Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00360-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00360-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00360-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
26 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Cómputo
Se precisa que el Tribunal del Tolima justificó de manera suficiente su decisión de rechazar las demandas interpuestas, al encontrar que no era posible contabilizar el término de caducidad a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ya que la reestructuración del crédito hipotecario como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, había sido previamente estudiado por esa corporación, pues aseguró que desde el año 2012 se profirieron sendas providencias en ese sentido, incluso, hizo referencia a las mismas. (…) [El] literal i) del numeral 2º del artículo 134 de la Ley 1437 de 2011 establece que el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Así mismo, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que en tratándose de error judicial, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse desde la fecha de ejecutoria de la providencia que ocasionó el daño reclamado. En ese sentido, el tribunal demandado fue claro en establecer que la ocurrencia del daño debe contarse desde la fecha de ejecutoriada de la providencia proferida sobre la cual se alegó el error judicial. (…) Así las cosas, se evidencia que a la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, no se le atribuyeron efectos inter comunis. En consecuencia, la parte demandante no está llamada a reclamar sus efectos, por tanto, como acertadamente lo señaló la autoridad demandada, la fecha de ejecutoria de esa decisión no podría haberse tenido como referencia para contabilizar el término de caducidad de las demandas de reparación directa interpuesta.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00360-01(AC)
Actor: FLOR NORY CONDE GONZÁLEZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTROS
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda - Subsección “A”, que declaró improcedente y negó la tutela presentada por la señora Flor Nory Conde y otros.
ANTECEDENTES
Pretensiones
Los señores Flor Nory Conde González, Luis Ángel Marín Marín, Marco Tulio Niño, Luz Enith Grajales de Niño, Martha Cecilia Niño Grajales, José Heladio Rodríguez, Elsa María Carrillo Monroy, Germán Jaramillo Páramo, Elsy Liliana Garzón Rondón, Manuel José Quintero Prieto, María Hercilia Quintero Prieto, Gustavo Herrera Rodríguez, Luz Miriam Peñaloza Arismendi, Cecilia Bazurto Rodríguez, Norma Isabel Santamaría Valencia, Abelardo Rodríguez Fino, Ismael Lizcano Ramírez, Luz Stella Gutiérrez Franco y Froilán Coy Esquivel, a través de apoderado, ejercieron acción de tutela contra las citadas autoridades, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
Como pretensión, solicitaron amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima adoptar nuevas decisiones en las que admita los medios de control de reparación directa incoados.
2. Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
2.1. Los actores señalaron que sendos Juzgados Civiles Municipales de Ibagué, conocieron de procesos ejecutivos interpuestos por varias entidades bancarias contra los accionantes, los cuales, en decisiones de primera instancia, accedieron a las súplicas de la demanda, a pesar de que dentro de esos procesos no se acreditó el requisito de procedibilidad de reestructuración de saldo real que presentaban las obligaciones objeto de cobro a 31 de diciembre de 1999, lo que se constituyó en un error judicial.
2.2. Manifestaron que al observarse el incumplimiento del citado requisito, los referidos juzgados debieron ordenar la práctica de las pruebas pertinentes, previo a admitir las demandas, con el objetivo de subsanar dicha omisión.
2.3. Expresaron que dicha irregularidad no se subsanó dentro del trámite de los procesos y a pesar de ello se profirieron mandamientos de pago, con lo que se inobservó lo previsto en el artículo 42 de la ley 546 de 1999, norma vigente al momento de incoar las acciones ejecutivas hipotecarias, por tanto, todas las actuaciones que se desarrollaron en dichos procesos estuvieron viciadas con nulidad absoluta.
2.4. Indicaron que formularon sendas acciones legales ante los Jueces Civiles del Distrito Judicial de Ibagué, en las que se aceptó la solicitud de declarar la nulidad de lo actuado en cada uno de los procesos ejecutivos hipotecarios que afectaron a los accionantes, debido a que no se acreditó la estructuración del saldo real de capital. Sin embargo, las entidades ejecutantes no aportaron documento alguno que acreditara esa situación, por tanto, las demandas fueron rechazadas y se ordenó el levantamiento de los embargos y secuestros realizados sobre el inmueble hipotecado.
2.5. Señalaron que en sentencia STC-2670 de 2015 la Corte Suprema de Justicia determinó que la reestructuración del saldo real de capital a 31 de diciembre de 1999, era requisito para incoar la acción ejecutiva hipotecaria en contra de los deudores, y que de no acreditarse esta, el cobro se haría inexigible, por tanto, los procesos promovidos por las entidades bancarias contra sus deudores estaban viciados de nulidad absoluta. Así, para la fecha de expedición de la mencionada providencia, esto es, 30 de marzo de 2015, desapareció la presunción de legalidad de que gozaban los procesos ejecutivos hipotecarios que condujeron a la pérdida de inmuebles por remate y se configuró un daño gravísimo, al haberse dado trámite a procesos ilegales.
2.6. Manifestaron que por los anteriores hechos interpusieron acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de las que conocieron sendos Juzgados Administrativos de Ibagué, en las que solicitaron el reconocimiento de los perjuicios generados por el error judicial en que incurrieron dichos Juzgados.
