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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00425-00

Acción de tutela contra providencia judicial: proferida en acción popular

Fecha
19 de abril de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00425-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

19 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Proferida en acción popular / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRAICIÓN DE JUSTICIA / DEFECTO SUSTANTIVO – Indebida interpretación de la norma / ACCIÓN POPULAR PROCEDE CONTRA TODA ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS / RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL / OBLIGACIÓN DE ELIMINAR LAS BARRERAS FÍSICAS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD VISUAL

En la sentencia del 17 de marzo de 2016, en la que esta Corporación indicó que un análisis en conjunto de las normas, evidencia, a todas luces, que las edificaciones tanto
Las edificaciones tanto públicas como privadas deben cumplir con las leyes y normas técnicas que propenden por la eliminación de las barreras físicas para la población en situación de discapacidad y garantizar su accesibilidad, razón por la cual también los pasibles de la acción popular por la amenaza o violación de los derechos colectivos. En esa lógica, la Sala observa que en la sentencia del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó, de manera errada, que en la construcción del edificio Portal de la Avenida, de la ciudad de Bucaramanga, no debían aplicarse las normas sobre protección de derechos colectivos porque la edificación se encontraba sometida al régimen de propiedad horizontal, pues esta afirmación constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del ahora accionante. (…) De igual manera, en relación con los derechos de las personas con discapacidad visual, que también fueron objeto de debate en la providencia atacada, es preciso subrayar que estos constituyen auténticos derechos colectivos, pues se trata de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos y supone la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada. Por lo tanto, dichos derechos deben ser garantizados, no solo por las autoridades públicas, sino también por los particulares, sin que puede afirmase, razonablemente, que por el hecho de tratarse de una unidad de vivienda privada, las personas que requieran de una especial modificación de su entorno para movilizarse en sus áreas comunes, no son titulares del derecho colectivo cuya protección se pretende a través de la acción popular objeto de estudio. (…) [L]a Sala concluye que en la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 15 de noviembre de 2017, se encuentra configurado el defecto sustantivo por interpretación errónea de la norma.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00425-00(AC)

Actor: JAIME ORLANDO MARTINEZ GARCIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

Se decide la acción de tutela promovida por José Orlando Martínez García en contra de la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

1. Antecedentes

1.1. La acción de tutela

El ciudadano Jaime Orlando Martínez García, identificado con cédula de ciudadanía 91.229.322, de Bucaramanga, interpone, en nombre propio, acción de tutela en contra de la providencia del Tribunal Administrativo de Santander de 15 de noviembre de 2017, a través de la cual se resolvió la alzada frente a la sentencia del Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, de 30 de septiembre de 2015, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso.

1.2. Las pretensiones

El accionante busca el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia, solicita dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 15 de noviembre de 2017, ordenándosele proferir una nueva decisión donde «estudi[e] y valor[e] las pruebas que reposan dentro del expediente, confrontándolas con la pretensión de la demanda, cada pretensión de forma individual y no a nivel grupal como [lo] hizo (…)».

1.3. Hechos de la solicitud
Del escrito de tutela se pueden extraer, como relevantes, los siguientes hechos:

1.3.1. El 21 de junio de 2012, el señor Jaime Orlando Martínez García presentó acción popular contra el municipio de Bucaramanga, la constructora Coinvecol, la Curaduría Urbana número 1 de Bucaramanga y la iglesia cristiana Centro de Restauración Familiar, con el fin de obtener la protección de los derechos de la población con discapacidad visual, presuntamente vulnerados por la omisión en la instalación del sardinel del conjunto residencial «Portal de la Avenida», del barrio Provenza de la capital santandereana.

1.3.2. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga declaró la no vulneración de los derechos invocados, al considerar «privados», y no colectivos, los que buscaba en protección el actor popular.

1.3.3. Presentado el correspondiente recurso de apelación por la parte actora, el Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia del 15 de noviembre de 2017, confirmó la decisión de primera instancia.

1.4. Fundamentos jurídicos del accionante

En primer lugar, señala que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en el defecto fáctico (negativo), por no valorar el material fotográfico aportado como prueba en la demanda de acción popular, en tanto este permitía observar con claridad la invasión de las aceras del edificio Portal la Avenida, consecuencia del cambio de destino, a locales comerciales, de los espacios proyectados para parqueaderos.

