, de manera que no se comprende cómo se puede determinar la no validez sin revisar su razón de ser.
• En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial señalaron que se desconoció el fijado en la sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017 que según los actores señalan que los municipios podían prohibir la minería al conservar el medio ambiente, sostuvieron:
“[…] En la sentencia aludida, la Corte Constitucional resolvió las posibles dudas sobre si los municipios contaban con la facultad o no de prohibir la minería en su jurisdicción Y de manera expresa y contundente señaló que si era factible con fundamento en las siguientes facultades constitucionales.
“regular el uso del suelo", que corresponde a la facultad establecida en numeral 7 del artículo 313 de la Constitución Política, que no es de lo que se ocupó el Acuerdo 009 de 2017 del Concejo Municipal de JERICÓ como expresamente se señala desde el título del mismo, del articulado y de la exposición de motivos, aspecto este que desconoció el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Y
“garantizar la protección del medio ambiente" que como se ha expresado corresponde a la atribución contemplada en el numeral 9 del artículo 313 de la Carta superior, donde se señala que corresponde a los concejos municipales "Dictar normas sobre el control, prevención y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio".
Según lo resuelto por la Corte, al garantizar la protección del medio ambiente es decir, al defender el patrimonio ecológico y cultural de los municipios, facultad que se encuentra en el numeral 9 del artículo 313 constitucional, los municipios a través de los Concejos Municipales pueden prohibir la minería. […]”
Asimismo, mediante el Auto 053 de 2017 la Corte Constitucional negó las solicitudes de nulidades presentadas en contra de la sentencia T-445 de 2016 y dio claridad sobre la facultad de los municipios de prohibir la minería al garantizar la protección del medio ambiente y regular los usos del suelo.
Los actores, con respecto al precedente sentando en la sentencia del Consejo de Estado el 18 de marzo de 2010, que fue citado por la Gobernación de Antioquia y retomado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según el cual la minería no es una determinante del ordenamiento territorial, precisaron:
Lo concerniente al ordenamiento territorial no es objeto de regulación mediante Acuerdo 09 de 2017, debido a que el fundamento de este es la facultad de dictar medidas en defensa del patrimonio ecológico y no sobre la reglamentación de los usos del suelo.
El Tribunal desconoció que el Decreto 2201 de 5 de agosto de 2003 se expidió como reglamentario del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y le impedía a los municipios prohibir en los Planes de Ordenamiento Territorial – POT – las actividades consideradas de utilidad pública e interés general, no obstante, si bien la sentencia del Consejo de Estado a la que se está haciendo referencia declaró ajustado a la ley el decreto, lo cierto es que precisó el alcance del mismo y en tal sentido señaló que las únicas actividades que no podían ser excluidas por los concejos municipales al adoptar los POT, son las que señala el artículo antes mencionado, donde están las infraestructuras básicas relativa a la red vial nacional y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua y el saneamiento y suministro de energía y como allí no se encuentra la minería es claro que puede ser prohibida por los municipios.
Finalmente, en cuanto a la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila de 27 de octubre de 2017, informaron:
“[…] En el fallo, el Tribunal Administrativo del Huila retoma consideraciones contempladas en la exposición de motivos del Acuerdo 016 del Concejo Municipal de San Agustín, y pone de presente las facultades de los Concejos Municipales previstos en el artículo 313 de la Constitución Política y los dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-445/16 con respecto a la prohibición de la minería.
De acuerdo a lo expuesto, se configuró un defecto sustantivo de parte del Tribunal Administrativo de Antioquia por desconocimiento del precedente sentado en la sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila mediante la cual declaró infundadas las observaciones realizadas por el Gobernador del Huila y declaró valido el Acuerdo016 de 2017del Concejo Municipal de San Agustín; en un asunto semejante al resuelto por el Tribunal de Antioquia mediante la Sentencia del 12 de diciembre de 2017. […]”.
1.4. Pretensiones
Los actores solicitaron en el escrito de tutela:
“[…] En virtud de las razones aquí expuestas, respetuosamente le solicitamos al juez constitucional que declare:
Que en la Sentencia del 12 de diciembre de 2017 mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró no válido el Acuerdo 009 de 2017 del Concejo Municipal de Jericó se desconocieron nuestros derechos al debido proceso, participación, acceso a la administración de justicia y defensa.
Que en la Sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia, se configuró un defecto por violación directa a la Constitución por interpretación contraevidente de los artículos 1, 29, 79 y 229 de la Constitución y violar derechos fundamentales al debido proceso, a la participación, acceso a la administración de justicia y a la defensa.
Que en la Sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por desconocer la existencia y alcance de los artículos 1, 286, 287, 311, 313 (numeral 9) de la Constitución Política, relativos a la autonomía territorial; facultad de los municipios de decidir sobre sus propias formas de desarrollo; facultad de los municipios de adoptar medidas en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios.
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por inadvertencia del artículo 63 de la Ley 99 de 1993, que consagra el principio de rigor subsidiario.
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por inadvertencia del artículo 65 numeral 2 de la Ley 99 de 1993, que consagra la facultad de los municipios de dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores a las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio.
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo debido a que para resolver sobre la validez del Acuerdo 009 de 2017, el Tribunal efectuó su análisis y decidió con fundamento en disposiciones que no son aplicables frente a la decisión adoptada por el Concejo Municipal de Jericó y la competencia con la que cuenta para expedir dicho acuerdo.
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017 donde se señaló que los municipios podían prohibir la minería al conservar el medio ambiente (defensa del patrimonio ecológico).
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2010. Rad. No. 11001-03-24-000-2005-00185-01 de 2010 en cuanto a que la minería no es una determinante del ordenamiento territorial.
Que en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado en la Sentencia del 27 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila mediante la cual declaró infundadas las observaciones realizadas por el Gobernado del Huila y declaró valido el Acuerdo 016 de 2017 “POR EL CUAL SE DICTAN UNAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEFENSA DEL PATRIMONIO ECOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN.”
