Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00615-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00615-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00615-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
26 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura en la medida que la declaratoria de caducidad estuvo bien aplicada y acorde con la naturaleza de las cuotas partes pensionales / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura al no indicar las reglas de la ratio decidendi de las sentencias invocadas
[L]a Sala no encuentra que el Tribunal accionado haya incurrido en el defecto sustantivo atribuido por la entidad accionante, toda vez que en el proceso la autoridad judicial accionada determinó que había operado la caducidad del medio de control, en razón a que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Tal interpretación, en criterio de la Sala, se aviene con la naturaleza de las cuotas partes pensionales. (…). [E]l Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, en razón a que, conforme a lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicable a la cuota parte pensional, para efectos de la caducidad se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la decisión adoptada por la administración y no, como se aduce en la solicitud de amparo, en la cual se puede instaurar en cualquier tiempo la demanda que se dirige en contra de actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas. Es claro, entonces, que la posibilidad de demandar en cualquier tiempo, se contrae a los actos que tiene carácter de prestación periódica, es decir, aquellos actos que reconocen prestaciones salariales, que periódicamente se sufragaban al beneficiario. (…). La entidad accionante sostiene que la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente horizontal fijado por el mismo Tribunal. (…). En el caso sub judice el departamento de Boyacá aunque cita varias providencias a pie de página en el escrito de tutela, lo cierto es que no señaló las reglas contenida en la ratio decidendi de las sentencias. (…). [L]a autoridad judicial si analizó como última actuación, la notificación de la Resolución No. 0104 de 10 de febrero de 2012, la cual se efectuó el 24 de febrero de 2012, frente a las demás resoluciones la entidad accionante tenía que alegar la falta de notificación dentro del mismo medio de control y no invocar tal aspecto en el ejercicio de la acción de tutela, como ahora lo pretende.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 1 LITERAL C
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Respecto de la naturaleza de las cuotas partes pensionales, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, providencia de 17 de marzo de 2016, exp. 05001-23-33-000-2014-00969-01 (4244-2014), C.P. William Hernández Gómez y providencia de 13 de diciembre de 2017, exp. 05001-23-33-000-2015-00734-01(23165), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto a los actos que tienen el carácter de prestación periódica, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 8 de mayo de 2008, exp. 0932-07, C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Sobre el defecto por desconocimiento del precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 22 de mayo de 2015, exp. T-309, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Acerca de la diferencia entre los conceptos de antecedente y precedente, ver:Corte Constitucional, sentencia de 25 de febrero de 2014, exp. T-102 , M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00615-01(AC)
Actor: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE HACIENDA - FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN CUARTA - SUBSECCIÓN B Y JUZGADO CUARENTA Y TRES ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
La Sala decide la impugnación presentada por el Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda Departamental, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente una pretensión y denegó el amparo de otra.
LA SOLICITUD DE TUTELA
La parte accionante, mediante apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a los autos de 25 de julio y 11 de diciembre de 2017, proferidos respectivamente por el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el número 11001-33-37-043-2017-00085-00/01.
Igualmente, controvierte la providencia de 3 de abril de 2017, mediante la cual la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió un conflicto de competencias, respecto del conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-42-000-2017-00097-00.
HECHOS
De conformidad con lo expuesto en el escrito petitorio de tutela, los hechos que fundamentan la solicitud se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
II.1. El departamento de Boyacá, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – en adelante Fonprecon –, con el propósito de obtener la declaratoria de la nulidad parcial de las Resoluciones número 8429 de 25 de julio de 1984, 0423 de 19 de septiembre de 1988, 1192 de 16 de diciembre de 1993, 0104 de 10 de febrero de 2012.
II.2. La nulidad pretendida se planteó en relación con el monto y valor de la cuota parte pensional asignada al departamento de Boyacá, respecto de la pensión de jubilación reconocida al señor Arcesio Humberto Ávila Mora en los actos administrativos de determinación de la obligación, por considerarse que dicha cuota había sido fijada en contra de las normas que regulan la liquidación de las mismas.
II.3. Mediante providencia de 25 de julio de 2017, el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, rechazó de plano la demanda por haber operado la caducidad del medio de control. En contra de esta decisión el ente territorial interpuso el recurso de apelación y en providencia de 11 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, confirmó lo adoptado por el a quo.
II.4. Las providencias de primera y segunda instancia rechazaron de plano la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en el criterio adoptado por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia de 3 de abril de 2017, dictada dentro del expediente número 25000-23-42-000-2017-00097-00, mediante la cual se resolvió un conflicto de competencias, en la que se dispuso que las cuotas partes pensionales son obligaciones crediticias de orden parafiscal, pese a tratarse de una controversia de naturaleza procesal y por tal motivo las demandas que versen sobre ellos deben presentarse en el término de cuatro (4) meses artículo 164 inciso 2 del CPACA.