2.7. Indicaron que las mencionadas acciones fueron rechazadas por caducidad con el argumento de que no fueron promovidas dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de expedición de las providencias que ordenaron el mandamiento de pago. Además, las referidas autoridades expresaron que la sentencia de tutela STC-2670 de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia, solo tenía efectos inter partes.
2.8. Señalaron que contra la mencionada decisión interpusieron recurso de reposición, en el que alegaron que la caducidad debía contarse desde la fecha de expedición de la mencionada sentencia.
2.9. Expresaron que se encontraban en la misma situación de hecho y de derecho que el señor Alberto González Villalva, ciudadano que promovió la acción de tutela que conllevó a la expedición de la sentencia STC-2670 de 2015, por parte de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, solicitaron tener en cuenta los argumentos previstos en la Sentencias T – 583 de 2006 y C – 816 de 2011, y en el Auto A-207 de 2010, proferidos por la Corte Constitucional.
Argumentos de la tutela
Indicaron que las providencias judiciales proferidas en los procesos ejecutivos formulados por entidades bancarias adolecen de nulidad absoluta en su contenido, por tanto, no pueden ser tomadas como referencia para contar el término de caducidad, al carecer de valor probatorio.
Señalaron que la presunción de legalidad de las referidas providencias desapareció con la expedición de la sentencia STC-2670 de 30 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, debido a que en esta se determinó la reestructuración de la deuda a 31 de diciembre de 1999 como requisito de procedibilidad, por tanto, con anterioridad a esa fecha, era imposible determinar que la actuación de los Jueces Municipales de Ibagué dentro de las acciones ejecutivas hipotecarias eran causantes de daños graves a sus poderdantes. En consecuencia, debido a que solo hasta ese momento tuvieron conocimiento del daño, es a partir de la expedición de dicha providencia que se debe contabilizar la caducidad.
Expresaron que con la expedición de los autos que rechazaron la demanda de reparación directa, se desconocieron los efectos inter comunis de la referida providencia, cuya aplicación se solicitó, con lo que se violó el derecho a la igualdad. Agregaron que la modulación de los efectos de las sentencias de tutela deben ser estudiados con base en los criterios establecidos por el Consejo de Estado.
4. Trámite Previo
El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante auto de 8 de febrero de 2018, ordenó notificar a las partes, a quienes se les remitió copia de la demanda y se les instó a rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
A través de auto de 22 de febrero de 2018 se advirtió la existencia de otros procesos que versan sobre los mismo hechos, pretensiones y se dirigen a las mismas autoridades, razón por la cual, se decretó la acumulación de los expedientes 2018-00363-00 y 2018-00364-00.
Por las mismas razones anteriormente expuestas, por medio de auto de 7 de marzo de 2018, ordenó decretar la acumulación de los expedientes 2018-00307-00, 2018-0357-00, 2018-00361-00, 2018-00362-00, 2018-00365-00, 2018-00367-00 y 2018-00562-00
Intervenciones
Juzgados Administrativos
Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué (sobre el proceso 2018-0360)
La juez Clara Milena Chacón Castaño indicó que en el asunto no se evidencia ninguna transgresión de los derechos fundamentales invocados, en la medida que en el proceso judicial objeto de cuestionamiento aplicaron las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a partir de las cuales se encontró probada la caducidad de la acción.
Juzgado Doce Administrativo de Ibagué (para el proceso 2018-00363)
La juez Fabiana Gómez Galindo solicitó declarar la improcedencia del mecanismo constitucional, debido a la falta de configuración de las causales de procedibilidad de la misma, ni la conculcación o amenaza de los derechos fundamentales invocados, evidenciándose que lo pretendido por la parte accionante es utilizar el acción de tutela como una tercera instancia a fin de revisar las decisiones adoptadas al interior del proceso.
Juzgado Primero Administrativo de Ibagué (para el proceso 2018-00364)
El juez explicó que el despacho no vulneró los derechos fundamentales del demandante, pues el medio de control de reparación directa fue rechazado con fundamento en las normas que sobre la caducidad trata el CPACA, sin desconocerle a los señores Rodríguez y Carrillo Monroy las oportunidades procesales correspondientes para que ejercieran su derecho de contradicción.
Expresó que la solicitud de amparo de la referencia no satisface el requisito de la inmediatez, debido a que fue instaurada siete meses después de que fue proferida la providencia por parte del Tribunal Administrativo del Tolima.
Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué (para los procesos 2018-00307, 2018-00357 y 2018-00361)
La juez advirtió rechazo las demandas incoadas, al evidenciar que entre la fecha de la ocurrencia del hecho dañoso y la presentación de la solicitud de conciliación prejudicial transcurrieron más de dos (2) años, término previsto en el numeral 2.º del artículo 164, literal i) de la Ley 1437 de 2011.
Señaló que no se acreditó la afectación de los derechos constitucionales invocados por la parte accionante, por cuanto a su juicio el respeto de las garantías constitucionales, especialmente, el acceso a la administración de justicia no conlleva o implica la inobservancia de los procedimientos previstos en las disposiciones legales.
Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué (para los procesos 2018-00362 y 2018-00365)
La juez Inés Adriana Sánchez Leal indicó que acató los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la materia, a partir de los cuales concluyó que en los casos citados al momento de presentar la demanda de reparación directa se había superado ampliamente el término de caducidad previsto en el CPACA.
Juzgado Tercero Administrativo de Ibagué (para el proceso 2018-00367)
La juez Mónica Johanna Castillo Tibaduiza sostuvo que no se evidencia ninguna transgresión de los derechos fundamentales invocados, en la medida que en el proceso judicial objeto de cuestionamiento aplicó la norma pertinente y correspondió rechazar el medio de control al no hacer uso oportuno del derecho de acción.
Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué (para el proceso 2018-00562)
La juez aseguró que la solicitud tutelar de la referencia no cumple con el requisito de la inmediatez, debido a que la providencia que sirve de base para incoar la misma fue proferida el 16 de enero de 2017 y confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima en sentencia de 28 de julio del mismo año, decisión que quedó ejecutoriada el 3 de agosto de 2017 y sólo hasta el 28 de febrero de 2018 fue presentada la solicitud de amparo, esto, encontrándose superado el término de seis (6) meses.
5.2. Tribunal Administrativo del Tolima
Magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya (sobre los procesos 2018-00360, 2018-00362 y 2018-00367).
Indicó que se deben negar las pretensiones de las acciones de tutela debido a que la inconformidad de la parte accionante radica en la interpretación del Tribunal sobre el momento a partir del cual debió contabilizarse el término de caducidad en cada una de los procesos incoados. Sin embargo, no se acreditó la vulneración a ningún derecho fundamental.
Agregó que la disparidad en los criterios de interpretación no implica la transgresión de los derechos fundamentales invocados, más aún, al evidenciarse que las decisiones adoptadas, en cada uno de los casos, se ajustaron a la normativa y criterios jurisprudenciales vigentes.
Magistrado Belisario Beltrán Bastidas (para los procesos 2018-00364, 2018-00357 y 2018-00562)
Indicó que la acción de tutela no está instituida como una instancia adicional que permita controvertir los fundamentos de las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales demandadas.
Señaló que el tribunal censurado, al estudiar las pretensiones de los accionantes, concluyó, que el conocimiento del daño causado a los demandantes no se generó a partir de la ejecutoria de la sentencia STC-2670 del 12 de marzo de 2015 proferida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, sino con la ejecutoria de las providencias mediante las cuales los jueces civiles competentes ordenaron seguir adelante con la ejecución y declararon la venta pública en subasta de los inmuebles.
Precisó que la posición de la referida corte no derivó de la expedición de la mencionada sentencia, pues esa postura fue acogida desde el año 2012, por tanto, aunque en gracia de discusión se tomara en cuenta está última fecha en relación con el momento en que se presentaron las demandas, el término se encontraría vencido.
Magistrado José Aleth Ruiz Castro (para los procesos 2018-00363 y 2018-00307)
Expresó que en los asuntos cuestionados el término de caducidad de los medios de control promovidos por la parte accionante debía contabilizarse a partir de la fecha de la entrega de los inmuebles a las entidades ejecutantes y, no desde el día en que los accionantes conocieron el contenido de la sentencia de tutela STC-2670 del 12 de marzo de 2015, expedida por la Corte Suprema de Justicia, debido a que esa decisión únicamente produce efectos inter partes y, los demandantes no hicieron parte del extremo activo de ese mecanismo tutelar.
Advirtió además, que la ley estableció que el término de caducidad de la reparación directa es de 2 años, el cual comienza a contabilizarse desde cuando se inicia la producción del daño o cuando este se actualiza o se concreta, y cesa cuando vence el término iniciado en la ley, aunque subsistan sus efectos.
Aseguró que no se presentó ninguna transgresión de los derechos fundamentales invocados, debido a que en los procesos judiciales cuestionados se aplicaron las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
5.3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la citada entidad solicitó declarar improcedente la tutela por la ausencia de perjuicio irremediable y declarar la existencia de la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que esa entidad carece de funciones para dar órdenes a despachos judiciales.
5.4. Dirección Seccional de Administración Judicial – Consejo Superior de la Judicatura
El apoderado de la mencionada entidad solicitó declarar improcedente la tutela debido a que no se cumplió con el requisito de inmediatez.
Señaló que la sentencia STC-2670 de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia no es una sentencia de unificación y sus efectos son inter partes.
Indicó que en el caso de la señora Norma Isabel Santamaría Valencia no se acreditó el requisito de inmediatez, debido a que mediante Auto de 15 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Tolima, confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, por lo que al transcurrir más de cinco (5) meses, no se acreditó dicho requisito.
6. De la providencia impugnada
Mediante Sentencia de 12 de abril de 2018, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” rechazó por improcedente y negó la acción de tutela formulada, por las siguientes razones:
En relación con los procesos 2018-0562 y 2018-0307, en donde fungieron como demandantes los señores los señores German Jaramillo Paramo, Elsy Liliana Garzón Rondón y Floilán Esquivel, expresó que no se cumplió con el requisito de inmediatez y que no justificó la mora en la presentación de la tutela.
