Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00563-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00563-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00563-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
5 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACION NORMATIVA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Se evidencia que el Tribunal Administrativo de Tolima justificó de manera suficiente su decisión, pues a partir del análisis del asunto, concluyó que en el caso del demandante el término de caducidad debía contabilizarse desde el 22 de septiembre de 2003, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia expedida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, en la que se adjudicó el inmueble. Así mismo, la autoridad demandada aclaró que no era posible contabilizar el término de caducidad a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ya que la reestructuración del crédito hipotecario como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, había sido previamente estudiado por esa corporación, pues aseguró que desde el año 2012 se profirieron sendas providencias en ese sentido. (…) Se resalta que la autoridad demandada precisó que el demandante no podía alegar su propia culpa sobre el momento en que conoció del contenido y efectos de la citada decisión. (…) Se advierte que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima estuvo acorde con las decisiones judiciales que rigen la materia. Además, tal como lo señaló la referida corporación, el requisito de reestructuración del crédito hipotecario no surgió a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha exigencia había sido planteada no solo por la última Corporación citada, sino por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007, en la que se efectuó un estudio sobre la misma. (…) En ese orden de ideas, se advierte que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues aplicó la normativa que rige la materia y el precedente judicial vigente.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00563-01(AC)
Actor: JOSÉ RENE DOMÍNGUEZ Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO
Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor José Rene Domínguez y otros contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor José Rene Domínguez y otro, a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra la citada autoridad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“(…) Ordénese a la Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima (Mag. Pon. Dr. Carlos Leonel Buitrago), para que en el término perentorio de 48 horas produzca una nueva providencia en la cual acepte la demanda de reparación directa incoada, ordenándose además dar aplicación al abundante precedente judicial sobre este tema de tanta sensibilidad social (…).”
2. Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
2.1. Señaló que el Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué, conoció del proceso de reparación directa que interpuso contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dirigido a obtener el reconocimiento de los perjuicios materiales y morales ocasionados por el error cometido por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, que se generó como consecuencia de la ilegalidad del proceso ejecutivo promovido por el Banco Popular, el cual condujo a la pérdida de un inmueble de su propiedad.
Precisó que, mediante auto de 12 de mayo de 2017, el citado Juzgado Administrativo rechazó la demanda con el argumento de que no se interpuso dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de las sentencias judiciales que presuntamente ocasionaron el daño.
Expresó que contra la referida decisión interpuso recurso de apelación, pero la decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en auto de 15 de septiembre de 2017.
3. Argumentos de la tutela
Indicó que el término de caducidad de la acción interpuesta se contabilizó a partir de la expedición de una decisión viciada con nulidad, pues el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué profirió el mandamiento de pago solicitado por el Banco Popular, a pesar de que esa entidad no acató la obligación de reestructurar el crédito objeto de cobro a fecha de 31 de octubre de 1999, la cual se constituía en uno de los requisitos esenciales de procedibilidad para emitirlo.
Expresó que el proceso ejecutivo cuestionado a través de la acción de reparación directa estuvo revestido de legalidad hasta la expedición de la Sentencia de tutela STC – 2670 de 30 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, el término de caducidad de la acción debió contabilizarse desde la referida fecha, pues con anterioridad a la misma era imposible determinar el daño causado con la actuación del Juez Décimo Civil Municipal de Ibagué al tramitar la acción ejecutiva hipotecaria.
Señaló que con la expedición de los autos que rechazaron la demanda de reparación directa, se desconocieron los efectos inter comunis de la referida sentencia, pues se encuentra en la misma situación fáctica que los accionantes que promovieron la acción de tutela que derivó en la expedición de dicha providencia.
Señaló que dichos efectos se debe estudiar bajo los criterios del auto A 207 de 2010 y de las sentencias T – 025 de 2015 y T – 583 de 2006, proferidos por la Corte Constitucional y de la Sentencia de 23 de enero de 2008. Rad. 2007-00437-01 (AC) proferida por el Consejo de Estado.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, mediante auto de 28 de febrero de 2018, ordenó notificar a las partes, a quienes se les remitió copia de la demanda y se les instó a rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
Así mismo, ordenó vincular a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Ibagué, como terceros interesados en las resultas del proceso, para que hicieran las manifestaciones pertinentes.
5. Intervenciones
5.1. Tribunal Administrativo del Tolima
El magistrado del referido despacho solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales alegados por el actor.
Señaló que lo pretendido por el demandante es cuestionar la interpretación de las normas aplicables en el asunto, la cual se efectuó de acuerdo con la constitución y la jurisprudencia vigente.
