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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00425-01

Acción de tutela contra sentencia de acción popular

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00425-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Modificar el numeral segundo de la sentencia impugnada, que quedará así: «dejar sin efectos la sentencia del 15 de noviembre de 2017, en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en un término de 20 días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que se pronuncie sobre la presunta vulneración del espacio público». Confirmar en lo demás la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00425-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE ACCIÓN POPULAR / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTO PROCEDIMENTAL / VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

[La Sala debe determinar] si la sentencia del 15 de noviembre de 2017 incurrió en defecto sustantivo hallado por el a quo o si, por el contrario, el Tribunal Administrativo de Santander hizo bien al excluir del estudio de segunda instancia lo relacionado con la vulneración del espacio público y el incumplimiento de normas tendientes a la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida. (…) a juicio de la Sala, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 desconoció el principio de congruencia, porque entendió que la acción popular iba encaminada únicamente a proteger derechos particulares, cuando, en realidad, también perseguía la protección del espacio público. Por ende, la providencia judicial cuestionada incurrió en defecto procedimental absoluto y, por consiguiente, sí es procedente el amparo de tutela, pero en la forma aquí expuesta y no como lo concluyó el a quo. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la solicitud de amparo sí cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, por lo tanto, sí debía emitirse un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 no incurrió en defecto sustantivo, como concluyó el a quo, sino que incurrió en defecto procedimental, por desconocer el principio de congruencia. En consecuencia, se confirmará el amparo concedido en primera instancia, pero por las razones aquí expuestas.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00425-01(AC)

Actor: JAIME ORLANDO MARTÍNEZ GARCÍA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Alcides Angarita Ardila y por Coinvecol Constructora S.A.S. (terceros con interés en este proceso) contra la sentencia del 19 de abril de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Jaime Orlando Martínez García. En consecuencia:

SEGUNDO: DEJAR sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, de 15 de noviembre de 2017. En su lugar, se ORDENA a la mencionada autoridad judicial proferir, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, una nueva decisión donde acoja los lineamientos expuestos en la parte motiva de este proveído.

ANTECEDENTES

Pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, el señor Jaime Orlando Martínez García pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por las sentencias del 30 de septiembre de 2015, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga, y del 15 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que denegaron las pretensiones en la acción popular promovida contra el edificio Portal de la Avenida P.H. y otros. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
1- Revocar la totalidad y todos los apartes de la sentencia emitida por H. Tribunal Administrativo de Santander, magistrado ponente ÍVAN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA.
2- Dar la orden de expedir con las consideraciones de ley, una nueva sentencia en segunda instancia, estudiando y valorando las pruebas que reposan dentro del expediente, confrontándolas con las pretensiones de la demanda, cada pretensión de forma individual y no a nivel grupal como lo hizo tanto la primera como la segunda instancia.
3- Demás a que haya lugar, para restituir mis derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia mediante la Ley 472 de 1998.

Hechos

Del expediente, la Sala destaca la siguiente información:

2.1. El señor Jaime Orlando Martínez García promovió acción popular contra el municipio de Bucaramanga, las curadurías urbanas 1 y 2 de Bucaramanga, el Consejo de Administración de la Propiedad Horizontal Edificio Portal de la Avenida y el señor Alcides Angarita Ardila (constructor del edificio Portal de la Avenida), pues estimó que el cambio de destinación del área del sótano, que en su diseño inicial estaba prevista para parqueaderos de los residentes del edificio, vulneraba los derechos colectivos.

2.2. Por sentencia del 30 de septiembre de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Bucaramanga declaró que no se estaban vulnerando los derechos colectivos. En resumen, el a quo estimó que el demandante perseguía que se entregaran los parqueaderos a los propietarios de cada uno de los apartamentos del edificio Portal de la Avenida, lo que suponía un interés sobre derechos particulares, y no colectivos.

2.3. El actor popular apeló esa decisión y el Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia del 15 de noviembre de 2017, la confirmó. En síntesis, las razones del tribunal fueron: i) que la acción popular no perseguía la protección del espacio público, sino la protección de derechos individuales de los propietarios o residentes del edificio Portal de la Avenida, que estaban siendo afectados por la ausencia de parqueaderos en esa construcción; ii) que, en la apelación, el demandante formuló nuevas imputaciones contra los demandados, relacionadas con el incumplimiento de la Ley 361 de 1997, por ausencia de losetas guía en la zona del andén y la existencia de altibajos y gradas que generan peligros a las personas en situación de discapacidad, y iii) que, en virtud del principio de congruencia, esa nuevas imputaciones no podían ser estudiadas en segunda instancia y, además, un pronunciamiento en ese sentido desconocería el principio de contradicción de los demandados.

Argumentos de la tutela

La parte actora sostiene que las providencias judiciales cuestionadas abordaron equivocadamente el estudio de la acción popular, pues lo que se perseguía era la protección del espacio público, que estaba siendo vulnerado porque los residentes y propietarios del edificio Portal de la Avenida, al no contar con parqueaderos, dejaban los vehículos estacionados fuera de la edificación y, de ese modo, se impedía que los peatones circularan libremente por ese sector. Que, de hecho, una de las pretensiones de la acción popular era que se construyera el perfil vial de edificación conforme con las normas urbanísticas, justamente, para garantizar el goce de ese espacio público.

Agregó que las fotografías que fueron aportadas al proceso de acción popular demostraban la forma como se ocupaba el espacio público y la incomodidad que eso generaba a los transeúntes de la zona. En igual sentido, dijo que en el expediente obraba el documento denominado «concepto de norma urbanística No. 980037», expedido por el curador urbano que otorgó la licencia de construcción del edificio Portal de la Avenida, que demostraba el incumplimiento del constructor en relación con los componentes y dimensiones del perfil vial de la edificación.