II.5. El departamento de Boyacá considera que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo, al tomar como fundamento una norma sobre caducidad que no es aplicable al caso esto es, el literal d, del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
II.6. Agrega que las autoridades judiciales incurrieron en una “[…] decisión ilegítima por defecto material, al apartarse del precedente vertical y horizontal, sin la suficiente argumentación y efectuando una interpretación errónea de los precedentes anteriores […]”.
II.7. En criterio del ente territorial en el presente asunto se ha quebrantado el debido proceso porque las autoridades judiciales accionadas demandadas desconocieron la naturaleza periódica reconocida por el Consejo de Estado y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a las cuotas partes pensionales, así como los parámetros jurídicos para determinarlas teniendo en cuenta el tiempo de servicio y los factores salariales devengados en cada entidad concurrente para el financiamiento de una pensión, generándose una actuación ilegítima por defecto sustantivo.
II.8. Acota “ […] la existencia de precedente judicial respecto del tema de cuotas partes pensionales analizado en el presente caso, generado al interior del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, señalando que en caso igual al aquí estudiado, acogiendo la mayoría de argumentos y pretensiones similares a los aquí planteados, se ordenó a FONPRECON, reliquidar la cuota parte a nombre del departamento de Boyacá en aplicación del artículo 29 de la ley 6 de 1945, incluyendo la totalidad del tiempo servido por el pensionado y solo los factores salariales percibos cuando laboró para la Secretaría de Educación de Boyacá […]”..
II.9. Manifiesta que se configura un defecto material o sustantivo, por las siguientes razones:
“[…] 1. Se toma como fundamento una norma sobre caducidad inaplicable a los supuestos de hecho del presente caso (numeral 1, literal c, del artículo 164 del CPACA), efectuando una interpretación no razonable, perjudicial para los derechos e intereses de la entidad demandante. 2. Se basa en un nuevo criterio adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia que resolvió un conflicto de competencias sobre cuotas partes pensionales del 3 de abril de 2017, pese a ser una controversia de tipo procesal que acogió una jurisprudencia del Consejo de Estado inaplicable para el caso de cuestionamiento de los actos administrativos que asignan cuotas partes pensionales, apartándose del precedente judicial horizontal y vertical fijado por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en materia de competencia, sin justificación válida suficiente. 3 Se aparta de precedente judicial horizontal fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en materia de modificación de actos administrativos que reconocen pensiones y establecen cuotas partes pensionales, sin justificación válida suficiente (atendiendo a criterio de distribución de competencias, pese a ser una controversia de tipo procesal) […]”.
II.10. Explica que la Corte Constitucional establece que la cuota parte pensional no puede extinguirse mediante prescripción, porque tiene un vínculo directo con la pensión, en virtud de lo cual no puede pensarse que una reclamación judicial respecto de su asignación pueda caducar, e indica que tal lógica es aplicable a los actos administrativos que asignan cuotas pensionales.
II.11. Expone que, a fin de restarle el carácter de prestación periódica a las cuotas partes pensionales, no puede acudirse a una decisión que define un conflicto de competencias porque mediante ella se resuelve una controversia de simple tipo procesal.
II.12. Califica de inequitativo e irrazonable el hecho de que se pueda demandar en cualquier tiempo el derecho a la pensión, sin que se pueda hacer lo mismo respecto de la cuota parte pensional que es la base de su financiamiento.
II.13. Reseña que la jurisprudencia del Consejo de Estado en que se apoyó la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para definir la competencia, se refiere a casos en los que se discutían actos administrativos propios de un proceso liquidatorio de entidades públicas, regulado por el Decreto Ley 254 de 2000, emitidos por la Caja Nacional de Previsión Social EICE en liquidación, en los que la entidad decidió sobre la aceptación o rechazo de reclamaciones presentadas oportunamente por concepto de cuota partes pensionales y declaró la compensación recíproca de cuota partes pensionales, por lo cual el Consejo de Estado asignó su competencia a la Sección Cuarta como autoridad que se encarga del estudio y decisión de las controversias suscitadas por el recobro de las cuota partes pensionales, procedimiento que surge luego de haberse definido mediante acto administrativo el derecho pensional y su respectiva cuota parte.
II.14. Sostiene que la acción de cobro prescribe en el término de tres años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, a diferencia del derecho de repetir o de asignación de una cuota parte que de acuerdo con lo señalado en la sentencia de constitucionalidad C-895 de 2009, es imprescriptible porque tiene un vínculo directo con la pensión.