5.2. Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué
La Juez del mencionado despacho solicitó negar las pretensiones de la demanda, debido a que las decisiones cuestionadas fueron proferidas con base en la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto. Precisó que la parte accionante tuvo la oportunidad de presentar recursos.
Señaló que conoció del proceso de reparación directa cuestionado y que al estudiar la admisión de la demanda encontró probado el requisito de caducidad, al encontrar que el proceso ejecutivo que se surtió en el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, radicado 00134-2002, culminó el 15 de diciembre de 2003, fecha en que los demandantes abandonaron el inmueble de su propiedad. En consecuencia, la caducidad se contabilizó a partir del citado hecho, por tanto, la oportunidad para demandar venció el 16 de diciembre de 2005.
Indicó que en ese asunto el término de caducidad no podía contabilizarse desde la expedición de la sentencia STC-267 de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que los demandantes no eran parte dentro de ese proceso, y al tratarse de una sentencia de tutela, esta únicamente tiene efectos inter partes.
5.3. Juzgado Décimo Municipal de Ibagué
La juez del referido despacho señaló que dentro del trámite del proceso ejecutivo Rad. 2002-0134-00 formulado por el Banco Popular contra los señores José Rene Domínguez y Yaneth Rodríguez Preciado, se garantizó el debido proceso a las partes. Sin embargo, estos no ejercieron su derecho de defensa.
6. De la providencia impugnada
Mediante Sentencia de 12 de abril de 2018, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A” negó la acción de tutela formulada, por las siguientes razones:
Señaló que el Tribunal Administrativo del Tolima - al estudiar la sentencia cuestionada en el proceso ejecutivo- precisó que la reestructuración del saldo insoluto de capital que representaba la obligación hipotecaria objeto de cobro judicial, se constituyó en un requisito de procedibilidad para la acción ejecutiva hipotecaria desde el año 2012, pues esa fue la fecha inicial en la que la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto.
Indicó que en el escrito de tutela la parte accionante no hizo referencia al momento en el que el Tribunal Administrativo del Tolima contabilizó el término de caducidad, esto es, desde el año 2012, ya que insistió en que el mismo debía contarse a partir del año 2015, a pesar de que dicha anualidad no fue tenida en cuenta por la autoridad demandada para rechazar por caducidad el medio de control de reparación directa instaurado contra la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Expresó que lo pretendido por la accionante es reabrir el debate que realizó el juez natural, relacionado con el momento a partir del cual se debía contar la caducidad, esto es, desde la fecha en que el Juzgado Décimo Civil Municipal aprobó la adjudicación del bien, o a partir del momento en que los demandantes aducen que tuvieron conocimiento del error judicial.
7. Impugnación
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela y precisó que se deben tener en cuenta los efectos inter comunis de la Sentencia STC 2670 de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ya que se debe aplicar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
Expresó que el término de caducidad en el medio de control de reparación directa se debe contabilizar desde la fecha en que se tuvo conocimiento del daño, que para el caso, fue la ejecutoria de la referida sentencia, debido a que a partir de la expedición de esa decisión desapareció la presunción de legalidad del trámite del proceso ejecutivo. Situación que no fue estudiada por la autoridad demandada, pues la decisión de rechazar la demanda se fundamentó en los efectos inter partes de los fallos de tutela.
Indicó que la autoridad demandada no estudió la modulación de los efectos de las sentencias.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto.”
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, la parte demandante pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados con las sentencias del 12 de mayo y 15 de septiembre de 2017, proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente.
A la Sala le corresponde estudiar si las autoridades judiciales demandadas con sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.
1. Planteamiento del problema jurídico
Consiste en determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir Sentencia de 15 de septiembre de 2017, incurrió en un defecto sustantivo al desconocer el precedente judicial relacionado con la caducidad del medio de control de reparación directa.
El asunto será estudiado en el siguiente orden: i) defecto sustantivo como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) desconocimiento del precedente, como causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; y, finalmente iii) la solución del caso concreto.
Defecto sustantivo como causal específica de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La jurisprudencia constitucional ha considerado el defecto sustantivo como el que se configura cuando la decisión judicial se apoya en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea porque ha sido derogada, porque ella o su aplicación al caso concreto es inconstitucional o, porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se ha aplicado.
En este sentido, se podría configurar un defecto sustantivo siempre que: (i) la decisión cuestionada se funde en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución Política le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance; (iii) cuando se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) cuando la norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada; o finalmente, (v) en el evento en que, no obstante la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a esta, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
Del desconocimiento del precedente
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que:
“un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación.”
Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en una vía de hecho y, de contera, viola el derecho a la igualdad.
No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma.
Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
En cuanto al precedente horizontal, y en especial al que atañe a las providencias que dictan los jueces de igual jerarquía, conviene decir que la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de la misma jerarquía existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos análogos. Es en ese momento, entonces, que la decisión del superior jerárquico o del órgano de cierre, según el caso, adquiere capital importancia para efectos de preservar la seguridad jurídica y garantizar el derecho fundamental a la igualdad, en tanto que fija una regla jurisprudencial de decisión frente a casos análogos y, por contera, unifica la disparidad de criterios existente entre los inferiores jerárquicos.
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical cuando:
“(i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues ‘sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia’; y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo.”
En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad.
3. Caso concreto
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor José Domínguez y otro, pretende que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y que en su lugar se profiera una decisión con base en los criterios jurisprudenciales relacionados con los efectos inter comunis de las sentencias de tutela, debido a que considera que el término de caducidad de la demanda de reparación directa que interpuso debe contarse a partir de la expedición de la sentencia STC-2670 de 30 marzo de 2015, relacionada con la exigencia del requisito la reestructuración del crédito hipotecario.
Al respecto, se evidencia que en Sentencia de 15 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Tolima, expresó:
“(…) Para el caso, el error alegado se materializó en la ejecutoria de la providencia emitida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué el día 22 de septiembre de 2003, donde se adjudicó el inmueble, es decir, que el término de caducidad empezó el día hábil siguiente. Y como la demanda fue presentada el 4 de mayo de 2017, sin duda operó el fenómeno de la caducidad por presentarse fuera del término requerido de 2 años.
2.4.Ahora bien, la demandante alega que el trámite de la acción ejecutiva en la que perdió el inmueble gozaba de presunción de legalidad y que el juez actuaba conforme a la ley sustancial y procedimental; sin embargo, solo se enteró del daño el 19 de marzo de 2015, cuando quedó ejecutoriada la sentencia STC-2670 de 10 de marzo de 2015, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la que se determinó, por vía jurisprudencial, que la reestructuración del saldo real del capital que adeudaba a 31 de diciembre de 1999, era requisito de procedibilidad para iniciar la acción ejecutiva hipotecaria en su contra.
Frente a lo anterior es preciso señalar:
(i) Que no puede alegarse que únicamente la actora conoció del presunto error judicial hasta el 26 de marzo de 2015, cuando quedó ejecutoriada la anotada sentencia de la Corte Suprema de Justicia respecto a la necesidad de alegar como requisito de procedibilidad para la presentación de la acción ejecutiva, la reestructuración del crédito hipotecario, pues, con anterioridad la misma Corporación había tenido la misma posición. En efecto la sentencia STC-2670 de marzo de 2015, es clara en indicar que desde el año 2012, se conocía esta posición al indicar:
“4. Sentado lo anterior, establecido que se reunieron los requisitos de procedibilidad, debe decirse que tratándose de la reestructuración de créditos de vivienda, como exigencia esencial para promover un cobro compulsivo, luego de haberse reliquidado una obligación en virtud de lo previsto por el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, esta Corte ha definido como obligatorio el cumplimiento de dicho presupuesto, por incumbir propiamente a la exigibilidad del título, de modo que no consumar con esa premisa impide la ejecución.
En tal sentido, ha expresado la Sala que: “En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados, cuestión exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquéllos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (CJS STC 31 oct. 2013, Rad. 02499-00)
Este mismo criterio se expresó en sentencias de 20 de Mayo de 2013, Rad. 00914-00, 22 de junio de 2012, Rad. 00884-01, 19 de septiembre de 2012, Rad. 00294-01 y 13 de febrero de 2014, Rad. 2013-0645-01.
De ahí, que la falta de la realización del procedimiento mencionado, se convierte en una limitación insuperable para que se presente una demanda y se continúe con la ejecución del juicio hipotecario donde específicamente se cobran créditos de vivienda.”
2.5. Así las cosas y aceptados los argumentos expuestos por la parte actora, según conocimiento del daño a partir de las sentencias que sobre el tema ha proferido la Corte Suprema de Justicia, no puede olvidarse que lo consignado en la STC-2670 de marzo de 2015, había sido reiterado por dicho órgano por lo menos desde el año 2012. De allí que tendría que conducirse (sic) que el término debía contarse desde este último año y, por tanto, que la caducidad había operado para el momento en que se adujo la demanda, según lo dicho.
(ii) Y que además, concluir que la caducidad principia desde el momento en que los afectados concluyen que el daño no tienen por qué soportarlo y que es atribuible al Estado, llevaría a convertir en algo (a) subjetivo y a vaciar de contenido el artículo 136 CCA, y a (b) desconocer el principio general del derecho que nadie puede alegar su propia negligencia.
