Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00537-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: ampara el derecho de acceso a la administración de justicia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00537-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00537-01
Consejero ponente: María Elizabeth García González
24 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara el derecho de acceso a la administración de justicia / DEFECTO PROCEDIMENTAL Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura por exceso ritual manifiesto al exigirle al actor iniciar una nueva demanda para hacer efectivo el cobro de sumas de dinero impuestas en una sentencia dictada por la jurisdicción contencioso administrativa en la cual resultó condenada la UGPP
[L]a Sala encuentra que el Tribunal incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación, al exigirle al actor iniciar una nueva demanda con los requisitos establecidos en el artículo 162 del CPACA y someterla a las reglas de reparto, sin observar que para hacer efectivo lo dispuesto en la sentencia que condenó a la UGPP, el actor también podía iniciar el ejecutivo a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo solicitó. Consecuente con lo anterior, para la Sala se impone confirmar la sentencia impugnada, que accedió al amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLITICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLITICA - ARTÍCULO 229 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 11 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 306 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULOS 103 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 162
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp.11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. En relación con la regla general del plazo razonable para interponer la acción de tutela contra las decisiones judiciales proferidas por el Consejo de Estado como órgano de cierre, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 2012-02201(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Sobre los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-363 de 26 de junio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. T-649, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. De acuerdo al desconocimiento del precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 08 de mayo de 2013, exp. T-267 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y la sentencia de 06 de abril de 2006, exp. T-292, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 25 de julio de 2017, exp. 11001-03-25-000-2014-01534 00, C.P. William Hernández Gómez.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00537-01(AC)
Actor: GUILLERMO MERLANO MEDINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO Y OTRO
La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la sentencia de 5 de abril de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que amparó el derecho de acceso a la administración de justicia del actor.
ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor GUILLERMO MERLANO MEDINA, por intermedio de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO y el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, para obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
I.2.- Hechos
Indicó la parte actora que, mediante sentencia proferida el 13 de julio de 2009 por el Juzgado, se condenó a la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE, hoy UGPP, y en consecuencia se ordenó reliquidar la pensión de vejez a su favor.
Adujo que, de acuerdo con lo anterior, el 15 de octubre de 2009 solicitó a la UGPP el cumplimiento integral de esa sentencia, por lo que mediante Resolución UGM 022057 de 23 de diciembre de 2011 la mencionada entidad dio cumplimiento parcial al fallo judicial.
Refirió que, en el mes de noviembre de 2012 se reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – Consorcio FOPEP, la novedad de inclusión en nómina, cancelando parcialmente a su favor el pago de diferencia de mesadas e indexación.
Expuso que, de acuerdo con lo previsto en el inciso 5 del artículo 177 del CCA, se causaron intereses moratorios por la tardanza en el cumplimiento de la sentencia, pues la misma quedó debidamente ejecutoriada el 5 de agosto de 2009 y solo hasta el mes de noviembre de 2012 fue incluido en nómina.
Mencionó que, el 2 de mayo de 2016 radicó escrito ante el Juzgado para iniciar el proceso ejecutivo en contra de la UGPP, y así obtener el cumplimiento integral de la sentencia, no obstante, ese Despacho mediante auto de 28 de julio de esa misma anualidad se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo bajo el argumento de que en los casos en los que se pretenda la ejecución de una sentencia dentro de un proceso seguido con anterioridad al CPACA, deberá presentarse una nueva demanda con los requisitos de ley, sometiendo a reparto y no un simple escrito o solicitud de ejecución.
Afirmó que la anterior decisión fue recurrida y resuelta mediante proveído de 6 de diciembre de 2017 por el Tribunal, el cual confirmó en todo la decisión, que a juicio del actor, desatendió los principios de eficacia y celeridad procesal, estableciendo una carga procesal innecesaria y no expresamente regulada en la normativa aplicable al asunto.
Finalmente, advirtió que su situación se concretó en un fallo anterior a la entrada en vigencia del CPACA, por lo que la normativa aplicable era la dispuesta por el CCA, el cual no exige de manera expresa la presentación de una demanda independiente que cumpla con las reglas de reparto y competencia.
