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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00930-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00930-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-00930-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

12 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN / DOCENTE / INCLUSIÓN DE LA TOTALIDAD DE FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS

¿[I]ncurre en desconocimiento del precedente, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y a la seguridad social integral, la sentencia que en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, revocó la orden de reliquidar la pensión de jubilación de un docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se vinculó antes del 27 de junio de 2003, teniendo en cuenta todos los factores salariales que devengó esta durante el último año de servicios? (…) la Sala estima que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en desconocimiento del precedente, toda vez que, a pesar de reconocer que la jurisprudencia de Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que debían incluirse como factores salariales todas las prestaciones percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, lo cierto es que dicha autoridad se apartó de ese precedente sin advertir que la sentencia SU-395 de 2017, que citó como apoyo de su decisión, no constituye un precedente jurisprudencial para resolver el reclamo del [accionante], quien se desempeñó como docente. Así entonces, tal como se concluyó en reciente pronunciamiento de esta Sala en un caso similar a este, el que el Tribunal Administrativo de Risaralda hiciera extensivo el criterio jurisprudencial determinado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017 a la situación del [accionante], como parámetro de control de los actos administrativos que negaron la reliquidación de su pensión de jubilación, representa una vulneración a sus derechos fundamentales, en tanto desconoce las disposiciones que exceptúan a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, del Sistema Integral de Seguridad Social. Así las cosas, los razonamientos anteriores son suficientes para confirmar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social del actor, por cuanto se verifica que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en el desconocimiento del precedente señalado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00930-01(AC)

Actor: ANDRÉS GERARDO GRAJALES OYUELA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA TERCERA DE DECISIÓN

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la magistrada Paola Andrea Gartner Henao, contra la sentencia de tutela del 26 de abril de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

SÍNTESIS DEL CASO

El señor Andrés Grajales Oyuela solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, acceso a la administración de justicia y a la seguridad social integral, los que estima vulnerados con ocasión de la sentencia del 7 de febrero de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 66 001 33 33 007 2016 00139 01 promovido en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Manifiesta que la anterior providencia desconoció el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado en Sentencia de Unificación del 4 de agosto de 2010, según el cual las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 se deben liquidar con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicio.

Señala que la Ley 100 de 1993, al establecer su campo de aplicación, dispuso que el sistema general de pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, salvo los casos previstos en su artículo 279, entre los cuales incluyó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, excepción que fue recogida por el Acto Legislativo 01 de 2015.

Manifiesta que conforme lo establecido en la Ley 812 de 2003 y teniendo en cuenta que entró a laborar para el magisterio el 22 de febrero de 1994, el régimen pensional que le es aplicable es el consagrado en la Ley 91 de 1989, por ser el régimen anterior a la entrada en vigencia de aquella ley; y que de acuerdo con esta última ley, los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial según las normas vigentes.

Indica que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985, la cual fue modificada por la Ley 62 de 1985. Así mismo, señala que por disposición del artículo 3º del Decreto 2277 de 1979, los educadores que presten sus servicios en entidades oficiales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, son empleados oficiales del régimen especial.

Señala que conforme a la anterior normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado, el régimen de la pensión de jubilación aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como es el caso objeto de estudio, corresponde a aquel previsto en la Ley 33 de 1985. Sin embargo, aclara que dicha remisión es en virtud de la Ley 91 de 1989 y no de la Ley 100 de 1993, pues esta última no le es aplicable.

Menciona que el Tribunal accionado fundamentó su decisión en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y T-247 de 2016, providencias que no son aplicables al caso concreto, en la medida en que éstas fueron proferidas dentro del contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual no le es aplicable en atención a su calidad de docente.

TRÁMITE DE LA ACCIÓN

El día 5 de abril de 2018 la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la solicitud de acción de tutela presentada por el señor Andrés Gerardo Grajales Oyuela.