(ii) En el primer caso, bastaría con la mera afirmación del interesado en el sentido que si bien tuvo conocimiento del hecho como algo que ocurre en el mundo, solo le dio la calificación de antijurídico con posterioridad y ese después podría ser cualquier día, con lo cual se vaciaría el contenido del artículo 164 CPACA, lo cual es inadmisible, pues, el efecto útil de las normas es un criterio para corregir interpretaciones normativas y aparece recogido en el artículo 1620 del Código Civil, que prevé: “el sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno.
(ii) En el segundo caso, dado el carácter subjetivo del conocimiento del hecho, el afectado podría alegar su propia culpa en su beneficio, en la medida que la atribución del daño a una entidad pública únicamente nacería cuando aquel así lo reconozca. Ahora bien, ¿Cuál es el plazo que se autorizaría para el efecto?. No se dice. Por ello sería, de nuevo, cuando así lo indique el interesado sin que interese la ocurrencia de hecho externo alguno. De allí que ese principio sería inoperante”.
(...).” Subraya la Sala.
Con base en lo anterior, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Tolima justificó de manera suficiente su decisión, pues a partir del análisis del asunto, concluyó que en el caso del demandante el término de caducidad debía contabilizarse desde el 22 de septiembre de 2003, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia expedida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué, en la que se adjudicó el inmueble.
Así mismo, la autoridad demandada aclaró que no era posible contabilizar el término de caducidad a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, ya que la reestructuración del crédito hipotecario como requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, había sido previamente estudiado por esa corporación, pues aseguró que desde el año 2012 se profirieron sendas providencias en ese sentido, incluso, hizo referencia a las mismas.
En ese sentido, se resalta que la autoridad demandada precisó que el demandante no podía alegar su propia culpa sobre el momento en que conoció del contenido y efectos de la citada decisión.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia que los argumentos de la demandada son razonables, debido a que con anterioridad a la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado sobre la exigencia del requisito de reestructuración del crédito en los procesos ejecutivos. En ese sentido, la Sentencia de 5 de septiembre de 2012, proferida por esa corporación, señaló:
“(…) Cumple recordar que la jurisprudencia constitucional de esta Sala, en casos de contornos similares en procesos ejecutivos adelantados luego de la terminación de un juicio previo por efecto de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, ha sido coherente en considerar que por no acreditarse la reestructuración del crédito la ejecución no podría continuar'. (…)
'En sentencia de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00546-00, se acusó la actuación de un Tribunal Superior al revocar la sentencia que había declarado probada la excepción de prescripción al considerar que el título base de la ejecución no cumplía con los requisitos para ser exigible por falta 'del presupuesto de reestructuración del crédito. En este caso el segundo proceso ejecutivo se había instaurado en el año' 2006, esto es, con anterioridad a que se profiriera la sentencia SU-813 de 2007. En dicha oportunidad esta Corporación siquió de cerca el precedente antes citado, y reiteró la posición de la Sala sobre el asunto debatido'.
'En oportunidad más reciente se estudió la acción interpuesta contra la Sala Civil — Familia del Tribunal Superior de Bucaramanga que confirmó la decisión del Juez de primera instancia mediante la que se denegó la ejecución por falta de exigibilidad da la obligación al no acreditarse el agotamiento del proceso de reestructuración de la obligación. Consideró la Sala que la decisión cuestionada "no entraña irregularidad que dé lugar a catalogarla como ostensiblemente absurda ni manifiestamente ilegal, amén que tampoco responde a la sola arbitrariedad de sus signatarios"; tesis que exigió el proceso de reestructuración como un requisito de procedibilidad que el ejecutante debía agotar previo a la iniciación de una nueva demanda ejecutiva. Se concluyó finalmente que «la posición asumida en el fallo cuestionado no deviene inarmónica frente a los pronunciamiento que sobre asuntos de similar talante ha emitido esta Corporación, como que lo propio se predica respecto de decisiones emanadas de la Corte Constitucional», con lo que se consolidó el precedente que se había desarrollado" (subraya la Sala, Sentencia de 22 de junio de 2012, Exp. No.11001-22-03-000-2012-00884-01).
Y en relación con los efectos de la Sentencia SU 813 de 2007, la Corte también estimó que:"[L]a exigencia de la reestructuración de los créditos se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999, por lo que el desarrollo jurisprudencia! lo que hizo fue clarificar y unificar criterios sobre una exigencia legal, que le es aplicable al crédito que se pretendía ejecutar'.
