Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00569-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00569-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00569-00
Consejero ponente: Milton Chaves García
3 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - Por no acreditar participación en trámite judicial
La Sala advierte que el actor contó con la posibilidad de participar en el proceso de objeciones contra el citado acuerdo (…) sin que exista prueba de que el actor hubiera intervenido en esa oportunidad procesal. (…) Lo anterior, conduce a determinar que el actor carece de legitimación para cuestionar la decisión judicial porque no fue parte ni participó, por ejemplo, como coadyuvante en el proceso de objeciones en el que se profirió la decisión judicial cuestionada, a pesar de que contó con la etapa legamente establecida para el efecto. (…) De acuerdo con lo anterior, se tiene que el actor no cuenta con legitimación para cuestionar la decisión judicial atacada, pues, como se dijo, no participó en el proceso en el que se dictó la sentencia que, presuntamente, vulneró los derechos invocados.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., tres (3) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00569-00(AC)
Actor: JOSÉ ADALBER CRUZ RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor José Adalber Cruz Ruiz contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones
José Adalber Cruz Ruiz solicitó la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, “(…) a un ambiente sano (…) y democracia representativa.”. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1- Solicito que se deje sin efectos la multicitada sentencia de fecha 1° de diciembre de 2017 (radicado No. No. (sic) 73001-23-33-001-2017-00454-00, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.
2- En consecuencia de lo anterior, que se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima para que en un término prudencial, profiera un nuevo fallo que deniegue en su totalidad las pretensiones del Gobernador del Tolima; dejando de esta forma en firme y en plena vigencia, el Acuerdo Municipal No. 012 del 11 de agosto de 2017 expedido por el Concejo de Ibagué.
3- Solicito comedidamente señores Consejeros de Estado, que la presente acción de tutela sea resuelta bajo la premisa imperativa de la Honorable Corte Constitucional, que en el numeral 2° de la parte resolutiva de la sentencia T445 de 2016 estableció:
‘SEGUNDO.- PRECISAR que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.’
(…).”
Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos:
El Concejo Municipal de Ibagué, mediante Acuerdo 012 del 11 de agosto de 2017, dictó medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Dicho acuerdo pretende la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente del municipio de Ibagué, ante la amenaza que supone la actividad minera.
El gobernador del Tolima objetó el acuerdo ante el Tribunal Administrativo del Tolima que, en providencia del 1° de diciembre de 2017, lo dejó sin efectos.
Fundamentos de la acción de tutela
Según el actor, la autoridad judicial demandada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, en especial de la sentencia T-445 de 2016, en la que se precisó que los municipios sí tienen competencia para decidir sobre el uso del suelo y subsuelo del ente territorial.
Dijo que la decisión del tribunal pone en peligro el derecho a un ambiente sano y que, por tanto, se debe impedir que el municipio realice actividades de exploración y explotación de metales y minerales contaminantes.
En escrito adicional, pidió que se aplicara la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 5 de abril de 2018, en la acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2017-02389-01.
Trámite previo
Mediante auto del 9 de marzo de 2018, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes y a los terceros interesados, a quienes se les remitió copia de la demanda.
Oposiciones
Tribunal Administrativo del Tolima
La autoridad judicial demandada solicitó que se negara el amparo invocado porque no se vulneraron los derechos fundamentales a los que se refiere el actor. Lo que se evidencia es una diferencia de criterio de interpretación entre el actor y esa autoridad de las normas que regulan la actividad minera.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” (Subraya la Sala)
La Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.
Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.
En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
Que se cumpla con el requisito de la inmediatez;
Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y
Que no se trate de sentencias de tutela.
Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.
