Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00901-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00901-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-00901-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
10 de mayo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES - Por inexistencia de normatividad vigente al momento de la causación del derecho / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Aplicación
Los actores en su escrito de tutela, adujeron que el Tribunal omitió aplicar en el caso concreto el artículo 189 del Decreto 1211 de 8 de junio de 1990 o el artículo 46 de la ley 100 de 23 de diciembre de 1993, lo que trajo como consecuencia que no les reconociera el pago de la pensión de sobrevivientes (…) para la Sala el Tribunal Administrativo del Caquetá no incurrió en el defecto sustantivo alegado por la parte actora, teniendo en cuenta que se acreditó dentro del expediente que el señor [J.A.V.P] falleció el 21 de noviembre de 1987, lo que traía como consecuencia la no viabiliad jurídica de aplicar el Decreto 1211 de 1990 y la Ley 100 de 1993, toda vez que fueron expedidas con posterioridad a los hechos objeto de debate, es decir, que para el momento de la situación jurídica en cuestión no se encontraban vigentes y la causación del derecho se presentó bajo una normativa diferente (…) para la Sala no hubo desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia T-525 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente diferente a lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional. (…)en el presente caso a los señores [M.G.P.V] y [L.V], no se le vulneró el derecho a la igualdad, ni tampoco el principio constitucional de la confianza legítima, toda vez que al momento de interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya la Sección Segunda del Consejo de Estado con anterioridad, había rectificado su inicial postura jurisprudencial, sosteniendo la tesis de respetar el principio de irretroactividad de la ley dentro del marco del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por lo que para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 46 / DECRETO 1211 DE 1990 - ARTÍCULO 189
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00901-00(AC)
Actor: MARÍA GLADYS PERDOMO DE VARGAS Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA CUARTA DE DECISIÓN
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar que, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2017, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la vida.
La presente providencia se desarrolla en tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
La parte actora, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar que, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
1.2. Presupuestos fácticos
Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
1.2.1 Indicaron que son personas de la tercera edad y actualmente padecen una difícil situación económica. Adicionalmente, señalaron que el señor Lorenzo Vargas asiste a un tratamiento de su enfermedad de Diabetes Mellitus 2 e Hipotiroidismo, enfermedad crónica que no es curable, pero si tratable.
1.2.2 Señalaron que su hijo Javier Alexander Vargas Perdomo, en calidad de soldado regular del Ejército Nacional, falleció en actos propios del servicio, el 21 de noviembre de 1987, acumulando como tiempo de servicios siete (7) meses y nueve (9) días.
1.2.3 Adujeron que las Fuerzas Militares de Colombia, a través de la Resolución núm. 459 de 29 de enero de 1988, con base en el artículo 8 del Decreto 2728 de 2 de noviembre de 1968, le confirió a su hijo Javier Alexander Vargas Perdomo el ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo.
1.2.4 Manifestaron que a través de la Resolución núm. 3078 de 15 de junio de 1988, se les reconoció y ordenó el pago de las prestaciones sociales en su condición de padres del señor Javier Alexander Vargas Perdomo.
1.2.5 Indicaron que solicitaron el reconocimiento pensional de sobrevivencia, el 12 de febrero de 2014, el cual fue resuelto de manera negativa por medio de la Resolución núm. 1884 del 5 de mayo de 2014, expedido por la Directora Administrativa y la Coordinadora Grupo Prestaciones Sociales de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional.
1.2.6 Los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 1884 del 5 de mayo de 2014, por medio del cual se les negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.
1.2.7 Sentencia, en primera instancia, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01
El Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, mediante sentencia de 28 de febrero de 2017, decidió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales hasta el 12 de febrero de 2010, y la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución nro. 1884 del 5 de mayo de 2014, expediente MDN No. 6074 de 2014, expedida por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional, mediante la cual negó la pensión de sobreviviente a los señores GLADYS PERDOMO DE VARGAS Y LORENZO VARGAS.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de los señores GLADYS PERDOMO DE VARGAS Y LORENZO VARGAS, a partir del 12 de febrero de 2010 en la forma, cuantía y términos establecidos en el decreto 1211 de 1990, es decir, por el 50% de los haberes de un cabo segundo […]”.