El 11 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la Magistrada Ponente de la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, allegó informe de contestación en el que solicita se niegue el amparo de los derechos fundamentales invocados por el accionante, al estimar que la decisión cuestionada obedeció a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como, a la interpretación que de dicha disposición realizó la Corte Constitucional en sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.

Aduce que no existe desconocimiento de precedente, puesto que ante la diversidad de criterios entre las Altas Cortes, relacionados con el ingreso base de liquidación y los factores a tener en cuenta para liquidar las pensiones de jubilación, la no aplicación de las sentencias proferidas por el órgano de cierre de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no constituye un desconocimiento del aludido precedente, sino por el contrario, privilegia la autonomía e independencia que le asiste a las autoridades judiciales.

Indica que en la providencia censurada el Tribunal concluye que la sentencia SU-395 de 2017 constituye el precedente jurisprudencial para resolver el problema jurídico de inclusión de factores en la liquidación de la pensión reconocida en favor del demandante, actuando en total apego del ordenamiento jurídico y jurisprudencial vigente, lo que permite concluir que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno.

El 13 de abril de 2018, el Municipio de Dosquebradas intervino en la presente actuación, manifestando que no fue parte demandada dentro del medio de control de nulidad y reparación directa y que la única actuación que realizó dentro del mismo fue allegar los antecedentes administrativos de la actuación objeto del proceso. Igualmente indicó el municipio es el encargado de administrar las plantas de docentes y de dirigir y planificar el servicio educativo, mas no es el responsable de los emolumentos que el actor pretende que se le reconozcan.

El 16 de abril de 2018, la Fiduprevisora S.A. en su calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG-, intervino en la presente actuación, manifestando que la acción de tutela resulta improcedente, toda vez que la argumentación del accionante es exigua en relación con la configuración de las causales genéricas y específicas, además de considerar que el mecanismo constitucional se está utilizando para invalidar actuaciones procesales realizadas dentro del ordenamiento jurídico por el juez natural. Así mismo, solicitó se desvinculara por no estar legitimada en la causa por pasiva.

El 17 de abril de 2018, el Ministerio de Educación Nacional allegó escrito en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que a su juicio no se configuran plenamente los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción.

El Juzgado Séptimo (7) Administrativo del Circuito de Pereira remitió copia escaneada del expediente 66001-33-33-007-2016-00139-01; sin embargo, guardó silencio frente a las pretensiones de la accionante.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante y dejó sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 7 de febrero de 2018 al estimar que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, teniendo en cuenta que al actor le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes que cobijan a los docentes, en especial la Ley 91 de 1989 y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que es viable que se liquide su beneficio pensional con la inclusión de todos los factores salariales que percibió durante el último año de servicio.

Señala que si bien es posible apartarse de las decisiones que adopten las Altas Cortes, de conformidad con lo expuesto en la sentencia SU-053 de 2015, atendiendo a una carga argumentativa exigente, en el presente caso ello no ocurrió, ya que las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-395 de 2017 no son aplicables al asunto sub judice.

En efecto indica que las reglas expuestas en la sentencia SU-395 de 2017, sobre factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de pensiones de jubilación no son aplicables, toda vez que la Corte en dicho pronunciamiento, primero, no hizo referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de los docentes, sino solamente a lo señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, segundo, al actor al haber sido vinculado antes de la Ley 812 de 2003, le corresponde el régimen consagrado en la Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, pero no en virtud de la transición pensional de la Ley 100 de 1993, por ser un régimen exceptuado de dicha normatividad.

Por lo que considera que si bien en la sentencia SU-395 de 2017 se intenta desligar la diversidad de criterios que existen entre las distintas Altas Cortes relacionadas con la aplicación del IBL a la luz del régimen de transición de artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que tal discusión resulta irrelevante en el presente caso como quiera que la controversia gira en torno a la situación específica de los docentes.

