Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00853-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00853-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00853-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
4 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL APLICABLE A EMPLEADO PÚBLICO DE LA POLICÍA NACIONAL - El previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional
Para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto fáctico, toda vez que en su providencia tuvo en cuenta la prueba documental echada de menos por la actora, es decir, la hoja de servicios (…) de la cual se demostró que: i). La [actora] estuvo vinculada desde el año de 1991 en calidad de empleada pública, asignada a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y, que en principio le era aplicable el Decreto 1214 de 1990; ii). No obstante determinó que su traslado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el año de 1995, se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994, y en esa medida señaló que el régimen salarial aplicable en su condición de empleada pública de la Policía Nacional era el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, en los términos del artículo 88 del referido decreto, sin que fuera procedente la aplicación del régimen salarial determinado en el Decreto 1214 de 1990, ni el consecuente reconocimiento de las prestaciones solicitadas. En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, toda vez, que en desarrollo del trámite del proceso ordinario, el Tribunal si valoró la prueba documental y, dicha valoración no fue arbitraria, abusiva o irracional
FUENTE FORMAL: DECRETO 1214 DE 1990 / DECRETO 1301 DE 1994 - ARTÍCULO 88
AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL APLICABLE A EMPLEADO PÚBLICO INCORPORADO A LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POLICÍA NACIONAL
Para la Sala, está plenamente acreditado dentro del expediente que la actora ingresó a la Policía Nacional el 23 de agosto de 1991, y que tomó posesión del cargo de tecnóloga en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, el 2 de octubre de 1995, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994. Asimismo al revisar los antecedentes del caso y el problema jurídico planteado por el Tribunal, la Sala considera que esta autoridad judicial no incurrió en el defecto endilgado por la actora, toda vez que aplicó correctamente las disposiciones normativas contenidas en los Decretos 1042 de 7 de junio de 1978 y 1301 de 22 de junio de 1994 y para ello se fundamentó en sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado (…) En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que para resolver el problema jurídico planteado adoptó una nueva postura apoyándose en sentencias proferidas por el Consejo de Estado, lo que lo llevó a concluir que no es procedente el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, toda vez que a la fecha de su incorporación al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el año de 1995, el régimen aplicable era el contenido en el Decreto Ley 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, que señalaban como estatuto salarial el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, lo cual, excluye la aplicación de normas especiales, tales como el Decreto 1214 de 1990.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00853-00(AC)
Actor: MIREYA ROMAÑA CASTILLO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Mireya Romaña Castillo contra la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que el Tribunal, al proferir la sentencia de 1 de febrero de 2018, vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana.
La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que el Tribunal al proferir la sentencia de 1 de febrero de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900, mediante la cual resolvió denegar las pretensiones de la demanda, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
1.2. Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1 Expresó que, ingresó a la Policía Nacional por medio de la Orden Administrativa de Personal nro. 1-146 de 6 de agosto de 1991, al cargo de Profesora de Arte en la categoría de Adjunto Mayor y, que tomó posesión del cargo el 23 de agosto de 1991.
1.2.2 Indicó que, fue trasladada de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional -INSSPONAL, el 2 de octubre de 1995.
1.2.3 Expresó que, una vez fue trasladada de la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, de manera unilateral y sin justificación alguna se le dejó de reconocer y cancelar las primas de actividad, de alimentación, de servicio, el auxilio de transporte, subsidio familiar y demás prestaciones sociales que venía percibiendo con fundamento en el Decreto 1214 de 8 de junio de 1990.
1.2.4 Indicó que, la Subdirección General de la Policía Nacional, a través de la Resolución nro. 01596 del 13 de octubre de 2011, le reconoció la pensión de jubilación.
1.2.5 Adujo que, solicitó al Director General de la Policía Nacional, el 10 de diciembre de 2013, el reconocimiento y pago de la prima de actividad, prima de servicio, subsidio familiar, prima de alimentación, auxilio de transporte y demás prestaciones sociales consagradas en el Decreto 1214 del 8 de junio de 1990, petición que fue negada por medio del Oficio nro. S-2013-062835 ARAFI-GUTAH-2.44 de 24 de diciembre de 2013, suscrito por la Jefe del Grupo Talento Humano de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
1.2.6 La actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara la nulidad del Oficio nro. S-2013-062835 ARAFI-GUTAH-2.44 de fecha 24 de diciembre de 2013, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de las prestaciones antes mencionadas.
