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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00825-01

Acción de tutela contra providencia judicial: configuración del desconocimiento del precedente judicial

Fecha
26 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-00825-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de junio de 2018 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00825-01

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

26 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Configuración del desconocimiento del precedente judicial / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTAL A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – La caducidad se suspendió durante la liquidación de CAJANAL - RÉGIMEN PENSIONAL DE LOS DOCENTES - Regulación especial excluida de la aplicación de la Ley 100 de 1993

En el caso bajo examen, el actor afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, durante la liquidación de Cajanal era inoperante el término de caducidad, conforme lo ordenaba la Ley 550 de 1999 y el Decreto Ley 254 de 2000. [L]a Sala observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó del precedente existente. (…) En efecto, el precedente del Consejo de Estado establece que durante la liquidación de Cajanal no opera la caducidad con base en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, la cual señala que “Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario”. (…) Con base en lo anterior, desde el 2015 se concluyó que “…por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1 del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativa que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013”. (…) No obstante lo anterior, a juicio del Tribunal Administrativo de Antioquia el interesado debió presentar su reclamación ante el liquidador de Cajanal para que en su caso no operara la caducidad de la acción. (…) En el caso bajo examen, el Tribunal Administrativo de Antioquia no hizo explícitos los motivos por los cuales se apartaba del precedente existente, ni trató de demostrar porqué su postura era necesaria, porqué la postura del Consejo de Estado debía ser abandonada, ni porqué su propuesta garantiza de mejor manera los derechos fundamentales. (…) Por el contrario, la Sala considera que la propuesta del Tribunal, en comparación con el precedente existente, no satisface de mejor manera el derecho de acceso a la administración de justicia. (…) Debe tenerse en cuenta que este derecho, en cuanto fundamental, no consiste sólo en poner en movimiento a la Rama Judicial, sino en la obtención oportuna de una decisión que sea cumplida de forma eficaz y pronta. Por este motivo es que el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales es considerado un elemento que integra al principio de Estado Social de Derecho. (…) En este punto, la Sala reitera su posición en relación con la remisión normativa que debió hacerse a efectos de establecer los efectos que causó en su momento el proceso en el que se encontró Cajanal y que trajo consecuencias, para el caso concreto, en relación con el conteo de la caducidad para iniciar la respectiva demanda ejecutiva. (…) En este orden de ideas, para la Sala se configura el defecto por desconocimiento del precedente, ya que el Tribunal se apartó del precedente vinculante, no expuso los motivos para hacerlo y sin demostrar que su interpretación desarrollara de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales. (…) NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 31 de julio de 2012, exp No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, M.P.: María Elizabeth García González. Sobre el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición de la Ley 100 de 993, ver: Corte Constitucional, sentencia de 22 de junio de 2017, exp: SU-395, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En cuanto al último pronunciamiento sobre el establecimiento del IBL en los términos de la Ley 100 de 1993 a quienes se aplica la Ley 33 de 1985 por ser beneficiarios del régimen de transición, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sentencia del 28 de agosto de 2018, exp: 52001-23-33-000-2012-00143-01, CP. César Palomino Cortés.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / LEY 550 DE 1999 – ARTÍCULO 14 / LEY 100 DE 1993 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 3

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00825-01(AC)

Actor: ROBERTO DE JESÚS AGUDELO MORALES

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en calidad de tercero con interés, contra la sentencia del 21 de junio de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que en el trámite de la acción de tutela de la referencia, resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales de ROBERTO DE JESÚS AGUDELO MORALES al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTO, la providencia de 18 de enero de 2018, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, por medio de la cual se declaró la caducidad de la acción ejecutiva.

TERCERO. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA que en el término de treinta (30) días posteriores a la notificación de la presente providencia, profiera una decisión dentro del proceso ejecutivo tramitado bajo el radicado 2016-00872, en la cual se tenga en cuenta que no ha operado el fenómeno de la caducidad, y en consecuencia realice el estudio pertinente respecto del mandamiento de pago solicitado. (…)”.

