República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00643-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
7 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / REQUISITO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia
[La accionante] promueve la presente acción de amparo en salvaguarda de sus derechos fundamentales, pues considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, no tuvieron en cuenta el precedente sentado por la Corte Constitucional sobre la dependencia económica parcial del beneficiario de una pensión de sobreviviente, lo que conlleva que sus decisiones se vieran viciadas por un defecto fáctico por valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las pruebas que se decretaron y practicaron en el proceso. (…) Sea lo primero advertir, que dentro de la solicitud de amparo, la accionante no logra identificar con precisión cuál o cuáles son las pruebas que presuntamente dejó de analizar o estudió defectuosamente el Tribunal accionado, lo cual, debe insistirse, hace parte de la mínima carga que se le exige al tutelante a la hora de promover el mecanismo constitucional. Con todo, luego de examinarse el expediente ordinario en su conjunto, así como el contenido de las decisiones de instancia y las pruebas aportadas por las partes, la Sala considera que tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cali sí tuvieron en cuenta la totalidad del acervo probatorio arrimado al proceso (…) el Tribunal, al no comprobar la dependencia económica en el asunto, resolvió confirmar la posición asumida por el juzgado de primera instancia, decisión que estuvo debidamente motivada y en ningún momento desconoció los postulados jurisprudenciales que señaló la accionante como se desarrollará posteriormente. No se puede desconocer que la [accionante] no hizo énfasis alguno en probar la alegada dependencia en ninguna instancia del proceso y en el escrito de apelación se limitó a citar el precedente que sobre el asunto ha proferido la Corte Constitucional (el que establece que la dependencia no debe ser total o absoluta sino que puede ser parcial), sin indicar como afectó particularmente su situación el dejar de percibir la ayuda económica de su hijo; así pues, las autoridades judiciales enjuiciadas resolvieron el asunto con lo que efectivamente se probó en el plenario (…) En definitiva, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, las cuales sirvieron de base a la decisión objeto de tutela, la Sala no encuentra que la valoración probatoria realizada tanto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali resulte arbitraria, contraria al ordenamiento jurídico o carezca de razonabilidad, pues en atención a las circunstancias particulares del caso, se dio una respuesta global a las alegaciones formuladas por las partes, fundamentando la respuesta negativa a las pretensiones de la accionante en el material probatorio con el que contaba (…) Ahora bien, con respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional se tiene que (…) la actuación desplegada por el Tribunal resulta legítima y no (…) desconoció el precedente del Corte Constitucional, sino que aplicó de manera razonada las consideraciones con respecto al deber de demostrar ciertamente la dependencia económica frente a los aportes que como buen hijo realizaba el causante, y como no se probó en el plenario de qué manera los aportes que dejó de recibir de su hijo le causaron una desmejora en sus condiciones de vida y en el cubrimiento de sus necesidades básicas de subsistencia, resolvió lo correspondiente.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00643-00(AC)
Actor: LUZ DARY SERNA DE BOTERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTROS
La señora Luz Dary Serna de Botero, en nombre propio promueve acción de tutela para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima vulnerados con las sentencias de primera y segunda instancia emitidas por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, respectivamente.
Pretensiones
La accionante en el acápite de pretensiones solicita lo siguiente:
PRIMERA: Que se TUTELE a mi favor los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso efectivo a la administración de justicia.
SEGUNDA: como consecuencia de lo anterior, solicito que se deje sin efectos las sentencias del 26 de agosto de 2014 y del 22 de agosto de 2017 proferidas por los entes accionados dentro del proceso en el cual soy demandante, radicado con el número 76001-33-33-009-2012-00226-00 y que en consecuencia se ordene al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión Oral, proferir una nueva sentencia en donde se valoren como es debido y conforme a los lineamientos de la sentencia que se dicte en el presente asunto el precedente jurisprudencial y las pruebas obrantes en el proceso.
Hechos de la solicitud
La señora Luz Dary Serna de Botero, instauró el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 2012-00226-00 con el fin de obtener la nulidad del Oficio S-2012-139507-DIPON del 31 de mayo de 2012 y el reconocimiento de una pensión de sobreviviente a título de restablecimiento del derecho.
