República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00392-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
19 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / CORRECCIÓN DE LAS DECLARACIONES FISCALES / DEVOLUCIÓN DE DINEROS PAGADOS EN EXCESO O NO DEBIDOS - No se logró determinar el monto del impuesto pagado sin causa legal / SOLICITUD DEL ICA PAGADO SIN CAUSA EN LA LEY POR ACTIVIDAD DE EXPORTACIÓN / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
Conforme a las razones expuestas por la [accionante] en el recurso de apelación, el ad quem examinó las diferencias entre las figuras jurídicas de “pago de lo no debido” y “pago en exceso” con especial atención a las normas aplicables y a la jurisprudencia concordante con el caso. (…) En ese orden de ideas, a efectos de determinar el monto exacto para la procedencia de la devolución por concepto de las actividades de exportación que realizó la demandante por ICA en los mencionados seis bimestres de los años 2006 a 2010, el Tribunal examinó con detalle la documental obrante dentro del proceso, pero concluyó que no era posible identificar dicho monto porque la interesada no había logrado demostrar el valor de sus ingresos por ventas in bond. (…) En este contexto, según el acervo probatorio, no es posible determinar el monto exacto que procede en devolución por concepto de las actividades de exportación que realizó la actora en los 6 bimestres de los años gravables 2006 a 2010.(…) [L]a Sala encuentra que el rechazo de la devolución del ICA de los bimestres 1 a 6 de los años gravables 2006 a 2010, está ajustado a derecho, como quiera que la sociedad no satisfizo la carga de la prueba para demostrar el monto del pago indebido. (…) En definitiva, para la Sala es claro que la competencia funcional del Tribunal estuvo delimitada por lo estrictamente manifestado dentro del recurso de apelación, de manera que no es cierto que hubiera actuado en contravía del artículo 31 de la Constitución y haya agravado la situación definida por el a quo para el apelante único, razón por la cual no se advierten vulnerados los derechos fundamentales, que invoca el accionante, por este cargo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00392-00(AC)
Actor: JOYARTE S.A.S
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN B
Se decide la acción de tutela promovida por el apoderado judicial de la sociedad JOYARTE S.A.S en contra de la sentencia del 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
1. Antecedentes
1.1. La acción de tutela
El apoderado judicial de la mercantil joyarte s.a.s, Camilo Ernesto Ramírez Baquero, promueve acción de tutela en contra de la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, de 11 de diciembre de 2017, a través de la cual se resolvió la alzada frente a la sentencia del Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, de 21 de noviembre de 2016, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
1.2. Las pretensiones
El apoderado de la accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia:
Primera: Que con la finalidad de impedir la violación al artículo 31 de la Constitución Política y que ampara derecho a la non reformatio in pejus, se reste valor o mérito alguno al nuevo argumento creado por el tribunal en su fallo, sobre la supuesta falta de prueba del monto del pago de lo no debido, y se le ordene al Tribunal que, ciñéndose al problema jurídico planteado en el recurso de apelación y que fue despachado favorablemente por el tribunal, profiera fallo de fondo declarando la nulidad de los actos acusados y ordenando la devolución completa, es decir del 100% de la ICA solicitado en devolución, con los intereses que correspondan de acuerdo con la ley;
Segunda: De manera subsidiaria y en caso que no sea fallada favorablemente la solicitud anterior por considerarse que no se violó el artículo 31 de la Constitucional, solicito se ordene al tribunal accionado reasumir sus funciones y que tenga en cuenta la prueba contable presentada por la accionante sobre el monto del impuesto pagado sin causa legal, junto con la prueba contable presentada por la DDI en el Acta de Visita sobre el monto de los ingresos percibidos por la Accionante en los periodos objeto de solicitud de devolución, para que verifique directamente el monto del pago de lo no debido y se profiera el fallo de fondo declarando la nulidad de los actos acusados y ordenando la devolución del ICA pagado sin causa junto con los intereses que correspondan de acuerdo con la ley;
Tercera: De manera subsidiaria a la anterior solicitud y si en gracia de discusión fuera requerida nueva evidencia para emitir un fallo que haga realidad el derecho sustancial a la devolución, solicito que se ordene al accionado reasumir sus funciones y que decreto de oficio una prueba pericial para que, teniendo en cuenta las pruebas existentes en el expediente, calcule el monto del ICA pagado sin causa en la ley, para que profiera el fallo de fondo declarando la nulidad de los actos acusados y ordenando la devolución del ICA pagado si causa junto con los intereses que correspondan de acuerdo con la ley.
