Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00343-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra proviencia judicial: auto que declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00343-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00343-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
23 de agosto de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIENCIA JUDICIAL - Auto que declara probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD - De licencia de construcción expedida por la Curaduría Urbana de Barranquilla / LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN - Acto administrativo de contenido particular y concreto / INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL / DEBER DEL JUEZ DE ADECUAR EL MEDIO CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Se configura / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO - Adecuada valoración probatoria / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOA FUNDAMENTALES
La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada desconoció que por tratarse de una licencia de construcción, que produce efectos colectivos o comunitarios, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaba improcedente en el caso concreto (…) [L]o primero que advierte la Sala es que la licencia de construcción es un acto de contenido particular y concreto en cuanto genera efectos vinculantes a particulares determinados, no obstante lo cual si con su expedición se afecta “en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico”, resulta procedente la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…) [D]e cara al deber del juez contencioso, previsto en el inciso primero del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, de dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, la Sala advierte que ello no procedía en el caso concreto tramitar la demanda según el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante i) el indebido agotamiento de los recursos que procedían contra el acto en sede administrativa; ii) la omisión en el agotamiento de la conciliación prejudicial y iii) la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En conclusión, la Sala no encontró vulnerados los derechos fundamentales alegados por la parte actora y, por el contrario, la providencia censurada se encuentra ajustada a las normas procesales aplicables al caso.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 171
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de agosto del dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00343-01(AC)
Actor: JAIME RAFAEL BARRETO BARRETO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte actora contra la sentencia del 5 de junio de 2018, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
1.1. Mediante escrito radicado el 13 de febrero de 2018, en la Secretaría General de esta Corporación, el señor Jaime Rafael Barreto Barreto, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Tales derechos los consideró vulnerados, con ocasión del auto interlocutorio del 6 de diciembre de 2017, dictado por la referida autoridad judicial, que confirmó la providencia del 16 de agosto de 2017 del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla del 16 de agosto de 2017, que declaró probada de oficio la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda de nulidad, presentada por el accionante en contra de la Curaduría Urbana Primera de Barranquilla, por indebida escogencia del medio de control, en el proceso radicado número 08001333300520150008900.
1.2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó que se dejara sin efectos la providencia censurada.
1.3. Como sustento de sus pretensiones, el accionante presentó los siguientes argumentos:
1.3.1. La autoridad accionada se sustrajo de constatar los vicios de “ineficacia plena de un negocio jurídico, ante los jueces competentes, constituye un precedente vertical imperativo del H. CONSEJO DE ESTADO, que de haberlo observado habría dejado el acto administrativo en cuestión sin piso legal y/o ineficaz de pleno derecho: INEXISTENTE.”
1.3.2. En la providencia judicial se dejaron de aplicar las disposiciones que regulan los elementos esenciales de los contratos y/o negocios jurídicos, esto es, los artículos 897 del Código de Comercio, 1501 y 1502 del Código Civil, por cuanto “se sustrajo de apreciar claros y profusos precedentes verticales aportados como sustentos jurídicos del CONSEJO DE ESTADO y de la CORTE CONSTITUCIONAL, entre otras, Sent. T-215 de 2011, T-311 de 2013 de la Corte Constitucional; Sent. Quince (15) de agosto de dos mil seis (2006). Referencia: expediente número 08001-31-10-003-1995-9375-01; Sent. Ref. Exp. No. 08001-31-1030401999-01651-0, de diciembre 13 de 2013 de la Corte Suprema de Justicia.”
1.3.3. Se desconocieron los numerales 5 y 12 del artículo 42 del Código General del Proceso, referidos al control de legalidad de la actuación.
1.3.4. Con la pretensión de nulidad del acto administrativo no se solicitó un restablecimiento del derecho, sino la protección de la legalidad en abstracto.
1.3.5. En la decisión censurada no se apreció que la Resolución Administrativa 543 del 16 de diciembre de 2014, carece de sustento probatorio.
1.3.6. La providencia adolece de defectos fáctico, sustantivo y procedimental, “por haber sido emanados con carencia de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el sustento legal en el que se sustentaron, por lo tanto tales actos fueron concebidos con violación del debido proceso (sic).”
1.3.7. Precisó que la acción de simple nulidad procede excepcionalmente contra actos administrativos de contenido particular y concreto, cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor del demandante o de un tercero.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en el fallo:
2.1. Mediante escrito radicado en la Oficina Judicial de Barranquilla el 11 de mayo de 2015, el señor Jaime Rafael Barreto Barreto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrada en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución 543 del 16 de diciembre de 2014, expedida por la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla.
