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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00785-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
7 de mayo de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00785-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del señor Torcuato Suarez Beltrán. DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 14 de septiembre del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», por medio de la cual se confirmó el auto de 21 de noviembre del 2016, dictado por el Juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor Torcuato Suárez Beltran. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» que en el término de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera la providencia de remplazo, teniendo en cuenta que el término de caducidad se suspendió desde el 12 de junio del 2009 hasta el 12 de junio del 2013. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00785-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

7 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DE CADUCIDAD EN PROCESOS EJECUTIVOS DURANTE EL TRÁMITE LIQUIDATORIO DE CAJANAL

Procede la Sala analizar si en el presente asunto se produjo la vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del [accionante], en relación con las decisiones tomadas en los autos del 21 de noviembre del 2016 y 14 de septiembre del 2017, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictados en el proceso ejecutivo incoado contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección (UGPP). El motivo de inconformidad del actor con las decisiones adoptadas, radica en que los Despachos, incurrieron en el defecto material o sustantivo al abstenerse de librar el mandamiento de pago (…) se tiene que para el caso objeto de estudio, se deberá tener en cuenta la suspensión del tiempo entre el inicio de la intervención del proceso liquidatorio (12 de junio de 2009), hasta su terminación (11 de junio del 2013), es decir, los 4 años que duro el proceso liquidatorio, de conformidad con el Decreto 2196 de 2009, puesto que la reclamación del cumplimiento del fallo fue anterior al 8 de noviembre del 2011 (…) correspondiente a la reclamación realizada por el hoy accionante (…) desacertaron en sus decisiones, al aplicar las normas procesales de los juicios ejecutivos, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso de las reclamaciones pendientes de la extinta Cajanal EICE y la suspensión de los términos de caducidad, desconociendo el precedente jurisprudencial de esta Corporación con circunstancias fácticas y jurídicas análogas al caso sub-examine, lo que incidió en la ponderación del tiempo, para abstenerse de librar el mandamiento de cobro y declarar su caducidad (…) la Sala encuentra probado que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo por la indebida aplicación de las normas al caso concreto y desconocieron el precedente jurisprudencia en la materia, obstaculizando así los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del [accionante].

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00785-00(AC)

Actor: TORCUATO SUÁREZ BELTRÁN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

El señor Torcuato Suárez Beltrán Tulcán, por intermedio de apoderado, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos presuntamente vulnerados por los demandados, con la expedición de las providencias de 21 de noviembre del 2016 y 14 de septiembre del 2017, respectivamente.

Pretensiones

El apoderado del accionante solicitó lo siguiente:

1. AMPARAR los derechos de, (sic) DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS del señor TORCUATO SUAREZ BELTRAN.
2. ORDENAR al JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTA (sic) y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA-SECCIÓN SEGUNDA– SUBSECCIÓN “B”, en amparo a los derechos enunciados, revocar sus providencias de auto de fecha 21 de noviembre de 2016 y auto de fecha 14 de septiembre de 2017, notificadon (sic) personalmente del (sic) 18 de septiembre de 2017, y en consecuencia se ordene librar mandamiento de pago.
3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados.

Hechos de la solicitud

El apoderado del accionante señala como hechos relevantes los siguientes:

1.2.1. Presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con Radicado 2006-05820-01, correspondiéndole por reparto al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá.

1.2.2. El 12 de junio del 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia proferida por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá del 17 de octubre del 2007, en la cual ordenó reliquidar la pensión con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

1.2.3. En el fallo en mención, se ordenó «a la extinta caja (sic) Nacional de previsión (sic) social (sic) EICE, dar cumplimiento a la misma (sic) dentro de los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del C.C.A., ordenando así el pago de los intereses moratorios derivados de la obligación».

1.2.4. En junio de 2009, por medio del Decreto 2196, se ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social, dando apertura al proceso liquidatario de esa entidad.

1.2.5. El 5 de agosto del 2010, por medio de la Resolución Nº. PAP 008152, la Caja Nacional de Previsión Social EICE, dio cumplimiento a la sentencia del 12 de junio del 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.2.6. En el mes de abril del 2011, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reportó la novedad de incluir en la nómina la Resolución No. PAP 008152 del 5 de agosto del 2010 y, canceló a su representado el capital e indexación. No obstante, dejó de un lado el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del C.C.A.

1.2.7. El 11 de junio del 2013, se declaró terminado el proceso de liquidación de Cajanal EICE, mediante la Resolución Nº. 4911.

1.2.8. El 1 de noviembre del 2016, radicó demanda ejecutiva ante el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, «dentro del término legal» y, el 21 de noviembre del 2016, mediante auto se le negó el mandamiento de pago por vencimiento de términos.

