Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00784-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00784-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00784-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
9 de agosto de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad respecto de los cargos de la tutela, reiterados en la impugnación, que no fueron materia de debate en las instancias ordinarias / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestiona no vulnera los derechos respecto de los demás aspectos estudiados de fondo
[S]i en gracia de discusión la renuncia a los espacios televisivos se hubiera presentado con antelación a la declaratoria de caducidad del contrato, la Sala comparte la tesis que expuso el a quo de la tutela en el proveído impugnado, en cuanto adujo que la terminación del contrato de concesión 102 de 1997 no operaba solo por la renuncia del concesionario, ni que la CNTV estuviera obligada aceptarla, sin anteponer alguna condición, como encontrarse a paz y salvo con las tarifas. Tal deducción la soportó en las consideraciones que al respecto hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-200 de 1998, en la que esa Corporación se pronunció acerca de la exequibilidad de la norma que permite al contratista renunciar a los espacios televisivos concesionados, y de manera más que diáfana, precisó que dicha renuncia no implicaba una condonación de obligaciones. (…) la renuncia a la concesión debe ser aceptada por la entidad concedente, de tal suerte que no es cierta la afirmación del impugnante, en cuanto a la existencia de dos modalidades de esta facultad, esto es, (i) por acuerdo entre las partes o resiliación; o (ii) por renuncia del concesionario que no requiere aceptación, ya que la Corte no arribó a una conclusión de ese talante. (…). Sobre la base de esas consideraciones, la Subsección demandada puso de presente que, a diferencia de los contratos que fueron materia de estudio por los jueces arbitrales, en esos casos el concesionario se encontraba a paz y salvo de sus obligaciones y, por tal motivo, el Tribunal de Arbitramento ordenó hacer efectivos los efectos de la renuncia desde su manifestación, contrario al presente caso, en la que el demandante se encontraba en mora: (…). Entonces, no resulta irracional la postura de la Corporación demandada en cuanto a que la renuncia a los espacios concesionados se presentó con posterioridad a la declaratoria de caducidad, y que la exigencia de estar a paz y salvo para aceptarla contaba con respaldo legal. La Sala modificará el proveído de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la presente solicitud de amparo, respecto de los cargos de la tutela, reiterados en la impugnación, que no fueron materia de debate en las instancias ordinarias, y lo confirmará respecto de los demás aspectos estudiados de fondo.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 30 / LEY 182 DE 1995 - ARTÍCULO 5 LITERAL K
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00784-01(AC)
Actor: DIEGO FERNANDO LONDOÑO REYES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandante, contra el fallo del 14 de junio de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
La petición de amparo
El señor Diego Fernando Londoño Reyes, por conducto de apoderada, instauró acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia del 30 de agosto de 2017, proferida por la referida autoridad judicial, en el marco del proceso de controversias contractuales con radicación 25000-23-26-000-2005-00877-01.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
“(…) PRIMERA: Que se declare que los derechos fundamentales de DIEGO FERNANDO LONDOÑO REYES a la igualdad (artículo 13 de la CP), al debido proceso (artículo 29 de la CP), a la prevalencia del derecho sustancial en toda clase de actuaciones judiciales y al acceso a la administración de justicia (artículos 228 y 229 de la CP) han sido vulnerados por la Sección tercera, Subsección A del Consejo de Estado con ocasión del proceso 2005-844 (sic) y, en particular, con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida en dicho proceso el 30 de agosto de 2017.
SEGUNDA: Que, para superar esa vulneración…
2.1. Deje sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida en el proceso mencionado en la PETICIÓN PRIMERA PRINCIPAL; y
2.2. Ordene a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado que profiera sentencia de fondo para el referido proceso de controversias contractuales (i) aplicando los precedentes de casos similares, incluido el Laudo Arbitral del 2 de agosto de 2002 proferido por el Tribunal de Arbitramento de DFL contra CNTV, y la Sentencia C-200 del 13 de mayo de 1998 de la Corte Constitucional, (ii) valorando las pruebas que obran en el expediente acerca de la ruptura del equilibrio financiero del contrato 102 de 1997, así como el reconocimiento del gobierno y la CNTV sobre el impacto que tuvieron en el sector de televisión la situación económica del país y la entrada en operación de canales privados, y de los intentos fallidos de la CNTV por restablecer el equilibrio financiero del contrato, (iii) el incumplimiento de la ley del contrato en que incurrió la CNTV, y (iv) la desviación de poder y las actuaciones ilegales con las cuales la comisión agravó el daño del Concesionario, según se explica en esta demanda.”
La petición de tutela, tuvo como fundamento los siguientes:
Hechos
Sostuvo que en Colombia se concesiona el servicio de televisión a partir del año 1963, fecha desde la cual se cobraba una tarifa al concesionario, cuya fijación no obedecía a estudio alguno, ni correspondía a una retribución del servicio que se autorizaba prestar.
Explicó que, con el propósito de subsanar tal circunstancia, se expidió la Ley 182 de 1995, cuyo artículo 5°, literal g), estableció unas pautas para fijar las tarifas por la concesión del espacio televisivo.
Sostuvo que mediante la Resolución 168 del 5 de julio de 1997, modificada parcialmente por la Resolución 174 del 12 de julio de 1997, la Comisión Nacional de Televisión (en adelante CNTV), ordenó la apertura de la Licitación Pública 001 de 1997, para el otorgamiento de las concesiones de unos espacios televisivos en el canal de operación pública - Canal A.
Expuso que en los pliegos correspondientes se estableció que las tarifas podían ser reajustadas durante el lapso de ejecución del contrato respectivo por parte de la CNTV, sin que pudieran ser inferiores al IPC, y en atención al comportamiento del mercado publicitario y otros factores.
Adujo que se presentó a la licitación de que se trata.
Señaló que mediante la Resolución 519 del 27 de octubre de 1997, modificada por la Resolución 523 del 31 de octubre de 1997, la CNTV adjudicó varios contratos de concesión, entre los cuales le correspondió un total de 9.5 horas en distintos horarios.
Mencionó que el 13 de noviembre de 1997 suscribió con la CNTV el Contrato 102 de 1997, cuyo objeto consistió en la entrega, por parte de la entidad, de unos espacios televisivos en el Canal A, para su uso y explotación.
Indicó que el valor de dicho contrato fue de $21.119’323.210, que corresponde al estimativo de tarifas a pagar durante su vigencia (6 años, desde el 1° de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2003).
Adujo que el contrato se refirió al reajuste de las tarifas, en la cláusula décima cuarta, cuyo parágrafo 1 señaló que “Para reposición del valor de la póliza en el caso de reajuste de las tarifas de espacios de televisión, se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución del contrato para efectos de que en todo caso se mantenga asegurado el porcentaje mencionado en el presente artículo.”.
Advirtió que durante la ejecución del contrato en mención, se presentó un desequilibrio económico debido a una serie de factores, a saber:
• La entrada en operación de los canales privados con cubrimiento nacional (Caracol y RCN), 9 canales regionales y dos operadores satelitales.
• Ajustes de tarifas que no obedecieron a estudios idóneos, ya que hasta el año 2000 no existía una metodología para su cálculo, pues se fijaron por parte de INRAVISIÓN desde hacía bastante tiempo y nunca se revisaron.
• La recesión económica que afrontó el país hacia 1998, hecho notorio que se tradujo en la caída del PIB, el aumento de las tasas de interés, el incremento del desempleo, de la cartera morosa, la incertidumbre cambiaria etc., que afectó el sector de la televisión.
• El pésimo servicio que prestó INRAVISIÓN, lo cual impidió la competitividad entre el operador público y el privado, según se evidenció al comparar la calidad de imagen de ambos.
Señaló que, como consecuencia de lo anterior, el 3 de mayo de 1999 se suscribió el otrosí 1, que modificó las cláusulas contractuales sexta (forma de pago), décima séptima (caducidad y sus efectos) y décima novena (multas del concesionario), ello en razón a varias solicitudes de los concesionarios a la CNTV para revisar las condiciones de ejecución de los contratos, debido a la coyuntura del sector de la televisión.
Afirmó que se suscribieron los otrosíes 2 de 1999, 3, 4, 5 y 6 de 2000, todos ellos orientados a reformar la cláusula sexta del contrato.
Agregó que, pese al conocimiento que la CNTV tenía de las circunstancias, dicha entidad se limitó a ajustar los términos de pago, las condiciones de las multas y la cláusula penal del contrato, sin reducir las tarifas.
Añadió que los ajustes contractuales antes mencionados no ayudaron a superar la crisis, y que su patrimonio se comprometió con el aumento exponencial de deudas, dada su incapacidad de pagar las tarifas con los ingresos de la concesión.
Refirió que, como consecuencia de lo anterior, se vio en la necesidad de solicitar la apertura de un trámite concordatario ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá, lo que tuvo lugar el 7 de febrero de 2001, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la CNTV.
Señaló que, al día siguiente, la entidad concedente le informó que debía cancelar todas sus obligaciones derivadas del Contrato 102 de 1997, so pena de decretar su caducidad.
Adujo que, al dar respuesta a la CNTV, le indicó que por virtud de la apertura del trámite concordatario, en los términos de la Ley 222 de 1995, salvo orden judicial, legalmente estaba impedido para efectuar los pagos de tales obligaciones, y que por virtud de lo previsto en el artículo 103 ibidem, no se podía decretar la caducidad del contrato.
Explicó que con la Resolución 856 del 13 de noviembre de 2001, la CNTV adoptó medidas en materia de tarifas, y concedió unos descuentos por pago de sumas autoliquidadas.
Indicó que sólo se benefició de tales tarifas entre el 15 de noviembre de 2001 y la fecha en la que se declaró la caducidad del contrato, sin que con ello se aliviaran las cargas excesivas derivadas de la ruptura del equilibrio económico contractual.
Manifestó que mediante el oficio 1972 del 8 de febrero de 2002, solicitó un acuerdo de pago a la CNTV; sin embargo, la entidad negó tal petición, al considerar que se requería la autorización del juez del concordato; no obstante, la ley no contempló tal exigencia.
Expuso que, por los mismos motivos que causaron el desequilibrio económico del Contrato 102 de 1997, presentó demanda arbitral ante la Cámara de Comercio de Bogotá, en contra de la CNTV, para que fueran resueltas las controversias surgidas de los contratos 155 de 1998 y 29 de 1999 (concesiones de espacios televisivos).
Mencionó que el Tribunal de Arbitramento profirió laudo arbitral en su favor, en el sentido de ordenar el recálculo de las tarifas de esos contratos, y el valor resultante sustraerlo del que se pagó, para así restituirle la suma remanente.
Indicó que el 27 de noviembre de 2002 la CNTV, al poco tiempo de conocer el laudo, profirió la Resolución 1076 de 2002, mediante la cual declaró la caducidad del contrato 102 de 1997, con fundamento en el numeral 5° de la cláusula décima séptima (mora en los pagos).
Agregó que, contra dicha decisión, presentó recurso de reposición, pero la CNTV, mediante las resoluciones 265 y 266 de 2003, confirmó la referida caducidad, con fundamento en que no se desconoció el debido proceso.
Señaló que antes que le fuera notificada la decisión de declarar la caducidad, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 335 de 1996, informó a la CNTV su decisión de devolver los espacios televisivos, con fundamento en el cobro en exceso de las tarifas, y en la ineficiente prestación del servicio de televisión.
Sostuvo que la comisión se negó a recibir los espacios, por cuanto no estaba a paz y salvo de sus obligaciones, y en ese comunicado aprovechó para informarle acerca de la decisión de declarar la caducidad del contrato.
Adujo que continuó con la prestación del servicio, hasta que la CNTV recibió los espacios concesionados, una vez quedó en firme la declaratoria de caducidad del contrato, el 8 de mayo de 2003.
Reiteró que mediante laudo proferido el 2 de agosto de 2002, el Tribunal de Arbitramento ordenó el recálculo de las tarifas de los contratos 155 de 1998 y 029 de 1999, y restituirle los valores resultantes.
Precisó que, a raíz de dicho laudo, mediante la Resolución 671 del 29 de agosto de 2003, la CNTV ordenó el pago correspondiente en su favor, sin embargo, en ese acto la entidad compensó las deudas pendientes derivadas del Contrato 102 de 1997.
Refirió que, agotados los trámites pertinentes, la CNTV liquidó unilateralmente el Contrato 102 de 1997, mediante la Resolución 144 del 10 de marzo de 2004, que incluyó la deuda por la cláusula penal pecuniaria derivada de la declaratoria de caducidad, y las tarifas supuestamente adeudadas.
Agregó que el artículo tercero de la referida resolución dispuso la cancelación de las deudas concordatarias en los términos que estableciera el juez del concordato, y el artículo quinto señaló que, de fracasar dicho concordato, se debía pagar el monto total de la cartera acumulada, con corte al 19 de diciembre de 2003.
Indicó que la compañía aseguradora que otorgó la póliza de garantía del contrato, presentó recurso de reposición contra la Resolución 144 de 2004, el cual fue resuelto mediante la Resolución 378 del 22 de junio de 2004, en el sentido de confirmar el acto recurrido.