III. LAS PRETENSIONES
La parte accionante solicitó en su demanda las siguientes pretensiones:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de justicia igualdad, previstos en los artículos 29, 229 y 23 de la Constitución Política, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -SECRETARIA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACÁ, ordenando revocar las providencia de primera y segunda instancia, de fechas 25 de julio y 11 de diciembre del 2017, proferidas dentro del medio restablecimiento de nulidad y restablecimiento radicado bajo No 11001333704320170008500, por Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta, Subsección B, y el Juzgado 43 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, respectivamente.
2. Tutelar los derechos fundamentales antes descritos, en favor del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ -SECRETARIA DE HACIENDA -FONDO PENSIONAL TERRITORIAL DE BOYACA, ordenando revocar la providencia que resolvió conflicto de competencias, de fecha 3 de abril de 2017, proferida por el Pleno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso No 250002342000201700097-00.
3. Ordenar seguir adelante con el trámite del medio de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo No 11001333704320170008500, admitiendo la demanda radicada […]”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 5 de marzo de 2018 se admitió la acción de tutela promovida mediante apoderado judicial, por el Departamento de Boyacá – Secretaría de Hacienda – Fondo Pensional Territorial de Boyacá, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, y del Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, y se vinculó como terceros con interés en los resultados del proceso al Director General del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -Fonprecon, a los señores Humberto Ávila Mora y Ricardo Alberto Mendieta Rubiano y a los jueces Veintiuno y Cuarenta Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá.
V. INTERVENCIONES
V.1. Fondo de Previsión Social del Congreso de la República -Fonprecon
El doctor Francisco Álvaro Ramírez Rivera, Director General de Fonprecon, precisó el marco legal de las cuotas partes pensionales previstas en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, y estimó que de conformidad a las citadas normas tales cuotas no constituyen una prestación social.
Manifiesta que “[…] las cuotas partes existentes entre entidades públicas del orden nacional anteriores a abril de 1994 fueron suprimidas en virtud de la disposición prevista en el artículo 4 de la Ley 490 de 1998 y actualmente se suprimieron con la Ley 1753 de 2015, artículo 78 todas (sic) la cuotas partes existentes entre entidades públicas del orden nacional, y ello no afectó el derecho de los pensionados a recibir sus mesadas, pues evidentemente es diferente la mesada pensional del derecho financiero llamando cuota parte pensional, que puede existir entre diferentes entidades públicas donde laboró el pensionado […]”,
V.2. Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá
La Juez Cuarenta y Tres Administrativa de Oralidad del Circuito de Bogotá solicitó la declaratoria de improcedencia del mecanismo de amparo invocado, al considerar que no se evidencia vulneración alguna a los derechos invocados por la parte actora, en razón a que el actuar del despacho fue diligente.
Refiere si la situación planteada “[…] amerita el desgate del aparato judicial, so pretexto de la presunta vulneración del derecho al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el derecho de defensa, cuando lo que claramente se vislumbra es una radicación tardía de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho […]”.
Manifiesta que “[…] las prestaciones periódicas a efectos de determinar la caducidad del medio de control se originan y se enmarcan dentro de los pagos que se realizan en el ámbito laboral, de suerte que reconocer que la contribución parafiscal denominada cuota parte constituya una prestación periódica riñe con la naturaleza de este tributo, el cual se funge como una prestación unitaria e independiente, pues verbigracia, la prestación relativa al aporte del sistema de protección social de salud por determinado mes y año (enero de 2017) es autónomo e independiente del realizado al mismo subsistema por otro mes y año (febrero de 2017). Agregado a que el procedimiento aplicable a las contribuciones parafiscales es el prescrito en el Estatuto Tributario, el cual no contempla la figura de las prestaciones periódicas […]”.
Señala que el amparo de tutela no es procedente cuando el accionante ha dejado de utilizar las acciones y recursos ofrecidos por el ordenamiento jurídico y pretende suplir su inactividad mediante el ejercicio de la acción constitucional o cuando agotadas las instancias judiciales, pretende concebir otra instancia adicional.
V.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B
La doctora Carmen Amparo Ponce Delgado, Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, se opuso a las pretensiones de la parte accionante, al estimar que la providencia judicial objeto de controversia fue adoptada conforme al procedimiento legal dentro de un proceso contencioso e indicó que: “[…] la acción de tutela es improcedente, puesto que no hay vía de hecho que justifique la intervención del juez constitucional como una tercera instancia para dirimir si la acción judicial fue presentada o no en oportunidad […]”.
