Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-00399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00399-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00399-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
12 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE PRIMA DE VUELO EN RELIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO A MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL - No configuración / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO
[La Sala deberá] establecer si: ¿la autoridad judicial infringió los derechos fundamentales del señor [O.Q.B.], al haber proferido la sentencia de 15 de junio de 2017, que negó la inclusión de la prima de vuelo como factor computable dentro de la asignación de retiro que devenga, desconociendo que para la entrada en vigencia del Decreto 2070 del 2003 (28 de julio del mismo año), este contaba con más de 20 años de servicio, tal como lo acredita la respectiva hoja de servicios? (…) [Para la Sala,] no existe discusión en que el [tutelante] contaba con 20 años, 7 meses y 2 días de servicio al 25 de febrero de 2004, lo que significa que a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003, el actor contaba solamente con diecinueve (19) años, ocho (8) meses y veintiún (21) días; es decir, tal como lo consideró el Tribunal accionado al actor no le son aplicables las disposiciones del artículo 75 del Decreto 1212 de 1991, sino del Decreto 4433 de 2004 , que exige 3000 horas de vuelo. (…) [En ese orden de ideas,] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó su decisión con fundamento en la valoración que consideró era la correcta, que claramente determinó que el actor no cumplía con los requisitos para que le fuera reconocida la prima de vuelo como partida computable en su asignación de retiro; análisis y valoración normativa que se encuentra ajustada a los parámetros del artículo 230 de la Constitución Política, que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la república. (…) Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto fáctico endilgado. Todo lo expuesto sin duda impone a la Sala, negar la solicitud de amparo invocada,
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00399-00(AC)
Actor: ORLANDO QUINTERO BARAJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor Orlando Quintero Barajas, a través de apoderado judicial, contra la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por proferir la sentencia de 15 de junio de 2017, con la que se revocó la decisión judicial de 18 de noviembre de 2016, emitida por el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá, a través de la cual ordenó reajustar su asignación de retiro con inclusión de la prima de vuelo dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Caja de Sueldos Retiro de la Policía Nacional, lo cual considera vulneratorio de sus derechos fundamentales.
I. EL ESCRITO DE TUTELA
Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:
Manifestó que prestó sus servicios a la Policía Nacional, específicamente en el área de Aviación, donde completó un total de más de 1400 horas de vuelo, como tripulante de las aeronaves propias y al servicio de la institución; por lo que durante servicio activo le fue reconocida la prima de vuelo como factor salarial en un porcentaje equivalente al 34% del sueldo básico.
Señaló que mediante Resolución 00755 del 20 de febrero de 2004, CASUR le reconoció una asignación de retiro, pero sin incluir lo correspondiente a la mencionada prima de vuelo; por lo que, luego de agotar el trámite administrativo, incoó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho elevando tal pretensión, cuyo conocimiento correspondió en primera instancia al Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá, que, a través de sentencia de 18 de noviembre de 2016, accedió a las súplicas de la demanda.
Informó que contra la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de junio de 2017, en la que revocó la decisión del a quo, para, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, al considerar que solo contaba con 19 años, 11 meses 7 y 19 días de servicio, al momento de entrada en vigencia del Decreto 2070 del 2003, lo cual ocurrió el 28 de julio del mismo año.
Al respecto, aseguró que tal situación vulnera sus derechos fundamentales, en tanto la hoja de servicios, según su decir, dan cuenta de 20 años, 7 meses y 2 días, para dicha época.
Pretensión.
Como consecuencia de lo anterior solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 15 de junio de 2017, proferida por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, se profiera nueva decisión judicial en la que se ordene a CASUR que incluya la prima de vuelo dentro de la asignación de retiro que actualmente devenga.
II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA
Mediante auto de 13 de febrero de 2018, el despacho sustanciador del presente asunto admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó la notificación de los magistrados integrantes de la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como como demandados; de otro lado, a la CASUR y al Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá, en calidad de terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 2591 de 1991, se ofició a las autoridades judiciales mencionadas para que allegaran el expediente en el que se tramitó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el accionante contra CASUR, con radicado 2015-00210.