Expuso que la acción popular iba dirigida contra el constructor del edificio Portal de la Avenida, que fue quien cambió la destinación de la zona que estaba prevista para los parqueaderos y quien incumplió las normas sobre el perfil vial de la edificación.

Por último, adujo que las providencias judiciales cuestionadas desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Santander, según el cual la acción popular es procedente para defender el espacio público y el respeto de las normas urbanísticas, así esa vulneración provenga de los propietarios o residentes de una edificación sujeta a régimen propiedad horizontal.

Intervenciones

4.1. Municipio de Bucaramanga (entidad demandada en el proceso de acción popular). La apoderada judicial de la Secretaría de Planeación pidió que la tutela fuera declarada improcedente, pues el actor «contó con la oportunidad procesal para controvertir e interponer los recursos de ley ante los jueces de conocimiento». Además, sostuvo que la vulneración de derechos fundamentales se imputa a decisiones de autoridades judiciales, y no a una acción u omisión del municipio de Bucaramanga, por lo que esa entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva.

4.2. Alcides Angarita Ardila (constructor del edificio Portal de la Avenida, demandado en el proceso de acción popular) y Coinvecol Constructora S.A.S. (empresa residente del edificio, demandada en el proceso de acción popular). La apoderada judicial del señor Angarita Ardila y de Coinvecol solicitó que se declarara improcedente la tutela, pues: i) el asunto no revestía relevancia constitucional, porque las decisiones judiciales estuvieron debidamente motivadas y no vulneraron el debido proceso; ii) aún no se han agotado todos los medios de defensa judicial, porque está pendiente por resolver una acción popular interpuesta por el señor Martínez García con fundamento en los mismos hechos, y iii) no se explicó la causal específica de procedencia de la tutela contra providencia judiciales.

Adicionalmente, en cuanto al fondo del asunto, explicó que la acción popular cuestionaba el cambio de destinación del área del sótano del edificio Portal de la Avenida —que inicialmente estaba prevista para que fueran parqueaderos de los residentes del edificio—, y perseguía que se adecuara el sótano para el parqueadero de los residentes, lo que desvirtuaba, tal y como concluyeron las autoridades judiciales demandadas, la intención de proteger derechos colectivos y demostraba un interés por amparar derechos subjetivos. Sostuvo que la discusión planteada por el actor popular debió formularse mediante la acción ordinaria civil prevista en el numeral 4º del artículo 17 del Código General del Proceso.

Agregó que los argumentos expuestos en el recurso de apelación, relacionados con la vulneración de la Ley 361 de 1997, no podían ser estudiados porque no fueron ventilados en primera instancia y, por ende, implicaría desconocer el principio de contradicción.

Por otra parte, expuso que la construcción del edificio Portal de la Avenida no incumplió las normas urbanísticas, pues así lo dictaminó la Inspección de Control Urbano y Ornato I de Bucaramanga, mediante Resolución 233 del 20 de octubre de 2015.

Finalmente, afirmó que la empresa Coinvecol carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues no fue propietaria ni constructora del edificio Portal de la Avenida.

Sentencia impugnada

5.1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de abril de 2018, amparó los derechos fundamentales invocados, dejó sin efectos la sentencia del 15 de noviembre de 2017 y ordenó al Tribunal Administrativo de Santander que profiriera una nueva decisión en la que tuviera en cuenta: i) que las acciones populares sí proceden cuando la vulneración provenga de edificaciones sometidas a propiedad horizontal y ii) que las edificaciones privadas también deben respetar las normas sobre eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida. Los argumentos de esa decisión pueden resumirse así:

Que «el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en el defecto sustantivo por interpretación errónea de las leyes 472 de 1998 y 361 de 1997, y de los decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010».

Que, de conformidad con el artículo 9º de la Ley 472 de 1998, la acción popular sí es procedente cuando la vulneración de los derechos colectivos proviene de los particulares y, por ende, el tribunal demandado erró al estimar que al edificio Portal de la Avenida, por tratarse de una edificación sometida a régimen de propiedad horizontal, no le eran aplicables las normas sobre protección de derechos colectivos.

Que, además, el tribunal tampoco tuvo en cuenta la Ley 361 de 1997, el Decreto 1538 de 2005 y el Decreto 1469 de 2010, que establecen que las edificaciones, incluso las de carácter privado, como el edificio Portal de la Avenida, deben procurar la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida.

Que, por otra parte, las autoridades judiciales demandadas no habían incurrido en defecto fáctico, porque «nunca puso en duda la falta de elementos arquitectónicos para el tránsito de los peatones y la evidente invasión al espacio público por parte de los vehículos estacionados frente al edificio Portal de la Avenida». Que, en realidad, el tribunal restó importancia a esa circunstancia, toda vez que planteó el problema jurídico entorno a «la obligación de la constructora para dar pleno cumplimiento al proyecto de propiedad horizontal» y a la procedencia de la acción popular en el caso concreto.

Que, por último, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 no incurrió en desconocimiento del precedente judicial, por cuanto «las decisiones dictadas en los procesos de tutela por parte del Consejo de Estado no constituyen precedente, pues esta Corporación no es el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional».

5.2. El magistrado William Hernández Gómez salvó el voto. A su juicio, la tutela debió declararse improcedente, porque la parte actora contaba con el mecanismo de la eventual revisión, para insistir en que se revisara la sentencia del 15 de noviembre de 2017.