Agregó que, las autoridades demandadas incurrieron en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación en auto de 25 de julio de 2017, el cual unificó el criterio de la competencia de los jueces frente a la ejecución de sentencias.
I.3.- Pretensiones
Solicitó que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad y, en consecuencia, se dejen sin efecto las providencias proferidas el 28 de julio de 2016 y el 6 de diciembre de 2017 por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente y, se acceda a librar mandamiento de pago y se continúe con el trámite del proceso ejecutivo.
I.4.- Defensa
I.4.1. El TRIBUNAL, manifestó que su decisión se fundamentó en los artículos 104 y 299 del CPACA, que disponen que la ejecución en materia de condenas a entidades públicas, consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, se realizará ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo según las reglas de competencia, por lo que el demandante debe presentar nueva demanda con las formalidades y requisitos que la misma establece.
Agregó que, la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional en los procesos ordinarios, por lo que al no haber vulnerado derechos fundamentales del actor, solicita que se denieguen las pretensiones de la acción.
I.4.2. El JUZGADO solicitó que se declare la improcedencia de la acción, en cuanto que fueron respetadas las garantías constitucionales al debido proceso y los derechos fundamentales del actor.
Afirmó que, no se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, pues no se evidencia vía de hecho alguna ni violación al debido proceso, y que contrario a ello, lo que el accionante pretende con esta acción es crear una instancia adicional y censurar las actuaciones desplegadas por ese Despacho por fuera de los canales dispuestos por el legislador.
I.4.3. La UGPP, como tercera interesada en las resultas del proceso, adujo que el Tribunal realizó un estudio correcto del asunto y solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
Expuso que, la acción de tutela no es un recurso judicial para reclamar el reconocimiento y pago de prestaciones de carácter laboral, asimismo, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, pues a la fecha no tiene peticiones pendientes de respuesta y el actor se encuentra activo en nómina de pensionados percibiendo su mesada de forma oportuna.
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, mediante sentencia de 5 de abril de 2018, amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor y, como consecuencia, dejó sin efectos las providencias acusadas y ordenó a las autoridades demandadas proferir una nueva decisión, conforme a las consideraciones expuestas en esa sentencia.
Refirió que, la obligación impuesta de presentar una nueva demanda, es violatoria del derecho de acceso a la administración de justicia, por lo que las autoridades demandadas incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues de acuerdo con la jurisprudencia aplicable al asunto, especialmente las sentencias proferidas el 18 de febrero de 2016 y 25 de julio de 2017 por la Sección Segunda de esta Corporación, en los casos en que las obligaciones a ejecutar fueran sumas de dinero, independientemente de si provienen de mecanismos alternativos de solución de conflictos o de sentencias condenatorias, el acreedor podrá escoger alguna de las opciones, esto es, i) presentar un escrito en el proceso ordinario que cumpliera los requisitos necesarios para que la condena a ejecutar fuera clara y precisa o, ii) instaurar demanda ejecutiva con los requisitos establecidos en el CPACA.
Afirmó que, conforme a lo anterior y tal como lo argumentó el actor en el escrito de tutela, sí se desconoció el precedente jurisprudencial establecido por esta Corporación en sentencia de 25 de julio de 2017, donde se sentó una posición unificada en relación con el asunto que hasta ese momento parecía controversial.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La UGPP presentó escrito de impugnación, en el que reiteró lo expuesto en la contestación presentada dentro de la acción de tutela.
Como fundamento del recurso manifestó que, la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas, dado que su naturaleza residual y subsidiaria exige la inminencia de un perjuicio irremediable, el cual no se verifica en este caso.
Agregó que, la pretensión del actor va en contravía de una orden judicial, la cual ya fue objeto de estudio, por lo que existe cosa juzgada en el asunto, además, que no se cumplen los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, pues la decisión cuestionada no resulta caprichosa ni arbitraria.
Por último, solicitó que se revoque la sentencia proferida en primera instancia y se deniegue el amparo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella, elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero doctor JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ (Expediente núm. 2012 - 02201 - 01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución […]” (Negrillas fuera del texto).