1.3. Hechos de la solicitud
Del escrito de tutela se pueden extraer, como relevantes, los siguientes hechos:
1.3.1. El 26 de julio de 2013, joyarte s.a.s. en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, interpuso demanda contra la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección de Impuestos de Bogotá, con el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó la devolución del pago (sin causa en la ley) del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para el periodo comprendido entre el segundo bimestre del año 2006 y el año 2010.
1.3.2. Conoció del proceso el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá, el cual, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2016, denegó las pretensiones de la demanda.
1.3.3. Inconforme con lo acordado por el juzgado, la demandante presentó recurso de apelación, que le fue concedido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya Sección Cuarta, Subsección B, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2017, confirmó la decisión de primera instancia.
1.4. Fundamentos jurídicos de la accionante
En primer lugar, considera el apoderado de la mercantil que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en «violación directa de la Constitución», debido a que desconoció lo dispuesto por el artículo 31 referente a la prohibición de la non reformatio in pejus (agravamiento de la pena cuando el condenado sea apelante único), pues al resolver el recurso de apelación «se pronunció sobre situaciones que no [habían] sido planteadas en el proceso, la sentencia de instancia o en el recurso de apelación, para negar las pretensiones de la demanda, a pesar de que dio la razón a la [demandante] en cuanto al cuestionamiento de fondo a la sentencia de primera instancia».
En segundo lugar, señala que el Tribunal también incurrió en el defecto fáctico (negativo), por cuanto, presuntamente, omitió «analizar las pruebas que reposan en el expediente y de las cuales se podía determinar el monto del pago de lo debido a cuya restitución está legitimada la accionante».
2. Actuación procesal
2.1. Trámite
La acción de tutela fue admitida por esta Corporación mediante auto del 5 de marzo de 2018, en el que además se ordenó notificar como demandados al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B y al Juzgado 44 Administrativo de Bogotá, y como tercero interesado a la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Impuestos, para que en ejercicio de su derecho de defensa, y en el término de tres días, rindieran el respectivo informe.
2.1.1. Intervenciones
Dentro del término de traslado para allegar el informe, se presentaron las siguientes intervenciones:
(i) Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Por escrito de fecha 21 de marzo de 2018, el ponente de la sentencia controvertida, José Antonio Molina Torres, contestó a la acción de tutela solicitando denegar sus pretensiones o, en su defecto, declarar la improcedencia de la solicitud.
En síntesis, sostuvo que ante la carencia probatoria, por parte de la demandante, las pretensiones de la demanda no tenían vocación de prosperidad, lo cual no implica, como erradamente lo asegura la accionante, una violación directa de la Constitución por desconocimiento de la non reformatio in pejus, «pues la ley procesal exige que la motivación de las sentencia debe limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios necesarios para fundamentar las conclusiones».
(ii) De la Secretaría Distrital de Hacienda
Mediante escrito de 21 de marzo de 2018, la subdirectora de Gestión Judicial de la entidad, Johana Andrea Almeyda González, respondió a la solicitud de tutela y solicitó «denegarla por improcedente», toda vez que, a su juicio, no reúne los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para su estudio de fondo y, además, no presenta fundamentos jurídicos suficientes que sirvan de base para controvertir la legalidad de la providencia atacada, con lo cual deja manifiesta la inexistencia de la presunta vulneración del derecho al debido proceso alegada por la accionante.