En consecuencia y teniendo en cuenta que el efecto de la Sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia resultó en la declaratoria de no validez del Acuerdo No. 009 de 2017 del Concejo Municipal de JERICÓ, Antioquia, respetuosamente solicitamos que se ordene:
Dejar sin efecto la Sentencia del 12 de diciembre de 2017 del Tribunal Administrativo de Antioquia.
Disponer que el Acuerdo 009 de 2017 del Concejo Municipal de Jericó, Antioquia, es válido por encontrarse ajustado a la Constitución Política, a la ley y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional.
Disponer inter comunis que los Acuerdos municipales mediante los cuales se dictan normas en defensa del patrimonio ecológico y cultural de los municipios, en virtud de los cuales se prohíbe la minería en la jurisdicción municipal por la grave afectación ambiental y social que ocasiona, son materialmente constitucionales y se ajustan a los preceptos de la autonomía territorial, la facultad de los municipios de decidir sobre sus propias formas de desarrollo y dictar normas en defensa del patrimonio ecológico y cultural, tal y como señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017.
En consecuencia, le solicito al juez de tutela que nos conceda la presente acción de tutela, y que ampare nuestros derechos al debido proceso, participación, acceso a la administración de justicia y defensa.
Subsidiariamente, que se prevenga al Tribunal Administrativo de Antioquia para que no vuelva a incurrir en las omisiones que dieron mérito para la presente tutela. […]”
1.5. Actuación
Este Despacho, por auto de 9 de febrero de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera, dispuso vincular al Departamento de Antioquia y al Concejo Municipal de Jericó, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días rendir informe.
Mediante auto de 28 de febrero de 2018, este Despacho también vinculó a la Agencia Nacional de Minería, al Ministerio de Minas y Energía, a la Asociación Colombiana de Minería, a la Sociedad Minera Quebradona Colombia S.A. y a los señores Juan Pablo Restrepo Ruíz, Clara Inés Atehortua Arredondo, Diana Carolina Sánchez Zapata, Adriana María Sanín Vélez, Luis Daniel Acosta López, Alejandra Arismendy Agudelo, Miguel Alberto Arias Domínguez y Daniel Eduardo Argumedo López, en calidad de terceros con interés legítimo y les concedió un término de 3 días para rendir informe y allegar los documentos que pretendan hacer como pruebas.
1.6. Intervenciones de la parte demandada y las partes vinculadas
1.6.1 El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó denegar la protección constitucional invocada por los actores, con fundamento en las razones que pasan a exponerse:
Afirmó que teniendo en cuenta la gran trascendencia e impacto del Acuerdo 09 de 2017, el concepto de invalidez expuesto por la Gobernación de Antioquia y el fallo objeto de la acción de tutela, estuvo guiado por temas como la competencia de los entes territoriales en asuntos mineros, la autonomía de los entes territoriales, la tensión entre la autonomía territorial y la Nación para definir asuntos locales y de interés nacional; los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Bajo ese contexto, aflora el tema del reparto de competencias entre la Nación y los municipios, donde se indicó que estos tienen autonomía para ejercerla siempre que haya sido previamente asignada por la Constitución, de lo contrario, se habilitan las potestades del Congreso de la República, toda vez que tiene la cláusula general de competencia normativa.
Dijo que en virtud de ese reparto de competencias, es clara la tensión que subsiste entre cada uno de ellos en la defensa de los intereses generales, de ahí que la Corte Constitucional en sentencia C-035 de 2016, precisó que “[…] el carácter unitario del Estado colombiano no constituye un fundamento suficiente para desconocer la capacidad de autogestión que la Constitución les otorga a las entidades territoriales. A su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias constitucionales de las autoridades nacionales. […]”
Con fundamento en el fallo mencionado indicó que el ejercicio de las competencias entre el poder central y los entes territoriales, se articulan bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, siendo fundamental que “la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines del Estado.”
Expresó que la sentencia que dio origen a la presente acción de tutela concluyó que si bien es cierto los Concejos municipales tienen autonomía para definir los usos del suelo, también lo es que al prohibir de manera genérica en todo su territorio dicha explotación, se extralimitan en sus funciones e insistió en que el tema minero de explotación de recursos naturales no renovables es de interés nacional y no debe resolverse solo de manera unilateral por parte de las autoridades locales.
Respecto a los derechos que los actores consideran quebrantados con la decisión del Tribunal, advirtió que durante el trámite de la revisión del acuerdo, se dio la oportunidad para que cualquier persona interviniera y en efecto un nutrido grupo de ciudadanos del municipio de Jericó lo hizo en defensa del Acuerdo 09 de 2017, por lo cual no se vulneró derecho alguno, situación diferente es que la decisión no haya estado acorde con las pretensiones y para eso como el medio de control de revisión de acuerdo es de única instancia, es que los interesados acudieron a la acción de tutela.
En relación con los defectos mencionados en el escrito de tutela por inobservancia de precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, señaló que los diferentes pronunciamientos de las altas cortes que se citan en la sentencia de revisión de acuerdo, como en la presente acción, esto es, la T-445 de 2016 entre otras, lo que subyace es la aplicación de los principios de concurrencia, subsidiaridad y coordinación en el desarrollo de las autoridades nacionales y locales.
Sostuvo que tampoco existe desconocimiento de normas constitucionales y legales, toda vez que en la sentencia motivo de inconformidad, lo que se expone, es precisamente, la tensión que existe entre la Nación y los entes territoriales, por la asignación de competencias en asuntos que atañen a intereses generales y que chocan entre sí, como la autonomía de los municipios para decidir asuntos relacionados con el uso del suelo y los temas minero energéticos de interés general, en cabeza de autoridades nacionales, entre otros temas, que por su trascendencia e impacto deben resolverse de manera armónica bajo la aplicación de los ya mencionados principios.