V.4. Los señores Humberto Ávila Mora y Ricardo Alberto Mendieta Rubiano, y los jueces Veintiuno y Cuarenta Administrativos del Circuito de Bogotá, guardaron silencio.
VI. EL FALLO IMPUGNADO
Mediante sentencia de 17 de mayo de 2018, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo respecto al fallo de 3 de abril de 2017, proferido por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y negó la acción de tutela frente a los demás cargos, bajo los siguientes argumentos:
“[…] La razón del rechazo tuvo fundamento en que la prima de servicios objeto de reclamo por los allí demandantes, no era una prestación periódica, sino unitaria “y por tanto, los actos administrativos demandados no estaban cobijados por la excepción contenida en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.”
Ante esa interpretación, la Sala precisó que “las prestaciones periódicas principalmente, son aquellas que tienen vocación de ser vitalicias, esto es, por ejemplo, las pensiones. Sin embargo, no se ha desconocido que tal concepto sea aplicable, también, a aquellos emolumentos derivados de una relación laboral, bajo el entendido de que el concepto general de “prestaciones” corresponde a toda obligación de naturaleza laboral con la característica de ser periódica, incluido el salario, las primas de carácter salarial etc., (…)”. (Destacado por la Sala)
Como bien se observa, en el caso que en su momento resolvió esta Sección, se analizó si la prima de servicios constituía una prestación periódica, ante lo cual se abordó una conclusión afirmativa, ya que tal prestación es un emolumento derivado de una relación laboral.
Distinto es, desde luego, el asunto que nos ocupa en esta oportunidad, comoquiera que se trata de la definición del porcentaje de la cuota parte de una pensión cuyo pago corresponde a dos entidades públicas.
Lo anterior significa que si bien la pensión a cargo de las entidades involucradas es una prestación periódica, lo que se controvierte no es su reconocimiento, o los factores salariales que se deben tener en cuenta para su liquidación, sino el porcentaje del monto que corresponde a cada una, es decir, no se plantea el reconocimiento de un derecho prestacional.
Las consideraciones anteriores también descartan la aplicación de los pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado a las que se refirió la parte demandante, porque en ellas el asunto versó sobre el reconocimiento, reajuste y liquidación de prestaciones laborales, mas no sobre la distribución de las cuotas partes a cargo de las entidades que debían cancelarlas.
En esa medida, los pronunciamientos que invocó la parte demandante para respaldar su tesis, en manera alguna trataron sobre la caducidad del medio de control contra el acto que distribuyó la cuota parte de una pensión ya reconocida, entre las entidades concurrentes con el pago, como tampoco indicaron que la cuota parte pensional es una prestación periódica.
Hechas las precisiones anteriores, la Sala analizará si el proveído del Tribunal demandado adolece de defecto sustantivo por haber aplicado una norma que establece el término de caducidad del medio de control.
[…]
Tal como se observa, el Tribunal demandado acogió el criterio del pleno de la Corporación, de acuerdo con el cual las cuotas partes pensionales tienen carácter parafiscal y, por tal motivo, las demandas que versen sobre el particular deben presentarse dentro el lapso previsto por la ley para el efecto, en este caso, el término de cuatro meses de que trata el literal d) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Como bien lo indicó la parte actora, “la nulidad pretendida se planteó en relación con el monto y valor de la cuota parte pensional asignada al Departamento de Boyacá, en relación con la pensión reconocida al señor ARCESIO HUMBERTO ÁVILA MORA, en los referidos actos administrativos de determinación de la obligación, por haber sido liquidada en contra de las normas que regulan la liquidación de cuotas partes pensionales.”
Por lo tanto, lo que pretendió controvertir la parte actora a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no fue en sí el reconocimiento de una prestación periódica, que es el supuesto bajo el cual se aplica el literal c), del numeral 1° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, es decir, el que establece que la demanda se puede presentar en cualquier tiempo, sino la cuota parte de la pensión de que se trata asignada al departamento de Boyacá.
La norma bajo cita no establece que la demanda, cuando se pretenda controvertir actos que asignan montos de contribuciones parafiscales, se puede presentar en cualquier tiempo, por lo que la interpretación del Tribunal demandado no se advierte caprichosa o carente de razonabilidad […]”.
VII. LA IMPUGNACIÓN
El apoderado judicial del departamento de Boyacá, impugnó el fallo de tutela de primera instancia y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se concediera el amparo de los derechos fundamentales que estima vulnerados.