Posteriormente, expuso que el 26 de abril de 2005, instauró demanda de controversias contractuales en contra de la CNTV, en la que pretendió (i) que se declarara la ruptura del equilibrio financiero y se dispusiera su restablecimiento; (ii) la anulación del acto que declaró la caducidad del contrato y las que resolvieron los recursos cintra esta; (iii) la anulación del acto de liquidación unilateral y el que resolvió el recurso correspondiente; (iv) la anulación de los actos que ordenaron la compensación de deudas; (v) la indemnización de perjuicios; (vi) la devolución del valor que pagó por la cláusula penal pecuniaria; y (vii) la liquidación del Contrato 102 de 1997 conforme a las declaraciones y condenas del caso.
Adujo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó sus pretensiones, por cuanto las causales del desequilibrio económico alegado eran previsibles y, por lo tanto, al contratista le correspondía adoptar las medidas del caso; que no se demostró que la situación económica del país haya afectado la ejecución contractual; que el concesionario se obligó con las tarifas de la concesión; que la caducidad se decretó con fundamento en lo que las propias partes pactaron; y que la solicitud de devolución de los espacios de televisión fue posterior al acto que declaró la caducidad del contrato.
Sostuvo que presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante sentencia del 30 de agosto de 2017, dictada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sentido de confirmar la providencia apelada. Además de los mismos motivos del proveído de primer grado, adujo que de la ecuación financiera y las fórmulas de reajuste tarifario pactadas, no se desprendía la obligación de la CNTV de ajustar las tarifas a la baja; y que al contratista le correspondía asumir el riesgo comercial.
Sustento de la petición
Adujo que la providencia bajo cuestionamiento adolece de defecto fáctico, por “ligera valoración probatoria”.
Al respecto, expuso que en la demanda se alegó que una de las causas del desequilibrio financiero del contrato fue la deficiente prestación del servicio por parte de INRAVISIÓN, por las fallas en las emisiones.
Sostuvo que en la sentencia bajo censura, estas alegaciones se tuvieron como no probadas, pese a que varios elementos de convicción del expediente demostraron su veracidad.
Precisó que, entre otras pruebas, está el texto del recurso que presentó contra la Resolución 1076 de 2002 (que declaró la caducidad del contrato), y el recurso que La Previsora presentó contra el mismo acto.
Mencionó que la CNTV, en lugar de reconocer tal circunstancia, endilgó al contratista su falta de previsión sobre tal tópico.
Destacó las pruebas de las fallas de operación de la red, entre ellas (i) los formatos de “Reportes de Incidencias Red Nacional de TV”, de INRAVISIÓN, sobre problemas en el regulador, en el transmisor, en el banco de baterías, caídas de potencia, mala señal, señal intermitente, etc.; (ii) cartas del coordinador del Canal A al director ejecutivo de INRAVISIÓN de marzo, abril, agosto, septiembre, y noviembre de 1999, en las que le manifestó aspectos como problemas técnicos, descenso de la sintonía, mal uso de los espacios televisivos, y continuas fallas en la señal; (iii) la carta del director de INRAVISIÓN al coordinador del Canal A, relacionada con fallas en equipos; e (iv) información aportada por los directivos de INRAVISIÓN al proceso arbitral, que indican dificultades con el mantenimiento de los equipos de la red de transmisión.
De otro lado, manifestó que la CNTV y el gobierno reconocieron el impacto que tuvo en la televisión pública la situación económica del país y la entrada en operación de los canales privados en el sector de la televisión.
Agregó que, sin embargo, la autoridad judicial demandada consideró que no se demostró de qué manera tales circunstancias afectaron la ejecución del contrato.
Sostuvo que, por el contrario, se aportaron varias pruebas sobre este aspecto, que acreditaron que la recesión económica fue sobreviniente a la firma del contrato en cuestión, y que el contratista no tenía manera de prever las consecuencias del declive de la economía en su ejecución.
Destacó, entre otras evidencias, las resoluciones (i) 640 del 3 de mayo de 1999, relacionada con medidas de alivio a los concesionarios de espacios televisivos; (ii) 724 y 725 del 18 de agosto de 2000, en las que la CNTV extendió la vigencia de las tarifas y la clasificación de los espacios televisivos, y reconoció los efectos adversos de la economía en la industria de la televisión pública; (iii) el extracto del informe de ponencia que luego se convirtió en la Ley 680 de 2001, en el que se puso de presente la caída de la inversión en la publicidad, producto de la crisis económica, y la competencia por la pauta que hizo caer las tarifas por efectos de la oferta y la demanda; (iv) el otrosí 1 del 3 de mayo de 1999, en donde se hizo alusión a la solicitud de los concesionarios de espacios televisivos para la revisión de las condiciones de ejecución de los contratos de concesión, en atención a la coyuntura del sector, y la situación de mercado que dio lugar a la baja del nivel de pautas publicitarias.
También destacó los otrosíes 2 de 1999, 3, 4, 5, y 6 de 2000, y 7 de 2001, en los que se hizo referencia a las solicitudes de los concesionarios de televisión pública, para que la CNTV revisara las condiciones de ejecución de los contratos de concesión, debido a la coyuntura del sector, derivada de la situación económica del país, y en los que la entidad reconoce tal circunstancia y la necesidad de ajustar las tarifas pactadas en los contratos respectivos.
Consideró que, con fundamento en las probanzas antes destacadas, la CNTV reconoció el impacto de la situación económica del país en la ejecución de los contratos de concesión de televisión pública, e intentó, en vano, reparar la ecuación financiera de los mismos, sin embargo no dispuso la reducción significativa de las tarifas.
Señaló que la CNTV se abstuvo de adoptar las medidas necesarias para mantener las condiciones técnicas y financieras del contrato de concesión, con lo que desconoció los artículos 4-8, 5-1 y 27 de la Ley 80 de 1993, y que según lo demostró el Instituto SER, hasta el año 2000 no existían antecedentes de la metodología que se utilizó para calcular las tarifas de las concesiones de televisión pública.
Adujo que, por tal razón, el Consejo de Estado debió acceder a su pretensión, consistente en declarar que la CNTV incumplió el Contrato 102 de 1997, al no establecer las tarifas conforme a la ley vigente en ese momento.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada pasó por alto las pruebas que dieron cuenta de su imposibilidad de pagar las deudas concordatarias, como lo exigía la CNTV, y la desviación de poder en la que incurrió dicha entidad.
Al respecto, indicó que en la sentencia bajo cuestionamiento no se tuvo en cuenta el auto del 7 de febrero de 2001 del Juzgado 38 Civil del Circuito, mediante el cual dio apertura al trámite concordatario y le previno expresamente efectuar pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones.
Advirtió que, de haberse considerado este documento, se hubiera concluido que (i) el concesionario estaba en imposibilidad legal para cancelar las sumas que adeudaba a la CNTV, dado que ello requería autorización del juez del concordato, y si en gracia de discusión se hubieran hecho tales pagos, esa circunstancia acarrearía multas sucesivas hasta reversar la operación, y esos actos se tornarían ineficaces; (ii) que ante la imposibilidad legal de hacer los pagos bajo cita, no existió una situación de mora como la declaró la CNTV, y que el concesionario ofreció en varias oportunidades a la CNTV celebrar un acuerdo de pago, a lo que la entidad se negó; y (iii) que, por lo tanto, no se reunieron los presupuestos de incumplimiento para declarar la caducidad del contrato.
Indicó que tampoco se tuvo en cuenta el telegrama enviado el 8 marzo de 2001 a la CNTV, en la que le informó acerca de la apertura del concordato; prueba que, de haberse valorado, daría lugar a concluir que la entidad, al día siguiente de recibirlo, le comunicó que lo sancionaría con la caducidad del contrato si no cancelaba sus obligaciones, amenaza que hizo efectiva después de que un Tribunal de Arbitramento, en un asunto que guarda identidad con este caso, profiriera laudo en favor del concesionario, el 2 de agosto de 2002.
Mencionó que en la sentencia bajo censura se pasó por alto que la Resolución 1076 de 2002 (que declaró la caducidad del Contrato 102 de 1997), si bien tenía fecha del 15 de noviembre, se le notificó hasta el 5 de diciembre, lo que significa que el concesionario se enteró de la caducidad después de que la CNTV conoció del laudo en mención, y luego de que informara a la comisión acerca de su intención de devolver los espacios televisivos.
Frente al punto, señaló que en la providencia cuestionada el Consejo de Estado sostuvo que la decisión de devolver los espacios televisivos se informó el 22 de noviembre de 2002, esto es, con posterioridad a la fecha en la que se declaró la caducidad, cuando en realidad ocurrió todo lo contrario.
Insistió en que el acto que decretó la caducidad del contrato se le notificó el 5 de diciembre de 2002, luego es desde esta fecha que tal acto le era oponible.
A su turno, alegó que el proveído bajo cuestionamiento adolece de defecto sustantivo, dada la “contradicción entre los fundamentos y la decisión.”
Al respecto, afirmó que en la sentencia se reconoció que la CNTV “debía adelantar” estudios para establecer las variaciones de las tarifas y para modificar las de la concesión; sin embargo, pese a dicha conclusión, no se asignó ninguna consecuencia jurídica al incumplimiento de la obligación de que se trata, ni se evaluó si la entidad fue responsable del desequilibrio económico que presentó el contrato en cuestión, sino que simplemente concluyó que el pliego de condiciones preveía un ajuste mínimo del IPC.
Señaló que, con ello, se desconoció que (i) en los pliegos de la licitación se determinó que la CNTV podía fijar las tarifas con base en factores distintos al IPC “teniendo en cuenta el comportamiento del mercado publicitario”; (ii) que la Ley 182 de 1995 estableció una serie de parámetros para fijar las tarifas, entre ellos, la cobertura geográfica, el ingreso per capita en el área de cubrimiento, y la recuperación de los costos; (iii) que la CNTV reconoció la necesidad de modificar el marco tarifario; y (iv) la doctrina y jurisprudencia sobre la posibilidad de que un determinado precio, aun cuando aparezca en los pliegos o en el contrato, puede dar lugar a la ruptura del equilibrio contractual si se presenta un cambio en las condiciones de ejecución.
Aseveró que otra contradicción de la sentencia tuvo que ver con la conmutatividad del contrato, ya que se indicó que “la ecuación contractual estaba fundada en la conmutatividad entre: el uso del espectro electromagnético y el valor a pagar del mismo”; no obstante, no se entiende como admitió esto y, acto seguido, negó que los cambios en las condiciones del uso del espectro inciden en el precio a pagar.
Argumentó que, contrario a la lógica, la autoridad judicial demandada supuso que el concesionario estaba obligado a soportar un incremento del costo por tarifas equivalente a la variación del IPC, como si no hubiera lugar a considerar circunstancias externas atribuibles al incumplimiento de la CNTV que afectaron las condiciones del uso del espectro electromagnético.
Sustentó que el defecto sustantivo también se configuró por inobservancia de la normatividad aplicable a su caso.
Al respecto, expuso que se desconoció el artículo 29 de la Constitución Política, por cuanto se declaró la caducidad del contrato sin darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y la CNTV sustentó que no se desconoció el debido proceso al considerar que el concesionario fue informado de la falta que se le imputaba mediante varios requerimientos.
Agregó que se desconocieron los artículos 6 y 121 superiores, y la cláusula décima séptima del Contrato 102 de 1997, que permitía a la CNTV declarar la caducidad del contrato mediante acto motivado, si el monto de la deuda en mora del concesionario excedía el 20% del valor asegurado por la garantía de cumplimiento del contrato, causal que fundó la caducidad en este caso.
Añadió que, sin embargo, en la sentencia cuestionada se pasó por alto que las causales de caducidad no deben interpretarse de manera aislada, sino en conjunto con el encabezado de la cláusula décima séptima del contrato y el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en cuanto a que esta medida excepcional procede cuando se presentara una afectación grave y directa de la ejecución del contrato, que conduzca a su paralización, lo que no ocurrió, por cuanto el concesionario continuó con la prestación del servicio.
Agrego que, por lo tanto, la CNTV no estaba facultada para declarar la caducidad del contrato con fundamento en una obligación pendiente de pago, y porque un contrato no se “paraliza” por falta de pago de tarifas.
Explicó que, por lo tanto, en la sentencia bajo censura se interpretó de manera excesiva el concepto de parálisis, que en la ley se refiere a una grave afectación en la ejecución del contrato.
Advirtió que, además de lo anterior, el Consejo de Estado consideró ajustada a derecho la declaratoria de caducidad, con fundamento en las facultades que tiene la CNTV de consagrar causales de esta medida exorbitante no previstas en la ley.
Mencionó que en la sentencia se sustentó tal consideración en lo establecido en el artículo 5°, literal k), de la Ley 182 de 1995; no obstante, dicha norma no establece la facultad de declarar la caducidad en los términos bajo cita, sino que, en realidad, la atribución de que se trata se instituyó en el artículo 48 ibídem, que se refiere a los operadores zonales de televisión, que no es el caso del Contrato 102 de 1997.
Añadió que la sentencia también tuvo sustento en el texto del artículo 49 de la preceptiva bajo cita, la cual sí resulta aplicable al contrato en cuestión, pero tampoco establece la facultad de decretar la caducidad por incumplimiento en el pago de tarifas, sino que dispone que habrá lugar a la terminación del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria cuando proceda la caducidad, y en los casos de terminación que pacten las partes.
Expuso que la Sentencia C-726 de 2009 de la Corte Constitucional, no abrió la vía a las partes de un contrato estatal para establecer cualquier causal de caducidad, por el contrario, dijo que frente a esta sanción opera el principio de legalidad fuerte, esto es, que dicha causal se debe establecer en los términos estrictos de la ley.