`Con todo, no debe soslayarse que fue la propia Corte Constitucional la que hizo extensivos los efectos del aludido fallo a «a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de vivienda, y en los cuales no se haya registrado e! auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela», por lo que la exigencia de la reestructuración resultaba aplicable, también, al nuevo proceso ejecutivo instaurado por la ejecutante" (Sentencia de 22 de junio de 2012, Exp. No. 11001-22-03-000-2012-00884-01).
De modo que, la autoridad judicial accionada incurrió en una vía de hecho, pues, en el presente asunto, como ya se dijo, sí era indispensable la exigencia de la reestructuración del crédito para el adelantamiento del nuevo proceso ejecutivo hipotecario, máxime si el juicio iniciado con anterioridad había terminado por disposición de la Ley 546 de 1999. (…)”
Sumado a lo anterior, la referida providencia resaltó que la Corte Constitucional, en Sentencia SU-813 de 2007, unificó los criterios sobre la exigencia de reestructuración de los créditos que se encuentra establecida en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999 e hizo extensivos sus efectos a los procesos ejecutivos en curso iniciados antes del 31 de diciembre de 1999. Situación que evidencia que tanto la citada corporación como la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron sobre el mencionado requisito con anterioridad al año 2015, como acertadamente lo estableció el tribunal demandado.
Adicionalmente, en decisión posterior, la Corte Suprema de Justicia señaló:
“(…) Contrario a lo sostenido por la Corporación atacada, la carga de adelantar el proceso de reestructuración del crédito antes de la presentación de una nueva demanda, iniciada luego de la terminación de un trámite coactivo por mandato expreso del artículo 42 de la Ley 546 de 1999, no está sujeta solamente al querer del deudor.
En efecto, la citada reestructuración es obligación de las entidades crediticias, a efectos de ajustar la deuda a las reales capacidades económicas de los obligados, cuestión exigible a los cesionarios si se tiene en cuenta que aquéllos reemplazan en todo al cedente. Esta Corporación en casos de contornos similares, ha sido coherente en predicar la imposibilidad de continuar con una ejecución cuando no se encuentra acreditada la reestructuración del crédito. (…)” . Resalta la Sala.
Lo anterior, evidencia que la posición de la citada Corporación ha sido reiterativa en cuanto a la exigencia del requisito de reestructuración del crédito. Sumado a ello, en un caso similar, el Consejo de Estado, en Sentencia de 17 de julio de 2017, señaló:
“(…)[P]ara la Sala es claro que las autoridades demandadas no incurrieron en el defecto sustantivo invocado por cuanto es razonable indicar que la demanda interpuesta por el [actor], en ejercicio del medio de control de reparación directa, estaba caducada, ya que el hecho que causó el daño presuntamente antijurídico fue la providencia mediante la cual el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué libró el mandamiento de pago sin que la solicitud incluyera el documento de reestructuración del saldo insoluto de capital que presentaba la obligación objeto de ejecución al 31 de diciembre de 1999, por ser un título complejo. Sin embargo, las autoridades judiciales consideraron que el término de caducidad del medio de control debía contabilizarse a partir del momento en que el bien inmueble de propiedad del demandante fue entregado a la sociedad Davivienda S.A. en cumplimiento del auto de adjudicación, circunstancia que no está en discusión en este trámite constitucional. (…). Además, tampoco es posible concluir, como lo pretende la parte demandante, que los efectos de la sentencia STC 2670 del 12 de marzo de 2015 deban aplicarse al caso en estudio, en tanto, en su sentir, sus efectos son inter comunis. Esto, por varias razones: La primera porque es una decisión adoptada en ejercicio de una acción de tutela que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 1996, tienen carácter obligatorio únicamente para las partes y su motivación sólo constituye criterio auxiliar para la actividad de los jueces. La segunda, porque solo podría exigirse que se le diera un trato igualitario al adoptado en dicha providencia judicial si las decisiones enjuiciadas se trataran de las proferidas en el proceso ejecutivo, pero, en el asunto que ocupa la decisión judicial de la referencia, se está discutiendo si la demanda interpuesta en ejercicio del medio de control de reparación directa interpuesta por el [actor] estaba caducado o no, situación fáctica y jurídica ajena a la que fue objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC 2670 de 2015. Por todo lo anterior, la Sala considera que, en el caso en estudio no se evidenció el defecto alegado por el [actor] y, por lo anterior, se negará el amparo solicitado (…)”.