(iii) Del Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá
Por escrito de 16 de marzo de 2018, la jueza encardada de ese despacho, Olga Virgina Alzate Pérez, consideró improcedente la solicitud de tutela presentada por Joyarte S.A.S., y solicitó denegar sus pretensiones, al señalar infundadas las causales invocadas para controvertir las providencias judiciales.
En concreto, señaló que el juzgado no había llevado a cabo acción u omisión que hubiera transgredido los derechos fundamentales de la accionante pues, por el contrario, su actividad «se ciñó a adelantar el proceso bajo el respeto de las garantías constitucionales y legales que le asisten a las partes» y, una vez finiquitado, emitió una sentencia «con base en el análisis de los hechos y las pruebas obrantes en el expediente», todo ello «a la luz de las normas legales vigentes que regulan el asunto que era objeto de demanda».
3. Consideraciones
3.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela dirigida contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
3.2. Problema jurídico
Previo al planteamiento del problema jurídico, es preciso aclarar que solo se estudiará la procedencia de la acción de tutela respecto de la providencia del 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, por ser esta la decisión adoptada en la segunda instancia por el órgano revisor dentro del asunto.
En ese sentido, de encontrarse procedente el ejercicio de la presente acción de tutela contra la sentencia del 11 de diciembre de 2017, la Sala deberá determinar si, en efecto, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la mercantil Joyarte S.A.S., por incurrir la providencia en las causales de violación directa de la Constitución y defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio.
Con el fin de dilucidar el anterior problema, la Sala considera necesario abordar el estudio los siguientes temas: i) la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela; iii) examen de los requisitos especiales de procedibilidad: a) violación directa de la Constitución; b) defecto fáctico (negativo) por valoración defectuosa de la prueba; iv) hechos probados; v) análisis de la Sala; y, vi) conclusión.
3.2.1. La excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio, y en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, dichos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas por la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrollando diferentes reglas para su estudio, las cuales finalmente convergieron en la sentencia C-590 de 2005, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrán de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
3.2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia del 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
1. El asunto tiene relevancia constitucional: Sí, pues se centra en la discusión de una presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso (artículo 29 Constitución Política) y el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ibídem).
2. Se agotaron los medios de defensa judicial: Sí, ya que la decisión acusada es una sentencia de segunda instancia, contra la cual, una vez realizado el correspondiente estudio, no procede ningún otro recurso.
3. Se presentó con inmediatez: Sí, dentro de un término razonable, puesto que la providencia acusada fue proferida el 11 de diciembre de 2017, y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el día 8 de febrero del presente año (folio 1), con lo cual se dan por satisfechos los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado.
4. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela, aunque extensos, guardan coherencia lógica y temporal.
5. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que la providencia censurada fue proferida al interior de un proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
Conforme a lo anterior, el presente asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que se procederá a desarrollar el examen de las causales específicas de procedibilidad, en tanto presupuesto necesario para el estudio de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.3. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.
Como se observa, a pesar de que en cada caso concreto se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.
En el presente asunto, señala la accionante que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en violación directa de la Constitución y en el defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Por lo tanto, con el fin de determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales invocados, la Sala procederá con el análisis de las mencionadas causales.
3.3.1. Violación directa de la Constitución
Conforme a la actual jurisprudencia de la Corte Constitucional, la causal de violación directa de la Constitución se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la Carta Política, ya sea porque, (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, por ejemplo «(a) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata, y (c) cuando el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución, o (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Carta fundamental, desconociendo que de conformidad con su artículo 4.º «la Constitución es norma de normas», por lo que en caso de incompatibilidad entre ella y la ley u otra regla jurídica «se aplicarán las disposiciones constitucionales».
Adicionalmente, según la jurisprudencia reciente (sentencias T–209 de 2015, T–071 de 2012, y T–206 de 2017) el desconocimiento de la Constitución se puede dar, al menos, en las siguientes ocasiones: (i) cuando se desobedecen o no se toman en cuenta (ni explícita ni implícitamente) las reglas o los principios constitucionales; (ii) cuando dichas reglas y principios son considerados, pero dándoseles un alcance insuficiente; y, (ii) cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso.