1.2.9 Sentencia, en primera instancia, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900
El Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 28 de septiembre de 2015, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del Oficio S-2013-062835 ARAFI-GUTAH-2.44 de fecha 24 de diciembre de 2013, suscrito por la Jefe Grupo Talento Humano (E) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, por medio del cual se le negó la Prima de Actividad, el Subsidio Familiar y demás prestaciones contenidas del Decreto 1214 de 1990, a la señora MIREYA ROMAÑA CASTILLO, […]
TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor de la señora MIREYA ROMAÑA CASTILLO, […], la Prima de Actividad, el Subsidio Familiar, y el Auxilio de Transporte de que tratan los artículos 38, 49 y 54 del Decreto 1214 de 1990, respectivamente, en los porcentajes allí establecidos y fijados en la parte motiva del presente proveído, desde el 19 de diciembre de 1997, con efectos fiscales a partir del 10 de diciembre de 2009, por prescripción cuatrienal que se declara conforme lo indicado en la parte motiva.
CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a reajustar y/o reliquidar en favor de la señora MIREYA ROMAÑA CASTILLO, […] las prestaciones sociales a que hubiere lugar, incluida la pensión de jubilación y demás contenidas en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia, a partir de la fecha de su reconocimiento.
QUINTO: La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, deberá actualizar las sumas aquí reconocidas en favor de la señora MIREYA ROMAÑA CASTILLO, […] de conformidad con la fórmula expuesta en la parte motiva del presente proveído, en consideración a los dispuesto en el inciso final del artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
Consideró que con base en las normas jurídicas aplicables al caso concreto, se pudo establecer que tanto los nuevos empleados del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional que se venían desempeñando en las Direcciones de Sanidad y Bienestar Social o cualquier otra dependencia de la Policía Nacional, se someterían salarialmente al régimen establecido para dicha entidad, lo que trae como consecuencia que no les sería aplicable el régimen salarial para el personal civil no uniformado de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa Nacional contenido en el Decreto 1214 de 8 de junio de 1990.
Sin embargo, consideró que en materia prestacional, el Decreto 352 de 11 de febrero de 1994, estipuló una diferenciación frente aquellos funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia del mismo, estuvieren vinculados en las direcciones de sanidad y bienestar social o cualquier otra dependencia de la Policía Nacional, quienes continuarán con el régimen prestacional con base en lo establecido en el Título VI del Decreto 1214 de 1990.
Al resolver el caso concreto, señaló que:
“[…] Así las cosas resulta evidente para el Despacho, que la demandante al encontrarse vinculada a la Policía Nacional con anterioridad a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993 (01 de abril de 1994), y teniendo los beneficios adquiridos como personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, le asiste el derecho al reconocimiento de la Prima de Actividad, subsidio familiar, subsidio de alimentación y demás prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990; no obstante lo anterior, de conformidad con la certificación obrante a folios 18 a 22 del expediente, advierte el Despacho, que la señora Mireya Romaña Castillo, con anterioridad a ser incorporada en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional percibía los siguientes emolumentos: Sueldo Básico, Prima de Actividad, Subsidio de Alimentación, Auxilio de transporte y Subsidio Familiar; por tal razón se ordenará el reajuste pretendido respecto de dichos factores desde el 02 de octubre de 1995, fecha en la cual dejó de percibirlos, pero con efectos fiscales a partir de la fecha de prescripción de derechos a que haya lugar.
Aunado a lo anterior cabe advertir, que en todo caso, a partir de su vinculación con a la (sic) Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de conformidad con lo establecido en la Ley 352 de 1997, a la demandante se le pagó la prima de servicios, prima de navidad, prima vacacional y subsidio o prima de alimentación, razón por la cual, no hay lugar al reconocimiento o reajuste alguno sobre aquellos emolumentos, pues de hacerlo así, se le estaría pagando doble un mismo emolumento; sin embargo, respecto de la prima de alimentación observa este despacho que no fue incluida como partida computable para efectos del reconocimiento de la pensión de jubilación, razón por la cual se ordenará el reajuste de dicha prestación con la inclusión del referido emolumento […]”.
1.2.10 Apelación de la sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900
1.2.10.1 La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional apeló la sentencia proferida en primera instancia y solicitó revocar el fallo y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Expresó que:
“[…] En razón a lo expuesto, no le asiste derecho a los factores consignados en el Decreto-ley 1214/90 al actor, los cuales fueron reconocidos por el Juzgado Cuarto (4°) Administrativo del Circuito de Descongestión de Bogotá-Sección Segunda, mediante Sentencia de Primera Instancia del 28 de septiembre de 2015, notificada electrónicamente el 04 de noviembre de la anualidad en curso, desconociendo que la actora se encontraba cobijada por un régimen distinto al invocado, esto es, el Decreto 2701/88 […]”.
1.2.10.2 La parte actora presentó recurso de apelación adhesiva en donde adujo que si bien estaba de acuerdo con lo decidido en el fallo proferido en primera instancia, el ad-quo se equivocó al no haberle reconocido la prima de servicio.