En relación con el expediente 2018-0363, señaló que en la Sentencia de tutela STC - 2670-2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia no se modularon los efectos de la decisión ni se indicó que estos eran inter comunis, por tanto, el juez de tutela no se encuentra facultado para atribuir ese tipo de facultades en las providencias.
Señaló que por lo anterior, los argumentos expuestos por los señores Marco Tulio Niño, Enith Grajales de Niño y Martha Cecilia Niño Grajales no están llamados a prosperar.
Frente a los expedientes de tutela 2018-0360; 2018-0364; 2018-0357; 2018-0361; 2018-0362; 2018-0365 y 2018-0367, señaló que en las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima el 28 de julio, 4 de agosto, 1º, 15 y 29 de septiembre de 2017, se confirmaron las decisiones de los jueces administrativos mediante las cuales se rechazó la demanda de reparación directa formulada por los accionantes, debido a que se encontró probado el fenómeno de caducidad.
Indicó que, según lo expuesto por la autoridad demandada, el término de caducidad de la referida acción no puede ser contado desde el 26 de marzo de 2015, fecha de ejecutoria de la Sentencia STC - 2670-2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia, debido a que, desde el año 2012, esa corporación introdujo la obligación de reestructurar el saldo insoluto de la deuda como requisito de procedibilidad en demandas ejecutivas hipotecarias.
Señaló que en el escrito de tutela los accionantes no cuestionaron la decisión del tribunal demandado, según la cual, la caducidad se debía contar desde el año 2012, sino que insistieron en que solo hasta el año 2015 conocieron del mencionado requisito, a pesar de que la última fecha citada no fue tenida en cuenta para realizar el conteo del término.
Concluyó que lo pretendido por los accionantes es reabrir el debate propio del juez natural, relacionado con la fecha a partir de la cual se debería contabilizar el término de caducidad, esto es, si desde el momento en que entregaron el bien adjudicado a la entidad, o desde el año 2012, fecha en que la Corte Suprema de Justicia consolidó su posición respecto a la reestructuración del saldo como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva hipotecaria.
De la impugnación
El apoderado de los accionantes impugnó la Sentencia de 12 de abril de 2018, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, en la que se rechazaron y negaron las pretensiones de las tutelas que formularon contra las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima, expedidas en sendos procesos de reparación directa.
Reiteró los argumentos expuestos en los escritos de tutela y expresó que se deben aplicar los efectos inter comunis de las sentencias de tutela, en los términos expuestos en la Sentencias T – 025 de 2015 y SU – 1023 de 2011, proferidas por la Corte Constitucional.
Indicó que aunque en la sentencia STC – 2670 de 2015 no se hayan fijado efectos inter comunis, se debe acudir al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, debido a que sus poderdantes se encuentran en idéntica situación fáctica y jurídica que los allí demandantes, por tanto, en virtud del principio de igualdad, se deben aplicar los efectos de la misma.
Precisó que los accionantes tuvieron conocimiento del daño solo hasta la expedición de la referida providencia, por tanto, solo desde la ejecutoria de la misma puede contarse el término de caducidad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto.”
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideran vulnerados con las sentencias del 15 de julio de 2016 y 20 de enero 2017, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente.
A la Sala le corresponde estudiar si las autoridades judiciales demandadas con sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, expediente número 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” (Subraya la Sala)
Aún más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.
Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.
En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:
“(…) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (Negrilla fuera del texto)
Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y
Que no se trate de sentencias de tutela (…).”
Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.
2. Planteamiento del problema jurídico
Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir los autos de segunda instancia dentro de los procesos 2018-0562; 2018-0307; 2018-0363; 2018-0360; 2018-0364; 2018-0357; 2018-0361; 2018-0362; 2018-0365 y 2018-0367, incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa.
El asunto será estudiado en el siguiente orden: i) defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) desconocimiento del precedente, como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; y, finalmente iii) la solución del caso concreto.
Defecto sustantivo como causal específica de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado.
En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
Del desconocimiento del precedente
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que:
“un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando:
“(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo.”
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.
3. Caso concreto
Previo a resolver el asunto concreto, se precisa que la autoridad demandada señaló que al estudiar los procesos Nos. 2018-0562 y 2018-0307, encontró probado el requisito de inmediatez, por tanto, la Sala no se pronunciará sobre los mismos.
Sin embargo, se precisa que la totalidad de las tutelas acumuladas en el expediente de la referencia invocan similares fundamentos de hecho y de derecho, por tanto, las consideraciones efectuadas en el presente asunto son aplicables en todos los procesos que se tramitan en la presente acción, sin que esa situación implique que la referida inmediatez se encuentra superada.
Mediante el ejercicio de la presente acción los demandantes, solicitaron que se revoquen las providencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro de los procesos previamente citados, y que en su lugar se profieran decisiones con base en los criterios jurisprudenciales relacionados con los efectos inter comunis de las sentencias de tutela, debido a que consideran que el término de caducidad del medio de control de reparación directa debe contarse a partir de la expedición de la sentencia STC-2670 de 30 marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, relacionada con la exigencia del requisito la reestructuración del crédito hipotecario.