Aseveró que la sentencia cuestionada desconoció el artículo 84 del Decreto 01 de 1984, puesto que negó la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato, sin tener en cuenta que el mismo se profirió con desviación de poder.
Al respecto, reiteró que la declaratoria de caducidad coincidió con una decisión arbitral en su favor (respecto de contratos con idéntico objeto), y la manifestación de su renuncia a los espacios concesionados, estos es, obedeció a una represalia en su contra, para así privarle de su derecho a renunciar a dichos espacios, y sustraerse de la competencia al juez arbitral, puesto que en el contrato de que se trata se pactó que en ningún caso se sometería al tribunal de arbitramento las causales y los efectos de la caducidad.
Insistió en que presentó la renuncia a los espacios televisivos antes de que se le notificara la resolución de caducidad del contrato.
Agregó que el referido artículo 84 del Decreto 01 de 1984, también fue desconocido por cuanto en la sentencia no se tuvo en cuenta que la caducidad del contrato se decretó con falsa motivación, comoquiera que nunca dejó de cumplir con el objeto contractual.
Por otra parte, adujo que la sentencia reprochada desconoció varias normas, al negar la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato.
Frente a este aspecto, sostuvo que la sentencia desatendió los artículos 6 y 121 de la Carta, 18 de la Ley 80 de 1993 y las cláusulas décima séptima y décima octava del Contrato 102 de 1997, por cuanto la falta de pago de las tarifas se originó en una circunstancia que le era imputable a la CNTV, dada su omisión de realizar los ajustes correspondientes, y su ineficiente gestión ante la precaria operación de INRAVISIÓN.
Agregó que todo lo anterior desequilibró el contrato y, por tal motivo, no había lugar a declarar su caducidad y, por contera, disponer su liquidación unilateral.
Sostuvo que en el acto que declaró la caducidad del contrato se ordenó hacer efectiva la póliza de cumplimiento y la cláusula penal pecuniaria, lo que no era procedente en virtud de la ilegalidad de la declaratoria de caducidad.
Señaló que, ante la negativa de equilibrar el contrato, también se desatendieron los artículos 4-8, 5-1 y 27 de la Ley 80 de 1993.
Afirmó que el Consejo de Estado, al negar su solicitud de excluir del cobro de las tarifas, las que se causaron entre el momento en que manifestó su renuncia a los espacios concesionados y su efectiva recepción, confirió una alcance distinto al sentido del artículo 17 de la Ley 335 de 1996 y a la cláusula vigésima sexta del contrato de que se trata, ya que tales normas no establecen causales distintas a la manifestación del concesionario de devolver tales espacios, y en esa medida la CNTV debió aceptarlos desde el momento en que se le manifestó esa intención.
Sostuvo que se desatendió la cláusula vigésima novena del instrumento contractual en cuestión, que establecía que la CNTV podía imponer multas al concesionario, sólo en caso de incumplimiento parcial de sus obligaciones contractuales que no den lugar a la caducidad, sin embargo, la entidad se abstuvo de imponer multas y procedió a la sanción más drástica, y lo que es más inexplicable, impuso dichas multas luego de declarar la caducidad.
Adujo que la sentencia materia de cuestionamiento adolece de defecto por decisión sin motivación.
En cuanto este yerro, explicó que en relación con el “Esclarecimiento de la ecuación económica del contrato en el caso concreto”, la sentencia sólo dedicó dos páginas a este asunto y concluyó, sin fundamento, que al concesionario le correspondía asumir el riesgo comercial, a pesar de que en la época de los hechos no era obligatoria la elaboración de una matriz de riesgos (obligación que se estableció en la Ley 1150 de 2007), y que la CNTV no se comprometió a garantizar un ingreso mínimo del concesionario.
Sostuvo que la autoridad judicial demandada sustentó tal conclusión en la regla “imaginaria” de acuerdo con la cual a cada parte le correspondía asumir el riesgo inherente a su actividad, “como si en un contrato de concesión de este tipo ello bastara para asignar, a dedo, todos los riesgos del contrato a una de las partes”; y que en la sentencia no se hizo alguna imputación similar a la entidad por los riesgos inherentes a la actividad regulatoria y a la operación de la televisión, que le correspondía.
Insistió en que si bien el Consejo de Estado reconoció que la CNTV no realizó estudio alguno para la fijación de las tarifas de la concesión, no asignó una consecuencia jurídica a tal omisión.
Mencionó que tenía una expectativa legítima de que la CNTV ajustara las tarifas de la concesión, en función de la reducción del ingreso per cápita en el área de cubrimiento, en los términos de la Ley 182 de 1995; sin embargo, la autoridad judicial demandada consideró que el contratista perdió la posibilidad de alegar el desequilibrio económico con sustento en que no demandó las resoluciones que adoptaron las tarifas por el uso de espacios de televisión.
Concluyó que en este caso, el deber de planeación recaía en la CNTV, pero el riesgo regulatorio que le correspondía se trasladó al contratista.
Agregó que, por lo tanto, si el Consejo de Estado consideró que no se configuró un desequilibrio del contrato, pese a la ausencia de estudios para fijar las tarifas, debió sustentar tal posición.
De otra parte, advirtió que la sentencia bajo cuestionamiento adolece de defecto por desconocimiento del precedente.
Como sustento de este presunto vicio, mencionó que en el fallo atacado se negó la posibilidad de excluir el cobro de las tarifas causadas entre el momento en que el concesionario manifestó su intención de renunciar a los espacios concesionados (22 de noviembre de 2002), y la recepción efectiva de estos por parte de la CNTV.
Indicó que la autoridad judicial demandada sustentó su decisión en una supuesta diferencia del presente caso con el asunto que se sometió a consideración del Tribunal Arbitral, ya que en ese escenario el concesionario estaba al día en sus obligaciones, mientras que aquí se encontraba en mora.
Adujo que, por lo tanto, al desconocer los efectos de la renuncia, la autoridad judicial demandada desatendió el laudo Arbitral del 2 de agosto de 2002, que en un caso prácticamente idéntico al presente, entre las mismas partes, el colegiado arbitral dejó claro que la entidad “no puede condicionar los efectos de la renuncia a la concesión como facultad legal, so pena de excederse en sus facultades o desnaturalizar la figura, convirtiéndola en una resiliación”.
Mencionó que algo similar se encuentra en la sentencia C-200 de 1998 de la Corte Constitucional, que declaró ajustada a la Carta la renuncia a la concesión por parte del titular que no puede continuar ejecutando el contrato, ya que en tales circunstancias es deseable que lo haga antes de que esa incapacidad ocasione traumatismos en la transmisión o en la programación.
Sostuvo que, a diferencia del presente caso, en los contratos 155 de 1998 y 29 de 1999 (materia del laudo bajo cita), la CNTV sí aceptó la renuncia a la concesión, aunque lo hizo tres meses después de presentada, y cuando la decisión quedó en firme, razón por la que el Tribunal Arbitral consideró que la entidad estaba obligada a asumir la prestación del servicio desde el momento de la renuncia a la concesión.
Señaló que la autoridad judicial demandada consideró que el concesionario no demostró el desequilibrio financiero del contrato y sus efectos adversos, y que en la distribución implícita de riesgos del contrato, no cabía suponer una carga o deber de reducir las tarifas.
Indicó que dicha conclusión desconoció la ley, el contrato y los precedentes que rigen las obligaciones de la CNTV, ya que según la cláusula vigésima cuarta, el contrato se regía por las leyes colombianas, a saber, la Ley 182 de 1995, 335 de 1996 y la Resolución 185 de 1996; por lo tanto el concesionario, para la época en que presentó su oferta, fue adjudicatario y suscribió el contrato, debía esperar que la entidad fijara las tarifas durante la vigencia contractual, ya que este era su deber.
Mencionó que en esos términos se pronunció el Tribunal de Arbitramento cuyo laudo se desconoció, al advertir que la CNTV tenía el deber de protección dispuesto en la nueva política de televisión, como el que corresponde a la fijación de los precios de la concesión, lo relativo al derecho de renuncia, y asumir las consecuencias de las falencias en la prestación del servicio a cargo de INRAVISIÓN.
Agregó que según el Consejo de Estado, el concesionario debía prever el riesgo comercial que traería consigo la entrada en operación de los canales privados, y que dicho riesgo dependía de la gestión del contratista y asumir el mayor o menor impacto de la competencia.
Al respecto, alegó que esta no fue la única causa del desequilibrio financiero del contrato pero, aún si fuera así, no había manera de prever tal circunstancia para la fecha en que se presentó la oferta, ya que fueron quince nuevos canales que entraron en competencia.
Adujo que el laudo de que se trata se refirió a la crisis del sector de la televisión por la entrada en operación de los canales privados, como una circunstancia cierta y previsible, pero incalculable en sus alcances, por lo que las partes del contrato debían adoptar medidas para mitigar dicha circunstancia.
Trámite en primera instancia
Por auto del 23 de marzo de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la presente solicitud de amparo, dispuso la vinculación de la autoridad judicial demandada, de los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del director de la Autoridad Nacional de Televisión (otrora CNTV), y del representante legal de la sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A., como vocera y administradora del patrimonio autónomo de remanentes de la CNTV.
Contestación
5.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A
La consejera titular del despacho ponente sostuvo que la tutela es improcedente, porque del extenso escrito de amparo se concluye que lo prendido es cuestionar la decisión de fondo.
Dijo que la sentencia concluyó, luego de un exhaustivo análisis probatorio, normativo y jurisprudencial, que el demandante no demostró el rompimiento de la ecuación económica ni la ilegalidad de los actos administrativos que declararon la caducidad del contrato y lo liquidaron unilateralmente.
Agregó que la ley establece que el posible desequilibrio financiero del contrato debe estudiarse a partir de la identificación de la ecuación económica que lo gobernó y de la distribución de las cargas y riesgos entre el Estado y el contratista. Que, en el caso concreto, se advirtió que los efectos negativos del incremento de la competencia en televisión no eran imprevisibles ni inherentes a la gestión contractual a cargo de la CNTV.
Alegó que en la providencia controvertida se determinó válidamente que no se había presentado el desequilibrio financiero, pues las tarifas estaban fijadas en actos administrativos, cuya legalidad debió ser censurada por el concesionario.
Afirmó que la tutela no tiene relevancia constitucional, pues no busca demostrar la vulneración de derechos fundamentales, sino simplemente reabrir el debate jurídico, para acceder a una instancia adicional. Que el fundamento de la demanda radica en las discrepancias interpretativas y valorativas del actor respecto de las conclusiones de la autoridad judicial, aspectos que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no son competencia del juez de tutela, que solo debe intervenir cuando se hayan presentado una grosera y manifiesta arbitrariedad.
5.2. Fiduagraria S.A., vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes de la Comisión Nacional de Televisión
Por conducto de apoderado, adujo que la decisión cuestionada resolvió cada uno de los argumentos del demandante, por lo que no es posible que vuelvan a abordarse por vía de tutela.
5.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B
El magistrado titular del despacho, señaló que la parte demandante pretende una tercera instancia, en la medida que presenta una serie de objeciones respecto de los aspectos sustanciales de la sentencia atacada.
5.4. Autoridad Nacional de Televisión
Por conducto de la asesora del Despacho de la directora de la entidad, se pronunció de la siguiente manera:
Adujo que el actor no puede poner en marcha el aparato judicial a voluntad, sino únicamente cuando existan causales jurídicas que justifiquen la procedencia de la acción de tutela.
Advirtió que la presente solicitud carece de relevancia constitucional, ya que es evidente que lo pretendido es revivir el litigio que fue resuelto en segunda instancia por el Consejo de Estado.
Mencionó que la argumentación de la autoridad judicial demandada tuvo sustento en la ausencia de los elementos requeridos para la configuración del desequilibrio contractual, según reiterada jurisprudencia.
Indicó que, frente a este punto, y de acuerdo con el análisis probatorio correspondiente, el Consejo de Estado concluyó que el concesionario debía asumir el riesgo comercial de la concesión, razón por la que no era posible fundamentar la petición de desequilibrio en la reducción de sus ingresos por pauta publicitaria.
Afirmó que la Sección demandada tuvo en cuenta todos los actos administrativos que se profirieron durante la ejecución del contrato, que si bien advirtieron una situación económica recesiva, no demostraron que tal circunstancia fue previsible, pues tal recesión se evidenció aun antes de la celebración del contrato.
Refirió que la CNTV cumplió con su obligación respecto de la red pública, cuya operación no guardaba relación con la reducción de los ingresos del concesionario por bajos niveles de sintonía.
Mencionó que en varios apartes de la sentencia cuestionada se hizo referencia al trámite concordatario del concesionario; sin embargo, la prueba sobre tal aspecto no acreditaba el desequilibrio del contrato.
Argumentó que la sentencia se sustentó en el dictamen pericial practicado en el proceso, que permitió concluir que la fórmula de reajuste y las modificaciones tarifarias realizadas eran suficientes para conjurar los efectos de la crisis económica.
Sostuvo que no existió contradicción alguna al no declarar la ilegalidad de los actos tarifarios, puesto que la falta de estudios para su fijación no constituyó un incumplimiento del contrato, aunque eventualmente daría lugar a la anulación de tales actos.