ANTECEDENTES

El 12 de marzo de 2018, el señor Roberto de Jesús Agudelo Morales, por conducto de apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín y la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

1. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“Pretendo que por vía de tutela se reconozca la extensión del término de caducidad para ejecutar la sentencia proferida por la jurisdicción contenciosa administrativa, que no se aplique la norma que establece el término de caducidad de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad, es decir, suspender los términos, por el tiempo que duro (sic) la liquidación de la Caja Nacional, desde Junio de 2009 hasta junio de 2013, fecha definitiva de entrega a la U.G.P.P., son varios los Precedentes Judiciales que a la fecha ha expedido esta corporación”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La señora Luz Marina Agudelo Morales presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante Cajanal) en el año 2005. En ella pretendía la reliquidación de su pensión gracia, para que fueran reconocidos todos los factores salariales.

2.2. El asunto fue repartido al Juzgado Tercero Administrativo de Medellín con el radicado 2005-06996, que mediante sentencia del 3 de febrero de 2009, accedió a las pretensiones de la demanda. Esta providencia quedó ejecutoriada el día 27 de febrero de 2009.

2.3. Mediante la Resolución UGM 000951 del 13 de julio de 2011, Cajanal reliquidó la pensión gracia de la señora Luz Marina Agudelo Morales, en cumplimiento de la orden judicial. Sin embargo, en ella determinó que el valor de la mesada pensional era inferior a la reconocida en el año 1994 por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.4. La señora Luz Marina Agudelo Morales falleció el 8 de octubre de 2012.

2.5. El actor y sus hermanos presentaron demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social (en adelante UGPP) pretendiendo el adecuado cumplimiento de la sentencia ejecutoriada el 27 de febrero de 2009.

2.6. Al asunto se le asignó el radicado N° 2016-00872 y le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, que por Auto 938 del 24 de octubre de 2016, rechazó la demanda y se abstuvo de librar mandamiento de pago porque operó el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva.

2.7. La Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la anterior decisión, mediante auto del 18 de enero de enero de 2018.

3. Fundamentos de la acción

El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, porque a su juicio, al proferir los autos del 24 de octubre de 2016 y 18 de enero de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. Para sustentar estos cargos afirmó que:

3.1. La decisión de los jueces accionados desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, la caducidad no operó durante el proceso de liquidación de Cajanal.

3.2. De otro lado, los jueces ordinarios no tuvieron en cuenta que el literal d) del artículo 6 del Decreto 2196 de 2009 establece dentro de las funciones del liquidador informar a los jueces la existencia del proceso de liquidación de Cajanal para que den por terminados los procesos ejecutivos adelantados en su contra.

3.3. Adicionalmente, el artículo 306 de la Ley 1564 de 2012 no prevé la excepción de caducidad, por lo que no podía decretarse por los jueces de instancia.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Avocado el conocimiento de la presente acción por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto del 2 de mayo de 2018, ordenó notificar a las partes, dispuso la vinculación como terceros con interés, de los demás integrantes de la parte ejecutante (Sandra Yamile Agudelo Bustamante, Luz Mary Agudelo Bustamante, Claudia Patricia Agudelo Bustamante, Elkin Uriel AGUDELO Bustamante, Angélica Agudelo Morales, Josefina del Socorro Agudelo Morales, Francisco Hernando Agudelo Morales y María Guillermina Agudelo Morales) y de la UGPP (fl. 40).

4.2. La UGPP se pronunció frente a los hechos narrados en la solicitud de amparo (fls. 47 a 55), señalando que la acción de tutela es improcedente para el reconocimiento de prestaciones pensionales porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

Señaló que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor porque las decisiones judiciales accionadas respetaron el debido proceso.

Agregó que no existe un nexo de causalidad entre la conducta de la UGPP y la presunta vulneración de derechos fundamentales.