Indicó que:
“[…] De la misma forma, en casos como el que nos ocupa el Consejo de Estado ha concluido que en aras de efectivizar el derecho a la igualdad, así como proteger el núcleo familiar del soldado que fallece en combate, es viable aplicar el Decreto 1211 de 1990 con el objetivo de reconocer la pensión de sobrevivientes prevista en dicho régimen. Al respecto, afirmó:
Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación válida para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.
No resulta razonable que el Decreto 2728 de 1968 al igual que Decreto 1211 de 1990 ordene el ascenso póstumo del soldado regular muerto por causas imputables al servicio al grado inmediatamente superior, así como el reconocimiento y pago de unas prestaciones económicas a favor de sus beneficiarios, pero se abstenga de reconocer el pago de una pensión de sobreviviente a favor de quienes con el hecho de la muerte de un miembro de la Fuerza Pública pierden el sustento y apoyo económico que este les brindaba.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional […]”.
Concluyó manifestando que en el presente caso era más favorable la aplicación de las disposiciones normativas contenidas en el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo que implica que se decrete la nulidad del acto administrativo acusado.
1.2.5 Apelación de la sentencia, proferida en primera instancia, por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01
La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional apeló la sentencia proferida en primera instancia, solicitando su revocatoria, y en su lugar, que se nieguen las pretensiones de la demanda.
Expresó que el señor Javier Alexander Vargas Perdomo no cumplía con los requisitos para el otorgamiento de la pensión, teniendo en cuenta que estuvo vinculado al Ejército Nacional por un término inferior de 15 años. De igual manera, en el presente caso no era aplicable el Decreto 1211 de 8 de junio de 1990, toda vez que al momento de su deceso ostentaba el cargo de soldado y no como oficial o suboficial.
Concluyó manifestando que el acto administrativo acusado goza de presunción de legalidad porque fue emitido conforme a derecho.
1.2.9. Sentencia, en segunda instancia, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01
La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 28 de febrero de 2017, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, Caquetá, y en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.
Consideró que frente a la aplicación de la ley en el tiempo en materia de reconocimiento pensional, en un primer momento la jurisprudencia del Consejo de Estado había sostenido que se debía aplicar la normatividad más beneficiosa así esta hubiera sido posterior. Sin embargo, indicó que este criterio jurisprudencial fue modificado a través de la sentencia del 25 de abril de 2013, en donde la Sección Segunda del Consejo de Estado sostuvo que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del causante y por lo tanto las normas jurídicas aplicables son las vigentes para esa época, por lo que resolver el caso con fundamento de una disposición normativa que fue expedida con posterioridad, implicaría desconocer la regla de la irretroactividad de los efectos de la ley.
Indicó que:
“[…] Visto lo anterior, advierte la Sala, que la aplicación del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, solicitada por el actor y concedida por el a quo, es improcedente, pues el Decreto 1211 de 1990 y la Ley 100 de 1993, no se encontraban vigentes para la fecha de la muerte del soldado JAVIER ALEXANDER VARGAS PERDOMO -21 de noviembre de 1987, hecho que generaría el derecho, ante lo cual surge la imposibilidad de realizar un juicio de favorabilidad de las normas, por violación al principio de irretroactividad de la misma.
1.3. La solicitud de tutela
1.3.1. Pretensiones
La parte actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERO: A través del procedimiento preferente y sumario establecido en el Decreto 2591 de 1991 y con fundamento en el principio de DIGNIDAD HUMANA, previsto dentro de nuestro Estado Social de Derecho, solicito a los Honorables Magistrados se garantice la protección inmediata de los derechos fundamentales de mis prohijados a la igualdad, debido proceso, derechos de las personas de la tercera edad, a la seguridad social, acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y móvil, todos en conexidad con el derecho a la vida.
SEGUNDO: Como consecuencia de dicho amparo REVÓCASE Y DÉJASE SIN EFECTO JURÍDICO ALGUNO el fallo proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE Caquetá, Sala cuarta de decisión, siendo M.P. el Dr. EDUARDO JAVIER TORRALVO NEGRETE de fecha 27 de octubre de 2017, dentro del proceso radicado bajo el N° 18-001-33-33-753-2014-00169-01 que REVOCO (sic) la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia y en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL […]”.
Señaló que, el Tribunal vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la vida, como consecuencia del i) defecto sustantivo en que incurrió por falta de aplicación de normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto y ii) por haber desconocido precedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado.