III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO
3.1. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
El abogado asesor de la entidad solicitó desestimar el amparo solicitado dentro de la acción de tutela con las razones a que a continuación se sintetizan:
Manifestó que este mecanismo es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial como en efecto ocurre en este caso, pues el actor ya hizo uso de los mismos y sus pretensiones ya fueron debatidas, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, de conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional en las Sentencias T-161 de 2005 y T-262 de 1998.
3.2. Subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá.
Las autoridades judiciales guardaron silencio durante el término de traslado de la acción de tutela presentada.
IV. CONSIDERACIONES
Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; determinación del problema jurídico; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; la decisión que se cuestiona y el caso concreto.
4.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: «[…] Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]» esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por proferir la providencia de 15 de junio de 2017.
4.2. Problema Jurídico.
En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para cuestionar la decisión proferida por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los requisitos generales de procedencia?
Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si: ¿la autoridad judicial infringió los derechos fundamentales del señor Orlando Quintero Barajas, al haber proferido la sentencia de 15 de junio de 2017, que negó la inclusión de la prima de vuelo como factor computable dentro de la asignación de retiro que devenga, desconociendo que para la entrada en vigencia del Decreto 2070 del 2003 (28 de julio del mismo año), este contaba con más de 20 años de servicio, tal como lo acredita la respectiva hoja de servicios?
4.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.
En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
Vicios de fondo.
Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del juez constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.
4.4. Del caso concreto.
Es preciso indicar que la parte actora hizo uso de este mecanismo constitucional con el fin de dejar sin efecto la sentencia de 14 de junio de 2017, proferida por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, de acuerdo con su decir, incurrió en defecto fáctico, de tal manera que el análisis del juez de tutela debe centrarse en tales supuestos.
Esto, en atención a que la corporación judicial accionada revocó la decisión del a quo de acceder a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negar la inclusión de la prima de vuelo como factor computable a tener en cuenta en la respectiva asignación de retiro, al considerar que el actor no contaba con 20 años de servicio a la entrada en vigencia del Decreto 2070 del 2003, lo cual ocurrió el 28 de julio del mismo año; pues contrario a ello, aseguró que la hoja de servicio da cuenta que para esa época el señor Quintero Barajas llevaba en el servicio activo de la institución 20 años, 7 meses y 2 días.
Una vez establecido el motivo de inconformidad expuesto por la parte tutelante, es necesario precisar las actuaciones que se surtieron al interior del proceso ordinario cuestionado en sede de tutela para analizar los cargos formulados por la parte actora frente a la decisión judicial atacada que cobro efecto de cosa juzgada.
De las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario.
• A través de Resolución 00755 de 20 de febrero de 2004, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional le reconoció al señor Orlando Quintero Barajas una asignación de retiro de la siguiente manera:
«[…] Que la Policía Nacional con fecha 12-12-2003, expidió la Hoja de Servicios No. 9530013, registrada en el libro No. 003, a folio No. 584, correspondiente al señor Sargento Viceprimero (r) QUINTERO BARAJAS ORLANDO, de conformidad con el Decreto 1212 de 1990.
Que esta Entidad se aparta de la citada hoja de servicios en lo referente a la liquidación de la deferencia por año aboral, en consideración a que la mencionada institución omitió la aplicación del Decreto 2070 de 2003, vigente a la fecha fiscal de retiro del señor Sargento Viceprimero r) QUINTERO BARAJAS ORLANDO.
Que por lo anteriormente expuesto, el tiempo de servicio legalmente computable para el reconocimiento de la asignación mensual de retiro del mencionado Sargento Viceprimero (r) es de: 20 años, 06 meses, 28 días, incluida diferencia por año laboral de acuerdo al Decreto 2070 de 2003, quedando desvinculado del servicio activo a partir del 25-02-2004.
Que al tenor de lo dispuesto en los Decretos 1212 de 1990, 1791 de 2000, 2070 de 2003 y demás normas concordantes en la materia, se le debe reconocer y pagar asignación mensual de retiro en cuantía equivalente al 70% de sueldo básico de actividad para el grado y partidas legalmente computables, incluido un 39% por concepto de subsidio familiar, partida que no surtirá variación salvo las excepciones de ley, según liquidación que obra a folio 3. […]».