Señaló que:
“[…] Se reitera, como quiera que la señora MIREYA ROMAÑA CASTILLO, laboró en la Policía Nacional por espacio de 20 años de servicio, tiene derecho a que se le reconozca y pague por concepto de Prima de Servicio el quince por ciento (15%), sobre el sueldo básico devengado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 1214 de 1990. Y eso, precisamente es lo que se reclama en el presente asunto, motivo de sustentación del recurso adhesivo, toda vez que es palmaria la diferencia existente entre una (anual) y mensual la otra (Decreto 1214, art. 46) […]”.
1.2.11. Sentencia, en segunda instancia, proferida en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900
La Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá y, en su lugar negar las pretensiones de la demanda […]”.
Para el efecto, consideró que:
“[…] Examinado el expediente, la Sala puede advertir que a folio 10 del expediente, obra la hoja de servicios No. 41714110, a partir de la cual se puede concluir que la señora Mireya Romaña, ingresó a la Policía Nacional el 23 de agosto de 1991; que tomo (sic) posesión del cargo de tecnóloga en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional el 2 de octubre de 1995, de acuerdo con el acta de posesión No 2630 (Fl.7), es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994, circunstancias ante las cuales la Sala mayoritaria de esta Subsección definía que el régimen salarial aplicable era el previsto por el Gobierno Nacional, en los términos del artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, previsión que se mantuvo en vigencia del Decreto 352 de la misma anualidad.
No obstante lo anterior, el Despacho sustanciador cambiará de postura, para adoptar los lineamientos que el Honorable Consejo de Estado ha definido a través de sus recientes providencias, como órgano de cierre de esta Jurisdicción […]”.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
La señora Mireya Romaña Castillo solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1.1 Tutelar los derechos fundamentales y constitucionales de la señora Mireya Romaña, a la seguridad social integral en materia pensional, al respeto de sus derechos adquiridos a que se le reliquide su pensión con el régimen del D L. 1214 de (sic), a recibir trato igual de los jueces y magistrados de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y al debido proceso, vulnerados con la providencia de fecha primero de febrero de 2018 de la Sala accionada.
1.2 Acciones
1.2.1 Dejar sin efecto, como consecuencia de los derechos tutelados, la sentencia proferida por la Subsección “A”, Sección segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de la referencia, que apartándose de las orientaciones del Consejo de Estado en providencias de tutela relacionados con casos como este y distorsionando las normas que rigen el sistema pensional de los empleados civiles de la Policía Nacional, revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá, que con mejor criterio jurídico accedió a las súplicas de la demandas (sic), pero parcialmente.
1.2.2 Ordenar al accionado dictar nueva sentencia que consulte la ley, el derecho y las orientaciones que le fije el fallo de tutela y la reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo a través de sus Secciones, sobre casos iguales y similares a este, sin que ello implique afectar la autonomía de los jueces, porque esta es para dispensar justicia recta y pronta, no para violar la ley y los derechos fundamentales de los asociados. La autonomía de los jueces y magistrados, tiene sus límites […]”.
Indicó que, el Tribunal había incurrido en los defectos fáctico, sustantivo, error inducido y desconocimiento de la Constitución, lo que trajo como consecuencia la vulneración de sus derechos fundamentales.
1.3.2. Actuación
El Despacho, por auto de 23 de marzo de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera, dispuso vincular al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá, antes Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Policía Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.
1.3.3. Intervenciones de la parte accionada y las partes vinculadas
1.3.3.1. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, mediante escrito aportado el 4 de abril de 2018, indicó lo siguiente:
“[…] En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo CSBTA15-442 del 10 de diciembre de 2015, el Juzgado mediante providencia del 9 de febrero de 2016 asumió el conocimiento del expediente 11001-33-35-017-2014-00299-00 que se encontraba a cargo del Juzgado Cuarto Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C, quien con anterioridad había proferido sentencia de primera instancia.
Por lo anterior, el Despacho al momento de asumir conocimiento fijó fecha y hora para adelantar la audiencia de conciliación establecida en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011; la cual se celebró el 29 de febrero de 2016 y en la que se declaró fallida la conciliación por falta de ánimo conciliatorio de las partes procesales, en consecuencia se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo […]”.
Expresó que, al asumir el conocimiento del expediente después de que se había proferido sentencia en primera instancia, se encontraba imposibilitada para presentar los respectivos argumentos jurídicos expuestos en dicha providencia.
1.3.3.2 El Secretario General de la Policía Nacional, mediante escrito aportado el 10 de abril de 2018, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Adujo que en el caso concreto no se acreditaban los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Indicó que:
“[…] Se evidencia entonces que ninguna de las garantías que conforman el debido proceso han sido objeto de agravio, no existió acción u omisión del despacho que generara vulneración a los derechos fundamentales, quedando en evidencia que la acción carece de relevancia constitucional […]”.