1.2.9. El 25 de noviembre del 2016, presentó recurso de apelación contra el auto del 21 de noviembre del 2016, proferido por el juez de primera instancia, siendo confirmado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B».

1.2.11. De acuerdo a lo manifestado, su situación resulta desproporcionada y violatoria a sus derechos fundamentales, debido a que el fallo ejecutoriado data del 26 de junio del 2008, el cual se hizo exigible el 26 de diciembre del 2009, contando el término de los 5 años a partir de la exigibilidad de la obligación para ejercer la acción ejecutiva, cuyo término venció el 26 de diciembre de 2014 y la acción fue radicada el 1 de noviembre del 2016. Sin embargo, no se tuvo en cuenta el tiempo del proceso liquidatario de Cajanal comprendido entre el 12 de junio del 2009 hasta el 11 de junio del 2013, tiempo que interrumpe el término de caducidad, desconociendo el derecho adquirido de su representante para el pago de sus intereses.

1.2.12. El 27 de noviembre del 2017, el juez de primera instancia dio cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con la providencia del 14 de septiembre del 2017, la cual fue notificada el 18 de septiembre del año en mención.

Fundamentos jurídicos de la tutela

El apoderado del accionante argumenta que las accionadas violaron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos, por la presunta configuración del defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente en las providencias de primera y segunda instancia.

Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 6 de abril del 2018, en el que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» y al Juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, como demandados, y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como tercero interesado en el resultado del proceso, para que dentro del término de tres (3) días y en uso de su derecho de defensa rindieran el respectivo informe.

Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no realizó ningún pronunciamiento.

Dentro del término concedido la Juez Quince del Circuito Judicial de Bogotá, como accionada en la acción de la referencia, presentó informe manifestando que las actuaciones realizadas dentro del proceso ejecutivo con Radicado 110013335015-2016-00484, no vulneran los derechos fundamentales del accionante, pues el Despacho se abstuvo de librar el mandamiento de pago por el no pago de interés moratorios derivados del cumplimiento de la sentencia, debido a que se encontraba caducada la acción, de acuerdo al análisis realizado en la decisión del 21 de noviembre del 2016, auto que fue apelado. En segunda instancia, el día 14 de septiembre del 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión.

Agregó que «la decisión de caducidad se adopto (sic) con fundamento en las causales contenidas en la Ley 1437 de 2011 y en las piezas procesales». Por esta razón, la acción constitucional no podría prosperar y, en consecuencia, sus pretensiones deben ser desestimadas, pues no existió la vulneración de los derechos fundamentales que aduce el señor Torcuato Suarez Beltrán.

Por su parte, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, como tercero interesado en el proceso, presentó informe solicitando se declare la improcedencia de la acción de la referencia, por la inexistencia en la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, debido a que las decisiones judiciales se ajustaron al ordenamiento legal que regula la materia respecto de la caducidad de la acción en el proceso ejecutivo. Igualmente, el accionante al solicitar la revisión de las providencias convierte esta acción en una tercera instancia, por la cual pidió negar la acción de tutela y, en consecuencia, ordenar su archivo.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Se le atribuye al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del señor Torcuato Suárez Beltrán.

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si es o no procedente la presente acción de tutela y, en segundo lugar, si las providencias objeto de censura incurrieron en el defecto material o sustantivo y en el desconocimiento del precedente jurisprudencial, al abstenerse de librar mandamiento de pago por operar el fenómeno de la caducidad dentro de la demanda ejecutiva contra la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Con el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y, desde entonces, la Corte Constitucional a través del examen de constitucionalidad se dio a la tarea de estudiar la procedencia de la acción contra providencias judiciales. En la sentencia C-543 de 1992, si bien en principio se adoptó la tesis más restrictiva de improcedencia, se allanó el camino para que la Corte comenzara a determinar los casos en los que habría de proceder el amparo contra providencias judiciales, estableciendo una amplia línea jurisprudencial que finalmente convergió en la sentencia C-590 de 2005, donde reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra las decisiones judiciales. Según expuso la Corte, esta excepción tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa y, por contera, la consolidación de las bases jurídicas para la interdicción de la arbitrariedad judicial.

Ahora bien, la acción de tutela como mecanismo de garantía constitucional faculta a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, siempre que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o la de los particulares en los casos determinados por la ley. Dada su naturaleza subsidiaria, únicamente resulta procedente cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial o, teniéndolos, no se muestran ni idóneos ni eficaces para hacer efectiva la protección deprecada, por lo que la acción constitucional puede entonces sustituirlos como mecanismo transitorio.

