Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00515-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00515-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00515-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
21 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ / REQUISITO DE INMEDIATEZ - Término razonable / SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SANCIÓN MORATORIA A DOCENTE
[L]a Nación- Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A. solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra varias providencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, en el cual eran las partes demandadas. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación- Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto a la controversia jurídica en cuestión. En tal virtud, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada. (...) al discutirse el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de los docentes, la sentencia que debe tomarse en cuenta para efectos de contabilizar la inmediatez del mecanismo de amparo en este tipo de asuntos, no es la proferida por Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá, sino la SU 336 proferida el 18 de mayo de 2017 por la Corte Constitucional, la cual fue publicada el 12 de julio de 2017. En esa medida se tiene que al interponerse la acción de tutela el 9 de febrero de 2018, observa la Sala que conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional anteriormente señalada, no cumple con el requisito general de procedencia de la inmediatez, al superarse el plazo razonable de los seis meses señalados en la sentencia SU 336 de 2017. (...) i) no se evidencia prueba que justifique la inactividad por la parte actora; y ii) la parte actora no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que merezca un trato y protección especial por parte del Estado, por lo que en el presente caso se tiene que la parte actora no acreditó el requisito de inmediatez.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1 - NUMERAL 8 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1 - NUMERAL 11
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al requisito de inmediatez, consultar la sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de esta Corporación y la sentencia T-395 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00515-01(AC)
Actor: OFIR FERNÁNDEZ ORTIZ
Demandado: SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Ofir Fernández Ortiz, contra el fallo de tutela proferido el 10 de mayo de 2018, por la Sección Quinta del Consejo Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado 10 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, por considerar que, a su juicio, el Consejo al proferir la providencia de 2 de agosto de 2016, el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá al proferir las providencias de 20 de marzo de 2015 y 14 de agosto de 2015, el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá al proferir la providencia de 15 de enero de 2015 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá al proferir la providencia de 19 de mayo de 2017, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Indicó que prestó sus servicios como docente a órdenes de la Secretaría de Educación de Bogotá, tal como consta en la Resolución núm. 4727 del 15 de agosto de 2012 expedida por el Director de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá.
4. Señaló que solicitó ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio Regional de Bogotá, el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas a las que legalmente tenía derecho, el 9 de febrero de 2012.
5. Indicó que mediante la Resolución núm. 4727 del 15 de agosto de 2012 expedida por el Director de Talento Humano de la Secretaría de Educación de Bogotá se le reconoció el pago de sus cesantías definitivas por retiro del servicio, y en ese orden de ideas ordenó el respectivo pago de la prestación solicitada.
6. Adujo que el pago se realizó tardíamente el 18 de octubre de 2012, tal como consta en el recibo de pago del banco BBVA.
7. Afirmó que desde que se radicó la petición de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas y hasta la fecha en que se hizo efectivo el pago de las mismas, transcurrió un término superior al permito por la ley, configurándose de esta manera una mora en el pago de las cesantías de 155 días.
8. Indicó que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 21 de agosto de 2013, la cual fue negada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio del Oficio S-2013-125700 de 10 de septiembre de 2013.
9. La señora Ofir Fernández Ortiz presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio S-2013-125700 de 10 de septiembre de 2013.
10. Por reparto correspondió al Juzgado 23 Administrativo de Bogotá, proceso identificado con el número único de radicación 110013335023201400237, el cual, mediante providencia de 20 de marzo de 2015, declaró “[…] carecer de jurisdicción para conocer de la demanda presentada por la señora OFIR FERNANDEZ (sic) ORTIZ contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.[…]”.
11. Indicó que contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto desfavorablemente por medio de la providencia de 14 de agosto de 2015, al considerar que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea. En ese orden de ideas, el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de Bogotá por falta de jurisdicción.
12. Señaló que por reparto le correspondió conocer el expediente al Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual mediante la providencia de 16 de marzo de 2016, declaró el conflicto negativo de competencia y remitió el proceso a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la cual, mediante providencia de 3 de agosto de 2016 dirimió el conflicto negativo de jurisdicción, señalando que el asunto debía conocerlo la Jurisdicción Ordinaria Laboral y que se debía tramitar como proceso ejecutivo.