En ese sentido, se precisa que el Tribunal del Tolima justificó de manera suficiente su decisión de rechazar las demandas interpuestas, al encontrar que no era posible contabilizar el término de caducidad a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ya que la reestructuración del crédito hipotecario como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, había sido previamente estudiado por esa corporación, pues aseguró que desde el año 2012 se profirieron sendas providencias en ese sentido, incluso, hizo referencia a las mismas.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia que los argumentos de la demandada son razonables, debido a que con anterioridad a la expedición de la referida providencia, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre la exigencia del requisito de reestructuración del crédito en los procesos ejecutivos. En ese sentido, la Sentencia de 5 de septiembre de 2012, proferida por esa corporación, señaló:
“(…) Cumple recordar que la jurisprudencia constitucional de esta Sala, en casos de contornos similares en procesos ejecutivos adelantados luego de la terminación de un juicio previo por efecto de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, ha sido coherente en considerar que por no acreditarse la reestructuración del crédito la ejecución no podría continuar'. (…)
'En sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00546-00, se acusó la actuación de un Tribunal Superior al revocar la sentencia que había declarado probada la excepción de prescripción al considerar que el título base de la ejecución no cumplía con los requisitos para ser exigible por falta 'del presupuesto de reestructuración del crédito. En este caso el segundo proceso ejecutivo se había instaurado en el año' 2006, esto es, con anterioridad a que se profiriera la sentencia SU-813 de 2007. En dicha oportunidad esta Corporación siquió de cerca el precedente antes citado, y reiteró la posición de la Sala sobre el asunto debatido'.
'En oportunidad más reciente se estudió la acción interpuesta contra la Sala Civil — Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga que confirmó la decisión del Juez de primera instancia mediante la que se denegó la ejecución por falta de exigibilidad da la obligación al no acreditarse el agotamiento del proceso de reestructuración de la obligación. Consideró la Sala que la decisión cuestionada "no entraña irregularidad que dé lugar a catalogarla como ostensiblemente absurda ni manifiestamente ilegal, amén que tampoco responde a la sola arbitrariedad de sus signatarios"; tesis que exigió el proceso de reestructuración como un requisito de procedibilidad que el ejecutante debía agotar previo a la iniciación de una nueva demanda ejecutiva. Se concluyó finalmente que «la posición asumida en el fallo cuestionado no deviene inarmónica frente a los pronunciamiento que sobre asuntos de similar talante ha emitido esta Corporación, como que lo propio se predica respecto de decisiones emanadas de la Corte Constitucional», con lo que se consolidó el precedente que se había desarrollado" (subraya la Sala, Sentencia de 22 de junio de 2012, Exp. No.11001-22-03-000-2012-00884-01).
Y en relación con los efectos de la Sentencia SU 813 de 2007, la Corte también estimó que:"[L]a exigencia de la reestructuración de los créditos se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, por lo que el desarrollo jurisprudencia! lo que hizo fue clarificar y unificar criterios sobre una exigencia legal, que le es aplicable al crédito que se pretendía ejecutar'.
`Con todo, no debe soslayarse que fue la propia Corte Constitucional la que hizo extensivos los efectos del aludido fallo a «a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de vivienda, y en los cuales no se haya registrado e! auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela», por lo que la exigencia de la reestructuración resultaba aplicable, también, al nuevo proceso ejecutivo instaurado por la ejecutante" (Sentencia de 22 de junio de 2012, Exp. No. 11001-22-03-000-2012-00884-01).
De modo que, la autoridad judicial accionada incurrió en una vía de hecho, pues, en el presente asunto, como ya se dijo, sí era indispensable la exigencia de la reestructuración del crédito para el adelantamiento del nuevo proceso ejecutivo hipotecario, máxime si el juicio iniciado con anterioridad había terminado por disposición de la Ley 546 de 1999. (…)”
Sumado a lo anterior, la referida sentencia resaltó que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007, unificó los criterios sobre la exigencia de reestructuración de los créditos que se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 e hizo extensivos sus efectos a los procesos ejecutivos en curso iniciados antes del 31 de diciembre de 1999. Situación que evidencia que tanto la citada corporación como la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron sobre el mencionado requisito con anterioridad al año 2015, como acertadamente lo estableció el tribunal demandado.
Adicionalmente, en decisión posterior, la Corte Suprema de Justicia señaló:
“(…) Contrario a lo sostenido por la Corporación atacada, la carga de adelantar el proceso de reestructuración del crédito antes de la presentación de una nueva demanda, iniciada luego de la terminación de un trámite coactivo por mandato expreso del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, no está sujeta solamente al querer del deudor.
En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados, cuestión exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquéllos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (…)” . Resalta la Sala.