En el presente caso, se advierte que el actor pretende dejar sin efecto los autos de 28 de julio de 2016 y 6 de diciembre de 2017, proferidas por el Juzgado y el Tribunal, respectivamente, dentro del proceso radicado bajo el nro. 08001-33-31-002-2007-00047-00.
A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, habida cuenta que, a juicio del actor, en las decisiones cuestionadas se incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que mediante sentencia de 5 de abril de 2018, amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, dejó sin efectos las sentencias acusadas y ordenó a las autoridades accionadas proferir una nueva decisión, en atención a las consideraciones expuestas en esa providencia.
La UGPP impugnó la anterior decisión argumentando que la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones económicas, tal como lo pretende el actor. Así también, reiteró que no se cumplen los requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la procedencia de la tutela contra providencia judicial, pues no existe vulneración de los derechos fundamentales. Finalmente, agregó que existe cosa juzgada, pues el asunto ya fue objeto de debate por el juez ordinario.
Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico del presente caso se centra en dilucidar si lo resuelto por el Tribunal incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente de esta Corporación, o si, por el contrario, no es procedente el amparo invocado, tal como lo expuso la UGPP en el escrito de impugnación.
Se advierte que los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se cumplieron a cabalidad.
Es de resaltar que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto ha sido definido por la Jurisprudencia Constitucional como aquel cuando el juez “excede la aplicación de formalidades procesales que hacen imposible la realización material de un derecho”.
En tal sentido, ha sostenido que el funcionario judicial incurre en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando “no tiene presente que el derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el caso concreto, por la aplicación en exceso rigurosa del derecho procesal, pese a que dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos.”
Ahora bien, de conformidad con el artículo 228 de la Constitución Política, en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial, de manera que la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio no puede servir de pretexto para sacrificar derechos constitucionales, pues el fin mismo del procedimiento es lograr la efectividad de los derechos subjetivos de las partes y demás intervinientes en los procesos (artículos 103 del CPACA. y 11 del CG del P.).
Así lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Sala, en la que, por la vía de la acción de tutela, y en aplicación de los artículos 29, 228 y 229 de la Constitución, ha privilegiado lo sustancial sobre lo formal, en actuaciones judiciales que fueron demandadas por un excesivo rigorismo en la aplicación de las formas, que terminaron denegando derechos reconocidos en una Ley sustancial.
Tal es el caso de la sentencia de 4 de julio de 2013, en el que la Sala precisó que:
“La decisión del Juzgado (…) desconoció el postulado del artículo 228 de la Constitución Política, según el cual la Administración de Justicia debe propender por la prevalencia del derecho sustancial y, de este modo, denegó el acceso a la Justicia al impedirle a las partes concretar su Acuerdo Conciliatorio, por la falta de una frase solemne en los poderes que otorgaron a los profesionales del derecho que los asistieron en la diligencia.
Sin duda, se trató de un defecto procedimental por exceso de ritualismo, dado que desconoció el contexto y los antecedentes que dieron lugar al acuerdo celebrado en la Procuraduría General de la Nación, entidad que, de paso sea dicho, encontró satisfechos todos los requisitos para la viabilidad del mismo.” (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, la Corte Constitucional, en múltiples ocasiones, ha reivindicado la efectividad de los derechos como finalidad de las actuaciones en las que se desconoce la prevalencia del derecho sustancial, y ha dicho que: “por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas.”
La Corte ha señalado que dentro de las circunstancias que pueden constituir defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, se encuentran las siguientes: (i) cuando al aplicarse un precepto procesal se restringen derechos sustanciales o al utilizar el primero se limitan las mismas oportunidades procesales; (ii) cuando no se inaplican disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (iii) cuando se exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva, aunque puedan consistir en cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre probada; o (iv) cuando se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.
Ahora, referente al desconocimiento del precedente, de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional.
En la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional puntualizó:
“Es así como, en materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino también de trato por parte de las autoridades y concretamente igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales. Como resultado de lo anterior, surge como límite a la autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el precedente”.