1.6.2 El Departamento de Antioquia mediante apoderada especial manifestó que la entidad territorial no ha vulnerado derechos fundamentales a los actores, por cuanto lo único que pretendió fue solicitar a la corporación demandada la revisión del Acuerdo 009 de 2017, con fundamento en el artículo 305, numeral 10 de la Constitución Política, el artículo 82 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 116 del Decreto Ley 1333 de 1986.
Sostuvo que acatando las normas antes mencionadas y luego de hacer un estudio pormenorizado del Acuerdo 09 de 2017, enviado por el ente territorial de Jericó, se consideró que contrariaba el ordenamiento jurídico, al disponer sobre asuntos que requieren de la concurrencia de otras autoridades como es el tema minero, desbordando la atribución que le confiere la Ley 388 de 1997 frente a la determinación de los usos del suelo y las zonas protegidas dentro del plan de ordenamiento territorial.
1.6.3 Los Concejales del municipio de Jericó reiteraron que de conformidad con el régimen de autonomía con que cuentan los municipios, se encuentran facultados para decidir sobre las formas propias de desarrollo, la copropiedad sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables, el derecho colectivo a un ambiente sano, la facultad de dictar normas para el control y la preservación y defensa del patrimonio ecológico y los principios de precaución, rigor subsidiario y las facultades establecidas en la ley podían expedir el Acuerdo 09 de 2017.
Recalcaron que la exposición de motivos fue desconocida por la Gobernación de Antioquia y el Tribunal al revisar el acuerdo. También expresaron que las intervenciones presentadas por ellos en el término de fijación en lista fueron ignoradas por la autoridad judicial demandada.
1.6.4. La Directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestó que el Acuerdo 09 de 2017 del Concejo Municipal de Jericó, no se ajustaba al ordenamiento jurídico y por esa razón la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia debe mantenerse incólume.
Dijo que tal y como lo ha dispuesto la misma jurisprudencia, la decisión sobre el ejercicio de la actividad extractiva ya sea de minerales o de hidrocarburos, no es un proceso aislado, dependiente de una decisión política del nivel central o territorial, sino que el mismo debe ser fruto de la concertación, basado en los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política; concertación que a la fecha se ha venido atendiendo por parte de las entidades del orden nacional.
1.6.5. El apoderado especial de la Nación – Ministerio de Minas y Energía sostuvo que las tensiones entre los principios de autonomía territorial y república unitaria son normales en el desarrollo de un Estado compuesto y por esa razón la Constitución Política de 1991 adoptó herramientas para dirimir pacíficamente dichas tensiones. Así en el artículo 288 dispone que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley orgánica que regule la materia.
Así las cosas, de acuerdo con la estructura territorial consagrada en la Carta de 1991, el principio unitario permite la existencia de parámetros generales que deben seguirse en todo el territorio nacional, sin afectar el principio de autonomía territorial que exige la salvaguarda de un espacio de decisión de las autoridades territoriales.
Respecto a la tensión aludida citó algunos apartes de la sentencia C-579 de 2001 y concluyó que la autonomía territorial se enmarca en el principio de legalidad conforme lo señala el artículo 287 y 288 de la Constitución Política, según los cuales el ordenamiento superior y la ley limitan el ejercicio de esa garantía institucional.
Por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía ha reconocido la importancia de crear un mecanismo de concertación entre la Nación y los municipios, donde se apliquen los principios constitucionales antes mencionados, lo cual reconoce la concepción fundamental del Estado colombiano, esto es, como Estado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria con autonomía de sus entidades territoriales, democrático y participativo.
1.6.6. El señor Santiago Ángel Urdinola en calidad de ciudadano y Presidente de la Asociación Colombiana de Minería – ACM -, solicitó rechazar la acción de tutela por improcedente o en su defecto negar el amparo solicitado toda vez que no se ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados.
Sostuvo que los actores realizan una indebida interpretación de las normas que conllevan al quebrantamiento del ordenamiento jurídico nacional y territorial y se abrogan competencias no otorgadas expresamente por la ley, no dan cumplimiento a los principios constitucionales de concertación, concurrencia y subsidiariedad, además de la aplicación de los procedimientos legales para la formulación del ordenamiento territorial de sus municipios con base en estudios y espacios de participación.
1.6.7. La Agencia Nacional de Minería por intermedio de apoderada manifestó que la Constitución Política estableció en los artículos 332 y 360 y el artículo 6.° del Código de Minas que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado, es decir, de todos los colombianos y no de un grupo determinado de colombianos, y que la explotación de dichos recursos causara a favor del Estado una contraprestación de naturaleza económica a título de regalía, disposiciones que fueron modificadas por el Acto Legislativo 05 de 18 de julio de 2011 que estableció el sistema general de regalías y fijó su funcionamiento, ingresos, distribución de sus recursos, entre otros, y cuya regulación quedaba bajo la responsabilidad del legislador.
Sostuvo que la propiedad del recurso natural no renovable que recae en cabeza del Estado y la prohibición de actividades mineras no es un asunto que concierne solo al ente territorial, teniendo en cuenta que en el subsuelo se ubican los minerales, sino que siendo dicho subsuelo del Estado y los recursos naturales de todos los colombianos, así como la regalía que la explotación de dicho recurso genera la cual incorpora al sistema como mecanismo de distribución de ingresos en todo el Estado, incluye a todos los entes territoriales que lo conforman.
De allí que, la prohibición de actividades mineras resulta ser un asunto de trascendencia nacional que desborda, por voluntad del constituyente el ámbito local.
Contraría toda lógica que una corporación pública del orden municipal tome decisiones sobre la explotación de un recurso natural que por mandato constitucional le pertenece al Estado y cuyas competencias en relación con la política general corresponde a la Nación y el cual genera unos recursos que no solo benefician a una región sino que distribuyen también a otros entes territoriales.