Impugnación

El señor Alcides Angarita Ardila y Coinvecol Constructora S.A.S. impugnaron la sentencia de tutela de primera instancia y pidieron que se declarara improcedente la solicitud de amparo o, en su defecto, fueran desvinculados de la acción de tutela. En concreto, adujeron:

Que, en primer lugar, el a quo aplicó indebidamente la normatividad en materia urbanística, porque no era cierto que el señor Alcides Angarita Ardila, como constructor del edificio Portal de la Avenida, hubiera incumplido las normas urbanísticas. Que, de hecho, mediante la Resolución 233 del 20 de octubre de 2015, la Inspección de Control Urbano y Ornato de Bucaramanga dio por terminado el proceso que siguió contra el señor Angarita Ardila por las supuestas infracciones de normas urbanísticas en la construcción del Edificio Portal de la Avenida, lo que, a su juicio, demostraba el cabal cumplimiento de ese tipo normas.

Que, adicionalmente, el edificio Portal de la Avenida se construyó en el año 1998, época en la que no se había reglamentado la Ley 361 de 1997, en lo que tiene que ver con la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad. Que, por ende, las normas relacionadas con la eliminación de barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida no resultaban aplicables al señor Alcides Angarita Ardila, toda vez que la materia fue reglamentada en el año 2005 (con el Decreto 1538), es decir, con posterioridad a la construcción del edificio.

Que, según los argumentos de la tutela, la vulneración de los derechos fundamentales se produjo porque las autoridades judiciales demandadas no analizaron la supuesta vulneración del derecho colectivo al espacio público, que, según el actor, estaba demostrada con fotografías y documentos que obraban en el expediente de acción popular.

Que en la acción popular no se cuestionaba la vulneración del espacio público, sino el cambio de destinación del área del sótano del edificio Portal de la Avenida —lo pretendido era la adecuación de esa zona para el parqueadero de los residentes—, aspecto que, como acertadamente lo dijeron las autoridades judiciales demandadas, debía ser planteado mediante acciones civiles, pues involucraba una reclamación sujeta al régimen de propiedad horizontal.

Que el argumento relacionado con el presunto desconocimiento de las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida solo fue invocado en el recurso de apelación, de ahí que, para salvaguardar los principios de congruencia y contradicción, el tribunal desestimó esa nueva imputación.

Que, en esas condiciones, podía advertirse que el asunto no era de relevancia constitucional, pues las decisiones judiciales estuvieron ajustadas a derecho y, por lo mismo, quedaba descartada la vulneración de derechos fundamentales. Que el actor ni siquiera identificó la causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Que, además, el señor Jaime Orlando Martínez García había presentado una nueva acción popular con los mismos fundamentos fácticos y pretensiones que fueron expuestos en el proceso que culminó con la sentencia del 15 de noviembre de 2017.

Que, finalmente, existía falta de legitimación en la causa por pasiva de la empresa Coveincol Constructora S.A.S., pues únicamente fungió como residente del Edificio Portal de la Avenida, y no como constructor de la obra.

CONSIDERACIONES

De la acción de tutela contra providencias judiciales

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez, la trascendencia de la irregularidad procesal en la decisión que se cuestiona (cuando aplique), la exposición de los hechos que generan la vulneración y que no se cuestione una sentencia de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

Planteamiento del problema jurídico

A juicio del a quo, la sentencia del 15 de noviembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió en defecto sustantivo por interpretación errónea de las Leyes 472 de 1998 y 361 de 1997 y de los Decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010, al concluir que la acción popular no procedía contra edificaciones sujetas a régimen de propiedad horizontal y que, además, esas edificaciones no estaban obligadas a cumplir las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida.

En la impugnación, los recurrentes sostienen que la demanda de acción popular versaba sobre el cambio de destinación del área del sótano del edificio Portal de la Avenida —perseguía la adecuación de esa zona para el parqueadero de los residentes—, mas no sobre la vulneración del espacio público o el desconocimiento de las normas tendientes a la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida. Agregaron que el incumplimiento de las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida se incluyó en el recurso de apelación y fue por esa razón que el juez de segunda instancia no lo abordó de fondo, para no violar los principios de congruencia y de contradicción, pero que, en todo caso, al constructor del edificio Portal de la Avenida no le eran aplicables esas normas, porque esa materia fue reglamentada en el año 2005 y la construcción se llevó a cabo en 1998. Por último, alegó que la solicitud de amparo no tenía relevancia constitucional y no identificaba la causal específica de procedencia, lo que denotaba el incumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

En esos términos, a la Sala le corresponde determinar, en primer lugar, si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para establecer si debía emitirse un pronunciamiento de fondo, como lo hizo el a quo. En caso de que la tutela sí fuera procedente, deberá analizarse si la sentencia del 15 de noviembre de 2017 incurrió en defecto sustantivo hallado por el a quo o si, por el contrario, el Tribunal Administrativo de Santander hizo bien al excluir del estudio de segunda instancia lo relacionado con la vulneración del espacio público y el incumplimiento de normas tendientes a la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida.

Solución del caso

Sobre la procedencia de la acción de tutela

A continuación, la Sala se referirá a los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, para establecer si la solicitud de amparo promovida por Jaime Orlando Martínez García los cumple o no.

3.1.1. Relevancia constitucional. El presente asunto sí reviste relevancia constitucional, porque la tutela va encaminada a obtener el respeto y la efectividad de cláusulas constitucionales: la igualdad (artículo 13), el debido proceso (artículo 29) y el derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229). En efecto, los argumentos de la tutela guardan relación con esos derechos fundamentales, pues se invoca el presunto desconocimiento del precedente judicial (que involucra el derecho a la igualdad) y la falta de pronunciamiento y de valoración probatoria de aspectos propuestos en la demanda de acción popular (lo que denota, presuntamente, el desconocimiento del debido proceso y de acceso a la administración de justicia).