2. Caso concreto
José Adalber Cruz Ruiz solicitó la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, “(…) a un ambiente sano (…) y democracia representativa”, que considera vulnerados con la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 1° de diciembre de 2017, en el proceso de objeción que formuló el Gobernador del Tolima contra el Acuerdo 012 del 11 de agosto de 2017, en el que el Concejo Municipal de Ibagué dictó medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Al respecto, la Sala advierte que el actor contó con la posibilidad de participar en el proceso de objeciones contra el citado acuerdo, pues tal y como aparece en el registro de actuaciones que se transcribe a continuación, el Tribunal Administrativo del Tolima, en aplicación de lo previsto en el numeral 1° del artículo 121 del Decreto 1333 de 1986, dictó el auto del 31 de agosto de 2017 en el que admitió la demanda y ordenó fijar en lista el proceso con el fin de que intervinieran las personas interesadas, trámite que se surtió entre el 12 y el 25 de septiembre de 2017, sin que exista prueba de que el actor hubiera intervenido en esa oportunidad procesal.
Fecha de ActuaciónActuaciónAnotaciónFecha Inicia TérminoFecha Finaliza TérminoFecha de Registro02 Mar 2018ENVÍO EXPEDIENTEMEDIANTE OFICIO 397 SE REMITE EL PROCESO AL CONSEJO DE ESTADO PARA SURTIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION02 Mar 201827 Feb 2018VENCE TRASLADOCON SUSTENTACIÓN DEL RECURSO - REMITIR CONSEJO DE ESTADO28 Feb 201826 Feb 2018AGREGAR MEMORIALAPODERADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE PRESENTA SUSTENTACION DEL RECURSO DE UNIFICACION26 Feb 201831 Jan 2018TRASLADO SUSTENTAR RECURSO UNIFICACION JURISPRUDENCIA (20 DIAS) (ART. 261 INC.2 L.1437/11)31 Jan 201827 Feb 201831 Jan 201829 Jan 2018FIJACION ESTADOACTUACIÓN REGISTRADA EL 29/01/2018 A LAS 17:42:05.30 Jan 201830 Jan 201829 Jan 201829 Jan 2018AUTOS DE TRAMITECONCEDER RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIÓN Y SE DISPONE DE 20 DÍAS PARA QUE EL RECURRENTE SUSTENTE EL RECURSO29 Jan 201816 Jan 2018REGISTRA PROYECTO DE AUTOREGISTRA PROYECTO DE AUTO16 Jan 201819 Dec 2017AL DESPACHOPARA CONSIDERAR RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION18 Dec 201718 Dec 2017AGREGAR MEMORIALRECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION PRESENTADO POR EL APODERADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE18 Dec 201714 Dec 2017ELABORACIÓN DE OFICIOSMEDIANTE OFICIOS 3230-3232 SE COMUNICA PROVIDENCIA DE DICIEMBRE 1 DE 201714 Dec 201711 Dec 2017VENCE EJECUTORIAEN SILENCIO- COMUNICAR - ARCHIVAR12 Dec 201705 Dec 2017NOTIFICACION PERSONAL DE LA SENTENCIA ARTICULO 20305 Dec 201701 Dec 2017SENTENCIA PRIMERA INSTANCIADECLARA FUNDADA LA OBJECIÓN A PROYECTO POR VIOLACIÓN A NORMAS SUPERIORES01 Dec 201720 Oct 2017REGISTRA PROYECTO SENTENCIAREGISTRA PROYECTO DE SENTENCIA20 Oct 201720 Oct 2017RECEPCIÓN MEMORIALCONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ ALLEGA COPIA INTEGRA Y AUTÉNTICA DE LA EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS Y PROYECTO DEL ACUERDO NO.012 DE 2017.20 Oct 201717 Oct 2017AL DESPACHO PARA ESTUDIOHABIENDOSE OFICIADO AL CONCEJO MUNICIPLA17 Oct 201717 Oct 2017ELABORACIÓN DE OFICIOSMEDIANTE OFICIO 2572 SE SOLICITA AL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE ACUERDO 012 DE 201717 Oct 201712 Oct 2017VENCE EJECUTORIAEN SILENCIO.---QUEDA PARA OFICAR AL CONCEJO MPAL DE IBAGUÉ.