Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00618-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00618-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00618-00
Consejero ponente: Milton Chaves García
20 de septiembre de 2018
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para cuestionar la sentencia de 25 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. (…) [L]a solicitud de amparo carece del cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 ibídem y siguientes, que, en todo caso deberá ser instaurado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la decisión cuestionada, conforme lo establece el artículo 251 ibídem. (…) En consecuencia, a través de la presente acción no es posible resolver la inconformidad invocada por la parte actora respecto del desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus, debido a que este no ha agotado la totalidad de los mecanismos legales que se encuentran a su alcance para cuestionar la validez de la sentencia de 25 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, es decir, en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito de la subsidiariedad.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 248 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00618-00(AC)
Actor: SEGUNDO ALFONSO DE LA CRUZ PÉREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO Y OTRO
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez contra el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión Oral, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.
ANTECEDENTES
Pretensiones
El señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez, a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra la citada autoridad, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad social, al trabajo y a la dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“(…) 2. Se ordene al (los) los accionado (s/as), que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA DE DECISIÓN SISTEMA ORAL, revoque (n) las sentencia de 25 de agosto del (sic) 2017, que resolvió (eron) el recurso de apelación y revocó (aron) la sentencia proferida el 12 de febrero de 2016 por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE (L) PASTO.
Que como consecuencia de la revocatoria deprecada, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA DE DECISIÓN SISTEMA ORAL debe (n) proceder dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia a desarchivar, modificar, confirmar (o expedir la providencia que se determine) la sentencia proferida el 12 de febrero de 2016 por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE (L) PASTO.
Se ordene al accionado (a), que una vez producida la decisión definitiva en el asunto en cuestión, remita a su Despacho, copia del acto administrativo (sic) con las formalidades de ley, so pena de las sanciones de ley por desacato a lo ordenado en la sentencia de tutela.
Se autorice la expedición de fotocopias, a mi costa de la sentencia de esta tutela y de la contestación del fallo que produzca el o la accionada (…).”
Hechos
Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:
Señaló que, desde el 1 de octubre de 1985, el señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez ha prestado los servicios como docente de manera interrumpida en el departamento de Nariño.
El 21 de enero de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la cesantía parcial, que le fue reconocida por la Secretaría de Educación de Nariño – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, mediante Resolución No. 0493 de 12 de abril de 2013; acto que fue modificado por la mencionada entidad a través de las Resoluciones Nos. 1345 de 1 de noviembre de 2013 y 0039 de 9 de enero de 2014.
Indicó que se le desconoció la totalidad del tiempo laborado y que las cesantías se le liquidaron conforme con lo previsto en el literal b) numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, sin tener en cuenta que debido a su fecha de vinculación, le era aplicable el régimen previsto en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947, que establecen el pago de las cesantías en forma retroactiva.
Aseguró que se causó la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2016 debido a que las cesantías se le debieron pagar el 21 de enero de 2013, sin embargo, fueron pagadas el 26 de febrero de 2014.
Manifestó que, el 5 de junio de 2013, presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría Delegada ante Juzgados Administrativos, trámite que se declaró fallido el 30 de agosto del mismo año. En consecuencia, el 13 de septiembre de 2013 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, de la que conoció el Juzgado Octavo Administrativo de Oralidad del Circuito de Pasto bajo el radicado No. 2013-00443 (fls. 1 a 5).
El 12 de febrero de 2016 se profirió sentencia de primera instancia, en la que se negó la nulidad parcial solicitada y se declaró probada la mora en el pago de las cesantías. Contra dicha providencia interpuso recurso de apelación, elevado el 24 de febrero de 2016, en el que alegó el desconocimiento de los tiempos laborados por el actor; decisión que también fue impugnada por la parte demandada.
Señaló que el 18 de marzo de 2016 se declaró fallida la audiencia de conciliación prevista en el artículo 192 del C.P.A.C.A., y precisó que el apoderado de la entidad demandada no asistió a dicha diligencia, por tanto, el recurso presentado por esta fue declarado desierto.