Afirmó que las actividades mineras son un asunto que excede la competencia del Concejo Municipal no solo por la naturaleza y la propiedad del recurso, el cual le pertenece al Estado, pero también por la pertenencia de las regalías cuyos beneficiarios no solo resultan ser los entes territoriales en donde se desarrolla la actividad, sino todos los colombianos.
De acuerdo con lo anterior, expresó que es claro que cualquier consideración y decisión que se adopte en relación con prohibir o no actividades mineras en un determinado municipio, acarrea implicaciones en actividades económicas que no solo afecta a sus habitantes sino a todas las regiones que se benefician de los recursos de regalías de conformidad con el artículo 360 de la norma superior, sistema de distribución que tiene como fundamento la propiedad de los recursos naturales no renovables en cabeza del Estado de acuerdo al artículo 332 ibídem.
Dijo que es así como el Acuerdo 09 de 2017, al ser proferido por una autoridad que carece de competencia para regular el uso del subsuelo no cumple con el requisito de validez que debe dotar a todo acto administrativo.
Por otra parte, argumentó que la ley delimita de manera precisa y concreta el marco de acción de los municipios y de sus autoridades en la ordenación del suelo dentro de su respectiva jurisdicción, el cual debe efectuarse en cualquier caso a través del instrumento dispuesto para el efecto, esto es, el POT que ciertamente no asigna competencias a los entes territoriales en relación con el subsuelo ni los recursos naturales no renovables yacentes en él, lo cual resulta coherente con el mandato de la Constitución que atribuye dichas potestades al Estado.
Indicó que en ningún momento se ha previsto de manera tácita o expresa que las entidades territoriales puedan prohibir en un determinado territorio la ejecución de actividades mineras, puesto que es un asunto que excede la competencia de dichas entidades, no solo por la naturaleza y la propiedad del recurso, sino por la pertenencia de las regalías que benefician a todos los colombianos.
1.6.8 El señor Rodrigo Elías Negrete en calidad de ciudadano intervino y solicitó rechazar la acción de tutela por improcedente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de esta acción, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, es procedente la acción de tutela contra el fallo de 12 de diciembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y de ser así, ii) establecer si se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación ciudadana, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, por cuanto en su sentir el fallo motivo de inconformidad incurrió en los siguientes defectos:
Violación directa de la Constitución por interpretación contraevidente y violación de derechos fundamentales.
Defecto sustantivo por aplicación indebida y por desconocer la existencia y alcance de normas relativas a la autonomía territorial, las facultades de los municipios de decidir sobre sus propias formas de desarrollo y de adoptar medidas en defensa del patrimonio ecológico y cultural y de los artículos 63 y 65, numeral 2.° de la Ley 99 de 1993.
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente sentado en la sentencia T-445 de 2016 y el Auto 053 de 2017, en los que se señala que los municipios pueden prohibir la minería al conservar el medio ambiente; de la sentencia del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2010 con número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00185 01, que consideró que la minería no es una determinante del ordenamiento territorial y la sentencia del Tribunal Administrativo del Huila de 27 de octubre de 2017 que declaró infundadas las observaciones por el Gobernador del Huila y declaró válido el Acuerdo 016 de 2017.
Decisión sin motivación porque no tuvo en cuenta la exposición de motivos que sirvieron de fundamento para la expedición del Acuerdo 09 de 2017.
Para resolverlos, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) la violación directa de la Constitución; v) el defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; vi) la decisión sin motivación y vii) la solución del caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad. 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos en la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, por lo siguiente: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Rodrigo Elías Negrete Montes y los Concejales del Municipio de Jericó al debido proceso, a la igualdad, a la participación ciudadana, al acceso a la administración de justicia y a la defensa; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso dentro de un plazo razonable; iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales los demandantes puedan lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela se alega la configuración de un defecto sustantivo, de violación directa de la Constitución y de decisión sin motivación, por lo que es necesario determinar si el Tribunal demandado en efecto incurrió en esos yerros; v) se identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración se alega; y iv) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.7. El caso concreto
En el caso sub examine, los demandantes pretenden que se deje sin efecto la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal con número único de radicación 05001-23-33-000-2017-01846-00, por medio de la cual se declaró la invalidez del Acuerdo 09 de 2017.
2.8 Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal de forma inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.
2.8. Defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.
Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Negrilla por la Sala)..
2.8.1. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.9. Decisión sin motivación
La Corte Constitucional en la sentencia T- 395 de 24 de mayo de 2010 efectuó el siguiente análisis:
“[…] La sentencia C-949 de 2003, en los intentos iniciales de esta Corte por sistematizar las causales genéricas de procedibilidad, habló por primera vez de la ‘decisión sin motivación’ como una categoría independiente. No obstante, en varias ocasiones esta causal ha sido confundida o subsumida dentro de la causal conocida como ‘defecto sustancial’. A pesar de ello, dadas sus características, la ‘decisión sin motivación’, como causal específica de procedibilidad tiene la entidad suficiente para ser considerada de manera individual, como bien se precisó en la sentencia C-590 de 2005, en la que se reiteró que esta causal se configura con “el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
En un estado democrático de derecho, como garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar de las decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia.
Ahora, en relación a la valoración de esta causal por parte del juez de tutela, en la sentencia T-233 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), esta Corporación precisó lo siguiente:
“[…] la motivación suficiente de una decisión judicial es un asunto que corresponde analizar en cada caso concreto. Ciertamente, las divergencias respecto de lo que para dos intérpretes opuestos puede constituir una motivación adecuada no encuentra respuesta en ninguna regla de derecho. Además, en virtud del principio de autonomía del funcionario judicial, la regla básica de interpretación obliga a considerar que sólo en aquellos casos en que la argumentación es decididamente defectuosa, abiertamente insuficiente o, en últimas, inexistente, puede el juez de tutela intervenir en la decisión judicial para revocar el fallo infundado. En esos términos, la Corte reconoce que la competencia del juez de tutela se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un mero acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad […]”. (Subraya fuera de texto).