Agregó que no se desconoció el debido proceso del concesionario por la declaratoria de caducidad del contrato, y en realidad, lo que se pretende es cuestionar la interpretación jurídica que hizo la autoridad judicial demandada frente a las circunstancias que motivaron dicho proceder, sin hacer mención de las normas presuntamente inobservadas.
Adujo que no se desconoció el precedente judicial, ya que según lo dicho por la Corte Constitucional, no cualquier antecedente judicial debe tenerse como tal, sino que se debe contar con una línea argumental definida, uniforme y pacífica, lo que no ocurre en este caso, ya que de las providencias invocadas por el tutelante, una no guarda relación con la materia (C-729 de 2009), y el laudo no es precedente.
Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 14 de junio de 2018, negó el amparo solicitado.
Las razones del a quo para proceder en el sentido indicado se resumen a continuación.
Desestimó los argumentos de la tutela relacionados con las deficiencias técnicas del servicio que prestaba INRAVISIÓN, ya que no fueron expuestos en la demanda contractual. Agregó que el actor no puede pretender que estos sean estudiados por el juez de tutela, como si esta acción pudiera emplearse en reemplazo de los medios ordinarios establecidos en la ley para la defensa de los derechos.
Consideró que las conclusiones de la autoridad judicial demandada surgieron de una razonable valoración de las pruebas obrantes en el expediente, y de una adecuada interpretación de la normativa que rige el asunto.
Explicó que en la sentencia no se concluyó que la CNTV hubiera incumplido el deber legal de efectuar estudios para modificar las tarifas, sino que, por el contrario, del análisis de la distribución de los riesgos del contrato no se desprendía la obligación de reducir los costos en mención ante la disminución de la pauta publicitaria, y que, de hecho, solo a partir de la expedición de la Ley 680 de 2001, se autorizó a la CNTV para establecer rebajas de tarifas y modificar la forma de pago, entre otras medidas orientadas a propiciar la continuidad en la prestación del servicio público de televisión.
Precisó que la Corporación demandada concluyó que las tarifas habían sido fijadas mediante actos administrativos anteriores a la suscripción del contrato 102 de 1997 (Resoluciones 360 de 1996 y 18 de 1997), por lo que no se había presentado un hecho nuevo que diera lugar al desequilibrio económico.
Añadió que ante el presunto vicio de falta de estudios para fijar las tarifas de la concesión, en el que se sustentó el supuesto desequilibrio económico, el demandante debió demandar los actos que las determinaron, a través de la acción de nulidad simple.
Sostuvo que la Corporación señaló que, en todo caso, la CNTV adoptó medidas de alivio que conllevaron a la reducción de las tarifas a cargo del concesionario, como incrementarlas únicamente en una ocasión, con base en la variación del IPC, y flexibilizar los plazos para el pago.
Manifestó que la decisión demandada no careció de la debida motivación al concluir que el riesgo comercial debía ser asumido por el concesionario, sino que, como se advirtió, el colegido demandado analizó la distribución de los riesgos del Contrato 102 de 1997, para concluir que de ésta no se desprendía el deber de modificar las tarifas ante la disminución de la pauta publicitaria.
Reiteró que la Corporación demandada concluyó, con fundamentos suficientes, que el equilibrio económico pactado en el contrato no obligaba a la CNTV a reducir las tarifas, y que, de hecho, esa obligación solo surgió de manera específica con la Ley 680 de 2001, por lo que, en su momento, el riesgo de disminución de la pauta publicitaria recaía sobre el concesionario, además que tales costos se fijaron en actos administrativos anteriores al contrato, lo que implicaba que no se había presentado un hecho nuevo, que diera lugar al desequilibrio alegado.
Arguyó que el argumento relacionado con las circunstancias en torno al acto que declaró la caducidad del contrato, constituye una especulación sin respaldo probatorio, toda vez que el hecho de que la Resolución 1076 de 2002 se haya dictado algunos días después de la notificación del laudo del 2 de agosto de 2002, y de que el actor manifestara la intención de devolver los espacios de televisión, no genera ni siquiera un indicio de la desviación de poder con que supuestamente se profirió ese acto administrativo, y, por lo tanto, por este aspecto no se configuró el defecto fáctico alegado por el demandante.
Advirtió que en la demanda contractual el actor no expuso argumento alguno de nulidad contra los actos que declararon la caducidad del contrato, relacionado con la violación del debido proceso, por lo que es evidente que pretende emplear la tutela para adicionar y mejorar los fundamentos de la demanda ordinaria.
Indicó que la providencia objeto de tutela señaló que la cláusula decimoséptima del contrato fue modificada para establecer que había lugar a declarar la caducidad cuando el concesionario incurriera en incumplimiento de obligaciones que afectaran de manera grave y directa la ejecución del contrato, entre otras, la mora del concesionario en el pago de las obligaciones a su cargo, por valor superior al 20 % del monto asegurado por la garantía de cumplimiento.
Resaltó que, contra lo alegado por el actor, la autoridad judicial no sostuvo que la entidad estuviera autorizada para crear causales extralegales de caducidad, simplemente concluyó que la cláusula decimoséptima del Contrato 102 de 1997, con la modificación introducida por el otrosí del 3 de mayo de 1999, se ajustaba a la ley.
Advirtió que el actor pretende que el juez de tutela efectúe una nueva valoración de los argumentos de la acción contractual, ya que intenta controvertir una de las estipulaciones del contrato (la causal que dio lugar a su caducidad), frente a la cual el juez natural del asunto no encontró ningún reparo.
Frente al argumento consistente en el presunto desconocimiento del artículo 84 del Decreto 01 de 1984, por cuanto el acto que declaró la caducidad se profirió con desviación de poder, indicó que dicha norma se refiere a la acción de nulidad simple, que procede para solicitar la nulidad de los actos administrativos de carácter general y abstracto, por lo que no es aplicable al asunto y, en todo caso, no se demostró tal desviación.
En cuanto a la presunta desatención los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, los artículos 4, numeral 8º, 5, numeral 1º, 18 y 27 de la Ley 80 de 1993, y las cláusulas decimoséptima y decimoctava del contrato 102 de 1997, expuso que la autoridad judicial demandada concluyó válidamente que la forma como se pactó el equilibrio del contrato, no obligaba a la CNTV a modificar las tarifas.
Reiteró que la vulneración del debido proceso, por falta de aplicación de un procedimiento garantista, no fue uno de los argumentos de la acción contractual, por lo que no puede ser abordado por el juez de tutela.
Luego se refirió al argumento según el cual la providencia cuestionada interpretó indebidamente el artículo 17 de la Ley 335 de 1996 y la cláusula vigésimo sexta del Contrato 102 de 1997, al denegar la exclusión de las tarifas causadas entre el 22 de noviembre de 2002, cuando el tutelante solicitó devolver los espacios adjudicados, y la fecha en la que se produjo la devolución, y que se dio al artículo 17 de la Ley 135 de 1996 un alcance contrario a la interpretación que la Corte Constitucional efectuó en la sentencia C-200 de 1998.
Al respecto, manifestó que la Corte Constitucional consideró que el contrato de concesión de espacios de televisión podía ser terminado por acuerdo entre las partes, lo que involucraba la renuncia por parte del concesionario y la aceptación por parte de la CNTV, caso en el que se entiende configurada una resiliación.
Añadió que, por lo tanto, fue razonable concluir que la terminación del contrato de concesión 102 de 1997 no operaba solo por la renuncia del concesionario, ni que la CNTV estuviera obligada aceptarla, sin anteponer alguna condición, como encontrarse a paz y salvo con las tarifas.
Posteriormente descendió al análisis del cargo según el cual la sentencia desconoció la cláusula décimo novena del Contrato 102 de 1997, y que no tuvo en cuenta que la CNTV no estaba facultada para imponer multas y declarar la caducidad de manera concomitante, solo cabía la imposición de multas, en lugar de aplicar de inmediato a la caducidad.
Frente a este cargo, el a quo adujo que no puede entenderse que se haya configurado el defecto sustantivo, pues la disposición que el demandante alude como desconocida es una cláusula del contrato, es decir, no se trata propiamente de una norma jurídica.
Advirtió que en la acción contractual no se cuestionó la legalidad de las multas impuestas por la CNTV al actor, por lo que el juez de tutela no se encuentra habilitado para analizar si éstas se ajustaron o no a derecho.
Respecto del desconocimiento del precedente, precisó que el laudo del 2 de agosto de 2002 no vincula a la autoridad judicial demandada, pues el Tribunal de Arbitramento no ostenta categoría igual o superior al Consejo de Estado.
Impugnación
Por escrito radicado oportunamente por medios electrónicos el 25 de junio de 2018, la apoderada de la parte actora impugnó el proveído de primera instancia en los siguientes términos:
En cuanto al argumento del a quo, según el cual las deficiencias técnicas en la prestación del servicio por parte de INRAVISIÓN no podían considerarse por no haber sido expuestas en la acción contractual que dio lugar a la sentencia bajo censura, advirtió que tal cargo sí fue endilgado en el marco del proceso ordinario, tanto así que fue una de las causas a las que atribuyó el desequilibrio del contrato de que se trata, aspecto que se reiteró en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del trámite ordinario.
Frente a la consideración del a quo de la tutela, en la que tuvo como acertada la posición de la autoridad judicial demandada frente a la legalidad de los actos que adoptaron las tarifas de la concesión, y que las mismas debieron demandarse en nulidad simple si presentaban vicios de ilegalidad, consideró que tal línea argumentativa constituye exceso ritual manifiesto, ya que traslada al concesionario la carga de corrección tarifaria (riesgo regulatorio), aun cuando tal deber recaía en la CNTV.
Agregó que si en gracia de discusión tal circunstancia se tratara de una carga del contratista, para así solicitar el reajuste de las tarifas del contrato, no debe perderse de vista que el concesionario se encontraba en término para acudir a la acción de nulidad simple para tales efectos, por lo que la supuesta pérdida de oportunidad para alegar el desequilibrio contractual no tiene asidero.
Mencionó que de aceptarse tal tesis, los concesionarios se verían en la necesidad de demandar actos que en una mínima proporción les favorecen, como presupuesto para solicitar el equilibrio contractual.
En lo que concierne a la consideración de la primera instancia, según la cual la Corporación demandada no concluyó que la CNTV tenía el deber de efectuar estudios para fijar las tarifas, precisó que el propio fallo impugnado citó un extracto de la sentencia controvertida, que con claridad dijo que “la circunstancia de que no hubiera estudios de mercado en relación con las proyecciones de la pauta publicitaria en televisión, no da derecho al reconocimiento del equilibrio contractual (…)” y que “la supuesta falencia en los estudios no era un hecho nuevo que pudiera alegarse como causa del desequilibrio económico del contrato, puesto que existía desde la fijación inicial de tarifas.”.
Frente al punto, indicó que, con tales afirmaciones, la autoridad judicial demandada reconoció el incumplimiento de la entidad de su obligación de efectuar estudios de tarifas.
Insistió en que la CNTV sí incumplió con la obligación de que se trata, ya que el artículo 5° literal k) de la Ley 182 de 1995 la obliga a realizar los estudios en mención, con fundamento en el ingreso per capita en el área de cubrimiento, la recuperación de los costos del servicio, y la participación de los beneficiarios en la misma proporción que los concesionarios.
Reiteró que en la licitación se estableció que la CNTV, en atención al comportamiento del mercado publicitario, podía efectuar el reajuste tarifario con base en otros factores.
Mencionó que la cláusula décima cuarta del contrato en cuestión, se refirió a dicho reajuste, en cuanto estableció que “para la reposición del valor de la póliza en el caso de reajuste de las tarifas de espacios de televisión, se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución del contrato para efectos de que en todo caso se mantenga el porcentaje mencionado en el presente artículo.”
Advirtió que cuando hubo reajuste de tarifas, ello no correspondió con estudios idóneos de la CNTV, tal como lo reconoció su director durante el trámite de la acción contractual.
De este modo, concluyó que los pliegos y el contrato mismo autorizaban el reajuste de las tarifas de manera periódica para corresponder a los criterios de la ley, sin embargo la CNTV optó por mantenerlas estables, o ajustarlas sin correspondencia con los parámetros legales.
Respecto de la consideración del a quo constitucional, en cuanto a que no se presentó la falta de motivación alegada, puesto que el riesgo comercial debía asumirlo el concesionario, según la distribución implícita de riesgos del contrato, insistió en que el Consejo de Estado no realizó una exposición detallada para deducir la supuesta “distribución implícita”, por lo que no es posible saber si ese tópico hizo parte de las cláusulas contractuales, o si fue una suposición infundada.
Señaló que la motivación de la sentencia demandada fue escueta en cuanto a las causas del desequilibrio del contrato, más aun cuando (i) la CNTV reconoció el impacto que tuvo en la televisión pública la situación económica del país, según las resoluciones 640 de 1999 y 724 de 2000; (ii) en la sentencia bajo censura se reconoció que “la ecuación contractual estaba fundada en la conmutatividad entre: el uso del espectro electromagnético y el valor a pagar del mismo”, lo cual obligaba al juez a considerar los elementos de dicha conmutatividad y si los motivos que alegó el concesionario rompieron la equivalencia o igualdad entre derechos y obligaciones al momento de proponer y contratar; y (iii) que el Consejo de Estado desconoció su precedente acerca de la distribución de riesgos, que es el aspecto de mayor relevancia en la contratación estatal, ya que de tal distribución depende la ejecución del contrato.