Por medio del referido acto administrativo se aprobó el plano arquitectónico general del proyecto denominado Villa de San Marcos y se concedió la correspondiente licencia urbanística de construcción a la sociedad INOS S.A.S., con una duración de 24 meses, prorrogables por una vez por 12 meses más.
2.2. El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, al cual le fue asignada por reparto la demanda referida, según auto del 22 de mayo de 2015, la inadmitió para que i) se adecuara a la normatividad prevista en la Ley 1437 de 2011; ii) se aportara el buzón electrónico para notificaciones judiciales, el cd contentivo de la demanda y allegara las copias de esta y de sus anexos para los correspondientes traslados.
2.3. Al haber sido subsanada oportunamente la demanda, fue admitida, mediante proveído del 5 de junio de 2015 y después de trabada la Litis se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial en la que se resolvieron las excepciones previas y mixtas.
2.3.1. En esa oportunidad el juzgado consideró que se configuraba la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control, toda vez que el acto administrativo demandado es de contenido particular y concreto y “revisada la demanda no se advierte ninguna de las circunstancias excepcionales que permitan conocer de las pretensiones del actor a través del medio de control de nulidad. En efecto, no se informa en la demanda que se trata de recuperar bienes de uso público o que los efectos del acto administrativo afecten de manera grave el orden público, político, económico, social o ecológico.”
2.3.2. El a quo del proceso ordinario consideró que se perseguía el restablecimiento automático de un derecho, toda vez que de la licencia de construcción demandada se desprende la conservación de un status en relación con la medida cautelar de inscripción de una demanda de pertenencia “en la medida en que se suspendería la realización de la referida construcción sobre los terrenos aquellos sobre los que versa una controversia en torno a su propiedad, situación ésta que a las voces del parágrafo único del artículo 137 del CPACA obliga a que la demanda se tramite bajo las reglas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En este punto debe recordarse que según la misma norma resulta indiferente la persona a favor de quien se pueda generar el restablecimiento del derecho.”
2.3.3. Consideró, en consecuencia, que el medio de control adecuado era el de nulidad y restablecimiento del derecho pero que cualquier esfuerzo del despacho por adecuar la acción a la que correspondía no era posible, por cuanto se ha configurado la excepción propuesta por el tercero vinculado, sociedad INOS S.A.S. “esto es la de inepta demanda por ausencia del requisito de falta de agotamiento de los recursos que de acuerdo con la ley debieron interponerse.”
2.3.4. Sobre el indebido agotamiento de los recursos, advirtió que “La parte actora solicita la nulidad de la Resolución No. 543 del 16 de diciembre de 2014 proferida por la Curaduría Urbana de Barranquilla en cuyo artículo decimosexto se indicó que contra la misma procedía el recurso de apelación ante la Secretaría de Planeación Distrital. Revisado el material probatorio allegado al expediente, no obra prueba que indique que la parte actora haya hecho uso del recurso de apelación, ni tampoco demanda acto confirmatorio alguno, por lo cual se colige que no fue agotada la discusión previa ante la misma administración”.
2.3.5. Tampoco encontró acreditado el requisito de agotamiento de la conciliación previa, al tiempo que estimó que operó la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que tornara procedente la adecuación oficiosa del medio de control.
2.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico, en providencia del 6 de diciembre de 2017 en la que confirmó la decisión de primera instancia.
2.4.1. El ad quem del proceso ordinario, se refirió in extenso a la evolución jurisprudencial sobre la teoría de los móviles y finalidades y al contenido normativo del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2.4.2. Estudió la naturaleza jurídica de las licencias de construcción con fundamento en la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, concluyendo que se trata de un acto de contenido particular y concreto. Adicionalmente, “no tiene la connotación o no se encuentra en ninguna de las condiciones o situaciones jurídicas” contempladas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
2.4.3. Consideró igualmente que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto 1052 de 1998, por medio del cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, contra los actos que resuelven las solicitudes de licencias proceden recursos en sede administrativa, los cuales no fueron agotados.