13. Adujo que el Juzgado Décimo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá mediante providencia de 25 de enero de 2017 negó el mandamiento de pago, toda vez que no existía título ejecutivo, decisión confirmada por la providencia de 19 de mayo de 2017 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.
14. Finalmente, indicó que mediante providencia de 22 de junio de 2017 proferida por el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá se obedeció y cumplió lo resuelto por el superior, ordenando el archivo definitivo de las diligencias.
La solicitud de tutela
Pretensiones
15. La señora Ofir Fernández Ortiz, solicitó en su escrito de tutela:
“[...] 1. Se amparen los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, principio de legalidad, acceso a la juez natural, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad de mi representado.
Se deje sin efectos ni valor alguno la providencia de fecha 20 de marzo de 2015, emitida por el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá, mediante el cual remitió por competencia el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por mi poderdante.
Por consiguiente que se dejen sin valor ni efecto todas las providencias judiciales proferidas después del auto del 20 de marzo de 2015 emitido por el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá, con relación al expediente número 11001333502320140023700, donde actúa como demandante el accionante.
Se dejen sin valor ni efecto las actuaciones del Juzgado Décimo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, en especial auto de fecha 23 de junio de 2017, bajo el radicado 11001310501020160069200. Así como también se dejen sin valor ni efecto las actuaciones surtidas bajo el radicado No. 11001310501020150078100 emitidas por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá.
Se dejen sin efecto las actuaciones surtidas por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral surtidas bajo el radicado no. 11001310501020160069201.
Se ordene al Juzgado Décimo Laboral del Circuito Judicial de Bogotá allegar el expediente que reposa bajo el No. 11001310501020160069200 al Juzgado 23 Administrativo de Bogotá.
Se ordene al Juzgado 23 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, continuar con el conocimiento y trámite de la demanda radicada con el número 11001333502320140023700, mediante el MEDIO DE CONTROL con pretensión de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO […]”.
16. Indicó que las accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra, toda vez que incurrieron en defecto sustantivo por haber desconocido el precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, según el cual la Jurisdicción Contencioso Administrativo es la competente para conocer sobre las reclamaciones por sanción moratoria en el pago de cesantías.
Actuación
17. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por auto de 22 de febrero de 2018, inadmitió la acción de tutela y dispuso en su parte resolutiva:
“[…] INADMITIR la demanda presentada por la señora Ofir Fernández Ortiz, en ejercicio de la acción de tutela y concederle el término improrrogable y perentorio de dos (2) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, para que indique si con la presente acción cuestiona alguna providencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura y de ser así, indicar el número de radicado del proceso, la providencia que ataca y el defecto o irregularidad que se endilga de la misma […]”.
18. La parte actora subsanó la solicitud de tutela, el 14 de marzo de 2018, manifestando que la acción de tutela también se dirigía contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
19. En ese orden de ideas, la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de auto de 20 de marzo de 2018, resolvió admitir la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá y al Juzgado 10 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
20. De igual manera dispuso vincular a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG, concediéndole el mismo término de dos (2) días para que rindieran informe.
Informes de la parte accionada y las partes vinculadas
21. El Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante escrito aportado el 23 de abril de 2018, solicitó negar las pretensiones del amparo por considerar que los documentos presentados para constituir el título ejecutivo complejo, no contienen una obligación clara, expresa y exigible que permitiera librar el mandamiento de pago invocado. Expresó que:
“[…] De conformidad a lo expuesto esta operadora judicial tomó la decisión con fundamento en las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables sin desconocer el acceso a la administración de justicia ni el debido proceso de la accionante. Aunado a lo anterior la acción no cumple con el requisito de inmediatez dado que se archivó el proceso el pasado 23 de junio de 2017 y solo pasados 9 meses se interpone esta acción constitucional, razones por las cuales solicito se declare improcedente la acción de tutela […]”.
22. La asesora Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, mediante escrito aportado el 23 de abril de 2018, solicitó que sea desvinculada de la presente acción constitucional, teniendo en cuenta que las pretensiones elevadas por la parte actora, no tiene ningún tipo de vinculación con esta entidad.