En segundo lugar, indica que la autoridad judicial incurrió en el defecto sustantivo, debido a que desconoció lo dispuesto por las leyes 472 de 1998 y 361 de 1997, y los decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010, preceptos según los cuales la acción popular es procedente para la protección de los derechos colectivos y, por lo tanto, puede dirigirse también contra los particulares. Además, porque las medidas establecidas por el legislador y el ejecutivo, en ejercicio de su facultad reglamentaria, para eliminar las barreras de accesibilidad física a las personas en condición de discapacidad, también aplican para las edificaciones de carácter privado.

Finalmente, manifiesta que se desconoció el precedente establecido por el Consejo de Estado en providencias que resolvieron acciones de tutela en casos similares, en las cuales se consideró que la acción popular resulta procedente para proteger derechos de las personas con discapacidad. En concreto, señaló las siguientes: i) sentencia de 10 de diciembre de 2015, proferida por la Subsección B, de la Sección Segunda, radicación 2015-02862-00; ii) sentencia de 24 de septiembre de 2015, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda, radicación 2015-02957-00; iii) sentencia de 17 de marzo de 2015, proferida por la Sección Quinta, radicación 2016-00175-00; y, iv) sentencia de 8 de septiembre de 2016, proferida por la Sección Cuarta, radicación 2016-00421-01.

2. Actuación procesal
2.1. Trámite
La acción de tutela fue admitida por esta Corporación mediante auto del 5 de marzo de 2018, en el que además se ordenó notificar como demandado al Tribunal Administrativo de Santander, y como terceros interesados al municipio de Bucaramanga, el señor Alcides Ardila, las curadurías urbanas 1 y 2, la constructora Coinvecol y la iglesia cristiana Centro de Restauración Familiar, para que en ejercicio de su derecho de defensa, y en el término de tres días, rindieran el respectivo informe.

2.1.1. Intervenciones

Dentro del término de traslado para allegar el informe, se presentaron las siguientes intervenciones:

Del municipio de Bucaramanga

Mediante escrito de 23 de marzo de 2018, la apoderada de la Secretaría de Planeación del municipio solicitó desvincular a la entidad territorial del proceso y declarar la improcedente de la acción de tutela.

En síntesis, señaló que como el origen de la tutela era un presunto error en la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, la entidad territorial carecía claramente de la competencia para asumir alguna responsabilidad y, por tanto, llevar a cabo cualquier actuación que pudiera solucionarlo. Asimismo, indicó que la solicitud carecía de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, debido a que «existían otros recursos o medios de defensa judicial»; sin embargo, no desarrollo este argumento.

De Coinvecol Constructora S.A.S.

Por escrito del 23 de marzo de 2018, la apoderada judicial de la sociedad se opuso a las pretensiones de la acción de tutela y solicitó declarar su improcedencia, así como la falta de legitimación en la causa por pasiva de su representada.

En primer lugar, adujo que la situación de hecho alegada por el accionante carecía de los fundamentos jurídicos suficientes para tenerla como una vulneración de derechos colectivos, pues en realidad se trataba de un supuesto de incumplimiento contractual, que afecta los derechos subjetivos de los propietarios del inmueble, y cuya jurisdicción natural, a la luz de lo depuesto por el artículo 1602 del Código Civil y la Ley 675 de 2001 de propiedad horizontal es, por tanto, la civil.

En segundo lugar, señaló que el accionante no había agotado «todos los medios ordinarios y extraordinario de defensa judicial [a su] alcance», pues en la actualidad, con radicación 68001233300020160061600, se estaba tramitando otra acción popular ante el Tribunal Administrativo de Santander, donde el señor Martínez García fungía como agente oficioso de una de las propietarias del mismo inmueble, y la parte demandada estaba constituida por algunos de los mismos sujetos que la conformaban en el proceso cuya sentencia era objeto de tutela.

Finalmente, solicitó que Coinvecol Constructora S.A.S. fuera desvinculada del proceso, por cuanto los hechos en los que fundamenta la acción de tutela el señor Martínez no la relacionan en ningún acápite con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados, lo cual considera lógico, comoquiera que la sociedad solo fue arrendataria de dos locales comerciales «que ya fueron entregados a su propietario». Por lo tanto, añadió, la entidad «no ha efectuado ningún acto u omisión que atente, vulnere o ponga en peligro derecho fundamental de que es titular el accionante».

3. Consideraciones

3.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela dirigida contra el Tribunal Administrativo de Santander.