Ese proceso lo conoció en primera instancia el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, que mediante sentencia del 26 de agosto de 2014, negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que no había probado la dependencia económica con respecto a su hijo y por ende no reunía los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente que reclamaba.
Contra dicha decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 22 de agosto de 2017, confirmando la providencia del a quo, por encontrar acreditado que no había dependencia económica, ya que ella ejerce labores de costura que le generan ingresos para procurar su subsistencia.
Fundamentos jurídicos del accionante
Alega que las decisiones de las autoridades accionadas incurrieron en la causal específica de procedencia de la acción de tutela denominada desconocimiento del precedente, circunstancia que llevó a los falladores a incurrir además en un defecto fáctico, derivado de la valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las pruebas, que consecuentemente impidió dar por probadas las circunstancias que de ellas emergían clara y objetivamente.
El precedente que fue desconocido, considera es el que señala cómo debe valorarse la dependencia económica para que sea procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de los progenitores del causante, específicamente hizo referencia a que estos deben acreditar la dependencia como requisito para acceder a la mentada prestación.
Indica que en la sentencia T-228 de 2012 la Corte Constitucional estableció que la dependencia no solo se presenta cuando una persona demuestra haber dependido cabal y completamente del causante, pues para efectos de adquirir dicha prestación también se puede demostrar que la falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido conllevaría una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas. En el mismo sentido, invoca la sentencia T-326 de 2011, que estableció que la dependencia es la necesidad que tiene una persona del auxilio y protección de otra, lo que supone que el beneficiario tiene que encontrarse subordinado de manera cabal al ingreso que le brindaba el causante para salvaguardar sus condiciones mínimas de subsistencia. Finalmente señala que la sentencia T-326 de 2013 contempló una serie de reglas jurisprudenciales que deben ser tenidas en cuenta para lograr dilucidar si una persona depende económicamente de otra, las cuales sintetiza de la siguiente manera:
Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna.
El salario mínimo no es determinante de la independencia económica.
No constituye independencia económica recibir otra prestación. Por ello, entre otras cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de 1993.
La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el beneficiario este percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional.
Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes.
Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.
Explica que los precedentes que citó no fueron aplicados a su caso, en la medida que si bien las autoridades judiciales trajeron a colación algunos apartados jurisprudenciales de la Corte Constitucional, no se hizo referencia a los que definen la dependencia económica parcial, sin explicar los motivos por los cuales se alejaron del mentado precedente.
De igual manera, dicho desconocimiento los llevó a realizar una apreciación arbitraria y parcializada de las pruebas recaudadas en el proceso, pues no le dieron ningún valor a los testimonios que demostraban el importante rol que cumplía el soporte económico que le brindaba su hijo y se enfocaron solamente en su labor de costurera, considerando solo aquellos elementos perjudiciales para su caso, en lugar de examinar el material en conjunto.
Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante auto del 14 de marzo de 2018, en el que se ordenó notificar a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al juez Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali como demandados y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de Sueldos de Retiro que actuó como demandada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76001-33-33-009-2012-00226-01 como tercera interesada en las resultas del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
Intervenciones
Informe del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali
La juez titular del despacho contestó el requerimiento advirtiendo que contrario a lo afirmado por la tutelante, se determinó, a partir de la valoración integra de los testimonios y demás pruebas allegadas al plenario que ella era autosuficiente para sufragar los gastos de su congrua subsistencia y por ende, tener una vida en condiciones dignas. Indicó que las decisiones tomadas por su despacho no desconocieron la normatividad aplicable a dicho asunto ni los lineamientos jurisprudenciales impartidos por la Corte Constitucional.
De manera puntual, la decisión definitiva adoptada fue emitida en estricto cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, 47 y 279 de la Ley 100 de 199, así como de los lineamientos jurisprudenciales contenidos en las sentencias T-730 de 2008, C-461 de 1995 y C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional y en las providencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 6 de marzo de 2003, con ponencia de la magistrada Ana Margarita Olaya Forero (N. I. 1707-02) y del 7 de febrero de 2013, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve (N. I. 0998-12).