Aseveró que no es cierta la afirmación del a quo, según la cual el riesgo por disminución en la pauta publicitaria debía asumirlo el concesionario porque la obligación de reducir las tarifas surgió con la Ley 680 de 2001.
Frente al punto, precisó que, de ser así, no habría razón para que la CNTV hubiera reconocido los efectos adversos de la situación económica que afectaba al país y la necesidad de adoptar un nuevo régimen tarifario, y tampoco hubiera ajustado los términos de pago y las condiciones de las multas, como alivio mientras se expedía dicho régimen, además que en la sentencia cuestionada se citaron normas sobre restablecimiento del equilibrio del contrato, de las cuales, en su criterio, la reducción de tarifas constituye una medida para ello.
Aseguró que la Sección Cuarta se equivocó al afirmar que el artículo 84 del Decreto 01 de 1984 sólo es aplicable a los casos de nulidad simple, y que por lo tanto no hubo desviación de poder, toda vez que las causales de nulidad previstas en dicha norma no son exclusivas de la acción de nulidad simple, sino que son extensivas a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, incluso en el marco de las controversias contractuales.
Frente a lo que se consideró en la sentencia de tutela impugnada, respecto de la desviación de poder, advirtió que existen serios motivos para poner en duda que la resolución que declaró la caducidad del contrato se haya expedido el 15 de noviembre de 2002, pues si acaso fuera cierto que se profirió en esa fecha, es inexplicable que la CNTV se hubiera olvidado de poner en su conocimiento un acto de tal magnitud, sin embargo, procedió a “comunicarlo” de manera informal, y sin adjuntar el acto, sólo hasta cuando el concesionario ejerció su derecho a renunciar a la concesión, y lo hizo oponible pese a que no se le notificó de manera formal, lo que ocurrió hasta el 5 de diciembre de 2002.
Afirmó que el fallo impugnado incurrió en una equivocación al afirmar que no se expuso argumento alguno de nulidad contra los actos que declararon la caducidad del contrato, en lo referente a la violación del debido proceso.
Al respecto, sostuvo que tal violación se alegó desde el 19 de diciembre de 2002, cuando interpuso recurso de reposición contra la Resolución 1076 de 2002 (que declaró la caducidad del contrato), y que la CNTV resolvió dicho cargo bajo el argumento de que se le hicieron requerimientos ante sus incumplimientos en los pagos de las tarifas.
Expuso que el a quo también se equivocó al tener como acertada la consideración de la autoridad judicial demandada, en cuanto a que se ajustó a la ley la cláusula del contrato que establecía como causal de caducidad la mora en el pago que excediera el 20% del valor asegurado.
Precisó que en la sentencia atacada se sustentó tal consideración en lo establecido en el artículo 5°, literal k), de la Ley 182 de 1995; no obstante, dicha norma no establece la facultad de declarar la caducidad en los términos bajo cita, sino que, en realidad, la atribución de que se trata se instituyó en el artículo 48 ibídem (también citado por la colegiatura demandada), pero esta se refiere a los operadores zonales de televisión, que no es su caso por ser un concesionario de espacios de televisión del nivel nacional.
Añadió que la sentencia también tuvo sustento en el texto del artículo 49 de la preceptiva bajo cita, la cual, si bien resulta aplicable al contrato en cuestión, tampoco establece lo que dijo la autoridad judicial demandada (facultad de fijar cláusulas de caducidad) sino que dispone que habrá lugar a la terminación del contrato, además de las causales de caducidad, las que pacten las partes, esto es, se refirió a las causales de terminación, no de caducidad.
Reiteró que la Sentencia C-726 de 2009 de la Corte Constitucional, no abrió la vía a las partes de un contrato estatal para establecer cualquier causal de caducidad, por el contrario, dijo que dicha causal se debe establecer en los términos estrictos de la ley.
Afirmó que la Sección Cuarta incurrió en error al encontrar justificada la aplicación de la cláusula de caducidad por el incumplimiento del pago de las tarifas, ya que dicha causal es extralegal y, por tanto, proscrita.
Destacó que la mora en el pago de sus obligaciones estaba justificada por la existencia de un trámite concordatario, y porque la CNTV se negó a aceptar los acuerdos de pago que propuso, alegando requisitos no previstos en la ley, lo cual no puede ser pretexto para caducar un contrato.
Mencionó que continuó con la prestación del servicio hasta que la CNTV recibió los espacios en concesión, por lo que la falta de pago de tarifas nunca amenazó con paralizar el contrato.
Precisó que en la sentencia C-200 de 1998 la Corte Constitucional no arribó a la conclusión que expuso el a quo de la tutela, sino que el contrato de concesión podía terminar (i) por acuerdo entre las partes o resiliación; o (ii) por renuncia del concesionario, esto es, se trata de modalidades distintas y está última no requiere aceptación.
Advirtió que el a quo se abstuvo de pronunciarse acerca del rechazo ilegal del acuerdo de pago que propuso a la CNTV, y la negativa de dicha entidad a reconocer los efectos de la renuncia con fundamento en motivos no previstos en la ley ni en el contrato en cuestión, para efectos de la liquidación.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia emitida por la Sección Cuarta en Consejo de Estado, en primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, con base en los argumentos de la impugnación.
Para el efecto, se deberá analizar si la providencia bajo cuestionamiento adolece de los defectos alegados, por haber considerado (i) que la CNTV no estaba obligada a restablecer el equilibrio financiero del contrato, y por lo tanto no tenía que ajustar sus tarifas; y (ii) que la causal de caducidad pactada en el contrato se ajustó a la ley.
3. Cuestión previa - Subsidiariedad
El texto del artículo 86 Superior señala que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
De mismo modo, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, de manera diáfana, estableció que la acción de tutela no procede “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.”
De acuerdo con las disposiciones transcritas, el amparo iusfundamental es de carácter residual, esto es, no procede cuando el ciudadano tiene o tuvo a su alcance, otros mecanismos ordinarios para procurar la defensa de sus derechos. Por lo tanto, ante una eventual lesión de garantías fundamentales, aun si estas son de rango constitucional, prevalecen los medios de defensa que la ley prevé para que las autoridades se pronuncien respecto de la procedencia de su protección.
Solo ante la presencia de un perjuicio irremediable, esto es, aquel cuya inminencia, urgencia o magnitud hace impostergable el amparo de un derecho fundamental, la acción de tutela será procedente, ya que bajo estas condiciones, los medios de defensa ordinarios resultan ineficaces para conjurar la situación de violación de tales derechos.
El carácter residual de la acción de tutela también se predica cuando la solicitud de amparo se dirige contra providencias judiciales, toda vez que, como bien lo expuso la Corte Constitucional, se requiere “Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.” (Destacado por la Sala)
De acuerdo con esta transcripción, la acción de tutela no constituye un mecanismo alterno de defensa y, en esa medida, el ciudadano tiene el deber de agotar todos los recursos judiciales que la ley establece para la salvaguarda de sus derechos, aun si estos son de carácter fundamental.
En el pronunciamiento bajo cita, el Tribunal Constitucional limitó el rol del juez de tutela cuando conoce de una solicitud de amparo contra una providencia judicial, y circunscribió su intervención exclusivamente a la aplicación de los derechos fundamentales, de modo que proscribió cualquier posibilidad de interpretar o resolver asuntos del resorte de las competencias de los jueces naturales:
“En conclusión, el argumento según el cual la tutela contra sentencias de última instancia afecta la distribución constitucional de competencias entre las altas Cortes y, en particular, la naturaleza de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado como “órganos de cierre” de la respetiva jurisdicción, es falso, pues el juez constitucional no tiene facultades para intervenir en la definición de una cuestión que debe ser resuelta exclusivamente con el derecho ordinario o contencioso. Su papel se reduce exclusivamente a intervenir para garantizar, de manera residual y subsidiaria, en los procesos ordinarios o contencioso administrativos, la aplicación de los derechos fundamentales, cuyo intérprete supremo, por expresa disposición de la Constitución, es la Corte Constitucional.” (Destacado por la Sala)
En similar sentido, la Sala Plena de esta Corporación expuso la tesis de acuerdo con la cual la acción de tutela es un medio de defensa residual y excepcional, por lo que prevalece el uso de los recursos ordinarios y extraordinarios, y restringió la competencia del juez constitucional para pronunciarse sobre aspectos propios de los trámites jurisdiccionales:
“Durante el proceso las irregularidades se subsanan mediante los recursos ordinarios, y las nulidades procesales. Después de dictada la sentencia, a través de los recursos ordinarios o extraordinarios, la adición o corrección de sentencia y, de manera residual y excepcional, en caso de que se afecten derechos fundamentales de las partes, se encuentra la acción de tutela.
En otras palabras, de manera residual, esto es, cuando no haya otro medio de defensa judicial efectivo y se vean afectados derechos fundamentales por decisiones de los jueces, las partes pueden acudir a la acción constitucional de tutela, pues es lo que se infiere del texto constitucional y de lo discutido en la Asamblea Nacional Constituyente.
(…)
Tampoco puede predicarse vulneración a la autonomía funcional y a la independencia judicial porque los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria.
Su competencia está orientada a proteger los derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. La acción de tutela no puede convertirse en una instancia judicial adicional. Por ello, es importante que el actor cumpla con la carga de identificar razonablemente los hechos que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales y de argumentar por qué el asunto reviste relevancia constitucional.”
En el pronunciamiento bajo análisis, esta Corporación precisó que si bien la acción de tutela contra providencia judicial no vulnera el principio del juez natural, tampoco “puede ser usada como un mecanismo judicial que desplace al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. El juez de tutela no es, ni puede convertirse en el intérprete máximo de la legalidad, ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Mucho menos, apropiarse de las jurisdicciones ordinarias y de lo contencioso administrativo ni puede remediar la negligencia de alguna de las partes procesales.” (Destacado por la Sala)
La Sala destacó los anteriores derroteros, con el propósito de poner de presente que la acción de tutela no es un instrumento judicial a través del cual el interesado pueda reabrir el debate que se zanjó en las instancias ordinarias, menos aun con la presentación de nuevos argumentos o la extensión o variación de aquellos que fueron materia de análisis judicial.
Como ya se indicó, el juez de tutela no es competente para definir el marco de legalidad de las controversias que debieron plantearse ante el juez natural de la causa correspondiente, por lo que, en manera alguna, se pronunciará sobre planteamientos que, de haberse presentado, correspondía resolver a las instancias ordinarias.
En esa medida, conviene aclarar que la materia del debate de las instancias ante los respectivos jueces naturales, impone el marco respecto del cual se deben edificar los argumentos tendientes a demostrar la lesión de un derecho fundamental, con ocasión de una providencia judicial.
Ello con el fin de precisar que no es procedente utilizar, en sede de tutela, argumentos sobre los cuales el juez o colegiado ordinario no tuvo la oportunidad de pronunciarse porque no se le plantearon en su debida oportunidad.
Del mismo modo, la Sala debe aclarar que no es procedente exponer, en una solicitud de amparo contra providencia judicial, reparos que rebasen la materia del debate en la segunda instancia ordinaria.
Dicho de otra manera, si la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial proferida en segunda instancia, esto es, dictada en sede de apelación, corresponderá al juez constitucional verificar si se presentó la lesión iusfundamental alegada, únicamente sobre el escenario sobre el cual el ad quem ordinario tenía competencia para pronunciarse, tratándose de apelante único.
Esta consideración tiene sustento en el texto del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto limita la competencia del superior para “enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, (…)”.
Por lo tanto, no resulta admisible alegar algún defecto de la providencia judicial sobre aspectos que no se plantearon ante el juez (y que por lo tanto no resolvió), ya que, sencillamente, no es posible que se configure un defecto o yerro sobre algo que no fue materia de pronunciamiento.
Las consideraciones anteriores tienen el propósito de advertir que varios de los cargos de la solicitud de amparo, y en concreto de la impugnación contra el proveído de primera instancia, no cumplen el requisito de subsidiariedad, bien sea en razón a que no fueron materia de debate ante las instancias respectivas, o bien porque no se agotaron los mecanismos de defensa dispuestos por la ley, como pasa a explicarse.
La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 8 de julio de 2009, negó las pretensiones de la demanda de controversias contractuales que el actor presentó con el propósito de que se declarara el rompimiento del equilibrio financiero del Contrato 102 de 1997, y que se anularan los actos que declararon su caducidad y lo liquidaron.
Contra esta decisión el actor interpuso recurso de apelación, cuyos reparos concretos, y por lo tanto el objeto de pronunciamiento del colegiado de segunda instancia, fueron los siguientes:
1. Sobre el desequilibrio económico del contrato en cuestión, el apelante único sostuvo que la CNTV debía fijar las tarifas de los espacios televisivos con fundamento en los parámetros establecidos en el literal g) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995, esto es, contemplar las variables económicas, de tal suerte que dichas tarifas se ajustaran a la realidad del país y de la televisión pública en ese momento.
Agregó que, sin embargo, la entidad no modificó las tarifas del contrato de acuerdo con la norma bajo cita, y por lo tanto no restableció el equilibrio económico, pese a que se presentaron circunstancias que ameritaban tal proceder, a saber, la entrada en operación de los canales privados, la recesión económica que afrontó el país, y que afectó el sector de la televisión, y la deficiente calidad en la prestación del servicio por parte de INRAVISIÓN.