3.2.2. Agotamiento de los medios de defensa. La solicitud de amparo va dirigida contra las sentencias del 30 de septiembre de 2017 y del 15 de noviembre de 2017, dictadas, respectivamente, en primera y segunda instancia de la acción popular. En el título II de la Ley 472 de 1998, que regula lo concerniente a la acción popular, no está previsto ningún recurso contra la sentencia de segunda instancia. Ahora, la Sala no comparte el argumento expuesto en el salvamento de voto de la tutela de primera instancia, según el cual, el actor contaba con el mecanismo de la eventual revisión. En ese sentido, conviene destacar que la sentencia C-713 de 2008 condicionó la exequibilidad del artículo 11 de la Ley 1285 de 2009 en el entendido de que «se trata de una competencia adicional del Consejo de Estado, de que la revisión eventual es contra sentencias o providencias que pongan fin a un proceso, proferidas por los tribunales administrativos, para unificar la jurisprudencia, y de que no impide la interposición de la acción de tutela».

3.2.3. Inmediatez. La sentencia de segunda instancia de la acción popular fue proferida el 15 de noviembre de 2017 y la tutela fue presentada el 6 de febrero de 2018, es decir, tan solo transcurrieron 2 meses y 21 días. Téngase en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado, el requisito de la inmediatez se satisface cuando la tutela es interpuesta dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia judicial cuestionada.

3.2.4. Trascendencia de la irregularidad procesal en la decisión que se cuestiona. Uno de los argumentos del actor sí involucra una presunta irregularidad procesal, pues las autoridades judiciales demandadas se abstuvieron de pronunciarse sobre la vulneración del derecho al espacio público, lo que, a juicio del demandante, produjo que la sentencia de la acción popular no amparara ese derecho colectivo.

3.2.5. Exposición de los hechos que generan la vulneración de derechos fundamentales. El actor sí cumplió la carga de identificar los hechos a los que imputa la vulneración de los derechos invocados. Concretamente, alegó: i) que el Tribunal Administrativo de Santander entendió equivocadamente la controversia, pues la acción popular sí versaba sobre la vulneración del derecho colectivo al espacio público, ii) que las autoridades judiciales demandadas omitieron valorar las pruebas que daban cuenta de la vulneración del espacio público y iii) que la sentencias cuestionadas desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado.

3.2.6. No se cuestiona una sentencia de tutela. La solicitud de amparo va dirigida contra sentencias dictadas en un proceso de acción popular, y no en una acción de tutela.

De conformidad con lo anterior, la Sala estima que la solicitud de amparo del señor Jaime Orlando Martínez García sí cumple los requisitos generales de procedibilidad y, por ende, sí debía emitirse un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Sobre el análisis de fondo

El a quo estimó que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en defecto sustantivo porque: i) desconoció que, de acuerdo con el artículo 9º de la Ley 472 de 1998, la acción popular sí procede contra particulares, y ii) no tuvo en cuenta las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida.

Sin embargo, al revisar la sentencia del 15 de noviembre de 2017, la Sala advierte que no es cierto que el Tribunal Administrativo de Santander haya sostenido que la acción popular era improcedente contra particulares y tampoco es cierto que se hayan omitido las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida.

Para mostrar las verdaderas razones que tuvo el tribunal para denegar las pretensiones en la acción popular, se hace necesario citar, in extenso, las consideraciones de esa decisión. En ese sentido, la providencia judicial cuestionada expuso:

Del Primer Problema Jurídico:

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación propuesto contra la sentencia de primera instancia, a través de la cual, como se indicó, se declaró la no vulneración de los derechos colectivos cuya protección fue invocada por el actor popular, al haberse considerado por parte del A-quo que lo pretendido con la demanda se encaminaba a ordenar mediante sentencia judicial, la entrega material de los parqueaderos correspondientes a los apartamentos que integran la Propiedad Horizontal Portal de la Avenida, ubicada en la calle 105 No. 22-121 de esta ciudad, los cuales se habían contemplado dentro del diseño aprobado mediante licencia de construcción No. S980067 dada por la Curaduría Urbana No. 1 de Bucaramanga. De lo anterior, señaló la primera instancia que al tratarse de derechos subjetivos, la acción popular incoada resultaba improcedente.

Advierte la Sala que la inconformidad expuesta por el Actor Popular, radica esencialmente en que, contrario a lo expuesto por la primera instancia, el objetivo trazado con el ejercicio de la presente acción popular no es obtener la defensa de derechos de orden privado, sino lograr la protección de los derechos colectivos al espacio público, el cual estima vulnerado en tanto el andén ubicado frente al conjunto residencial Portal de la Avenida está siendo utilizado para el estacionamiento de los vehículos de algunos de los residentes de los apartamentos, quienes al no contar con área de parqueo al interior de la propiedad horizontal, acuden a ocupar el espacio público. Igualmente, al interponer el recurso de apelación refiere el actor popular la necesidad de adecuar el área de andén y antejardín a través de la construcción del sardinel respectivo, la demolición de los altibajos y la construcción de las respectivas losetas texturizada guías de orientación y alerta.

Ahora bien, una lectura detenida del libelo introductorio permite advertir a la Sala que, tal y como lo señaló el A-quo en la sentencia que ahora se revisa, lo pretendido por el actor popular con el ejercicio de la presente acción se concretó en lograr la protección de derechos de orden privado, pues los hechos y pretensiones plasmados en el libelo introductorio fueron claros en narrar la problemática cernida en torno de la construcción del edificio "Portal de la Avenida" de esta ciudad, indicando que la ejecución de la obra desobedeció los parámetros trazados por la licencia de construcción que fue emitida y los planos aprobados por la Curaduría Urbana de Bucaramanga, en tanto se dio una destinación diferente a las áreas de parqueaderos para residentes. Así indicó el actor popular en los hechos de la demanda, en cuya redacción indicó:

"El consejo administrativo y/o los propietarios de los inmuebles del edificio PORTAL DE LA AVENIDA cambiaron la destinación y/o uso del área de los parqueaderos del sótano del aludido conjunto residencial (PH) arrendando esta área, usufructuándola para el beneficio económico de los copropietarios y destinación en contra del espacio público.... La Curaduría Urbana de Bucaramanga No. 1 no exigió en los planos aprobados la cuota de parqueaderos reglamentarios para este tipo de edificación (Propiedad
Horizontal PH), aprobando para la construcción de la PH el área de sótano con la destinación de locales comerciales y no para los parqueaderos destinados a los apartamentos de la propiedad horizontal como lo exige la norma sobre el tema (...)" (Fls. 1 5 a 16).