Adicional a ello, hizo énfasis en que la parte actora allegó certificado del SISBEN como prueba documental en este trámite de amparo, pero, ello no fue objeto de debate dentro del proceso ordinario. Sin embargo, luego de revisar la página web del FOSYGA pudo evidenciar que la fecha de afiliación al sistema de seguridad en salud del régimen subsidiado fue el 1º de diciembre de 2017, es decir que para el momento en que se profirió la providencia cuestionada ella no estaba afiliada.
Por último, resaltó que en el plenario no obran pruebas en las que se pueda constatar con certeza cuáles son las obligaciones mensuales de la actora y por ende, cuál era la suma que dependía de los aportes de su hijo, pues solo se determinó que se ocupa como costurera de forma permanente, amén de que, como advirtió el ad quem, «no resulta coherente alegar una dependencia económica de la actora con su hijo, cuando trascurrieron un poco más de cinco (5) años desde el momento de la muerte del señor FABIAN ANDRES (sic) BOTERO SERNA y la reclamación administrativa de la pensión realizada por la hoy demandante».
En vista de que el Juzgado no amenazó o vulneró los derechos fundamentales de la accionante, solicitó que se denieguen las pretensiones de la acción constitucional incoada.
Informe de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
La Oficina Asesora Jurídica de la Caja informó que el extinto patrullero ® Fabián Andrés Botero Serna no ostenta la calidad de titular de asignación mensual de retiro por parte de esa entidad, por lo que no cuenta con expediente administrativo. Teniendo en cuenta ello, y que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se dirigió contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, sostuvo que esa dependencia no es competente para resolver sobre la presente acción ni para pronunciarse sobre los hechos, por ello solicitó su desvinculación del trámite constitucional.
Informe de la Secretaría General de la Policía Nacional
El secretario general de la entidad rindió el informe solicitado indicando que el problema jurídico formulado por la accionante radica en la presunta estructuración de un defecto fáctico como presupuesto de procedibilidad de la acción, porque presuntamente las autoridades judiciales recurridas realizaron una indebida valoración probatoria de las pruebas documentales y testimoniales incorporadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto adujo que no se evidencia que haya existido una errada valoración de las pruebas documentales y testimoniales, pues para que se configure el aludido defecto no solo se deben mencionar qué pruebas fueron mal evaluadas, sino que también se debe esgrimir cuál era su correcta interpretación a la luz del principio de la sana critica, tópico que no se dilucida en el escrito tutela y que a la postre conlleva que el ejercicio hermenéutico de argumentación se torne inocuo.
Por un lado, afirmó que las declaraciones que se tomaron en el proceso no dan fe de que al momento del fallecimiento del señor Fabián Andrés Botero Serna, existiera una condición de dependencia de su madre con respecto a él, pues el órgano colegiado valoró varios tópicos, entre ellos que la demandante ejercía labores de costurera por las cuales recibía una remuneración para sufragar sus necesidades, a esto también se suma la valoración de la prueba testimonial de la cual se desprende que los aportes económicos del fallecido no eran de incidencia en su vida diaria, de ahí que no se pueda hablar de una dependencia económica que avale el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.
Por otro lado, recordó que era un deber probatorio de la accionante demostrar que existía una dependencia económica con respecto a su hijo, a través de medios probatorios claros y precisos, es decir, aquellos que dieran cuenta que este último sufragaba sumas de dinero encaminadas a la subsistencia económica de su madre, y además que esas erogaciones fueran de vital importancia; sin embargo, al evidenciarse que ella ejercía una labor constante de la cual recibía una remuneración, no podía decretarse el reconocimiento de la pensión, por lo tanto las decisiones de los despachos judiciales deben permanecer indemnes.
Teniendo en cuenta lo anterior aseveró que no puede alegarse vulneración a los derechos fundamentales de la accionante, en tanto que esta contó con la oportunidad procesal adecuada para controvertir las determinaciones que le resultaren desfavorables en sede judicial, instancias que ya fueron resueltas. Solicitó que se denieguen las súplicas de la accionante ante su improcedencia.
Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo a lo previsto en el numeral 5 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», la Sala es competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
Consiste en dilucidar si en las providencias enjuiciadas se incurrió en un «defecto fáctico» por indebida valoración del material probatorio allegado al plenario y se desconoció el precedente de la Corte Constitucional sobre dependencia económica parcial, al negarse el reconocimiento de la pensión de sobreviviente que solicitó la señora Luz Dary Serna de Botero.
