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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00791-00

Fecha
24 de abril de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00791-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Gerson Fabián Cáceres dentro de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00791-00

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

24 de abril de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Niega / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPROCEDENCIA EN LA INLCUSIÓN DEL SUBSIDIO FAMILIAR EN LA RELIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración

[La Sala deberá] establecer si: ¿la autoridad judicial infringió los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor [G.F.C.], al haber proferido la providencia de 8 de diciembre de 2017, al negar la inclusión del subsidio familiar como partida computable dentro de la asignación de retiro que devenga el interesado? (…) [La Sala observa que] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó su decisión con fundamento en la interpretación que consideró era la correcta, en cuanto a la inclusión del subsidio familiar en un 30% como partida computable para el reajuste de la asignación de retiro, de acuerdo a los criterios fijados legalmente. Análisis y valoración normativa que se encuentra ajustada a los parámetros del artículo 230 de la Constitución Política, que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la república; además, de que soportó su decisión en el criterio del alto Tribunal de lo contencioso administrativo que venía sosteniendo la inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 que excluía a los soldados profesionales en cuanto a la liquidación de su asignación de retiro con el subsidio familiar. (…) Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto de vulneración directa de la Constitución. Todo lo expuesto sin duda impone a la Sala, negar la solicitud de amparo invocada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00791-00(AC)

Actor: GERSON FABIÁN CÁCERES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor Gerson Fabián Cáceres, a través de apoderada judicial, contra la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por proferir la providencia de 6 de diciembre de 2017, con la que se revocó parcialmente la decisión judicial de 7 de marzo de 2017, emitida por el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá, en cuanto accedió a incluir el subsidio familiar dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, lo cual considera vulneratorio de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia; así como por el desconocimiento del principio de prevalencia del derecho sustancial y sus derechos adquiridos.

I. EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

Manifestó que prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 1° de junio de 1996 como soldado voluntario, denominación que conservó a diciembre de 2000 y se regía por lo establecido en la Ley 131 de 1995.

Señaló que a partir del 14 de agosto de 2003 su vinculación comenzó a regirse por lo contemplado en los Decretos 1793 y 1794 de 2000 y que, a través de la Resolución No. 258 de 23 de enero de 2015, se le concedió la asignación de retiro.

Relató que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares interpretó de manera errónea el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 por lo que fue mal liquidada su asignación de retiro y no incluyó el subsidio familiar dentro de las partidas computables dentro de la prestación reconocida, de acuerdo a lo señalado en la referida norma.

Indicó que solicitó ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares el reajuste de la asignación de retiro, la cual fue negada, a través del Oficio 21455 de 9 de abril de 2015, contra la que interpuso el recurso de reposición que fue resuelto de manera desfavorable, por intermedio del Oficio 26369 de 28 de abril de la misma anualidad.

Expuso que interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con el fin de solicitar la nulidad de los actos administrativos con los que se negó el reajuste de su asignación de retiro con inclusión del subsidio familiar.

Relató que el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá, quien, mediante Sentencia de 7 de marzo de 2017, accedió a las súplicas de la demanda, incluyendo subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro en el porcentaje que devengaba en actividad.

Anotó que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia que asumió la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual, a través de Sentencia de 6 de diciembre de 2017, revocó parcialmente el fallo del Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá en el sentido de negar la inclusión del subsidio familiar, por considerar que dentro de la Institución Castrense existen unas condiciones diferenciales entre los soldados, suboficiales y oficiales que implican que remuneraciones salariales y prestacionales diferentes.

Argumentó que esta acción de tutela es procedente, por cuanto se desconoció el derecho a la igualdad, en consideración a que se aplicó el Decreto 4433 de 2004 por encima de los mandatos constitucionales. Explicó, como consecuencia de la citada disposición, los oficiales, suboficiales, agentes de policía y civiles adscritos al Ministerio de Defensa Nacional pueden acceder al cómputo del subsidio familiar dentro de las asignaciones de retiro y pensiones; empero tal prerrogativa se niega a los soldados profesionales, sin que exista justificación a este trato discriminatorio.