Por último, la Corte entiende que los pronunciamientos judiciales y administrativos en los cuales se presenta este error, además de trasgredir el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el respectivo trámite, también desconocen la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, tal y como se establece en su artículo 4.
3.3.3. El defecto fáctico por valoración defectuosa de la prueba
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio», situación que se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión.
En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia».
En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica, de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.
4. Hechos probados
4.1. El 26 de julio de 2013, la sociedad Joyarte S.A.S., mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra las resoluciones DDI011431 de 19 de abril de 2012 y DDI023870 de 29 de abril de 2013, proferidas por la Oficina de Recursos Tributarios de la Dirección Distrital de Impuestos.
4.2. Mediante sentencia de 21 de noviembre de 2016, el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandada no había desvirtuado, mediante prueba, la legalidad de los actos administrativos acusados.
4.3. Presentado el correspondiente recurso de apelación por la parte actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, a través de sentencia del 11 de diciembre de 2017, confirmó la decisión de primera instancia.
5. Análisis de la Sala
5.1. De la presunta violación directa de la Constitución
De acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Política, «Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único». Al respecto, en la sentencia T-643 de 2016, la Corte Constitucional consideró lo siguiente:
[E]sta norma es de crucial importancia para el ordenamiento jurídico, por cuanto establece el derecho fundamental de defensa y contradicción, componentes fundamentales del debido proceso y consagra el principio de la doble instancia junto con la necesidad de una estructura jerárquica para su materialización, de forma que las personas puedan impugnar y discutir, ante un nuevo juez con capacidad de revisar las actuaciones de otros, aquellas decisiones con las que no estén de acuerdo. Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que el principio de la doble instancia permite hacer efectivo el derecho fundamental a la administración de justicia, en tanto que permite que los afectados por una decisión errónea o arbitraria tengan una oportunidad para que dicha resolución sea revisada y corregida.
En el presente caso, sostiene el apoderado de la accionante que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en esta causal, debido a que desconoció el principio de la non reformatio in pejus que contiene el mencionado artículo 31, pues, a su juicio, «creó argumentos no planteados jamás en el proceso administrativo para negar las pretensiones de la demanda, a pesar de que dio la razón a la accionante en cuanto al cuestionamiento de fondo a la sentencia de primera instancia».
Pues bien, analizada la providencia del 11 de diciembre de 2017, esta Sala, contrario a lo afirmado por la parte accionante, encuentra infundado el anterior cargo, comoquiera que los argumentos planteados en la tutela carecen del suficiente respaldo jurídico y probatorio.
En efecto, se advierte de la sentencia en cita, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, actuando como juez de segunda instancia, y conforme a los argumentos que presentó la sociedad apelante, llevó a cabo un análisis ponderado sobre la legalidad de la decisión del Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá, de 21 de noviembre de 2016, a través de la cual se había denegado la nulidad de los actos administrativos atacados mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2015-00065-01.
Así, conforme a las razones expuestas por Joyarte S.A.S. en el recurso de apelación, el ad quem examinó las diferencias entre las figuras jurídicas de «pago de lo no debido» y «pago en exceso», con especial atención a las normas aplicables y a la jurisprudencia concordante con el caso, así como el trámite a seguir para solicitar la devolución de los dineros pagados en exceso o no debidos, y la procedencia o no de la corrección de las declaraciones fiscales de la sociedad. Además, verificó con detalle la actividad económica de la mercantil, en concreto, la correspondiente a las ventas efectuadas en almacenes in bond (o depósitos aduaneros, que tienen el mismo trato que las exportaciones), y para las cuales tributó por concepto de ICA en los seis bimestres de los años 2006 al 2010.
