Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00454-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00454-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00454-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez
25 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / CADUCIDAD DEL CONTRATO OBRA / TESIS JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL MOMENTO DEL FALLO
En el caso examinado, ocurre que la sentencia del 4 de septiembre de 2017, consideró que la legalidad de las resoluciones 03069 y 06609, ambas de 2008 (en las que el INVÍAS declaró la caducidad del contrato de obra 1957), debía juzgarse con la tesis jurisprudencial dominante a la fecha en que se dictaron, a pesar de que había sido modificada posteriormente (en el año 2008 y reiterada en el año 2012). (que apuntaba a que la caducidad del contrato estatal podía declarase incluso en la etapa de liquidación), mas no la tesis de que la caducidad es posible, siempre que no se hubiera vencido el plazo de ejecución.(…) Para la Sala, sin embargo, no puede predicarse el desconocimiento del precedente de la propia Sección Tercera, la sentencia objeto de reproche no solo identificó la existencia de las dos tesis jurisprudenciales en la Sección Tercera (la vigente al momento de los hechos y la vigente al momento del fallo), sino que cumplió con la carga de fundamentar suficientemente la necesidad de juzgar la legalidad de las resoluciones demandadas, conforme con el “marco de legalidad histórica vigente” cuando se expidieron. (…) Lejos de tratarse de una decisión caprichosa o carente de sustento, la Sala advierte que están bien explicadas las razones para decidir el caso concreto, al paso que se hizo el juicio de ponderación frente a los principios de igualdad, seguridad jurídica y de confianza legítima para considerar que fue oportuna la declaratoria de caducidad, por cuanto se hizo durante la vigencia del contrato, que, para el caso concreto, incluye la etapa de liquidación. Se descarta, en consecuencia, el desconocimiento del precedente judicial invocado por la parte actora.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00454-00(AC)
Actor: DARÍO VARGAS SANZ Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez contra la sentencia del 4 de septiembre de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.
ANTECEDENTES
Pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez, mediante apoderado judicial, pidieron la protección de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al buen nombre, que estimaron vulnerados por la providencia del 4 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección C, de la Corporación, en los procesos contractuales N° 68001233100020090029501 y 68001333101120100032201.
En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
(…)
2. Que al presentarse la existencia de una colisión de derechos fundamentales de los accionantes e integrantes del CONSORCIO CAVA y el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS-, se realice un juicio de ponderación para establecer qué representa de mejor forma el valor constitucional de la Justicia, sí la aplicación (sic) de la posición jurisprudencial unificada de la SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO, garantizando un verdadero acceso a la justicia real y material a los accionantes, así como una prevalencia del derecho sustancial en la Administración de Justicia o el aludido Debido Proceso del INVÍAS por parte de la SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO.
3. Que en consecuencia se ordene al accionado adoptar una nueva decisión modificándose el numeral primero de la Sentencia de 04 de septiembre de 2017 en las acciones contencioso administrativas de controversias contractuales acumuladas con radicados 680012331000-2009-00295-01 y 680013331011-2010-0322-01, conforme con la jurisprudencia que en estos casos se aplicada, tomando como referente el criterio jurisprudencial unificado de la SALA PLENA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO en su Sentencia de Unificación Jurisprudencial de 12 de julio de 2012, proferida en el proceso de controversias contractuales radicado 85001-23-31-000-1995-00174-01 (15024), y los más de 9 casos publicados en la Relatoría de dicha corporación que muestran la violación al derecho fundamental a recibir un trato igual.
Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 23 de octubre de 2006, el Consorcio Cava y el Instituto Nacional de Vías (en adelante INVÍAS) celebraron el Contrato de Obra N° 1957, cuyo objeto era el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Río Ermitaño – La Lizama – San Alberto (Cesar), por un valor de $5.818.125.418.
Las partes celebraron dos prórrogas al contrato inicial.