Expresó que, a través de sentencia de 25 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de Nariño – Sala de Decisión Oral resolvió la apelación y decidió revocar la decisión del a quo, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda y, condenó en costas al demandante, con el argumento de que no se agotó la vía gubernativa respecto a la sanción moratoria.
Argumentos de la tutela
La parte actora sostuvo que con la expedición de la sentencia demandada, la autoridad judicial incurrió en defecto procedimental y sustantivo, debido a que no aplicó las normas que rigen la materia y que desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado.
Expresó que dentro del estudio de la providencia cuestionada no se tuvo en cuenta la totalidad del tiempo de servicio laborado, pues, aunque se certificó que fue nombrado el 1 de octubre de 1985, el tribunal demandado afirmó que fue nombrado en propiedad hasta el 1 de enero de 1990, mediante acto administrativo proferido por una entidad territorial, por tanto, no le reconoció la calidad de docente nacional ni nacionalizado por incorporación. Dicha interpretación resulta restrictiva y contradice la posición de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en torno a la demostración y calidad de la vinculación (fl. 52).
Señaló que se le desconoció su calidad de apelante único, sin tener en cuenta que el recurso de apelación presentado por la parte demandada se declaró desierto debido a que esta no se presentó a la audiencia de conciliación posterior al fallo. Lo anterior desconoce el precedente judicial del Consejo de Estado (fl. 56 y ss).
Precisó que se le denegó la pretensión relativa al reconocimiento de la sanción moratoria debido a que no agotó la vía gubernativa, con lo que se desconoció lo previsto en el numeral 2 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, que de manera clara ha establecido la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal.
4. Trámite Previo
Mediante auto de 7 de marzo de 2018, se ordenó notificar a las partes y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento de Nariño – Secretaría de Educación, como terceros con interés en las resultas del proceso, a quienes se les remitió copia de la demanda y se les instó a rendir informe sobre los hechos objeto de la presente acción.
5. Intervenciones
Ministerio de Educación Nacional
La Asesora de la Oficina Jurídica solicitó desvincular al Ministerio de Educación de la acción de tutela debido a que carece de competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones formulados por el accionante. Agregó que no ha desconocido los derechos fundamentales cuestionados.
Secretaría de Educación de Nariño
La Secretaria de Educación del departamento de Nariño indicó que la acción de tutela formulada resulta improcedente ya que las controversias laborales deben ser resueltas a través de la justicia ordinaria.
Fiduprevisora S.A.
El Coordinador de Tutelas de la Dirección de Gestión Judicial solicitó declarar improcedente la tutela y desvincular a la entidad, al considerar que el proceso adelantado por la autoridad demandada atendió a las normas, los procedimientos y el precedente judicial que rige la materia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece:
“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto.”
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente caso, la actora pretende la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que consideran vulnerados con las sentencias del 15 de julio de 2016 y 20 de enero 2017, proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Ibagué y el Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente.
A la Sala le corresponde estudiar si las autoridades judiciales demandadas con sus actuaciones vulneraron los derechos fundamentales invocados por la actora.
1. Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcionalísima, se ha aceptado la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta y grosera de los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Ahora bien, sin perder de vista que la acción de tutela es, ante todo, un mecanismo de protección previsto de manera residual y subsidiaria por el ordenamiento jurídico, que en su conjunto está precisamente diseñado para garantizar los derechos fundamentales constitucionales, la Sala adecuó su posición respecto de la improcedencia de esta acción contra providencias judiciales y acogió el criterio de la procedencia excepcional.
En el mismo sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 31 de julio de 2012, expediente número 2009-01328-01, aceptó la procedencia de la tutela contra providencia judicial, en los siguientes términos:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.” (Subraya la Sala)
Aún más, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, aceptó que la acción de tutela es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por los órganos judiciales de cierre (Consejo de Estado, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra “cualquier autoridad pública”.
Hechas estas precisiones acerca de la excepcionalísima procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala adoptará la metodología aplicada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado.