Así mismo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en providencia de 31 de mayo de 2018, señaló:
“(…) 2.5. En efecto, de la revisión del expediente, la Sala encontró que la demanda de reparación directa se impetró como consecuencia del presunto error judicial en que incurrió el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué, al adelantar el proceso ejecutivo en el que fue demandado el señor Luis Alberto Conde, sin que constara uno de los requisitos de procedibilidad, consistente en la reestructuración del saldo insoluto de capital que presentaba el crédito objeto de ejecución a fecha 31 de diciembre de 1999. En el citado proceso, mediante providencia del 14 de febrero de 2005, se dispuso adjudicar el bien inmueble rematado que era de propiedad de la aquí parte actora, siendo ese momento, en consecuencia, el que concretó el supuesto hecho dañoso para la aquí demandante, motivo por el que es a partir de ese momento que debe hacerse el conteo de caducidad del medio de control de reparación directa.
2.6. Además, la Sala comparte la apreciación del tribunal demandado referente a que el conteo de caducidad no podría hacerse desde la sentencia STC-2670 de 2015, porque se trata de una decisión inter partes y el actor no conformaba la parte activa dentro de esa litis. En este punto es importante recordar que si bien por regla general los efectos de las sentencias de tutela es inter partes, excepcionalmente los puede tener inter comunis —como afirma la parte actora que ocurrió en su caso—no obstante, para que eso ocurra, el mismo fallo debe expresamente señalar que la decisión contenida en el mismo tiene dichos efectos, de lo contrario no está dado al intérprete considerar que una u otra decisión de tutela tiene esa característica. Revisada la sentencia de tutela STC-2670 de 2015, dictada por la Corte Suprema de Justicia, no encuentra la Sala que haya modulado sus efectos en el sentido de precisar que era inter comunis, razón por la que ese amparo no se extendió a la parte demandante como ésta lo afirma.(…)”
En ese sentido, se advierte que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima estuvo acorde con las decisiones judiciales que rigen la materia. Además, tal como lo señaló la referida corporación, el requisito de reestructuración del crédito hipotecario no surgió a partir de la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, pues dicha exigencia había sido planteada no solo por la última Corporación citada, sino por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-813 de 2007, en la que se efectuó un estudio sobre la misma.
Sumado a lo anterior, se precisa que el literal i) del numeral 2º del artículo 134 de la Ley 1437 de 2011 establece que el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Así mismo, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que en tratándose de error judicial, el término de caducidad de la acción debe contabilizarse desde la fecha de ejecutoria de la providencia que ocasionó el daño reclamado.
En ese sentido, el tribunal demandado fue claro en establecer la ocurrencia del daño alegado por las partes, esto es, 22 de septiembre de 2006, fecha en que quedó ejecutoriada la providencia proferida por el Juzgado Décimo Civil de Ibagué, sobre la cual se alegó el error judicial. Además, precisó que la demanda se interpuso el 4 de mayo de 2017, es decir, superando ampliamente el término establecido en la ley.
Por otro lado, la parte demandante alegó que la caducidad debía contabilizarse desde la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, debido a que al tratarse de un asunto similar, le son aplicables los efectos inter comunis de la misma.
En ese sentido, es necesario precisar que los referidos efectos se aplican en forma facultativa, en atención a la particularidad de cada asunto, como lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia T - 493 de 2005:
“(…) Generalmente, los efectos de las providencias de la Corte Constitucional son diversos en cada tipo de control constitucional. Usualmente, los efectos son erga omnes y pro - futuro cuando controla normas en abstracto; son inter partes cuando decide sobre una tutela; son inter partes cuando aplica de manera preferente la Constitución en el curso de un proceso concreto; y son erga omnes cuando controla el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, no siempre el efecto de las providencias de la Corte han de ser los anteriormente señalados. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, la Corte Constitucional puede modular los efectos de sus sentencias. Dentro de las múltiples alternativas disponibles, la Corte puede decidir cuál es el efecto que mejor protege los derechos constitucionales y garantiza la integridad y supremacía de la Constitución. Así lo ha hecho esta Corporación cuando ejerce un control abstracto de normas, al fijar, por ejemplo, los efectos retroactivos o diferidos de las sentencias correspondientes. La Corte también ha determinado los efectos de sus providencias cuando aplica la excepción de inconstitucionalidad y decidió que estos podían extenderse respecto de todos los casos semejantes, es decir inter pares, cuando se presentasen de manera concurrente una serie de condiciones. Igualmente la Corte Constitucional en sentencia SU-1023-01 estableció que existen circunstancias especialísimas en las que la acción de tutela no se limita a ser un mecanismo judicial subsidiario para evitar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales solamente de los accionantes. Por eso en el referido caso los efectos de la orden de la tutela fueron aplicados inter comunis y se ordenó proteger los derechos fundamentales de todos los pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante – en liquidación obligatoria (…)”.