2.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizarse la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados tanto por la ley como por la jurisprudencia.
Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia de 5 de agosto de 2014 acogió un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo realmente razonable para determinar si la acción de tutela promovida para dejar sin efecto providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
Se encuentra que el asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que:
El asunto tiene relevancia constitucional, pues se discute sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la accionante (artículos 13 y 29 de la Constitución Política).
Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial, ya que la decisión del 22 de agosto de 2017, es una sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión planteada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-009-2012-00226-00; y de los hechos narrados, no se evidencia que el caso se adecue a alguna de las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.
Se presentó con inmediatez, dentro de un término razonable toda vez que la providencia fue proferida el 22 de agosto de 2017 y fue notificada personalmente el 5 de septiembre de 2017 y la acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 27 de febrero del 2018 (folio 6 vuelto del expediente de tutela), cumpliendo con los parámetros fijados por la Sala Plena de esta Corporación.
Son claros los hechos y argumentos que se presentaron en el escrito de tutela.
La providencia cuestionada no es una sentencia de tutela.
2.3.2. Análisis sobre las causales especiales de procedibilidad
2.3.2.1. Sobre el defecto fáctico
De acuerdo con la Corte Constitucional, se está en presencia de un defecto fáctico cuando, al examinarse la providencia judicial objeto de la tutela, «resulta incuestionable que el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión».
En ese sentido, ha señalado la Corte que el defecto fáctico puede presentarse en una dimensión positiva o en una dimensión negativa (omisiva) de la valoración y práctica de las pruebas que realice el funcionario judicial. La primera comprende valoraciones inadecuadas, mientras que la segunda, implica omisiones en el decreto o la práctica y la valoración de las pruebas. Asimismo, ha expresado que no todo vicio en la valoración probatoria culmina en una vía de hecho. De ahí que sólo sea factible fundar una acción de tutela en este defecto cuando se observa que la valoración probatoria es manifiestamente arbitraria. En palabras de la Corte:
[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y que tenga una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la evaluación probatoria del juez de conocimiento. [Negrillas fuera del texto]
De acuerdo con las características del sub examine, la Sala hará énfasis en la hipótesis denominada «defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio», situación que se advierte cuando el funcionario judicial: i) en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso.
En concordancia con lo anterior, y tal como lo ha advertido la Corte, sólo es factible fundar una acción de tutela frente a un defecto fáctico cuando se observa que la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia es manifiestamente arbitraria. El error en el juicio valorativo de la prueba «debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia».
2.3.2.2. Sobre el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Corte Constitucional en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo», entre otros casos cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente, pues se desconoce aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico semejante o a una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes, en la que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.
Para la mayoría de asuntos, el precedente vertical que deben seguir los funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción; y en los casos en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas constituyan precedentes, y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo permite una excepción: cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan las siguientes reglas: « (i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».
De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la igualdad y buena fe.
2.4. Hechos probados
2.4.1. El señor Fabián Andrés Botero Serna era hijo de la señora Luz Dary Serna de Botero según consta en su registro civil de nacimiento; ingresó a la Policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo el 4 de mayo de 2006; fue retirado del servicio activo el 12 de septiembre de 2007 y falleció el 23 de octubre de 2007 (folios 3, 4, 6 y 12 del expediente allegado en calidad de préstamo).
2.4.2. Mediante el Oficio S-2012-139507 DIPON/ARPRE-GROIN del 31 de mayo de 2012, la Secretaría General de la Policía Nacional dio respuesta a la petición radicada por la accionante en la que solicitaba que se le reconociera y pagara una pensión de sobreviviente por ser beneficiaria de esta en calidad de madre del causante, indicándole que para la fecha del deceso el señor Botero Serna este no tenía vínculo laboral vigente con la institución motivo por el cual era improcedente atender de manera favorable su requerimiento (folios 14 y 15 del expediente allegado en calidad de préstamo).
2.4.3. La señora Serna de Botero, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la nulidad del mentado oficio y el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, conoció de la controversia en primera instancia y decidió aplicar al resolver la controversia el régimen general de la seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993; no obstante, mediante sentencia del 26 de agosto de 2014, negó la pensión bajo el argumento de que no se probó la dependencia económica de la accionante con respecto a su hijo (folios 7 al 22).