En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Carta, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial. Dicha obligación, según la Corte, tiene fundamento en las siguientes razones:
“[…]
i) el principio de igualdad que es vinculante a todas las autoridades e, incluso, a algunos particulares, exige que supuestos fácticos iguales se resuelvan de la misma manera y, por consiguiente, con la misma consecuencia jurídica; ii) el principio de cosa juzgada otorga a los destinatarios de las decisiones jurídicas seguridad jurídica y previsibilidad de la interpretación, pues si bien es cierto el derecho no es una ciencia exacta, sí debe existir certeza razonable sobre la decisión; iii) La autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial, pues sólo la interpretación armónica de esos dos conceptos garantiza la eficacia del Estado de Derecho; iv) Los principios de buena fe y confianza legítima imponen a la Administración un grado de seguridad y consistencia en las decisiones, pues existen expectativas legítimas con protección jurídica; y iv) por razones de racionalidad del sistema jurídico, porque es necesario un mínimo de coherencia a su interior[…]”.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón suficiente).
El caso concreto.
En el asunto bajo examen, se reprocha que el TRIBUNAL incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente dictado por la Sección Segunda de esta Corporación en proveído de 25 de julio de 2017, al dictar el auto de 6 de diciembre de 2017 por medio del cual confirmó la decisión del Juzgado de abstenerse de librar mandamiento ejecutivo de pago contra la UGPP, argumentado que al ser una condena impuesta a una entidad pública, consistente en el pago de una suma de dinero, debía presentar nuevo líbelo con las formalidades y reglas de competencia establecidas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
El Tribunal, por medio del auto de 6 de diciembre de 2017, indicó que:
“Ahora bien, examinada la presente demanda se advierte que el título de recaudo ejecutivo lo constituye la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, el día cinco (5) de agosto de 2009, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (laboral), con radicado 08001-33-31-003-2007-00047-01, instaurado por el ahora ejecutante, en contra de la UGPP, en el cual esa entidad resultó condenada.
[…]
Al respecto se encuentra que, el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, en el numeral 6º dispone:
“Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.
[…]
6. Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades”.
A su vez, el artículo 299 de la misma normativa, dispone que la ejecución en materia de condenas a entidades públicas, consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero, se realizará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo según las reglas de competencia de la Ley 1437 de 2011. De tal manera que, conforme lo interpretó el aquo, la ejecución pretendida por la actora debe presentarse como una nueva demanda que deberá observar las reglas de reparto dispuestas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, será competente el juez que, con fundamento en esas disposiciones, le sea asignado al proceso. Lo anterior, porque en el fallo que declaró la nulidad y restablecimiento del derecho del actor, por el cual se pretende ahora se libre mandamiento de pago se trata de una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la que se ordenó a una entidad pública una obligación de hacer (reliquidar la pensión de la parte actora) y una de dar (pagar una suma de dinero) que no ha sido cumplida, siendo que el interesado puede pedir su ejecución, si dentro de los 10 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento. Pero para que le sean aplicables las normas que sobre la materia trae el proceso ejecutivo de la Ley 1437 de 2011, deberá presentarse nuevo líbelo con las formalidades y requisitos que esta normativa establece.
[…]”.
Para la Sala, la lectura de la providencia enjuiciada, pone de manifiesto un rigorismo excesivo al aplicar la norma procesal que exige presentar una nueva demanda, con las formalidades, reglas de competencia y reparto establecidas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, para hacer efectiva la condena impuesta a la UGPP dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el nro. 08001-33-31-003-2007-00047-01.
En relación con la ejecución de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a una entidad pública consistente en el pago de una suma de dinero, de acuerdo con lo previsto en el numeral 9º del artículo 156 del CPACA, en concordancia con el artículo 297 de esa misma norma, se adelantará ante el juez que profirió la sentencia que se desea hacer valer.
En ese mismo sentido, el artículo 306 del Código General del Proceso establece lo siguiente:
“Artículo 306. Ejecución. Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutiva de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.
[…]”.
Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación en providencia de 25 de julio de 2017, se pronunció de la siguiente manera:
“[…]
En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente:
Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307 del CGP, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.
Para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:
Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe:
Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutiva de aquella y en la cual se incluyan los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4. de esta providencia.
Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.