Respecto de la anterior providencia, el Consejero de Estado Alberto Yepes Barreiro, realizó aclaración de voto, toda vez que a su juicio no existe una posición unificada sobre los factores salariales que se deben incluir para calcular el IBL para efectos de liquidación de pensiones de vejez sometidas a la Ley 33 de 1985, en especial si deben tenerse en cuenta todos los devengados o solo los efectivamente cotizados, por lo que no se podía favorecer la interpretación que plantea el actor.

IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Risaralda a través de la Magistrada Ponente de la sentencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, manifiesta que si bien a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 –cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003- como es el caso del actor, se les aplica las normas que rigen los empleados del sector público, esto es, la Ley 33 de 1985, los cuales se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993, y que por tanto, no es en aplicación del régimen de transición de esta última ley que se aplica la Ley 33 y 62 de 1985, sino en virtud de la vinculación a la docencia con anterioridad a la Ley 812 de 2003; tales presupuestos no conducen a afirmar que los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio sean ajenos a la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia de unificación SU-395 de 2017, conforme los cuales sólo puede liquidarse las pensiones de cualquier régimen con los factores salariales que sirvieron de base a los aportes de seguridad social en pensión.

Señala que el Tribunal se sometió a la fuerza vinculante de la sentencia SU-395 de 2017 y así lo explicó en el fallo censurado, toda vez que las autoridades judiciales al emitir una decisión de su competencia no sólo deben atender el precedente judicial de su respectivo superior jerárquico sino que igualmente deben tener en cuenta de manera preferente y prevalente los pronunciamientos del máximo órgano constitucional.

Señala que en la providencia atacada se puso de presente la evolución jurisprudencial tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, del tema de inclusión de factores en la liquidación de la pensión, y se explicó por qué se debía acatar la posición establecida por el Tribunal Constitucional, por lo que se cumplió con la carga argumentativa para la aplicación de un criterio distinto del adoptado por el Consejo de Estado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el numeral segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, y en virtud del numeral 6º del artículo 13 del Acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. El actor prestó sus servicios laborales como docente vinculado a la Secretaría de Educación Municipal de Dosquebradas (Risaralda) desde el 22 de febrero de 1994.

5.2.2. La demandante devengó en el período comprendido entre el 21 de febrero de 2013 al 21 de febrero de 2014 los siguientes factores: asignación básica mensual, prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de vacaciones docentes.

5.2.3. Mediante Resolución número 1237 de 5 de agosto de 2014 el Secretario de Educación Municipal de Dosquebradas reconoció pensión de jubilación al actor, con efectos fiscales a partir del 22 de febrero de 2014, como docente de vinculación nacional. Con posterioridad, a través de las Resoluciones 169 y 502 del 17 de febrero y 20 de abril de 2016, se negó la reliquidación de la pensión de jubilación del actor.

5.2.4. El 12 de mayo de 2016 el accionante formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las mencionadas resoluciones, con el objeto de obtener su nulidad y que, como consecuencia de ello, se condenara a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reliquidar su pensión de jubilación incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, esto es, asignación básica (sueldo), las horas extras, y primas de navidad, vacaciones y alimentación.

5.2.5. El 24 de agosto de 2017 el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pereira accedió a las pretensiones de la demanda y declaró la nulidad parcial de la Resolución número 1237 del 5 de agosto de 2014 y la nulidad de las resoluciones números 169 y 502 del 17 de febrero y 20 de abril de 2016, respectivamente, y como efecto de ello, ordenó cancelar a favor del demandante las diferencias resultantes entre lo devengado por concepto de pensión de jubilación y lo ordenado en la sentencia con la inclusión de todos los factores salariales a partir del 22 de febrero de 2014, fecha en la cual adquirió el estatus de pensionado.

5.2.6. Dicha decisión fue apelada por el apoderado judicial de la parte demanda y, mediante sentencia del 7 de febrero de 2018, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda revocó el fallo impugnado, al considerar que si bien el Tribunal ha venido aplicando el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado conforme el cual los factores base de liquidación pensional enlistados en la Ley 33 de 1985 no es taxativo sino enunciativo, y por tanto, permite el cómputo de emolumentos laborales que recibe el servidor de manera habitual y periódica aunque no hubieren sido base de cotización, dicha posición se ha venido recogiendo por el Tribunal para dar aplicación inmediata al precedente establecido por la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-395 de 2017.