• Mediante derecho de petición (sin fecha de radicación) presentado ante CASUR, el accionante solicitó la reliquidación de su asignación de retiro «en un TREINTA Y CUATRO POR CIENTO (34%) del sueldo básico por concepto de inclusión del factor salarial PRIMA DE VUELO que él venía devengando a momento de su retiro con afectación de la doceava parte (1/12) de la prima de navidad, pagando la diferencia resultante debidamente indexada, para los años 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y siguientes».
• Por intermedio de Oficio 31670 de 16 de diciembre de 2014, CASUR dio respuesta desfavorable a los pedimentos mencionados.
• De las providencias aportadas al expediente de tutela se evidencia que el señor Orlando Quintero Barajas promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra CASUR, con radicado 2015-00210, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo atacado.
Después de surtir las actuaciones pertinentes, el Juzgado Veintiuno Administrativo de Bogotá, profirió la sentencia de 18 de noviembre de 2016, con la que accedió a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:
«[…] PRIMERO.- DECLARAR la nulidad del Oficio No. 31670/GAG SDP del 16 de Diciembre de 2014, mediante el cual el Ministerio de Defensa – Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, niega la prima de vuelo.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho se ordena a la CAJA DE SUELDOS RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL, a reajustar la asignación de retiro con la inclusión de la prima de vuelo como factor computable del señor ORLANDO QUINTERO, […], conforme a lo establecido en el artículo 75 y numeral 6 del artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, de acuerdo a la parte motiva de esta fallo.
[…]».
Lo que dijo la decisión que se censura.
• Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada presentó recurso de apelación, el cual fue desatado por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 15 de junio de 2017, en la que revocó la decisión del a quo, para en su lugar negar las súplicas de la demanda, bajo las siguientes consideraciones:
«[…] Sea lo primero señalar que, en efecto, el actor estuvo en servicio activo hasta el 25 de noviembre de 2003, razón por la cual, su asignación de retiro debía regirse por el Decreto 2070 de 2003, que entró a regir el 28 de julio del mismo año. Por su parte, el demandante sustenta que su situación jurídica debe gobernarse por lo preceptuado en el Decreto 1212 de 1990, habida cuenta que pese a las modificaciones introducidas por el Decreto 2070 de 2003 este último estatuto dispuso en el artículo 2° que debía garantizársele los derechos adquiridos a aquellos militares o policiales que tenían consolidada su situación jurídica con anterioridad a su entrada en vigencia, así:
Artículo 2o. Garantía de los derechos adquiridos. Los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y Soldados de las Fuerzas Militares, o sus beneficiarios, que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto hubieren cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a una asignación de retiro o a una pensión de invalidez, o a su sustitución, o a una pensión de sobrevivencia, conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos, conforme a normas anteriores.
Conforme a la norma transcrita, esta protección tiene sustento en los criterios doctrinarios y jurisprudenciales que se han construido en torno a los derechos adquiridos, entendiéndose como tales las situaciones jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una pertenecen al patrimonio de una persona. En sentir de la Sala, la anterior protección implica que, para el caso en concreto, el demandante debía cumplir todos los requisitos exigidos para obtener la asignación de retiro, con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 2070 de 2003, en aras de que la prima de vuelo fuera reconocida en dicha prestación según la preceptiva anterior.
El Consejo de Estado mediante sentencia del 28 de febrero de 2013, en relación con los nuevos requisitos para tener derecho a la prima de vuelo como partida computable en la asignación de retiro consignada en el artículo 6° del Decreto 4433 de 2004m que reprodujo en términos idénticos la norma prevista en el Decreto 2070 de 2003, preciso lo siguiente:
(…)
Un claro ejemplo –señala el accionante- de la falta de competencia del Presidente de la República para regular aspectos substanciales de la asignación de retiro, lo constituye el artículo 6 del pluricitado decreto, al establecer como requisito adicional a los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional para que la prima de vuelo se pueda considerar base de liquidación pensional el tener20 o mas años de servicio y un mínimo de tres mil horas de vuelo, cuando este requisito no estaba contemplado en el Decreto 1212 (arts. 75 y 140) que regula el régimen prestacional de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.