3.2. Problema jurídico

De encontrarse procedente el ejercicio de la presente acción de tutela contra la sentencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, la Sala deberá determinar si, en efecto, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad del señor Jaime Orlando Martínez García, por incurrir la providencia en los defectos sustantivo por interpretación indebida de la norma y desconocimiento del precedente, y fáctico por valoración defectuosa de la prueba.

Con el fin de dilucidar el anterior problema, la Sala considera necesario abordar el estudio los siguientes temas: i) la excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela; iii) examen de los requisitos especiales de procedibilidad: a) el defecto fáctico (negativo) por valoración defectuosa de la prueba, b) el defecto sustantivo por aplicación indebida de la norma, c) el desconocimiento del precedente; iv) hechos probados; v) análisis de la Sala; y, vi) conclusión.

3.2.1. La excepcionalidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio, y en los artículos 11, 12 y 40, estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, dichos artículos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas por la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrollando diferentes reglas para su estudio, las cuales finalmente convergieron en la sentencia C-590 de 2005, donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse su estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrán de seguirse los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia. Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014, acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

3.2.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra la providencia del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander

1. El asunto tiene relevancia constitucional: Sí, pues se centra en la discusión de una presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso (artículo 29 Constitución Política) y el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ibídem).

2. Se agotaron los medios de defensa judicial: Sí, ya que la decisión acusada es una sentencia de segunda instancia, contra la cual, una vez realizado el correspondiente estudio, no procede ningún otro recurso.

3. Se presentó con inmediatez: Sí, dentro de un término razonable, puesto que la providencia acusada fue proferida el 15 de noviembre de 2017, y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 6 de febrero del presente año (folio 46), con lo cual se dan por satisfechos los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado.

4. Los hechos y los argumentos en que se fundamenta la acción de tutela, aunque extensos, guardan coherencia lógica y temporal.

5. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela, toda vez que la providencia censurada fue proferida al interior de un proceso de acción popular.

Conforme a lo anterior, el presente asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que se procederá a desarrollar el examen de las causales específicas de procedibilidad, en tanto presupuesto necesario para el estudio de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.3. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución, que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso concreto se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.

En el presente asunto, señala el accionante que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en los defectos sustantivo, por indebida aplicación de la norma y desconocimiento del precedente, y fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Por lo tanto, con el fin de determinar la procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no de los derechos fundamentales invocados, la Sala procederá con el análisis de las mencionadas causales.

3.3.1. El defecto sustantivo por interpretación indebida de la norma

En cuanto a la indebida interpretación o aplicación de una norma, recientemente, en la sentencia SU-050 de 2017, la Corte Constitucional precisó que este defecto se presenta cuando: a) la interpretación o aplicación, prima facie, no se encuentra dentro del margen de razonabilidad o proporcionalidad; b) es adaptada una disposición de forma contraevidente o contra legem; c) es evidentemente perjudicial para los intereses de una de las partes, a pesar de la legitimidad de que estos gocen; d) es manifiestamente errada y desatiende los parámetros de juridicidad y aceptabilidad; e) resulta injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución; o, f) cuando dejan de aplicarse normas constitucionales o legales pertinentes.

Según la jurisprudencia de la Corte, no cualquier interpretación o aplicación puede considerarse un defecto sustantivo. En todo caso, el error judicial debe ser «ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de lineamientos constitucionales y legales pertinentes». Lo anterior debido a que el juez constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que decidir, «pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos procesales».

Así las cosas, el defecto sustantivo se configura cuando el juez «en ejercicio de su autonomía e independencia, desborda la Constitución o la ley en desconocimiento de los principios, derechos y deberes superiores», lo cual puede ocurrir, entre otros aspectos, por la errónea interpretación o aplicación de la norma, como puede suceder, por ejemplo, cuando se desborda el contenido de la norma y se imponen mayores barreras a las exigidas por el legislador para conceder el derecho o se desconocen normas que debían aplicarse.

3.3.2. El defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 230 de la Constitución, los jueces solo están sometidos al imperio de la ley y, por tanto, no están obligados a fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores. No obstante, esta regla encuentra su excepción, según la Corte Constitucional, siempre y cuando, «expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal consideró en la Sentencia C-590 de 2005 que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.

En lo que corresponde con el «defecto sustantivo por desconocimiento de precedente judicial», la Corte Constitucional ha sostenido que este se configura cuando se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: (i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.

Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción; y en los casos en los que no son susceptibles de ser revisados por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.

Así las cosas, los jueces tienen como deber de obligatorio cumplimiento el de acoger las decisiones proferidas por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias decisiones en casos idénticos; regla que solo permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se atiendan las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)»

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe.