En efecto, indica que mediante la sentencia SU-395 de 2017 se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, sino que solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales se hubiere realizado aportes al sistema de seguridad social. Posición que tiene relación con lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005, que introdujo la regla de acuerdo con la cual “para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones”.

Manifiesta que los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 –cuando entró en vigencia la Ley 812 de 2003- como es el caso del demandante, se les aplica las normas que rigen los empleados del sector público, esto es, la Ley 33 de 1985.

Agrega que es obligatorio para las autoridades judiciales dar prioridad al precedente jurisprudencial constitucional antes que a los pronunciamientos expedidos por el órgano de cierre en lo contenciosos administrativo, ello en razón al espíritu que persigue la Constitución Política y su intérprete autorizado, que es la Corte Constitucional.

Concluye que la pensión de jubilación del actor se encuentra liquidada correctamente y en esas condiciones no se puede modificar con la inclusión de otros factores salariales, pues no está probado que frente a ellos se hubiere realizado las respectivas cotizaciones, así como tampoco, que estén enlistados en el marco de artículo 1 de la Ley 62 de 1985 modificatorio del artículo 3 de la Ley 33 de 1985.

5.3. Problema jurídico a dilucidar

Para resolver la presente acción, la Sala abordará el siguiente problema jurídico: ¿incurre en desconocimiento del precedente, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y a la seguridad social integral, la sentencia que en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, revocó la orden de reliquidar la pensión de jubilación de un docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, que se vinculó antes del 27 de junio de 2003, teniendo en cuenta todos los factores salariales que devengó esta durante el último año de servicios?

5.4. Análisis de la Sala

5.4.1. El precedente judicial

La Corte Constitucional, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.

Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados y unos mismos fundamentos en derecho. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.

Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma.

No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.

Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.

5.4.2. En el presente caso, la parte actora manifiesta que la sentencia censurada desconoció el precedente establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con la determinación del Ingreso Base de Liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes, a quienes aplica la Ley 33 de 1985. Por su parte, el Tribunal accionado, al contestar la acción constitucional así como al sustentar la impugnación, señaló que cumplió con la carga argumentativa para separarse de dicho precedente y acoger de manera preferente y prevalente el establecido por la Corte Constitucional en materia de inclusión de factores en la liquidación de la pensión de jubilación contenido en la sentencia SU-395 de 2017.

En aras de efectuar el análisis planteado por las partes y determinar si la sentencia atacada incurrió en el defecto señalado, es necesario precisar que la discusión jurídica que se planteó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado 66001-33-33-007-2016-00139-00 giraba en torno a determinar cuáles son los factores que deben ser tenidos en cuenta, en el ingreso base de liquidación, para efectos de liquidar la pensión de jubilación de aquellas personas que, por haberse desempeñado como docentes, les es aplicable la Ley 33 de 1985, por disposición de la Ley 91 de 1981.

Al respecto resulta determinante advertir que quien solicitó la reliquidación de la pensión adquirió su derecho luego de completar veinte años como docente en el Municipio de Dosquebradas. Por tal motivo, conviene realizar, en primer lugar, algunas precisiones sobre el régimen especial de pensión de los docentes oficiales y, posteriormente, analizar si a la situación pensional del actor resulta aplicable la interpretación de la Corte Constitucional sobre los factores salariales a tener en cuenta como ingreso base de liquidación, adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda como fundamento de la providencia de 7 de febrero de 2018.

5.4.3. Régimen especial de pensión de los docentes oficiales

Sea lo primero advertir que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 279 de Ley 100 de 1993, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no se encuentran cobijados por el régimen general de seguridad social que establece dicha legislación.

