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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00553-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00553-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Jair Mosquera Lozano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes y a los vinculados, de acuerdo con los establecido en el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00553-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / REGLAS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA / COMPOSICIÓN DEL LUCRO CESANTE CON LA SUMATORIA DE LOS PERJUICIOS CONSOLIDADO Y FUTURO PARA DETERMINACIÓN DE CUANTÍA - No existe criterio unificado

En el sub judice, la parte actora fundamenta la solicitud de tutela en que las providencias censuradas incurrieron en desconocimiento del precedente contenido en las providencias dictadas por el Consejo de Estado en las cuales se determinó que la sumatoria de los perjuicios consolidado y futuro hacen parte del lucro cesante y por tanto deben ser tenidos en cuenta por el juez para efectos de la determinación de la cuantía del proceso. (…) Si bien en las sentencias citadas, se indica que el lucro cesante está compuesto tanto por el consolidado como el futuro y ambos deben ser tenidos en cuenta por el juez para efectos de determinar la cuantía; frente a dicho tema, no existe un criterio de unificación dentro de la Sección Tercera de esta Corporación al respecto y, en esta medida, podrá el operador jurídico, en desarrollo de su autonomía judicial acoger la posición que considere pertinente. (…) se advierte que la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación, toda vez que al no existir un criterio unificado frente al tema, el juez en consonancia con los principios de autonomía e independencia puede optar por la decisión que considere se ajusta al caso.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157

NOTA DE RELATORÍA: Aclararon su voto los consejeros Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (Sin magnético a la fecha 01/08/2018) y Carlos Enrique Moreno Rubio.

AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / INCUMPLIMIENTO DE CARGA ARGUMENTATIVA MÍNIMA

[A]dvierte la Sala que en ninguno de los apartes del escrito inicial, la parte actora argumenta de forma clara y precisa por qué a su juicio, hubo una indebida aplicación del artículo 157 del CPACA o demostrar la incidencia de dicho defecto en las decisiones judiciales que controvierte. Simplemente se limitó a citarlo y expresar que hubo una “aplicación indebida del mismo”. En ese sentido, para este juez constitucional resulta claro que la tutelante no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía y que, por tal razón, no es procedente entrar a realizar un estudio oficioso del cargo formulado.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga argumentativa mínima para el estudio de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar las sentencias de 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 21 de junio de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-00984-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro, de 11 de agosto de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-01871-00, C.P. Rocío Araújo Oñate y de 19 de mayo de 2016, 11001-03-15-000-2016-00123-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro, todas de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00553-00(AC)

Actor: JAIR MOSQUERA LOZANO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Asunto: Acción de tutela – Fallo de primera instancia – Niega

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por el señor Jair Mosquera Lozano.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

1.1 Con escrito radicado el 23 de febrero de 2018, en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Jair Mosquera Lozano, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –Subsección “A” con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad.

El accionante consideró vulneradas sus garantías con ocasión del auto del 15 de febrero de 2018, dictado por la autoridad judicial accionada en el marco del proceso de reparación directa con radicado Nº 25000-23-36-000-2017-0197-00, el cual promovió junto con otros contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, mediante el cual se ordenó no reponer la decisión del 3 de noviembre de 2017, que declaró la falta de competencia para conocer de la acción por el factor cuantía y remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá - Reparto.

1.3 Con base en lo anterior, el accionante solicitó el amparo de los derechos invocados y, en consecuencia, pidió “(…) que se profiera orden amparadora de mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y buena fe, que ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca MP. Alfonso Sarmiento Castro, conocer del proceso ya referido en atención a la competencia- cuantía señalada en el libelo de la misma.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará.

2.1. El señor Jair Mosquera Lozano y otros, instauraron el medio de control de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante el cual solicitaron declarar a las entidades demandadas administrativamente responsables de los perjuicios derivados de las lesiones y secuestro sufridas por los soldados voluntarios Jair Mosquera Lozano, Uriel Daniel Román Flórez, Silvano Antonia Péñate Arroyo, José Francisco Arteaga Correa y Julio Aníbal Jaramillo Ávila, en hechos ocurridos los días 14, 15 y 16 de agosto de 1998.