1.3.3.3 Los magistrados de la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 1.° de febrero de 2018, incurrió en defecto fáctico al no haber valorado pruebas documentales relevantes obrantes en el proceso, defecto sustantivo: i) por aplicación indebida de normas jurídicas y ii) por desconocimiento del precedente judicial, iii) error inducido y iv) en violación directa de la Constitución, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900.
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; vi) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vii) el defecto por error inducido y viii) violación directa de la Constitución; y, finalmente, la vii) solución del caso concreto.
2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la señora Mireya Romaña Castillo invocados supra; ii) cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 1 de febrero de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.7. El caso concreto
La actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que el Tribunal al proferir la sentencia de 1 de febrero de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900, mediante la cual resolvió denegar las pretensiones de la demanda, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La Sala debe determinar si, en efecto, la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en defecto fáctico al no haber valorado pruebas documentales relevantes obrantes en el proceso, defecto sustantivo: i) por aplicación indebida de normas jurídicas y ii) por desconocimiento del precedente judicial, iii) en error inducido y iv) en violación directa de la Constitución dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación. 11001333501720140029900.
Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; iii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; iv) el defecto por error inducido, v) violación directa de la Constitución; y, finalmente, vi) analizará el caso en concreto.
2.7.1 Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-
Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:
“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución.”[...]“.
En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.
Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.
Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas.
Dijo la Corte:
“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”
2.7.2 Defecto sustantivo por aplicación indebida de una norma jurídica
La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente[…]”.
En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por haber aplicado indebidamente una norma jurídica que sirvió como fundamento para el sentido de la decisión judicial.
Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” ( Negrilla por la Sala)..
2.7.3 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
2.7.4 Defecto por error inducido
Frente a estas causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] El error inducido acaece cuando una providencia judicial en apariencia no tiene defectos endógenos, pues fue adoptada con respeto al principio del debido proceso, con base en los elementos probatorios que obran en el expediente y con fundamento en una interpretación razonable de la ley, sin embargo, presenta vicios exógenos, ya que si bien fue proferida bajo la determinación o influencia de aspectos correctamente aportados al proceso, estos fueron irregulares o equivocados. Luego la sentencia se fundamenta en elementos adecuadamente aportados al proceso, pero con información falsa, equivocada o imprecisa, que ocasiona la vulneración de derechos fundamentales.
De esta manera, se trata de una violación de derechos fundamentales que no es atribuible al funcionario judicial accionado, puesto que el defecto en la providencia es producto de la inducción al error de que es víctima el juez de la causa, por lo que la actuación judicial resulta lesiva de derechos fundamentales. De esta manera, la Corte en la sentencia SU-014 de 2001, expresó que la ocurrencia de esta causal exige la acreditación de al menos dos presupuestos: i) que la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]”.
La configuración de este defecto se materializa cuando la actuación del juez se ve afectada o manipulada por el actuar irregular de terceros que trae como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.
En ese orden, se entiende configurado el defecto por error inducido cuando la providencia que profiere el juez es correcta dado que se ajusta a los postulados legales y constitucionales respetándose el debido proceso; presenta vicios exógenos porque se fundamenta en información equivocada, falsa e imprecisa.
2.7.5 Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
Frente a esta causal de procedibilidad ha dicho la Corte Constitucional:
“[…]…se estructura “cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política”. En este sentido, en la sentencia T-1143 de 2003, la Corte Constitucional estableció que:
“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´”. (Negrillas no originales).
Más recientemente, en la sentencia T-369 de 2015, la Corte se refirió al fundamento de esta causal en los siguientes términos:
“el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de tal forma que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. En consecuencia, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.
1. De esta manera, acorde con la sentencia de unificación SU-198 de 2013, la mencionada causal tiene lugar cuando el juez adopta una decisión que desconoce la Constitución, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o porque (ii) aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución.
1.1En el primer supuesto, la Corte ha considerado que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando (a) en la solución del caso se dejó de interpretar y/o aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata; y (c) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
1.2En el segundo supuesto, la Corte ha establecido que el juez debe tener en cuenta en sus providencias que, con base en el artículo 4º superior, la Constitución es norma de normas y que por tal razón, en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad.[…]”.
En ese orden de ideas, el defecto por violación directa de la Constitución, se estructura cuando la afectación se deriva de una i) interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución, ii) por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad y iii) cuando la autoridad judicial desconoce los postulados de la Carta Política de 1991.
2.7.6 Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que la señora Mireya Romaña pretende que se deje sin efecto la sentencia de 1 de febrero de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 11001333501720140029900, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.7.5 Acervo y análisis probatorio
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo, al defecto fáctico, al error inducido y a la violación directa de la Constitución, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:
-Sentencia de 1 de febrero de 2018 proferido por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
• Orden administrativa nro. 1146 de 6 de agosto de 1991, por medio del cual se nombra a la señora Mireya Romaña Castillo en el cargo de Profesora de Arte en la categoría de Adjunto Mayor.