Así mismo, la Sentencia T – 583 de 2006, proferida por la Corte Constitucional, e invocada por el accionante, señala:
“(…) Nunca los efectos de la decisión de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisión de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, éste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violación. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acción o la omisión de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violación de derechos fundamentales del o los demandantes. Es decir, los efectos de la decisión primeramente se producen siempre entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos especialísimos, como los que se acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos inter pares o inter comunis. Nunca, se repite, tales efectos son erga omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la vulneración de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisión erga omnes o de carácter general, como la que pretende la demanda. Es necesario examinar, tanto la procedencia de la acción, como la efectiva vulneración de derechos, en relación con la actuación de cada una de las entidades concretamente demandadas, y proferir una decisión con efectos inter partes, sin perjuicio del carácter vinculante de la ratio decidendi de tal decisión, respecto de supuestos fácticos idénticos que en un futuro pudieran llegar a presentarse, en la actuación de otras entidades distintas de las aquí demandadas.(…)”.” Resalta la Sala.
En virtud de lo anterior, se observa que los efectos de las sentencias de tutela son inter partes, sin embargo, en eventos especialísimos, estos pueden extenderse a terceras personas, caso en el cual se aplicarían los efectos inter comunis o erga omnes. Es decir, una vez estudiado el asunto concreto, el juez del asunto tiene la potestad de establecer la clase de efectos que tendrá la decisión.
En ese sentido, para reclamar la aplicación de los efectos inter comunis de una sentencia de tutela, estos deben haberse establecido de manera expresa en el contenido de la misma, pues por regla general estos solo rigen a las partes dentro del proceso. Lo anterior, debido a que dicha aplicación obedece al estudio detallado de un asunto concreto, pues según indicó el máximo órgano constitucional, al juez de tutela no le es posible verificar la vulneración de derechos fundamentales en abstracto.
Así las cosas, se evidencia que a la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, no se le atribuyeron efectos inter comunis. En consecuencia, el demandante no está llamado a reclamar los efectos de la misma, por tanto, como acertadamente lo señaló la autoridad demandada, la fecha de ejecutoria de esa decisión no podría haberse tenido como referencia para contabilizar el término de caducidad del medio de control de reparación directa interpuesto por la parte actora.
Sumado a lo anterior, el demandante señaló que se desconocieron los mandatos de la Sentencia T – 025 de 2015, en la que la Corte Constitucional expresó: “Lo anterior, en consideración a que se trata de situaciones comunes o afines en las que la orden de protección que aquí se profiere repercute directamente en la vulneración de sus derechos fundamentales, en la medida en que continuarían sin poder cobrar el subsidio del programa “Colombia Mayor” aun cuando tienen el derecho a recibirlo.En consecuencia, acogiendo el criterio que mejor protege los derechos fundamentales invocados y atendiendo a razones de celeridad, seguridad jurídica y economía procesal, en esta oportunidad, la Corte hará uso de la potestad de modular los efectos de sus sentencias, otorgándole a la presente providencia efectos inter comunis que se aplicarán a todos los sujetos cuya situación particular se enmarca en los presupuestos anteriormente expuestos.”
En ese sentido, se precisa que en esa ocasión la Corte Constitucional otorgó efecto inter comunis a la referida providencia, debido a que en la misma se estudió la situación de los adultos mayores beneficiarios del programa “Colombia Mayor”, los cuales se encontraban en la misma situación fáctica de los allí demandantes. Situación que, per se, no implica que la totalidad de las sentencias cuenten con los referidos efectos.
Una vez estudiado el precedente judicial que rige la materia, se observa que los argumentos del Tribunal demandado son razonables, en la medida en que, el término de caducidad de la acción de reparación directa debe contabilizarse desde la fecha de ocurrencia del daño, que para el asunto, fue la ejecutoria de la decisión de segunda instancia proferida por el Juzgado Décimo Civil Municipal de Ibagué.
Además, la autoridad demandada acertó al señalar que la expedición de la Sentencia STC-2670 de marzo de 2015, proferida por la Corte Suprema de Justicia, no podía constituirse en un referente para efectuar el conteo del término de caducidad del medio de control de reparación directa, debido a que el requisito de reestructuración de la obligación había sido estudiado por esa corporación de manera previa.
Sumado a ello, la Sala encontró probado que la referida sentencia carece de efectos inter comunis, razón por la cual el argumento del demandante carece de relevancia, pues dicha decisión no podía tenerse en cuenta como referencia para el estudio de su caso.
En ese orden de ideas, se advierte que, contrario a lo expuesto por la parte accionante, la autoridad judicial demandada no incurrió en el defecto sustantivo alegado, pues aplicó la normativa que rige la materia y el precedente judicial vigente.