En similar sentido, se formularon pretensiones que claramente apuntaron a la protección del derecho de los propietarios del Edificio Portal de la Avenida a contar con áreas de parqueo al interior del conjunto. Concretamente se solicitó:

"Que se ordene a través de sentencia que la propiedad horizontal, conjunto residencial denominado "PORTAL DE LA AVENIDA" calle 105 No. 22-121/123/125 del barrio Provenza, dar el uso del sótano para los correspondientes parqueaderos de los apartamentos y/o local comercial, adecuando locativamente el sótano y el acceso para ello... (...). Al comprobarse que el uso del sótano del aludido conjunto residencial PH fue destinado desde su construcción y/o ventas de los apartamentos, para cosa diferente al de parqueaderos internos, restituir a cada propietario de parqueadero el valor económico por concepto de canon de arrendamiento promedio acumulado año por año al que tiene derecho, desde la fecha en que se realizó la escritura pública de compraventa de cada apartamento al comprobarse que el área del sótano está siendo usufructuada por segundas personas jurídicas y/o naturales. (...) Al comprobarse que el sótano (Parqueaderos internos de propietarios) no se le dio el uso autorizado por la Curaduría Urbana de Bucaramanga por parte del constructor y/o consejo de administración, ordenar al que tiene su posesión, uso y disfrute, en contraprestación para con los verdaderos propietarios de los apartamentos, realizar los trámites legales pertinentes para su entrega, costeando 100% de sus arcas, el valor de las correspondientes escrituras y demás documentación de entrega del parqueadero correspondiente a cada propietario del apartamento." (Fls. 1 5 a 18).

En atención de lo anterior y bajo similares aspiraciones, al proceso concurrieron los señores GUILLERMO HERNÁNDEZ RONDON, JAZMIN MELÉNDEZ LÓPEZ, NANCY CARVAJAL PINTO, CLARA INES JAIMES PLATA, ANA LILIA RONDON DE HERNÁNDEZ, CLAUDIA PATRICIA CASTRO RUEDA, OFELIA RUEDA DE CASTRO y BEATRIZ ZORAYA MELÉNDEZ LÓPEZ, quienes aduciendo la calidad de copropietarios o residentes de los apartamentos ubicados en el edificio Portal de la Avenida, solicitaron se ordenara al constructor del proyecto, realizar la entrega de las áreas de parqueadero al interior del edificio (Fls. 372, 397), petición que motivaron en las incomodidades que dicha situación –falta de parqueaderos- les estaba generado.

Aclarado lo anterior resulta necesario recordar que, acorde con lo consagrado en el artículo 88 de la Constitución Política, la acción popular fue concebida como un mecanismo de participación pública para la protección de los derechos e intereses colectivos. De ahí que su eficacia consiste en prevenir o eliminar los factores que tienen incidencia colectiva y que exceden la afectación de intereses subjetivos.

Fue así como el precepto constitucional en cita fue desarrollado por la Ley 472 de 1998, y en su artículo 2°, definió la acción popular como "...los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos", que "... se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible".

El Honorable Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, ha explicado el concepto y alcance de los derechos colectivos, indicando:

"los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente definidos por la ley".

"Los derechos particulares comunes a un grupo de personas no constituyen derechos colectivos”.

"No deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables. La distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o inmateriales involucrados en la relación jurídica. Así, de los derechos colectivos puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los demás; en tanto que en relación con los derechos individuales, cada uno de los sujetos que pertenecen al grupo puede obtener la satisfacción de su derecho de forma individual y en momento diferente o puede ejercerlo con exclusión de los demás, y solo por razones de orden práctico pueden reclamar conjuntamente la indemnización cuando han sufrido un daño por una causa común, sin perjuicio de las acciones individuales que cada uno pueda iniciar."

De lo anterior emerge con claridad que la problemática que se plantea con la demanda, en el presente caso involucra derechos de orden individual en referencia a la ausencia de parqueaderos al interior del Edificio "El Portal de la Avenida", situación que si bien, en los términos expuestos por el actor popular, puede afectar un número plural de personas -como puede ser los propietarios o residentes de los apartamentos que lo componen-, no corresponde a la naturaleza de derecho colectivo en la medida en que su afectación no se irradia en la colectividad. Tal y como fue advertido por la primera instancia, la acción popular no es el medio judicial idóneo para efectos de lograr el amparo efectivo de derechos de orden particular dentro de los que se encuentra la inobservancia por parte del constructor del proyecto "Portal de la Avenida" de las directrices entregadas en la licencia de construcción y en los planos aprobados por la Curaduría Urbana, en lo referente a la ausencia de parqueaderos al interior del Edificio o el cambio en la destinación de dicha área, pues si bien, puede tratarse de una situación que involucra a un número plural de personas, los derechos en contienda no corresponden a derechos colectivos, resultando la acción improcedente igualmente para el resarcimiento de los perjuicios orden patrimonial que tal situación puede acarrear a los propietarios o residentes, ello en tanto las lesiones económicas generadas por la omisión de las áreas de parqueaderos -en los términos descritos en la demanda- guardan una estrecha relación con el derecho a la propiedad, el cual debe ser debatido a través de las vías judiciales ordinarias consagradas para tal finalidad, las cuales son los medios apropiados para resolver este tipo conflicto.

