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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00683-01

Acción de tutela contra providencia judicial: sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones de la demanda

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00683-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de abril de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00683-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

14 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Sentencia de segunda instancia que accede a las pretensiones de la demanda / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Reliquidación de pensión de jubilación / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / DESCUENTOS POR APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL - Sobre los factores salariales de los cuales no se hizo cotización durante toda la relación laboral / PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FISCAL - Aplicación / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]la sentencia objeto de reproche constitucional es concordante con el principio de sostenibilidad fiscal, razón por la cual deben efectuarse los descuentos correspondientes a los aportes a la seguridad social que debieron realizarse durante la vida laboral del pensionado y sobre los cuales se calculó el ingreso base de liquidación. Ahora bien, respecto de la orden del tribunal de descontar los aportes “por toda la vida laboral”, la Sala reitera que el derecho a la inclusión de los aportes en el ingreso base de liquidación se adquiere por el hecho de haber efectuado las cotizaciones durante toda la vida laboral. Por lo tanto, el demandante no puede pretender obtener la reliquidación pensional con los factores que no le habían sido reconocidos, pero eludir el deber de cotizar a la seguridad social, en la proporción correspondiente a éstos (…) Por lo anterior, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial alegado por la actora, razón para confirmar la sentencia impugnada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00683-01(AC)

Actor: ANA CLELIA BERNAL DE ROJAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la accionante, contra la sentencia dictada el 16 de abril de 2018, por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Manifestó el accionante que mediante Resolución Nº 6984 de 8 de marzo de 1993, la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, hoy Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, le reconoció una pensión de jubilación a partir del 18 de febrero de 1992, reliquidada con la Resolución Nº 005959 de 6 de julio de 1995, de conformidad con las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

Adujo que solicitó la reliquidación de su pensión con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados durante el último año de servicios, sin embargo, la UGPP negó lo pretendido mediante la Resolución Nº RDP 006200 de 16 de febrero de 2015, confirmada por la Resolución Nº RDP 016689 de 28 de abril de 2015

Indicó que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue repartida al Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, quien mediante fallo de 31 de mayo de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda, señalando a la entidad demandada que podría “descontar los valores legales correspondientes a los aportes efectuados para pensión, sobre los factores que se incluyeron en la sentencia, atendiendo a lo percibido por dicho concepto durante los últimos cinco años de su vida laboral, comprendido entre el 17 de febrero de 1987 al 17 de febrero de 1992, por prescripción extintiva de junio de 2016”.

Sostuvo que la decisión anterior, fue modificada parcialmente mediante sentencia de 13 de septiembre de 2017, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, a efectos de precisar que “la entidad demandada deberá hacer el descuento de aportes con destino a seguridad social sobre los factores que no se han efectuado de forma indexada, durante toda la relación laboral y únicamente en el porcentaje que corresponde a la actora, atendiendo a lo dispuesto por el Consejo de Estado, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora señaló que con la decisión proferida por el 13 de septiembre de 2017, la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, debido proceso y seguridad social. Así mismo, aseveró que incurrió en los siguientes defectos:

Fáctico, por cuanto la decisión se adoptó sin soporte probatorio alguno, pues no se allegaron las planillas mensuales de los descuentos por este concepto y, tampoco se ordenó la incorporación de las mismas al proceso.
Decisión sin motivación, al sostener que el fallo atacado no tuvo en cuenta la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que definió que la prescripción para la reclamación de los descuentos de aportes no efectuados era de tres años. Asimismo, es su sentir, adujo que se vulneró el principio de consonancia, por cuanto, en la apelación la UGPP no se hizo mención a este asunto y sin embargo, fue resuelto por el tribunal.
Sustantivo, al aseverar que se omitió el análisis de lo dispuesto en los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, y el de la declaratoria de la prescripción de que trata el artículo 817 del mismo.
Desconocimiento del precedente judicial, dado que la jurisprudencia de las Corte Constitucional ha determinado que “los descuentos para pensión no efectuados en su momento al trabajador, tal como como pasa con la liquidación de los factores salariales ordenados, debe preverse teniendo en cuenta el término de prescripción y no sobre toda la vida laboral, pues ello, configura una flagrante violación de los derechos fundamentales”. En tal sentido, mencionó que se desconocieron las sentencias T-766 de 2008 en relación con el principio de igualdad, la sentencia T-656 de 2011, sobre los requisitos para apartarse del precedente judicial, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no indicó las razones por las cuales se apartó del precedente, y además no demostró que la interpretación realizada aportara un mejor desarrollo a los principios y derechos constitucionales, solo se limitó a ordenar los descuentos para pensión sobre los nuevos factores salariales de toda la vida laboral sin ninguna motivación. En síntesis, adujo que la decisión emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartaba de las sentencias C-308 de 1994, SU-480 de 1997, C577 de 1997, T-569 de 1999, C-821 de 2001, C-867 de 2001, C-791 de 2002, C-1040 de 2003, C-655 de 2003, C-155 de 2004, C-721 de 2004, C-824 de 2004 y C-1002 de 2004, C-895 de 2009, C-177 de 1998 y C711 de 2001 y del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil Nº 2205 de 4 de septiembre de 2014.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