La entidad territorial accionante, sustentó su impugnación con base en los siguientes términos:
“[…] 1) Carácter periódico constitucional de las cuotas partes pensionales.
la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro de la sentencia impugnada declara la improcedencia de la presente acción de tutela, al considerar que lo pretendido por la parte actora a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, no fue en sí el reconocimiento de una prestación periódica, supuesto bajo el cual se aplica el literal c), del numeral 1 del artículo 164 de la ley 1437 del 2011, sino la modificación de una cuota parte pensional asignada en un acto administrativo que define montos de contribuciones parafiscales.
Señala que los pronunciamientos que invocó la parte demandante para respaldar su tesis, en manera alguna trataron sobre la caducidad del medio de control contra el acto que distribuyó la cuota parte de una pensión ya reconocida, como tampoco indicaron que la cuota parte pensional ya reconocida, como tampoco indicaron que la cuota parte pensional es una prestación periódica.
[…]
2) No se analiza (sic) íntegramente los argumentos jurídicos expuestos, para el otorgamiento del amparo constitucional.
Dentro del escrito de demanda en vía de tutela se exponen varios argumentos jurídicos en procura del amparo constitucional, sobre los cuales no existe ningún análisis por parte de esta importante Sección del Consejo de Estado, a saber:
2.1. Derecho de repetir diferente a derecho de recobro, en materia de cuotas partes pensionales.
En el numeral 2 del análisis del defecto sustantivo de la demanda de tutela, se indicó que la declaratoria de caducidad del medio de control en referencia, por parte de las autoridades judiciales cuestionadas, tiene como soporte un nuevo criterio en materia de competencia en asuntos de cuotas partes pensionales, adoptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 3 de abril del 2017, donde se resolvió un conflicto de competencias, suscitado entre los juzgados Administrativos de Bogotá (sección segunda y cuarta), acogiendo una jurisprudencia del Consejo de Estado que no tenía conexidad material con los supuesto de hecho del caso en conflicto de competencia, (sic) resuelto, sin contar con una suficiente motivación.
Se explicó como en la falta de diferenciación de los procedimiento (sic), el de repetir y el de recobro, radicaba el error del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para fundar su decisión de asignar la competencia a la sección cuarta, en materia de actos administrativos emitidos en el marco del proceso de consulta de cuota parte, cuando de acuerdo a la misma jurisprudencia señalada en la providencia de competencias cuestionada, corresponde a la sección segunda, porque se trata de actos administrativos de reconocimiento y asignación de cuota parte, no de cobro, generando la aplicación del precedente fijado por el Consejo de Estado, sin la suficiente motivación y una interpretación racional y aceptable.
[…]
2.2. Desconocimiento de Precedente judicial horizontal en materia de cuotas partes pensionales.
En el numeral 3 del acápite de la demanda de tutela, denominado defecto sustantivo al Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, señalando que en caso igual al aquí estudiado, acogiendo la mayoría de argumentos y pretensiones similares a los aquí planteados, se ordenó a FONPRECON, reliquidar la cuota parte a nombre del Departamento de Boyacá, en aplicación del artículo 29 de la ley 6 de 1945, incluyendo la totalidad del tiempo servido por los pensionados y solo los factores salariales percibidos cuando laboraron para la extinta empresa de Teléfonos de Boyacá […]”.
Finalmente, señala que las providencias de primera y segunda instancia que declararon la caducidad en relación con las resoluciones Nos 8429 del 25 de julio de 1984, 0423 de 19 de septiembre de 1988, 1192 del 16 de diciembre de 1993 y 0104 del 10 de febrero del 2012, no cuentan con el debido soporte probatorio que demuestre la efectiva notificación de estos actos administrativos a la entidad.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el apoderado judicial del Departamento de Boyacá, en contra de la sentencia de 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
VIII.2. Problema Jurídico
A la Sala le corresponde establecer:
Si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia, y
Si el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, incurrieron en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente al proferir los autos de 25 de julio y 11 de diciembre de 2017, respectivamente, los cuales rechazaron de plano el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-37-043-2017-00085-01, así como la providencia de 3 de abril de 2017, adoptada por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que resolvió un conflicto de competencia.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VIII.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de varios derechos fundamentales por parte de la entidad territorial, ii) la parte actora no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo de los derechos que estiman conculcados, iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues entre la notificación de la providencia atacada, efectuada el 12 de diciembre de 2017, y la interposición de la acción de tutela el 1° de marzo de 2018, no pasaron más de seis meses; iv) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y v) la providencia cuestionada no se profirió en el trámite de una acción de tutela.