2.4.4. En relación con el último argumento precisó que, según lo dispone el artículo 161 numeral 2º de la Ley 1437 de 2011, cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueron obligatorios, concluyendo que “en lo concerniente a que no se puede adecuar el medio de control al de nulidad y restablecimiento del derecho, se da una inepta demanda por no haberse ejercido los recursos que por ley eran obligatorios…”
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
4.1.1. Mediante auto del 8 de febrero de 2018, la Magistrada Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela; dispuso notificar a la parte actora y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, como autoridad accionada.
4.1.2. En la misma providencia ordenó la vinculación del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, de la Curaduría Primera Urbana de Barranquilla y de la sociedad INOS S.A.S., como terceros interesados en el resultado del proceso.
4.1.3. Se ordenó igualmente la publicación del auto admisorio de la demanda en la página web del Consejo de Estado, la que se llevó a cabo el 15 de febrero de 2018, según constancia visible a folio 42 del expediente.
4.2. Contestación de la autoridad accionada – Tribunal Administrativo del Atlántico
4.2.1. La Magistrada Ponente de la decisión censurada, presentó informe del 19 de febrero de 2018, en el cual se opuso a la petición de amparo.
4.2.2. Informó el trámite que se le dio al recurso de apelación interpuesto contra el auto que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción.
4.2.3. Advirtió que de la declaración de nulidad del acto administrativo surgía en forma automática el restablecimiento del derecho. Adicionalmente, en consideración a la naturaleza jurídica del acto no era posible su enjuiciamiento a través de la acción de nulidad simple.
4.2.4. Hizo referencia al principio de autonomía judicial y manifestó que la decisión no incurrió en defecto alguno.
4.3. Informes de los terceros vinculados
El Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y la Curaduría Primera Urbana guardaron silencio, no obstante estar debidamente notificadas de la existencia de la presente acción.
4.4. Fallo impugnado
4.4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado dictó sentencia del 5 de julio de 2018, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela.
4.4.2. El a quo precisó que la parte actora invocó los defectos fáctico, sustantivo, procedimental y desconocimiento del precedente, sin embargo, no agotó la carga argumentativa frente a los defectos fáctico y procedimental, lo cual impedía estudiarlos de fondo.
4.4.3. Estudió a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional el requisito de procedibilidad referido a la relevancia constitucional, para concluir que el accionante “acudió al mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional al trámite judicial que adelantó ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el propósito de reabrir el debate que se encuentra superado, en torno a la declaratoria de oficio de la ineptitud de la demanda.”
4.4.4. Manifestó que las inconformidades presentadas por la parte actora fueron resueltas por el Tribunal Administrativo del Atlántico, sustentando esta afirmación con la transcripción de la parte motiva del auto interlocutorio censurado. Al respecto, advirtió que la decisión se adoptó con fundamento en la teoría de los móviles y las finalidades.
4.4.5. Señaló que en el escrito de tutela el accionante abordó la problemática resuelta en el auto que resolvió la apelación, invocando en esta oportunidad los mismos argumentos que expuso en el proceso ordinario, sin que se dable convertir la acción de amparo en una tercera instancia.
La sentencia se notificó por medios electrónicos a las partes y a los interesados el 11 de julio de 2018, según constancias visibles a folios 64 a 73 del cuaderno principal.
4.5. Impugnación
El apoderado de la parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, según escrito radicado el 16 de julio de la presente anualidad; en el que presentó los siguientes argumentos:
4.5.1. Desde el libelo introductorio precisó que no pretende emplear el mecanismo de protección constitucional como si se tratara de una tercera instancia y que en el proceso ordinario pretendió la defensa de la legalidad en abstracto.
4.5.2. Consideró que la acción ejercida tiene relevancia constitucional, toda vez se encuentran vulnerados sus derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
4.5.3. Afirmó que, por tratarse de una licencia de construcción, la misma produce efectos colectivos o comunitarios, por lo que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaba improcedente en el caso concreto.
4.5.4. Consideró que se dejaron de aplicar precedentes jurisprudenciales, referidos a que las licencias de construcción que constituyen actos que se encuentran subordinados al interés público en general y al plan de ordenamiento territorial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 5 de julio de 2018, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la acción instaurada por el señor Jaime Rafael Barreto Barreto contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena.
2. Problemas jurídicos
2.1. Le corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la referida sentencia que declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Jaime Rafael Barreto Barreto, para lo cual se deberán resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.1.1. Si el asunto de la referencia reviste relevancia constitucional que permita estudiar de fondo los defectos alegados por la parte actora.
2.1.2. Si la providencia judicial censurada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, al declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción.