2.4.4. Para efectos de verificar si se acreditaba o no la dependencia económica como requisito para recibir la mesada, las únicas pruebas recaudadas por el Juzgado que permitieron el análisis al respecto fueron los testimonios tomados el 12 de mayo de 2014 en audiencia pública a los señores Leticia Castro González, Omaira Tamayo, Maribel Patiño y Luis Antonio Barios Rincón (folios 132 al 135 cd del expediente allegado en calidad de préstamo).
2.4.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión Oral, por medio de providencia del 22 de agosto de 2017, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante, confirmando la providencia, pues para ese cuerpo colegiado no se logró comprobar la supuesta dependencia económica de la accionante con respecto a su hijo fallecido (folios 23 al 33).
2.5. Análisis de la Sala
La señora Luz Dary Serna de Botero promueve la presente acción de amparo en salvaguarda de sus derechos fundamentales, pues considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali, no tuvieron en cuenta el precedente sentado por la Corte Constitucional sobre la dependencia económica parcial del beneficiario de una pensión de sobreviviente, lo que conlleva que sus decisiones se vieran viciadas por un defecto fáctico por valoración arbitraria, irracional y caprichosa de las pruebas que se decretaron y practicaron en el proceso.
Lo anterior teniendo en cuenta que su hijo le ayudaba económicamente y que el hecho de que ella tuviera un ingreso derivado de su actividad de costurera no rompía la posibilidad de que dependiera del auxilio de este, pues así lo indicó la Corte Constitucional en su precedente, en el que se ha estimado que incluso el ingreso de un salario mínimo no es sinónimo de independencia económica y, si las autoridades acusadas pretendían apartarse de dicho pronunciamiento, debían cumplir con una carga interpretativa mayor, demostrando las circunstancias que hacían diferente su caso.
Pues bien, es criterio reiterado de esta Sala, que bajo la égida del principio de la doble instancia, no es procedente que el juez de tutela revise decisiones que tuvieron la oportunidad de ser estudiadas en segunda instancia por el juez natural, quien de acuerdo con los considerandos puestos de presente en el recurso de apelación, arribó a sus propias conclusiones con respecto al tema puesto en discusión.
2.5.1. Sea lo primero advertir, que dentro de la solicitud de amparo, la accionante no logra identificar con precisión cuál o cuáles son las pruebas que presuntamente dejó de analizar o estudió defectuosamente el Tribunal accionado, lo cual, debe insistirse, hace parte de la mínima carga que se le exige al tutelante a la hora de promover el mecanismo constitucional. Con todo, luego de examinarse el expediente ordinario en su conjunto, así como el contenido de las decisiones de instancia y las pruebas aportadas por las partes, la Sala considera que tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Cali sí tuvieron en cuenta la totalidad del acervo probatorio arrimado al proceso, por las razones que se pasan a explicar.
En la decisión del Juzgado se observa que se llevó a cabo un análisis ajustado a las reglas de la sana crítica y se realizó una valoración conjunta de la documental y los testimonios obrantes dentro del medio de control, así como una interpretación de los antecedentes fácticos y jurídicos del asunto, de la siguiente manera:
De acuerdo con el anterior orden de beneficiarios, la demandante sería la persona legitimada para acceder a la pensión de sobrevivientes causada con ocasión de la muerte de su hijo, porque a través de las pruebas allegadas al expediente ninguna otra persona acreditó mejor derecho, es decir que no demostró hacer vida conyugal o marital de hecho con el causante, ni su condición de hijo, por lo que, la inmediata beneficiaria es la madre, conforme al registro de nacimiento del hoy extinto FABIAN ANDRES (sic) BOTERO SERNA.