En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.
El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.
Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.
En este caso el objetivo será que la sentencia se ejecute a través de un proceso ejecutivo autónomo de conformidad con el Libro Tercero, Sección Segunda, Título Único del Código General del Proceso, relativo al proceso ejecutivo, en aplicación de la remisión normativa regulada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.
[…]”.
De lo antes transcrito, es posible concluir que cuando se pretenda la ejecución de sentencias de condena a entidades públicas, el acreedor puede optar por i) iniciar el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario o, ii) presentar demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 de la Ley 1437.
Así las cosas, no existe duda que el Tribunal no tuvo en cuenta lo dispuesto por esta Corporación en relación con el objeto de debate, así como tampoco garantizó un efectivo acceso a la Administración de Justicia, ya que tal acceso no puede predicarse si no se observan las garantías sustanciales previstas en la Constitución y la Ley.
En este orden de ideas, la Sala encuentra que el Tribunal incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y desconocimiento del precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación, al exigirle al actor iniciar una nueva demanda con los requisitos establecidos en el artículo 162 del CPACA y someterla a las reglas de reparto, sin observar que para hacer efectivo lo dispuesto en la sentencia que condenó a la UGPP, el actor también podía iniciar el ejecutivo a continuación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tal como lo solicitó.
Consecuente con lo anterior, para la Sala se impone confirmar la sentencia impugnada, que accedió al amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFÍRMASE el fallo impugnado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada en la sesión del día 24 de mayo de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Salva voto
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - La finalidad perseguida es meramente económica / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS AL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AUSENCIA DE DESCONOCIEMIENTO DEL PRECEDENTE
[La acción de tutela] carece de uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela que se impetra contra providencias judiciales, cual es, el de relevancia constitucional, toda vez que la finalidad perseguida es meramente económica, sin que envuelva la protección directa de los derechos fundamentales [invocados].(…) Adicionalmente a lo dicho, debe precisarse que no se vulnera en este caso el núcleo esencial del derecho al debido proceso, (…) [Por otro lado] [n]o hay precedente judicial aplicable al caso (…) [pues, la providencia [invocada] no constituye precedente judicial aplicable en este asunto.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29
NOTA DE RLEATORÍA: Sobre el derecho al debido proceso, ver: Corte Constitucional, sentencia C-403 de 03 de agosto de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En cuanto al precedente jurisprudencial, ver: Corte Constitucional, sentencia T-1033 de 30 de noviembre de 2012, M.P. Mauricio González Cuervo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Salvamento de voto: OSWALDO GIRALDO GÓMEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00537-01(AC)SV
Actor: GUILLERMO MERLANO MEDINA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO
De manera respetuosa me permito señalar las razones de mi disenso frente a lo resuelto por la mayoría de la Sala en la sentencia de 24 de mayo de 2018, mediante la cual se confirmó la sentencia impugnada, en la que se amparó al accionante el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, se dejó sin efectos el auto de 6 de diciembre de 2017 dictado por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso ejecutivo iniciado por el accionante contra la UGPP, y se ordenó a dicha Corporación proferir una nueva decisión que atienda las consideraciones expuestas en la sentencia.
Sobre el particular me permito precisar lo siguiente:
1. El asunto carece de relevancia constitucional
De acuerdo con lo expresado en forma reiterada por la Corte Constitucional y por esta Corporación, el examen de la acción de tutela contra providencias judiciales implica el cumplimiento previo de unos requisitos generales de procedibilidad, entre los que se encuentran el que se ha denominado “relevancia constitucional”, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, y no cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial. Por ende, este requisito implica para el accionante la carga de explicar y fundamentar la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales desde la óptica de la protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
En el presente asunto, una vez revisados los planteamientos fácticos y jurídicos de la solicitud de tutela, se advierte que el accionante, mediante el ejercicio de esta acción, lo que pretende es que se deje sin efectos el auto de 6 de diciembre de 2017. En esta decisión el Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la decisión del Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla de abstenerse de librar el mandamiento de pago solicitado, argumentando que al ser una condena a una entidad pública, consistente en el pago de una suma de dinero, debía presentar nuevo libelo con las formalidades y reglas de competencia establecidas en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011.