También se alegó que las tarifas en mención no se fijaron con base en estudios que contemplaran los respectivos parámetros legales.
2. Acerca de la declaratoria de caducidad del contrato, el apelante manifestó que con ocasión de la apertura del trámite concordatario del actor, la CNTV, en su condición de acreedora, conocía la situación financiera del concesionario y, por lo tanto, la imposibilidad del pago de sus deudas, ello en parte por la abstención de la entidad de modificar las tarifas de la concesión.
Se indicó que el concesionario solicitó que se le autorizara la entrega de los espacios concesionados, de conformidad con la facultad consagrada en el artículo 17 de la Ley 335 de 1996, por lo que la CNTV debía recibirlos, sin embargo ello no ocurrió y, en consecuencia, el demandante continuó prestando el servicio hasta la efectiva recepción de dichos espacios.
Conforme a lo anterior, el apelante manifestó que el acto que declaró la caducidad del contrato es ilegal, por cuanto la mora en el pago de las obligaciones por parte del contratista no se enmarcaba en lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, ya que el contrato nunca se paralizó, esto es, no se afectó de manera grave en su ejecución, y que la causal que invocó la entidad para tal efecto (mora en el pago de las obligaciones) difiere de dicha disposición legal.
3. En lo que concierne a la liquidación unilateral del Contrato 102 de 1997, en la alzada se advirtió que en el acto que dispuso tal liquidación se incluyó el valor de la cláusula penal pecuniaria y de las tarifas que no se pagaron en su momento, así como la compensación de las sumas a favor del concesionario reconocidas en un laudo arbitral.
Respecto de la cláusula penal pecuniaria, se indicó que la misma no podía incluirse, dada la ilegalidad del acto que declaró la caducidad del contrato.
Agregó que tampoco se consideró que la solicitud de devolución de los espacios televisivos por parte del concesionario, implicaba un menor valor a pagar por concepto de tarifas, desde el momento de dicha petición hasta su efectiva recepción.
De acuerdo con lo anterior, la Sala se abstendrá de analizar los argumentos de la presente impugnación respecto de los siguientes tópicos, ya que no fueron planteados en la apelación y, por lo tanto, no fueron materia de debate ante la segunda instancia:
• La presunta desviación de poder, fundada en las “extrañas coincidencias” en torno al acto que declaró la caducidad del contrato, esto es, que la sanción exorbitante tuvo lugar, en realidad, como una represalia de la CNTV con ocasión del inicio del concordato del actor, por la manifestación del concesionario de entregar los espacios televisivos concesionados, y el laudo arbitral que le resultó desfavorable y, en general, todo lo concerniente a los “serios motivos” para dudar que el acto en mención se haya expedido el 15 de noviembre de 2002.
Por ello, tampoco será objeto de análisis lo concerniente a la oponibilidad del acto que declaró la caducidad del contrato, ya que el reparo de la apelación sobre el mismo únicamente se fundó en la aparente ilegalidad de la cláusula contractual que dio lugar a la adopción de dicha sanción.
• La supuesta violación del debido proceso, por cuanto la declaratoria de caducidad no estuvo antecedida de un trámite que garantizara el derecho de defensa del concesionario.
• El presunto rechazo ilegal de los acuerdos de pago que el concesionario propuso a la CNTV.
Los anteriores planteamientos de la impugnación no cumplen el requisito de subsidiariedad, por cuanto debieron esbozarse en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, sin embargo, como ya se destacó, dicho recurso no hizo mención de tales aspectos.
Ahora bien, le asiste razón a la parte impugnante cuando adujo que en el trámite ordinario se planteó que el desequilibrio económico del contrato tuvo lugar, entre otras circunstancias, por la deficiente operación de INRAVISIÓN.
En efecto, como se destacó en el resumen de la apelación, dicho reparo fue materia de la alzada y, por ende, la Sección Cuarta incurrió en una imprecisión al señalar que no fue así.
Sin embargo, cabe advertir que la autoridad judicial demandada se abstuvo de emitir pronunciamiento sobre este reparo de la apelación, de tal suerte que no existe posición legal y probatoria frente al punto y, por contera, no es posible analizar el cargo sobre este tema.
Ante ese panorama, se observa que el colegiado demandado se abstuvo de resolver uno de los aspectos de la litis, razón por la que, ante tal evento, la parte actora debió solicitar la adición de la sentencia; sin embargo, como ello no ocurrió, no se cumplió el requisito de subsidiariedad.
Establecido lo anterior, la Sala se ocupara de analizar los cargos de la impugnación, únicamente en lo que versa sobre las cuestiones debatidas en el trámite de la segunda instancia, como se precisó en párrafos anteriores.
4. Caso concreto
Según se tiene, lo pretendido por la parte actora, ahora recurrente, es que se ordene a la autoridad judicial demandada dictar una decisión de reemplazo en la que se declare el desequilibrio financiero del Contrato 102 de 1997, y se anulen los actos en torno a su caducidad y liquidación.
En primera instancia se negó el amparo, por cuanto el colegiado demandado realizó un análisis razonable de las pautas contractuales, que llevaron a la autoridad judicial demandada a concluir que no se presentó el desequilibrio alegado, y que la caducidad del contrato se ajustó a derecho.
Inconforme con dicha decisión, la demandante la impugnó, bajo los siguientes argumentos:
Ilegalidad de las tarifas de la concesión
El actor considera que el a quo de la tutela se equivocó al tener como acertada la posición de la autoridad judicial demandada frente a la legalidad de los actos que adoptaron las tarifas de la concesión, y que las mismas debieron demandarse en nulidad simple si presentaban vicios de ilegalidad, ya que traslada al concesionario la carga de corrección tarifaria (riesgo regulatorio), aun cuando tal deber recaía en la CNTV.
Deber de efectuar estudios para la fijación de las tarifas de la concesión
En este cargo de la impugnación, se reprocha la consideración de la primera instancia, según la cual la Corporación demandada no concluyó que la CNTV tenía el deber de efectuar estudios para fijar las tarifas; lo que contradice la consideración de la sentencia atacada en cuanto a que “la supuesta falencia en los estudios no era un hecho nuevo que pudiera alegarse como causa del desequilibrio económico del contrato, puesto que existía desde la fijación inicial de tarifas”, con lo que se reconoció el incumplimiento alegado.
Incumplimiento de la obligación de la CNTV, de ajustar las tarifas conforme a los parámetros legales previstos en la Ley 182 de 1995, los pliegos y el contrato
El demandante insistió en que la CNTV sí incumplió con la obligación de que se trata, ya que el artículo 5° literal k) de la Ley 182 de 1995 la obliga a realizar estudios para modificar las tarifas.
Reiteró que en la licitación se estableció que la CNTV, en atención al comportamiento del mercado publicitario, podía efectuar el reajuste tarifario con base en otros factores, y que el contrato se refirió al ajuste de tarifas.
Falta de motivación de la consideración según la cual el riesgo comercial del contrato debía asumirlo el concesionario
El demandante advirtió que el Consejo de Estado no realizó una exposición detallada acerca del origen de la “distribución implícita del riesgo”, por lo que no es posible saber si ese tópico hizo parte de las cláusulas contractuales.
Señaló que la motivación de la sentencia fue escueta en cuanto a las causas del desequilibrio del contrato y la distribución implícita del riesgo, y que no es cierta la afirmación según la cual el riesgo por disminución en la pauta publicitaria debía asumirlo el concesionario, ya que, de ser así, no habría razón para que la CNTV hubiera reconocido los efectos adversos de la situación económica del país y la necesidad de adoptar un nuevo régimen tarifario, y tampoco hubiera ajustado los términos de pago y las condiciones de las multas.
Ilegalidad de la cláusula de caducidad del contrato fundada en el incumplimiento de los pagos
Expuso que el a quo también se equivocó al tener como acertada la consideración de la autoridad judicial demandada, en cuanto a que se ajustó a la ley la cláusula que establecía como causal de caducidad la mora en el pago que excediera el 20% del valor asegurado, ya que tal cláusula no corresponde con la ley ni la jurisprudencia.
Mencionó que continuó con la prestación del servicio hasta que la CNTV recibió los espacios en concesión, por lo que la falta de pago de tarifas nunca amenazó con paralizar el contrato, que es la causal legalmente prevista para ejercer la potestad exorbitante.
Reconocimiento de los efectos de la renuncia a los espacios concesionados
Precisó que en la sentencia C-200 de 1998 la Corte Constitucional no arribó a la conclusión que expuso el a quo de la tutela, sino que el contrato de concesión podía terminar (i) por acuerdo entre las partes o resiliación; o (ii) por renuncia del concesionario, esto es, se trata de modalidades distintas y está última no requiere aceptación.
Advirtió que el a quo se abstuvo de pronunciarse acerca de la negativa de dicha entidad a reconocer los efectos de la renuncia con fundamento en motivos no previstos en la ley ni en el contrato en cuestión, para efectos de la liquidación.
5. Solución
En vista de lo anterior, la Sala anticipa que confirmará el proveído impugnado, comoquiera que la providencia bajo cuestionamiento no adolece de los defectos alegados.
La conclusión anterior tiene sustento en los siguientes razonamientos.
Respecto de la presunta ilegalidad de las tarifas de la concesión y del deber de la CNTV, de adoptar dichas tarifas con fundamento en los parámetros legalmente previstos, la Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar, comoquiera que, según las razonables consideraciones de la autoridad judicial demandada, el demandante se obligó en los términos de la licitación pública y el contrato, y por ello aceptó las tarifas por el uso de los espacios publicitarios en concesión:
“Sobre el particular, debe observarse que las tarifas de los concesionarios fueron adoptadas por diversos actos administrativos, conocidos y aceptadas (sic) por DFL. Por ello, en relación con los argumentos de la apelación, se hace notar que DFL no demandó las Resoluciones que adoptaron las distintas tarifas, de manera que no procede alegar en este proceso un desequilibrio contractual basado en las falencias de los referidos actos administrativos, puesto que, de haberse configurado un vicio por la falta de los estudios en los aspectos requeridos por la ley, esa circunstancia correspondería a una ilegalidad en los actos de fijación de tarifas, la cual, en su oportunidad, debió ser atacada por el concesionario mediante la acción de nulidad.” (Destacado por la Sala)
De este modo, la Sala considera acertada la apreciación que frente al punto expuso la autoridad judicial demandada, ya que el demandante, con pleno conocimiento del régimen tarifario de la concesión de espacios de televisión, se presentó a la licitación correspondiente y posteriormente, con ocasión de la adjudicación y suscripción del Contrato 102 de 1997, se obligó en los términos tarifarios allí previstos, previamente dispuestos en actos administrativos.
Ahora bien, si el demandante consideraba que las tarifas de la concesión adolecían de algún vicio de ilegalidad, bien pudo abstenerse de presentarse a la licitación pública que desde el principio plasmó tales parámetros o, como lo advirtió la Corporación demandada, cuestionar su legalidad ante el juez competente, ya que los costos se fijaron de manera previa en actos administrativos de carácter general y abstracto, pasibles de control jurisdiccional por la vía de la nulidad simple; en lugar de alegar tales presuntos yerros como causa del desequilibrio del contrato.
En lo que concierne al cargo de acuerdo con el cual el colegiado demandado aceptó el incumplimiento de la CNTV del presunto deber de efectuar estudios para la fijación de las tarifas de la concesión; para su solución aplican las consideraciones anteriores, ya que la tarifas en mención se fijaron de manera previa en actos administrativos de orden general y abstracto.
Además, cabe advertir que, contrario a la apreciación del impugnante, cuando la autoridad judicial demandada advirtió que “la supuesta falencia en los estudios no era un hecho nuevo que pudiera alegarse como causa del desequilibrio económico del contrato, puesto que existía desde la fijación inicial de tarifas.”, en manera alguna reconoció que la CNTV incumplió con el deber de efectuar los estudios correspondientes.
Lo que se entiende de este enunciado no es otra cosa que, de ser ciertas las “supuestas” falencias que refirió la parte actora, aun así las conocía al momento de presentarse a la licitación y suscribir el contrato de concesión, de modo que, en ese escenario, no podía tenerse como un hecho nuevo e imprevisible que dio lugar al desequilibrio financiero del contrato.
El fundamento del cargo bajo análisis corresponde, en realidad, a una lectura parcial, y por lo tanto descontextualizada y conveniente, de las consideraciones del fallo bajo cuestionamiento, ya que en los párrafos anteriores al extracto que trajo a colación, la autoridad judicial demandada, lejos de aceptar el supuesto incumplimiento de la CNTV, expuso que los actos que fijaron las tarifas de la concesión tuvieron sustento en aspectos como la cobertura geográfica del canal, el número de espacios de televisión a adjudicar, los pagos promedio de los concesionarios en operación, y que el pliego de condiciones plasmó su ajuste con base en el IPC:
“Por otra parte, resulta pertinente precisar que la circunstancia de que no hubiera estudios de mercado en relación con las proyecciones de la pauta publicitaria en televisión, no da derecho al reconocimiento del equilibrio contractual, puesto que las resoluciones vigentes de la CNTV indicaban un comportamiento gradual de ajuste de las tarifas y, por otra parte, el pliego de condiciones advertía de un ajuste mínimo del IPC.