En esa lógica, en sentencia de unificación de jurisprudencia de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena del Consejo de Estado acogió la tesis que se venía aplicando en la mayoría de sus secciones y subsecciones respecto de la posibilidad de admitir las acciones de tutela contra providencias judiciales, e indicó que son procedentes, siempre y cuando las demandas lleven por objeto el amparo de los derechos constitucionales fundamentales relacionados con el debido proceso y el derecho de defensa (artículo 29 de la Constitución Política) o con el acceso a la administración de justicia (artículo 229 ejusdem). Asimismo, y como garantía del principio de la seguridad jurídica, dejó establecido en 6 meses el término prudencial para considerar satisfecho el principio de la inmediatez, el cual únicamente cabe reconsiderarse cuando el juez encuentre válidamente justificada una dilación superior.

Por tanto, la Sala verificará, en primer lugar, que la solicitud de tutela cumpla con los presupuestos generales de procedibilidad, a saber: (i) que no se trate de tutela contra tutela; (ii) que se cumpla el principio de inmediatez y, (iii) que se cumpla el principio subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios siempre y cuando estos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será rechazar por improcedente el amparo y no se analizará el fondo del asunto.

2.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

Se encuentra que el asunto reúne las exigencias requeridas para que prospere el estudio de la posible vulneración de derechos fundamentales, puesto que:

(i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración del derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos.

(ii) Se «cumple con el requisito de subsidiaridad», dado que la decisión cuestionada es la providencia de segunda instancia en la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión del auto del 21 de noviembre del 2016, proferido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo con Radicado 11001333501520160048401.

(iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la providencia objeto de censura constitucional data del 14 de septiembre del 2017, notificada por estado el día 18 septiembre del 2017 y ejecutoria el 21 del mes y año en mención y, la presente acción de tutela fue radicada en la Secretaría General del Consejo de Estado el 18 de marzo de 2017 (f.1), cumpliendo con los parámetros fijados por la Sala Plena de esta Corporación.

(iv) Son claros los hechos y argumentos que se presentaron en el escrito de tutela.

(v) Finalmente, las providencias no son sentencias de tutela.

2.3.2. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales especiales de procedibilidad del amparo, esto es, que la actuación judicial se encuentra viciada, al menos, por alguno de los siguientes defectos: orgánico, procedimental, fáctico, sustantivo, falta de motivación, error inducido, desconocimiento del precedente judicial o, por último, violación directa de la Constitución.

En la presente tutela, la parte accionante alega la configuración de dos de las causales especiales de procedibilidad, a saber: el defecto material o sustantivo y el desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Por ello, el análisis de la Sala se centrará en dilucidar si las providencias acusadas incurren en esos defectos y, en consecuencia, si se vulneraron sus derechos fundamentales.

2.3.3. El defecto sustantivo por aplicación indebida de la norma

Pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso en concreto, para determinar su forma de aplicación, y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, no les es dable en esta labor, apartarse de las disposiciones consagradas en la Constitución o la ley, pues de hacerlo, se constituye en una causal de procedencia de la acción de tutela contra la decisión adoptada.

En ese sentido, cuando en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera manifiestamente irrazonable o se deja de aplicar una norma aplicable, ésta deja de ser una vía de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por la cual la misma deberá dejarse sin efectos jurídicos, siendo la acción de tutela el mecanismo judicial apropiado. En estos eventos no se está ante un problema de interpretación normativa, sino ante una decisión carente de fundamento jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico, que desconoce la ley y, por ende, trasciende al nivel constitucional en tanto compromete los derechos fundamentales de la parte afectada con tal decisión.

2.3.4. Sobre el desconocimiento del precedente judicial

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que las providencias incurren en defecto cuando desconocen sin debida justificación el precedente judicial, ya que las autoridades judiciales están obligadas a respetarlo -sea éste horizontal o vertical-, en virtud de la prevalencia de los derechos al debido proceso, a la igualdad y a la buena fe HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn18" \o "" .

Es pertinente precisar que el precedente HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-102-14.htm" \l "_ftn20" \o "" por regla general, es «aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso».

Sin embargo, aunque es un deber de los jueces aplicar el precedente, el derecho es una ciencia dinámica y cambiante lo que hace que cada caso en particular presente elementos o argumentos que no fueron valorados con anterioridad en otros fallos judiciales; por esta situación, le es dado a las autoridades apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre y cuando se presente una justificación razonable y proporcional que brinde una mejor respuesta al problema jurídico planteado.

2.3.5. El derecho fundamental al debido proceso

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso. Dicho precepto constituye una garantía iusfundamental aplicable a «toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», razón por la que tiene un ámbito de aplicación que se extiende a todas las tareas, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los administrados.

En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha señalado de manera amplia y reiterada que el derecho al debido proceso es uno de los pilares fundamentales del Estado social y democrático de Derecho, razón por la que su protección y garantía es un deber fundamental. Sobre su contenido, la Corte ha precisado que el debido proceso se entiende «como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia».

Asimismo, la Corte ha explicado que dentro de sus elementos esenciales se destacan: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial y el derecho a la jurisdicción; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de imparcialidad, entre otras.