En esa sentencia la Corte Constitucional precisó que las causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son:
“(…) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (Negrilla fuera del texto)
Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora;
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y
Que no se trate de sentencias de tutela (…).”
Una vez agotado el estudio de estos requisitos, y, siempre y cuando se constate el cumplimiento de todos, es necesario determinar la existencia de por lo menos alguna de las causales especiales de procedibilidad, es decir, que la providencia controvertida haya incurrido en: a) defecto orgánico, b) defecto procedimental absoluto, c) defecto fáctico, d) defecto material o sustantivo, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y h) violación directa de la Constitución.
2. Planteamiento del problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Segundo Alfonso de la Cruz Páez pretende que se revoque la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño y que, en su lugar, se profiera una decisión con base en las normas y jurisprudencia aplicable para el pago de las cesantías y la sanción moratoria de las cesantías por el no pago oportuno de las mismas a favor de los docentes.
Corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para cuestionar la sentencia de 25 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, dentro del medio de control que el señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez interpuso contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento de Nariño – Secretaría de Educación Departamental.
En caso afirmativo, la Sala procederá a verificar si el tribunal demandado incurrió en un defecto sustantivo al desconocer las normas relativas al reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas y la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías.
De la falta de cumplimiento del requisito de la subsidiariedad
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos legales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
En ese sentido, los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991, prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
La acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario que sólo procede cuando no existan otros recursos o medios de defensa judicial, por lo tanto, no puede ser utilizada como un trámite alternativo para sustituir los procesos judiciales que el ordenamiento ha dispuesto para el efecto.
Al respecto, la Corte Constitucional manifestó que “(…) La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.
De esta manera, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que agotó los mecanismos legales que tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente.
3. De la solución al caso concreto
De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que el accionante alegó la existencia de un defecto sustantivo, debido a que, a pesar de su condición de apelante único, en el fallo de segunda instancia se revocó parcialmente la decisión del a quo y, en su lugar, se negaron las pretensiones de la demanda, lo cual hizo más gravosa su situación.
Sobre el particular, se precisa que dentro del proceso cuestionado las partes formularon recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin embargo, en audiencia de conciliación de 18 de marzo de 2016 se declaró desierto el recurso propuesto por la parte demandada, debido a que la apoderada de la misma no compareció a la diligencia.
Así mismo, a través de auto de 20 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo de Nariño admitió el recurso de apelación presentado por el demandante y corrió traslado para alegar de conclusión.
A pesar de lo anterior, en la sentencia de 25 de agosto de 2017, el tribunal demandado estudió las inconformidades elevadas por la parte demandada, sin tener en cuenta que el recurso presentado por esta fue declarado desierto.
Sobre el principio de la non reformatio in pejus, el artículo 31 de la Constitución Política, prevé:
“Artículo 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) La Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia el principio de non reformatio in pejus, como una garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso, contenido expresamente en la Carta Política. La garantía de la non reformatio un pejus, consiste en una institución derivada del ordenamiento procesal-penal, elevada a rango constitucional, la cual se dirige a imposibilitar que el operador judicial de superior jerarquía, agrave la pena impuesta, en detrimento del derecho fundamental al debido proceso, cuando el condenado sea apelante único. Por virtud expresa del Constituyente, la prohibición de reforma en perjuicio –en peor- opera como un límite competencial para el juez de superior jerarquía en los casos que el apelante sea único, toda vez que se encuentra imposibilitado para agravar la decisión proferida por el juez inferior, como quiera que la parte que apela no lo hace para desmejorar su situación sino para revocar, enmendar o anular alguna pretensión que supone injusta a sus intereses (…).” Resalta la Sala
Igualmente, respecto de las limitaciones del juez para modificar la sentencia de segunda instancia, el Consejo de Estado ha señalado:
“(…) La competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus, y en segundo, por el objeto del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia (…)”.