1.3.2. Actuación
El Despacho, por auto de 9 de abril de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera, dispuso vincular al Juzgado Tercero Administrativo de Florencia y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el mismo término de tres (3) días para rendir el informe.
1.3.3. Intervenciones de la parte accionada y las partes vinculadas
1.3.3.1. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa Nacional, mediante escrito aportado el 16 de abril de 2018, solicitó no acceder a las pretensiones del amparo.
Indicó que, en el presente caso la parte actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que no efectuó el respectivo análisis de configuración, ni tampoco acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales.
1.3.3.2 Los Magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, durante el presente trámite, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2017, incurrió en defecto sustantivo i) por falta de aplicación de normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto y ii) por haber desconocido precedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01.
Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, la v) solución del caso concreto.
2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.6. Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, toda vez que:
i) Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la posible vulneración de los derechos fundamentales de los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas invocados supra.
La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, toda vez que: a) se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la vida, y además, b) la parte actora cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo.
ii) Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 27 de octubre de 2017, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
iii) No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales los accionantes puedan lograr la protección de los derechos invocados.
iv) En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.
v) Los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alega.
vi) No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.7. El caso concreto
Los actores, obrando mediante apoderado especial, presentaron solicitud de tutela contra la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, por considerar que, a su juicio, el Tribunal al proferir la sentencia de 27 de octubre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.
La Sala debe determinar si, en efecto, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, incurrió en defecto sustantivo i) por falta de aplicación de normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto y ii) por haber desconocido precedentes jurisprudenciales sentados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01.
Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por aplicación indebida de normas jurídicas; ii) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, iii) analizará el caso en concreto.
2.7.1 Defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica relevante para resolver el caso concreto
La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente[…]”. (Resaltado por la Sala).
En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no aplicar las normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto.
Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Subrayado por la Sala)..
2.7.2 Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto).
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
2.7.4 Análisis del caso en concreto
En el presente caso, se advierte que los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número único de radicación 18-001-33-33-753-2014-00169-01, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.7.5 Acervo y análisis probatorios
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente judicial, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio:
Sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá.
Acta núm. 683 de 3 de diciembre de 1987 (folios 129 130 del cuaderno principal), en la que consta que el señor Javier Alexander Vargas se vinculó como soldado bachiller desde el 13 de abril de 1987 hasta el 21 de noviembre de 1987 fecha de su fallecimiento, para un total de 7 meses y 9 días.
Concepto sobre el informativo núm. 10 adelantado por el fallecimiento del Soldado Regular del Ejército Nacional, Javier Alexander Vargas Perdomo, suscrito por el Comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, donde consta que la muerte del mencionado Soldado ocurrió en combate y por acción directa del enemigo.
Resolución núm. 459 de 29 de enero de 1988, por medio de la cual se le concedió el ascenso en forma póstuma al grado de cabo segundo al soldado Javier Alexander Vargas.
Resolución núm. 1884 del 5 de mayo de 2014, expedida por la Directora Administrativa del Ministerio de Defensa Nacional, por medio del cual se niega el reconocimiento y pago por concepto de pensión de sobrevivientes.
Se adujo en la Resolución en cuestión, que con fundamento en la Ley 131 de 1985 y en el artículo 8 del Decreto 2728 de 1968, no se generó el derecho a la pensión de los señores Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas, toda vez que para la época del fallecimiento del señor Javier Alexander Vargas Perdomo ocurrido el 21 de noviembre de 1987, no se contemplaba tal beneficio.
2.7.6. Cargo por defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica relevante para resolver el caso concreto
Los actores en su escrito de tutela, adujeron que el Tribunal omitió aplicar en el caso concreto el artículo 189 del Decreto 1211 de 8 de junio de 1990 o el artículo 46 de la ley 100 de 23 de diciembre de 1993, lo que trajo como consecuencia que no les reconociera el pago de la pensión de sobrevivientes.
Para determinar si se presenta el defecto alegado, se observa que el problema jurídico que resolvió la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá en el presente caso fue el siguiente:
“[...] Corresponde a esta Corporación establecer si los señores MARÍA GLADYS PERDOMO DE VARGAS Y LORENZO VARGAS, en calidad de padres del causante SL JAVIER ALEXANDER VARGAS PERDOMO (q.e.p.d.) tienen derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 o artículo 46 de la Ley 100 de 1993, o si por el contrario, le asiste razón a la entidad apelante en cuanto el acto atacado se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia, habría lugar a revocar la sentencia objeto de alzada para así denegar las súplicas de la demanda, así como a relevarla de la condena en costas [...]“
Para resolver el problema jurídico y negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, el Tribunal se apoyó en la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2013, con ponenecia del Magistrado, doctor Luis Rafael Vergara Quintero, en donde rectificó su postura al indicar que el derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del causante y en ese orden de ideas las normas jurídicas que deben regular el caso concreto son las vigentes para esa época.