“1. AMPARAR los derechos al MÍNIMO VITAL, IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y SEGURIDAD SOCIAL de la señora ANA CLELIA BERNAL DE ROJAS.
2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C se REVOQUE, el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la providencia proferida el 13 de septiembre de 2017, donde se indicó que deberá hacer el descuento de aportes para la pensión sobre los factores que no se han efectuado durante toda la relación laboral, únicamente en el porcentaje que corresponde a la actora y atendiendo a los dispuesto (sic) por el H. Consejo de Estado, y en consecuencia se ordene tales descuentos conforme a lo dispuesto en los artículos 712, 719, y 817 del Estatuto Tributario o conforme la prescripción de los 3 años que indicó el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, según la posición que acoja el presente despacho.
3. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C, SE REVOQUE, la providencia de fecha 26 de julio de 2017, por la cual negó la solicitud de adición de la sentencia proferida por esta Corporación el 13 de septiembre de 2017.
Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos de los tutelados”.

Pruebas relevantes

Se allegó al expediente de tutela copia de la sentencia de 13 de septiembre de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, mediante la cual se modificó la sentencia de primera instancia, emanada del Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segundan (fls. 29 a 36).

Oposición

5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”

En memorial de 16 de marzo de 2018, el titular del despacho judicial solicitó denegar el amparo requerido por el accionante, al estimar que no incurrió en los defectos alegados y/o en la vulneración de los derechos fundamentales invocados, toda vez que la decisión se adoptó con fundamento en las normas y jurisprudencia pertinente y con la interpretación que a ellas corresponde.

Señaló que si la actora consideraba que los motivos de la decisión resultaban insuficientes, tenía el deber de solicitar la adición de la misma en los términos dispuestos en el artículo 287 del Código General del Proceso.
Afirmó que su decisión tuvo fundamentó en la sentencia de 4 de agosto de 2010 C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, que estableció que las pensiones se deben liquidar tomando como base los factores sobre los que se han efectuado aportes a la seguridad social, lo cual no significa que aquellos que no han sido objeto de deducciones deban ser excluidos del IBL, “pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar”, a lo que agregó, que deben realizarse descuentos en los aportes para pensión sobre los factores incluidos como parte del ingreso base de liquidación a efectos de reliquidar las pensiones.

Indicó que el alcance de los descuentos de aportes que se deben efectuar para pensión sobre los factores incluidos como parte del ingreso base de liquidación a efectos de reliquidar las pensiones de jubilación, aplican durante toda la vida laboral del trabajador y que los valores que han de ser descontados entre otras cosas, deben ser actualizados a valor presente de suerte que se obtenga una cifra real de lo que le corresponde sufragar al empleador y al trabajador, “de lo contrario se trataría de sumas depreciadas, que en vez de coadyuvar a la sostenibilidad fiscal en materia pensional, ahondaría la problemática.”(Gustavo Gómez Aranguren, sentencia de 5 de junio de 2014, radicado Nº 25000-23-25-000-2012-00190-01)

Finalmente, solicitó que se mantenga la posición adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que al fallar un asunto con contornos similares (expediente Nº 11001031500020150208700), denegó las súplicas de la demanda.

5.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP

Mediante memorial de 20 de marzo de 2018, el Subdirector de Defensa Judicial Pensional solicitó que se “rechazara por improcedente” la acción de tutela.