Por último, es importante tener en cuenta que en análisis al que se acaba de hacer referencia, no le corresponde al juez de tutela establecer cual debía haber sido la conclusión del juez después de un pormenorizado análisis de todos los anteriores elementos, “pero sí es su obligación señalar que sin dicho análisis la providencia atacada presenta un grave déficit de motivación que la deslegitima como tal […]”.
2.10. Análisis del caso concreto
Los actores sostienen que el Tribunal demandado vulneró sus derechos fundamentales invocados supra por cuanto la sentencia objeto de inconformidad en la presente acción de tutela no tuvo en cuenta la exposición de motivos que sirvió de fundamento para la expedición del Acuerdo 09 de 2017, ni las intervenciones que presentaron durante el trámite de la revisión del mismo.
Sostienen que se desconoció la existencia de los precedentes judiciales de la Corte Constitucional establecidos en la sentencia T-445 de 2016, del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Huila que ya se mencionaron.
Además, dijeron que la decisión se fundó en normas inaplicables y que desconoció la existencia de otras relativas a la autonomía territorial, la facultad de los municipios de decidir sobre sus propias formas de desarrollo y las facultades de los municipios de adoptar medidas en defensa del patrimonio ecológico y cultural y de los artículos 63 y 65, numeral 2.° de la Ley 99 de 1993.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio encontrando en el expediente, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.10.1 Acervo y análisis probatorio
Para resolver el caso sub judice, la sala seguirá los parámetros fijados por la Corte Constitucional respecto a los defectos invocados supra, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad demandada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisara el acervo probatorio:
Copia del Acuerdo 09 de 2017 expedido por el Concejo Municipal de Jericó y la exposición de motivos del mismo.
Copia del expediente con número único de radicación 05001-23-33-000-2017-01846.
Copia de los mapas y lista de las solicitudes de títulos mineros en el municipio de Jericó.
Escrito de suspensión de términos de la fijación en lista en el proceso ordinario.
Copia de la sentencia del Consejo de Estado de 18 de marzo de 2010 en el proceso con número único de radicación11001-03-24-000-2005-00185 01 y de la sentencia de 27 de octubre de 2017 del Tribunal Administrativo del Huila.
Actas de posesión de los concejales del Municipio de Jericó y de la cédula de ciudadanía del señor Rodrigo Elías Negrete Montes.
En virtud de los planteamientos expuestos por los demandantes, la Sala procederá a efectuar la revisión de la sentencia de 12 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y luego determinara si los defectos por ellos invocados en efecto se configuran.
El problema jurídico que abordó el Tribunal en el fallo motivo de inconformidad consistió en determinar si el Concejo Municipal de Jericó Antioquia tenía competencia para expedir el Acuerdo 09 de 2017, en la medida que regulaba asuntos relacionados con la prohibición de desarrollar actividades mineras de metálicos y la gran y mediana minería de los demás minerales tendientes a la defensa del patrimonio ecológico y cultural en el citado municipio.
Para resolver el anterior planteamiento la autoridad judicial demandada analizó los siguientes temas: i) competencia de los entes territoriales en asuntos mineros; ii) la autonomía de los entes territoriales; iii) la tensión entre la autonomía territorial y la Nación para definir asuntos locales y de interés nacional y iv) los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Consideró que si bien es cierto los municipios, como entidad territorial gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, también lo es que se presenta una tensión permanente entre la autonomía territorial y la unidad de la Nación, cuya problemática fue abordada por la Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016, de la cual destacó los apartes que se transcriben a continuación:
“[…] El último limite al carácter unitario del Estado se refiere a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, previstos en el artículo 228 superior.
Estos principios articulan la forma como el legislador debe distribuir el ejercicio de las competencias adscritas al poder central y a las autoridades territoriales.
Específicamente, el principio de coordinación, parte de que el objetivo de la descentralización territorial es garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos en el territorio nacional, y que por lo tanto, la acción del Estado en sus distintos órdenes debe estar exenta de redundancias o contradicciones que terminen frustrando el logro de los fines del Estado. Para garantizar el principio de colaboración armónica entre las entidades del orden nacional y las del orden territorial es fundamental que la acción de los distintos órganos resulte complementaria y conducente al logro de los fines del Estado.
Ello presupone que la acción de estas autoridades debe estar encaminada a lograr una serie de objetivos comunes, complementarios, o que al menos no resulten incompatibles.
Por su parte, el principio de concurrencia implica que existen una serie de fines del Estado cuya realización requiere de la participación tanto de las autoridades del Estado a nivel nacional, como de las entidades del nivel territorial. Para garantizar el principio de colaboración, en determinadas materias, la actividad del Estado debe cumplirse con la participación de los distintos niveles de la Administración.
El principio de subsidiariedad es un corolario del carácter democrático del Estado. En su dimensión positiva, significa que el legislador debe distribuir las competencias privilegiando el nivel más próximo al ciudadano. Con todo, este principio es también expresión del principio de eficiencia administrativa, en la medida en que, comparativamente, las autoridades territoriales suelen estar en una mejor situación operativa para satisfacer las necesidades ordinarias de los ciudadanos dentro de su territorio. A su vez, en su dimensión negativa, el principio de subsidiariedad implica que las autoridades nacionales y departamentales sólo pueden intervenir en los asuntos que hacen parte de las competencias de las entidades municipales cuando éstas sean incapaces o ineficientes en la gestión de sus responsabilidades.