2.2. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva, y realizará el iii) análisis del caso concreto de acuerdo con los argumentos de impugnación.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
Bajo las anteriores directrices se estudiará el caso de la referencia.
4. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva
4.1. En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que la providencia judicial que censura la parte actora, fue proferida dentro del proceso de nulidad simple que promovió la parte actora en contra de la Curaduría Urbana No. 1 de Barranquilla.
4.2. De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, pues la acción de tutela pretende cuestionar el auto proferido el 6 de diciembre de 2017, notificado por medios electrónicos el 7 de diciembre de 2017, ejecutoriado el 10 de ese mismo mes y año y, la acción de tutela se presentó el 13 de febrero de 2018, es decir, se formuló dentro de un término que a juicio de la Sala resulta razonable.
4.3. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa para controvertir las decisiones que, en concepto de la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales, se advierte que no cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el efecto, toda vez que se agotó el recurso de apelación y por tratarse de un auto interlocutorio no proceden los recursos extraordinarios.
5. Examen del caso concreto
5.1. Relevancia constitucional
5.1.1. Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005 incluyó como un requisito genérico de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que la cuestión sea de relevancia constitucional y, en relación con el mismo, precisó que ello obedece al respeto “por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”.
Es así como al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en cada caso concreto lo estudia en relación con las pretensiones de la demanda y concretamente con los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
5.1.2. En el caso concreto, el accionante invoca como vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso –artículo 29 Constitucional– y de acceso a la administración de justicia, definido este último como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.
5.1.3. Los derechos invocados por el actor trascienden lo meramente legal, toda vez si al estudiar las providencias censuradas en relación con los defectos alegados estos se encontraran acreditados, ello impactaría en el núcleo esencial de los referidos derechos invocados que son de rango constitucional, correspondiéndole al juez constitucional garantizarlos en la mayor medida posible.
5.1.4. Lo anterior cobra mayor trascendencia en el sub examine si se tiene en cuenta que la providencia censurada declaró probada la excepción de inepta demanda por indebida escogencia de la acción, con lo que se terminó anticipadamente el proceso, correspondiendo al juez constitucional garantizar el acceso a la administración de justicia si encuentra acreditado que la providencia incurrió en los defectos señalados por la parte actora.
5.1.5. Por otra parte, la Sala precisa que no es posible declarar improcedente la acción de tutela con el argumento de que los alegatos fueron expuestos en el proceso ordinario.
5.1.5.1. Lo anterior por cuanto, precisamente, se encuentra consagrado como presupuesto de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que el argumento que se invoque como sustento del cargo haya sido expuesto en el proceso ordinario siempre que ello hubiera sido posible.
5.1.5.2. Tal presupuesto de procedencia fue expuesto por la Corte Constitucional, en la citada sentencia C-590 de 2005, en los siguientes términos:
“Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”.
5.1.5. En consecuencia, la Sala tendrá por superado el requisito en cuestión y analizará los argumentos de la impugnación.
5.2. Procedencia de la acción de nulidad según la naturaleza jurídica del acto censurado en sede contencioso administrativa
5.2.1. La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada desconoció que por tratarse de una licencia de construcción, que produce efectos colectivos o comunitarios, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resultaba improcedente en el caso concreto.
5.2.2. Adicionalmente, consideró que se dejaron de aplicar “precedentes jurisprudenciales”, referidos a que las licencias de construcción son actos que se encuentran subordinados al interés público en general y al plan de ordenamiento territorial.
5.2.3. Al respecto, lo primero que advierte la Sala es que la licencia de construcción es un acto de contenido particular y concreto en cuanto genera efectos vinculantes a particulares determinados, no obstante lo cual si con su expedición se afecta “en materia grave el orden público, político, económico, social o ecológico”, resulta procedente la acción de nulidad prevista en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.2.4. Es así como, al analizar el caso concreto el juez debe no solo llenar de contenido los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en la norma, sino verificar si las circunstancias del caso y especialmente la alegación de la parte demandante encuadran jurídicamente en alguna de estas circunstancias, lo cual realizó la autoridad accionada al proferir la decisión cuestionada en esa sede, por lo que no se advierte el desconocimiento alegado por el accionante.
5.2.5. En efecto, tal como lo concluyó la autoridad accionada el demandante no alegó alguna de las circunstancias que tornan procedente la acción de simple nulidad contra actos de contenido particular y concreto, específicamente contra licencias urbanísticas en las que efectivamente está comprometido el interés general, sino que se refirió a un negocio jurídico particular.