Pretensión.

Como consecuencia de lo anterior solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 6 de diciembre de 2017, proferida por la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y, en su lugar, se profiera nueva decisión judicial en la que se ordene a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares que incluya el subsidio familiar dentro de la asignación de retiro que actualmente devenga.

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA

Mediante auto de 21 de marzo de 2018, el despacho sustanciador del presente asunto admitió la acción de tutela presentada por el señor Gerson Fabián Cáceres contra la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó su notificación como demandados; de otro lado, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y al Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 2591 de 1991, se ofició a las autoridades judiciales mencionadas para que allegaran el expediente en el que se tramitó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la accionante contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con radicado 2015-00795.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C.

El magistrado ponente de la decisión judicial cuestionada rindió informe sobre los supuestos fácticos y jurídicos expuestos en el escrito de tutela inicial, con los motivos que a continuación se exponen:

Después de hacer un recuento de las pretensiones expuestas por la parte accionante en el proceso ordinario cuestionado y de citar in extenso la sentencia de segunda instancia cuestionada, argumentó que con la decisión cuestionada se revocó parcialmente el pronunciamiento del a quo, en la medida en que este dispuso la inclusión del subsidio familiar en el porcentaje devengado por el accionante en actividad, es decir, en un 100%, sin embargo, a su juicio, conforme lo dispuesto en el Decreto 1162 de 2014 procede su inclusión como partida computable para liquidar la asignación de retiro en un 30% que ya le fue reconocido por la entidad a través de la Resolución 258 de 23 de enero de 2015.

3.2. Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

El abogado asesor de la entidad solicitó desestimar el amparo solicitado dentro de la acción de tutela con las razones a que a continuación se sintetizan:

Manifestó que este mecanismo es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa judicial como en efecto ocurre en este caso, pues el actor ya hizo uso de los mismos y sus pretensiones ya fueron debatidas, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, de conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional en las Sentencias T-161 de 2005 y T-262 de 1998.

Afirmó que en el presente asunto hay falta de legitimidad en la causa por pasiva respecto a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, pues su objeto principal es reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal que hace parte de las Fuerzas Militares, así como las respectivas sustituciones pensionales, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 75 de 1925 y el Acuerdo No. 08 de 31 de octubre de 2002.

3.3. Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá.

La autoridad vinculada guardó silencio durante el término de traslado de la acción de tutela presentada.

IV. CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; determinación del problema jurídico; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; la decisión que se cuestiona y el caso concreto.

4.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: «[…] Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]» esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra  la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por proferir la providencia de 6 de diciembre de 2017.

4.2. Problema Jurídico.

En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿la acción de tutela es procedente para cuestionar la decisión proferida por la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los requisitos generales de procedencia?

Solo de superar el anterior derrotero, se procederá a establecer si: ¿la autoridad judicial infringió los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Gerson Fabián Cáceres, al haber proferido la providencia de 8 de diciembre de 2017, al negar la inclusión del subsidio familiar como partida computable dentro de la asignación de retiro que devenga el interesado?

4.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Vicios de fondo.

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del juez constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

4.4. Del caso concreto.

Es preciso indicar que la parte actora hizo uso de este mecanismo constitucional con el fin de dejar sin efecto la providencia de 6 de diciembre de 2017, proferida por la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, de acuerdo con su decir, incurrió en vulneración directa de la Constitución, de tal manera que el análisis del juez de tutela debe centrarse en tales supuestos.

Esto, en atención a que la corporación judicial accionada revocó parcialmente la decisión del a quo de acceder a las pretensiones de la demanda para, en su lugar, negar el reajuste del subsidio familiar por considerar que dentro de la Institución Castrense existen unas condiciones diferenciales entre los soldados, suboficiales y oficiales que implican que remuneraciones salariales y prestacionales diferentes.

Una vez establecido el motivo de inconformidad expuesto por la parte tutelante, es necesario precisar las actuaciones que se surtieron al interior del proceso ordinario cuestionado en sede de tutela para analizar los cargos formulados por la parte actora frente a la decisión judicial atacada que cobró efecto de cosa juzgada.