Los integrantes del Consorcio Cava formularon demanda de controversias contractuales contra el INVÍAS, para que se liquidara judicialmente el contrato 1957 de 2006 y se declarara la nulidad de las resoluciones 03069 del 20 de junio de 2008 y 06609 del 27 de noviembre de 2008, que declararon la caducidad de dicho contrato.
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 16 de julio de 2015, accedió a las pretensiones de la demanda de controversias contractuales.
El INVÍAS apeló y, por sentencia del 4 de septiembre de 2017 (objeto de la presente tutela), el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, desestimó la pretensión de nulidad de las mencionadas resoluciones, pero confirmó la decisión de ordenar la liquidación judicial del contrato.
Argumentos de la tutela
De manera preliminar, los demandantes se refirieron al cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, así: (i) que la demanda identificó los hechos y fundamentos de la solicitud de amparo; (ii) que no existe otro mecanismo de defensa judicial; (iii) que la tutela se presentó oportunamente; (iv) que se cumple el requisito de relevancia constitucional, y (v) que no se discute una sentencia de tutela.
En cuanto al fondo del asunto, los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez alegaron que la sentencia del 4 de septiembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución.
En concreto, explicaron que el proceso de controversias contractuales debió fallarse con fundamento en la sentencia del 12 de julio de 2012 (expediente 1995-00174-01) de la Sala Plena de la Sección Tercera, relacionada con la competencia temporal para declarar la caducidad del contrato estatal, que era la vigente al momento en que se dictó la sentencia discutida.
Que, de hecho, en múltiples oportunidades, los actores solicitaron dar prelación de fallo, pues ya existía sentencia de unificación, por hechos similares. Pero que nunca hubo un pronunciamiento sobre las solicitudes.
Según la parte actora, la sentencia del 4 de septiembre de 2017 habría señalado que no aplicaba la sentencia de unificación del 12 de julio de 2012, “debido a que no era la posición existente en el momento en que la administración pública (INVÍAS) vulneró los derechos (…), vulneración que es evidente, pues cinco años de sanción profesional injustificada para ingenieros contratistas del Estado es en suma lesivo de derechos, aunado a ser la posición contraria a la que representa el valor de la Justicia en todo el tiempo y lectura correcta del artículo 18 de la Ley 80 de 1993, según lo ha concluido ya en múltiples ocasiones la SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO”.
Que la sentencia del 4 de septiembre de 2017 generó la colisión de derechos fundamentales, pues, según la parte demandante, “se alude por parte de la SUBSECCIÓN C que la decisión de primera instancia viola el debido proceso del INVÍAS, no obstante que (los demandantes), se ven lesivamente afectados en sus derechos fundamentales (…) con la negativa en el reconocimiento de los daños que les fueron causados y que sí han sido reconocidos en otros casos”. Que para resolver esa coalición debe hacerse un juicio de ponderación para proteger también los derechos de la parte actora, pues es necesario aplicar la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera.
Que, en efecto, la jurisprudencia unificada se inclinó por definir que el poder excepcional de la caducidad del contrato debe ejercerse por la administración en el término de ejecución del contrato (que no incluye la etapa de liquidación), cuando la situación amenace la parálisis de la obra contratada, precisamente por las graves consecuencias que se pueden generar frente al contratista. Que justamente en el caso concreto la situación de orden público fue la que afectó la ejecución y, en todo caso, el atraso pudo solventarse con una adición del término de ejecución, mas no mediante la declaratoria de la caducidad del contrato, que, insiste, puede afectar gravemente el patrimonio y el derecho al buen nombre del contratista.
Trámite procesal
Por auto del 13 de febrero de 2018, el magistrado sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de parte demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
Adicionalmente, vinculó, como terceros con interés, a las siguientes personas:
A los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, que dictaron la sentencia de primera instancia en el proceso de controversias contractuales que dio origen a la presente acción de tutela.
Al director general del INVÍAS, que compareció en calidad de demandado en el proceso ordinario.
Al señor Carlos René Santamaría Rodríguez, a la sociedad Sánchez Constructores Ltda., a la sociedad Álvarez y a la compañía Vargas Ingeniería Ltda., que actuaron como demandantes en el proceso ordinario.