5.2.6. La parte demandante del proceso ordinario sustentó el cargo de nulidad en que, para la fecha en la que la sociedad INOS S.A.S. solicitó licencias de urbanismo y construcción ante la Curaduría “tenía pleno conocimiento de la ilegalidad y/o nulidad absoluta de la cual adolece el negocio jurídico de compraventa pura y simple contenido, entre otros, en la escritura 332 del 25 de enero de 2001 de la Notaría Décima de Barranquilla, inscrito en el certificado inmobiliario No. 040-121101 de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla.” (Resaltado incluido en el texto)
5.2.7. De lo expuesto se desprende que la causal de nulidad invocada dependía de un negocio jurídico igualmente particular y se pretendía la defensa del mismo y no del interés general aducido en la tutela el cual no fue ni siquiera invocado en la demanda del proceso ordinario.
5.2.8. No es suficiente que un acto administrativo tenga la posibilidad de producir efectos generales para que proceda el medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, sino que en el proceso ordinario la nulidad del acto se debe fundamentar en esos intereses y no en los personales de quien ejerce el medio de control o de un tercero, como adecuadamente lo concluyó la autoridad accionada.
5.3. Desconocimiento del precedente
La Sala destaca que no es posible abordar de fondo el cargo de desconocimiento del precedente, por cuanto la parte actora no cumplió con la carga argumentativa mínima que le asiste en relación con esta alegación, referida a identificar i) la decisión que se considera desatendida, identificándola a efectos de que el juez constitucional pueda encontrarla, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de la misma en la decisión final adoptada por el fallador de instancia.
5.4. Defecto sustantivo
5.4.1. Con respecto al defecto sustantivo sustentado en indebida aplicación de los artículos los artículos 897 del Código de Comercio, 1501 y 1502 del Código Civil, referidos a los requisitos de los contratos y de las obligaciones y de los numerales 5 y 12 del artículo 42 del Código General del Proceso, relacionados con el control de legalidad de la actuación que se alegaron en el libelo introductorio, se advierte que la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa mínima de señalar porqué tales preceptos eran aplicables al caso concreto y qué incidencia tenía su utilización para resolver el asunto, en relación con el sentido de la decisión.
5.4.2. En efecto, en el caso concreto el rechazo de la demanda se presentó por la inadecuada escogencia de la acción por la parte actora, con fundamento en la teoría de los móviles y las finalidades y en el análisis de las excepciones contenidas en el inciso 4º del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, de tal manera que con las normas citadas por la parte actora para sustentar este cargo no se desvirtúan las consideración a las que se llegó en la providencia cuestionada.
5.5. Defecto fáctico
5.5.1. La parte actora consideró que la decisión censurada no se apreció que la Resolución Administrativa 543 del 16 de diciembre de 2014, carece de sustento probatorio. Sustentó el mismo, en los mismos argumentos que presentó para fundamentar el defecto sustantivo, alegando que “por haber sido emanados con carencia de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el sustento legal en el que se sustentaron, por lo tanto tales actos fueron concebidos con violación del debido proceso (sic).”
5.5.2. La alegación del tutelante en relación con el defecto fáctico se encuentra, en consecuencia, dirigida al acto administrativo censurado, en relación con el cual consideró que se expidió sin sustento probatorio y con violación del debido proceso, sin que el defecto fáctico se predique de la providencia judicial cuestionada en sede de tutela.
5.5.3. Por tal razón y, adicionalmente, por no haberse indicado en forma mínima algún medio de convicción que no hubiera sido apreciado por la autoridad accionada para tomar la decisión o que hubiese sido indebidamente valorado por esta y que tales omisiones tienen incidencia directa en la decisión adoptada por la autoridad accionada, no le es posible a la Sala estudiar de fondo el cargo objeto de análisis.
5.6. Finalmente, de cara al deber del juez contencioso, previsto en el inciso primero del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011, de dar a la demanda el trámite que corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada, la Sala advierte que ello no procedía en el caso concreto tramitar la demanda según el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ante i) el indebido agotamiento de los recursos que procedían contra el acto en sede administrativa; ii) la omisión en el agotamiento de la conciliación prejudicial y iii) la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.7. En conclusión, la Sala no encontró vulnerados los derechos fundamentales alegados por la parte actora y, por el contrario, la providencia censurada se encuentra ajustada a las normas procesales aplicables al caso.