De las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario.

• A través de Resolución 258 de 23 de enero de 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares la reconoció al señor Gerson Fabián Cáceres le reconoció una asignación de retiro de la siguiente manera:

«[…] En cuantía del 70% del salario mensual (decreto 2731 de Diciembre 30 de 2014) indicando en el numeral 13.2.1 (salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1° del Decreto 1794 de 2000).

Adicionado con un treinta y ocho punto cinco (38.5%) de la prima de antigüedad, de conformidad con lo señalado en el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004 y con el 30% del subsidio familiar devengado en actividad, de conformidad con lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1162 de 24 de junio de 2014. […]».

• Mediante derecho de petición radicado el 18 de marzo de 2015 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el accionante solicitó la reliquidación de su asignación de retiro con base en el salario mínimo incrementado en un 60%, además del aumento en el porcentaje en el que fue incluido el subsidio familiar como partida computable para tal fin.

• Por intermedio de Oficio 21455 de 9 de abril de 2015, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dio respuesta desfavorable a los pedimentos mencionados, acto administrativo contra el que se interpuso el recurso de reposición que también recibió respuesta negativa, a través del Oficio 26369 de 28 de los mismos mes y año.

• De las providencias aportadas al expediente de tutela se evidencia que el señor Gerson Fabián Cáceres promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con radicado 2015-00795, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos atacados.

Después de surtir las actuaciones pertinentes, el Juzgado Diecisiete Administrativo de Bogotá profirió la sentencia de 7 de marzo de 2017 con la que accedió a las pretensiones de la demanda, de la siguiente manera:

«[…] PRIMERO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONALES, para el caso en concreto, el parágrafo del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014, de conformidad con lo expuestos en precedencia.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad del Oficio 21455 del 9 de abril de 2015 y del Oficio 26369 del 28 de abril de 2015, expedidos por la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, mediante los cuales niega el reajuste de la asignación de retiro del señor SP (r) GERSON FABIÁN CÁCERES, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES reajustar la asignación de retiro del SP (r) GERSON FABIÁN CÁCERES y PAGAR a partir del 31 de marzo de 2015 a favor del demandante las diferencias que resulten y hasta que se incluya en nómina el nuevo valor de la asignación de retiro conforme al reajuste decretado, teniendo en cuenta lo siguiente: (i) la asignación básica será el equivalente a 1 SMLMV incrementado en un 60%, (ii) una vez efectuado lo anterior, al salario se le aplicará el 70% y a este resultado se le sumará el 38.5% correspondiente a la prima de antigüedad, y (iii) se tendrá en cuenta el porcentaje devengado en actividad por concepto de subsidio familiar; sumas estas que deberán ser indexadas con fundamento en los índices de Precios al Consumidor certificados por el DANE y de acuerdo con la fórmula señalada en la parte motiva de esta sentencia (artículo 187 del C.P.A.C.A.). […]».

Lo que dijo la decisión que se censura.

• Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada presentó recurso de apelación, de manera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección C, mediante sentencia de 6 de diciembre de 2017, revocó parcialmente la providencia de 7 de marzo de 2017, de la siguiente manera:

«[…] PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida en Audiencia celebrada el siete (7) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Diecisiete (17) Administrativo Oral de Circuito Judicial de Bogotá D.C. – Sección Segunda, en cuanto accedió al reajuste del 20% y de la prima de antigüedad dentro del proceso promovido por el señor Gerson Fabián Cáceres contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO.- REVOCAR la providencia recurrida en cuanto dispuso incluir el subsidio familiar en el porcentaje devengado por el demandante en actividad de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa. […]».