En conclusión, en virtud de los principios anteriormente mencionados, el carácter unitario del Estado colombiano no constituye un fundamento suficiente para desconocer la capacidad de autogestión que la Constitución les otorga a las entidades territoriales. A su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias constitucionales de las autoridades nacionales.
De acuerdo con el marco antes referenciado sostuvo que el contenido mínimo de la autonomía territorial está contenido en el artículo 287 de la Constitución Política, al consagrar algunos derechos esenciales de las entidades territoriales y en consecuencia, vinculan al legislador, pues aquellas están habilitadas para ejercer las competencias que les correspondan, gobernarse por autoridades propias, establecer los tributos necesarios para cumplir sus tareas, administrar los recursos para la realización efectiva de sus funciones y participar en las rentas nacionales.
Por lo anterior, consideró:
“[…] El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables" (art. 332 Superior) y que "Este intervendrá por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales" (art. 334 ibídem), la competencia en asuntos mineros energéticos corresponde a los órganos designados por el Congreso, máxime cuando los Municipios sólo tiene la potestad de "Reglamentar los usos del suelo" (num. 70 del art. 313 constitucional, en concordancia con el literal b) del numeral 4° del artículo 29 de la Ley 1454 de 2011 y el numeral 90 del 3 0 de la Ley 1551 de 2012), más no del subsuelo, entendiendo por tal la "Parte profunda del terreno a la cual no llegan los aprovechamientos superficiales de los predios y en donde las leyes consideran estatuido el dominio público, facultando a la autoridad gubernativa para otorgar concesiones mineras.
Ahora bien, aunque hizo mención al artículo 37 del Código de Minas, precisó que el mismo fue declarado inexequible, sin embargo, esta Sala encuentra que ese no fue el fundamento de la decisión objeto de tutela, comoquiera que fue desde lo expuesto en la sentencia C-273 de 2016 de la Corte Constitucional que el Tribunal analizó el tema de la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales y la tensión de principios y derechos que entre ellos existe, frente a la explotación de los recursos naturales no renovables, así:
“[…] 30. Para entender el alcance de la reserva en esta materia es necesario tener en cuenta que el ámbito de las competencias de las entidades territoriales y de la Nación no está compuesto por un conjunto de materias aisladas entre sí. Por el contrario, las materias que componen los respectivos ámbitos de competencias de las entidades en los distintos órdenes se traslapan y están relacionadas de manera inescindible. En el presente caso están en tensión la facultad que tiene el Congreso para atribuir competencias al nivel central en relación con la explotación de recursos naturales, frente a la autonomía de las entidades territoriales para definir el ordenamiento de su territorio.
[…]
En la Sentencia C-035 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado), la Corte sostuvo que aun cuando la regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y aun cuando es perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regule la explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar la superficie. En esa medida, es imposible definir la vocación minera de un área sin afectar el ejercicio de competencias sobre el uso del suelo que le corresponden a las autoridades del orden territorial. Al respecto, la Corte dijo:
“33. En el presente caso es claro que la selección de áreas de reserva minera no excluye la realización de actividades agrícolas, entre otras. Más aun, la organización del territorio a partir de su potencial minero, por sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía.” (resaltado fuera de texto original)
33. En esa medida es necesario concluir que el ejercicio de la competencia que le corresponde al legislador ordinario para regular determinadas actividades económicas, como en este caso lo es la explotación de recursos naturales del subsuelo, confluye con otras competencias asignadas a las entidades territoriales de diverso orden, como la de definir los usos del suelo. En tales casos, están de por medio, por un lado, la autonomía de las entidades territoriales para desempeñar sus funciones de planeación y ordenamiento territorial, competencias que constituyen elementos fundamentales de su autonomía, y por el otro, la necesidad de garantizar que la explotación de los recursos del subsuelo beneficie a todas las entidades territoriales, incluyendo aquellas que no poseen dichos recursos.
34. Para garantizar que cuando confluyan el ejercicio de competencias de entidades de diverso orden el resultado de la voluntad legislativa corresponda a una decisión ponderada entre los diversos bienes jurídicos que están en tensión, el constituyente dispuso una serie de principios de carácter sustantivo. Es así como las leyes que toquen temas atinentes a las competencias de las entidades territoriales deben respetar los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
El Tribunal demandando afirmó que los municipios tienen competencia para pronunciarse sobre los proyectos mineros y/o energéticos que se pretendan desarrollar en su territorios, lo cual sustentó con lo expuesto en la sentencia T-445 de 19 de agosto de 2016, en la cual se abordaron temas como la autonomía territorial, el ordenamiento territorial y los usos del suelo, la protección de los recursos naturales y la explotación sostenible de los mismos; la política minera nacional y el impacto de la minería en aspectos inherentes a las competencias de los municipios donde se desarrolla.
Consideró que por el impacto que genera la minería en el ordenamiento territorial y por tratarse de un tema de interés nacional, frente al cual existen competencias de las autoridades nacionales para regular dicha actividad, cualquier regulación que se haga al respecto debe ser bajo el marco de las competencias legales en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Respecto de la necesidad de armonizar las funciones de los municipios y la Nación, acogió lo expuesto por el Consejo de Estado en la providencia de 9 de noviembre de 2017 que resolvió una medida cautelar en una acción de tutela en la que se recogieron los pronunciamientos de la Corte Constitucional en las sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016 y C-389 de 2016 y se hizo especial énfasis en la competencia que tiene la Nación en asuntos relacionados con la extracción de recursos naturales no renovables y en los cuales se aplican los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con los entes territoriales, lo cual impone que su ejercicio se haga de manera armónica de modo que la acción de los distintos órganos sea complementaria y conducente para lograr los fines del Estado.