Lo anterior, evidencia que la posición de la citada Corporación ha sido reiterativa en cuanto a la exigencia del requisito de reestructuración del crédito. Sumado a ello, en un caso similar, el Consejo de Estado, en Sentencia de 17 de julio de 2017, señaló:
“(…)[P]ara la Sala es claro que las autoridades demandadas no incurrieron en el defecto sustantivo invocado por cuanto es razonable indicar que la demanda interpuesta por el [actor], en ejercicio del medio de control de reparación directa, estaba caducada, ya que el hecho que causó el daño presuntamente antijurídico fue la providencia mediante la cual el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué libró el mandamiento de pago sin que la solicitud incluyera el documento de reestructuración del saldo insoluto de capital que presentaba la obligación objeto de ejecución al 31 de diciembre de 1999, por ser un título complejo. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que el término de caducidad del medio de control debía contabilizarse a partir del momento en que el bien inmueble de propiedad del demandante fue entregado a la sociedad Davivienda S.A. en cumplimiento del auto de adjudicación, circunstancia que no está en discusión en este trámite constitucional. (…). Además, tampoco es posible concluir, como lo pretende la parte demandante, que los efectos de la sentencia STC 2670 del 12 de marzo de 2015 deban aplicarse al caso en estudio, en tanto, en su sentir, sus efectos son inter comunis. Esto, por varias razones: La primera porque es una decisión adoptada en ejercicio de una acción de tutela que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, tienen carácter obligatorio únicamente para las partes y su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces. La segunda, porque solo podría exigirse que se le diera un trato igualitario al adoptado en dicha providencia judicial si las decisiones enjuiciadas se trataran de las proferidas en el proceso ejecutivo, pero, en el asunto que ocupa la decisión judicial de la referencia, se está discutiendo si la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa interpuesta por el [actor] estaba caducado o no, situación fáctica y jurídica ajena a la que fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 2670 de 2015. Por todo lo anterior, la Sala considera que, en el caso en estudio no se evidenció el defecto alegado por el [actor] y, por lo anterior, se negará el amparo solicitado (…)”.
Así mismo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2018, señaló:
“(…) 2.5. En efecto, de la revisión del expediente, la Sala encontró que la demanda de reparación directa se impetró como consecuencia del presunto error judicial en que incurrió el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, al adelantar el proceso ejecutivo en el que fue demandado el señor Luis Alberto Conde, sin que constara uno de los requisitos de procedibilidad, consistente en la reestructuración del saldo insoluto de capital que presentaba el crédito objeto de ejecución a fecha 31 de diciembre de 1999. En el citado proceso, mediante providencia del 14 de febrero de 2005, se dispuso adjudicar el bien inmueble rematado que era de propiedad de la aquí parte actora, siendo ese momento, en consecuencia, el que concretó el supuesto hecho dañoso para la aquí demandante, motivo por el que es a partir de ese momento que debe hacerse el conteo de caducidad del medio de control de reparación directa.
2.6. Además, la Sala comparte la apreciación del tribunal demandado referente a que el conteo de caducidad no podría hacerse desde la sentencia STC-2670 de 2015, porque se trata de una decisión inter partes y el actor no conformaba la parte activa dentro de esa litis. En este punto es importante recordar que si bien por regla general los efectos de las sentencias de tutela es inter partes, excepcionalmente los puede tener inter comunis —como afirma la parte actora que ocurrió en su caso—no obstante, para que eso ocurra, el mismo fallo debe expresamente señalar que la decisión contenida en el mismo tiene dichos efectos, de lo contrario no está dado al intérprete considerar que una u otra decisión de tutela tiene esa característica. Revisada la sentencia de tutela STC-2670 de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, no encuentra la Sala que haya modulado sus efectos en el sentido de precisar que era inter comunis, razón por la que ese amparo no se extendió a la parte demandante como ésta lo afirma.(…)”
En ese sentido, se advierte las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo del Tolima estuvieron acordes con las providencias judiciales que rigen la materia. Además, tal como lo señaló la referida corporación, el requisito de reestructuración del crédito hipotecario no surgió a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha exigencia había sido planteada no solo por la última Corporación citada, sino por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007, en la que se efectuó un estudio sobre la misma.
Sumado a lo anterior, se precisa que el literal i) del numeral 2º del artículo 134 de la Ley 1437 de 2011 establece que el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Así mismo, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que en tratándose de error judicial, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse desde la fecha de ejecutoria de la providencia que ocasionó el daño reclamado.
En ese sentido, el tribunal demandado fue claro en establecer que la ocurrencia del daño debe contarse desde la fecha de ejecutoriada la providencia proferida sobre la cual se alegó el error judicial.
Por otro lado, la parte demandante alegó que la caducidad debía contabilizarse desde la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, debido a que al tratarse de un asunto similar, le son aplicables los efectos inter comunis de la misma.
Así las cosas, es necesario precisar que los referidos efectos se aplican en forma facultativa, en atención a la particularidad de cada asunto, como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T - 493 de 2005:
“(…) Generalmente, los efectos de las providencias de la Corte Constitucional son diversos en cada tipo de control constitucional. Usualmente, los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte han de ser los anteriormente señalados. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la Corte Constitucional puede modular los efectos de sus sentencias. Dentro de las múltiples alternativas disponibles, la Corte puede decidir cuál es el efecto que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la Constitución. Así lo ha hecho esta Corporación cuando ejerce un control abstracto de normas, al fijar, por ejemplo, los efectos retroactivos o diferidos de las sentencias correspondientes. La Corte también ha determinado los efectos de sus providencias cuando aplica la excepción de inconstitucionalidad y decidió que estos podían extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se presentasen de manera concurrente una serie de condiciones. Igualmente la Corte Constitucional en sentencia SU-1023-01 estableció que existen circunstancias especialísimas en las que la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Por eso en el referido caso los efectos de la orden de la tutela fueron aplicados inter comunis y se ordenó proteger los derechos fundamentales de todos los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante – en liquidación obligatoria (…)”.