La autoridad judicial accionada citó el siguiente extracto jurisprudencial de dicha sentencia del Consejo de Estado:
“[…] La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que en circunstancias especiales, cuando un régimen pensional especial no satisface las mínimas garantías que sí satisface el régimen general y cuando éste resulta más favorable que el especial, debe preferirse su aplicación; no obstante, es necesario tener en cuenta que la ley favorable que se debe aplicar es la que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho.
El derecho a la pensión de sobrevivientes se causa al momento del fallecimiento del pensionado, es decir, en el caso analizado las normas que gobiernan la pensión de sobrevivientes que hubiera podido surgir con ocasión del fallecimiento del señor Jaime Reyes son las que estaban vigentes el 19 de octubre de 1985, pues fue durante su vigencia cuando se produjo el deceso y por tanto, cuando se pudo consolidar el presunto derecho reclamado.
La Ley 100 de 1993, que consagra el derecho pensional de sobrevivientes solicitado por la accionante, entró en vigencia el 1º de abril de 1994, de conformidad con lo previsto en su artículo 151, que es del siguiente tenor literal:
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la presente Ley, regirá a partir del 1o. de abril de 1.994.”
Es decir, no estaba en vigencia al momento del fallecimiento del causante, razón por la cual no puede aplicarse para resolver la situación pensional aquí reclamada.
Para la Sala es evidente que lo que pretende la demandante es la aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993, pues considera que le es benéfica y favorece sus pretensiones; no obstante, los derechos prestacionales derivados de la muerte del señor Reyes se consolidaron a la luz de las normas vigentes al momento de su fallecimiento, lo que lleva a afirmar que no es viable la aplicación de la ley que se pretende, toda vez que ello iría en contravía del principio de irretroactividad de la ley, derivado de la Ley 153 de 1887.
La ley sustancial, por lo general, tiene la virtud de entrar a regir las situaciones que se produzcan a partir de su vigencia, pues aún no se encuentran consolidadas y, solo por excepción, rigen de manera retroactiva; sin embargo, para que ello ocurra, el contenido de la ley debe precisar lo pertinente, lo que no sucede en el caso de la Ley 100 de 1993, pues al tenor de lo dispuesto en su artículo 151 empezó a regir a partir del 1º de abril de 1994.
En las anteriores condiciones, la demandante no tiene derecho a acceder al derecho pensional consagrado en los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, toda vez que los derechos prestacionales causados con la muerte de su cónyuge se consolidaron en vigencia de la normatividad anterior, la que exigía el requisito de tener 15 o más años de servicio activo y, como no cumplió ese requisito, no era viable su reconocimiento.
Con los argumentos expuestos en forma antecedente, la Sala rectifica la posición adoptada en sentencias de abril 29 de 2010 y noviembre 1º de 2012, en las que, en materia de sustitución pensional se aplicó una ley nueva o posterior a hechos acaecidos antes de su vigencia, en ejercicio de la retrospectividad de la ley, precisando que no hay lugar a la aplicación de tal figura, toda vez que la ley que gobierna el reconocimiento de la pensión de beneficiarios es la vigente al momento del fallecimiento del causante y no una posterior […]”. (Resaltado por la Sala).
En ese orden de ideas, el Tribunal consideró que en el caso concreto no era procedente aplicar las normas jurídicas contenidas en el Decreto 1211 de 1990 y en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que no se encontraban vigentes para la fecha de la muerte del señor Javier Alexander Vargas Perdomo, esto es, el 21 de noviembre de 1987, respetándose de esta manera el principio de irretroactividad de la ley.
La Sala debe hacer énfasis que uno de los presupuestos básicos para aplicar una norma jurídica a un caso concreto es que encaje en los supuestos de hecho acreditados en el expediente. Las premisas que fueron plasmadas en la sentencia y que condujo a la conclusión, trajo como consecuencia que no se desconocieran las normas jurídicas que fueron invocadas por la parte actora.