Como quedó reseñado, el artículo 88 superior, asignó a la ley la competencia para regular las acciones populares, sin que esa específica circunstancia transforme la calidad o naturaleza de este tipo de mecanismo, lo que significa que no puede desconocerse su condición de instrumento procesal constitucional encaminado a la protección de los derechos colectivos, así como aquellos que enuncie el legislador en desarrollo de la Ley 472 de 1998. En esa medida, mal hace el actor popular al pretender equiparar acciones o pretensiones constitucionales de amparo de derechos colectivos, con las de tipo ordinario cuyo objetivo principal no es la protección de un derecho esta naturaleza, sino en principio la definición de un litigio objetivo -de pura legalidad- o subjetivo-en el que se debaten derechos e intereses individuales o particulares, no obstante que los mismos, como en el presente caso, se encuentren radicados en un número plural de personas.

De esta manera por cuanto los móviles y finalidades de esta acción constitucional son totalmente ajenos a cualquier enjuiciamiento con propósitos de reconocimiento de derechos de orden individual, dado que escapan al ámbito de su competencia los fines restitutorios frente a particulares, la Sala confirmará la decisión objeto de recurso en cuanto declara la improcedencia de la acción popular frente a las pretensiones encaminadas a obtener la restitución de las áreas de parqueadero a cada propietario de los apartamentos del Edificio "El Portal de la Avenida" , o el pago [sic] el reconocimiento de prestaciones de orden económico por dicho concepto.

Del Segundo Problema Jurídico:

Como ha quedado expuesto, la demanda se encausa [sic] a demostrar la vulneración del derecho colectivo a la defensa del espacio público por la ausencia de sitios de parqueo al interior del Edificio "Portal de la Avenida" de esta ciudad, y al efecto se realizó las siguientes imputaciones:

i) El Consejo Administrativo y/o los propietarios de los inmuebles del edificio Portal de la Avenida cambiaron la destinación y el uso del área de los parqueaderos del sótano, usufructuándolo para su beneficio económico, en contravía del espacio público.
ii) Se vulneró el Acuerdo Metropolitano No. 007 de 1987, en cuyo art. 5° señala: "Los sótanos y semisótanos que se aprueben para una construcción específica, por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, deberá dedicarse única y exclusivamente al uso propuesto, según se indique en los planos al momento de su aprobación".
iii) Se omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 243 del P.O.T. del año 2004 el cual al reglamentar el uso de los suelos, prescribe en su Parágrafo 1° lo siguiente: "Los estacionamientos que requieran los predios ubicados en las distintas áreas de actividad deben estar ubicados al interior del predio. Los parqueaderos en las zonas residenciales no son canjeables. Los establecimientos que funcionan en las áreas de actividad comercial, industrial y dotacional podrán cumplir su cuota mínima de parqueo por gestión asociada según lo establecido en el artículo 59 del presente acuerdo".
iv) No se respetó el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2008 en cuyo Art. 241 fijó las categorías de estacionamiento para vivienda, definiendo como estacionamientos permanentes "...los que deben proveer todo urbanizador o constructor para los residentes o usuarios permanentes del conjunto, unidad residencia lo urbanización".
v) La Curaduría Urbana No. 1 de Bucaramanga no exigió en los planos aprobados, la cuota de parqueaderos reglamentarios para este tipo de edificaciones, aprobando, en el caso de la unidad residencial Portal de la Avenida, la destinación del área de sótano para locales comerciales.

Sin embargo, el actor popular formuló nuevas imputaciones contra los accionados en la sustentación del recurso de apelación al afirmar que por parte del municipio de Bucaramanga no se ha dado cumplimiento a la Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social para las personas en situación de discapacidad, en el sentido de instalar las losetas guía en la zona del andén y existir altibajos y gradas que generan peligro para las personas en situación de discapacidad; existe endurecimiento del área del antejardín o zona verde, el sardinel construido en el andén no tiene la altura reglamentaria con lo cual se vulnera el Art. 5° del Decreto 1504 de 1998.

Nótese cómo en la relación fáctica que sirvió de fundamento a sus pretensiones, nada se dijo sobre estas nuevas imputaciones formuladas por el actor en el recurso de apelación que ahora se desata y que como se indicó, apuntan, ya no a discutir el incumplimiento por parte del Constructor de Edificio Portal de la Avenida en hacer entrega de los parqueaderos que acorde con la licencia de construcción, debían ser entregados a los propietarios de los apartamentos, sino a la ausencia de losetas guía en la zona del andén, la presencia de elementos en el andén que impiden la circulación continua, y el endurecimiento del área del antejardín o zona verde.

En este sentido, resulta pertinente hacer mención al principio de congruencia que orienta todo fallo judicial, para destacar que si bien, acorde con la jurisprudencia del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dicho principio no reviste el carácter absoluto, en razón de la naturaleza de la acción y al particular carácter de los derechos objeto de amparo; el juez popular debe respetar la identidad entre lo decidido, el petitum -las pretensiones- y la causa petendi -conformada por los hechos que le sirven de fundamento a la acción-.

En cuanto hace específicamente a la causa petendi, el alto Tribunal indicó: "...el fallador en sede popular, no obstante sus amplios poderes, tiene restricciones fundadas en el respeto al debido proceso, pues aunque puede pronunciarse sobre el curso que los hechos vayan tomando mientras se tramita el proceso, lo que no le está permitido es invocar otros hechos distintos a los expuestos en el escrito de demanda, pues ello nada menos que significa modificar motu proprio la conducta trasgresora en franca violación del derecho fundamental al debido proceso, a las garantías procesales y al equilibrio entre las partes, que en sede popular están expresamente protegidos por el artículo 5° de la ley 472.