Al director de defensa jurídica nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Intervención de la autoridad demandada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, se opuso a las pretensiones de la tutela. En concreto, explicó que la tutela no tiene vocación de prosperidad, porque la sentencia del 4 de septiembre de 2017 no incurrió en ninguno de los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
En cuanto al fondo del asunto, el ponente de la sentencia cuestionada explicó, en síntesis, que son los demandantes los que realmente pretenden desconocer el precedente judicial, pues lo cierto es que la sentencia del 4 de septiembre de 2017 examinó la legalidad de los actos que declararon la caducidad del contrato N° 1957 de 2006, a la luz del criterio jurisprudencial vigente para el momento en que la administración ejerció la facultad. Es decir, que analizó el vicio de incompetencia según el régimen jurídico vigente para cuando el INVÍAS declaró la caducidad del contrato, “por la elemental consideración de que el estudio de legalidad de todo acto administrativo debe ser abordado conforme al marco de legalidad histórica vigente para cuando éste ha sido expedido”.
Que, en el caso concreto, los actos demandados fueron expedidos el 20 de junio de 2008 y el 27 de noviembre de 2008, lo que indica que se dictaron por fuera del término de ejecución, pero dentro del plazo de vigencia del contrato. Que, sin embargo, para esa época la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sostenía, de manera unificada, que la competencia para declarar la caducidad del contrato se extendía aún después de vencido el término de ejecución del contrato estatal.
Que es cierto que la Sección Tercera cambió la jurisprudencia, a partir de la sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031, y reiteró la tesis el 12 de julio de 2012 (expediente 1995-00174-01), pero que ese cambio ocurrió después de que se dictaron los actos demandados.
Intervención de terceros
El apoderado judicial del INVÍAS se opuso al amparo pedido. En síntesis, alegó que la competencia de la administración para declarar la caducidad del contrato estatal se examinó con la tesis vigente al momento en que se dictaron los actos demandados por el Consorcio Cava. Que, en todo caso, la caducidad del contrato estuvo plenamente justificada por el probado incumplimiento del contratista, situación que es enteramente atribuible a dicho consorcio.
Aunque se surtieron las notificaciones de rigor, no intervinieron los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, ni el señor Carlos René Santamaría Rodríguez, ni la sociedad Sánchez Constructores Ltda. , ni la sociedad Álvarez y Vargas Ingeniería Ltda., ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
CONSIDERACIONES
En orden a resolver la solicitud de amparo presentada por los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez, la Sala se referirá, en primer lugar, a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Seguidamente, formulará el problema jurídico a resolver y adoptará la decisión que en derecho corresponda.
De la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.
A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.
Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No son suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales.
Es más, en la sentencia T-398-17, la Corte Constitucional no solo reiteró la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, sino que fijó 2 requisitos adicionales cuando se cuestiona una providencia de un órgano de cierre, así: (i) que sea evidente el desconocimiento de la Constitución y (ii) que sea definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, respecto del alcance de los derechos fundamentales y al ejercer el control abstracto de constitucionalidad. La Corte explicó:
3.3.2. Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.
Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
La tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Es de esa manera que se estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela.
Planteamiento y solución del problema jurídico
Como se encuentran cumplidos los presupuestos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la Sala decidirá si la sentencia del 4 de septiembre de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al buen nombre de los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez.
Concretamente, corresponde definir si se desconoció el precedente judicial fijado por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia del 12 de julio de 2012 (expediente 1995-00174-01), respecto de la competencia temporal de la administración para declarar la caducidad del contrato estatal.
Para resolver el problema jurídico, la Sala destacará, in extenso, los apartes más relevantes de la decisión del 4 de septiembre de 2017 y, luego, analizará el desconocimiento del precedente en el caso particular.