Con base en estos elementos, la jurisprudencia constitucional ha precisado que para garantizar la existencia del debido proceso en las actuaciones judiciales o administrativas, es necesario la existencia de un procedimiento previamente establecido en la ley, de manera que, en desarrollo del principio de legalidad, se deban respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales.

2.3.6. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia

El derecho a la administración de justicia ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Aquella prerrogativa de la que gozan las personas, naturales o jurídicas, de exigir justicia, impone a las autoridades públicas, como titulares del poder coercitivo del Estado y garantes de todos los derechos ciudadanos, distintas obligaciones para que dicho servicio público y derecho sean reales y efectivos. En general, las obligaciones que los estados tienen respecto de sus habitantes pueden dividirse en tres categorías, a saber: las obligaciones de respetar, de proteger y de realizar los derechos humanos.

2.3.7. El derecho a la igualdad

En lo que concierne al tema objeto de la presente tutela, la jurisprudencia constitucional ha afirmado respecto del derecho a la igualdad, que una de sus expresiones en un sistema democrático es la facultad que se reconoce a todas las personas para acudir en idénticas condiciones ante los jueces y tribunales, con el propósito de defender la integridad del orden jurídico y de restablecer sus derechos e intereses. Como contrapartida, al Estado se le impone la obligación de abstenerse de adoptar medidas que tengan por objeto o como efecto impedir o dificultar el acceso a la justicia. Esta modalidad de igualdad se erige entonces en un límite a la libertad de configuración normativa del legislador, la cual sólo admite restricciones cuando medie una justificación objetiva y razonable.

2.4. Hechos probados

2.4.1. El 17 de octubre del 2007, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante fallo de primera instancia, negó la solicitud de reliquidación de pensión del señor Torcuato Suárez Beltrán (ff. 12 al 23 del expediente 11001333501520160048401).

2.4.2. El 12 de junio del 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», en sentencia de segunda instancia revocó el fallo proferido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y, ordenó reliquidar en debida forma la pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, al señor Torcuato Suarez Beltrán, dando cumplimiento «dentro de los términos establecidos para ello por los artículos 176 y 177 del C.C.A.» (ff. 24 al 40 del expediente 11001333501520160048401).

2.4.3. El 17 de julio del 2008, el accionante, presentó derecho de petición ante Cajanal EICE, solicitando el cumplimiento de la sentencia del 12 de junio de 2008 (ff. 41 y 42 del expediente 11001333501520160048401).

2.4.4. El 12 de junio del 2009, por medio del Decreto 2196, se ordenó la supresión y liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social y, en consecuencia, se dio apertura al proceso liquidatorio.

2.4.5. El 5 de agosto del 2010, mediante Resolución PAP 008152, el liquidador de Cajanal EICE, ordenó dar cumplimiento a la sentencia del 12 de junio del 2008, expedida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ff. 43 al 49 del expediente 1001333501520160048401).

2.4.6. En el mes de abril del 2011, se incluyó en nómina el pago de la reliquidación con la indexación pero sin los intereses que trata el artículo 177 del C.C.A., según copia de liquidación detalla de pago, expedida por la UGPPP (ff. 53 y 54 vuelto).

2.4.7. El 11 de junio del 2013, se profirió la Resolución 4911, la cual declaró terminado el proceso liquidatario de Cajanal EICE en liquidación.

2.4.8. El 1 de noviembre del 2016, el señor Torcuato Suárez Beltrán, presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el fin de obtener el pago de los intereses derivados de la sentencia judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», el 12 de junio del 2008 (ff. 2 al 11 del expediente con radicado 11001333501520160048401).

2.4.9. El 21 de noviembre del 2016, mediante providencia el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, se abstuvo de librar mandamiento de pago dentro de la acción ejecutiva contra la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por configurarse el fenómeno jurídico de caducidad (ff. 58 al 62 del expediente con radicado 11001333501520160048401).

2.4.10. El 25 de noviembre del 2016, el accionante presentó recurso de apelación contra el auto del 21 de noviembre del 2016, proferido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, siendo concedido por medio del auto de 22 de febrero del 2017 (ff. 64, 65, 68 y 69 del expediente con radicado 11001333501520160048401).

2.4.11. El 14 de septiembre del 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», por medio de providencia confirmó el auto de primera instancia mediante la cual se abstuvo de librar el mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 134 de la Ley 1437 de 2011, al operar el fenómeno de caducidad.

2.5. Análisis de la Sala en el caso concreto

Procede la Sala analizar si en el presente asunto se produjo la vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del señor Torcuato Suárez Beltrán, en relación con las decisiones tomadas en los autos del 21 de noviembre del 2016 y 14 de septiembre del 2017, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictados en el proceso ejecutivo incoado contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección (UGPP).