5.8. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela para en su lugar negarla, al haber superado la causal de improcedencia expuesta por el a quo constitucional y haber encontrado que la providencia judicial no incurrió en alguno de los defectos indicados que tornen procedente la intervención del juez constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 5 de junio de 2018, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Jaime Rafael Barreto Barreto para, en su lugar, NEGAR la petición de amparo constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: DEVOLVER al despacho judicial de origen el expediente contentivo del proceso ordinario, el cual fue remitido en préstamo a esta Corporación.
NOTIFÍQUESE y CUMPLASE.
ROCIO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
CON ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAUJO OÑATE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Garantiza la autonomía judicial en la órbita de acción de los jueces de las distintas jurisdicciones / DECLARATORIA DE LA EXECPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA POR INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL - Es de relevancia constitucional
[N]o se puede desconocer el carácter de requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales con el que cuenta el criterio de la relevancia constitucional, el cual debe ser analizado en cada caso concreto, sin que sea posible concluir, de manera general que, toda acción constitucional trae implícito el cumplimiento del mismo, pues resulta evidente la necesidad de garantizar la autonomía judicial en la órbita de acción de los jueces de las distintas jurisdicciones, en aquellos casos en los cuales, al evidenciarse que el asunto carece de relevancia constitucional, no se requiere de la intervención del juez de tutela (…) En consecuencia, el juez de tutela debe ser especialmente riguroso al aplicar el principio de relevancia constitucional para determinar la procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales, pues (…) a través de dicho requisito de procedibilidad se pretende proteger el contexto natural en el que cobran pleno sentido la protección de los derechos fundamentales en la acción de tutela contra sentencias judiciales. Descendiendo al caso concreto, se advierte que el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto existe una confrontación de la situación fáctica suscitada por la parte actora, es decir, la declaratoria de la excepción relativa a la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control, de cara a sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que, el tutelante indica que la autoridad judicial accionada llegó a dicha conclusión por una indebida interpretación y aplicación normativa, razón por la cual, en aras de proteger y defender estos derechos, se hace necesaria la intervención del juez constitucional. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, sino que por el contrario, es una cuestión de relevancia constitucional que afecta las garantías de carácter constitucional fundamental del tutelante.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.
1. Antecedentes
El señor Jaime Rafael Barreto Barreto, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Tales derechos los consideró vulnerados, con ocasión del auto interlocutorio del 6 de diciembre de 2017, dictado por la referida autoridad judicial, que confirmó la providencia del 16 de agosto de 2017 del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla del 16 de agosto de 2017, que declaró probada de oficio la excepción previa de ineptitud sustantiva de la demanda de nulidad, presentada por el accionante en contra de la Curaduría Urbana Primera de Barranquilla, por indebida escogencia del medio de control, en el proceso radicado número 08001-33-33-005-2015-00089-00.
Como sustento de la vulneración alegada, la parte accionante refirió que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo pues dejó de aplicar las disposiciones que regulan los elementos esenciales de los contratos y/o negocios jurídicos, esto es, los artículos 897 del Código de Comercio, 1501 y 1502 del Código Civil. Así mismo, manifestó que se afectó el acceso a la administración de justicia, pues el medio de control de simple nulidad procede excepcionalmente contra actos administrativos de contenido particular y concreto, lo cual ocurría en el caso concreto.
El Consejo de Estado, Sección Cuarta conoció en primera instancia la solicitud de amparo de la referencia, autoridad judicial que mediante sentencia del 5 de julio de 2018 declaró la improcedencia de la acción de tutela por considerar que en el caso concreto no se cumplió con el requisito de procedibilidad adjetiva relativo a la relevancia constitucional.
En el fallo objeto de la presente aclaración de voto, se revocó la sentencia de primera instancia, para en su lugar negar la petición de amparo constitucional, al encontrar que nos configuraban los defectos alegados por el tutelante.
Si bien considero que la decisión adoptada es acertada, en la parte motiva de la providencia, al estudiar los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, concretamente el relacionado con la relevancia constitucional, se incluyó el siguiente párrafo:
“Para la Sala es necesario precisar que pese a que el a quo declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por la parte actora, en tanto consideró que no se cumplió con el requisito de relevancia constitucional, en criterio de esta Sección toda tutela contra providencia judicial lleva implícito la eventual vulneración de un derecho fundamental y por tanto el estudio de dicha figura resulta innecesario. En ese orden, la Sala analizará si la presente acción cumple los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela, ii) la inmediatez y iii) la subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección de los derechos que se dicen vulnerados. Por lo anterior, se verificará en esta instancia, los elementos en mención.”