En ese orden de ideas, para la Sala el Tribunal Administrativo del Caquetá no incurrió en el defecto sustantivo alegado por la parte actora, teniendo en cuenta que se acreditó dentro del expediente que el señor Javier Alexander Vargas Perdomo falleció el 21 de noviembre de 1987, lo que traía como consecuencia la no viabiliad jurídica de aplicar el Decreto 1211 de 1990 y la Ley 100 de 1993, toda vez que fueron expedidas con posterioridad a los hechos objeto de debate, es decir, que para el momento de la situación jurídica en cuestión no se encontraban vigentes y la causación del derecho se presentó bajo una normativa diferente.
Además, para la configuración del defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sección ya ha dicho:
“[…] Se debe recordar que para la estructuración de este defecto es indispensable acreditar que las normas invocadas y desconocidas por los jueces eran las llamadas a resolver el problema jurídico.
Frente al tema, la Corte Constitucional ha consolidado su doctrina jurisprudencial, como se puede evidenciar en los siguientes casos:
“[…] En diversas ocasiones esta Corporación ha señalado que la acción de tutela contra decisiones judiciales procede cuando la autoridad judicial omite pronunciarse en relación con normas que resultan aplicables al caso que debe decidir.
7.1. Un primer paso en esta dirección se encuentra en la sentencia T-573/1997. En ella, la Corte decide la tutela interpuesta contra una sentencia en la que un juez penal se abstuvo de aplicar la rebaja de penas consagrada en el artículo 374 del Código Penal de la época, sin justificar los motivos de la inaplicación, pese a que el actor cumplía con los requisitos para su otorgamiento. En esta ocasión señaló que: “(e)n este caso, la vía de hecho la constituyó la omisión en que incurrió el juez acusado al no hacer consideración alguna sobre la procedencia o improcedencia del artículo 374 el Código Penal. Más aún, cuando no se requería solicitud expresa de la parte procesada para su reconocimiento”.
7.2. Este pronunciamiento inicial se consolida luego en una serie de sentencias más recientes, en las que se decanta la doctrina del defecto sustantivo por inaplicación de norma claramente aplicable. Así, en la sentencia T-778/2005, la Corte se pronunció sobre la tutela interpuesta en contra de la providencia judicial que declaró la nulidad de la elección de Ati Seygundiba Quigua como concejala de Bogotá. En esta ocasión se afirmó la existencia de una violación al debido proceso por defecto sustantivo, toda vez que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca omitió la aplicación directa de los artículos 7 y 70 de la constitución, preceptos que imponían efectuar una excepción etnocultural a la norma que establece el requisito de edad para ser concejal de Bogotá, excepción necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho a la identidad cultural.
7.3. En la sentencia T-485/2006, al resolver la tutela interpuesta en contra de una decisión judicial que desconoce la calidad de trabajador oficial del demandante, la Corte consideró que la sentencia cuestionada adolecía de un defecto sustantivo por cuanto:“(n)o podía la Sala Laboral del Tribunal Superior ignorar lo que preveían las normas legales vigentes que regulan las plantas de personal de las empresas sociales del estado del nivel territorial y concluir de manera contraria a lo que ellas establecen, que los celadores, porteros y vigilantes no eran trabajadores oficiales, puesto que todas ellas clasifican esa labor como una actividad propia de servicios generales, y asignan a dichos trabajadores el carácter de oficiales”.
7.4. Igualmente, en la sentencia T-657/2006 se resuelve la tutela interpuesta contra una sentencia de segunda instancia, proferida en un proceso ejecutivo de sentencia judicial, en la que se revoca un mandamiento de pago argumentando la falta de personería jurídica de la entidad demandada. En esta ocasión la Corte concluyó que: “se presentó un defecto sustantivo en el Auto del 27 de mayo de 2004, proferido el Tribunal Superior de Ibagué, toda vez, que el Despacho no dio aplicación al numeral 2 del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en consecuencia la norma aplicable al caso fue claramente desconocida y no tenida en cuenta por el fallador”.
7.5. Por su parte, en la sentencia T-966/2006, al examinar un conjunto de decisiones judiciales en las que se negó a varias personas condenadas por sentencia anticipada la aplicación de una norma posterior que consagraba una rebaja de penas mayor por aceptación de cargos a la establecida en las normas vigentes al tiempo de ser condenados, la Corte consideró que tales providencias judiciales incurrían en un defecto sustantivo por inaplicación de la norma penal más favorable […]”.
Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala en el presente caso no se estructuró el defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica.
2.7.6.2 Cargo por desconocimiento del precedente judicial
Los actores en su escrito de tutela señalaron que la parte accionada se apartó de precedentes emanados de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
Ahora pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La Sala hará mención a las sentencias invocadas por los accionantes para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento del precedente judicial.
Corte Constitucional, Sentencia T-525 de 2017
El problema jurídico que tenía que resolver la Corte fue el siguiente:
“[…]… determinar si el Tribunal Administrativo del Meta, mediante sentencia adoptada el 6 de julio de 2016, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, así como los principios de seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima de la señora María Inés Bermeo, por no aplicar el precedente jurisprudencial favorable y vigente al inicio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por ella, el 6 de diciembre de 2012, para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Lo anterior, bajo el argumento de que, conforme con la nueva postura jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado, a partir del 25 de abril de 2013, no es posible aplicar retrospectivamente el régimen general en Seguridad Social en Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, debido a que el causante de la prestación falleció antes de que esta entrara en vigencia […]”.
La Corte Constitucional al resolver el caso concreto, estableció que el Tribunal Administrativo del Meta desconoció los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre la materia.
Señaló que con fundamento en la Sentencia C-634 de 2011 se estableció que las autoridades al resolver un caso concreto debían tener en cuenta, junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por el Consejo de Estado, de manera preferente, las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales.
Expresó que:
“[…] Igualdad, Buena fe, confianza legítima y Seguridad jurídica. Conforme con el Tribunal Administrativo del Meta la presentación de la demanda de la accionante no fue caprichosa, pues cuando acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 6 de diciembre de 2012, el Consejo de Estado venía aplicando retrospectivamente la Ley 100 de 1993, por consiguiente, “actuó con la convicción de que sus pretensiones serían acogidas”.
No se puede desconocer que la accionante, cuando presentó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo hizo confiando en la administración de justicia, y el precedente jurisprudencial constitucional y del Consejo de Estado vigente. Imponerle a esta la carga de la nueva postura jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado desde el 25 de abril de 2013 resulta desproporcionado, inequitativo y contradictorio a los principios de seguridad jurídica, buena fe, confianza legítima e igualdad, conforme se explica a continuación:
(a) La demandante acudió a la jurisdicción contencioso administrativa, el 6 de diciembre de 2012, según reconoce el Tribunal Administrativo del Meta, con fundamento en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado desde 1951; postura que se edificó incluso en vigencia de la Constitución de 1886 y continuó siendo aplicada a la luz de la Constitución de 1991; tanto por el Consejo de Estado, órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, como por esta Corporación, órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Esta postura cambió después de 61 años de haber sido aplicada de manera uniforme y constante, e, incluso, después de la presentación de la demanda por la accionante. Por ende, imponerle a esta, quien es un sujeto de especial protección constitucional, este cambio jurisprudencial cuando a sus 73 años acudió a este mecanismo judicial confiando en la seguridad jurídica sentada por la uniforme postura jurisprudencial resulta desproporcionado, inequitativo y atenta contra la seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima que se le debe garantizar […]”. ( Resaltado por la Sala).
Nótese que en el caso de los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada el 2 de septiembre de 2014, es decir, con posterioridad a la expedición de la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado que data del 25 de abril de 2013, en cambio en la situación fáctica abordada por la Corte Constitucional, el actor interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el 6 de diciembre de 2012.
En ese orden de ideas para la Sala no hubo desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia T-525 de 2017 proferida por la Corte Constitucional, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente diferente a lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional. Fíjese además, que la ratio decidendi de la Corte partió de la base de que se habían vulnerado los principios constitucionales a la igualdad y a la confianza legítima del actor, toda vez que este había acudido a la jurisdicción contencioso administrativa, el 6 de diciembre de 2012, momento en el cual el Consejo de Estado había mantenido la postura jurisprudencial inicial donde era viable aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993.