La sentencia dictada el 4 de septiembre de 2017 no vulnera los derechos invocados
En lo que aquí interesa, la sentencia objeto de tutela se ocupó de decidir si resultaba ajustado a derecho decretar la nulidad de los actos administrativos del INVÍAS, que declararon la caducidad del Contrato de Obra N° 1957 de 2006, con fundamento en un criterio jurisprudencial acogido por la Sección Tercera de la Corporación con posterioridad a la expedición y notificación de tales actos.
Para resolver ese problema, la sentencia del 4 de septiembre de 2017 formuló amplias y valiosas consideraciones para destacar el carácter normativo y vinculante del precedente judicial, en especial, el fijado por los órganos de cierre de cada jurisdicción, en orden a hacer prevalecer los principios de igualdad y de seguridad jurídica.
De ese amplio estudio, conviene destacar los siguientes apartes:
3.8.- Y prueba de la vinculatoriedad del precedente judicial en el sistema jurídico colombiano se encuentra en el desarrollo de factores institucionales dirigidos a garantizar su respeto y eficacia jurídica, como lo son (i) la protección que se dispensa vía acción de tutela, cuando de manera injustificada la autoridad ha desatendido un precedente judicial, como defecto sustantivo, (ii) el reconocimiento legislativo de la competencia de “unificación de jurisprudencia” de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado en el marco del mecanismo de revisión eventual de acciones populares y de grupo, (iii) el reconocimiento de prelación para fallo que puede dispensarse a aquellos asuntos en las Altas Cortes que demanden “sólo la reiteración de jurisprudencia”, (iv) el deber de las autoridades estatales de tener en cuenta “precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contenciosa administrativa” cuando deban resolver peticiones o dictar actos administrativos relacionados con reconocimiento y pago de pensiones de jubilación, prestaciones sociales o cuando estén comprometidas en daños causados por armas de fuego, vehículos oficiales, daños a reclusos, conscriptos o en conflictos tributarios o aduaneros, (v) la creación de una categoría específica de providencias, las “sentencias de unificación de jurisprudencia”, como decisiones con fuerza jurídica sui generis respecto de todos los asuntos de competencia del Consejo de Estado, (vi) la afirmación del deber general, de toda autoridad administrativa de “tener en cuenta” las sentencias de unificación de jurisprudencia, sin perjuicio del carácter general de precedente de las demás decisiones del Consejo de Estado, (vii) el establecimiento de un procedimiento administrativo y judicial especial para que las autoridades administrativas extiendan los efectos jurídicos de una sentencia de unificación de jurisprudencia a terceros que así lo soliciten y acrediten estar en las mismas situaciones fácticas y jurídicas, (viii) el reconocimiento, en el marco del concepto de “legalidad” del Código General del Proceso, de la figura de la doctrina probable, como expresión de precedente vinculante, siendo deber de los jueces, cuando se aparten de esa doctrina “exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión” y (ix) la constitucionalidad condicionada del artículo 17 del Código Civil que prohíbe a los jueces “proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria”, en el entendido de que ello no excluye el valor del precedente judicial y los efectos erga omnes de los fallos de constitucionalidad, lo que, sin duda, es una lectura de ruptura frente a la antigua prohibition des arrêts de règlement, prevista en esa norma.
3.9.- Así, ya puede advertirse como lugar común el contar al precedente judicial en el discurso de las fuentes del derecho y reconocerle una fuerza vinculante que hace radicar en toda autoridad destinataria el deber de seguirlo u obedecerlo, dando cuenta de lo que emerge de la práctica de los actores del sistema jurídico, a lo que habrá de agregarse, desde una perspectiva sustantiva, su aptitud para responder y garantizar bienes jurídicos valiosos como lo son la certeza, seguridad jurídica, el principio de igualdad, en términos formales, la función de descarga argumentativa y la universalidad que subyace a toda decisión judicial que fija o sienta un precedente.