---12 Oct 201706 Oct 2017FIJACION ESTADOACTUACIÓN REGISTRADA EL 06/10/2017 A LAS 18:48:37.09 Oct 201709 Oct 201706 Oct 201706 Oct 2017AUTO RESUELVE PRUEBAS PEDIDASDECRETA PRUEBAS PEDIDAS Y SE ORDENA AL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ, PARA QEU DENTRO DE LOS 3 DÍAS SIGUIENTES ALLEGUE COPIA INEGRA Y AUTÉNTICA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA06 Oct 201726 Sep 2017RECEPCIÓN MEMORIALGUILLERMO FRANCISCO REYES CONZALEZ PRESENTA ESCRITO DE INTERVENSIÓN26 Sep 201726 Sep 2017AL DESPACHOPARA CONSIDERAR PRUEBAS25 Sep 201725 Sep 2017VENCE TRASLADOSE PRONUNCIÓ EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, APODERADO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERIA. ALCALDE DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y CIUDADANOS SE PRONUNCIAN25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALNUBIA ELIZABETH GONZALEZ SALAZAR PRESENTA ESCRITO DE INTERVENCIÓN25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALJAVIER AGUDELO ZAPATA PRESENTA IMPUGNACIÓN DE LA CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD DEL ACUERD MUNICIPAL NO.
012 DEL 11 DE AGOSTO DE 201725 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALJORGE ARMANDO GONZALEZ ROJAS, PRESENTA ESCRITO DE INTERVENCIÓN25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALALCALDE DE IBAGUÉ SE PRONUNCIA25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALLUIS ENRIQUE ORDUZ VALENCIA PRESENTA ESCRITO DE INTERVENCIÓN25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALEL SEÑOR RODRÍGO ELÍAS NEGRETE MONTES PRESENTA ESCRITO DE INTERVENCIÓN25 Sep 201725 Sep 2017AGREGAR MEMORIALAPODERADA DE LA AGENCIA NACIONAL MINERA PRESENTA ESCRITO DE INTERVENCIÓN25 Sep 201722 Sep 2017AGREGAR MEMORIALLA ASOCIACIÓN COLOMBIANA MINERA SE PRONUNCIA22 Sep 201722 Sep 2017AGREGAR MEMORIALAPODERADA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ SE PRONUNCIA FRENTE A LA DEMANDA DE LA REFERENCIA22 Sep 201721 Sep 2017AGREGAR MEMORIALEL SEÑOR NESTOR GREGORY DÍAZ COMO CIUDADANO INTERESADO SOLICITE SE APLIQUE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD21 Sep 201715 Sep 2017AGREGAR MEMORIALINTERVENCION PRESENTADA POR LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO .15 Sep 201713 Sep 2017AGREGAR MEMORIALDIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO INTERVIENE DENTRO DEL PRESENTE PROCESO13 Sep 201713 Sep 2017AGREGAR MEMORIALAPODERADO DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA INTERVIENE EN EL PRESENTE PROCESO13 Sep 201713 Sep 2017AGREGAR MEMORIALVICEPRESIDENTE DE MINERIA, HIDROCARUROS Y ENERGIA DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA ANDI, SOLICITA SE DECLARA LA ILEGALIDAD DEL ACUERDO 012 DEL 11 DE AGOSTO DE 201713 Sep 201712 Sep 2017AGREGAR CORRESPONDENCIASE AGREGA OFICIO NO. 002028 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2017 PROCEDENTE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA, APORTANDO EL CORREO ELECTRONICO DE LA ALCALDIA DE IBAGUE12 Sep 201712 Sep 2017FIJACIÒN EN LISTA - ART. 207 NUMERAL 5O. (10 DIAS)CONFORME EL NUMERAL 1º DEL ARTÌCULO 121 DEL DECRETO LEY 1333 DE 1986, POR EL TÈRMINO DE 10 DIAS12 Sep 201725 Sep 201711 Sep 201711 Sep 2017NOTIFICACIONSE NOTIFICO DEMANDA A LAS ENTIDADES DEMANDADAS Y PROCURADOR JUDICIAL ANTE EL TRIBUNAL11 Sep 201707 Sep 2017ELABORACIÓN DE OFICIOSMEDIANTE OFICION 2122 SE REQUIERE A LA PARTE ACTORA PARA QUE PARTE EL CORREO ELECTRONICO DE LA PARTE DEMANDADA.07 Sep 201706 Sep 2017VENCE EJECUTORIASE ALLEGA SOLICITUD PARA QUE LA SALA SE INHIBA DE HACER PRONUNCIAMIENTO. QUEDA PARA REQUERIR Y NOTIFICAR CONFORME AL 171 DEL CPACA06 Sep 201706 Sep 2017AGREGAR MEMORIALEL DOCTOR NESTOR GREGORY DÍAZ RODRÍGUEZ, SOLICITA SE INHIBA DE HACER PRONUNCIAMIENTO DE FONDO06 Sep 201731 Aug 2017FIJACION ESTADOACTUACIÓN REGISTRADA EL 31/08/2017 A LAS 14:41:25.01 Sep 201701 Sep 201731 Aug 201731 Aug 2017AUTO ADMITE DEMANDAADMITE DEMANDA31 Aug 201730 Aug 2017AL DESPACHOPARA ADMITIR DEMANDA30 Aug 201730 Aug 2017PROCESO ABONADOACTUACIÓN DE PROCESO ABONADO REALIZADO EL 30/08/2017 A LAS 08:16:5430 Aug 201730 Aug 201730 Aug 201730 Aug 2017RADICACIÓN DE PROCESOACTUACIÓN DE RADICACIÓN DE PROCESO REALIZADA EL 30/08/2017 A LAS 08:15:0230 Aug 201730 Aug 201730 Aug 2017