El motivo de inconformidad del actor con las decisiones adoptadas, radica en que los Despachos, incurrieron en el defecto material o sustantivo al abstenerse de librar el mandamiento de pago, con base en lo dispuesto en literal K, del artículo 164 del C.P.A.C.A., desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, que por remisión normativa contenida en el artículo 1º. de la Ley 1105 de 2006, modificó el Decreto 254 de 2000.

Asimismo, estima que los accionados desconocieron el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado aplicable al caso concreto sobre la suspensión en el término de prescripción y caducidad en el proceso de liquidación de la extinta Cajanal EICE, de conformidad con las providencias del 25 de agosto del 2015, radicado 25000234200020150132701 (1777-2015), 29 de marzo del 2016, expediente 5042-2015 y 30 de junio del 2016, referencia 25-000-23-42-000-2013-06595-01.
Ahora bien, en aras de examinar la posible vulneración de los derechos alegados, la Sala realizará el recuento de las actuaciones surtidas dentro del proceso ejecutivo, en las providencias que son objeto de censura en esta acción, para llegar a las conclusiones del caso.

Dentro de las normas aplicadas en el proceso ejecutivo, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y Tribunal administrativo de Cundinamarca, tuvieron en cuenta, lo siguiente:

Auto del 21 de noviembre del 2016

1. El artículo 297 de la Ley 1437 del 2011, que indica qué constituye título ejecutivo.
2. El artículo 155 ibídem, que se refiere a la competencia de los jueces administrativos.
3. El numeral 11 del artículo 136 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que establece el termino de caducidad de la acción ejecutiva, consistente en 5 años a partir de la exigibilidad del respectivo derecho, en concordancia con el artículo 164 de la Ley 1437 del 2011.
4. Transcribió a partes de las providencias proferidas por esta Corporación de11 de octubre de 2006, Radicado 2001-00993-010 (30566) de la Sección Tercera y la del 11 de febrero del 2016, dentro del proceso 11001-33-35-015-2015-00318-01 proferida por la Sección Segunda.

Finalmente, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, negó librar el mandamiento de pago, por vencimiento de los 5 años para presentar la demanda ejecutiva, declarando la caducidad de la acción por las siguientes consideraciones:

Asi las cosas se tiene que la condena impuesta a la entidad ejecutada, quedó en firme el 26 de junio del 2008 (Fl. 40 anverso) fecha a partir de la cual empieza a contarse los dieciocho meses que tarta el artículo 177 del C.C.A. (Norma vigente al momento de proferirse la sentencia base de ejecución), es decir la exigibilidad del respectivo derecho se cumplió el 26 de diciembre de 2009, fecha a partir de la cual se empezaron a contar los cinco (5) años de caducidad de la acción que establece la norma

De conformidad con el antecedente jurisprudencial se evidencia que la presente acción ejecutiva se encuentra afectada del fenómeno de caducidad, en razón a que al verificar la fecha de radicación ante la Oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos se tiene que la demanda ejecutiva fue presentada el 08 de noviembre del 2016 (fl. 56), fecha para la cual ya se encontraba vencido el termino para presentar el proceso ejecutivo, pues los cinco años después de la ejecutoria de la acción se vencieron el 26 de diciembre de 2014.

Auto del 14 de septiembre del 2018

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia del 14 de septiembre de 2017, en sus consideraciones mencionó la jurisprudencia sentada por esta Corporación, Auto interlocutorio del 30 de junio del 2016, que trata sobre el término de la caducidad en los procesos liquidatorios, luego de trascribir algunos apartes, señaló:

Ahora bien, sobre este precedente establecido por el H. Consejo de Estado, respecto de la suspensión de términos de caducidad de las acciones ejecutivas durante el trámite de liquidación de la entonces Cajanal E.I.C.E, la Sala se aparta del mismo con fundamento en las siguientes disposiciones:

El Decreto 2196 de 2009, por el cual se suprime la Caja de Nacional de Previsión Social, CAJANAL, EICE, se ordena su liquidación, se designa un liquidador y se dictan otras disposiciones, establece en sus artículos 1º, 2º, 3º, 6º - Literal d) y 14, lo siguiente: (…)

El Decreto 2040 de 2011, por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social de Cajanal EICE en liquidación y se modifica el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, señala en su artículo 2º (…)

El Decreto Ley 254 de 2000, por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, respecto de los bienes que hacen parte, y los excluidos, de la masa de liquidación, si como sobre la atención de los procesos dentro del proceso de liquidación(…)

Finalmente, el Decreto 663 de 1993, por medio del cual se actualiza el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración, en su artículo 116, literal d) (…)

Encuentra la Sala, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar las normas que contemplan el proceso liquidatorio y citar la jurisprudencia de esta Corporación para el caso de marras, decidió apartarse y concluir «[a]sí las cosas, corolario de todo lo anterior, esta Corporación considera que el proceso de liquidación no es motivo para que la misma entidad se abstenga o deje de cumplir con las obligaciones que se le impongan por vía judicial, en consecuencia, no es óbice para dar suspensión de términos judiciales», confirmando el auto del 16 de noviembre del 2016, proferido por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá.