VIII.5. Análisis de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela
VIII.5.1. El defecto sustantivo se configura cuando: i) la decisión cuestionada se funda en una norma inaplicable; ii) la interpretación que se hace de la norma aplicable desconoce las sentencias erga omnes que fijan su alcance; iii) el alcance se fija desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso necesarias para efectuar una interpretación sistemática; iv) cuando la norma pertinente no se aplica; y v) cuando la norma no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó.
El departamento de Boyacá le atribuye a las providencias de 25 de julio y 11 de diciembre de 2017, respectivamente, proferidas por el Juzgado Cuarenta y Tres Administrativo del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, las cuales rechazaron de plano el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001-33-37-043-2017-00085-01, el haber incurrido en un defecto sustantivo al desconocer la aplicación del numeral 1º, literal C del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA.
La referida norma establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
a) Se pretenda la nulidad en los términos del artículo 137 de este Código;
b) El objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables;
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;
d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo;
e) Se solicite el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo, siempre que este último no haya perdido fuerza ejecutoria;
f) En los demás casos expresamente establecidos en la ley”.
Ahora bien, la parte actora expone que la autoridad judicial accionada realiza una indebida interpretación de la citada norma, al señalar que las cuotas partes pensionales no tienen carácter de prestaciones periódicas, con fundamento en la nueva postura que adoptó la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia de 3 de abril de 2017, en la cual establece que las cuotas partes son recursos de orden parafiscal.
En la sentencia de 11 de diciembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, se confirmó la decisión adoptada por el a quo, con base en los siguientes argumentos:
[…] Análisis de la Sala
Resalta la sala que la cuota parte pensional, según la Corte Constitucional, se entiende como:
"[…] mecanismo que le permitía a la última entidad oficial empleadora o entidad de previsión que estuviera a cargo del reconocimiento empleadora y pago de la pensión de vejez, repartir el costo del derecho pensional con entidades públicas o administradoras del sistema a las cuales había estado afiliado el servidor público en proporción al tiempo que éste realizó aportes a cada una de ellas."
Debe tenerse a las cuotas parte pensionales como un importante soporte financiero para la seguridad social en pensiones, que tiene carácter parafiscal, y por tanto cualquier demanda que verse sobre las cuotas partes pensionales debe presentarse dentro de los cuatro meses a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo.
Ante el carácter parafiscal de la cuota parte pensional, no se pueden admitir los argumentos de la parte demandante en el recurso de apelación, al afirmar que la demanda presentada está dirigida contra actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, y que por ello se debe aplicar el numeral 1, literal c, del artículo 164 del C.P.A.C.A, que establece que se puede instaurar en cualquier tiempo la demanda que se dirija contra actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas, sin que haya lugar a la aplicación del fenómeno de la caducidad. Este argumento es inaplicable ya que el carácter parafiscal de cualquier demanda que verse sobre la cuota parte pensional debe tener en cuenta el literal d) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.
En el caso concreto, se debe tener en cuenta que la Resolución No. 0104 de 10 de febrero de 2012 no puso fin a la actuación administrativa, por esta solo dio cumplimiento a una sentencia judicial que le ordenó a FONPRECON reliquidar una pensión de jubilación. En consecuencia, tendrá que estudiarse la caducidad de cada resolución demandada […]”.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala no encuentra que el Tribunal accionado haya incurrido en el defecto sustantivo atribuido por la entidad accionante, toda vez que en el proceso la autoridad judicial accionada determinó que había operado la caducidad del medio de control, en razón a que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Tal interpretación, en criterio de la Sala, se aviene con la naturaleza de las cuotas partes pensionales, pues de acuerdo con lo señalado por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en providencia de 17 de marzo de 2016, en la cual puntualizó lo siguiente:
“[…] En relación con la naturaleza de las cuotas partes pensionales, esta Corporación ha dicho reiteradamente que:
“…se encuentra que la naturaleza de la cuota parte pensional es la de una contribución parafiscal, en tanto que constituye un aporte obligatorio del empleador, destinado al pago de las mesadas pensionales dentro del esquema de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Sobre el carácter parafiscal de los recursos de la seguridad social y su destinación específica, conforme con el artículo 48 de la Constitución Política, la Corte Constitucional ha señalado que tales recursos son indispensables para el funcionamiento del sistema de seguridad social, y en esta medida están todos articulados para la consecución del fin propuesto por el Constituyente…”
Respecto de la diferencia entre las cuotas partes pensionales y el derecho de recobro de las mismas, la Corte Constitucional a través de sentencia C – 895 de 2009, expresamente consignó:
“…Las cuotas partes constituyen el soporte financiero para la seguridad social en pensiones, sustentado en el concepto de concurrencia, en tanto que el recobro es un derecho crediticio a favor de la entidad que ha reconocido y pagado una mesada pensional, la que a su vez puede repetir contra las demás entidades obligadas al pago a prorrata del tiempo laborado o de los aportes efectuados…”
De la trascripción anterior se desprende que las cuotas partes pensionales son el soporte más importante desde la perspectiva financiera en el sistema de seguridad social en pensiones porque representan un esquema de concurrencia en el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o de las contribuciones efectuadas y el recobro de las cuotas partes pensionales debe ser entendido como un derecho de naturaleza crediticia del orden parafiscal. […]”.