(…)

Cabe señalar además que, como lo ha referido la jurisprudencia, el principio de congruencia que orienta los poderes del Juez, se constituye en una garantía del derecho fundamental al debido proceso al que alude tanto el artículo 29 de la Carta Política como el inciso segundo del artículo 5° de la Ley 472 de 1998 al disponer, ésta última norma, que el juez popular velará por el respeto al debido proceso, las garantías procesales y el equilibrio entre las partes, por lo cual, a luces de lo reglado por los ordinales a) b) y c) del artículo 18 ibídem, para promover una acción popular debe indicarse el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado, los hechos que motivan la petición y la enunciación de las pretensiones, respectivamente; información que será puesta en conocimiento de las autoridades o particulares accionados con el fin que puedan ejercer su derecho de defensa y contradicción.

Cabe señalar que en punto de la causa petendi, el juez popular también debe observar el principio de en virtud del cual, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos aducidos en la demanda, lo que impone la imparcialidad del juez, haciendo precisión que tratándose de acciones populares, respecto de hechos no contemplados en la demanda, los mismos se pueden estudiar dentro del proceso, cuando resulte claro: -) Que están directamente relacionados con los hechos planteados en el libelo; -) Que están debidamente probados y -) Que hayan sido objeto de contradicción por los demandados.

En consecuencia, la Sala no entrará a estudiar las nuevas imputaciones formuladas por el accionante en el recurso de apelación en lo referente a la vulneración de la Ley 361 de 1997 por la cual se establecen mecanismos de integración social para las personas en situación de discapacidad, por ausencia de losetas guía en la zona del andén, la presencia de altibajos y gradas que generan peligro para las personas en situación de discapacidad, el endurecimiento del área del antejardín o zona verde, y la presencia de un sardinel que no cumple con la altura reglamentaria con lo cual se vulnera el Art. 5° del Decreto 1504 de 1998, en cuanto se apoyan en razones fácticas distintas a las que sirvieron de causa petendi al escrito de demanda popular, en franca violación del derecho de contradicción de los accionados pues los mismos no tuvieron la oportunidad de pronunciarse al respecto, como tampoco la tuvo el Juez de primera instancia.

Conforme a las anteriores consideraciones, se confirmará la sentencia de primera instancia.

Como se ve, el Tribunal Administrativo de Santander declaró improcedente la acción popular porque estimó que el demandante pretendía la protección de derechos particulares, pues discutía el cambio de destinación del sótano del edificio y pedía la entrega de parqueaderos a los propietarios y/o residentes.

Entonces, no es que la acción popular fuera improcedente porque iba dirigida contra los particulares —que fue lo que entendió el juez de tutela de primera instancia—. A juicio del tribunal, era improcedente porque lo perseguido por el demandante no guardaba correspondencia con el objeto de las acciones populares: la protección de derechos colectivos. En ese contexto, queda desvirtuado que la autoridad judicial demandada haya incurrido en defecto sustantivo por falta de aplicación del artículo 9º de la Ley 472 de 1998.

Ahora bien, en cuanto al presunto desconocimiento de las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida (Ley 361 de 1997 y Decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010), la Sala estima que tampoco le asiste razón al a quo. Veamos.

De entrada, la Sala destaca que el desconocimiento de las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida fue un argumento utilizado en el recurso de apelación de la acción popular, pero no en la acción de tutela.

Como argumento del recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Santander se abstuvo de estudiarlo de fondo, en virtud de los principios de congruencia y contradicción. En efecto, al resolver el «segundo problema jurídico», la sentencia del 15 de noviembre de 2017 explicó que ese argumento no hizo parte de la causa petendi ni de las pretensiones de la acción popular y, por ende, admitirlo en sede de segunda instancia implicaría variar la conducta transgresora de derechos colectivos. Es más, la autoridad judicial mencionó que los demandados en la acción popular y el juez popular de primera instancia no tuvieron oportunidad de pronunciarse sobre ese argumento, precisamente, porque fue invocado en sede de segunda instancia.

Las anteriores razones, expuestas por el tribunal demandado para justificar por qué no procedía un pronunciamiento de fondo acerca del desconocimiento de las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida, no fueron controvertidas por Jaime Orlando Martínez García en la presente acción de tutela.

De hecho, en el expediente de tutela obran algunos documentos que demuestran que Jaime Orlando Martínez García promovió una nueva acción popular en la que discute que el edificio Portal de la Avenida incumplió las normas sobre la eliminación de las barreras arquitectónicas para personas con limitaciones o movilidad reducida y otras normas urbanísticas. Por lo tanto, será en esa acción popular en la que se decida sobre la procedencia del amparo de derechos colectivos por el presunto desconocimiento de esas normas urbanísticas.

Lo que verdaderamente cuestionaba el actor en la presente solicitud de amparo era que los jueces populares hayan abordado el caso desde el punto de vista de los intereses particulares, y no a partir de la vulneración del espacio público. Si bien el juez de tutela de primera instancia no estudió ese argumento, lo cierto es que la Sala, como juez de tutela de segunda instancia, está habilitada para evaluar si verdaderamente procedía el amparo y, de ser procedente, definir cuáles son las órdenes que deben impartirse.

Al analizar los hechos y pretensiones de la acción popular, se advierte que lo expuesto por el demandante no se limitaba únicamente a la protección de intereses particulares.