Asimismo, dentro de las pruebas allegadas a esta acción de tutela y al proceso ejecutivo, la Sala encuentra lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia de segunda instancia de fecha 14 de junio del 2009, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ordenó la reliquidación de la pensión, su reconocimiento y pago al señor Torcuato Suarez Beltrán, la cual quedó ejecutoriada el 26 de junio del año 2009.

Posteriormente, el accionante radicó un derecho de petición para el cumplimiento de la sentencia ya mencionada, ante Cajanal EICE el día17 julio del 2009, por lo cual, el Liquidador de Cajanal EICE, dio cumplimiento a la sentencia, mediante la Resolución Nº PAP 008152 del 5 de agosto del 2010, señalando en su artículo 2º. del resuelve, el pago determinado en el artículo 177 del C.C.A. a cargo de Cajanal EICE en liquidación y los contemplados en el artículo 178 ibídem, a cargo del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

No obstante, en la copia de la liquidación detallada del mes de abril del 2011, expedida por la UGPP, se encontró el pago de la suma correspondiente a la diferencia de las mesadas causadas y no pagadas, más la indexación, sin el pago de los intereses moratorios causados a la fecha, razón por la cual el 1 de noviembre del 2016, radicó la demanda ejecutiva.

Para ilustrar el tema, resulta pertinente traer a colación apartes de un auto interlocutorio de importancia jurídica de la Sección Segunda de esta Corporación, con fecha del 30 de junio de 2016, número interno 3637-2014, magistrado William Hernández Gómez, donde se analizaron las causales legales sobre la suspensión de los términos de caducidad durante la liquidación de Cajanal EICE, referente al cumplimiento de providencias judiciales que reconocieron derechos pensionales a sus afiliados, de la siguiente manera:

iii-) De las obligaciones surgidas con ocasión de sentencias judiciales en donde se reconocieron derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de la extinta CAJANAL EICE en su calidad de administradora del régimen de prima media con prestación definida.

Con el fin de analizar la situación planteada, se deben precisar los siguientes aspectos.

Proceso de liquidación de Cajanal EICE

A través del Decreto 2196 de 2009, el Gobierno Nacional dispuso la supresión de la Caja Nacional de Previsión Social, ordenó su liquidación y prescribió que debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 254 de 2000 modificado por la Ley 1105 de 2006 la cual, en su artículo 1, dispuso que “[…] los vacíos del presente régimen de liquidación se llenarán con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas que lo desarrollan […]”, es decir, el Decreto 663 de 1993.

De igual manera, señaló en su artículo 14 que “[…] No formarán parte de la masa de liquidación los bienes de que trata el literal a), entre ellas, las cotizaciones del Sistema General de Pensiones, si las hubiere, del artículo  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0254_2000.htm" \l "21" 21 del Decreto ley 254 de 2000, modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1105_2006.htm" \l "11" 11 de la Ley 1105 de 2006, los cuales se deberán entregar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los previstos en los literales c) y d) de la mencionada norma […]” – (negrilla fuera de texto).

Al respecto, el artículo 11 de la Ley 1105 de 2006, dispuso:

“El artículo 21 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:

“Artículo 21. Bienes excluidos de la masa de la liquidación. No formarán parte de la masa de la liquidación:

a) Los recursos de seguridad social, los cuales deberán ser entregados a la entidad que determine el Gobierno Nacional;[…]”

A su vez, el artículo 20 del Decreto 2196, ya citado, estableció que “[…] integran la masa de la liquidación todos los bienes, las utilidades y los rendimientos financieros generados por los recursos propios, y cualquier tipo de derecho patrimonial que ingrese o deba ingresar al patrimonio de la Caja de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación. […]”

Igualmente, de conformidad con el artículo 64 del Decreto 4107 de 2011, Cajanal EICE en liquidación continuaría realizando las funciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 2196 de 2009 hasta tanto fueran asumidas por la UGPP, a más tardar el 1 de diciembre de 2012; sin embargo, el proceso de liquidación culminó efectivamente el 11 de junio de 2013, de conformidad con el Decreto 877 de 2013, por lo cual los procesos judiciales y demás reclamaciones que estuvieran en trámite al momento del cierre de la liquidación, serían asumidos por la UGPP.