En el mismo sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en auto de 13 de diciembre de 2017 sostuvo que las cuotas partes pensionales tiene el carácter de contribución parafiscal. En este fallo se precisó lo siguiente: “[…] los actos que versan sobre el recobro de cuotas partes pensionales son de carácter tributario por tratarse de una contribución parafiscal […]”.
Así las cosas, el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo, en razón a que, conforme a lo señalado por la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicable a la cuota parte pensional, para efectos de la caducidad se tiene en cuenta la fecha en la que se notificó la decisión adoptada por la administración y no, como se aduce en la solicitud de amparo, en la cual se puede instaurar en cualquier tiempo la demanda que se dirige en contra de actos administrativos que reconozcan prestaciones periódicas. Es claro, entonces, que la posibilidad de demandar en cualquier tiempo, se contrae a los actos que tiene carácter de “prestación periódica”, es decir, aquellos actos que reconocen prestaciones salariales, que periódicamente se sufragaban al beneficiario.
Las precedentes consideraciones llevan a establecer que no se configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora.
VIII.5.2. El desconocimiento del precedente
La jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.
Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez individual o colegiado no puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del precedente fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del establecido por las autoridades superiores, específicamente del emanado de las Altas Cortes.
De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo.
En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisa que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.
En síntesis, según la Corte Constitucional, para determinar si una sentencia constituye precedente aplicable se deben satisfacer los siguientes requisitos: i) que los hechos relevantes del caso se asemejen a los del caso a decidir, ii) que la regla de la decisión fijada en la providencia que se invoca como precedente se mantenga vigente, esto es, que no haya variado o evolucionado en otra sentencia más específica, y iii) que la consecuencia jurídica del caso resulte aplicable al caso actual.
La jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:
“[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad […] ”
[…]
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso” […]”.
La entidad accionante sostiene que la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente horizontal fijado por el mismo Tribunal, “[…] donde se ha fallado proferido (sic) más de 30 fallos de segunda instancia y dos de primera, en casos iguales al aquí estudiados, acogiendo la mayoría de argumentos y pretensiones similares a los aquí planteados […]”. En el caso sub judice el departamento de Boyacá aunque cita varias providencias a pie de página en el escrito de tutela, lo cierto es que no señaló las reglas contenida en la ratio decidendi de las sentencias.
Finalmente, la parte actora manifiesta que “[…] si en gracia de discusión no se consideran prestación periódica los actos administrativos de cuotas partes pensionales, es de evidenciar que las providencia de primera y segunda instancia custionadas (sic) que declararon la caducidad en relación con las Resoluciones Nos 8429 del 25 de julio de 1984, proferida por la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL-; y 0423 de 19 de septiembre de 1988, 1192 del 16 de diciembre de 1993, 0104 del 10 de febrero del 2012, no cuentan con el debido soporte probatorio que demuestre la efectiva notificación de estos actos administrativos a la entidad accionada, para poder establecer efectivamente la caducidad decretada […]”.
Al respecto, la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló lo siguiente:
“[…] En el presente asunto, se observa que frente a las Resoluciones Nos. 8429 de 25 de julio de 1984, 0423 de 19 de septiembre de 1988 y 1192 de 16 de diciembre de 1993, la parte actora no allegó al proceso las constancias de notificación de las mismas, por lo cual se tendrá como tal la fecha en que estas fueron proferidas, así como para contar el término de caducidad de los 4 meses establecidos en la normativa vigente; por lo anterior, para la Resolución No. 8429 de 25 de julio de 1984 la entidad actora contaba hasta el 25 de noviembre de 1984 para presentar la correspondiente acción; para la Resolución 0423 de 19 de septiembre de 1988 el término para demandarla feneció el 20 de enero de 1939; y para la Resolución 1192 de 16 de diciembre de 1993, los 4 meses vencieron el 17 de abril de 1993.