Por ello, en la distribución implícita de riesgos que comportó el Contrato 102, para la fecha en que se suscribió, no cabía suponer una carga o deber de reducir la tarifas, dado que lo que resultaba razonable y ajustado a la normativa vigente era entender que el riesgo de disminución de la pauta publicitaria debía ser mitigado y asumido por cada concesionario y no necesariamente asumido por la CNTV mediante la baja de las tarifas.
Se insiste en que la CNTV había desplegado la función de fijar las tarifas mediante las Resoluciones 360 de 1996 y 18 de 1997 y que, partiendo de allí, lo que esa autoridad hizo para efectos de establecer las nuevas tarifas que se indicaron en la Licitación 001 de 1997 fue basarse en la cobertura geográfica del canal, el número de espacios de televisión materia de la adjudicación y los pagos promedio de los concesionarios que se encontraban en operación.” (Destacado por la Sala)
De acuerdo con lo anterior, se tiene que la autoridad judicial demandada no expuso argumentos contradictorios o incongruentes, como pretende hacerlo ver la parte actora.
Los cargos de acuerdo con los cuales la CNTV incurrió en incumplimiento de la obligación de ajustar las tarifas conforme a los parámetros legales previstos en la Ley 182 de 1995, el pliego de condiciones y el contrato y la falta de motivación de la consideración según la cual el riesgo comercial del contrato debía asumirlo el concesionario, se analizarán de manera conjunta para efectos metodológicos, dada la relación de ambos.
El demandante insistió en que la CNTV sí incumplió con la obligación de que se trata, ya que el artículo 5° literal k) de la Ley 182 de 1995 la obliga a realizar estudios para modificar las tarifas.
Reiteró que en la licitación se estableció que la CNTV, en atención al comportamiento del mercado publicitario, podía efectuar el reajuste tarifario con base en otros factores, y que el contrato se refirió al ajuste de tarifas.
Así mismo, advirtió que el Consejo de Estado no realizó una exposición detallada acerca del origen de la “distribución implícita del riesgo”, por lo que no es posible saber si ese tópico hizo parte de las cláusulas contractuales.
Señaló que la motivación de la sentencia fue escueta en cuanto a las causas del desequilibrio del contrato y la distribución implícita del riesgo, y que no es cierta la afirmación según la cual el riesgo por disminución en la pauta publicitaria debía asumirlo el concesionario, ya que, de ser así, no habría razón para que la CNTV hubiera reconocido los efectos adversos de la situación económica del país y la necesidad de adoptar un nuevo régimen tarifario, y tampoco hubiera ajustado los términos de pago y las condiciones de las multas.
Estos reparos de la impugnación no están llamados a prosperar, ya que la colegiatura demandada, con base en un análisis debidamente motivado y razonable de las pautas legales y contractuales del caso, concluyó que la CNTV no estaba obligada al ajuste de tarifas en los términos que la parte actora planteó.
Al respecto, la autoridad judicial demandada dio inicio a sus consideraciones, en orden a establecer el punto de partida para analizar el desequilibrio económico del contrato estatal, esto es, su ecuación económica, frente a la cual se debe determinar el marco de la distribución del riesgo y las cargas de las partes:
“Aunque parezca obvio, es importante observar que el desequilibrio económico debe juzgarse partiendo de la identificación de la ecuación económica que gobernó el respectivo contrato.
También, dentro del estudio de la ecuación económica del contrato, en cada caso concreto debe tenerse presente que el Estado está obligado a restablecer el equilibrio en el marco de la distribución de riesgos y cargas del respectivo contrato.
(…)
La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado se ha desarrollado en el sentido de que el deber de restablecer el equilibrio solo puede ser impuesto al Estado contratante cuando obedezca a circunstancias no atribuibles a las partes o que no están obligadas a soportar y a su vez, al amparo de la jurisprudencia, se exige que el desbalance de las cargas contractuales tenga impacto suficiente para provocar la ruptura del equilibrio definido para el contrato.
Aunque, en algunas oportunidades, los demandantes se concentran solo en los hechos que identifican como causas de la ruptura del equilibrio económico, la jurisprudencia de esta Subsección ha reparado en el análisis de la ecuación económica, puesto que no se puede juzgar el desequilibrio económico del contrato sin esclarecer el parámetro o la regla del equilibrio en el mismo.
(…)
Se advierte que no todo sobrecosto ni toda pérdida implica necesariamente la ruptura del balance financiero del contrato, toda vez que ello depende de la ecuación contractual y en esta suele incorporarse un alea o riesgo propio de la ejecución del contrato.” (Destacado por la Sala)
Así, el colegiado demandado determinó los parámetros de la ecuación económica del contrato en cuestión con fundamento en su objeto, y la pauta del equilibrio contractual con base en la fórmula de variación prevista en los pliegos de la licitación:
“Obra en el expediente el Contrato 102 de 13 de noviembre de 1997, suscrito entre DFL y CNTV, cuyo objeto consistió en la concesión de espacios publicitarios de televisión a cambio del pago de las tarifas contenidas en los documentos contractuales, según se establece con fundamento en la siguiente cláusula:
(…)
Con base en lo anterior, se establece que la ecuación contractual estaba fundada en la conmutatividad entre: el uso del espectro electromagnético y el valor a pagar por el mismo.
Se agrega que, de conformidad con el pliego de condiciones, la fórmula de ajuste de las tarifas se fundó en la variación del índice de precios al consumidor, sin perjuicio de los estudios que debía adelantar la CNTV para establecer las variaciones, de manera que bajo dicha fórmula de equilibrio prestacional, el concesionario estaba obligado a soportar un incremento del costo por tarifas, como mínimo equivalente a la variación del IPC.” (Destacado por la Sala)
De este modo, la ecuación económica del contrato de que se trata partía de la relación entre el uso del espectro electromagnético y el valor a pagar por ello, mientras que el ajuste de dicho valor (las tarifas), y por tanto el parámetro para mantener el equilibro económico, se pactó con fundamento en la variación del IPC.
Fue con sustento en estos derroteros, que la Subsección demandada puntualizó que “el equilibrio económico del Contrato 102 de 1997, no estaba basado en la equivalencia entre las cifras de ejecución del ingreso en venta de publicidad y las utilidades proyectadas por el concesionario. Tampoco existía un compromiso de la CNTV sobre el ingreso mínimo de cada concesionario.” (Destacado por la Sala)
En los anteriores términos, y contrario a lo que argumenta el demandante de esta tutela, la Subsección demandada motivó, con claridad, en qué se hizo consistir el equilibrio del contrato, que para nada tuvo que ver con alguna relación proporcional de los ingresos del concesionario y las utilidades proyectadas por la pauta publicitaria de la concesión.
Entonces, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada sí consideró los elementos de la conmutatividad del contrato, aunque dicha conmutatividad, como se dijo, no tenía como base el ingreso del concesionario, sino la variación del IPC.
La sentencia bajo cuestionamiento fue reiterativa en puntualizar que ni del pliego de condiciones, ni de la ley, podría inferirse la supuesta obligación de la CNTV de ajustar las tarifas a la baja, cuando estas fueran superiores al ingreso del concesionario, por lo tanto, fue acertado concluir que al contratista le correspondía asumir el riesgo comercial del contrato:
“Aunque para la época en que se adelantó la Licitación No. 01 de 1997 no era exigible la elaboración de una matriz de riesgos, no existe base en el pliego de condiciones ni en la ley para inferir que la CNTV se comprometió a garantizar que el costo de la tarifa no superaría el ingreso en ventas de publicidad logrado en cada caso por el respectivo concesionario.
La distribución implícita del riesgo, no existiendo otra regla, es que a cada parte corresponde asumir el riesgo inherente a su propia actividad. Para la Sala es claro, pues no se puede instituir la regla de que el contratista responde por todo riesgo, ni tampoco la contraria, es decir que el Estado no se puede presumir como garante de todo riesgo.
La apreciación del apelante se entiende, entonces, como una expresión de los resultados que esperaba obtener el concesionario, pero no se puede aceptar como demostrado el supuesto deber de restablecimiento dentro de la fórmula de equilibrio que se evidencia del pliego de condiciones y del contrato de concesión.” (Destacado por la Sala)
Por lo tanto, la Sala considera que la sentencia motivó, y de manera suficiente, sus consideraciones en torno a la ecuación económica del contrato y la forma en la que se debía determinar el riesgo a cargo de las partes contratantes.
No se analizará el presunto desconocimiento del “precedente”, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, acerca de la distribución de riesgos, comoquiera que, además de no constituir un pronunciamiento vinculante para el juez de lo contencioso, no corresponde con alguno de los planteamientos ante la primera instancia, esto es, se trata de un argumento nuevo de la impugnación que el extremo demandado no tuvo la oportunidad de controvertir.
De otro lado, para la Sala no son admisibles los argumentos de la parte demandante, en cuanto a que la CNTV, al reconocer las condiciones adversas del mercado de la televisión pública y, por ello, al adoptar medidas para mitigar las consecuencias de tal circunstancia, reconoció su obligación de ajustar las tarifas del contrato, aunque no lo hizo.
Lo anterior, debido a que, como bien lo expuso el colegiado demandado, la CNTV no tenía la obligación de reducir las tarifas de la concesión de que se trata, de modo que las medidas que adoptó para mitigar el impacto hostil de la economía del país en ese momento, no pueden verse como una aceptación de dicha obligación.
No hay que perder de vista que la Subsección demandada fue clara en advertir que “para 1997 la situación del mercado no registraba aún los efectos de la disminución de la pauta publicitaria, de manera que no era razonable que el contratista asumiera que la CNTV tendría que bajar las tarifas.”, luego no se trató de un hecho previsible o imputable a la entidad.
Tampoco es de recibo la advertencia del impugnante, en cuanto se refirió a que en los pliegos y el contrato se pactaron obligaciones relacionadas con el ajuste de las tarifas, en los términos que pretende demostrar.
Se insiste en que la Corporación demandada, con base en el análisis de tales documentos, arribó a la conclusión de la inexistencia de tal obligación, al menos en la forma y términos que plantea la parte actora.
Entre otras pruebas, destacó el régimen tarifario previsto en los pliegos:
“.- Resolución No. 168 de 1997 por la cual se ordena la apertura de la licitación pública No. 001 de 1997 para el otorgamiento de las concesiones de espacios de televisión en los Canales Nacionales de Operación Pública. En el punto 2.3. del pliego de condiciones se indicaron las tarifas correspondientes, con advertencia de que las mismas tendrían un reajuste del IPC, sin perjuicio de otros factores que podría tener en cuenta la CNTV.”
Si bien es cierto que en los pliegos se indicó que las tarifas podrían ajustarse “teniendo en cuenta el comportamiento del mercado publicitario (…)”, encuentra la Sala que, precisamente, eso fue lo que llevó a cabo la CNTV, tal como lo destacó la autoridad judicial demandada al verificar el contenido de los actos administrativos proferidos durante la ejecución del contrato:
“.- Resolución No. 640 de mayo de 1999, por medio de la cual la CNTV resolvió una petición presentada por los concesionarios en orden a adoptar medidas en relación con el régimen tarifario y decidió unificar transitoriamente las tarifas de programas nacionales y extranjeros . En los considerandos de esta resolución se indicó como una de las motivaciones, “la reducción de venta en pauta publicitaria”. (Destacado por la Sala)
Así las cosas, salta a la vista que, aun cuando el único ajuste tarifario de la concesión de que se trata se pactó de acuerdo con la variación anual del IPC, la Subsección demandada puso de presente que la CNTV efectuó ajustes con fundamento en otros factores, que en este caso fue el comportamiento del mercado publicitario.
En el contrato tampoco se establecieron obligaciones de ajuste tarifario distintas a la referida variación, como parece entenderlo el impugnante.
Si bien en la cláusula décima cuarta del contrato en cuestión, se estableció que “Para la reposición del valor de la póliza en el caso de reajuste de las tarifas de espacios de televisión, se tendrá en cuenta el tiempo de ejecución del contrato para efectos de que en todo caso se mantenga el porcentaje mencionado en el presente artículo.”, ello no corresponde con la lectura parcial y sin contexto que la parte actora hizo del parágrafo de la cláusula bajo cita que, dicho sea de paso, se refirió a la póliza que el concesionario debía constituir como garantía única, y plasmó la forma de reponer su valor en caso de reajuste de las tarifas, el cual, como se determinó en el proceso ordinario, correspondía a la variación anual del IPC y, eventualmente, con base en otros factores. No se trata, entonces, de una obligación de reajustar los costos de la concesión como lo propone el actor.
Se reitera que el reajuste de tarifas del contrato sólo debía contemplar la variación del IPC, como de manera insistente lo precisó la autoridad judicial demandada, de tal manera que las reformas de los costos de la concesión a los que se refiere la parte demandante, no hicieron parte de los pliegos y el contrato.
Por lo demás, no son de recibo las advertencias de la parte actora, de acuerdo con las cuales la fijación de las tarifas de la concesión debían observar los parámetros del artículo 5° literal k) de la Ley 182 de 1995, pues tal reclamo pudo plantearlo ante el juez competente, en el marco del control de legalidad de los actos administrativos que las establecieron, como bien lo advirtió la autoridad judicial demandada.
Respecto del cargo consistente en la presunta ilegalidad de la cláusula de caducidad del contrato fundada en el incumplimiento de los pagos, la Sala encuentra que no tiene vocación de prosperar.