2.2. El conocimiento de dicho proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, que mediante providencia del 3 de noviembre de 2017, declaró la falta de competencia para conocer de la acción por el factor cuantía y remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá- Reparto.

Como fundamento de su decisión, indicó que en el numeral 6° del artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se reguló la competencia de los tribunales administrativos en primera instancia en relación con el medio de control de reparación directa y se determinó que serán de conocimiento del Tribunal solamente los asuntos relativos cuya cuantía supere los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Agregó que conforme al artículo 157 del referido estatuto, la cuantía se efectuará individualizando cada una de las pretensiones invocadas, sin que sea procedente sumar por la totalidad de demandantes el perjuicio material e inmaterial reclamado, ni tener en cuenta perjuicios reclamados como accesorios, ni posteriores o futuros a las presentación de la demanda, ni lo reclamado por daño moral o extrapatrimonial cuando se soliciten otras indemnizaciones.

En aplicación de la norma antes transcrita, se determinó la cuantía del asunto a la correspondiente a lo estipulado por concepto de lucro cesante consolidado, el cual fue calculado teniendo en cuenta el ingreso mensual que corresponde al SMLMV de los demandantes. Así, al determinar que la pretensión mayor ($32.792.675) no excedía los 500 smlmv al momento de la presentación de la demanda, el asunto era de competencia de los Juzgados Administrativos del Circuito.

2.3. Inconforme con la decisión anterior, el 6 de diciembre de 2017 el apoderado de los demandantes, interpuso recurso de reposición, en el que solicitó se declarara la competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la finalidad de que este conociera del proceso, toda vez que para efectos de determinar la cuantía, se excluyó la solicitud por lucro cesante futuro.

2.4. El recurso de reposición fue resuelto por el tribunal accionado mediante providencia del 15 de febrero de 2018 y dispuso no reponer el auto del 3 de noviembre de 2017 y, en consecuencia, remitió el asunto a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá.

3. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que la decisión enjuiciada incurrió en los siguientes defectos:

(i) Desconocimiento del precedente: afirmó que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta los lineamientos contenidos en providencias del Consejo de Estado en las cuales se determinó que la sumatoria de los perjuicios consolidado y futuro hace parte del lucro cesante y por tanto debe ser tenido en cuenta por el juez para efectos de la determinación de la cuantía del proceso.

Citó las siguientes providencias:

9 de diciembre de 2013, con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez proferida en un proceso de reparación directa, número de radicado: 5000-123-31-000-2012-00196-01. (Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A).
3 marzo de 2014, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero proferida en un proceso de reparación directa, número de radicado: 0800-12-33-1003-2013-00671-01. (Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C).
18 de abril de 2017, con ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter proferida en una acción de tutela, número de radicado: 11001-03-15-000-2017-00569-00. (Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B.

Al respecto, manifestó que en la demanda de reparación directa se solicitó como mayor pretensión de índole material, el lucro cesante (consolidado y futuro), calculado en 736.9 smlmv al momento de la presentación de la demanda, rubro que para efectos del artículo 157 del CPACA establece la competencia en cabeza de los Tribunales Administrativos.

(ii) Defecto sustantivo porque “se hizo una aplicación indebida del artículo 157 del CPACA toda vez que se consideró que “cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de 3 años, razón por la cual sostuvo que el lucro cesante consolidado se debía calcular únicamente por 36 meses”.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 27 de febrero de 2018, la Magistrada Ponente admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, como autoridad judicial accionada.

Así mismo, vinculó como terceros interesados a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional y a los señores Uriel Román Flórez, Silvano Antonio Pénate Arroyo, José Francisco Arteaga Correa y Julio Aníbal Jaramillo, en su calidad de sujetos procesales que participaron en la demanda de reparación directa donde se dictó el auto controvertido, para que en el término de dos (2) días rindieran el informe correspondiente frente a la demanda interpuesta.