Ahora bien, respecto a la Resolución No. 0104 de 10 de febrero de 2012 según la constancia de notificación, esta se efectuó el 24 de febrero de 2012, luego, el término para demandar la nulidad de este acto feneció el 23 de junio de 2012. De todo lo anterior, se concluye que la demanda fue presentada de forma extemporánea, teniendo en cuenta que se presentó ante la Oficina de Apoyo a los Juzgados Administrativo de Bogotá el 14 de junio de 2017, de suerte que operó la caducidad del medio de control […]”.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial si analizó como última actuación, la notificación de la Resolución No. 0104 de 10 de febrero de 2012, la cual se efectuó el 24 de febrero de 2012, frente a las demás resoluciones la entidad accionante tenía que alegar la falta de notificación dentro del mismo medio de control y no invocar tal aspecto en el ejercicio de la acción de tutela, como ahora lo pretende.
En virtud de lo anterior, la Sala procederá confirmar la sentencia de 17 de mayo de 2018, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, negó el amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de este fallo, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
M.P. Luis Gilberto Ortegón Ortegón. Concretamente la sentencia del 28 de junio de 2012. Expediente: 08001-23-31-000-2007-01028-01. Consejero ponente: Alfonso Vargas Rincón; y del 11 de septiembre de 2013. Expediente 2500-23-25-000-2007-00341-02. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En este punto, vale destacar que es esta la posición actual de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según lo expuesto en el proveído del 13 de diciembre de 2017. Expediente 05001-23-33-000-2015-00734-01(23165):
“Como lo ha expuesto la jurisprudencia constitucional, el régimen de seguridad social en pensiones ha permitido, desde la Ley 6 de 1945 y hasta la actualidad con la expedición de la Ley 100 de 1993, que el tiempo laborado en diferentes entidades públicas sea acumulado para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, para lo cual cada autoridad tiene la obligación de contribuir proporcionalmente al pago de las mesadas pensionales. Con este sistema, la última entidad o caja de previsión social en la que estuvo vinculado el trabajador tiene el deber de reconocer y pagar el 100% del valor de la mesada pensional y, una vez hecho el pago, tiene el derecho de recobrar lo pagado a las demás entidades obligadas de forma proporcional al tiempo laborado o a los aportes efectuados (cuotas partes pensionales), sin que el particular pueda ser perjudicado por el no pago del recobro. Así las cosas, actualmente el ordenamiento jurídico colombiano prevé a las cuotas partes pensionales como el soporte financiero de este sistema en estos eventos. Sobre la naturaleza de estos asuntos, esta Sala ha indicado que los actos que versan sobre el recobro de cuotas partes pensionales son de carácter tributario por tratarse de una contribución parafiscal. Esta afirmación ha sido sustentada en que “(…) constituyen un aporte obligatorio del empleador, destinado al pago de las mesadas pensionales dentro del esquema de financiación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones”. Así mismo lo ha considerado la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado al señalar que los recursos correspondientes al recobro de las cuotas partes pensionales tienen destinación específica y un manejo autónomo por no ser ingresos corrientes de la Nación, lo que necesariamente implica que tienen la naturaleza de contribuciones parafiscales. Además, en un caso idéntico al de la referencia, esa misma subsección indicó que esta clase de asuntos no son de carácter laboral por no estar en discusión el reconocimiento del derecho pensional.” (Destacado por la Sala)
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Sombreado fuera de texto. Sentencia C-227 de 2009. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 05-001-23-33-000-2014-00969-01 (4244-2014). M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramirez. Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-27-000-2012-00250-01(19567). Actor: Banco Popular S.A. Demandado: Departamento de Cundinamarca. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación 05001-23-33-000-2015-00734-01 (23165). Consejera ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Consejo de Estado, sentencia de 8 de mayo de 2008, expediente No. 0932-07. Consejero Ponente: Gustavo Gómez Aranguren. T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas. Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección SEGUNDA, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
“-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No 110013331013-201100663-01, M.P. Dra. MARTHA JANNETTE GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, Sentencia del 27 de mayo de 2014 (adicionada mediante providencia del 31 de julio del mismo años)
-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 110013331705-2011100250-01, M.P. Dra. LILIANA APARACION MILLAN, sentencia del 12 de mayo de 2015.
-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 110013331012-201100578-01, M.P. Dra. LILIANA APARACION MILLAN, sentencia del 19 de mayo de 2015.
-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 110013331027-201100621-01, M.P. Dra. LILIANA APARACION MILLAN, sentencia del 12 de mayo de 2015.
-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 110013331013201100670 01, M.P. Dra. (sic) JORGE HERNAN SANCHEZ FELIZZOLA, sentencia del 21 de julio de 2015.
-Proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 250002325000-201200734-00, M.P. Dr. GERMAN RODOLFO ACEVEDO RAMIREZ, sentencia del 28 de mayo de 2015”.
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