En definitiva, solo los cambios de jurisprudencia no justificados, o no advertidos de manera expresa, serán pasibles de control excepcional por parte del juez de tutela, en tanto constituyen manifestaciones de arbitrariedad por parte del juzgador ordinario que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en idénticas circunstancias frente a la ley.

3.3.3. El defecto fáctico por valoración defectuosa de la prueba

De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».

En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:

[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento. [Negrillas fuera del texto]

De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio», situación que se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide apartarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y, por el contrario, con base en ellas fundamenta su decisión.

En términos generales, de acuerdo con una sólida línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, el supuesto de indebida valoración probatoria se configura, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.

En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia».

En definitiva, se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica, de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador.

4. Hechos probados
4.1. El 21 de junio de 2012, el señor Jaime Orlando Martínez García presentó acción popular en contra del municipio de Bucaramanga, la constructora Coinvecol, la Curaduría Urbana número 1 de Bucaramanga y la iglesia cristiana Centro de Restauración Familiar, con el fin de obtener la protección de los derechos de la población con discapacidad visual para su plena integración social.

4.2. Mediante sentencia de 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga declaró la no vulneración de los derechos invocados, pues consideró individual, y no colectiva, la naturaleza de los que buscaba en protección el actor popular.

4.3. Presentado el correspondiente recurso de apelación por la parte actora, el Tribunal Administrativo de Santander, a través de sentencia del 15 de noviembre de 2017, confirmó la decisión de primera instancia.

5. Análisis de la Sala

En el sub lite, el peticionario considera que el Tribunal Administrativo de Santander, que conoció del proceso de acción popular radicado con el número 68001333170420120015901, lesionó sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, al proferir la sentencia del 15 de noviembre de 2017 bajo los defectos fáctico y sustantivo.

No obstante lo anterior, su principal motivo de inconformidad radica en que de acuerdo con el criterio de la autoridad judicial acusada, las normas que protegen los derechos colectivos, en concreto los derechos de las personas con discapacidad visual, solo pueden aplicarse en las áreas y construcciones de naturaleza pública. Es decir, no cobijan a las edificaciones sometidas al régimen de propiedad horizontal, por cuanto el actor pretendía la protección de derechos fundamentales y no colectivos, para lo cual no resultaba procedente la acción popular.

5.1. De presunto defecto sustantivo por interpretación errónea de la norma

Considera el accionante que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en el defecto sustantivo por interpretación errónea de las leyes 472 de 1998 y 361 de 1997, y de los decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010, pues en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 concluyó que la acción popular no era procedente para propender por la protección de los derechos colectivos en contra de particulares, y nunca consideró si las medidas establecidas por el legislador y el ejecutivo en ejercicio de su facultad reglamentaria, para eliminar las barreras de accesibilidad física a las personas en condición de discapacidad, específicamente con limitaciones visuales, aplican para las edificaciones de carácter privado.

Pues bien, respecto al primero de los cargos endilgados a la providencia, encuentra la Sala que de la simple lectura de la Ley 472 de 1998, que regula acciones populares y de grupo (artículos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º y 9.º), puede concluirse que la acción popular es procedente para propender por los derechos colectivos frente a su amenaza o violación por parte de autoridades públicas o de los particulares, bien sean personas naturales o jurídicas. Así lo dispone expresamente el artículo 9.º ejusdem: «Procedencia de las Acciones Populares. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos», postulado que fue desarrollado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-215 de 1999, donde señaló lo siguiente: «El carácter público de las acciones populares, implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares».

De igual forma, se tiene que de conformidad con la Ley 361 de 1997 (artículos 1.º, 2.º, 3.º, 43, 45, 49, 50, 71 y 73) «Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones», se deben suprimir y evitar toda clase de barreras físicas en el diseño y ejecución de las vías y espacios públicos y del mobiliario urbano, así como en la construcción o reestructuración de edificios de propiedad pública o privada.

Aunado a lo anterior, la norma reglamentaria de la Ley 361 de 1997, esto es, el Decreto 1583 de 2005 (artículos 1.º, 3.º, 7.º, 10º, 11, 13 y 14) dispuso que para accesibilidad a edificaciones para vivienda, se debe dar aplicación, en lo pertinente, a las normas técnicas, y cuando se trate de un conjunto residencial de una o varias edificaciones, las rutas peatonales deben cumplir con unas condiciones específicas de accesibilidad establecidas en su artículo 7.°, de manera que se asegure la conexión entre espacios y servicios comunales del conjunto o agrupación y con la vía pública.