Ahora bien, examinados los testimonios de los señores LETICIA CASTRO GONZALEZ (sic), OMAIRA TAMAYO, MARIBEL PATIÑO y LUIS ANTONIO BARRIOS RINCON (sic), así como la prueba documental que obra en la foliatura, no se encontró acreditada la dependencia económica del señor FABIAN ANDRES (sic) BOTERO SERNA, pues los testimonios recibidos son unánimes al afirmar que si bien aquel ayudaba económicamente a la señora Luz Dary Serna de Botero, no se puede advertir que esa ayuda era la única fuente de ingreso, por el contrario, del mismo medio de prueba se acreditó que la aquí demandante ha tenido como actividad económica el oficio de la costura a lo largo de su vida. Se destaca lo manifestado por la señora LETICIA CASTRO GONZALEZ (sic), quien en el transcurso de la diligencia señaló que «…ella siempre ha cosido desde que yo la conozco y solo ella ha trabajado con su máquina de coser y no tenía ningún otro ingreso, ninguno», lo propio la testigo MARIBEL PATIÑO, que manifestó «…pues ella siempre ha vivido de la costura y cuando el hijo de ella estaba pequeño, pues ella, eso era lo que ella hacía, cierto».
Así las cosas quedó desvirtuada la dependencia económica deprecada en la demanda respecto del causante, teniéndose entonces que la demandante ostenta una condición de vida de autosuficiencia para sufragar los gastos o que le permiten tener una vida en condiciones dignas y una congrua subsistencia.
A la anterior se llega, teniendo en cuenta que tanto en la demanda como en el trámite del proceso, la accionante no logró satisfacer la carga de la prueba tendiente a demostrar que los ingresos con los que cuenta no son suficientes para mantener una mínima de existencia que le permita subsistir de forma digna y que la falta de la ayuda financiera de su hijo le hizo pasar dificultades considerables para garantizar sus necesidades básicas, lo cual le competía según lo dispuesto por el artículo 167 del Codigo General del Proceso que prevé, respecto de la carga de la prueba, lo siguiente: «Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
En el caso del ad quem, se evidencia que de igual forma realizó un análisis del material probatorio allegado al expediente y de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, del que arrojó los siguientes razonamientos:
Otro asunto es que los testigos hayan anotado que, su hijo, FABIÁN ANDRÉS SERNA BOTERO, ayudaba económicamente a su madre con aportes ocasionales, lo cual no significa que por este simple hecho se pueda hablar de una dependencia económica, ni siquiera parcial de la demandante con su hijo, como lo pretende hacer ver el recurso de apelación.
En efecto, si bien la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, estableció la inexequibilidad de la expresión «de forma total y absoluta» contenida en el literal d) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, debe advertirse que no por ello se encuentran exentos los ascendientes interesados en obtener una pensión de sobreviviente, de acreditar y demostrar la dependencia económica, pues dicho requisito sigue incólume, sólo que ahora la dependencia no debe ser estrictamente total y absoluta.
De esa manera, conforme al material probatorio allegado al proceso se tiene que no existe duda de que el causante FABIÁN ANDRÉS BOTERO SERNA, al momento de su retiro, acumuló un total de un (1) año, cuatro (4) meses y nueve (9) días de servicio con la Policía Nacional, por lo que le resultaría más favorable a su caso la aplicación del régimen general de seguridad social.
Sin embargo, se observa que no se demostró la dependencia –ni siquiera parcial- de la señora LUZ DARY SERNA DE BOTERO para con su hijo, pues si bien es cierto que los testigos aseguraron que la demandante recibía un apoyo económico mensual, que algunos cuantificación en $300.000, la Sala encuentra que no se demostró como repercutió la ausencia de dicho dinero en las condiciones de existencia de la señora SERNA DE BOTERO, pues no se probó que hubiera pasado dificultades económicas o que desde que murió el señor FABIÁN ANDRÉS BOTERO SERNA hubiera experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas, es decir, que hubiera echado de menos los aportes que entregaba su hijo, más aún cuando está debidamente probado que la demandante tenía una ocupación permanente como costurera.
A esto habría que agregar que no resulta coherente alegar una dependencia económica de la actora con su hijo, cuando transcurrieron un poco más de cinco (5) años desde el momento de la muerte del señor FABIÁN ANDRÉS BOTERO SERNA y la reclamación administrativa de la pensión realizada por la hoy demandante.
Se tiene entonces que el Tribunal, al no comprobarse la dependencia económica en el asunto, resolvió confirmar la posición asumida por el juzgado de primera instancia, decisión que estuvo debidamente motivada y en ningún momento desconoció los postulados jurisprudenciales que señaló la accionante como se desarrollará posteriormente.