Visto lo anterior, la Ley 812 de 2003 en su artículo 81, dispuso que el régimen pensional aplicable a los docentes que se encontraban vinculados al sector público educativo oficial antes del 27 de junio de 2003, era el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.

En ese mismo sentido, el parágrafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005 dispone que el régimen pensional de los docentes, vinculados al sector público oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, era el establecido en las disposiciones legales vigentes hasta entonces. En efecto, la citada norma indica:

“[…] Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la Constitución Política: […]

Parágrafo transitorio 1o. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones […]".

Así las cosas, el régimen pensional de los docentes se determina en consideración a la fecha de ingreso al servicio educativo estatal y por tal motivo, para aquellos que, como el actor, se vincularon antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen corresponde al establecido en la Ley 91 de 1989, “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

Entre tanto, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 determinó como regla especial que los docentes nacionales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985. El citado artículo dispone:

“[…] Artículo 15º.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.
[…]” (Negrillas agregadas)

Sobre el régimen pensional de los docentes con vinculación nacional, la Sección Segunda de esta Corporación ha señalado que éste es el contenido en la Ley 33 de 1985. Al respecto precisó:

“[…] 2.1. El régimen jurídico de la pensión de jubilación derecho (sic) u ordinaria de los docentes oficiales
Dentro de los estatutos que se han aplicado en la materia se encuentran:

La Ley 6ª de 1945, sobre prestaciones oficiales, consagró:

“Art. 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones:
...
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo, equivalente a ...”

La Ley 6ª de 1945 es de carácter general por cuanto aplica, en principio, a los servidores públicos nacionales, que luego se extendió a los territoriales; y no es especial porque su art. 17 no consagra un régimen de esa naturaleza para determinados servidores estatales. En principio esta Ley rigió para los empleados del sector público nacional y del sector privado. En materia pensional esta Ley rigió en el ÁMBITO NACIONAL hasta la expedición del Decreto 3135 de 1968. Ahora, para los EMPLEADOS OFICIALES TERRITORIALES la citada Ley 6ª se aplicó teniendo en cuenta el art. 1° del Decreto 2267 de 1947 que hace extensivo a los empleados y obreros al servicio de departamentos y municipios las prestaciones consagradas en la referida Ley 6°.
El Decreto Ley No. 3135 de 1968, disponía:
“Art. 27 El empleado público o trabajador oficial que sirva veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 55 años si es varón, o 50 si es mujer, tendrá derecho a que por la respectiva entidad de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último año de servicio” (Derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985).

El Decreto Ley 3135 de 1968, como su reglamentario, salvo algunas normas, se expidió y aplicó para SERVIDORES DE LA RAMA EJECUTIVA NACIONAL DEL PODER PÚBLICO; el cual aumentó la edad de jubilación para los hombres, quienes se pensionarían con 55 años de edad y los mismos 20 de servicio; mientras que las mujeres continuaron adquiriendo su derecho pensional a los 50 años de edad. Aunque en algunos casos fue aplicada a SERVIDORES DE LOS ENTES TERRITORIALES, en verdad, éstos continuaron sometidos a la Ley 6ª de 1945 y normas complementarias y modificatorias. Este régimen pensional se aplicó, salvo norma legal en contrario, hasta la aparición de la Ley 33 de 1985, aunque se continuó aplicando en materia de edad pensional conforme al régimen de transición que ella consagró en este aspecto.

Se anota que La ley 33 /85 en su artículo 25 derogó en forma expresa el artículo 27 del Decreto 3135 de 1968.