Más adelante, en la sentencia se leen reflexiones sobre la posibilidad del juez de apartarse válidamente del precedente, siempre que se cumpla con la carga argumentativa suficiente y ponderada. Es más, la providencia cuestionada se refirió prolijamente al cambio o revocatoria del precedente judicial y los efectos en el tiempo, de cuyos apartes se destacan las siguientes conclusiones:
4.36.- Conclusión. Todo lo que se viene de exponer reafirma de manera clara y coherente una línea de pensamiento que puede ser resumida en las siguientes ideas: (i) Es deber del Juez y la Administración, al momento de identificar y construir la norma de conducta y de juicio, aplicar los criterios jurisprudenciales vigentes para la fecha de los hechos que fundan la controversia, pues éstos hacen parte del marco de legalidad histórica a ser observado, (ii) Es criterio general, no limitado a expresos y singulares casos puntuales, que todo cambio de precedente jurisprudencial, referido a competencias estatales, derechos o mecanismos de protección, debe ser adoptado e interpretado con efecto prospectivo o a futuro, (iii) Siempre que se alegue por uno de los sujetos procesales una situación de tránsito jurisprudencial, ello debe ser considerado expresamente por tales autoridades a los fines de verificar tal situación y determinar cuál era el criterio jurídico fijado para entonces, sin perjuicio del deber oficioso de la autoridad de aplicar el derecho vigente, (iv) la misma naturaleza de lo que se viene de decir impone precisar que esa protección a la confianza legítima sólo se puede atribuir a la existencia de un criterio jurídico bien formado en la jurisprudencia, ora por su reiteración o por estar fundado en una decisión de unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado, de ahí que no se pueda predicar esa misma certeza cuando se advierten tesis imprecisas o contradictorias en la Corporación y (v) la retroactividad del precedente viola la cláusula de Estado de Derecho y el deber general del Estado de respeto a las garantías judiciales, debido proceso, libertad e igualdad y, por contera, a la confianza legítima creada de manera objetiva por las autoridades estatales en el desarrollo de sus actos.
Al decidir el caso concreto, la sentencia del 4 de septiembre de 2017, destacó los hechos probados en el proceso ordinario y se refirió al criterio jurisprudencial vigente para la época en que se expidieron los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato estatal en cuestión, criterio que apuntaba a decir que la caducidad podía declararse en el plazo de ejecución y, en todo caso, mientras el contrato estuviera vigente:
5.7.- Criterio jurisprudencial vigente. Precisado lo anterior, que constituye la base fáctica relevante del caso, se advierte que para cuando se expidieron los antecitados actos administrativos era precedente reiterado de esta Corporación la regla según la cual la oportunidad para decretar la caducidad del contrato estatal comprendía el plazo de ejecución y el plazo de vigencia del mismo, esto es, hasta cuando ocurriera la liquidación del contrato o feneciera el término previsto para tal fin.
5.8.- En efecto, el criterio jurisprudencial que se comenta fue acogido de manera expresa por la Sección Tercera de la Corporación desde el fallo dictado el 13 de septiembre de 1999 en el Expediente 10264 y fue reiterado en providencias de 9 de marzo de 2000 y 15 de marzo de 2001, de la misma Sección; inclusive, la Sala de Consulta y Servicio Civil emitió el Concepto de 14 de diciembre de 2000 donde reiteró la línea de pensamiento de esta Sección.
5.9.- A mayor abundamiento sobre la vigencia de esa tesis jurisprudencial, se cuenta con que la sentencia de 20 de noviembre de 2008 recaída dentro del Expediente 17031 y donde se varió esa postura expresamente la reconoce como la tesis dominante, hasta entonces. Para el efecto se presentan a continuación los hechos relevantes de cada caso y las consideraciones atinentes a la materia:
(…)
5.10.- Y, como se dijo, en la Sentencia dictada el 20 de noviembre de 2008 Exp. 17031 la Sección Tercera, que no existía para cuando se dictaron los actos, reconoció como precedente judicial el expuesto en las sentencias anteriores, así: “Las últimas posturas jurisprudenciales, han abordado el problema jurídico de la competencia temporal de las medidas sancionatorias desde la perspectiva de dos plazos definidos en el contrato: el plazo para ejecutar el contrato y el plazo para liquidarlo, lo que condujo a colegir que el contrato no se ha extinguido mientras subsistan obligaciones pendientes de cumplir y que expirado el plazo de ejecución la Administración puede exigir y evaluar su cumplimiento, definir si fue o no satisfactorio e imponer las sanciones previstas en la ley y en el contrato aún durante la etapa de la liquidación.”.