Por tanto, en el presente caso a los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas, no se le vulneró el derecho a la igualdad, ni tampoco el principio constitucional de la confianza legítima, toda vez que al momento de interponer la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ya la Sección Segunda del Consejo de Estado con anterioridad, había rectificado su inicial postura jurisprudencial, sosteniendo la tesis de respetar el principio de irretroactividad de la ley dentro del marco del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por lo que para la Sala el Tribunal accionado no incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 5 de febrero de 2010 con ponencia del magistrado doctor Luis Rafael Vergara Quintero
El problema jurídico a resolver en el presente caso fue el siguiente:
“[…] Solicita que se ordene emitir sentencia para que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional revise los reajustes de su asignación de retiro, con el fin de establecer cuál incremento es mejor entre el aumento salarial de los miembros activos de la Policía Nacional fijado en la escala salarial porcentual, o el Índice de Precios al Consumidor, que se aplica para los reajustes pensionales con fundamento en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, de manera que en cada año, a partir de 2003, se aplique el porcentaje más favorable […]”.
Fíjese que el problema jurídico planteado en dicha sentencia consistía en determinar si era procedente la reliquidación de la asignación de retiro con aplicación del porcentaje más favorable, entre el que decreta anualmente el Gobierno Nacional para el incremento de las asignaciones básicas del personal en servicio activo, y el Índice de Precios al Consumidor que aplica para el incremento de las pensiones del régimen general, lo cual difiere al problema jurídico resuelto por parte del Tribunal Administrativo del Caquetá en donde la controversia jurídica principal, consistía en establecer si se debía reconocer el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con fundamento en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 o artículo 46 de la Ley 100 de 1993.
Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala el Tribunal Administrativo del Caquetá no incurrió en defecto sustantivo, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de los actores.
2.7.7 Conclusión de la Sala
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala negará las pretensiones del amparo, en la medida que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados supra, toda vez que el Tribunal Administrativo del Caquetá aplicó de forma correcta la normativa para negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente solicitada por la parte actora.
Asimismo, tuvo en cuenta el precedente judicial que señala la improcedencia de aplicar de forma retrospectiva la ley laboral para efectos de reconocer la pensión de sobreviviente a los beneficiarios del señor Javier Alexander Vargas Perdomo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. NEGAR el amparo interpuesto por los señores María Gladys Perdomo de Vargas y Lorenzo Vargas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Presidente
MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Sentencia de 7 de julio de 2011. Radicación No: 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-09). Actor: Evadias Pérez Villalba.
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
Folio 81 del cuaderno de tutela.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-02. C.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
La Sala al estudiar y revisar el escrito de tutela presentado por la parte actora, evidenció cargos concretos contra la sentencia proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá por un posible defecto sustantivo por i) falta de aplicación de normas jurídicas relevantes para resolver el caso concreto y ii) por desconocimiento del precedente judicial.
La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 1 de noviembre de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 23 de marzo de 2018.
Sentencias SU-159 de 2002, T-295 de 2005 y T-743 de 2008 todas con ponencia del dr. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 2005, T-657 de 2006 ambas con ponencia del dar Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 de 2007 M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-033 de 2010, y T-792 de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Sentencia T-189 de 2005 M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Sentencia T-205 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-800 de 2006 M.P. Jaime Araujo Rentería
Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencias T-051 de 2009 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. Sentencias T-462 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 2001 M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 1999. Sentencia T-018 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño. Sentencia T-086 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. (Doctrina probable). Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. (Sentencias de unificación jurisprudencial). Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. (Sentencias de unificación jurisprudencial). M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C. P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Dispone el artículo 189: “MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones: a.
A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto. b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante. c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante. d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto.”
“Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.
“Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: “.