4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, el Tribunal Administrativo de Antioquia y los terceros interesados vinculados al proceso no rindieron sus informes aunque fueron debidamente enterados de la existencia del proceso (fls. 41 a 45 y 85 a 94)

5. Providencia impugnada

Mediante providencia del 21 de junio de 2018, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por la parte actora (fls. 95 a 102).

5.1. Explicó que esa Subsección considera que el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, aplicable en virtud de la remisión hecha en el artículo 1º de la Ley 1105 de 2006, establece que durante la negociación del acuerdo de reestructuración no opera el término de caducidad.

Con base en esa norma, el Consejo de Estado ha indicado que para contabilizar la caducidad en las demandas ejecutivas presentadas contra Cajanal no debe tenerse en cuenta el término que duró su proceso de liquidación.
5.2. Estimó que las providencias objeto de controversia desconocieron el precedente aplicable e incurrieron en un defecto sustantivo por no aplicar la norma que rige el caso bajo examen.

5.3. Contra lo afirmado por la UGPP, precisa la acción de tutela no pretende el reconocimiento de una prestación económica, sino que se cuestionan las providencias judiciales que declararon la caducidad de la acción ejecutiva.

6. Impugnación

La UGPP impugnó la anterior decisión señalando que en el caso bajo examen, la demanda ejecutiva se presentó cuando había operado la caducidad de la acción porque transcurrieron más de 5 años entre su presentación y la ejecutoria de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho. Y agregó que la tutela contra providencia judicial es improcedente porque, de lo contrario, se desconocen los efectos de la cosa juzgada (fls. 109 a 113).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

3.1. La Sala pone de presente que la solicitud de amparo de tutela, aunque invocó dos defectos (sustantivo y desconocimiento del precedente), está sustentada en un solo argumento: que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que durante la liquidación de Cajanal no operaba el fenómeno de la caducidad.

Debido a lo anterior, los cargos serán analizados conjuntamente desde la óptica del desconocimiento del precedente porque este abarca los dos defectos alegados por el actor.

3.2. Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente al proferir los autos del 24 de octubre de 2016 y 18 de enero de 2018, mediante los cuales declararon la caducidad de la acción ejecutiva presentada.

3.3. Como en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la sala verificará si se configuran los defectos alegados.

4. Defecto por desconocimiento del precedente

4.1. La vulneración del principio de igualdad, en casos que se relacionan con providencias judiciales, o que tienen como fundamento una o más decisiones judiciales, se relaciona, necesariamente, con el principio de cosa juzgada, con la estabilidad jurídica que garantiza el sistema judicial y, de paso, con los intereses de las demás personas que intervinieron durante el trámite judicial.

El elemento imprescindible para establecer si con ocasión de una decisión judicial se vulneró el derecho-principio de igualdad en un caso concreto, por regla general, es el precedente judicial. En virtud de este toda persona tiene derecho de recibir un trato igualitario por parte de los funcionarios judiciales; esto es, de obtener una decisión (providencia) semejante a la que se adoptó en otros procesos con fundamentos fácticos similares.

Para la Sección, solo puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).

4.2. En el caso bajo examen, el actor afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, durante la liquidación de Cajanal era inoperante el término de caducidad, conforme lo ordenaba la Ley 550 de 1999 y el Decreto Ley 254 de 2000.

Esta Sala, en un caso con similitud fáctica y jurídica al de la referencia, consideró que el precedente invocado por el actor existe y que, desde hace tres (3) años, es reiterado pacíficamente por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado.

En virtud de dicho precedente, se tiene que:

i) Cajanal fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones y que dentro de los sustentos normativos de dicho decreto estuvo el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, donde se habilitó la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto fueran compatibles con la naturaleza de la entidad.

ii) En dicha decisión, se hizo mención a la Ley 550 de 2009, en cuyo inciso segundo del artículo 14 indica que “…Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario’”, por lo que, dada la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativa que concluyó el 11 de junio de 2013.

iii) Los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Cajanal no corrieron durante el tiempo que transcurrió su liquidación. Dicho término fue suspendido a partir del 12 de junio de 2009 por el inicio de la liquidación de Cajanal, y reinició el 12 de junio de 2013, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 877 de 2013.