Señaló que UGPP no incurrió en vulneración alguna como lo pretende hacer ver la parte demandante y aseveró que su actuar fue acorde con la normativa y jurisprudencia nacional, por lo que adujo que no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor.

6. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 16 de abril de 2018, negó las pretensiones de amparo formuladas por el accionante al considerar que el fallo censurado no incurrió en violación de algún derecho fundamental.

Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó que para tener derecho a una pensión de vejez, se deben efectuar aportes sobre los factores devengados en toda la relación laboral, hasta tanto se adquiera el derecho a percibir tal prestación en virtud del principio de sostenibilidad financiera que cobija el sistema pensional. Sostuvo que tal posición se deriva de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado y que ha sido asumida por la misma Sala en procesos radicados Nº 2013-0017 y 2013-00269-01, lo cual coincide con el criterio expuesto en la sentencia de 5 de junio de 2014 de esta Corporación, en la que se manifestó que “el alcance de los descuentos de aportes que se deben efectuar para pensión sobre factores incluidos como parte del ingreso base de liquidación a efectos de reliquidar las pensiones de jubilación”.

Estimó, contrario a lo expresado por la actora en cuanto a la supuesta falta de motivación, que la providencia atacada de 13 de septiembre de 2017, no solo cuenta con suficiente motivación, sino que está en consonancia con lo dicho por la esta corporación.

Dijo en relación con el defecto fáctico, que el tribunal sostuvo que si la UGPP encontraba que existían factores salariales sobre los cuales la demandante no realizó los respectivos aportes que por ley correspondían, debería liquidarlos sobre los mencionados factores salariales abarcando todo lo devengado por los mismos durante la vigencia de la relación laboral.

Manifestó que la UGPP al momento de realizar la reliquidación de la pensión, es quien verifica a cuales factores salariales de reliquidación se hizo o no aportes, por lo que cualquier objeción en ese sentido debía exponerla ante la UGPP.

Mencionó sobre el defecto sustantivo aludido por la accionante, que frente a los términos de prescripción (5 años) se puede hablar de 2 reglas. La primera, para quienes se debe reconocer una pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, por ser beneficiarios del régimen de transición, calculándoles el monto de la misma teniendo en cuenta todas aquellas sumas que percibió el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por su trabajo, durante el último año de servicio, independientemente de la denominación que se les dé, y la segunda, que debe hacerse los descuentos sobre los factores que se incluyan y sobre los cuales no se hubiere hecho cotización al sistema pensional. En tal sentido, la aplicación de la sentencia debe ser integral, por lo que aseveró que no podía pretender la actora que en su reliquidación pensional se le aplique el fallo únicamente respecto a que se tenga en cuenta todos los factores devengados, pero no en lo referente a los descuentos de factores sobre los que no hubiera cotizado el sistema.

Por último, advirtió que no existía precedente del Consejo de Estado en el que se dijera que sobre los descuentos de factores sobre los que no se cotizó opera el fenómeno de la prescripción, pues si bien mencionó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, esta no es una jurisprudencia de carácter vinculante.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante impugnó la decisión de primera instancia y, en su lugar, solicitó que sea revocada para que acceda a las pretensiones de amparo.

Reiteró que se configuraron las causales indicadas en el escrito de tutela y sostuvo que el fallo de segunda instancia vulneró el principio de consonancia al ir más allá de su competencia funcional, si se tiene en cuenta las razones por las cuales ambas partes apelaron, no habiendo lugar a pronunciarse sobre aspectos que nunca se pusieron en discusión, como lo fue el tema de los descuentos de los aportes de los factores salariales no cotizados.

Recordó que incurrió en el defecto fáctico, por cuanto la segunda instancia, se profirió sin tener el acervo probatorio para demostrar si las entidades efectuaron o no los descuentos, por cuanto no se tienen las planillas mensuales de los descuentos a aportes de salud y pensión de toda la vida laboral de la poderdante.

Insistió en el defecto sustantivo, en razón a que se dejó sin consideración lo dispuesto en los artículos 712 y 719 del estatuto tributario, así como la de declarar la prescripción de que trata el artículo 817 del estatuto tributario.