Es frente a la posición expuesta en el párrafo transcrito que considero necesario hacer una aclaración, tal y como pasaré a exponerlo a continuación.
2. Motivos de la aclaración de voto
Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005 incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de tutela.
En relación con el primer requisito, precisó que ello obedece al respeto “por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”. Esta posición fue reiterada en la sentencia SU-035 del 3 de mayo de 2018.
Debe anotarse que la sentencia C-590 de 2005 tiene efectos de cosa juzgada constitucional y las sentencias de unificación de la Corte Constitucional tienen efecto vinculante y por ello resultaba necesario darle alcance a este presupuesto de tal manera que es necesario analizar la tensión que surge entre los cargos que soportan la solicitud de protección jurídica del núcleo esencial del derecho fundamental y la razonabilidad de la sentencia que se cuestiona, para efectos de determinar si el caso reviste relevancia constitucional o no.
Al realizar el test de procedibilidad de la acción de tutela en cada caso concreto se estudia en relación con las pretensiones de la demanda y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que se indicó que para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial se debían analizar dichos requisitos. Los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la referida sentencia C-590 de 2005, incluyendo el relativo a la relevancia constitucional se fundan en que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
Por su parte, la Corporación Constitucional reiteró lo siguiente:
“De acuerdo con la jurisprudencia decantada, los requisitos generales son:
a. Que la cuestión que se controvierte revista relevancia constitucional: esto quiere decir que le corresponde al juez verificar que en el caso bajo estudio se encuentre de por medio la afectación de derechos fundamentales y no se trate de discusiones propias del proceso ordinario ni tampoco de una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal. (…)” (Negrillas fuera de texto).
Así mismo en la sentencia T-099 de 2018 con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional al analizar el mencionado requisito estableció lo siguiente:
“13. En la Sentencia C-590 de 2005, la Corte buscó hacer compatible el control por vía de tutela de las decisiones judiciales, con los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica. Por ello, estableció diversas condiciones procesales que deben superarse en su totalidad, a fin de avalar el estudio posterior de las denominadas causales especiales.
Tales condiciones son: (i) que la cuestión sea de relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance; (iii) que se cumpla el principio de inmediatez; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales y (vi) que no se trate de una tutela contra tutela.
13.1. Frente a la exigencia de que lo discutido sea de evidente relevancia constitucional, esta Corte ha dicho que obedece al respeto por la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones. Debe el juez de tutela argumentar clara y expresamente por qué el asunto puesto a su consideración es realmente una cuestión de relevancia constitucional, que afecta los derechos fundamentales de las partes.”
Al estudiar el caso concreto, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia T-099 de 2018 concluyó que “la tutela analizada involucra un asunto de relevancia constitucional: la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la seguridad social que inciden en la garantía del mínimo vital de la accionante. De este modo, el asunto objeto de análisis trasciende la protección de derechos de estirpe exclusivamente legal.”
Por otro lado, el Alto tribunal de lo constitucional también ha determinado la improcedencia de la acción de tutela cuando no cumple con dicho requisito. En efecto en la sentencia T-458 del 29 de agosto de 2016 con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva manifestó:
“El asunto carece de relevancia constitucional por plantear una discusión legal referente a: i) el reconocimiento o no, del incentivo económico en acciones populares y la interpretación sobre la ley 1425 de 2010; y ii) el pago de impuestos a la Gobernación de Cundinamarca por concepto de su incorrecto cálculo al momento del registro del acta de liquidación de la Sociedad Luz de Bogotá S.A, al ser también una discusión de carácter legal, que no involucra de forma palmaria derechos fundamentales y adicionalmente, el Consejo de Estado le dio la razón a la Gobernación de Cundinamarca que salvaguardó el patrimonio público.”
Esta posición ha sido reiterada por el Alto Tribunal Constitucional en la sentencia T-289 del 23 de julio de 2018 con ponencia del Magistrado Carlos Bernal Pulido, en la cual se analizaron los aspectos constitutivos de la relevancia constitucional:
“66. La relevancia constitucional es el primer requisito genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Este requisito implica evidenciar, clara y expresamente, que “la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”. Según la jurisprudencia constitucional, este requisito persigue al menos tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia del juez ordinario, (ii) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales.