En ese orden, precisó que:
“[…] ni los municipios en su autonomía para decidir sus asuntos locales ni las autoridades nacionales en sus competencias pueden decidir por sí solos sobre la explotación de los recursos naturales no renovables en determinadas zonas del país, sino que ello debe realizarse de manera coordenada y concertada, pues existen normas, de carácter nacional que regulan el tema de la explotación minera las cuales fueron citadas en esta providencia, que tienen vigencia en la actualidad y por lo tanto deben ser tenidas en cuenta por los municipios al momento de regular dicha actividad en sus localidades; además de tener en cuenta que la actividad minera tiene consecuencias graves en el medio ambiente cuya regulación corresponde a autoridades ambientales. […]”
Finalmente, el Tribunal analizó las facultades que la Constitución Política le otorga a los Concejos Municipales para regular el uso del suelo y con fundamento en la jurisprudencia concluyó que no es absoluta, pues en materia minera existen regulaciones especiales y no se puede desconocer que el Estado es el propietario de los minerales yacentes en el suelo y el subsuelo.
Así las cosas, la Sala considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo de Antioquia al adoptar la decisión que aquí se censura, por las siguientes razones:
El artículo 1.° de la Constitución Política señala que Colombia es una República Unitaria, sin embargo, no se puede desconocer que también se reconoce como descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales, es decir, que el Estado optó por un modelo compuesto, (unitario con autonomía) como una forma de plantear soluciones armónicas ante las diversas formas en que se considere debe organizarse la República.
Sin embargo, todos los colombianos se rigen por un solo régimen constitucional y por las leyes que expide el Congreso de la República.
El mencionado artículo también consagra que Colombia es una República democrática, participativa y pluralista.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que los principios de Estado Unitario y de autonomía territorial deben respetarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 288 de la Carta que consagra que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales se ejercen conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley orgánica que regule la materia, es decir que de acuerdo con la estructura territorial que en ella se consagra, el principio unitario permite la existencia de medidas generales que deben seguirse en todo el territorio sin afectar la autonomía territorial.
En ese orden, se tiene que en un Estado Social de Derecho se deben armonizar los principios del Estado Unitario y la autonomía territorial sin que ninguno de ellos reclame poder absoluto sobre los asuntos sometidos a tensión. Al respecto la Corte en la sentencia T-445 de 2016, consideró:
“[…] Por tal motivo, la interpretación y aplicación de estos principios debe estar encaminada a obtener su pleno equilibrio y coexistencia, sin que ninguno de ellos sea absoluto en perjuicio del otro: el concepto de unidad del Estado colombiano no puede ser utilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogestión de las entidades territoriales, y a su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias naturales de las instancias territoriales centrales […]”.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la autonomía territorial se enmarca en el principio de legalidad, tal y como lo señalan los artículos 287 y 288 de la Constitución Política, según los cuales, el ordenamiento superior y la ley limitan el ejercicio de esa garantía institucional.
Ahora bien, uno de los aspectos que más genera tensión entre los mencionados principios es la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales, en cuanto el principio unitario permite la existencia de parámetros que deban seguirse en todo el territorio, mientras que la autonomía territorial exige la salvaguarda de un espacio de decisión propio a las autoridades territoriales.
En ese sentido, la Corte Constitucional sostuvo:
“[…] Estos dos principios se relacionan de dos modos distintos: Por un lado, existe un sistema de limitaciones recíprocas, en el que el concepto de autonomía territorial se encuentra restringido por el de unidad, y a la inversa, la unidad se encuentra circunscrita por el núcleo esencial de la autonomía. Por tal motivo, la interpretación y aplicación de estos principios debe estar encaminada a obtener su pleno equilibrio y coexistencia, sin que ninguno de ellos sea absoluto en perjuicio del otro: el concepto de unidad del Estado colombiano no puede ser utilizado como pretexto para desconocer la capacidad de autogestión de las entidades territoriales, y a su turno, la autonomía de las entidades territoriales no puede ser entendida de manera omnímoda, hasta el punto de hacer nugatorias las competencias naturales de las instancias territoriales centrales. […].
“[…] Los principios de unidad y autonomía no se contradicen sino que deben ser armonizados. De esa manera se afirman los intereses locales pero se reconoce la supremacía de un ordenamiento superior, con lo cual la autonomía de las entidades territoriales no se configura como poder soberano sino que se explica en un contexto unitario. El equilibrio entre ambos principios se constituye entonces a través de limitaciones. Por un lado, el principio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, con lo cual se reconoce la posición de superioridad del Estado unitario, y por el otro, el principio unitario debe respetar un espacio esencial de autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última. […]”
“[…] Es evidente que los principios de descentralización y autonomía sólo pueden ser entendidos en su prístino sentido al ser relacionados con el de unidad, ya que a falta de la delimitación que éste les proporciona, la afirmación de los intereses locales, seccionales y regionales conduciría a la configuración de un modelo organizativo distinto al propugnado por las normas constitucionales vigentes. Descentralización y autonomía se desenvuelven en perfecta compatibilidad con la unidad nacional, de modo que no resulta jurídicamente atendible que, en razón de una interpretación separada de las normas que consagran estos principios, cada uno de ellos sea tomado en términos absolutos, porque al proceder de esa manera se priva de todo contenido al principio que no es tenido en cuenta y, además, se propicia una errada comprensión del que es considerado, por cuanto su adecuado y cabal sentido no proviene de su entendimiento aislado, sino de su ineludible compenetración sistemática con los restantes.[…]”
La Corte Constitucional, también fijó unos límites a estos principios, de manera que la autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley, y el principio unitario debe respetar el espacio esencial de la autonomía cuyo límite lo constituye el ámbito en que se desarrolla esta última.
De acuerdo con los anteriores planteamientos la Sala considera que los argumentos de los demandantes dirigidos a que las autoridades territoriales de forma unilateral pueden prohibir actividades mineras no están llamados a prosperar, en la medida que dichas actividades no son competencia solo de la Nación, ni de los departamentos o los municipios, ya que por las implicaciones que tiene dicho tema es competencia de todos los niveles, máxime cuando deben articularse en desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, los cuales son de rango constitucional, toda vez que son los parámetros a través de los cuales se armoniza los principios de Estado Unitario y Autonomía Territorial.