Así mismo se ofició al Centro de Servicios Administrativos Jurisdiccionales para los Juzgados Administrativos para que allegara copia del expediente del proceso de reparación directa con radicado 25-000-23-36-000-2017-0197-00.

4.2. Contestación de la autoridad judicial accionada y tercero con interés

4.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”

Mediante escrito enviado el 16 de marzo de 2018, el Magistrado Ponente de la decisión enjuiciada, solicitó se declarara la improcedencia de la acción bajo el argumento de que la misma no cumple con los requisitos genéricos y especiales de procedencia excepcional contra providencias judiciales, pues la declaración por falta de competencia fue producto de la aplicación del CPACA.

Refirió que mediante proveído el 3 de noviembre de 2017 se remitió el proceso por factor cuantía a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, atendiendo a que no superó los 500 smlmv estipulados en la Ley 1437 de 2011.

Al respecto indicó que el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 prevé la competencia por razón de cuantía y señala que la misma se determina por el valor de la multa impuesta o perjuicios causados, sin que pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que sean los únicos que se reclamen. Así mismo se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Explicó que para el caso concreto, se estableció que la pretensión mayor equivalía a $32.792.675, teniendo en cuenta el ingreso mensual de los demandantes por los 3 años anteriores a la presentación de la demanda, pues bajo el fundamento del artículo mencionado con antelación, no puede tenerse en cuenta lo reclamado con posterioridad a la demanda y pensar lo contrario sería ir en contravía de una norma legal vigente y aplicable al caso.

Concluyó con base en lo anterior y apoyado en un pronunciamiento del Consejo de Estado, para que la competencia radique en el Tribunal en primera instancia, es necesario que la pretensión mayor del proceso supere los 500 smlmv, que en todo caso, no puede ser relativa a los perjuicios morales, daño a la vida en relación, ni lucro cesante futuro, por exclusión expresa del artículo 157 del CPACA.

4.2.2. Juzgado 65 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Tercera

Mediante escrito enviado el 10 de abril de 2018, la Secretaría del referido juzgado remitió el expediente de reparación directa solicitado, en calidad de préstamo.

4.3. Auto de mejor proveer

La Magistrada Ponente de la presente acción de tutela, por medio de auto del 20 de abril de 2018, consideró que se omitió la vinculación como terceros interesados a otras personas naturales que también integraron la parte demandante en el proceso de reparación directa dentro del cual se dictó el auto controvertido, por tal razón se les notificó para que, si lo consideraban pertinente, en el término de dos días intervinieran en la actuación, por cuanto podrían resultar afectados con la decisión que se tome.

Posteriormente la Secretaría General de esta Corporación mediante correo electrónico enviado el 28 de mayo de 2018, requirió al apoderado judicial de la parte demandante del proceso de reparación directa, para que aportara las direcciones físicas o electrónicas de los terceros interesados vinculados.

La Secretaría General del Consejo de Estado mediante aviso del 5 de junio de 2018, publicó el contenido del auto del 20 de abril de 2018 e indicó que con dicha publicación se entiende surtida la notificación del auto mencionado y que los terceros con interés cuentan con un término de 2 días para exponer sus argumentos, pruebas y solicitudes.

Posteriormente, por medio de escrito radicado el 6 de junio de 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el accionante, allegó un escrito por medio del cual manifestó que “(…) los señores Uriel Román Flórez, Silvano Antonio Péñate Arroyo, José Francisco Arteaga Correa y Julio Aníbal Jaramillo pueden ser notificados en la carrera 6 N° 115 – 65 Sector F Oficina 203 A, Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, teléfono 6200605 o 63781114, de esta ciudad, o al teléfono celular 3133281682. Correo electrónico quingarasociados@gmail.com.”

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Jair Mosquera Lozano, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 055 de 2003 emanado de esta Corporación.