67. Primero, la relevancia constitucional tiene como finalidad que el juez constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan de una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De esta manera, se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones” y, de contera, se erige en garantía misma de la independencia de los jueces ordinarios.
68. Segundo, el requisito de la relevancia constitucional busca evitar que, por medio de la acción de tutela contra providencias judiciales, se discutan asuntos legales que, por definición, no le compete resolver al juez de tutela, cuya competencia se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. En otras palabras, este requisito garantiza que la tutela en contra de decisiones judiciales no se convierta en un escenario para controvertir y “discutir asuntos de mera legalidad”. La Corte ha sostenido al unísono que “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional.”
69. Tercero, el requisito de relevancia constitucional tiene como objetivo evitar que este mecanismo se convierta en una instancia o en un recurso judicial adicional. En este sentido, la Corte ha exigido que “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Solo así, la intervención del juez de tutela, por definición excepcional, no se convierte en una instancia más dentro de los procesos ordinarios.
70. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, para esta Sala es claro que el asunto sometido a su análisis carece de relevancia constitucional. El actor considera que, con las providencias demandadas, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales, debido a que rechazaron su solicitud de nulidad, pese a la presunta realización del remate con base en un avalúo que arrojó un valor inferior del bien inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 156-43721, objeto de las diligencias. La supuesta irregularidad advertida por el actor no cumple con este con este requisito, debido a que (i) se trata de un asunto meramente legal, (ii) que busca plantear una controversia netamente patrimonial, y que, por tanto, (iii) no tiene una relación directa con la presunta vulneración o amenaza del derecho al debido proceso u otro derecho fundamental del actor.” (Negrillas fuera de texto)
Teniendo en cuenta lo anterior no se puede desconocer el carácter de requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales con el que cuenta el criterio de la relevancia constitucional, el cual debe ser analizado en cada caso concreto, sin que sea posible concluir, de manera general que, toda acción constitucional trae implícito el cumplimiento del mismo, pues resulta evidente la necesidad de garantizar la autonomía judicial en la órbita de acción de los jueces de las distintas jurisdicciones, en aquellos casos en los cuales, al evidenciarse que el asunto carece de relevancia constitucional, no se requiere de la intervención del juez de tutela.
Es así como el legislador ha querido proteger el carácter residual de la acción de tutela, estableciendo como principio la relevancia constitucional con la que deben contar los asuntos sometidos a la jurisdicción constitucional.
En consecuencia, el juez de tutela debe ser especialmente riguroso al aplicar el principio de relevancia constitucional para determinar la procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales, pues como se indicó en párrafos precedentes, a través de dicho requisito de procedibilidad se pretende proteger el contexto natural en el que cobran pleno sentido la protección de los derechos fundamentales en la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Descendiendo al caso concreto, se advierte que el asunto es de relevancia constitucional, por cuanto existe una confrontación de la situación fáctica suscitada por la parte actora, es decir, la declaratoria de la excepción relativa a la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia del medio de control, de cara a sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, ya que, el tutelante indica que la autoridad judicial accionada llegó a dicha conclusión por una indebida interpretación y aplicación normativa, razón por la cual, en aras de proteger y defender estos derechos, se hace necesaria la intervención del juez constitucional.
Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, sino que por el contrario, es una cuestión de relevancia constitucional que afecta las garantías de carácter constitucional fundamental del tutelante.
En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Folio 16 del cuaderno principal.
Folio 11 del cuaderno principal.
Folio 253 del expediente del proceso ordinario que fue allegado en préstamo.
Folio 253 del expediente del proceso ordinario.
Ob Cit.
Folio 258 del cuaderno número 1 del proceso ordinario.
Folio 29 del cuaderno principal.
Beneficiaria de la licencia urbanística concedida por la Curaduría Urbana de Barranquilla.
Folio 61 del cuaderno principal.
La impugnación fue presentada dentro del tiempo que establece el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991.
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Corte Constitucional, Sentencia T-283 del 16 de mayo de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Numeral 3º del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.
Folio 3 del cuaderno principal.
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Corte Constitucional, Sentencia SU-035 del 3 de mayo de 2018 con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes Cuartas
Corte Constitucional, sentencia T-099 del 22 de marzo de 2018. M.P. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Ver también las sentencias T-054 del 22 de febrero de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; T-212 del 1º de junio de 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Ver entre otros las sentencias T-715 del 15 de diciembre de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; T-136 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa
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