En ese orden de ideas, a efectos de determinar el monto exacto para la procedencia de la devolución por concepto de las actividades de exportación que realizó la demandante por ICA en los mencionados seis bimestres los años 2006 a 2010, el Tribunal examinó con detalle la documental obrante dentro del proceso, pero concluyó que no era posible identificar dicho monto porque la interesada no había logrado demostrar el valor de sus ingresos por ventas in bond. Así lo expresó el Tribunal dentro del fallo:
Con todo, la Sala observa que la actora no demostró el valor de sus ingresos que corresponden a las exportaciones y que por ende, serían excluidas del tributo a cargo. En este contexto, según el acervo probatorio, no es posible determinar el monto exacto que procede en devolución por concepto de las actividades de exportación que realizó la actora en los 6 bimestres de los años gravables 2006 a 2010. Al efecto, nótese que la solicitud de devolución radicada por la actora el 15 de noviembre de 2011 (fols. 1 a 7 ca) no determinó suma alguna, por lo cual se infiere que requería la devolución del 100% de los valores pagados en dichas declaraciones. Con todo, se comprobó que la actora también percibió ingresos por otras actividades gravadas con ICA en los periodos discutidos, de modo que no es procedente la devolución del 100% sufragado.
Conforme a los análisis precedentes, la Sala encuentra que el rechazo de la devolución del ICA de los bimestres 1º a 6º de los años gravables 2006 a 2010, está ajustado a derecho, como quiera que la sociedad no satisfizo la carga de la prueba para demostrar el monto del pago indebido, según términos del artículo 167 del CGP. No prospera el cargo.
Como se observa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver el recurso de apelación impetrado por la hoy accionante, lejos de incurrir en la presunta violación directa de la Constitución por transgredir el principio de la non reformatio in pejus, actuó de acuerdo con las reglas y la lógica del recurso, pues se ciñó a elaborar un pronunciamiento respecto de lo señalado en la alzada, y, desde luego, no hizo más gravosas las consecuencias jurídicas para quien la ejercitó. Esto se comprueba al examinarse la sentencia de la primera instancia, a través del cual el Juzgado 44 Administrativo Oral de Bogotá falló de manera desfavorable para los intereses de la demandante y denegó sus pretensiones aduciendo la misma falta de pruebas que el ad quem:
En este contexto, como bien lo consideró el Distrito, es claro que la solicitud de la demandante debía tratarse como un pago en exceso, pues debe tenerse en cuenta que la parte actora es un sujeto pasivo del ICA, razón por la cual a efectos de lograr la devolución de los dineros que pagó de más por concepto de ICA relacionados con los ingresos por ventas de bienes por el sistema in bond, la interesada debió corregir sus declaraciones tributarias donde se liquidará un menor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor.
Nótese que no es cierto que la totalidad de los ingresos provenían de las ventas de mercancías por el sistema in bond; además, la demandante no allegó la prueba donde se pudiera determinar si en alguno de los bimestres sus ingresos solo correspondieron a ventas exentas y de este modo estimarse que efectuó un pago de lo no debido. (Negrillas fuera del texto)
En definitiva, para la Sala es claro que la competencia funcional del Tribunal estuvo delimitada por lo estrictamente manifestado dentro del recurso de apelación, de manera que no es cierto que hubiera actuado en contravía del artículo 31 de la Constitución y haya agravado la situación definida por el a quo para el apelante único, razón por la cual no se advierten vulnerados los derechos fundamentales, que invoca el accionante, por este cargo.
5.2. Del supuesto defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio
Ahora bien, en relación con el segundo de los cargos expuestos por la mercantil accionante, consistente en que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta la totalidad del acervo probatorio a efectos de determinar el monto del pago de lo no debido, la Sala lo considera infundado.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico, en su vertiente negativa, se presenta cuando «se hace manifiestamente irrazonable la valoración probatoria hecha por el juez en su providencia», de manera que se hace evidente un error en su análisis, el cual «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia (…). »Asimismo, y con base en esta premisa, la Corte ha establecido que el vicio en la valoración de la prueba puede manifestarse «cuando el operador jurídico decide separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su arbitrio el asunto jurídico puesto a su consideración, o cuando aprecia una prueba allegada al proceso que se encuentra viciada».