Con sustento en los siguientes motivos:

« […] Bajo el escenario normativo expuesto líneas atrás, resulta necesario observar cada situación en concreto y aplicar la norma que corresponda dependiendo de las circunstancias que rodean cada caso en particular, pues si bien es cierto, el subsidio familiar en un principio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, no tenía el carácter de partida computable dentro de la asignación de retiro de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina, y solo por vía jurisprudencial se dio tal connotación aplicando la excepción de inconstitucionalidad, no lo es menos que, como ya se indicó, a partir del 1 de julio de 2014 el Gobierno Nacional a través del Decreto 1162 de 2014 ordenó su inclusión para liquidar la asignación de retiro.

Ahora bien, analizando el caso bajo estudio, observa la Sala que el demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional por espacio de 20 años, 2 meses y 27 días, y la entidad demandada al liquidarle la asignación de retiro incluyó el 30% del subsidio familiar que percibió en actividad, pues así se colige de la Resolución No. 258 de 23 de enero de 2015.

Así las cosas, palmario es para la Sala que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares al momento de liquidar la asignación de retiro del demandante tuvo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 1162 de 2014, normatividad vigente y por ende, aplicable al retiro del actor, que dispone que el subsidio familiar se incluye en un 30% de lo devengado en actividad por este concepto, siendo dable acotar que la citada norma, empezó a regir a partir de la fecha de su publicación, y está llamada a gobernar las situaciones pensionales de los Soldados Profesionales e Infantes de Marina que se consoliden a partir de su vigencia, esto es, con posterioridad al 24 de junio de 2014, como es el caso del demandante que adquirió se derecho a percibir asignación, a partir del de (sic) 31 de marzo de 2015.

Por lo anterior, si bien se debe incluir el subsidio familiar en la asignación de retiro del accionante no procede dicha inclusión en el 100% del porcentaje devengado a la fecha del retiro como lo dispuso el A quo, puesto que, en efecto el actor al momento del retiro se encontraba devengando el subsidio familiar, de manera que, de conformidad con lo prescrito en el Decreto 1162 de 2014 procede su inclusión como partida computable para liquidar la asignación de retiro en un 30% que ya le fue reconocido por la entidad demandada en la Resolución No. 258 de 23 de enero de 2015. […]».

De la solución planteada al caso concreto.

Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionada en sede de tutela por el señor Gerson Fabián Cáceres, se reitera que aquel hizo uso de este mecanismo con el fin de buscar el amparo de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al vulnerar directamente la Constitución por indebida aplicación de los Decretos 4433 de 2004 y 1794 de 2000, pues, a su juicio, el subsidio familiar como partida computable para reliquidar la asignación de retiro debía incluirse en el porcentaje devengado en actividad.

Al respecto, es pertinente mencionar que, para desatar la inconformidad planteada por el señor Gerson Fabián Cáceres sería procedente determinar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al incremento del salario mensual y la inclusión del subsidio familiar como partidas computables para la reliquidación de la asignación de retiro de los soldados voluntarios que pasaron a denominarse soldados profesionales en el régimen de carrera del Ejército Nacional.

Lo anterior, para evidenciar que en anteriores oportunidades esta corporación en jurisprudencia desarrollada a través de acciones de tutela, ha mantenido una posición pacifica sobre la materia, en la cual:

a). De un lado, se ha determinado que en efecto los soldados voluntarios que se encontraban vinculados a la Institución Militar con anterioridad al 31 de diciembre de 2000 y que pasaron a ser parte del régimen de soldados profesionales les correspondía una asignación del salario mínimo legal más una compensación del 60%, porcentaje que debe tener en cuenta al incrementar la asignación de retiro, tal como lo interpretaron las autoridades judiciales que conocieron el proceso ordinario;

b). Y, de otro, en oportunidades anteriores, ha inaplicado el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 en lo que respecta a la inclusión del subsidio familiar como partida computable de la asignación de retiro que devenga los interesado, en ejercicio de la potestad radicada en todos los jueces de la república, esto es, la excepción de inconstitucionalidad de que trata el artículo 4 de la Constitución Política.