2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de amparo

Corresponde a esta Sala determinar si, tal y como lo consideró la parte actora, la autoridad judicial accionada, al proferir la providencia del 15 de febrero de 2018 en el marco del proceso de reparación directa, mediante el cual se ordenó no reponer la decisión del 3 de noviembre de 2017, que declaró la falta de competencia para conocer de la acción por el factor cuantía y remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá - Reparto, proferidas en el trámite del medio de control de reparación directa con radicado N° 25000-23-36-000-2017-0197-00, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad, para lo cual se resolverán los siguientes problemas jurídicos:

2.1. ¿Se superan, en el sub examine, los requisitos adjetivos o de procedencia general de la acción de tutela contra las providencias judiciales censuradas?

Si estos se superan:

2.2. ¿Incurre o no, la providencia atacada en vulneración del debido proceso, la igualdad y de acceso a la administración de justicia, por las razones alegadas en el escrito de tutela? Así mismo, ¿la acción de amparo, cumple con la carga argumentativa mínima para analizar la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) la carga argumentativa mínima como presupuesto para el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; finalmente, con base en las anteriores consideraciones, se realizará (iv) el análisis del caso en concreto.

3.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetro procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.

De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado: (i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.

3.2. La carga argumentativa mínima para el estudio de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de esta Corporación ha señalado que la persona que ejerce la acción de tutela tiene la obligación de “identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia”, y que para tal efecto, se requiere de una carga argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de fondo de la providencia objeto de debate.

En el mismo sentido, esta Sección ha establecido que en los eventos en que se pretende cuestionar una decisión adoptada en una providencia judicial mediante este mecanismo de protección “la parte actora tiene el deber de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción”, exigencia que no solo se debe ostentar cuando se presenta la solicitud de amparo sino también cuando se impugna un fallo de tutela.
Tal exigencia tiene sentido, bajo el entendido que una controversia jurídica que ha surtido un proceso ordinario: (i) ha debido estar revestida de la garantía de los derechos fundamentales –especialmente del debido proceso– de las partes e intervinientes, (ii) conllevan a la cosa juzgada que provee de seguridad jurídica al ordenamiento jurídico; y (iii) se enmarca en el principio y garantía de la autonomía e independencia de los jueces. En palabras de la Corte Constitucional:

“(...) Por regla general, la acción de tutela es improcedente contra providencias judiciales, por cuanto (i) se trata de decisiones que configuran ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales, proferidas por funcionarios profesionalmente formados para aplicar la Constitución y la ley; (ii) por el valor de cosa juzgada de las sentencias que resuelven las controversias planteadas entre ellos y la garantía del principio de seguridad jurídica y; (iii) por la autonomía e independencia de la jurisdicción en la estructura del poder público propia de un régimen democrático.”

Es por tal motivo, que la procedencia “ excepcional y restrictiva” de la acción de tutela contra una providencia judicial, debe llenar un conjunto de requisitos (adjetivos y sustantivos) que permitan identificar claramente que el pronunciamiento de la autoridad judicial demandado es arbitrario y comporta una transgresión al ordenamiento jurídico, en general, y a los derechos fundamentales del accionante, en particular.

En caso contrario, una indebida intromisión del juez constitucional en la órbita del juez ordinario implicaría una afectación de los principios constitucionales referidos (cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía e independencia judicial), y, por tanto, a la propia afectación del ordenamiento jurídico.

En suma, quien promueva o impugne una acción de tutela contra providencia judicial, debe cumplir una carga argumentativa mínima que exige: (i) identificar el pronunciamiento de la autoridad judicial objeto de su inconformidad; (ii) acreditar, así sea sumariamente, el cumplimiento de los requisitos adjetivos y sustantivos de procedencia del amparo constitucional; y (iii) justificar las razones por las cuales el pronunciamiento judicial demandado configura una vulneración de sus derechos fundamentales.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

3.2.1. Tutela contra tutela

En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia de segunda instancia que se censura fue proferida dentro del proceso de reparación directa con radicado número 25000-23-36-000-2017-0197-00 promovido por la parte actora en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional.

3.2.2. Inmediatez

Ahora bien, en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, se tiene que la providencia que se acusa como vulneradora de los derechos fundamentales invocados fue proferida el 15 de febrero de 2018 y notificada por estado del 20 del mismo mes y año, cobrando ejecutoria el 23 de febrero de 2018.