La colegiatura demandada sostuvo que “el numeral 7 de la cláusula décima séptima del Contrato 102 de 1997 se correspondió con el ejercicio de una potestad legal contenida en La ley 182 de 1995, tal como fue modificada por la Ley 344 de 1996, la cual, además, se aprecia como un desarrollo de poder sancionador atribuido a la CNTV, el cual resultaba pertinente para el contrato sub lite.”
Si bien el literal k) del artículo 5° de la Ley 182 de 1995 no consagra que “Darán lugar a la caducidad del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria, además de las causales establecidas en la ley, aquellas que las partes pacten en el correspondiente contrato;”, lo cierto es que la consideración de la sentencia para avalar la legalidad de la cláusula de caducidad del contrato tuvo sustento en otras normas que sí establecieron esa facultad en cabeza de la CNTV.
Así, el segundo inciso del artículo 49 ibidem, norma que se destacó en el proveído demandado, establece que “Además de las causales de caducidad previstas en la ley, darán lugar a la terminación del contrato y al cobro de la cláusula penal pecuniaria, aquellas causales pactadas por las partes.”
En criterio de la parte actora, el texto de esta norma se refiere a la posibilidad de establecer otras causales de terminación del contrato, no a la facultad de pactar otros supuestos que dan lugar a declarar la caducidad.
Aunque la redacción del texto de la disposición transcrita podría eventualmente admitir esta interpretación, lo cierto es que el discernimiento de la Subsección demandada sobre el sentido de la norma también es admisible y, por supuesto, razonable.
En efecto, el texto bajo cita es claro en establecer que, además de las causales de caducidad previstas en la ley (verbi gracia el artículo 18 de la Ley 80 de 1993), pueden dar lugar a la terminación del contrato las causales de caducidad que pacten las partes.
Se recuerda que en criterio de esta Sala, “debe tenerse en cuenta que para analizar si en cada caso se configura el defecto sustantivo, debe evaluarse”, entre otros parámetros, si a la norma “se le están reconociendo efectos distintos a la voluntad del Legislador.”, además que, en los términos de la Corte Constitucional, “para que dicho yerro dé lugar a la procedencia de la acción de amparo debe evidenciarse una irregularidad de significante trascendencia, que haya llevado a proferir una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos fundamentales.”
Por lo dicho, no hay lugar a considerar que la interpretación que respecto del texto legal hizo la autoridad judicial demandada, resulte alejada de la intención del legislador, menos aún que tal interpretación constituya un yerro de tal trascendencia como para resultar lesivo de un derecho fundamental.
Se trata, entonces, de una discrepancia interpretativa que tiene la parte actora frente a los efectos de la norma bajo cita, lo que de ninguna manera podría considerarse como un defecto de la providencia.
Con todo, no debe perderse de vista que las deducciones acerca del sentido de la norma tuvieron respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que al pronunciarse sobre la exequibilidad del literal e) de artículo 5 de la Ley 182 de 1995, referida a la potestad de la CNTV para reglamentar el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, encontró ajustada a la Carta la disposición en mención.
Así lo tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada:
“Pues bien, en la sentencia C-726/09 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la aludida disposición apoyada en el principio de legalidad flexible que permitió a la CNTV el desarrollo de la ley a través de la potestad reglamentaria, a la vez que se sustentó en el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control, con fundamento en lo cual se concluyó:
“Al parecer de la Corte, lo que hacen conjuntamente las dos disposiciones acusadas es conceder la autorización legal para que la Comisión, como ente autónomo dotado de potestad reglamentaria en materia sancionatoria contractual, ejerza dicha facultad para definir tanto las conductas constitutivas de falta, como las sanciones imponibles a los contratistas, operadores y concesionarios, lo cual cae plenamente dentro del marco del principio de legalidad flexible o débil que domina la actividad de los entes administrativos o autónomos en el asuntos contractuales relacionados con la potestad sancionatoria pública”.
(…)” (Destacado por la Sala)
De acuerdo con las anteriores consideraciones, en criterio de la Sala el colegiado demandado no incurrió en algún yerro interpretativo para avalar la legalidad de la cláusula de caducidad del contrato, por el contrario, sus razonamientos frente al punto resultaron sensatos, de tal manera que el pronunciamiento de la sentencia atacada acerca de la mora en los pagos, como causal legal de caducidad, fue debidamente motivado.
En lo concerniente al reconocimiento de los efectos de la renuncia a los espacios concesionados, el cargo de la impugnación consistió en que en la sentencia C-200 de 1998, la Corte Constitucional no arribó a la conclusión que expuso el a quo de la tutela, sino que el contrato de concesión podía terminar (i) por acuerdo entre las partes o resiliación; o (ii) por renuncia del concesionario, esto es, se trata de modalidades distintas y está última no requiere aceptación.
Los efectos de la renuncia, en el asunto particular, tienen que ver con que la liquidación del contrato no debió incluir las tarifas causadas con posterioridad al anuncio de devolución de los espacios de televisión.
Este cargo no debe prosperar, comoquiera que la manifestación que al respecto hizo el demandante, tuvo lugar con posterioridad a la fecha en que se profirió el acto que declaró la caducidad del contrato, además que el concesionario estaba en mora de sus obligaciones, como lo señaló la autoridad judicial demandada:
“En el presente caso se encuentra probado que el 22 de noviembre de 2002 fecha para la cual ya se había expedido la resolución contentiva de la declaratoria de caducidad del contrato, DFL radicó la comunicación informando la decisión de devolver los espacios de televisión adjudicados mediante el Contrato 102 de 1997.
El 16 de diciembre de esa misma anualidad, DFL le insistió a la entidad demandada que era su deber aceptar la devolución de los espacios de televisión y la CNTV le reiteró que desde el punto de vista legal, para hacer efectiva la devolución era un requisito estar al día con sus obligaciones contractuales.” (Destacado por la Sala)
Adicionalmente, si en gracia de discusión la renuncia a los espacios televisivos se hubiera presentado con antelación a la declaratoria de caducidad del contrato, la Sala comparte la tesis que expuso el a quo de la tutela en el proveído impugnado, en cuanto adujo que la terminación del contrato de concesión 102 de 1997 no operaba solo por la renuncia del concesionario, ni que la CNTV estuviera obligada aceptarla, sin anteponer alguna condición, como encontrarse a paz y salvo con las tarifas.
Tal deducción la soportó en las consideraciones que al respecto hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-200 de 1998, en la que esa Corporación se pronunció acerca de la exequibilidad de la norma que permite al contratista renunciar a los espacios televisivos concesionados, y de manera más que diáfana, precisó que dicha renuncia no implicaba una condonación de obligaciones.
La consideración sobre este punto tuvo lugar frente a la advertencia que hizo el Ministerio Público, según la cual “Impedir el cobro de las obligaciones económicas a cargo del concesionario, implica una condonación que, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 355 de la Carta, se asimila a una donación en favor de los contratistas, incurriendo de esta manera la administración en un acto proscrito por la Ley Fundamental” (Destacado por la Sala)
Pues bien, para dar respuesta a esta observación, el Tribunal Constitucional señaló que “La Corte no puede acoger las razones y solicitudes del Procurador General, puesto que la facultad que otorga el inciso demandado a los titulares de concesiones no necesariamente constituye una condonación; como se ha visto, son varios los eventos en que la renuncia no causa perjuicio; más aún, el contrato de concesión, como todos los contratos, puede terminar de la misma manera en que se creó: por acuerdo de las partes contratantes; si se presenta la renuncia del concesionario y la aceptación de la misma por la Comisión, se configuraría una resiliación.” (Destacado por la Sala)
De acuerdo con el aparte transcrito, la renuncia a la concesión debe ser aceptada por la entidad concedente, de tal suerte que no es cierta la afirmación del impugnante, en cuanto a la existencia de dos modalidades de esta facultad, esto es, (i) por acuerdo entre las partes o resiliación; o (ii) por renuncia del concesionario que no requiere aceptación, ya que la Corte no arribó a una conclusión de ese talante.
La autoridad judicial demandada también se refirió al contenido de la sentencia bajo cita en los siguientes términos:
Ya la Corte Constitucional en el estudio de constitucionalidad de la norma enunciada explicó que el concesionario podía en cualquier momento, durante la ejecución de la concesión, hacer uso de la facultad de renunciar a la misma, lo que no le da “derecho a reclamar, en caso de ejercer esa potestad, siquiera una parte de la tarifa anual que todos los concesionarios deben cancelar anticipadamente por el uso del espectro electromagnético o parte del pago que hace cada uno de ellos al serle adjudicada la concesión por el derecho a aprovecharse del bien público, así, la renuncia de un concesionario no significa una merma en las rentas ordinarias de la CNTV”. (Destacado por la Sala)
Sobre la base de esas consideraciones, la Subsección demandada puso de presente que, a diferencia de los contratos que fueron materia de estudio por los jueces arbitrales, en esos casos el concesionario se encontraba a paz y salvo de sus obligaciones y, por tal motivo, el Tribunal de Arbitramento ordenó hacer efectivos los efectos de la renuncia desde su manifestación, contrario al presente caso, en la que el demandante se encontraba en mora:
“En este tema resulta necesario dejar claro que aunque en las controversias estudiadas por el Tribunal de Arbitramento se ordenó no hacer efectivos los pagos desde el momento en que el concesionario manifestó su deseo de devolver los espacios de televisión, la situación de esos contratos era diferente, pues para el momento del anuncio se encontraban al día en sus acreencias económicas, mientras que en el presente caso, DFL se encontraba en mora, además de que la Resolución 1076 del 15 de noviembre de 2002, contentiva de la caducidad, ya se había expedido y se encontraba en curso para ser notificada.”
Entonces, no resulta irracional la postura de la Corporación demandada en cuanto a que la renuncia a los espacios concesionados se presentó con posterioridad a la declaratoria de caducidad, y que la exigencia de estar a paz y salvo para aceptarla contaba con respaldo legal.
6. Conclusión
La Sala modificará el proveído de primera instancia, en el sentido de declarar improcedente la presente solicitud de amparo, respecto de los cargos de la tutela, reiterados en la impugnación, que no fueron materia de debate en las instancias ordinarias, y lo confirmará respecto de los demás aspectos estudiados de fondo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Modifícase el fallo del 14 de junio de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través del cual negó el amparo solicitado en la acción de tutela de la referencia y, en su lugar, declárase improcedente la solicitud de amparo elevada por Diego Fernando Londoño Reyes, respecto de los cargos de la tutela, reiterados en la impugnación, que no fueron materia de debate en las instancias ordinarias, por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
SEGUNDO: Confírmase el proveído impugnado respecto de los demás aspectos estudiados de fondo, en cuanto negó el amparo de los derechos fundamentales deprecados en la demanda.
TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado
Ausente con permiso
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Folios 1 a 59.
Folio 62.
Folios 74 a 76
Folios 78 y 79.
Folios 109 a 111.
Folios 112 a 121.
Folios 132 a 144.
La sentencia se notificó por medios electrónicos el miércoles 20 de julio de 2018 (Folio 145).
Folios 167 a 192.
Citó el concepto del 9 de febrero de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Expediente 1674. Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos.
Modificado por el Decreto 1983 de 2017.
Sentencia C- 590 de 2005.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del cinco (05) de agosto de dos mil catorce (2014). Radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Consejero ponente: Jorge Octavio Ramirez Ramirez.
Normativa aplicable en el proceso ordinario que dio lugar a la providencia bajo cuestionamiento.
Folios 344 a 369 del expediente ordinario.
“ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar.
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.” (Destacado por la Sala)
Cita de cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2016, radicación: 17001233100020080013801 (47336), actor: Constructora Castilla y otros, demandado: Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales – INFI-MANIZALES, acción: contractual.
Citó el concepto del 9 de febrero de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Expediente 1674. Consejero ponente: Gustavo Aponte Santos.
Año de suscripción del Contrato 102 de 1997.
En el numeral 2.3 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública 001 de 1997 “para el otorgamiento de las concesiones de espacios de televisión en los canales nacionales de operación pública”, se determinaron de la siguiente manera:
“Las tarifas anteriores podrán ser reajustadas durante el término de ejecución de los contratos de concesión de espacios de televisión, por parte de la Comisión Nacional de Televisión.
Los reajustes de las tarifas no podrán ser inferiores al índice de precios al consumidor que certifique el Departamento Nacional de Estadísticas (sic) DANE, anualmente.
En todo caso, la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión teniendo en cuenta el comportamiento del mercado publicitario, por votación calificada de sus miembros, podrá efectuar los reajustes con base en otros factores.
El oferente con la presentación del formato No 1 (anexo no. 1) manifestará la aceptación del régimen tarifario fijado por la Comisión Nacional de Televisión.” (Destacado por la Sala)
En realidad, establece: “k) Ejecutar los actos y contratos propios de su naturaleza y que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, para lo cual se sujetará a las normas previstas en el Código Contencioso Administrativo y en la Ley 80 de 1993, y en las normas que las sustituyan, complementen o adicionen;”.
Disposición que se repitió a través de la Ley 344 de 1996, artículo 10.
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 28 de julio de 2016. Radicación: 11001-03-15-000-2016-01955-00(AC). Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio.
Sentencia T-031 de 2016.
Cita de cita: Concepto que prohijó con fundamento en la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente, Enrique Gil Botero. Sentencia de noviembre 13 de 2005. radicación número: 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17009).
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