(…)
En tratándose de derechos de seguridad social ha señalado la jurisprudencia constitucional que estos no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como sí sucede con los derechos fundamentales o de primera generación, sino que para ser titular de ellos, es necesario cumplir los requisitos señalados en la ley. Cuando en vigencia de ella llegan a cumplirse se habla de derecho adquirido, cuando está en vía de cumplirlos se habla de expectativa de derecho[9].
Como ya se vio, la Ley 923 de 2004, en su artículo 2, numeral 2.1,
dispuso la protección de los derechos adquiridos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma; también lo reiteró el artículo 2 del Decreto cuestionado, de lo que se colige, que el requisito contemplado en la norma reglamentaria cuyos sujetos entre otros son los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, de cumplir con 20 o más años de servicio y un mínimo de tres mil horas de vuelo para que la prima de vuelo se considere computable para la base de liquidación pensional, es aplicable sólo a quienes no hayan cumplido a la fecha de la reglamentación la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a una asignación de retiro, una pensión de invalidez, o a su sustitución, o a una pensión de sobrevivencia, por tener solo una mera expectativa y por ende ser una exigencia modificable de acuerdo a los principios establecidos para tal fin, de manera que el Gobierno podía establecer las condiciones diferentes para computar la prima de vuelo para los sujetos señalados en la norma, a partir de la vigencia de la reglamentación demandada. (Subrayado original)
Ahora bien, como quiera que el demandante se retiró del servicio por solicitud propia a partir del 25 de noviembre de 2003, resulta necesario analizar si en vigencia del Decreto 1212 de 1990, ya había cumpido el actor los requisitos exigidos para obtener el derecho a la asignación de retiro, consignados en el artículo 44 que dispone:
Artículo 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente estatuto, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de los primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.(Subrayado original)
En el caso concreto del demandante, una vez analizada su hoja servicios (Fol. 2), se tiene que al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia el decreto 2070 de 2003, tenía diecinueve (19) años, once (11) meses y diecinueve (19) días de servicio, lo que resulta de la sumatoria de los tiempos prestados en calidad de Agente Alumno, Agente de Policía, Suboficial de la Policía, así como el correspondiente a la diferencia año laboral reconocida por la Policía Nacional.
Acorde con lo anterior, concluye la Sala que el demandante no tenía un derecho adquirido al momento en que entró a regir el Decreto 2070 de 2003, habida cuenta que a dicha fecha no contaba con los 20 años de servicio de que trata la norma en cita, por lo que obró bien la entidad demandada al negar la inclusión de la prima de vuelo en la asignación de retiro al no haberse acreditado además de 20 años de servicio un mínimo de 3000 horas de vuelo, sino 1200 horas con 35 minutos de vuelo (Fl. 115).
[…]»
De la solución planteada al caso concreto.
Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionada en sede de tutela por el señor Orlando Quintero Barajas, se reitera que aquel hizo uso de este mecanismo con el fin de buscar el amparo de los derechos fundamentales, los cuales considera vulnerados por la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al incurrir en defecto fáctico, pues de acuerdo con su decidir, este valoró de manera indebida la hoja de servicios que da cuenta del verdadero tiempo de servicio activo en la institución.
Se advierte que en el presente caso no está en discusión el tránsito legislativo frente a la normativa aplicable en relación con el reconocimiento de asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional; en este punto, se recuerda que existe una postura pacifica al respecto, tal como lo ha señalado esta Sala de decisión, así:
«[…] A partir de lo anterior, se colige que la norma transcrita fijó los siguientes aspectos:
Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25 años de servicios.
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional indicó que a los miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Lo anterior, en concordancia al tiempo de servicios señalados en los artículos 144 del Decreto 1212 de 1990 y 104 del Decreto 1213 del mismo año.
Por tanto, el único condicionamiento que la Ley 923 del 2004 consagró para ser beneficiario de la transición señalada en su artículo 3º es que al momento de la entrada en vigencia la persona se encuentre en servicio activo en la Fuerza Pública (Policía Nacional), toda vez, que respecto a la exigencia del término señalado a los miembros activos, únicamente se limitó a respetar los mínimos y máximos señalados en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro, al margen de la causal de retiro.