Creación de la UGPP

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social fue creada por el artículo 156 de la Ley 1157 de 2007, como una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y le asignó entre otras la siguiente función:

“[…] i.- El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003. “[…]

A su turno el Decreto 169 de 2008, indicó que la UGPP tendría las siguientes funciones:

“[…] En cuanto al reconocimiento de derechos pensionales y de prestaciones económicas […]

2. El reconocimiento de los derechos pensionales y prestaciones económicas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que se encuentran en proceso de liquidación, se ordene su liquidación o se defina el cese de esa actividad por quien la esté desarrollando. También le compete la administración de los derechos y prestaciones que las mencionadas entidades hayan reconocido y los que reconozca la UGPP en virtud de este numeral […]”

De otra parte, en vista de la transición de funciones que se generó con el proceso liquidatorio, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011, procedió a distribuir competencias entre CAJANAL EICE en Liquidación y la UGPP y dispuso que la atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas se haría por ambas entidades de acuerdo con la fecha de la presentación de la respectiva petición, así:

Asignó a la UGPP, el trámite de las presentadas a partir del 8 de noviembre de 2011.
CAJANAL EICE en Liquidación, continuaría con la competencia respecto de las radicadas con anterioridad a esa fecha.
Así las cosas, toda petición relacionada con el cumplimiento de una sentencia condenatoria en materia pensional radicada antes del 8 de noviembre de 2011, debía ser atendida y la sentencia tenía que ser cumplida por CAJANAL en Liquidación, en tanto que las presentadas con posterioridad correspondieron a la UGPP. En esta forma se resolvió recientemente un conflicto de competencias administrativas por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación.

(…)
Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello solo resulta aplicable a aquellos casos con características especiales analizadas en ellos en los cuales se impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación contra CAJANAL o la UGPP.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que:

Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el 8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto.
A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP.
Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los casos anteriores.
De esta forma, es necesario que el juez identifique a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará:

El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o,
Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP.

De lo anterior, se concluye que dependiendo de la fecha de la radicación de la reclamación, existen tres momentos que los jueces deben tener en cuenta para decidir respecto del término de la caducidad, esto es:

El 12 de junio del 2009 (Decreto 2196 de 2009, momento de la intervención)
El 8 de noviembre del 2011 (Decreto 4269 de 2011, donde se procedió a distribuir competencias entre CAJANAL EICE en liquidación y la UGPP).
El 11 de junio del 2013 (Decreto 4911 del 2013, momento en que se declaró terminado el proceso de liquidación de Cajanal EICE).
De esta manera, se tiene que para el caso objeto de estudio, se deberá tener en cuenta la suspensión del tiempo entre el inicio de la intervención del proceso liquidatorio (12 de junio de 2009), hasta su terminación (11 de junio del 2013), es decir, los 4 años que duro el proceso liquidatorio, de conformidad con el Decreto 2196 de 2009, puesto que la reclamación del cumplimiento del fallo fue anterior al 8 de noviembre del 2011, tal y como se observa a folio 11 del proceso ejecutivo con radicado 11001333501520160048401, correspondiente a la reclamación realizada por el hoy accionante, con fecha del 17 de julio del 2008.

Por otra parte, la Sala ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en relación con la suspensión del término de caducidad y prescripción en el proceso liquidatorio de Cajanal EICE, para el pago de los intereses que consagra el artículo 177 del C.C.A., mediante sentencia del 2 de febrero de 2017 con Radicado 11001-03-15-000-2016-03562-00. Por lo tanto, se transcribe lo pertinente de la providencia que hizo ese análisis, cuyos argumentos se acogen plenamente para aplicarlos al caso concreto:

La nueva liquidación de la pensión del actor fue reportada en la nómina del mes de enero de 2012, quedando pendiente solo el valor de los intereses moratorios causados con el cumplimiento del fallo. Estos valores se pudieron cobrar por medio de la acción ejecutiva, solo a partir de la fecha en que se terminó con la liquidación de la entidad, ya que durante el periodo que duró esta, se suspendieron los términos de prescripción y caducidad.

De acuerdo a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, desacertaron en sus decisiones, al aplicar las normas procesales de los juicios ejecutivos, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso de las reclamaciones pendientes de la extinta CajanaL EICE y la suspensión de los términos de caducidad, desconociendo el precedente jurisprudencial de esta Corporación con circunstancias fácticas y jurídicas análogas al caso sub-examine, lo que incidió en la ponderación del tiempo, para abstenerse de librar el mandamiento de cobro y declarar su caducidad.

Finalmente, la Sala considera necesario que los Despachos accionados revisen nuevamente la demanda ejecutiva para establecer sí, en efecto, existió o no la caducidad de la acción en el proceso ejecutivo de conformidad con el artículo 164 del CPACA, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas y el término de suspensión del proceso liquidatorio de Cajanal EICE, emitiendo una nueva decisión.