• Resolución nro. 0173 de 14 de septiembre de 1995, por medio del cual se designó a la señora Mireya Romaña Castillo en el cargo de Tecnólogo Código 4165 Grado 09, en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, cargo del cual tomó posesión el día 02 de octubre de 1995.
• Hoja de Servicios nro. 41714110, donde que consta que la señora Mireya Romaña Castillo, prestó sus servicios a la Policía Nacional desde el 23 de agosto de 1991 hasta el 07 de septiembre de 2011.
• Resolución nro. 01596 de 13 de octubre de 2011, por medio del cual se le reconoció a la señora Mireya Romaña Castillo la pensión de jubilación a la señora Mireya Romaña Castillo.
2.7.5.1 Cargo por defecto fáctico
En su escrito de tutela la actora adujo que la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió en defecto fáctico por haber omitido valorar la prueba documental obrante en el proceso ordinario, que demostraba su condición de empleada civil de la Policía Nacional.
La actora indicó que:
“[…] Omite citar y valorar la prueba documental producida por la demandada en la que consta que la accionante prestó sus servicios como empleado civil en la policía sin solución de continuidad, desde que ingresó hasta cuando se retiró, sin descontarle el tiempo en el Innponal y menos en el SIMP […]”.
Con respecto al defecto fáctico por irregularidades en la apreciación del material probatorio ha dicho la Corte Constitucional:
“[…] De hecho, esta Corporación ha identificado que “el yerro en la apreciación del material probatorio constitutivo del defecto fáctico debe ser flagrante, protuberante y manifiesto, a tal punto que en razón de él se desconozca “la realidad probatoria del proceso” Por lo anterior, ha señalado que el vicio fáctico debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión judicial, de modo que, de no concurrir ese error manifiesto, la sentencia hubiera adoptado un sentido distinto. Quiere ello decir que, el yerro debe ser relevante, no solo en términos de protección del derecho al debido proceso, sino también respecto a la controversia jurídica materia de la decisión judicial […]”.
En otros pronunciamientos frente al defecto fáctico, también ha dicho la Corte:
“[…] También la jurisprudencia Constitucional ha precisado que en la circunstancia de alegarse la posible existencia de un defecto fáctico, el juez de tutela debe restringirse a un ámbito muy limitado de análisis ya que no puede dejar de lado la discrecionalidad y autonomía judicial cobijadas por la sana crítica del juez ordinario. En palabras de la Corte: “la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural al material probatorio es extremadamente reducida, pues el respeto por los principios de autonomía judicial, juez natural, e inmediación, impide que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio”.
No obstante, el operador judicial ostente un amplio margen de valoración probatoria sobre el cual fundamentará su decisión y formará libremente su convencimiento, “inspirándose en los principios científicos de la sana crítica (Arts. 187 CPC y 61 CPL)”, esta facultad nunca podrá ser ejercida de manera arbitraria, pues dicha valoración lleva intrínseca “la adopción de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el juez, racionales, es decir, que ponderen la magnitud y el impacto de cada una de las pruebas allegadas, y rigurosos, esto es, que materialicen la función de administración de justicia que se les encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente recaudadas.”[…]”.
Para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto fáctico, toda vez que en su providencia tuvo en cuenta la prueba documental echada de menos por la actora, es decir, la hoja de servicios nro. 41714110, de la cual se demostró que:
i). La señora Mireya Romaña Castillo estuvo vinculada desde el año de 1991 en calidad de empleada pública, asignada a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional y, que en principio le era aplicable el Decreto 1214 de 1990;
ii). No obstante determinó que su traslado al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el año de 1995, se produjo con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y a la expedición del Decreto Ley 1301 de 1994, y en esa medida señaló que el régimen salarial aplicable en su condición de empleada pública de la Policía Nacional era el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, en los términos del artículo 88 del referido decreto, sin que fuera procedente la aplicación del régimen salarial determinado en el Decreto 1214 de 1990, ni el consecuente reconocimiento de las prestaciones solicitadas.
En consecuencia, el defecto fáctico alegado no se encuentra configurado, toda vez, que en desarrollo del trámite del proceso ordinario, el Tribunal si valoró la prueba documental y, dicha valoración no fue arbitraria, abusiva o irracional.
2.7.6.2 Cargo por defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas
En su escrito de tutela la actora adujo que, el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por aplicación indebida de los Decretos 1042 de 7 de junio de 1978 y 1301 de 22 de junio de 1994, lo que trajo como consecuencia además, que no se aplicara debidamente el artículo 21 del Decreto 352 de 11 de febrero de 1997.
Para la Sala, está plenamente acreditado dentro del expediente que la actora ingresó a la Policía Nacional el 23 de agosto de 1991, y que tomó posesión del cargo de tecnóloga en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, el 2 de octubre de 1995, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1301 de 1994.