Por último, refirió que se desconoció el precedente judicial de la Corte Constitucional y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, señalados en el escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, de 16 de abril de 2018, en la que decidió negar el amparo constitucional por considerar que la decisión del tribunal demandado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la demandante o, si por el contrario, se debe revocar para dejar sin efectos la providencia de 13 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, en la que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y la modificó en el sentido de ordenar que se hagan los descuentos de aportes con destino a la seguridad social sobre los factores que no se han efectuado de forma indexada, durante toda la relación laboral y únicamente en el porcentaje que corresponde a la actora.

3. Cuestión previa

Mediante escrito de 18 de septiembre de 2018, el magistrado Julio Roberto Piza Rodríguez solicitó a esta Sala la aceptación del impedimento, en el que adujo encontrarse incurso en las causales previstas en el artículo 56 numeral 1 del CPP “interés directo en los resultados del proceso”, por su calidad de beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Esa solicitud fue resuelta mediante auto de 13 de marzo de 2019, en el sentido de declarar infundada la manifestación de impedimento.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedibilidad

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional, pues debe definirse si al accionante se le vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, debido proceso y seguridad social cuya protección se invoca con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, en el sentido de ordenar el descuentos del aporte a la seguridad social por concepto de los factores salariales reconocidos durante toda su relación laboral; (ii) la demandante no cuenta con otro medio de defensa judicial por cuanto la sentencia acusada fue dictada en el marco del recurso de apelación propuesto; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia se profirió el 13 de septiembre de 2017, se notificó electrónicamente el 19 de septiembre del mismo año, y la acción de tutela se presentó el 7 de marzo de 2018, esto es, 5 meses y 11 días, después, es decir, dentro del término prudencial de seis (6) meses precisado por esta Corporación; (iv) el actor identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración de sus derechos y, (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la Sala procederá a hacer un análisis de fondo del asunto.

5.2. La sentencia acusada no incurrió en los defectos alegados por la accionante, por lo que el fallo impugnado se debe confirmar

5.2.1. La actora solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social que consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, con la sentencia de 13 de septiembre de 2017, en la que se modificó parcialmente la sentencia emanada del Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, en el sentido de ordenar el descuento de aportes con destino a seguridad social sobre los factores que no se han efectuado de forma indexada, durante toda la relación laboral.

A juicio de la accionante, la entidad judicial demandada incurrió en:

i) Defecto fáctico, por cuanto la decisión se adoptó sin soporte probatorio alguno, pues no se allegaron las planillas mensuales de los descuentos por este concepto y, tampoco se ordenó la incorporación de las mismas al proceso.
ii) Decisión sin motivación, al sostener que el fallo atacado no tuvo en cuenta la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que definió que la prescripción para la reclamación de los descuentos de aportes no efectuados era de tres años. Asimismo, es su sentir, adujo que se vulneró el principio de consonancia, por cuanto, en la apelación la UGPP no se hizo mención a este asunto y sin embargo, fue resuelto por el tribunal.
iii) Sustantivo, al aseverar que se omitió el análisis de lo dispuesto en los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, y el de la declaratoria de la prescripción de que trata el artículo 817 del mismo.

iv) Desconocimiento del precedente judicial, dado que la jurisprudencia de las Corte Constitucional ha determinado que “los descuentos para pensión no efectuados en su momento al trabajador, tal como como pasa con la liquidación de los factores salariales ordenados, debe preverse teniendo en cuenta el término de prescripción y no sobre toda la vida laboral, pues ello, configura una flagrante violación de los derechos fundamentales”. En tal sentido, mencionó que se desconocieron las sentencias T-766 de 2008 en relación con el principio de igualdad, la sentencia T-656 de 2011, sobre los requisitos para apartarse del precedente judicial, dado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no indicó las razones por las cuales se apartó del precedente, y además no demostró que la interpretación realizada aportara un mejor desarrollo a los principios y derechos constitucionales, solo se limitó a ordenar los descuentos para pensión sobre los nuevos factores salariales de toda la vida laboral sin ninguna motivación. En síntesis, adujo que la decisión emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartaba de las sentencias C-308 de 1994, SU-480 de 1997, C577 de 1997, T-569 de 1999, C-821 de 2001, C-867 de 2001, C-791 de 2002, C-1040 de 2003, C-655 de 2003, C-155 de 2004, C-721 de 2004, C-824 de 2004 y C-1002 de 2004, C-895 de 2009, C-177 de 1998 y C711 de 2001 y del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil Nº 2205 de 4 de septiembre de 2014.