3. Conclusión

A partir de lo anterior, la Sala encuentra probado que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto material o sustantivo por la indebida aplicación de las normas al caso concreto y desconocieron el precedente jurisprudencia en la materia, obstaculizando así los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del señor Torcuato Suarez Beltrán.

Bajo este contexto, la Sala procederá a amparar sus derechos fundamentales, para lo cual, dejará sin efectos la providencia del 14 de septiembre del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» y le ordenará que emita una decisión de reemplazo conforme a los lineamientos expuestos en las consideraciones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a los derechos adquiridos del señor Torcuato Suarez Beltrán.

DEJAR SIN EFECTOS la providencia de 14 de septiembre del 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B», por medio de la cual se confirmó el auto de 21 de noviembre del 2016, dictado por el Juez Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor Torcuato Suárez Beltran.

ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección «B» que en el término de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera la providencia de remplazo, teniendo en cuenta que el término de caducidad se suspendió desde el 12 de junio del 2009 hasta el 12 de junio del 2013.

Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Visible a folios 46 y vuelto.
Visible a folios 49 al 56 vuelto.
(i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance, (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, (iv) Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna, (v) Que se identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado su vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

(i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 31 de julio de 2012, radicado Nº: 2009-01328-01. MP: María Elizabeth García González.

Consejo de Estado. SU de 5 de agosto de 2014. « [L]a Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente».
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
Corte Constitucional. Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. Sentencia T-104 de 2014.
Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
Al respecto, ver las sentencias T-416 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), C-331 de 2012 (M.P Luis Ernesto Vargas Silva), C-034 de 2014 (M.P. María Victoria Calle) y C-083 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia C-980 de 2010. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional. Sentencia C-089 de 2011. M.P. Luís Ernesto Vargas Silva.
Corte Constitucional. Sentencia C-641 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional. Sentencia T-283 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
Corte Constitucional. Sentencia C-179 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Visible a folio 48 del expediente 11001333501520160048401.
Cita de la providencia transcrita. Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.
Cita de la providencia transcrita. Dicho artículo señala: “Como efecto de la liquidación aquí ordenada, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación, no podrá iniciar nuevas actividades en desarrollo de su objeto social, por lo tanto, conservará su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos, operaciones y contratos necesarios en orden a efectuar su pronta liquidación. En todo caso, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE, en Liquidación adelantará, prioritariamente, las acciones que permitan garantizar el trámite y reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines con dichos trámites, respecto de aquellos afiliados que hubieren cumplido con los requisitos de edad y tiempo de servicio para obtener la pensión de jubilación o de vejez a la fecha en que se haga efectivo el traslado a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2196_2009.htm" \l "4" 4o del presente Decreto, de acuerdo con las normas que rigen la materia. Igualmente Cajanal, EICE, en liquidación continuará con la administración de la nómina de pensionados, hasta cuando estas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, creada por la Ley HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1151_2007.htm" \l "1" 1151 de 2007. Para tales efectos atenderá las solicitudes y peticiones que se le presenten y celebrará los contratos de administración u operación que sean necesarios.

Cita de la providencia transcrita. Artículo 22 del Decreto 2196 de 2009
Cita de la providencia transcrita. En este Decreto resaltó que CAJANAL EICE en liquidación en ese momento se encontraba atendiendo aquellas solicitudes de reconocimiento de obligaciones pensionales y demás actividades afines que hacían parte del inventario del represamiento de la entidad, esto es, que fueron presentadas con anterioridad al 25 de junio de 2009, y que aún se encontraban pendientes de resolver, así como de aquellas que se habían presentado con posterioridad a dicha fecha en desarrollo del proceso liquidatorio
Cita de la providencia transcrita. Ello, pese a que la administración de la nómina de pensionados estaría a cargo de la UGPP de acuerdo con su competencia y con la información remitida por CAJANAL en lo que a ella correspondía reconocer.
Cita de la providencia transcrita. Consejero ponente: AUGUSTO HERNÁNDEZ BECERRA, Bogotá D.C., dos (02) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 11001-03-06-000-2014-00020-00(C), Actor: CARLOS JUAN CAICEDO MARCILLO.
Cita de la providencia transcrita. En efecto, se referían a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN que reconocían derechos pensionales y que fueron dictadas antes del 8 de noviembre de 2011; la reclamación de cumplimiento del fallo se hizo con anterioridad o en vigencia del proceso liquidatorio, pero en todo caso hasta el 8 de noviembre de 2011 y por tanto la competencia para su cumplimiento era de esta entidad y mientras duró el proceso liquidatorio en muchos casos no fue posible adelantar cobros ejecutivos y el propio liquidador negó su inclusión en la masa de acreedores.
Cita de la providencia transcrita. Ello en virtud del Decreto 4269 de 2011 y las normas propias del proceso de liquidación

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