Bajo este entendido, resulta palmario que la acción de tutela se presentó el mismo día de la ejecutoria de la providencia controvertida.

3.2.3. Subsidiariedad

Finalmente, en consideración a la subsidiariedad, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios, ya que por tratarse de un auto que resolvió un recurso de reposición y contra el cual no es procedente el recurso de apelación por mandato expreso del artículo 243 del CPACA, no existe mecanismo judicial para controvertirlo.

Cabe destacar que los argumentos presentados por la parte actora no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión y tampoco resulta procedente el de unificación de jurisprudencia, en tanto no se alega como desconocida una providencia judicial con dicha característica.

Así las cosas, al concurrir los requisitos de procedibilidad adjetiva, concierne a la Sala abordar el estudio del asunto planteado de fondo.

3.4. Caso concreto

3.4.1. Análisis del cargo por desconocimiento del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sino una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte haga uso de su actividad creadora cuando las exigencias del caso así lo ameriten como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.

Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:

“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.

Así, constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se unificó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.

Sub examine

El accionante interpuso tutela al considerar que se le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad al proferirse dentro del proceso de reparación directa el auto del 15 de febrero de 2018 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” mediante el cual se ordenó no reponer la decisión del 3 de noviembre de 2017, que declaró la falta de competencia para conocer de la acción por el factor cuantía y remitió el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá - Reparto.

En el sub judice, la parte actora fundamenta la solicitud de tutela en que las providencias censuradas incurrieron en desconocimiento del precedente contenido en las providencias dictadas por el Consejo de Estado en las cuales se determinó que la sumatoria de los perjuicios consolidado y futuro hacen parte del lucro cesante y por tanto deben ser tenidos en cuenta por el juez para efectos de la determinación de la cuantía del proceso.

Por su parte el magistrado ponente de la decisión controvertida señaló que de conformidad con el artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, es necesario que la pretensión mayor del proceso supere los 500 smlmv, que en todo caso, no puede ser relativa a los perjuicios morales, daño a la vida en relación, ni lucro cesante futuro, por exclusión expresa del artículo 157 del CPACA, situación que no ocurrió en el caso concreto.

Indica la parte actora que no se tuvo en cuenta los lineamientos contenidos en providencias del Consejo de Estado en las cuales se determinó que se debe tener en cuenta el lucro cesante futuro a efectos de determinar la competencia por el factor cuantía.

Citó las siguientes providencias:

9 de diciembre de 2013, con ponencia del Dr. Mauricio Fajardo Gómez proferida en un proceso de reparación directa, número de radicado: 5000-123-31-000-2012-00196-01. (Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A).
3 marzo de 2014, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero proferida en un proceso de reparación directa, numero de radicado: 0800-12-33-1003-2013-00671-01. (Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C).
18 de abril de 2017, con ponencia del Dr. Carmelo Perdomo Cuéter proferida en una acción de tutela, número de radicado: 11001-03-15-000-2017-00569-00. (Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B”.

Si bien en las sentencias citadas, se indica que el lucro cesante está compuesto tanto por el consolidado como el futuro y ambos deben ser tenidos en cuenta por el juez para efectos de determinar la cuantía; frente a dicho tema, no existe un criterio de unificación dentro de la Sección Tercera de esta Corporación al respecto y, en esta medida, podrá el operador jurídico, en desarrollo de su autonomía judicial acoger la posición que considere pertinente.

Resulta importante destacar que el Consejo de Estado en distintos pronunciamientos ha determinado que el lucro cesante futuro es un perjuicio que se causa con posterioridad a la presentación de la demanda y en tal sentido no puede ser tenido en cuenta para efectos de determinar la cuantía toda vez que iría en contravía del artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.

En este sentido se ha pronunciado esta Corporación en diferentes ocasiones, frente a lo cual ha señalado:

“Fijado la anterior tesis, la Sala recuerda las demás reglas fijadas por el artículo 157 del CPACA para fijar la cuantía, siendo estas ii) ante la acumulación de pretensiones la cuantía se determina a partir de la mayor pretensión de todas aquellas y iii) se tendrá en cuenta el valor de las pretensiones al tiempo de presentación de la demanda, descartando la cuantificación de los pedimentos que se generarán con posterioridad a la presentación de esta, o los frutos o intereses que se soliciten.