Asimismo al revisar los antecedentes del caso y el problema jurídico planteado por el Tribunal, la Sala considera que esta autoridad judicial no incurrió en el defecto endilgado por la actora, toda vez que aplicó correctamente las disposiciones normativas contenidas en los Decretos 1042 de 7 de junio de 1978 y 1301 de 22 de junio de 1994 y para ello se fundamentó en sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado.
En efecto, obsérvese que el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, expidió el Decreto 1301 de 1994 por medio del cual organizó el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional y del Personal no uniformado de la Policía Nacional, en donde se creó además el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
El Decreto 1301 de 1994, dispuso en su artículo 88:
“[…] REGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL. Los empleados públicos y trabajadores oficiales del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto de Salud de las Fuerzas Militares y del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios se regirán por las normas legales que para esta clase de servidores establezca el gobierno nacional. En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales de dichos organismos para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se regirán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional […]”.
A su vez se dispuso el parágrafo del artículo 89:
“[…] En concordancia con lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, los empleados públicos y trabajadores oficiales que ingresen al Instituto de Salud de las Fuerzas Militares o al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se hubieren vinculado al Ministerio de Defensa Nacional o a la Policía Nacional antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 continuarán cobijados por el Título del Decreto Ley 1214 de 1990 […]”.
Frente al tema dijo el Tribunal en la sentencia objeto de tutela:
“[…] No obstante lo anterior, el Instituto de Salud de las Fuerzas Militares, fue liquidado, al crearse a través de la ley 352 de 1997 la Dirección General de Sanidad Militar, cuyo objeto seria (sic) administrar los recursos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares e implementar las políticas, planes y programas que adopten el Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el Comité de Salud de las Fuerzas Militares.”
Como consecuencia de la reestructuración del Sistema de Salud, la Ley 352 de 1997, también dispuso la incorporación del personal del extinto Instituto de Salud, a la planta del Ministerio de Defensa Nacional o de la Policía Nacional, disponiendo además, que el régimen prestacional de aquellos empleados estaría condicionado a la fecha de vinculación laboral, esto es, teniendo en cuenta si la vinculación es anterior o no a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, evento en el cual se les debía aplicar el Título IV del Decreto Ley 1214 de 1990 ó la Ley 100 de 1993, respectivamente […]”.
En ese orden de ideas, el Tribunal señaló que:
“[…] Examinado el expediente, la Sala puede advertir que a folio 10 del expediente, obra la hoja de servicios No. 41714110, a partir de la cual se puede concluir que la señora Mireya Romaña, ingresó a la Policía Nacional el 23 de agosto de 1991; que tomo (sic) posesión del cargo de tecnóloga en el Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional el 2 de octubre de 1995, de acuerdo con el acta de posesión No 2630 (Fl.7), es decir con posterioridad a la entrada de vigencia del Decreto 1301 de 1994, circunstancias ante las cuales la Sala mayoritaria de esta Subsección definía que el régimen salarial aplicable era el previsto por el Gobierno Nacional, en los términos del artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, previsión que se mantuvo en vigencia del Decreto 352 de la misma anualidad.
No obstante lo anterior, el Despacho sustanciador cambiará de postura, para adoptar los lineamientos que el Honorable Consejo de Estado ha definido a través de sus recientes providencias, como órgano de cierre de esta Jurisdicción […]”.
El Tribunal concluyó manifestando que:
“[…]Luego, de las normas trascritas (sic) así como las recientes decisiones adoptadas en sede de tutela por el Consejo de Estado, se debe concluir que el régimen prestacional de la señora Mireya Romaña, es el previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990, considerando que ingresó a la Policía Nacional antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993; sin embargo su régimen salarial es el previsto por el Gobierno Nacional, en los términos del artículo 88 del Decreto 1301 de 1994, circunstancia que se mantuvo en vigencia del Decreto 352 de la misma anualidad, razón por la que no habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones contenidas en los artículos 46, 49 y 54 el (sic) Decreto 1214 de 1990, estas son la prima de actividad, el subsidio familiar, el auxilio de trasporte (sic) y la prima de servicios
Lo anterior, teniendo en cuenta que (sic) Decreto 1301 de 1994, en concordancia con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, solo (sic) mantuvo las disposiciones contenidas en el Titulo VI del Decreto 1214 de 1990; por lo que aun cuando la demandante se encontraba vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la prima de actividad, el subsidio familiar, el auxilio de trasporte (sic) y la prima de servicios que son alegadas por la hoy demandante no se hayan contenida en dicho título, que exclusivamente se refiere a seguridad y bienestar social.