Lo anterior, conduce a determinar que el actor carece de legitimación para cuestionar la decisión judicial porque no fue parte ni participó, por ejemplo, como coadyuvante en el proceso de objeciones en el que se profirió la decisión judicial cuestionada, a pesar de que contó con la etapa legamente establecida para el efecto.
El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, en el artículo 10, dispuso la legitimidad e interés que debe poseer quien interpone la acción de tutela, así:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
Como se ve, dicho artículo establece que el afectado puede acudir al amparo constitucional: i) en nombre propio o a través de representante, ii) por medio de la figura del agente oficioso, iii) a través del Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
Además, la Corte Constitucional concerniente a la legitimación en la causa la ha definido como el interés directo o particular que ostenta una persona para promover la acción u lograr la protección de un derecho fundamental del propio accionante y no de otro, de ahí consideró que la legitimación en la causa se configuraba en los siguientes eventos:
La jurisprudencia ha considerado que se configura la legitimación en la causa, por activa, en los siguientes casos:(i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es promovida por quien tiene la representación legal del titular de los derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; (iii) también, cuando se actúa en calidad de apoderado judicial del afectado, “caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo”; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada como agente oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona con incapacidad física o mental. Finalmente, (v) la acción de tutela puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales.
De acuerdo con lo anterior, se tiene que el actor no cuenta con legitimación para cuestionar la decisión judicial atacada, pues, como se dijo, no participó en el proceso en el que se dictó la sentencia que, presuntamente, vulneró los derechos invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta- Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Declarar improcedente la acción de tutela presentada por José Adalber Cruz Ruiz.
En caso de no ser impugnada la presente providencia, Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 37 del expediente de tutela.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN PRIMERA.
Código de Régimen Municipal:
Artículo 121º.- Al escrito de que trata el artículo anterior, en el Tribunal Administrativo se dará el siguiente trámite: 1. Si el escrito reúne los requisitos de ley, el Magistrado sustanciador ordenará que el negocio se fije en lista por el término de diez (10) días durante los cuales el fiscal de la corporación y cualquiera otra persona podrán intervenir para defender o impugnar la constitucionalidad o legalidad del acuerdo y solicitar la práctica de pruebas.
Sentencia T-176/11
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