La Corte Constitucional en la sentencia C-035 de 2016, estudió y reiteró concretamente la jurisprudencia sobre autonomía territorial y su relación con la preservación del principio de estado unitario en materia minera. Allí realizó un examen sobre las competencias de planeación del suelo y la facultad de la Nación en la expedición de políticas, autorizaciones y declaratoria de zonas mineras, para el efecto, hizo referencia al principio de concurrencia que también se mencionó en la sentencia C-123 de 2014 y dijo que el mismo “[…] implica que existen una serie de fines del Estado cuya realización requiere de la participación tanto de las autoridades del Estado a nivel nacional, como de las entidades del nivel territorial.[…]”
Así las cosas, esta Sala concluye que los defectos invocados supra por los actores no se configuran y por consiguiente no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión se fundamentó en criterios jurisprudenciales relativos a la competencia de los entes territoriales y la Nación, que los actores señalan como desconocidos y con los cuales se pudo determinar que el Concejo Municipal de Jericó carecía de competencia para expedir el acuerdo que prohíbe la minería en su territorio.
Por tanto, la decisión adoptada por el Tribunal se sustentó en la jurisprudencia pertinente y en las disposiciones normativas aplicables al caso concreto y aunque citó algunas que fueron declaradas inexequibles como las contenidas en la Ley 685 de 2001, lo cierto es que esa referencia se hizo con el objeto de poner de presente los argumentos de la Corte Constitucional relacionados con la tensión existente por las competencias entre las entidades y no aplicándolas directamente al caso concreto.
2.10.3 Conclusiones de la Sala
Con fundamento en los planteamientos anteriormente expuestos, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia en la sentencia del 12 de diciembre de 2017 proferida en el proceso de revisión de constitucionalidad y legalidad de acuerdo municipal con número único de radicación 11001-03-15-000-2018-00302-00, no incurrió en violación directa de la Constitución, defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial o decisión sin motivación y por tanto no vulneró los derechos fundamentales cuya protección se reclaman en la presente acción de tutela, razón por la cual se negaran las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.
Así las cosas, la Sala concluye que los planteamientos realizados por la parte demandante en el presente asunto obedecen a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que adoptó la autoridad judicial demandada y en ese sentido se evidencia el descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional.
La Sala considera que la providencia enjuiciada se encuentran enmarcada dentro del principio de la autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, conforme a los cuales, la función judicial goza de libertad, entendida como la ausencia de presiones ejercidas sobre los funcionarios jurisdiccionales por otros órganos del poder, e independencia, que se predica dentro de la Rama Judicial, en los términos de la Constitución y la ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR el amparo interpuesto por los señores Carlos Arturo Londoño Jaramillo, John Jairo Arcila Sierra, Martha Cecilia Espinosa Echeverry, Jovany Zapata Hernández, Oscar Antonio Bermúdez Cataño, Diego Alexander Castañeda Arcial y Rodrigo Elías Negrete Montes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
El artículo 151 del CPACA señala: Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia […] 4.- De las observaciones que formula el gobernador del departamento acerca de la constitucionalidad y legalidad de los acuerdos municipales, y sobre las objeciones, y sobre las objeciones, por los mismos motivos, a los proyectos de ordenanzas […]”
Carlos Arturo Londoño Jaramillo, John Jairo Arcila Sierra, Martha Cecilia Espinosa Echeverry, Jovany Zapata Hernández, Oscar Antonio Bermúdez Cataño, Diego Alexander Castañeda Arcial, en calidad de Concejales del municipio de Jericó (Antioquia)
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”
“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”
“Por medio de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA y se dictan otras disposiciones.”
“[…] Artículo 65. Funciones de los Municipios, de los Distritos y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios y a los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les sean delegadas por la ley o de las que se deleguen o transfieran a los alcaldes por el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
[…]
2. Dictar con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del municipio; […]”
“[…] Artículo 313. Corresponde a los Concejos:
[…]
9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. […]”
“Por el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.”
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia se notificó el 19 de enero de 2018 y la presente acción de tutela se presentó el 1° del febrero del mismo año. Sentencias T-1143 de 2003 y T-1045 de 2008. Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999. Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P.
Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Sentencia de 24 de mayo de 2010, Expediente T-2.495.674 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
M.P. Eduardo Montealegre Lynett
Por ejemplo en la sentencia T-233 del 29 de marzo de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, se dijo “Respecto del defecto sustantivo referido, que la jurisprudencia de la Corte denomina falta de motivación de la decisión judicial (…)”, o en la T-114 del 21 de febrero de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Corte consideró que en ese caso el tribunal demandado incurrió en “vía de hecho por defecto sustantivo” por dos razones, siendo la primera de ellas la “insuficiente argumentación” o en las sentencias T-200, T-684, T-688 y T-1237 de 2004 (En todas M.P. Clara Inés Vargas Hernández) , al momento de citar el precedente que ilustra el uso de la ‘decisión sin motivación’ como causal específica, se estableció en la nota de pie de página: “[s]obre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260/99, T-814/99, T-784/00, T-1334/01, SU.159/02, T-405/02, T-408/02, T-546/02, T-868/02, T-901/02”. (subraya fuera de texto). Cfr. Sentencia T-302 del 3 de abril de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño
Cfr. T-247 del 28 de marzo de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil)
Sentencia C-889 de 2012. Sentencia C-145 de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta, Número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-02829 00, C.P. Rocío Araujo Oñate. Al respecto citó apartes de la sentencia C-145 de 2015. Auto 383 de 2010. Auto 383 de 2010 y sentencia C-145 de 2015. Sentencia C-595 de 1996
Sentencia C-373 de 1997
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