No obstante, se evidencia que los contornos particulares del presente asunto impiden un pronunciamiento sobre la inconformidad manifestada por la parte actora, en atención a que en el estudio realizado por el juez ordinario se extraña el análisis del debido agotamiento de la vía administrativa, pues se observó que el señor Gerson Fabián Cáceres presentó la reclamación de reajuste salarial con inclusión del subsidio familiar en el porcentaje mencionado ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y no ante el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, máxime si se tiene en cuenta que en el expediente del proceso ordinario se encontró acreditado que durante el servicio activo, al tutelante le era pagada la asignación básica aumentada en un 40%, situación que configuraba una falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sobre el asunto, se advierte que, si bien es cierto que en sentencias de 18 de enero y 11 de febrero de 2016 esta subsección del Consejo de Estado sostuvo que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares tiene la facultad legal y constitucional para reajustar las asignaciones de retiro de los soldados profesionales, después de hacer un análisis integral del asunto, esta Sala de decisión corrigió la posición jurídica asumida previamente en sentencia 23 de mayo de 2016, expedida dentro del radicado 2016-00989-00, en la que consideró ajustado a derecho declarar la falta de legitimación por pasiva de la mencionada entidad en aquellas causas en las que el demandante no agotó correctamente la vía administrativa y, en consecuencia el medio de control ante la jurisdicción, en el referido asunto se afirmó:

«[…] Al respecto, considera la Subsección B que le asiste razón al tribunal acusado al realizar las consideraciones anteriormente señaladas, toda vez que aunque la petición del señor Javier Barón Berrío va dirigida a obtener el reajuste de la asignación que le fue reconocida, no puede pasarse por alto que CREMIL realiza dicho reconocimiento con fundamento en lo consignado en la hoja de servicios elaborada por el Ministerio de Defensa, entidad nominadora, y por tanto, no puede realizarse el reajuste conforme a un valor que no se encuentra consignado como asignación básica en la hoja de servicios.

Lo anterior, toda vez que CREMIL es un establecimiento público del orden nacional que se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, y en cuyo objeto y funciones no se encuentra el de reajustar las asignaciones que devenguen los miembros de las fuerzas militares en actividad.

Así las cosas, considera la Subsección B que la decisión adoptada por el tribunal de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de CREMIL, en relación con la petición presentada por el accionante para que se reajuste su asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en el inciso 2º numeral 1º del Decreto 1794 de 2000, no vulnera los derechos del accionante, ni desconoce lo dispuesto en la norma citada; pues la sentencia se fundamentó en las competencias asignadas a CREMIL y al Ministerio de Defensa, situación que impidió que se pudiera emitir un pronunciamiento resolviendo de fondo sobre la pretensión del actor.

Ahora bien, debe resaltarse que como en el asunto bajo estudio no se resolvió sobre si le asiste o no derecho al actor de que se reajuste su asignación de retiro teniendo en cuenta la asignación mensual prevista en el inciso 2º, numeral 1º del Decreto 1794 de 2000, y tratándose de una petición que comprende una prestación periódica; el señor Javier Barón Berrío puede solicitar ante la entidad competente que se reajuste en primer lugar su asignación mensual; y de obtenerse un pronunciamiento favorable, solicitar ante CREMIL el respectivo reajuste de la asignación de retiro”. […]».

Así las cosas, se observa que en el evento de dejar sin efectos la providencia enjuiciada se le podría causar un perjuicio mayor al señor Gerson Fabián Cáceres, en tanto el recurso de apelación interpuesto por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares impugnó el fallo de primera instancia en su integridad, lo cual amplió la competencia del ad quem a cuestiones que no son objeto de reclamo en esta acción de tutela.