23. La Coordinación de tutelas de la FIDUPREVISORA S.A, mediante escrito aportado el 25 de abril de 2018, indicó que no es la competente para cumplir con las pretensiones contenidas en la acción de tutela de la referencia, y en ese orden de ideas, solicitó su desvinculación del presente proceso por considerar la falta de configuración de la legitimación en la causa por pasiva.
24. La Magistrada María Lourdes Hernández Mindiola de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante escrito aportado el 25 de abril de 2018, solicitó negar las pretensiones del amparo. Indicó que:
“[…] Es por lo anterior, que esta Superioridad no ha vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, la decisión proferida para resolver el conflicto de competencias Nro. 2016 01049 00, fue emitida amparada por los principios de independencia y autonomía judicial, atendiendo el precedente que para ese momento imperaba respecto del reconocimiento y pago de sanción moratoria de cesantías […]”.
25. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá durante el presente trámite, guardaron silencio.
La sentencia impugnada
26. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de mayo de 2018, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por la señora Ofir Fernández Ortiz, por las razones expuestas en esta providencia […]”.
27. Al resolver el caso concreto señaló que:
“[…] Teniendo en cuenta esas pautas, esta Sección considera que en el presente caso no se cumple con el requisito adjetivo temporal en la medida en que la acción de tutela fue interpuesta en un término mayor a los 6 meses, como se explicará a continuación.
En efecto, la demanda de tutela fue radicada, el 9 de febrero de 2018, el auto mediante el cual se negó el mandamiento de pago ejecutivo y se ordenó el archivo del expediente, fue proferido el 23 (sic) de junio de 2017, notificado mediante estado desfijado el 27 de junio de 2017. El término de ejecutoria finalizó el 30 del mismo mes y año.
Esto quiere decir, sin lugar a dudas, que la presente acción de tutela no cumple el requisito adjetivo de la inmediatez, por cuanto excede el término razonable de 6 meses establecido por la jurisprudencia de esta Corporación, sin que se advierta alguna circunstancia que justifique el retardo en el ejercicio de la acción constitucional […]”.
La impugnación
28. La parte actora, obrando mediante apoderado especial, impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, solicitando que se accedieran a las pretensiones del amparo, con base en los siguientes argumentos.
“[…] Es preocupante que el Órgano de Cierre de la jurisdicción de lo contencioso Administrativo se contradiga como juez de tutela puesto que en acciones de tutela se presentan situaciones de hecho y de derecho similares ha producido fallo tutelando los derechos del accionante aun y cuando estuvieran por fuera del plazo exigido por la jurisprudencia de los 6 meses para presentar la acción, teniendo en cuenta la gravedad del asunto y que a todas luces con las actuaciones de los despachos judiciales inmiscuidos se vulneran derechos fundamentales, así pues que no es un capricho del suscrito litigante acudir a la acción de tutela como mecanismo subsidiario, teniendo presente que en el asunto que nos avoca no existe medio de defensa judicial pendiente de adelantar […]”.
29. Frente al fondo del asunto reiteró los argumentos jurídicos expuestos en su escrito de tutela al señalar que las autoridades accionadas habían incurrido en defecto sustantivo por haber desconocido el precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional en la sentencia SU 336 de 18 de mayo de 2017.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
30. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
31. Ahora, conforme lo señaló el a quo, la Sala debe hacer la precisión de que si bien la acción de tutela se interpuso contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y los Juzgados 23 Administrativo del Circuito de Bogotá y 10 Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, también se dirigió contra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, y en esa medida el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto conforme lo señala los numerales 8 y 11 del artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 2017
Generalidades de la acción de tutela
32. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema Jurídico
33. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.
34. Así pues, debe aludirse a que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…]En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[]. (Negrilla fuera de Texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]”.
35. La Sala advierte que La Nación- Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria la Previsora S.A. solicitaron su desvinculación de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.
36. Al respecto, es preciso indicar que la parte actora interpuso la solicitud de tutela de la referencia contra varias providencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá, en el cual eran las partes demandadas.
37. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación- Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduciaria La Previsora S.A les asiste interés en la decisión de tutela que se profiera respecto a la controversia jurídica en cuestión. En tal virtud, la Sala declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada.
38. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito de la inmediatez.
39. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
40. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
41. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
42. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
43. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
44. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
45. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
46. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento del requisito de inmediatez como requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
Acerca del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela, donde se estudia el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de los docentes
47. Si bien es cierto el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable.
48. La Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 1999 dijo:
“[…] La inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.
Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”
49. Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación dijo:
[…] “Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional[…]
50. Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.
51. Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho:
[…]Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.[…]”
52. Finalmente, esta Sección mediante sentencia de 11 de abril de 2018, al resolver sobre el cumplimiento del requisito de la inmediatez en los asuntos en donde se discute el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de los docentes, reiteró que con base en la jurisprudencia constitucional, “[…] el requisito de inmediatez se puede obviar en algunos eventos, dependiendo de la situación en particular, entre ellos, la ocurrencia de un hecho nuevo o circunstancia fáctica relevante entre el momento que surgió el presunto agravió y el uso de la acción de tutela, como es el caso de las providencias proferidas en sede de revisión que contengan una doctrina jurisprudencial que antes no existía, pues tales pronunciamientos involucran supuestos fácticos y jurídicos que pueden modificar la situación del interesado, siempre y cuando el amparo constitucional se promueva en un tiempo razonable a partir del momento en que fue notificada o publicada la jurisprudencia, que en su sentir le es aplicable, plazo que ha sido establecido por esta Corporación en un término no mayor a seis meses ”. [Subraya la Sala].
53. En atención a este criterio, la sentencia que debe tomarse en cuenta para efectos de contabilizar la inmediatez del mecanismo de amparo en este tipo de asuntos, es la SU 336 proferida el 18 de mayo de 2017 por la Corte Constitucional, la cual fue publicada el 12 de julio de 2017.
Análisis del caso concreto
54. La Sala estudia si en el presente caso se cumple con el requisito de inmediatez.
55. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
56. Dentro del expediente está plenamente acreditado que la última providencia objeto de la presente acción de tutela fue proferida por el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá el 22 de junio de 2017, por medio de la cual: i) obedeció y cumplió lo decidido la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá el 19 de mayo de 2017 y ii) ordenó el archivo definitivo del proceso, providencia que fue notificada a la actora el 27 de junio de 2017.
57. No obstante, tal como se indicó en el numeral 53 de esta providencia al discutirse el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de los docentes, la sentencia que debe tomarse en cuenta para efectos de contabilizar la inmediatez del mecanismo de amparo en este tipo de asuntos, no es la proferida por Juzgado 10 Laboral del Circuito de Bogotá, sino la SU 336 proferida el 18 de mayo de 2017 por la Corte Constitucional, la cual fue publicada el 12 de julio de 2017.
58. En esa medida se tiene que al interponerse la acción de tutela el 9 de febrero de 2018, observa la Sala que conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional anteriormente señalada, no cumple con el requisito general de procedencia de la inmediatez, al superarse el plazo razonable de los seis meses señalados en la sentencia SU 336 de 2017.
59. No obstante, la misma jurisprudencia ha considerado que el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales debe ser analizado en cada caso concreto, y que existen situaciones especiales que permiten establecer un plazo superior al determinado, como son: “ […] (i) la prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) estar en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable[…]”.
60. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación reciente, SU – 354 de 2017, reiteró la importancia del requisito de inmediatez en la acción de tutela contra providencias judiciales, sin embargo, al decidir este caso hizo una excepción en el término de los seis meses establecidos por regla general como tiempo razonable para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, haciendo un análisis particular del caso, por lo que consideró que la acción de tutela en el caso bajo estudio procedía diez meses después de haber sido notificada la decisión que se controvertía en la acción de tutela. La anterior decisión se tomó con fundamento en la existencia de un hecho relevante que justificaba la tardanza en la interposición de la acción, circunstancia que fue tenida en cuenta en el caso concreto al aplicar la sentencia SU 336 de 2017 para fijar el término de inmediatez.