En el presente caso, la tutelante sostiene que el defecto factico se configura dentro de la providencia del 11 de diciembre de 2017, debido a que « [el] Tribunal efectuó una indebida valoración de las pruebas que reposaban en el expediente y consideró no demostrado el mondo del pago de lo no debido, un hecho que sí se desprende de las evidencias aportadas al proceso, incurriendo así en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria».
Pues bien, sea lo primero advertir, que dentro de la solicitud de amparo, la accionante no logra identificar con precisión cuál o cuáles son las pruebas que presuntamente dejó de analizar o estudió defectuosamente el Tribunal accionado, lo cual, debe insistirse, hace parte de la mínima carga que se le exige al tutelante a la hora de promover el mecanismo constitucional. Con todo, luego de examinarse el expediente ordinario en su conjunto, así como el contenido del fallo de la segunda instancia y las pruebas aportadas por las partes, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sí tuvo en cuenta la totalidad del acervo probatorio arrimado al proceso.
En la decisión se observa que el ad quem llevó a cabo un análisis ajustado a las reglas de la sana crítica y realizó una valoración conjunta de la documental obrante dentro del medio de control, así como una interpretación de los antecedentes fácticos y jurídicos del asunto. Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto en la demanda como en la alzada, la sociedad no logró satisfacer la carga de la prueba tendiente a demostrar el monto del pago indebido por ICA, lo cual le competía según lo dispuesto por el artículo 167 del CGP que prevé, respecto de la carga de la prueba, lo siguiente: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
En definitiva, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, las cuales sirvieron de base a la decisión objeto de tutela, la Sala no encuentra que la valoración probatoria realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca resulte arbitraria, contraria al ordenamiento jurídico o carezca de razonabilidad.
En este punto, es preciso señalar que la falta de razonamiento expreso sobre el contenido de un documento, no siempre es suficiente para considerar que la sentencia incurre en defecto fáctico, pues la satisfacción del derecho al debido proceso no exige una respuesta explícita y pormenorizada a todas y cada una de las alegaciones que se aducen como fundamento de la pretensión, pudiendo ser suficiente a los fines del derecho fundamental invocado, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica a las alegaciones formuladas por las partes que fundamente la respuesta a la pretensión deducida, aun cuando se omita una respuesta singular a cada una de las alegaciones concretas no sustanciales.
Por último, cabe reiterar que, tal y como se indicó en las consideraciones generales de esta providencia, y lo ha señalado, de forma reiterada, la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter restringido en atención a la autonomía judicial, razón por la cual la procedencia de la acción está supeditada a la evidente configuración de un defecto con impacto en los derechos fundamentales del afectado. Por lo tanto, el defecto no puede derivarse de suposiciones con respecto a los fundamentos de la decisión.
6. Conclusión
A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, de 11 de diciembre de 2017, no se encuentran configuradas ninguna de las causales presentadas por la parte accionante para deslegitimar su contenido, razón por la cual no se advierten vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia que invoca en protección. En consecuencia, habrá de denegarse el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,
Falla:
DENEGAR la acción de tutela promovida por JOYARTE S.A.S. en contra de la sentencia del 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.
En caso de que la presente decisión no sea impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Al respecto, ver, entre otras, las sentencias T-199 de 2005 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590 de 2009 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y T-809 de 2010 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras. Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002, en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso. Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella.
En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas». Sentencia T-442 de 1994. Folios 2 al 9 del expediente ordinario. Folios 246 al 273 del expediente ordinario. Folios 311 al 338 ibidem. Folios 330 al 332 del expediente ordinario.
«Los ingresos que obtengan las sociedades que se dediquen a la comercialización de bienes por el sistema in bond, según la regulación de los depósitos francos, no hacen parte de la base gravable del ICA». Concepto 1200 de 2009, expedido por la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Folios 336 y 337 ibídem. Folios 337 y 338 del expediente ordinario. Folio 270 del expediente ordinario. Corte Constitucional, Sentencia SU-339 de 2012. M.P. Humberto Sierra Porto. Corte Constitucional, Sentencia T-567 de 1998. Corte Constitucional, Sentencia T-916 de 2012.
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