En el sub lite, no se advierte que el tribunal demandado haya adoptado una decisión arbitraria o caprichosa, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama. En consecuencia, se confirmará la sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, que negó las pretensiones de la tutela interpuesta por el señor José Rene Domínguez y otra contra el Tribunal Administrativo del Tolima.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 12 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “A”, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 17.
folio 20. Ver sentencia T-784 de 2000 de la Corte Constitucional. Ver sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005 de la Corte Constitucional. Ver sentencia T-205 de 2004 de la Corte Constitucional. Ver sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001 de la Corte Constitucional. Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004 de la Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 de la Corte Constitucional
Sentencia T-158 de 2006. Sentencia T-688 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Además, en esta oportunidad se sostuvo: “El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto de apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendii, que los ciudadanos legítimamente siguen”. Ver, entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003. Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca). Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010. Folios 105 a 107 cuaderno anexo. Sala de Casación Civil. Rad. 2012-029401. Actor: Luz América Ayala. M.P. Jesús Vall de Ruten. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de octubre de 2013. Rad. 2013-02499. Actor: Juan Domingo García. M.P. Luis Armando Tolosa. Sección Quinta. Rad.2017-01569 (AC). Actor: René Anselmo Albornoz Buchelly. M.P. Carlos Enrique Moreno. Sentencia Rad. 2018-0359-01. Actor: Luis Alberto Conde. M.P. Julio Roberto Piza. Frente a los efectos inter comunis de las sentencias, la Corte Constitucional, en sentencia A-207 de 2010, señaló «esta Corporación puede modular los efectos de sus sentencias en materia de tutela otorgando efectos “inter comunis” a las mismas, con el fin de optar por la alternativa que mejor proteja los derechos constitucionales y garantizar la integridad y supremacía de la Constitución. En este sentido, esta Sala ha establecido que los efectos inter comunis se adoptan con el fin de proteger los derechos de todos los miembros de un grupo, afectados por la misma situación de hecho o de derecho, en condiciones de igualdad». Sección Tercera. Auto de 19 de julio de 2007. Rad. 2006-1745-01. M.P. Dra. Ruth Stella Correa. Observa la Sala que conforme a la demanda, lo que se pretende con la presente acción es que se reparen los perjuicios causados a la demandante, como consecuencia del error judicial que se dio a lo largo de todo el proceso ejecutivo hipotecario y que concluyó con la diligencia de remate, la cual fue aprobada mediante proveído de 22 de septiembre de 2004. 3.
El tema de la responsabilidad del Estado por el daño causado con ocasión de la actividad judicial, fue regulada por la ley 270 de 1996, para tres eventos a saber: (3.1) error jurisdiccional, (3.2) privación injusta de la libertad y (3.3) defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.Como se infiere de lo previsto en el artículo 73 de la misma ley, la reclamación de la indemnización por los daños causados con ocasión de la actividad judicial, debe hacerse a través de la acción de reparación directa, por lo tanto, el plazo para instaurar dicha acción es hoy el de 2 años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44, numeral 8, inciso primero de la ley 446 de 1998. En ese orden de ideas, cabe precisar el momento a partir del cual se empieza a contar el plazo para intentar la acción de reparación directa en relación con error judicial y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, previstos en la ley 270 de 1996, por ser los temas de interés para la decisión. 3.1. El error jurisdiccional fue definido en el artículo 66 de la ley 270 de 1996 como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.Al declarar la exequibilidad condicionada de este artículo, la Corte Constitucional precisó que: (i) dicho error se materializa únicamente a través de una providencia judicial; (ii) debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una “vía de hecho”, y (iii) no es posible reclamar por la actuación de las altas corporaciones de la Rama Judicial, porque ello comprometería en forma grave la seguridad jurídica. En tal sentido condicionó la decisión de exequibilidad de la norma. Por su parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. En consecuencia, como el error jurisdiccional es el que se materializa a través de una providencia judicial en firme, el término para intentar la acción de reparación directa se contara a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia contentiva del error o en la que el mismo se declare o evidencie. Por lo tanto, el término para intentar la acción de reparación directa por error jurisdiccional empezará a correr desde la ejecutoria de la sentencia o providencia con la cual se ponga fin al proceso, cuando el error se hubiere cometido en ellas, o cuando en la misma se evidencie o quede consolidado el daño causado con una providencia anterior; o a partir de la ejecutoria de la providencia que se dicte en el trámite del proceso, o en de la ejecución de la sentencia, cuando dicho daño se consolide o declare con dichas providencias.”
Sentencia de 7 de marzo de 2017. Actor: Irina Alejandra Junieles. M.P. María Victoria Calle. Sentencia de 13 de mayo de 2005. Actor: Luz Stella Reyes y otros. M.P. Dr. Manuel José Cepeda.
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