No se puede desconocer que la señora Serna de Botero no hizo énfasis alguno en probar la alegada dependencia en ninguna instancia del proceso y en el escrito de apelación se limitó a citar el precedente que sobre el asunto ha proferido la Corte Constitucional (el que establece que la dependencia no debe ser total o absoluta sino que puede ser parcial), sin indicar como afectó particularmente su situación el dejar de percibir la ayuda económica de su hijo; asi pues, las autoridades judiciales enjuiciadas resolvieron el asunto con lo que efectivamente se probó en el plenario.
Esta Corporación ha mantenido la postura de que la dependencia económica no puede asumirse desde la óptica de la carencia de recursos económicos, sino en la falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia debidamente acreditadas y probadas en el proceso.
En definitiva, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, las cuales sirvieron de base a la decisión objeto de tutela, la Sala no encuentra que la valoración probatoria realizada tanto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca como por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali resulte arbitraria, contraria al ordenamiento jurídico o carezca de razonabilidad, pues en atención a las circunstancias particulares del caso, se dio una respuesta global a las alegaciones formuladas por las partes, fundamentando la respuesta negativa a las pretensiones de la accionante en el material probatorio con el que contaba.
Cabe reiterar que, tal y como se indicó en las consideraciones generales de esta providencia, y lo ha señalado, de forma reiterada, la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un carácter restringido en atención a la autonomía judicial, razón por la cual la procedencia de la acción está supeditada a la evidente configuración de un defecto con impacto en los derechos fundamentales del afectado.
2.5.2. Ahora bien, con respecto al desconocimiento del precedente jurisprudencial sentado por la Corte Constitucional se tiene que, en efecto, la sentencia de segunda instancia suscrita por el Tribunal Administrativo del Valle tuvo en cuenta e hizo alusión a este de la siguiente manera:
Se tiene que la Corte Constitucional ha establecido unas subreglas para acreditar la dependencia económica de los padres con relación al descendiente afiliado, precisando lo siguiente a efectos de reclamar la pensión de sobreviviente:
« i) Esta condición se presenta cuando una persona demuestra: a) haber dependido de forma completa o parcial del causante; b) que a falta de la ayuda financiera del cotizante fallecido, habría experimentado una dificultad relevante para garantizar sus necesidades básicas, es decir, la dependencia económica se predica del que habría echado de menos los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de éstos; o c) si a partir de la muerte del pensionado o cotizante que daba el aporte o el auxilio, los padres o hijos inválidos no son autosuficientes y se les afectó la condición económica y nivel de vida que mantenían antes de ese evento, lo que hace necesario suplir mediante la pensión solicitada ese ingreso que recibían.
(…)
iv) La dependencia económica se observa a pesar de que existan asignaciones mensuales o ingresos ocasionales, o cualquier otra prestación a favor del peticionario supérstite, siempre que éstas resulten insuficientes para lograr su auto sostenimiento. De ahí que si el sujeto beneficiario logra demostrar que los ingresos ocasionales o mensuales con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo de existencia que le permita subsistir de forma digna, y que estaba sometido al auxilio recibido de parte del causante, procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de los descendientes discapacitados o ascendientes».
Dicha transcripción se tomó de la sentencia T-326 de 2013 con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, providencia que a juicio de la accionante fue desconocida por el Tribunal sin existir motivación suficiente que justifique ese actuar.
Sin embargo, esta Sala logra advertir que el recurso de apelación se resolvió sobre el propósito puntual de la demandante de desvirtuar la supuesta inexistencia de dependencia económica de ella hacia su hijo y el Tribunal tomando en cuenta los lineamientos jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional en las jurisprudencias que citó en el proveído (las mismas que la accionante relaciona en el escrito de tutela), encontró que las únicas pruebas que acreditaban si había dependencia o no y que permitían hacer un análisis al respecto eran los testimonios recepcionados en la audiencia de pruebas adelantada por el juez de primera instancia que dieron cuenta de que el señor Serna Botero le ayudaba económicamente con aportes ocasionales, circunstancia que no establecía por si sola prueba de la dependencia económica ni demostraba las posibles afectaciones del mínimo vital de la accionante.