5.11.- Aunado a lo anterior, dígase que ese fallo de 20 de noviembre de 2008, que no había surgido a la vida jurídica para entonces, varió la jurisprudencia sobre la materia para sostener, en adelante, que la competencia temporal para decretar la caducidad del contrato estatal se circunscribe al término de ejecución del contrato estatal, de suerte que estará viciado de nulidad, por falta de competencia temporal, si esa decisión se dicta cuando tal plazo a vencido y el negocio se encuentra en etapa de liquidación. Así lo sostuvo el fallo:
(…)
5.12.- Es de rigor advertir que aun cuando la citada decisión data del 20 de noviembre de 2008 esta se notificó por edicto entre el 14 y el 18 de mayo de 2009, como lo refleja la respectiva anotación sentada en el registro público de actuaciones (…), cobrando sentido aquí la regla según la cual “Salvo los casos expresamente exceptuados, ninguna providencia producirá efectos antes de haberse notificado” para afirmar que si desencadena efectos inter partes a partir de tal fecha, con mayor razón a los terceros vía precedente jurisprudencial.
Es más, la sentencia objeto de reproche, de manera expresa, explicó que no se desconocía el precedente anterior, pero que los cambios jurisprudenciales posteriores que fijen el sentido de una norma (como cuando se establece el límite temporal para ejercer la caducidad contractual) deben tener en cuenta la conducta asumida por quien aplicó el criterio vigente, pues “no podrá exigírsele la subordinación a un nuevo criterio jurisprudencial”.
Justamente por eso la sentencia objeto de tutela examinó la legalidad de los actos demandados por el Consorcio Cava, bajo el criterio jurisprudencial vigente cuando el INVÍAS los dictó. Es decir, que decidió aplicar la jurisprudencia que permitía declarar la caducidad, inclusive en la etapa de liquidación del contrato.
Análisis de la Sala
La Sala empieza por reiterar el entendimiento del desconocimiento del precedente judicial, como causal para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales.
Grosso modo, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para decidir otros conflictos semejantes, esto es, los conflictos en los que exista identidad jurídica y fundamentalmente identidad fáctica. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, vulnera el derecho a la igualdad.
No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos con supuestos fácticos y jurídicos idénticos se decidan de la misma forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical. Es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del órgano de cierre, según el caso, adquiere importancia para efectos de preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando: “(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues “sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo”.
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido por la jurisdicción.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.
En el caso examinado, ocurre que la sentencia del 4 de septiembre de 2017, consideró que la legalidad de las resoluciones 03069 y 06609, ambas de 2008 (en las que el INVÍAS declaró la caducidad del contra de obra 1957), debía juzgarse con la tesis jurisprudencial dominante a la fecha en que se dictaron, a pesar de que había sido modificada posteriormente (en el año 2008 y reiterada en el año 2012).
Es decir, que decidió aplicar el criterio de la Sección Tercera del año 2008 (que apuntaba a que la caducidad del contrato estatal podía declarase incluso en la etapa de liquidación), mas no la tesis de que la caducidad es posible, siempre que no se hubiera vencido el plazo de ejecución.
Para la Sala, sin embargo, no puede predicarse el desconocimiento del precedente de la propia Sección Tercera, pues (tal y como se vio en la extensa transcripción del numeral 2.1. de este acápite) la sentencia objeto de reproche no solo identificó la existencia de las dos tesis jurisprudenciales en la Sección Tercera (la vigente al momento de los hechos y la vigente al momento del fallo), sino que cumplió con la carga de fundamentar suficientemente la necesidad de juzgar la legalidad de las resoluciones demandadas, conforme con el “marco de legalidad histórica vigente” cuando se expidieron.