61. En el análisis del caso concreto: i) no se evidencia prueba que justifique la inactividad por la parte actora; y ii) la parte actora no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta que merezca un trato y protección especial por parte del Estado, por lo que en el presente caso se tiene que la parte actora no acreditó el requisito de inmediatez.
63. En ese orden de ideas, para la Sala no se cumple con el requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que se interpuso por fuera del plazo razonable, teniendo en cuenta que con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el amparo debe ser presentado dentro de los seis meses siguientes contados a partir de la notificación de la providencia SU 336 de 2017.
64 .Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará lo decidido en la sentencia de 10 de mayo de 2018, por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Nación Ministerio de Educación Nacional –Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y por la Fiduciaria La Previsora S.A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.CONFIRMAR, el fallo de tutela proferido el 10 de mayo de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 8. Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia y a prevención a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado […]
11. Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y estas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el presente artículo. Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
“Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencias: T-213 de 22 de febrero de 2001 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-562 de 25 de julio de 2002, M.P. Alvaro Tafur Galvis, T-959 de 7 de noviembre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, número único de radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-02. Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional. Sentencia C- 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01. Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia T- 322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de abril de 2018, C. P: María Elizabeth García González, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02412-01
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, Exp. nro. 11001-03-15-000-2017-03300-00, C. P: María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sentencia T-243 de 6 de marzo de 2008, M. P: Manuel José Cepeda Espinosa. La acción de tutela sólo será procedente, entre otras eventos, “[…] (iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición […]”. (negrillas fuera del texto original). Sentencia T-014 de 17 de enero de 2008, M. P: Marco Gerardo Monroy Cabra. “A pesar de que existe una providencia en firme de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desde el año 2001, el actor interpuso la acción de tutela para reclamar sus derechos en un término razonable, es decir, una vez tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006 (que concretó lo que con anterioridad habían expuesto otras sentencias de tutela, tal y como lo expuso el actor en su demanda), situación que se puede considerar en el presente caso como un hecho nuevo que abrió la posibilidad para que con fundamento en ella, el accionante interpusiera la presente acción de tutela. No importa entonces que se trate de controvertir un fallo del año 2001, puesto que como arriba se dijo, el derecho a la indexación de la primera mesada pensional y a la actualización del valor del pago de sus pensiones no está sujeto a ninguna condición y en la actualidad, a la luz de la Constitución, se encuentra plenamente garantizado.
Conforme a lo dicho, la Sala entiende que el accionante interpuso la presente acción de tutela dentro de un plazo razonable, a partir de que tuvo conocimiento de la Sentencia C-862 de 2006, en consecuencia, la Sala continuará con el análisis de la procedencia de la tutela tal y como sigue a continuación […]”. (Negrillas fuera del texto original). Corte Constitucional, Sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M. P: Humberto Antonio Sierra Porto. “[…] Adicionalmente, la jurisprudencia ha señalado que otra causal de justificación válida que explica la tardanza en la interposición de la acción, es la ocurrencia de un hecho nuevo, y éste, ha sido entendido, como una circunstancia fáctica que es jurídicamente relevante, ocurrida entre el momento en que ocurrieron los hechos causantes del daño o de la amenaza de los derechos fundamentales y la interposición de la acción de tutela. Se ha establecido por esta Corporación que una circunstancia fáctica relevante para el mundo jurídico, es la expedición en sede de revisión, de una sentencia, que contenga un precedente que antes no existía […]”. (Negrillas fuera del texto original). Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 17 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Folio 163 del cuaderno principal. Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 17 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo. Folio 1 del cuaderno de tutela. Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 17 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo
Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P.Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería. Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 17 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo
Sobre los sujetos de especial protección constitucional por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta con fundamento en el artículo 13 de la Constitución Política de 1991, ha dicho la Corte Constitucional: “La categoría de sujeto de especial protección constitucional, según ha definido esta Corporación, está constituida por aquellas personas que, debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad efectiva. Así se ha considerado que entre los grupos de especial protección constitucional se encuentran los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en situación de extrema pobreza. “ ( Corte Constitucional, Sentencia T-979 de 19 de diciembre de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.)
Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 17 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo
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