Así mismo, la Sentencia T – 583 de 2006, proferida por la Corte Constitucional, e invocada por el accionante, señala:
“(…) Nunca los efectos de la decisión de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, éste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violación. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acción o la omisión de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violación de derechos fundamentales del o los demandantes. Es decir, los efectos de la decisión primeramente se producen siempre entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos especialísimos, como los que se acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos inter pares o inter comunis. Nunca, se repite, tales efectos son erga omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la vulneración de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisión erga omnes o de carácter general, como la que pretende la demanda. Es necesario examinar, tanto la procedencia de la acción, como la efectiva vulneración de derechos, en relación con la actuación de cada una de las entidades concretamente demandadas, y proferir una decisión con efectos inter partes, sin perjuicio del carácter vinculante de la ratio decidendi de tal decisión, respecto de supuestos fácticos idénticos que en un futuro pudieran llegar a presentarse, en la actuación de otras entidades distintas de las aquí demandadas (…)”. Resalta la Sala.
En virtud de lo anterior, se observa que los efectos de las sentencias de tutela son inter partes, sin embargo, en eventos especialísimos, estos pueden extenderse a terceras personas, caso en el cual se aplicarían los efectos inter comunis o erga omnes. Es decir, una vez estudiado el asunto concreto, es el juez del asunto el llamado a establecer la clase de efectos que tendrá la decisión.
En ese sentido, para reclamar la aplicación de los efectos inter comunis de una sentencia de tutela, estos deben haberse establecido de manera expresa en el contenido de la misma, pues por regla general estos solo rigen a las partes dentro del proceso. Lo anterior, debido a que dicha aplicación obedece al estudio detallado del asunto concreto, pues según indicó el máximo órgano constitucional, al juez de tutela no le es posible verificar la vulneración de derechos fundamentales en abstracto.
Así las cosas, se evidencia que a la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, no se le atribuyeron efectos inter comunis. En consecuencia, la parte demandante no está llamada a reclamar sus efectos, por tanto, como acertadamente lo señaló la autoridad demandada, la fecha de ejecutoria de esa decisión no podría haberse tenido como referencia para contabilizar el término de caducidad de las demandas de reparación directa interpuestas.
Sumado a lo anterior, la parte accionante señaló que se desconocieron los mandatos de la Sentencia T – 025 de 2015, en la que la Corte Constitucional expresó: “Lo anterior, en consideración a que se trata de situaciones comunes o afines en las que la orden de protección que aquí se profiere repercute directamente en la vulneración de sus derechos fundamentales, en la medida en que continuarían sin poder cobrar el subsidio del programa “Colombia Mayor” aun cuando tienen el derecho a recibirlo.En consecuencia, acogiendo el criterio que mejor protege los derechos fundamentales invocados y atendiendo a razones de celeridad, seguridad jurídica y economía procesal, en esta oportunidad, la Corte hará uso de la potestad de modular los efectos de sus sentencias, otorgándole a la presente providencia efectos inter comunis que se aplicarán a todos los sujetos cuya situación particular se enmarca en los presupuestos anteriormente expuestos.”
En ese sentido, se precisa que en esa ocasión la Corte Constitucional otorgó efecto inter comunis a la referida providencia, debido a que en la misma se estudió la situación de los adultos mayores beneficiarios del programa “Colombia Mayor”, los cuales se encontraban en la misma situación fáctica de los allí demandantes. Situación que, per se, no implica que la totalidad de las sentencias cuenten con los referidos efectos.
Una vez estudiado el precedente judicial que rige la materia, se observa que los argumentos del Tribunal demandado son razonables, en la medida en que, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contabilizarse desde la fecha de ocurrencia del daño.
Además, la autoridad demandada acertó al señalar que la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, no podía constituirse en un referente para efectuar el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, debido a que el requisito de reestructuración de la obligación había sido estudiado por esa corporación de manera previa.
Sumado a ello, la Sala encontró probado que la referida sentencia carece de efectos inter comunis, razón por la cual el argumento de la parte demandante carece de relevancia, pues dicha decisión no podía tenerse en cuenta como referencia para el estudio de su caso.
En ese orden de ideas, se advierte que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues aplicó la normativa que rige la materia y el precedente judicial vigente.