Asimismo, en el Decreto 1469 de 2010 (artículos 39, 62 y 63), se indica que los titulares de las licencias de construcción deben dar cumplimiento a las normas vigentes de carácter nacional, municipal o distrital sobre eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida.

Sumado al anterior recuento normativo, es preciso reiterar el criterio expuesto en la sentencia del 17 de marzo de 2016, en la que esta Corporación indicó que un análisis en conjunto de las normas precitadas, evidencia, a todas luces, que las edificaciones tanto públicas como privadas deben cumplir con las leyes y normas técnicas que propenden por la eliminación de las barreras físicas para la población en situación de discapacidad y garantizar su accesibilidad, razón por la cual también los conjuntos residenciales sometidos al régimen de propiedad horizontal son sujetos pasibles de la acción popular por la amenaza o violación de los derechos colectivos.

En esa lógica, la Sala observa que en la sentencia del 15 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Santander concluyó, de manera errada, que en la construcción del edificio Portal de la Avenida, de la ciudad de Bucaramanga, no debían aplicarse las normas sobre protección de derechos colectivos porque la edificación se encontraba sometida al régimen de propiedad horizontal, pues esta afirmación constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del ahora accionante, en tanto no refleja lo dispuesto por las mencionadas leyes 472 de 1998 y 361 de 1997, y los decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010.

De igual manera, en relación con los derechos de las personas con discapacidad visual, que también fueron objeto de debate en la providencia atacada, es preciso subrayar que estos constituyen auténticos derechos colectivos, pues se trata de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos y supone la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada. Por lo tanto, dichos derechos deben ser garantizados, no solo por las autoridades públicas, sino también por los particulares, sin que puede afirmase, razonablemente, que por el hecho de tratarse de una unidad de vivienda privada, las personas que requieran de una especial modificación de su entorno para movilizarse en sus áreas comunes, no son titulares del derecho colectivo cuya protección se pretende a través de la acción popular objeto de estudio.

5.2. Del defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio

Ahora bien, en relación con el segundo de los cargos expuestos por el accionante, consistente en que la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta las fotografías mediante las cuales se acreditaba que en el edificio Portal de la Avenida no se habían llevado a cabo obras exteriores para favorecer la movilidad peatonal (construcción de sardineles, lozas texturizadas, etc.), la Sala considera que dicho análisis si fue llevado a cabo por el Tribunal Administrativo de Santander.

En efecto, a partir de una lectura detenida del fallo es posible inferir que el Tribunal nunca puso en duda la falta de los elementos arquitectónicos para el tránsito de los peatones y la evidente invasión del espacio público por parte de vehículos mal estacionados frente al edificio Portal de la Avenida; sin embargo, cabe aclarar, el problema jurídico no lo planteó sobre estas circunstancias, sino respecto de la obligación de la constructora para dar pleno cumplimiento al proyecto de la propiedad horizontal (de ahí que advirtiera conducir el debate por la jurisdicción civil), así como para establecer la procedencia de la acción popular en el caso concreto. Por lo tanto, el defecto fáctico así planteado no está llamado a prosperar.

5.3. Del presunto desconocimiento del precedente

Finalmente, y en relación con el desconocimiento del precedente alegado, esta Sala reitera que las decisiones dictadas en los procesos de tutela por parte del Consejo de Estado no constituyen precedente en los términos expresados en el acápite 3.3.2 de la parte motiva de esta providencia, pues esta Corporación no es el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.
6. Conclusión

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en la providencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 15 de noviembre de 2017, se encuentra configurado el defecto sustantivo por interpretación errónea de la norma, por lo que se advierten vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Jaime Orlando Martínez García. En consecuencia, habrá de otorgarse el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,

Falla:

PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraición de justicia del señor Jaime Orlando Martínez García. En consecuencia:

SEGUNDO. DEJAR sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 15 de noviembre de 2017. En su lugar, se ORDENA a la mencionada autoridad judicial proferir, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, una nueva decisión donde acoja los lineamientos expuestos en la parte motiva de este proveído.