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”. Número único de radicación: 76001 23 31 000 2007 01611 01
Ver, entre otras, las sentencia de octubre 7 de 2010, Consejero ponente LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, radicación No. 76001-23-31-000-2007-00062-01(0761-09); febrero 18 de 2010, Consejero ponente GUSTAVO EDUARDO GOMEZ ARANGUREN, radicación No. 08001-23-31-000-2004-00283-01(1514-08); abril 16 de 2009, Consejero ponente VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación No. 76001-23-31-000-2004-00293-01(2300-06). Artículo 120 del Decreto 2063 de 1984. Radicación No. 25000-23-25-000-2007-00832-01 (0548-09) Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, en la que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 12 de 1975, a pesar de que el fallecimiento había ocurrido en octubre de 1970. Radicación No. 13001-23-31-000-2005-02358-01 (0682-11) Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, en que se reconoció una pensión de sobrevivientes con base en la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, a pesar de que el deceso del causante se produjo el 20 de febrero de 1991. En esta oportunidad el doctor Gerardo Arenas Monsalve salvó el voto en los siguientes términos: “Nótese además, desde el punto de vista práctico, el complejo problema que surge con la tesis mayoritaria que no se comparte, de aplicar el régimen general de la Ley 100 de 1993 a situaciones que se resolvieron plenamente antes de su vigencia. Como se trata de pensiones, y éstas no tienen término de prescripción, todos los derechos pensionales de sobrevivientes, resueltos en su momento aplicando válidamente la legislación anterior, resultan ahora sorpresivamente litigiosos, es decir, susceptibles de discusión judicial, así el fallecimiento del causante se haya producido en vigencia de esa legislación anterior, y así se hayan reconocido los derechos derivados del régimen anterior. El principio constitucional de la sostenibilidad financiera, establecido en la Carta desde el Acto Legislativo No. 1 de 2005 queda en entredicho, con una extensión tan amplia y generalizada de la aplicación del régimen general”. Sentencia de 7 de diciembre de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-01407-00 y 11001-03-15-000-2017-01684-00 (acumulados), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Corte Constitucional, Sentencia T-686 de 2007. Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006.
Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo. Los hechos del caso fueron resumidos por la Corte así: “La accionante tiene 78 años, conforme con su historia clínica, padece “arteritis de células gigantes”, enfermedad crónica con tratamiento permanente. Actualmente, se encuentra afilada al Sistema de Seguridad Social en Salud a través del régimen contributivo en calidad de beneficiaria, mediante la EPS Sanitas S.A. Carece de recursos económicos propios, por lo que para suplir sus necesidades básicas depende de la ayuda económica de familiares y amigos. El hijo de la demandante falleció a sus 23 años de edad, cuando se encontraba prestando sus servicios, en calidad de agente de la Policía Nacional de Colombia. Trabajó para esta institución desde el 10 de septiembre de 1984 hasta el 24 de junio de 1986, fecha en la cual acaeció su muerte. En total, conforme con la Hoja de Servicios No. 3313 PN-RPD, alcanzó a prestar sus servicios durante 1 año, 9 meses y 23 días. Según informa la tutelante, convivía y dependía económicamente de su hijo, pues su compañero permanente falleció el 2 de diciembre de 1983. En consecuencia, la Policía Nacional de Colombia le reconoció como única beneficiaria, la indemnización por muerte y cesantías $645.130.oo pesos, mediante la Resolución No. 5610 del 22 de Septiembre de 1987. Debido a que en su criterio le asistía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, el 6 de agosto de 2012, según informa, solicitó al Ministerio de Defensa – Policía Nacional de Colombia, el acceso a esta prestación. Al efecto, alegó la aplicación retrospectiva del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, conforme con el cual el causante debía haber cotizado más de 26 semanas antes de su fallecimiento, requisito con el cual su hijo cumplió y, en adición, puso en conocimiento la necesidad de acceder al Sistema de Seguridad Social, por un lado debido a sus padecimientos y, por otro, a la necesidad de tener un ingreso mensual que le permitiera terminar su vida de manera digna, sin recurrir al auxilio inestable de terceros. Sin embargo, manifiesta, que el Ministerio de Defensa - Policía Nacional de Colombia, mediante oficio No. 5-2012-232032 Dipon-Arpre.Groin.22 del 31 de agosto de 2012, despachó desfavorablemente su solicitud. Al efecto, esta institución adujo que al fallecimiento del causante se encontraba vigente el Decreto 2063 de 1984, aplicable para los miembros de esta entidad y, conforme con esta norma, la prestación requerida únicamente se reconocía habiendo prestado 15 o más años de servicio, presupuesto con el cual no se cumplía. En todo caso, advirtió, es una institución sometida a un régimen especial excluido de la Ley 100 de 1993. Inconforme con la decisión adoptada, la accionante, a través de apoderado judicial, el 6 de diciembre de 2012, acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Demanda en la cual solicitó dejar sin efectos el acto administrativo del 31 de agosto de 2012, en su lugar: reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes, esto, con retroactividad al 1º de abril de 1994 (fecha en que entró en vigencia de 1993) y efectos fiscales desde el 8 de agosto de 2009, así como el pago de los intereses moratorios por la tardanza en el pago de las mesadas y el reajuste de la mesada pensional conforme con los Índices de Precios al Consumidor (IPC). “. Folio 132 del cuaderno principal.
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