Teniendo en cuenta que las providencias acusadas fueron proferidas el 24 de octubre de 2016 y el 18 de enero de 2018, se concluye que dicho precedente era vinculante al momento de su expedición.

Por lo anterior, se entienden cumplidos los primeros dos elementos necesarios para demostrar el desconocimiento del precedente, esto es, la existencia del precedente y el carácter vinculante del mismo.

4.3. En cuanto a los otros dos elementos –esto es, que la decisión judicial que se cuestiona sea contraria al precedente vinculante, y la inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente–, en el expediente está demostrado que el Juzgado Tercero Administrativo de Medellín, en el auto del 24 de octubre de 2016, no tuvo en cuenta el precedente y no expuso ningún motivo para apartarse de él.

Consta que el juzgado se limitó a indicar que, para contabilizar el término de la caducidad, el artículo 177 del CCA prevé un término de dieciocho (18) meses para que las entidades cumplan las sentencias judiciales. En consecuencia, el término de caducidad de cinco (5) años previsto para la demanda ejecutiva debe iniciar finalizado el anterior plazo, porque sólo desde ese momento es exigible la obligación contenida en la sentencia.
Así las cosas, puso de presente que la sentencia cuya ejecución se pretendía por la parte actora quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2009, por lo que el plazo para darle cumplimiento finalizó el 28 de agosto de 2010.

A partir de ese momento inició el término de caducidad en el caso concreto, por lo que el actor tenía hasta el 31 de agosto de 2015 para presentar su demanda. Sin embargo, lo hizo de forma extemporánea el 5 de octubre de 2016, cuando había operado el fenómeno de la caducidad.

Lo anterior, se reitera, demuestra que el juzgado desconoció el precedente porque no puso de presente su existencia ni expuso los motivos por los cuales se apartó de él.

4.4. En cuanto al Tribunal Administrativo de Antioquia, el auto del 18 de enero de 2018 inicialmente reconoció que durante la liquidación de Cajanal es posible que no opere la caducidad, con base en el literal d) del artículo 6 del Decreto 2196 de 2009.

Sin embargo, posteriormente señaló que no es suficiente el sólo inicio del proceso liquidatorio para que no opere la caducidad en el caso concreto, sino que también es necesario que el interesado haya presentado su reclamación ante el liquidador, lo cual no ocurrió en el caso bajo examen.

Afirmó que esto es así porque el artículo 90 del CPC establecía que la inoperancia de la caducidad sólo ocurre cuando el auto admisorio es notificado dentro del año siguiente a la presentación de la demanda.

Así las cosas, en el caso concreto el actor no presentó su reclamación ante el liquidador de Cajanal, por lo que en su caso operó la caducidad.

4.5. Con base en lo anterior, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó del precedente existente.

En efecto, el precedente del Consejo de Estado establece que durante la liquidación de Cajanal no opera la caducidad con base en el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, la cual señala que “Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario”.

Con base en lo anterior, desde el 2015 se concluyó que “…por fuerza de la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1° del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de previsión Social – CAJANAL no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativa que, según lo afirmado en la demanda, concluyó el 11 de junio de 2013”.

No obstante lo anterior, a juicio del Tribunal Administrativo de Antioquia el interesado debió presentar su reclamación ante el liquidador de Cajanal para que en su caso no operara la caducidad de la acción.

4.6. Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, para que el juez pueda apartarse legítimamente del precedente, debe cumplir dos requisitos: (i) hacer explícitas las razones del apartamiento y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

Para dar por cumplido este último requisito, la Corte aclara que se debe demostrar porqué la opción propuesta es necesaria, porqué la postura abandonada es inaceptable, y porqué la nueva postura garantiza de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

En el caso bajo examen, el Tribunal Administrativo de Antioquia no hizo explícitos los motivos por los cuales se apartaba del precedente existente, ni trató de demostrar porqué su postura era necesaria, porqué la postura del Consejo de Estado debía ser abandonada, ni porqué su propuesta garantiza de mejor manera los derechos fundamentales.