Es más, la sentencia enfatizó en que no sería proporcional ni acertado exigir a la administración que se anticipara a conocer una tesis jurisprudencial inexistente en el momento en que se ejerció la competencia para decretar la caducidad del contrato estatal.
Lejos de tratarse de una decisión caprichosa o carente de sustento, la Sala advierte que están bien explicadas las razones para decidir el caso concreto, al paso que se hizo el juicio de ponderación frente a los principios de igualdad, seguridad jurídica y de confianza legítima para considerar que fue oportuna la declaratoria de caducidad, por cuanto se hizo durante la vigencia del contrato, que, para el caso concreto, incluye la etapa de liquidación.
Se descarta, en consecuencia, el desconocimiento del precedente judicial invocado por la parte actora.
Por último, la Sala precisa que las partes de un proceso ordinario que se creen afectadas por una providencia judicial no pueden pretender que el juez de tutela profiera siempre una decisión de reemplazo para sustituir o reemplazar la competencia del juez del proceso ordinario, menos cuando se trata de hacer prevalecer una opinión jurídica diferente a la del juez del caso. Y eso no puede suceder, especialmente, cuando, desde la perspectiva estrictamente constitucional, las providencias cuestionadas se ven razonables y ponderadas y, por ende, conforme con los derechos fundamentales. La simple inconformidad de algún sujeto procesal no habilita la competencia excepcional del juez de tutela.
La Sala insiste en que es más restrictiva la procedencia de la tutela contra las providencias de los llamados órganos de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia), pues, por mandato de la Constitución y la ley, son los encargados de unificar la jurisprudencia en cada jurisdicción. Entonces, habrá que privilegiar la autonomía y la independencia judicial cuando la providencia del órgano de cierre esté razonablemente sustentada, aun cuando el juez de tutela pudiera tener una opinión jurídica diferente frente a la interpretación de las normas aplicables o respecto de la valoración probatoria.
En definitiva, no procede el amparo pedido por los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Denegar las pretensiones de la tutela presentada por los señores Darío Vargas Sanz y Henry Álvarez Sánchez el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por lo anteriormente expuesto.
Segundo. Reconocer al abogado Rafael Rojas Flórez como apoderado judicial del INVÍAS, en los términos del poder conferido.
Tercero. Notificar a las partes y terceros por el medio que resulte más expedito y eficaz.
Cuarto. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo y devolver el proceso ordinario que fue enviado a esta Corporación en calidad de préstamo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 16 y 17. del expediente.
Folio 3.
Folio 40.
Folio 41.
Folio 37.
Folio 36.
Folio 42.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
El mismo criterio ha sido expuesto en las sentencias SU-050 de 2017 y SU-573 de 2017.
Cita original: Cfr., entre varias, Corte Constitucional. Sentencias T-1031 de 2001, C-590 de 2005, SU-448 de 2011 y SU-427 de 2016.
Cita original: Ley 1285 de 2009. Artículo 7º inc. Segundo. Las Salas de Casación Civil y Agraria Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como Tribunal de Casación, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificación de la jurisprudencia, protección de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo tribunal, o entre Tribunales, o entre estos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos".
Cita original: Ley 1285 de 2009. Artículo 11. Apruébase como artículo nuevo de la Ley 270 de 1996, el artículo 36A, que formará parte del Capítulo Relativo a la organización de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá el siguiente texto:
"Artículo 36A. Del mecanismo de revisión eventual en las acciones populares y de grupo y de la regulación de los recursos extraordinarios. En su condición de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, a petición de parte o del Ministerio Público, el Consejo de Estado, a través de sus Secciones, en los asuntos que correspondan a las acciones populares o de grupo podrá seleccionar, para su eventual revisión, las sentencias o las demás providencias que determinen la finalización o el archivo del respectivo proceso, proferidas por los Tribunales Administrativos, con el fin de unificar la jurisprudencia.
Cita original: Ley 1285 de 2009. Artículo 16. En similar sentido el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 que extiende esa facultad a todos los jueces, tribunales, las Altas Cortes, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Cita original: Ley 1395 de 2010. Artículo 114.