De ahí que, la actuación desplegada por el Tribunal resulta legítima y no adolece de defecto alguno, pues, no se apartó ni desconoció el precedente del Corte Constitucional, sino que aplicó de manera razonada las consideraciones con respecto al deber de demostrar ciertamente la dependencia económica frente a los aportes que como buen hijo realizaba el causante, y como no se probó en el plenario de qué manera los aportes que dejó de recibir de su hijo le causaron una desmejora en sus condiciones de vida y en el cubrimiento de sus necesidades básicas de subsistencia, resolvió lo correspondiente.
Tampoco logro demostrar que los ingresos ocasionales o mensuales con los que cuenta no son suficientes para mantener un mínimo de existencia que le permita subsistir de forma digna, puesto que se reitera, nada se dijo al respecto.
Así las cosas, no puede la accionante traer a colación en esta instancia constitucional situaciones que no hayan sido ventiladas, debatidas y probadas en el proceso ordinario, pues la acción de tutela no fue concebida como un instrumento alternativo o supletorio de los procedimientos ordinarios de defensa consagrados por el legislador, en cuyo marco se garantiza el acceso a la administración de justicia y el debido proceso de las partes en contienda. No puede pretenderse que ante la desidia de quien pudo acudir a los mecanismos ordinarios de defensa y no lo hizo, el juez de tutela estudie la causa petendi so pretexto de la vulneración de derechos ius fundamentales.
Finalmente, es necesario resaltar que la jurisprudencia constitucional ha sido enfática en sostener que cuando una providencia judicial se fundamenta en un determinado criterio jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables al caso y del material probatorio allegado, no es plausible alegar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, pues ello implicaría una intromisión arbitraria del juez constitucional, que afecta de manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal para fijarle sentido y alcance.
Como lo ha dicho la Corte Constitucional, la tutela contra una decisión judicial «se activa únicamente en los casos específicos en que la falta de argumentación decisoria convierte la providencia en un acto de voluntad del juez, es decir, en una arbitrariedad», situación que no se avizora en el caso, pues el Tribunal al definir el segunda instancia el asunto adoptó un criterio válido, sostenido además por la Corte Constitucional.
3 Conclusiones
En las sentencias del 26 de agosto de 2014 y 22 de agosto de 2017, proferidas por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca respectivamente, no se incurrió en defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente jurisprudencial ni en un defecto fáctico por arbitraria, irracional o caprichosa valoración de la prueba.
Se puede concluir que el juez incurre en el defecto fáctico cuando, pese a los hechos probados en el caso concreto, renuncia a hacer valer la verdad jurídica, de manera tan evidente, que su decisión se muestra forzada y contradictoria de la lógica, la sana crítica y la libre convicción del fallador, circunstancia que no se presentó en el asunto, tal como se explicó. También que, al operador jurídico le corresponde asumir dentro del marco de su autonomía e independencia judicial, la línea de interpretación que considere más adecuada para la resolución de los asuntos puestos a su consideración, como lo hizo el Tribunal al aplicar las subreglas para acreditar la dependencia económica de la accionante, señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia T-326 de 2013, por lo que no se le puede reprochar a su actuación un defecto por desconocimiento del precedente.
En tal sentido, la Sala procederá a denegar el amparo de tutela solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Se DENIEGA el amparo de tutela solicitado por la señora Luz Dary Serna de Botero, de conformidad con la parte considerativa que antecede.
De no ser impugnada la presente decisión, se DEVUELVA al despacho de origen el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-009-2012-00226-00 remitido a esta Corporación en calidad de préstamo.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 49 al 51.
Folios 53 al 58.
Folios 66 al 68.
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C. P. María Elizabeth García González, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1998 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, T-213 de 2008 y T-1021 de 2005, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia T-1021 de 2005. M.P. Jaime Araujo Rentería.
Corte Constitucional. Sentencia T-781 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
Sentencia T-442 de 1994.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-634 de 2011, entre otras.
Sobre el concepto de dependencia económica se revisaron los pronunciamientos de la Sección Segunda, Subsección A., sentencia del 20 de abril de 2017, C. P. William Hernández Gómez, rad. 2011-00612-01 (2244-15) y sentencia del 22 de noviembre de 2012, C. P. Alfonso Vargas Rincón, rad. 0448-12.
Sentencia T-416 de 2016.
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