Por el contrario, la Sala considera que la propuesta del Tribunal, en comparación con el precedente existente, no satisface de mejor manera el derecho de acceso a la administración de justicia.

Debe tenerse en cuenta que este derecho, en cuanto fundamental, no consiste sólo en poner en movimiento a la Rama Judicial, sino en la obtención oportuna de una decisión que sea cumplida de forma eficaz y pronta. Por este motivo es que el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales es considerado un elemento que integra al principio de Estado Social de Derecho.

En este punto, la Sala reitera su posición en relación con la remisión normativa que debió hacerse a efectos de establecer los efectos que causó en su momento el proceso en el que se encontró Cajanal y que trajo consecuencias, para el caso concreto, en relación con el conteo de la caducidad para iniciar la respectiva demanda ejecutiva.

4.7. En este orden de ideas, para la Sala se configura el defecto por desconocimiento del precedente, ya que el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó del precedente vinculante, no expuso los motivos para hacerlo y sin demostrar que su interpretación desarrollara de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

Por tal motivo, la Sala confirmará la providencia impugnada que amparó los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Roberto de Jesús Agudelo Morales.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la decisión impugnada, proferida el 21 de junio de 2018 por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 101 reverso del expediente. Folio 10 del expediente. Folio 2 del expediente. Los actores citaron como precedentes las siguientes providencias: (i) del 25 de agosto de 2015 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente: 1777-2015, actora Rosa Ana Novoa de Pabón, consejero ponente (E): Jorge Octavio Ramírez Ramírez; (ii) del 29 de marzo de 2016 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente: 5042-2015, actor: Aidé Yolanda Cárdenas Corredor, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez; y (iii) del 16 de junio de 2016, radicado 2823-2014. Sobre este punto cita el auto del 25 de agosto de 2015 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente: 1777-2015, magistrado ponente (E): Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-102 de 2014: “la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe”. Sentencias T-644 de 1998 y T-670 de 1999 proferidas por la Corte Constitucional. En este sentido ver la sentencia del 23 de abril de 2014 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 11001-03-15-000-2013-02625-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez R. La Sección ha decantado algunas reglas para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial. Entre otras, en la sentencia de marzo 27 de 2013, la primera y más elemental regla es que, “En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció” (radicado 11001-03-15-000-2013-02741-00. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia). Esta regla se fundamenta, entre otras, en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en virtud de la cual, “[…] la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis […] El juez constitucional no puede asumir la existencia de un precedente en asuntos que no son de la justicia constitucional. Para éste, se trata de hechos que han de probarse en el proceso y, así mismo, ser debidamente valorados por las partes.”.

La fuerza vinculante del precedente puede provenir, en principio, de su expreso reconocimiento legal o jurisprudencial. Corresponden a la primera especie las sentencias de unificación de jurisprudencia, de que trata el Artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que, “Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corresponden a la segunda especie, aquellas providencias que, sin ser sentencias de unificación en el sentido de la disposición precedente, unifican las tesis divergentes, respecto de un asunto de derecho, en un órgano determinado. Estas últimas se caracterizan no solo por resolver el asunto bajo examen sino, primordialmente, por definir una subregla jurisprudencial con vocación de futuro; esto último no obsta para que dicha subregla se modifique con el tiempo. Al respecto ver la sentencia del 1º de junio de 2017. Expediente N° 11001-03-15-000-2017-00706-00. Folios 12 a 18 del expediente. Auto del 25 de agosto de 2015 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado: 44001-23-33-000-2013-00031-01 (1777-2015), actora: Alaba Estela Rodríguez de Díaz, magistrado ponente (E): Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Véase la sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional. Ibídem. En este sentido ver la Sentencia T-003 de 2018 de la Corte Constitucional.

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