Como consecuencia de dicha declaración, solicita que se de trámite a la solicitud de ejecución que presentó al interior del proceso ordinario, sin que deba formular una nueva demanda ejecutiva.
Lo anterior permite concluir que el examen de constitucionalidad que pone a consideración carece de uno de los requisitos de procedencia de la acción de tutela que se impetra contra providencias judiciales, cual es, el de relevancia constitucional, toda vez que la finalidad perseguida es meramente económica, sin que envuelva la protección directa de los derechos fundamentales que invoca en su escrito introductorio.
Adicionalmente a lo dicho, debe precisarse que no se vulnera en este caso el núcleo esencial del derecho al debido proceso, que el accionante aduce como violado.
A este respecto, es preciso señalar que el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual “se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Estas garantías se refieren al derecho a acceder a la jurisdicción, al derecho a un juez natural, al derecho a la determinación previa de las reglas de procedimiento, al derecho a la defensa, al derecho a un proceso público y dentro de un término razonable, y al derecho a la imparcialidad e independencia del juez o funcionario administrativo.
En este orden de ideas, para el suscrito es claro que la decisión del Tribunal no puede entenderse, en modo alguno, como una afectación de los elementos que constituyen las garantías esenciales del derecho fundamental al debido proceso, puesto que fue adoptada por el juez competente, se siguió el procedimiento establecido en la ley para el efecto, se aplicó la normativa legal pertinente y se fundamentó razonadamente la providencia respectiva.
Además, tampoco puede estimarse que tal decisión constituya una infracción del derecho de acceso a la administración de justicia, pues en ella claramente se señala que el accionante tiene la posibilidad de incoar una demanda ejecutiva con las formalidades de ley.
2.- No hay precedente judicial aplicable al caso
En la providencia de la cual me aparto se estimó que la autoridad judicial demandada, al disponer que el accionante debe presentar una demanda ejecutiva y no una simple solicitud de ejecución dentro del proceso ordinario, desconoció el precedente judicial proferido sobre la materia por la Sección Segunda de esta Corporación, expuesto en la providencia del 25 de julio de 2016 proferida en el proceso número 11001 0325 000 2014 01534 00.
Discrepo de esta apreciación, en consideración a que la citada providencia no constituye precedente judicial aplicable en este asunto.
La Corte Constitucional ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la providencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la providencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la providencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se sustenta dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma.
No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
De acuerdo con estos parámetros de análisis es claro, en mi sentir, que no hay precedente judicial desconocido en este proceso, puesto que la providencia invocada como tal no tiene dicha connotación, si se tiene en cuenta que el objeto en ella fue definir cuál es el juez competente para conocer de la demanda ejecutiva cuando el título ejecutivo es una sentencia condenatoria proferida por un Tribunal Administrativo que, además de pagar una suma de dinero, contiene una obligación de hacer.
En esos términos me permito con todo respeto dejar sentado mi salvamento de voto,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Fecha ut supra.
En adelante UGPP.
En adelante el Tribunal.
En adelante el Juzgado.
Con ponencia del Dr. William Hernández Gómez.
Ver Sentencia T-363 de 2013 de la Corte Constitucional.
Sentencia T- 429 de 2011. Magistrado ponente: doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Expediente núm. 2013-00750, Consejera ponente: doctora María Elizabeth García Gonzalez.
Sentencia T-649 de 2012, Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Sentencia T-950 de 2011, Magistrado ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente: doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
Ídem.
Ver sentencia T-292 de 2006.
Artículo 156. Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:
9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva.
Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.
4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.
Magistrado ponente: William Hernández Gómez. Radicación nro. 11001-03-25-000-2014-01534 00.
Normas aplicables en esta jurisdicción en virtud de lo previsto en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011
Por concepto de los intereses moratorios causados como consecuencia de la tardanza en el cumplimiento de la sentencia condenatoria proferida por dicho juzgado el 13 de julio de 2009.
Corte Constitucional, Sentencias C-341 de 2014, C-136 de 2016 y C-403 de 2016, entre otras.
Sentencia T-1033 de 2012.
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