[…]
Es evidente, que los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004, establecieron para percibir una asignación de retiro un tiempo mayor al que se encontraba previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que era de 15 años. De este modo, se desconoció el marco general dispuesto por el legislador, cuando estableció los parámetros que debía observar el ejecutivo al momento de expedir la regulación pertinente para el goce de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban vinculados.
Debe afirmarse también, que ése marco general no impidió que se hicieran más rígidos los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a tiempo de servicio se refiere, pero lo que sí hizo, fue prohibir que para quienes se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en vigencia, se les exigieran mayor tiempo del contemplado en el régimen anterior.
La anterior interpretación, es la que resulta apropiada de acuerdo con la naturaleza de la materia en estudio, pues además de ser evidente que el gobierno no dispuso el régimen de transición en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004, que obedece a la necesidad de regular situaciones en consolidación pero que no se hallan perfeccionado, simplemente contempló en dicha normativa el reconocimiento de la existencia jurídica de un derecho que se consolidó por reunir los requisitos en su vigencia, al margen que materialmente el beneficiario no lo hubiere recibido aún; lo cual no satisfizo la intención del legislador, pues de serlo así, no se requiriera de transito normativo, ya que sería suficiente la aplicación de la ley en el tiempo.
Pues bien, concluye la Sala que para respetar la expectativa de quienes se encontraban próximos a alcanzar la asignación de retiro, el legislador a través de la Ley 923 del 2004 dispuso un marco general con destino a la Fuerza Pública, que estableció que quienes se encontraren en servicio activo al momento en que éste cobró vigencia, no se les podía exigir tiempo de servicio mayor al previsto en el régimen anterior.
La anterior postura ha sido acogida por la Consejera Ponente en sus sentencias, tal y como se puede observar en la providencia del 8 de septiembre del 2017, que señaló:
“(…)
En conclusión, tal como fuere decidido por el a quo, el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional.
(…)” […]»
Dicho lo anterior, en el caso en concreto no existe discusión acerca de los 20 años de servicios con que debía contar el señor Orlando Quintero Barajas al momento de su desvinculación, para determinar si le son aplicables las disposiciones del Decreto 1212 de 1990 o del Decreto 4433 de 2004, y, así mismo, si es o no acreedor a que se le incluya la prima de vuelo como factor computable en la asignación de retiro, tal como lo pretende; lo cual, depende de lo acreditado al expediente contencioso a través de la respectiva hoja de servicios.
Se recuerda que, la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia de 15 de junio de 2017, hoy acusada, en cuanto a la valoración de la hoja de servicios del actor, señaló:
«En el caso concreto del demandante, una vez analizada su hoja servicios (Fol. 2), se tiene que al 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia el decreto 2070 de 2003, tenía diecinueve (19) años, once (11) meses y diecinueve (19) días de servicio, lo que resulta de la sumatoria de los tiempos prestados en calidad de Agente Alumno, Agente de Policía, Suboficial de la Policía, así como el correspondiente a la diferencia año laboral reconocida por la Policía Nacional.»
Por su parte, la parte actora frente a dicha valoración señaló que la misma configura un defecto fáctico, en los siguientes términos:
«[…] Es palmario, que del estudio a la hoja de servicios de mi representado, se tiene que ingresó a la Policía Nacional el 7 de noviembre de 1983 y para el 25 de febrero de 2004, fecha en que se cumplió con los tres meses de alta, según dicho medio de prueba se corrobora que el tiempo total de servicio del demandante es de 20 años, 7 meses 2 días: para lo cual se tuvo de presente la sumatoria de los
periodos en que se desempeñó como Alumno, Agente, Suboficial, inclusión de los tres (3) meses de alta y la diferencia del año laboral señalado en el artículo 145 del decreto 1212 de 1990.
Como quiera que, el demandante a 25 de febrero de 2004 acreditó un tiempo de servicio de 20 años, 7 meses y 2 días, entonces a 23 de febrero de 2004, contaba con 20 años y 7 meses de servicio; y a 23 de julio de 2003, esto es 7 meses antes, contaba con 20 años labores a la Policía Nacional, entonces, el acto a 28 de julio de 2003, contaba con un tiempo de servicio de veinte (20) años y cinco (5) días.