Con base en los referidos criterios, se evidencia que el yerro alegado por el accionante, está relacionado con la posible nulidad de la sentencia de segunda instancia en la que presuntamente se desconoció la calidad de apelante único y se desmejoró su situación, lo cual se enmarca dentro de de las causales de revisión de la sentencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor literal dispone:
“(…) Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. (…)”
En ese sentido, la solicitud de amparo carece del cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en la medida que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 ibídem y siguientes, que, en todo caso deberá ser instaurado dentro del año siguiente a la ejecutoria de la decisión cuestionada, conforme lo establece el artículo 251 ibídem.
Así las cosas, el alegato relacionado con la presunta violación al principio de la non reformatio inpejus puede ser formulado a través del mencionado recurso, por ser ese el mecanismo procedente para estudiar su existencia.
En igual sentido y, en reiteradas ocasiones, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que la violación a dicho principio puede encuadrarse dentro de las causales de nulidad de la sentencia, lo que a su vez se constituye en una causal de revisión, como pasa a exponerse:
La Sala Especial de Decisión del Consejo de Estado del Consejo de Estado, en sentencia de 7 de julio de 2015, sostuvo:
“(…) Para el recurrente extraordinario, existe nulidad en la sentencia de segunda instancia porque, al resolver el recurso de apelación, el juzgador incurrió en el vicio denominado reformatio in pejus, hecho que encuadra en la causal de nulidad prevista en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, numeral 2º, pues, carecía de competencia para revocar la providencia del a quo, en la parte no discutida por el apelante único, de conformidad con lo el artículo 357 ib. Al respecto, cabe anotar que la Constitución Política consagra la prohibición de la reforma en peor, en el artículo 31, inciso segundo, principio constitucional que garantiza al apelante único que el juez de segunda instancia revise la decisión del a quo, sólo en la parte que le fue desfavorable a sus intereses. En el inciso inicial del mismo artículo está plasmada la regla general, según la cual toda sentencia judicial dictada en primera instancia es susceptible de apelación o consulta, salvo las excepciones previstas por el legislador. Una lectura integral de la disposición permite deducir que la prohibición de agravar la pena impuesta no sólo opera para las sentencias de carácter penal, como lo sugiere la expresión, sino para todas las materias sin excepción. Así lo indicó la Corte, “el artículo 31 superior constitucionalizó la no reformatio in pejus, el cual es un principio de imperativa aplicación por parte de todos los jueces. La inobservancia de la prohibición constitucional, consagrada como derecho del apelante único a que el superior no agrave la decisión adoptada por el a quo, daría lugar a la nulidad de la actuación. (…)
En igual sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de mayo de 2018, adoptó dicho criterio, que, en lo pertinente dice:
“Por otra parte, en consideración a la subsidiariedad, es importante precisar que frente al argumento según el cual la providencia cuestionada desconoció el derecho de la no reformatio in pejus la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que ello lo puede alegar a través del recurso extraordinario de revisión por la causal de nulidad originada en la sentencia.
Sobre el particular, se reitera el criterio expuesto en otras ocasiones, pues de conformidad con los argumentos desarrollados, la violación al principio de congruencia y de la no reformatio in pejus, es una de las causales de nulidad originada en la sentencia, por lo que contra ella procede el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, específicamente por la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 ejusdem, postura que señaló que cuando se alega que el juez actuó por fuera de la causa petendi, es decir, sin competencia, procede el recurso extraordinario de revisión.
Al respecto la Corte Constitucional ha establecido que “(…) el recurso extraordinario de revisión constituye un instrumento viable para proteger el derecho al debido proceso, siendo la instancia propicia para que se examine la pretensión de la parte actora, por lo que no corresponde a esta Corporación decidir si prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque se entraría al estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional (…)”.
En este orden de ideas, por lo expuesto anteriormente, se advierte que la solicitud de tutela, respecto del argumento relativo a la no reformatio in pejus es improcedentes (sic), teniendo en cuenta que la misma no superó el requisito de subsidiariedad, pues la actora tiene la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de revisión previsto en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 para alegar el cargo referido que plantea en el marco de esta acción constitucional.”.
Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, se observa que en los eventos en que se invoca la violación al principio de la non reformatio in pejus, se debe acudir al recurso extraordinario de revisión, porque es el mecanismo idóneo para discutir dicha controversia.
En consecuencia, a través de la presente acción no es posible resolver la inconformidad invocada por la parte actora respecto del desconocimiento del principio de la non reformatio in pejus, debido a que este no ha agotado la totalidad de los mecanismos legales que se encuentran a su alcance para cuestionar la validez de la sentencia de 25 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, es decir, en el presente caso no se encuentra satisfecho el requisito de la subsidiariedad.
Dicho lo anterior, se precisa que de acuerdo con el precitado artículo 250 del CPACA, el recurso de revisión debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia y, visto el expediente de nulidad y restablecimiento que se cuestiona por esta vía, se observa que la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 1 de diciembre de 2017, es decir, que el actor se encuentra dentro del término para ejercer el recurso de revisión para ejercer la defensa activa e idónea de los derechos que invoca como vulnerados mediante el ejercicio de la presente acción.
Por lo anterior, la Sala declarará improcedente la tutela formulada por el señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez contra el Tribunal Administrativo de Nariño.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Segundo Alfonso de la Cruz Pérez contra el Tribunal Administrativo de Nariño, por las razones expuestas.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual Revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folios 109 a 110.
Citó las siguientes providencias proferidas por el Consejo de Estado: Sentencia de 27 de agosto de 2015. Rad. 2014-00287 (82240) Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Germán Bula Escobar; Sentencia de 22 de junio de 2016. Rad. 2013-00827-01 (2748-14). Sección Segunda – Subsección “A”.Actora: Genoveva Arriega. C.P. Luis Rafael Vergara; Sentencia de 28 de junio de 2012. Rad. 2009-00657-01 (0209-12). Actor Carlos Ramírez. C.P. Víctor Alvarado; Concepto de 15 de noviembre de 2006. Rad. 2006-00095-00 (1777) C.P. Flavio Rodríguez.
Sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 2011-00376-01 (0529-15). Actor: Damian Arturo Medina. C.P. William Hernández
Sentencia de 27 de Julio de 2015. Sección Segunda – Subsección “B”. Rad. 2014-00228- 01 (0825-2015). Actor: Yolanda Bueno. C. P. Sandra Ibarra., Sentencia de 15 de marzo de 20017. Rad. 1999-00512-01 (00512-05) Actor: Rafael Niebles. C.P. Jesús Lemos Bustamante.
folio 116.
Ver entre otras, sentencias de 3 de agosto de 2006, Exp. AC-2006-00691, de 26 de junio de 2008, Exp. AC 2008-00539, de 22 de enero de 2009, Exp. AC 2008- 00720-01 y de 5 de marzo de 2009, Exp. AC 2008-01063-01.
Entre otras, ver sentencias de 28 de enero de 2010 (Exp. AC-2009-00778); de 10 de febrero de 2011 (exp AC-2010-1239) y de 3 de marzo de 2011 (Exp. 2010-01271).
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera.
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Folio 300 cuaderno anexo.
Folio 310 cuaderno anexo.
Sentencia T. 246 de 2015. Actor Luis José Ramírez. M.P. Dra. María Victoria Calle.
Sección Segunda. Sentencia de 16 de noviembre de 2017. Rad. 2006-01545-01 (0177-15). C.P. William Hernández. Actor: Jorge Armando Uribe Carvajal.
“Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”
“Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.”
Radicado: 2002-0350-01. Actor: Guillermo López Silva. C.P. Dra. Martha Teresa Briceño.
Consejo de Estado, sentencia del 31 de mayo de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2018-01214-00.
Consejo de Estado, Sentencia del 21 de julio de 2016. Consejera Ponente. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2015-03373-01; Sentencia del 14 de mayo de 2015. Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2014-02791-00.
Artículo 250, numeral 5: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
Corte Constitucional, Sentencia T-291 del 21 de mayo de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Que representa criterio auxiliar para la Sala.
A folio 335 del expediente ordinario en préstamo se observa que la notificación electrónica a la parte actora tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017.
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