5.2.2. La primera instancia constitucional negó el amparo solicitado, al determinar que la providencia emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, no incurrió en los defectos alegados y no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora.

5.2.3. En el escrito de impugnación, la accionante reiteró de manera resumida los alegatos planteados con la tutela, sin embargo, en lo que respecta al defecto fáctico, debe tenerse en consideración el carácter extremadamente reducido de la intervención del juez de tutela, frente a la valoración de las pruebas realizada por el juez natural. El respeto por la autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden al juez de tutela realizar un examen exhaustivo del material probatorio máxime cuando pretende trasladar la carga probatoria que tiene como parte al juez natural, pues no encuentra justificada la aseveración realizada por la parte actora, frente a la omisión de la autoridad judicial en la orden de incorporación de las planillas del pago de los aportes a seguridad social al proceso.

Lo mismo ocurre con el concepto emanado de la Sala de Consulta y Servicio Civil citado por la actora, el cual no es vinculante, porque si bien dan una orientación sobre determinado asunto, no configura precedente judicial dado que no son dictados en ejercicio de función jurisdiccional.

5.2.4. En consecuencia, esta Sala realizará el estudio de las causales invocadas de manera conjunta a partir del defecto sustantivo y de desconocimiento del precedente judicial. Particularmente, analizará las sentencias C-177 de 1998 y C-711 de 2001, en tanto frente a las otras providencias reseñadas en el escrito de tutela no es posible efectuar el estudio de fondo, por cuanto el accionante no señaló de manera específica los puntos de hecho y de derecho en los que el presente caso tengan relación, por lo tanto, adolecen de la carga argumentativa necesario que se requiere para habilitar el examen de fondo de las mismas.

La Corte Constitucional ha sostenido que la indebida aplicación de las normas también es una modalidad del defecto sustantivo y, esta, también ocurre cuando, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que se hace de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente lesivo de los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada).

De acuerdo con los supuestos fácticos descritos en los apartes anteriores, a efectos de establecer si se configuró o no un defecto sustantivo, en lo que tiene que ver con las pautas sobre aportes, la Sala realizó el siguiente estudio respecto de las sentencias aducidas como precedente judicial.

Sentencia
Síntesis del caso
Corte Constitucional C-177 de 1998
El demandante alegó que el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, desconoce los artículos 83 y 49 de la Constitución y el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 transgrede el 48 y 365 superiores. Afirmó que la primera norma no exige la cotización sino el traslado del aporte al sistema de seguridad social en pensiones, por lo que el beneficio de la pensión queda sometido a la diligencia del empleador y no a los aportes efectivamente descontados, los que de buena fe realiza el trabajador con el convencimiento de que se efectúe el pago.
Previo estudio, la Corte concluyó que el primer segmento del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, según el cual “el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio” es constitucional, cuando se trata de la suspensión de servicios en caso de personas no vinculadas a través de relación laboral, esto es, de pensionados, jubilados y trabajadores independientes, pues ellos directamente deben realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones e indicó que cuando se trata de trabajadores dependientes y servidores del Estado, una aplicación literal puede transgredir los artículos 13, 49 y 83 de la Constitución. Es por ello que declaró la exequibilidad condicionada de ese aparte.
Corte Constitucional C-711 de 2001
Se demandó la constitucionalidad de los incisos 1° y 2° del artículo 126-1 del Decreto 624 de 1989 “por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.”
En tal sentido realizó el siguiente planteamiento jurídico: " Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios el inciso primero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario estipula como deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías.  Sujetando igualmente al principio de vigencia fiscal la deducibilidad de los aportes pensionales hechos por los empleadores.

Por su parte el inciso segundo del mismo artículo excluye de la base de retención en la fuente por salarios el monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, catalogando dicho monto como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional.