En ese sentido, la pretensión segunda buscaba que se ordenara «la construcción del correspondiente sardinel reglamentario para con ello evitar que el andén sea empleado para el estacionamiento de carros y motos, con ello se protegerá la vida de los peatones que debemos transitar frente al edificio “PORTAL DE LA AVENIDA” PH., en especial se protegerá la vida de las personas con discapacidad visual, niños, adultos mayores y población en general».

Esa pretensión guarda relación con algunos de los hechos expuestos en la demanda. Justamente, el Tribunal Administrativo de Santander resumió uno de los hechos de la demanda, así: «Agrega el actor popular que el actuar de los propietarios de los inmuebles ubicados en el edificio en referencia, en cuanto omitieron dar la destinación legal a las zonas de parqueadero del edificio, igualmente lesiona los derechos colectivos al espacio público en la medida en que los residentes y visitantes utilizan la zona de andén para parquear sus automotores, situación que obliga a los peatones que transitan por el lugar a tener que bajarse a la calzada para poder continuar con su recorrido».

Luego, si bien algunas pretensiones iban encaminadas a obtener que se restituyera a los propietarios y/o residentes del edificio la zona que debía ser destinada para parqueaderos, lo cierto es que también se pretendía la protección del espacio público, en los términos anteriormente expuestos. Además, el actor aportó pruebas tendientes a demostrar, precisamente, la vulneración del espacio público y, por ende, el Tribunal Administrativo de Santander debió emitir un pronunciamiento en ese sentido, y no limitarse a declarar la improcedencia de las pretensiones que perseguían intereses subjetivos.

En definitiva, a juicio de la Sala, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 desconoció el principio de congruencia, porque entendió que la acción popular iba encaminada únicamente a proteger derechos particulares, cuando, en realidad, también perseguía la protección del espacio público. Por ende, la providencia judicial cuestionada incurrió en defecto procedimental absoluto y, por consiguiente, sí es procedente el amparo de tutela, pero en la forma aquí expuesta y no como lo concluyó el a quo.

Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: la solicitud de amparo sí cumple los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales y, por lo tanto, sí debía emitirse un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, la sentencia del 15 de noviembre de 2017 no incurrió en defecto sustantivo, como concluyó el a quo, sino que incurrió en defecto procedimental, por desconocer el principio de congruencia.

En consecuencia, se confirmará el amparo concedido en primera instancia, pero por las razones aquí expuestas. Por consiguiente, se mantendrá la orden de dejar sin efectos la sentencia del 15 de noviembre de 2017 y se ordenará al Tribunal Administrativo de Santander que, en un término de 20 días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que se pronuncie sobre la presunta vulneración del espacio público.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar el numeral segundo de la sentencia impugnada, que quedará así: «dejar sin efectos la sentencia del 15 de noviembre de 2017, en consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que, en un término de 20 días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que se pronuncie sobre la presunta vulneración del espacio público».

Confirmar en lo demás la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en esta providencia.

Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 163 (vuelto) del expediente.
Folio 44 del expediente.
Esa área fue adecuada y se dio en arriendo para el funcionamiento de establecimientos comerciales.
El actor aportó los siguientes pronunciamientos: i) sentencia del 24 de febrero de 2012, expediente 68001-33-31-012-2008-00296-01, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander; ii) sentencia del 29 de enero de 2015, expediente 2012-00149-02, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión; iii) sentencia de tutela del 6 de diciembre de 2017, expediente 11001-03-35-000-2017-02596-00, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado; iv) sentencia de tutela del 10 de diciembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-02862-00, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; v) sentencia de tutela del 10 de diciembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-02862-00, dictada por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado; vi) sentencia del 1º de marzo de 2016, expediente 68001-33-31-001-2012-00154-01, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; vii) sentencia de tutela del 15 de diciembre de 2015, expediente 11001-03-15-000-2015-02957-00, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; viii) Sentencia del 1º de marzo de 2016, expediente 68001-33-31-002-2012-00182-02, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander; ix) sentencia de tutela del 7 de marzo de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00175-00, dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado; x) sentencia de tutela del 28 de junio de 2016, expediente 11001-03-15-000-2016-00164-00, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y xi) sentencia de tutela del 8 de septiembre de 2016, expediente 110001-03-15-000-2016-000421-01, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Folio 81 del expediente.
ARTÍCULO 17. COMPETENCIA DE LOS JUECES CIVILES MUNICIPALES EN ÚNICA INSTANCIA. Los jueces civiles municipales conocen en única instancia:
(…)
4. De los conflictos que se presenten entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración, o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación o de la interpretación de la ley y del reglamento de propiedad horizontal.
Folio 162 del expediente de tutela.
Folio 163 (vuelto) del expediente de tutela.
Ibidem.
Ibidem.
Folio 179 del expediente de tutela.
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Interpretación errónea de las leyes 472 de 1998 y 361 de 1997 y de los decretos 1538 de 2005, 564 de 2006 y 1469 de 2010.
Norma que adicionó el artículo 36A de la Ley 270 de 1996 y creó el mecanismo de la revisión eventual en acciones populares y de grupo.
Folios 7-15 del cuaderno anexo del expediente de tutela.
Folio 46 del expediente de tutela.
En el expediente de tutela reposan la demanda de la acción popular (folios 108-133) el auto admisorio (folios 134 y 135).
Relacionados en la sentencia del 15 de noviembre de 2017 (folios 53 y 54 del expediente de tutela).
Folio 53 del cuaderno anexo del expediente de tutela.
Folio 53 (vuelto) del cuaderno anexo del expediente de tutela.
Fotografías visibles a folios 1 y 2 del cuaderno anexo del expediente de tutela.
Artículo 281 del Código General del Proceso. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
Según la jurisprudencia constitucional (SU-424 de 2012 y T-152 de 2013), la violación al principio de congruencia constituye un defecto procedimental.

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