En el sub lite, no se advierte que el tribunal demandado haya adoptado decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresoras de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, que negó las pretensiones de la tutela interpuesta por la señora Flor Nory Conde y otros, contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Sentencia de 23 de enero de 2008. Rad. 2007-00437-01 (AC).
folio 19. Folios 31 a 32. En relación con los señores Germán Jaramillo páramo, Elsy Liliana Garzón Rondón y Froilán Coy Esquivel. Respecto de los señores Flor Nory Conde, Luis Ángel Marín Marín, Marco Tulio Niño, Luz Enith Grajales de Niño, Martha Cecilia Niño Grajales, José Heladio Rodríguez, Elsa María Carrillo Monroy, Manuel José Quintero Prieto, María Hercilia Quintero Prieto, Gustavo Herrera Rodríguez, Luz Miriam Peñaloza Arismendi, Cecilia Bazurto Rodríguez, Norma Isabel Santamaría Valencia, Abelardo Rodríguez Fino, Ismael Lizcano Ramírez y Luz Stella Gutiérrez Franco. Procesos radicados Nos. 2018-0562; 2018-0307; 2018-0363; 2018-0360; 2018-0364; 2018-0357; 2018-0361; 2018-0362; 2018-0365 y 2018-0367, que fueron acumulados en el proceso de la referencia en primera instancia. Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01. Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271). Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. Ver sentencia T-784 de 2000 de la Corte Constitucional. Ver sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005 de la Corte Constitucional. Ver sentencia T-205 de 2004 de la Corte Constitucional. Ver sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001 de la Corte Constitucional. Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional
Sentencia T-158 de 2006. Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen”. Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca). Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
Flor Nory Conde, Germán Jaramillo páramo, Elsy Liliana Garzón Rondón, Froilán Coy Esquivel, Luis Ángel Marín Marín, Marco Tulio Niño, Luz Enith Grajales de Niño, Martha Cecilia Niño Grajales, José Heladio Rodríguez, Elsa María Carrillo Monroy, Manuel José Quintero Prieto, María Hercilia Quintero Prieto, Gustavo Herrera Rodríguez, Luz Miriam Peñaloza Arismendi, Cecilia Bazurto Rodríguez, Norma Isabel Santamaría Valencia, Abelardo Rodríguez Fino, Ismael Lizcano Ramírez y Luz Stella Gutiérrez Franco
Sala de Casación Civil. Rad. 2012-029401. Actor: Luz América Ayala. M.P. Jesús Vall de Ruten. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 2013. Rad. 2013-02499. Actor: Juan Domingo García. M.P. Luis Armando Tolosa. Sección Quinta. Rad.2017-01569 (AC). Actor: René Anselmo Albornoz Buchelly. M.P. Carlos Enrique Moreno. Sentencia Rad. 2018-0359-01. Actor: Luis Alberto Conde. M.P. Julio Roberto Piza. Frente a los efectos inter comunis de las sentencias, la Corte Constitucional, en sentencia A-207 de 2010, señaló «esta Corporación puede modular los efectos de sus sentencias en materia de tutela otorgando efectos “inter comunis” a las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos constitucionales y garantizar la integridad y supremacía de la Constitución. En este sentido, esta Sala ha establecido que los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad». Sección Tercera. Auto de 19 de julio de 2007. Rad. 2006-1745-01. M.P. Dra. Ruth Stella Correa. Observa la Sala que conforme a la demanda, lo que se pretende con la presente acción es que se reparen los perjuicios causados a la demandante, como consecuencia del error judicial que se dio a lo largo de todo el proceso ejecutivo hipotecario y que concluyó con la diligencia de remate, la cual fue aprobada mediante proveído de 22 de septiembre de 2004. 3. El tema de la responsabilidad del Estado por el daño causado con ocasión de la actividad judicial, fue regulada por la ley 270 de 1996, para tres eventos a saber: (3.1) error jurisdiccional, (3.2) privación injusta de la libertad y (3.3) defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.Como se infiere de lo previsto en el artículo 73 de la misma ley, la reclamación de la indemnización por los daños causados con ocasión de la actividad judicial, debe hacerse a través de la acción de reparación directa, por lo tanto, el plazo para instaurar dicha acción es hoy el de 2 años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44, numeral 8, inciso primero de la ley 446 de 1998. En ese orden de ideas, cabe precisar el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo para intentar la acción de reparación directa en relación con error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, previstos en la ley 270 de 1996, por ser los temas de interés para la decisión. 3.1. El error jurisdiccional fue definido en el artículo 66 de la ley 270 de 1996 como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.Al declarar la exequibilidad condicionada de este artículo, la Corte Constitucional precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica. En tal sentido condicionó la decisión de exequibilidad de la norma.
Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. En consecuencia, como el error jurisdiccional es el que se materializa a través de una providencia judicial en firme, el término para intentar la acción de reparación directa se contara a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia contentiva del error o en la que el mismo se declare o evidencie. Por lo tanto, el término para intentar la acción de reparación directa por error jurisdiccional empezará a correr desde la ejecutoria de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al proceso, cuando el error se hubiere cometido en ellas, o cuando en la misma se evidencie o quede consolidado el daño causado con una providencia anterior; o a partir de la ejecutoria de la providencia que se dicte en el trámite del proceso, o en de la ejecución de la sentencia, cuando dicho daño se consolide o declare con dichas providencias.”
Sentencia de 7 de marzo de 2017. Actor: Irina Alejandra Junieles. M.P. María Victoria Calle. Sentencia de 13 de mayo de 2005. Actor: Luz Stella Reyes y otros. M.P. Dr. Manuel José Cepeda.
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