Cita original: Ley 1437 de 2011. Artículo 270.
Cita original: Ley 1437 de 2011. Artículo 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas.
Cita original: Ley 1437 de 2011. Artículo 102 y 269.
Cita original: Ley 1564 de 2012. Artículo 7º. Legalidad. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina.
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.
Sobre el particular la Corte Constitucional sostuvo: “3.10.5. La Corte determinó que la doctrina probable y el precedente judicial, son dos vías distintas para darle fortaleza a la decisión judicial y con ello contribuir a la seguridad jurídica y al respeto por el principio de igualdad. Encontró que mientras la doctrina probable establece una regla de interpretación de las normas vigentes, que afecta la parte considerativa de la decisión judicial, el precedente judicial establece reglas sobre la aplicación de las normas en casos precisos, afecta por lo tanto aquellos casos cuyos hechos se subsuman en la hipótesis y están dirigidos a la parte resolutiva de la decisión.
3.10.6. La Corte reconoció que la utilización de estas fórmulas, lejos de atentar contra el artículo 230 de la constitución vienen a reforzar el sistema jurídico nacional y son perfectamente compatibles con la jerarquización de las fuentes que establece el postulado constitucional, puesto que la jurisprudencia no crea normas sino que establece las formulas en que el juez, tanto en la parte considerativa como en la parte resolutiva, debe llevar la normatividad a los casos concretos.” Corte Constitucional. sentencia C-621 de 2015.
Cita original: Código Civil. Artículo 17. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria. Precepto legal cuya constitucionalidad fue controlada mediante sentencia C-461 de 2013 donde la Corte consideró, en síntesis, la constitucionalidad condicionada de la norma así: “la Corte declarará que esa norma es exequible bajo el entendido de que no impide la existencia de efectos erga omnes y extensivos en las sentencias que deciden sobre las acciones constitucionales que conforme al texto superior deban tener ese carácter, entre ellas las relativas a la observancia de los precedentes de los órganos de cierre (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado en sus respectivos ámbitos), al igual que las demás decisiones judiciales que, excepcionalmente, generen un efecto oponible a terceras personas.”
Cita original: Ley 1437 de 2011. Artículo 270. Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009.
Cita original: “19. Es posible, de otro lado, que no exista claridad en cuanto al precedente aplicable, debido a que la jurisprudencia sobre un determinado aspecto de derecho sea contradictoria o imprecisa. Puede ocurrir que haya sentencias en las cuales frente a unos mismos supuestos de hecho relevantes, la Corte haya adoptado decisiones contradictorias o que el fundamento de una decisión no puede extractarse con precisión. En estos casos, por supuesto, compete a la Corte Suprema unificar y precisar su propia jurisprudencia. Ante la falta de unidad en la jurisprudencia, los jueces deben hacer explícita la diversidad de criterios, y optar por las decisiones que interpreten de mejor manera el imperio de la ley, a partir de una adecuada determinación de los hechos materialmente relevantes en el caso. De la misma forma, ante la imprecisión de los fundamentos, pueden los jueces interpretar el sentido que se le debe dar a la doctrina judicial de la Corte Suprema”. Corte Constitucional. Sentencia C-836 de 2001.
Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 1999. Exp. 10264.
Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 9 de marzo de 2000, Exp. 10540.
Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Sentencia de 15 de marzo de 2001, Exp. 13352.
Cita original: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 14 de diciembre de 2000. Exp. 1293.
Cita original: Código de Procedimiento Civil. Artículo 313 inc. 2° reiterado en el Código General del Proceso. Artículo 289 inc. 2°.
Entre muchas otras, puede consultarse la sentencia de tutela del 14 de mayo de 2015, expediente Nº 11001-03-15-000-2014-04422-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Sentencia T-158 de 2006.
Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: «El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen».
Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica» (se destaca).
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
Sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente 17031.
Sentencia del 12 de julio de 2012, expediente 1995-00174.
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