El actor considera que esa condición de deducibilidad que la norma establece a favor de las contribuciones pensionales es inconstitucional por cuanto deja al margen de su universo a las contribuciones por concepto de salud.  En tal sentido, pese a que invoca como violados los artículos  48 y 363 de la Carta Política, el demandante no concreta sus cargos en cuanto al presunto quebrantamiento del primero de ellos (art. 48), al paso que frente al segundo (art. 363) esgrime una argumentación circunscrita exclusivamente al principio de la equidad, con la cabal concurrencia que del artículo 13 superior ello provoca.  Por lo mismo, el examen de constitucionalidad propuesto habrá de hacerse al tenor de los principios de la equidad y la igualdad, según voces de los artículos 363 y 13 de la Constitución.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los incisos demandados.

Verificadas las referidas providencias, se tiene que los supuestos fácticos no son similares a los que fueron objeto de estudio en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en que se dictó la sentencia objeto de reproche constitucional.

Conviene precisar que en la sentencia C-177 de 1998, la Corte Constitucional analizó si la entidad que presta la seguridad social a la que está afiliado un trabajador dependiente se exonera de la responsabilidad de otorgar el derecho a la pensión de jubilación o de vejez y de facilitarle los servicios de salud, a quienes efectivamente les fueron realizados los descuentos que se exigen por la ley para cotizar al sistema, pero que a pesar de ello, las cuotas nunca se recibieron por razones no imputables al trabajador. Análisis que no guarda relación con la situación fáctica de la señora Ana Clelia Bernal de Rojas, pues su inconformidad radica en la forma en que el tribunal demandado ordenó que se realicen los descuentos por concepto de los aportes reconocidos en la reliquidación de su prestación pensional y de los cuales no se hizo cotización alguna y sobre toda la relación laboral. En igual sentido, la sentencia C-711 de 2001, si bien refiere a la naturaleza jurídica de las contribuciones parafiscales y a los principios frente al sistema tributario, en ninguno de sus apartes hace referencia al límite temporal que debiera fijarse a los descuentos que se ordenan cuando se reconoce la reliquidación de la pensión con inclusión de factores que no sirvieron de base para cotizar.

En este caso, al referirse a la aplicación de los descuentos por los aportes que no fueron objeto de cotización, la sentencia del 13 de septiembre de 2017, objeto de tutela, señaló:

“Se observa que el Juzgado ordenó al ente de previsión efectuar los descuentos que por aportes deba realizar la parte actora, pero solo por los últimos cinco años de su vida laboral por prescripción extintiva conforme al artículo 817 del Estatuto Tributario.
Si bien es cierto la Sala está de acuerdo con que se ordene la realización de descuentos con destino a la seguridad social sobre los factores reconocidos en la sentencia, no lo es menos que no lo está acerca de la prescripción extintiva decretada, toda vez que este Tribunal, con fundamento en la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado, ha sido clara en precisar que tales descuentos deberán aplicarse durante toda la relación laboral y únicamente en el porcentaje que corresponde al actor (…)

En tanto el trabajador siempre efectúo aportes periódicos destinados a una caja pensional, resulta necesario efectuar descuentos para aportes pensionales sobre los factores devengados durante toda la relación laboral del mismo”.

Es evidente, entonces, que la sentencia objeto de reproche constitucional es concordante con el principio de sostenibilidad fiscal, razón por la cual deben efectuarse los descuentos correspondientes a los aportes a la seguridad social que debieron realizarse durante la vida laboral del pensionado y sobre los cuales se calculó el ingreso base de liquidación.

Ahora bien, respecto de la orden del tribunal de descontar los aportes “por toda la vida laboral”, la Sala reitera que el derecho a la inclusión de los aportes en el ingreso base de liquidación se adquiere por el hecho de haber efectuado las cotizaciones durante toda la vida laboral. Por lo tanto, el demandante no puede pretender obtener la reliquidación pensional con los factores que no le habían sido reconocidos, pero eludir el deber de cotizar a la seguridad social, en la proporción correspondiente a éstos.