En caso de que la presente decisión no sea impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Expresión que emplea el Juzgado para referirse a los derechos particulares o individuales. Hace referencia a los derechos de que trata la Ley 472 de 1998. Así, en su artículo 9, la norma establece: «las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos». T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de septiembre de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Corte Constitucional, sentencia SU-050 de febrero de 2017. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ibídem. Corte Constitucional, sentencia SU-573 de septiembre de 2017. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006, entre otras. Sentencias T-794 de 2011,T-082 de 2011 y T-209 de 2011, entre otras. Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011 y T-082 de 2011. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011, T-464 de 2011 y C-634 de 2011. Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras. Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Mediante sentencia T-450 de 2001, por ejemplo, se declaró la configuración de este defecto, debido a que un juez de familia, dentro de un proceso de aumento de cuota alimentaria, en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro, decidió incrementarla en detrimento del demandado. Textualmente se consignó: «en el expediente no existen pruebas o indicios que avalen la posibilidad de aumentar la cuota alimentaria de la manera como lo hizo el juez competente, y si bien tras su determinación existe una clara intención encaminada a proteger los derechos de la niña, reprochando a su vez la indisposición que demostró el padre durante el trámite del proceso, estas no son razones suficientes para justificar la decisión, pues aquí también está en juego el respeto al debido proceso que se predica de toda actuación judicial. Por eso, tiene razón el juez de instancia a quien le correspondió conocer de la tutela, cuando afirma que: «a pesar de que se adopte la tesis que el juez en algunas materias de familia puede fallar más allá de lo pedido o por fuera de lo pedido, lo que si no puede hacer es más allá o por fuera de lo probado, ya que en tal caso la decisión sólo responde a su propio arbitrio, contradiciendo el deber de motivación o fundamentación de la providencia, lo cual vulnera ostensiblemente el debido proceso». Por estas razones el fallo de instancia será confirmado». Este punto fue ampliamente estudiado en el caso que resuelto mediante sentencia SU-159 de 2002, en el cual se examinó el hecho de que la prueba obtenida ilícitamente (grabación ilícita de comunicaciones) tendría la virtualidad de comunicar su vicio a las demás pruebas del proceso.

Sostuvo la Corte en aquella oportunidad: «sin duda, la cuestión que merece el mayor análisis constitucional en este caso es la relativa a la vía de hecho por defecto fáctico. La Corte encuentra que la grabación de la conversación telefónica fue excluida del acervo probatorio tanto por la Fiscalía General como por la Corte Suprema de Justicia y que las pruebas que sirvieron de fundamento a la resolución de acusación y a la sentencia condenatoria no son derivadas de dicha grabación, sino que provienen de fuentes separadas, independientes y autónomas. El que la noticia criminis haya consistido en la información periodística sobre la existencia de la grabación, no hace que todas las pruebas sean fruto de ella. En este caso, claramente no lo fueron dado que la Fiscalía desplegó una actividad investigativa que la condujo a pruebas independientes de la grabación, como el patrón de reuniones y llamadas antes y después de la adjudicación de las emisoras, las certificaciones de las comunicaciones provenientes de las empresas de telefonía, los testimonios sobre cómo se hizo la adjudicación por parte de integrantes del comité correspondiente, el análisis de la elaboración y aplicación de una gráfica de criterios de adjudicación presentada por el petente, entre otras pruebas completamente ajenas al contenido de la conversación ilícitamente interceptada y grabada (...) La Corte también rechaza la insinuación de que una prueba ilícita contamina ipso facto todo el acervo probatorio. La Constitución garantiza que la prueba obtenida con violación del debido proceso sea excluida del acervo. Pero no se puede confundir la doctrina de los frutos del árbol envenenado con la teoría de la manzana contaminada en el cesto de frutas. La primera exige excluir las pruebas derivadas de la prueba viciada, lo cual se deduce de la Constitución. La segunda llegaría hasta exigir que además de excluir las pruebas viciadas, se anulen las providencias que se fundaron en un acervo probatorio construido a partir de fuentes lícitas independientes de las pruebas ilícitas, el cual, en sí mismo, carece de vicios y es suficiente para sustentar las conclusiones de las autoridades judiciales, sin admitir ni valorar las manzanas contaminadas dentro de una canasta que contiene una cantidad suficiente de pruebas sanas». Sentencia T-442 de 1994. De acuerdo con el recuento fáctico de la tutela y lo narrado por la autoridad judicial dentro de la parte motivacional del fallo en controversia (folio 53 del anexo). El artículo 4 de la Ley 472 de 1998 consagró un listado (no taxativo) de derechos e intereses colectivos, en el que el espacio público es tan solo uno de esos derechos. Folios 54 y 55 del anexo de tutela. Folios 53 al 61 del anexo de tutela.
« Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones». Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 17 de marzo de 2016. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2016-00175-00

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