[…]»
Como se observa, para determinar la configuración o no del defecto fáctico endilgado, la Sala considera necesario recordar el contenido de la hoja de servicios del señor Orlando Quintero Barajas, así:
NOVEDAD
DISPOSICIÓN
FECHA INICIO
FECHA TERMINO
TOTAL
A M D
AGENTE ALUMNO
AGENTE
SUBOFICIAL
ALTA TRES MESES
DIFERENCIA AÑO LABORAL
OAP 1-231 07 Dic 1983
R 1896 14 Abr 1984
R 5683 25 Sep 1987
R 2553 21 Nov 2003
DR 1212 08 Jun 1990
07 Nov 1983
01 May 1984
25 Sep 1987
25 Nov 2003
30 Abr 1984
24 Sep 1987
25 Nov 2003
25 Feb 2004
0-5-23
3-4-23
16-2-0
0-3-15
TOTAL VEINTE AÑOS SIETE MESES DOS DÍAS
20-7-2
De acuerdo con la información que antecede, no existe discusión en que el señor Orlando Quintero Baraja contaba con 20 años, 7 meses y 2 días de servicio al 25 de febrero de 2004, lo que significa que a 28 de julio de 2003, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003, el actor contaba solamente con diecinueve (19) años, ocho (8) meses y veintiún (21) días; es decir, tal como lo consideró el Tribunal accionado al actor no le son aplicables las disposiciones del artículo 75 del Decreto 1212 de 1991, sino del Decreto 4433 de 2004, que exige 3000 horas de vuelo.
En este punto, si bien es cierto el conteo realizado por la Sala de diecinueve (19) años, ocho (8) meses y veintiún (21) días, no coincide con el expuesto en la providencia acusada, esto es, diecinueve (19) años, once (11) meses y diecinueve (19) días, tal diferencia no es de tal magnitud que comprometa el contenido de la decisión acusada, pues, en definitiva, lo cierto es que el actor no contaba con los veinte (20) años de servicio a la entrada en vigencia del Decreto 2070 de 2003.
Como se observa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó su decisión con fundamento en la valoración que consideró era la correcta, que claramente determinó que el actor no cumplía con los requisitos para que le fuera reconocida la prima de vuelo como partida computable en su asignación de retiro; análisis y valoración normativa que se encuentra ajustada a los parámetros del artículo 230 de la Constitución Política, que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la república.
Por ello, es oportuno afirmar que el juez contencioso-administrativo cuando conoce de una actuación como la que ha sido censurada en este reclamo constitucional, ejerce su función como parte integrante de una de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política. De ello, se sigue que la autoridad judicial que desarrolla una competencia constitucional no puede ser desplazada por el juez del recurso de amparo, pues uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho está constituido por el principio de separación de poderes y la estricta observancia de las competencias que la Constitución y la Ley entregan a cada funcionario, a la luz de los artículos 6º y 121 de la Carta.
Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto fáctico endilgado.
Todo lo expuesto sin duda impone a la Sala, negar la solicitud de amparo invocada por el señor Orlando Quintero Barajas contra la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Orlando Quintero Barajas contra la subsección D de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 26 de febrero de 2018. En adelante CASUR. Ff. 1 a 15. F. 41. Ff. 62 a 78. Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. Al presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para buscar la satisfacción de sus intereses. En la medida en que interpuso la acción de tutela el 9 de febrero de 2018, es decir, 1 mes después de que se notificara (14 de diciembre de 2017) la sentencia de 15 de junio de 2017, que puso fin al proceso ordinario cuestionado.
a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico:
Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares. Ff. 3 y 4, expediente contencioso. Ff. 6 y 7 Ibídem. Ff. 8 y 9 Ibídem. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 8 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 3473 – 2014, demandante: Wilson Javier Chaparro Ladino, demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 28 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 4302 – 2015, demandante: Ricardo Escamilla Calderón.
demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR). F. 2 expediente contencioso. Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.