En todo caso, esta Sala de decisión no desconoce que en los asuntos en los que ha accedido a la inclusión del subsidio familiar como partida computable en el reajuste de la asignación de retiro, ha sido en aquellos en los que la entidad prestacional competente la ha excluido totalmente, lo cual difiere de la situación particular del señor Gerson Fabián Cáceres, ya que, tal como lo evidenció el tribunal accionado: «[…] si bien se debe incluir el subsidio familiar en la asignación de retiro del accionante no procede dicha inclusión en el 100% del porcentaje devengado a la fecha del retiro como lo dispuso el A quo, puesto que, en efecto el actor al momento del retiro se encontraba devengando el subsidio familiar, de manera que, de conformidad con lo prescrito en el Decreto 1162 de 2014 procede su inclusión como partida computable para liquidar la asignación de retiro en un 30% que ya le fue reconocido por la entidad demandada en la Resolución No. 258 de 23 de enero de 2015 […]», interpretación frente a la cual no le está dado al juez de tutela invadir la competencia del juez natural, máxime si aquella tiene fundamento en una disposición legal como el artículo 1° del Decreto 1162 de 2014 que dispuso:

«[…] A partir de julio de 2014, para el personal de Soldados Profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que al momento del retiro estén devengando el subsidio familiar, regulado en los Decretos 1794 de 2000 y 3770 de 2009, se tendrá en cuenta como partida computable para liquidar la asignación de retiro y pensión de invalidez el treinta por ciento (30%) de dicho valor; el cual será sumado en forma directa, al valor que corresponda por concepto de asignación de retiro o pensión de invalidez, liquidado conforme a las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 4433 de 2004 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. […]».

Como se observa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó su decisión con fundamento en la interpretación que consideró era la correcta, en cuanto a la inclusión del subsidio familiar en un 30% como partida computable para el reajuste de la asignación de retiro, de acuerdo a los criterios fijados legalmente.

Análisis y valoración normativa que se encuentra ajustada a los parámetros del artículo 230 de la Constitución Política, que pregona por la autonomía funcional que les asiste a los jueces de la república; además, de que soportó su decisión en el criterio del alto Tribunal de lo contencioso administrativo que venía sosteniendo la inconstitucionalidad del artículo 13 del Decreto 4433 de 2004 que excluía a los soldados profesionales en cuanto a la liquidación de su asignación de retiro con el subsidio familiar..

Por ello, es oportuno afirmar que el juez contencioso-administrativo cuando conoce de una actuación como la que ha sido censurada en este reclamo constitucional, ejerce su función como parte integrante de una de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política. De ello, se sigue que la autoridad judicial que desarrolla una competencia constitucional no puede ser desplazada por el juez del recurso de amparo, pues uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho está constituido por el principio de separación de poderes y la estricta observancia de las competencias que la Constitución y la Ley entregan a cada funcionario, a la luz de los artículos 6º y 121 de la Carta.

Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece del defecto de vulneración directa de la Constitución.

Todo lo expuesto sin duda impone a la Sala, negar la solicitud de amparo invocada por el señor Gerson Fabián Cáceres dentro de la acción de tutela interpuesta contra la subsección C de la sección segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con las razones expuestas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO. NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Gerson Fabián Cáceres dentro de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, subsección C, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO. En acatamiento de las disposiciones del artículo 31 ibídem, DE NO SER IMPUGNADA dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 18 de abril de 2018. Folios 1 a 13. Visible de folio 48 vto. del cuaderno principal. Folios 53 y 54. Folio 59 a 61 vto. Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. Al presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para buscar la satisfacción de sus intereses. En la medida en que interpuso la acción de tutela el 2 de abril de 2018, es decir, 1 mes después de que se profiriera la providencia de 31 de enero de 2018 que puso fin al proceso ordinario cuestionado.
a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico:

Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Sentencia de 23 de abril de 2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicado Nº 11001-03-15-000-2015-00482-00. La excepción de inconstitucionalidad o control de constitucionalidad por vía de excepción “lo puede realizar cualquier juez, autoridad administrativa e incluso particulares que tengan que aplicar una norma jurídica en un caso concreto” (Sentencia C-122 de 2011). Sentencias de 11 de febrero de 2015, radicado 11001-03-15-000-2015-03531-00, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; de 18 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-02877-00, C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Proferida por la subsección B, sección segunda del Consejo de Estado con ponencia del consejero William Hernández Gómez, actor: Javier Barón Berrío. Acuerdo núm. 08 de 2002 “por el cual se adoptan los Estatutos Internos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares”, artículos 5 y 6, respectivamente.

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