Verificado lo anterior y bajo la normatividad trascrita en esta providencia es posible afirmar que si bien la demandante estuvo vinculada desde el año 1991 a la Policía Nacional, al reestructurarse el Sistema de Salud a través del Decreto 1301 de 1994, como todos los empleados públicos al pasar a la Dirección de Sanidad, aquélla tuvo un nuevo régimen salarial, regulado por las normas que dictare el Gobierno Nacional. Que pese a lo anterior, no es posible afirmar que tal circunstancia haya representado una desmejora en las circunstancias laborales y prestacionales que venía percibiendo con anterioridad a esta última regulación, bajo el entendido, de que la asignación básica se aumentó considerablemente para equilibrar el valor que dejó de percibir por concepto de primas tal y como lo menciono (sic) la entidad en el oficio hoy demandado y que también se puede inferir de los Decretos 171 de 1996 y 3062 de 1997 […]”.
Debe recordarse que para la configuración del defecto sustantivo, se debe acreditar que el juez obró de manera arbitraria o caprichosa, y trajo como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales.
Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional:
“[…]…se entiende que una autoridad ha incurrido en un defecto sólo cuando se evidencie un actuar totalmente arbitrario y caprichoso que lesione derechos fundamentales es decir, cuando no respeta los presupuestos de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad […]”.
En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que para resolver el problema jurídico planteado adoptó una nueva postura apoyándose en sentencias proferidas por el Consejo de Estado, lo que lo llevó a concluir que no es procedente el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, toda vez que a la fecha de su incorporación al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, en el año de 1995, el régimen aplicable era el contenido en el Decreto Ley 1301 de 1994 y en la Ley 352 de 1997, que señalaban como estatuto salarial el previsto por el Gobierno Nacional para los servidores públicos del orden nacional, lo cual, excluye la aplicación de normas especiales, tales como el Decreto 1214 de 1990.
Por tanto, el Tribunal aplicó correctamente las normas jurídicas relevantes que servían de sustento para adoptar el fallo.
2.7.6.3 Cargo por desconocimiento del precedente judicial
La actora, en su escrito de tutela señaló que, el Tribunal se apartó de los precedentes de las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La Sala hará mención a las sentencias invocadas por la actora para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento del precedente judicial, así:
a) Sección Cuarta, Consejo de Estado, sentencia de 18 de febrero de 2017 con ponencia del Magistrado, doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez
En el presente caso la Sala evidencia que el problema jurídico a resolver consistía en establecer si las autoridades judiciales acusadas incurrieron en desconocimiento del precedente al declarar de oficio la excepción de prescripción dentro del proceso interpuesto por el actor en contra de la Policía Nacional.
b) Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, sentencia de 30 de marzo de 2017 con ponencia del Magistrado, doctor Rafael Francisco Suárez Vargas
En esta oportunidad, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado tenía que establecer si el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, habían incurrido en defecto sustantivo por aplicar una caducidad improcedente para el caso del demandante que, pretende la reliquidación del salario base de la liquidación de su prestación periódica.
Fíjese que el problema jurídico planteado en el presente caso por parte de la autoridad judicial accionada, consistía en establecer si la actora tenía derecho a que se le aplicara el régimen prestacional contemplado en el Título III del Decreto 1214 de 1990, en su condición de servidora de la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional, lo cual difiere sustancialmente a lo planteado en las decisiones en que a su juicio fueron desconocidas.
d) Ahora bien, la actora también invocó como vulnerada la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, el 30 de marzo de 2017, dentro de la acción de tutela con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-00473-00, que a su juicio, fue desconocida por el Tribunal accionado.
Sin embargo, la Sala al revisar las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, evidencia que precisamente la tesis adoptada por este para justificar el sentido del fallo, se fundamentó en dicho pronunciamiento judicial.
Por tanto, para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial o por indebida aplicación de normas jurídicas.
2.7.6.4 Cargo por error inducido
La actora manifiesta que, el error inducido se configuró porque el Tribunal no realizó un análisis riguroso de los presupuestos fácticos confrontándolos con las normas jurídicas pertinentes, lo que trajo como consecuencia en que esta situación pudo influir en la equivocada decisión que adoptó.
Para la Sala la actora, no cumplió con la carga argumentativa mínima de establecer cómo se configuró el error inducido con fundamento en las reglas establecidas por la Corte Constitucional. Se debe recordar que este defecto se estructura cuando: “[…] i) la decisión judicial se fundamente en la apreciación de hechos o situaciones jurídicas, en cuya determinación se hayan violado derechos fundamentales por la actuación irregular de terceros; y ii) que tenga como consecuencia un perjuicio ius fundamental […]”
La actora, en su escrito de tutela, no indicó la actuación irregular de posibles terceros que hayan inducido en error a los jueces de instancia al momento de haber proferido las respectivas sentencias, y que hubieran generado la vulneración de derechos fundamentales.
De esta manera, aun cuando la Sala, como Juez Constitucional, debe interpretar la inconformidad de la actora, en este caso no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó cómo los jueces de instancia incurrieron en el defecto por error inducido.
Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el caso concreto, entre otros aspectos.
2.7.6.5 Cargo por violación directa de la Constitución
Teniendo en cuenta que la actora para sustentar este cargo afirmó en su escrito de tutela que el Tribunal se: i) apartó del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y ii) y aplicó indebidamente normas jurídicas para resolver el caso, la La Sala no estudiará ese cargo, al no encuadrarse en las causales señaladas por la Corte Consitucional para su procedencia, máxime, teniendo en cuenta que los reproches formulados por la actora contra el Tribunal, fueron analizados y resueltos por la Sala
2.7.7 Conclusión de la Sala
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo, en la medida que la Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en defecto fáctico, sustantivo, error inducido y violación directa de la Constitución, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR el amparo interpuesto por la señora Mireya Romaña Castillo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policia Nacional.
Radicado nro. 163820.
Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policia Nacional.
“Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional”.
“Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones del establecimiento público encargado de la seguridad social y bienestar para la policía nacional y se dictan otras disposiciones”.
En el escrito de impugnación presentado por la parte actora se dice: “Referencia: Apelación adhesiva sentencia del 28 de octubre de 2015.
Folio 116 del cuaderno de tutela.
Folio 120 del cuaderno de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-02. C.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 15 de febrero de 2018, y la presente acción de tutela fue presentada el 20 de marzo de 2018.
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos. Corte Constitucional. Ibídem. Sentencia de 30 de marzo de 2017, rad. 11001-03-15-000-2017-00420-00, C.P Roberto Augusto Serrano Valdés. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2013. Magistrado ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999. Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional.
Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 2007. Magistrada ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado. Ver Sentencias T-590 de 2009 y SU-917 de 2013 ambas con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-031 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Sentencia SU-014 de 2001 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Ver, entre otras, las sentencias T-492 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett y T-702 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Alejandro Linares Cantillo. Sentencia T-555/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). M.P. Eduardo Montealegre Lynett. Ver sentencia T-1143/03 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver las sentencias SU-198/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), T-310/09 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-555/09 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), entre otras. Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Sentencia T-490/05 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Ver sentencias T-765/98 (M.P. José Gregorio Hernández) y T-001/99 (M.P. José Gregorio Hernández). Ver entre otras, las sentencias T-199/05 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-590/09 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva), SU-198/13 (M.P. Luís Ernesto Vargas Silva) y T-809/10 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez). Sentencia SU-198/13 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. T-107-2014
Ibídem
Corte Constitucional, Sentencia SU-448 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Cfr. Sentencia T-214 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Sentencia T-902 del 1 de septiembre de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia SU-1300 del 6 de diciembre de 2001 MP. Marco Gerardo Monroy Cabra. La Corte encontró perfectamente razonable la valoración de las pruebas que hizo el Juez Regional en la sentencia anticipada. El Juez no omitió ni ignoró prueba alguna, ni dio por probado un hecho sin fundamento objetivo. “El hecho de que el incremento patrimonial no justificado del procesado, se derivó de actividades delictivas se probó a través de la confesión de {varios testigos}, y de un conjunto concurrente de indicios, entre los cuales sobresale el hecho de que las cuentas en las cuales se consignaron la mayoría de los 23 cheques recibidos por el peticionario, fueron abiertas por él usando información falsa y las fotocopias de las cédulas de sus empleados que aparecían en los archivos de las empresas constructoras de la familia”. Cfr. sentencia T-442 del 11 de octubre de 1994 MP. Antonio Barrera Carbonell. Cfr. sentencia T-538 del 29 de noviembre 1994 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esa oportunidad se le concedió la tutela al peticionario por la indebida apreciación que hace el juez de la conducta asumida por una de las partes, que se atuvo a la interpretación que de unos términos hizo el secretario del juzgado, que le lleva a negarle la interposición de un recurso del que depende la suerte del proceso penal.
Sentencia SU-159 del 5 de marzo de 2002, MP: Manuel José Cepeda Espinosa. Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
“Por la cual se reestructura el sistema de salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “. Por el cual se determina la estructura orgánica, objetivos y funciones del establecimiento público encargado de la seguridad social y bienestar para la policía nacional y se dictan otras disposiciones”. Ver folios 46 y 47 del cuaderno de tutela
Resolvió el Tribunal el problema jurídico de establecer si la actora tenía o no derecho a que se le aplicara el régimen prestacional contemplado en el Título III del Decreto 1214 de 1990, en su condición de servidora de la planta de salud del Ministerio de Defensa Nacional. Corte Constitucional, Sentencia T-031 de 2016. Magistrado ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-273 de 2007. Magistrada ponente: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
La Sala estudió los cargos por defecto sustantivo: i) por desconocimiento del precedente judicial y ii) por aplicación indebida de normas jurídicas.
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