Al respecto, esta Sección, al referirse a la expresión “por toda la vida laboral”, en una sentencia con contornos similares, sostuvo que:

“Entonces, la expresión “por todo el tiempo de vinculación laboral”, contenida en la sentencia de 22 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”, debe entenderse circunscrita a la cotización sobre los factores salariales que se van a incluir en el cálculo pensional con ocasión de la reliquidación, lo cual debió realizarse durante los periodos en los que la actora efectivamente los devengó.
En tal virtud, no se genera una limitación injustificada al derecho a la seguridad social, como lo indica la accionante en la solicitud de tutela, pues en últimas la decisión que accedió al reconocimiento de la reliquidación pensional, no podía pasar por alto el criterio de sostenibilidad fiscal consagrado en la Carta Política (art. 48), lo que se manifiesta en la orden de descuento de los aportes al sistema general de seguridad social en pensiones, como se acaba de indicar”.
Finalmente, se precisa que la deducción de los aportes depende de la entidad administradora que hace la liquidación de la pensión, en consecuencia, las inconformidades que surgieran de esa decisión podrán ser controvertidas por la parte actora en sede administrativa y/o jurisdiccional.
Por lo anterior, la Sala no encuentra configurado el defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial alegado por la actora, razón para confirmar la sentencia impugnada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 16 de abril de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero
ACLARO VOTO
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

El accionante respecto de concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dijo: “en la que se realizó un análisis de los descuentos sobre aquellos factores tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión que en su momento no fueron cotizados, partiendo de dos supuestos, la causa que origina el descuento es el aporte por el nuevo factor que debe incluirse en la base de liquidación y el segundo respecto el término de prescripción aplicable a los descuentos que deben hacerse sobre los factores tenidos en cuenta para la liquidación pensional que en su momento no fuero cotizados”.
Folio 26 del cuaderno de tutela.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Dicha providencia ordenó reliquidar y pagar de forma indexada una pensión de jubilación en proporción al 75% del promedio devengado durante el último año de servicio, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, con efectos fiscales a partir del 20 de octubre de 2011, en consideración a que ha operado la prescripción trienal del reajuste a las mesadas anteriores a esa fecha. Igualmente dispuso, que “la entidad demandada podrá descontar los valores legales correspondientes a los aportes no efectuados para pensión, sobre los factores que se incluyen en esta sentencia, atendiendo a lo percibido por dicho concepto durante los últimos cinco años de su vida laboral, comprendido entre el 17 de febrero de 1987 al 17 de febrero de 1992, por prescripción extintiva y que las sumas que resulten de la deducción legal señalada deben ser actualizadas con el fin de que no se pierda su valor adquisitivo, de conformidad con el art. 817 del Estatuto Tributario (…)”

El accionante respecto de concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dijo: “en la que se realizó un análisis de los descuentos sobre aquellos factores tenidos en cuenta para la liquidación de la pensión que en su momento no fueron cotizados, partiendo de dos supuestos, la causa que origina el descuento es el aporte por el nuevo factor que debe incluirse en la base de liquidación y el segundo respecto el término de prescripción aplicable a los descuentos que deben hacerse sobre los factores tenidos en cuenta para la liquidación pensional que en su momento no fuero cotizados”.
Sentencia SU-004 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. establece que: 1. Defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas. Esta hipótesis se presenta cuando el funcionario judicial omite el decreto y la práctica de pruebas, lo cual tiene como consecuencia impedir la debida conducción al proceso de ciertos hechos que resultan indispensables para la solución del asunto jurídico debatido.2. Defecto fáctico por la ausencia de valoración del acervo probatorio. Se presenta cuando el funcionario judicial, a pesar de que en el proceso existan elementos probatorios, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría sustancialmente.3. Defecto fáctico por valoración defectuosa del material probatorio. Tal situación se advierte cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva”.
Sentencia C-258 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, dice en torno a la sostenibilidad financiera que: “Esta Corporación ha puntualizado que las reglas de responsabilidad fiscal y el criterio de sostenibilidad tienen un carácter instrumental respecto de los fines y principios del Estado Social de Derecho, en particular, son una herramienta útil para la realización progresiva de los contenidos prestacionales de las garantías constitucionales. Sin embargo, ha resaltado que la disciplina fiscal y la sostenibilidad financiera no pueden tomarse como fines últimos del Estado ni justificar limitaciones de los derechos fundamentales”.
Cfr., sentencia de 9 de noviembre de 2017. M.P. Julio Roberto Piza (exp. 2017-01992-00).
Cfr., sentencia de 19 de abril de 2018 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2017-01534-01)

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Radicado: 11001-03-15-000-2018-00683-01
Demandante: ANA CLELIA BERNAL DE ROJAS

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