De esta manera, la Sala encuentra que se debe desechar, a efectos de estimar la cuantía, los pedimentos por concepto de perjuicios inmateriales, esto es, perjuicios morales, por violación de derechos humanos, daño fisiológico, daño a la vida de relación y alteración a las condiciones, conforme a lo señalado en el artículo 157 del CPACA en consonancia con la interpretación dada por esta Sala, por lo tanto la base objetiva para determinar la cuantía del asunto está dada i) por los perjuicios materiales; en todo caso, se impone una distinción adicional, pues habida cuenta que existe una acumulación de pretensiones, ii) preciso será tomar de aquellas la de mayor monto individualmente considerada y, por último, se reitera que iii) no se pueden contabilizar los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda.

Acorde con lo anterior, en el presente caso se encuentra que la mayor pretensión individualmente considerada corresponde a lo solicitado por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado a favor del señor…”

Por lo anterior, se advierte que la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación, toda vez que al no existir un criterio unificado frente al tema, el juez en consonancia con los principios de autonomía e independencia puede optar por la decisión que considere se ajusta al caso.

3.4.2. Análisis del cargo por defecto sustantivo

Frente al presunto defecto sustantivo, el accionante se limitó a manifestar que “se hizo una aplicación indebida del artículo 157 del CPACA toda vez que se consideró que “cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de 3 años, razón por la cual sostuvo que el lucro cesante consolidado se debía calcular únicamente por 36 meses”. No obstante, no señaló ninguna otra razón que fundamentara la presunta configuración del defecto material –o sustantivo– alegado.

Así las cosas, advierte la Sala que en ninguno de los apartes del escrito inicial, la parte actora argumenta de forma clara y precisa por qué a su juicio, hubo una indebida aplicación del artículo 157 del CPACA o demostrar la incidencia de dicho defecto en las decisiones judiciales que controvierte. Simplemente se limitó a citarlo y expresar que hubo una “aplicación indebida del mismo”.

En ese sentido, para este juez constitucional resulta claro que la tutelante no cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía y que, por tal razón, no es procedente entrar a realizar un estudio oficioso del cargo formulado.

A la Sala le resta indicar que, tal como ya lo ha considerado, en materia de tutela contra providencia judicial, “…le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia…”.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Jair Mosquera Lozano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR el presente fallo a las partes y a los vinculados, de acuerdo con los establecido en el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La presente decisión se discutió y aprobó en sesión de la fecha.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Aclara voto

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
Aclara voto

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
(Ausente con permiso)

CON ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

DECISIONES QUE SE CONSIDERAN PRECEDENTE

[N]o se precisó que también pueden ser consideradas como precedente aquellas decisiones que adopte esta Corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como consecuencia de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y con el fin de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica, el cual resulta de obligatorio cumplimiento por parte de los demás operadores del sistema jurídico en la medida en que crea una regla o subregla de derecho aplicable a los asuntos con similares escenarios fácticos. Si bien comparto el fallo de 5 de julio de 2018 de la acción de tutela de la referencia, que negó el amparo solicitado por el señor Jair Mosquera Lozano toda vez que no se configuraron los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente planteados en el escrito de la tutela, me permito aclarar mi voto así:

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 270 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 271

En el proyecto se indicó que constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se unificó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.

Sin embargo, no se precisó que también pueden ser consideradas como precedente aquellas decisiones que adopte esta Corporación como órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como consecuencia de las funciones que le han sido asignadas por la Constitución y con el fin de garantizar los principios de igualdad y seguridad jurídica, el cual resulta de obligatorio cumplimiento por parte de los demás operadores del sistema jurídico en la medida en que crea una regla o subregla de derecho aplicable a los asuntos con similares escenarios fácticos.

Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a las controversias bajo estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Fecha ut supra

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado

Folio 1-11 del expediente. En el proceso de reparación directa obraron como demandantes los señores: Uriel Román Flórez, Silvano Antonio Pénate Arroyo, José Francisco Arteaga Correa y Julio Aníbal Jaramillo tal como se desprende del folio 11 del expediente. Folio 9 del expediente
Folio 11 del expediente
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)// 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Folio 24 del expediente
Folio 31 del expediente
Folio 66 del expediente
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera-, 17 de octubre de 2013. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 11001-03-26-000-2012-00078-00. Folio 79 del expediente
Las referidas personas son: Saramita Lozano, Yuleidy Mosquera Asprilla, Johan Jair Mosquera Gaviria, Luz Belina Mosquera Lozano, José Jacob Mosquera Sánchez, Nellys del Carmen Gaviria Villadiego, Juana Flórez Talaigua, Ana Ester Román Flórez, Margarita Román Flórez, Teresa de Jesús Flórez Taleigua, Walter Alfonso Peñate Arroyo, Manuel del Cristo Arteaga Arteaga, Farides del Carmen Sánchez Hernández, José Francisco Arteaga Ortega, Carlos Antonio Arteaga Correa, Juan Gabriel Arteaga González, Jaime Manuel Arteaga Correa, Juan Antonio Arteaga Correa, Manuel del Cristo Arteaga Correa, María de la Concepción Arteaga Correa, Mariel Arteaga Correa, Martina Antonia Arteaga Correa, Yira del Carmen Arteaga Correa, Bruno Arteaga Correa, Rosario María Ávila Lopera, Patricia Lucia Cardozo Campos, Wilmar de Jesús Jaramillo Ávila, Duber Enrique Jaramillo Ávila, Eugenia del Socorro Jaramillo Ávila, José Alberto Jaramillo Ávila, Egidio Alonso Jaramillo Ávila, Silvia Rosa Jaramillo de Monsalve, Amanda de Jesús Jaramillo Espinosa, Fabio de Jesús Jaramillo Espinosa, Gilberto Manuel Ávila Lopera, Rosa Elisa Jaramillo viuda de Zapata, Leonardo Fabio Jaramillo Hurtado, Omaira Elena Jaramillo Pérez, Hildenir Zapata Jaramillo, Farley del Socorro Zapata Jaramillo, Luz Marina Jaramillo Pérez, Maira Alejandra Eusse Jaramillo. Folio 89 del expediente
Folio 94 del expediente
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (negrillas dentro del texto). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 2012-02201-01 (IJ), C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01. Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 21 de junio de 2018, Expediente No. 11001-03-15-000-2018-00984-01 C.P. Alberto Yepes Barreiro. Ver entre otras, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Rad nº. 11001-03-15-000-2016-01871-00 AC. C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia de 11 de agosto de 2016. Rad. nº. 11001-03-15-000-2016-00123-01. C.P.

Alberto Yepes Barreiro. Sentencia de 19 de mayo de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 15 de diciembre de 2015, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 2015-01828-01. En la sentencia del 6 de octubre de 2016, C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-15-000-2016-01717-01, esta Sección señaló que: “Cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para el juez de tutela de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere. Lo anterior se debe a que la acción constitucional contra providencia judicial no puede ser considerada como una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural…”
Corte Constitucional. Sentencia SU-337 de 2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo. Ibídem. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo
Esta primera norma consagra la definición de sentencia de unificación, en los siguientes términos: “Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
“Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”. Consejo de Estado – Sección Tercera. 17 de octubre de 2013. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad: 11001-03-26-000-2012-00078-00
Artículo 157 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones. Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor. En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella.

Cuando se reclame el pago de prestaciones periódicas de término indefinido, como pensiones, la cuantía se determinará por el valor de lo que se pretenda por tal concepto desde cuando se causaron y hasta la presentación de la demanda, sin pasar de tres (3) años.” (negrillas fuera del texto original). Sentencia de tutela del 30 de junio de 2016. Radicado No. 11001-03-15-000-2015-003527-01, demandante la Dirección Distrital de Liquidaciones de Barranquilla. Magistrado Ponente Carlos Enrique Moreno Rubio.

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