[…]

La Ley 33 de 1985, que obliga desde el 13 de febrero de 1985, fecha de su promulgación, aplicable al sector público sin distinción, resulta aplicable a los empleados oficiales de todos los órdenes (incluye docentes nacionales); para la pensión ordinaria de jubilación exige que el empleado oficial haya servido 20 años continuos o discontinuos y tenga 55 años de edad. […]

En cuando a este último grupo (del art. 2-B del art. 15) se tiene que para los DOCENTES NACIONALES la Ley 91 de 1989 no varió la edad de jubilación, pues ellos continuaron adquiriendo el derecho de jubilación con 20 años de servicio y 55 de edad, en virtud de la Ley 33 de 1985, norma que mantuvo su vigencia, salvo el caso de la transición en edad pensional del parágrafo 2º de su art. 1o., ó que hubieren cumplido sus requisitos pensionales bajo el imperio de la legislación anterior; […]

“De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de origen “ordinario”, como ya se dijo.
[…]
La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115 claramente dispone: “El régimen prestacional de los educadores estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993 y en la presente Ley”. Pues bien, como ya se vio, en materia de pensión de jubilación – ordinaria o de derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen “especial”; ahora, la actual ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que intitula “Régimen Especial de los Educadores Estatales”, dado el contenido de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de 1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6ª de 1945 o el D.L. 3135 de 1968 (antecesoras de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron carácter de especiales […]”. (Negritas y subrayas agregadas por la Sala)

Así entonces, en definitiva, el régimen pensional que cobija a aquellos docentes nacionales afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio corresponde al establecido en la Ley 33 de 1985 en virtud de la Ley 91 de 1989.

Sin embargo, se resalta, este régimen resulta aplicable por expresa disposición de la Ley 91 de 1989, sin que de ninguna manera haya lugar a afirmar que la vigencia de la Ley 33 de 1985 respecto de los docentes oficiales sea consecuencia del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, como se dijo, dicha legislación excluyó de forma expresa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Ahora bien, en relación con los factores computables para determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación, el artículo 3 de la mencionada Ley 33 enlistó los factores que constituyen la base de liquidación de aportes y a continuación señaló que “[…] las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismo factores que hayan servido de base para calcular los aportes […]”.

Dicha disposición fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en un caso que comparte los mismos hechos relevantes con el que aquí nos ocupa.

En efecto, en sentencia de 6 de abril de 2017, la Subsección “B” de dicha Sección se pronunció sobre la situación pensional de un docente de vinculación nacional, al cual se le reconoció pensión de jubilación en el año 2009 y que solicitaba la reliquidación de su mesada pensional con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios. Al respecto, la providencia señaló:

“[…] En lo que corresponde a los factores que deben constituir el ingreso base de liquidación pensional, la Sala considera que son todos los que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé y que difieran de los enunciados en la norma que solo se señalaron a titulo ilustrativo.

La posición explicada es la adoptada por esta Corporación para la solución de asuntos como el presente, concluyendo:

“Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.”
[…]
A partir del análisis de las pruebas referidas, la Sala concluye que el actor para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91 de la misma anualidad, ya había ingresado a prestar sus servicios como docente nacional, lo que permite establecer que para el reconocimiento pensional la norma aplicable es la Ley 33 de 1985 con sus respectivas modificaciones.

Igualmente, que en la resolución de reconocimiento para la liquidación, sólo se tuvo en cuenta el sueldo, el sobresueldo, la jornada adicional y la prima vacacional y se aplicó el 75%, lo cual no resultaba acertado, pues conforme al referido formato, el demandante durante el último año de servicios también devengó sueldo de vacaciones y las primas de alimentación y de vacaciones, por lo que resulta propicio reliquidar la prestación como lo concluyó el a quo.

Lo anterior, obedeciendo la pauta jurisprudencial sentada por esta Corporación de atar la pensión al salario, pues es válido tener en cuenta todos los factores que lo constituyen, es decir aquellas sumas que percibe el empleado de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios independientemente de la denominación que se les dé y si no han sido objeto de descuento por aportes pensionales, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social deberá realizar las deducciones pertinentes.
[…]
De la misma manera lo reitera el parágrafo transitorio 1º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005 estableció que “(…) el régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de ésta.”

Así las cosas, el demandante tiene derecho a la reliquidación que reclamó y que le accedió el tribunal de instancia, como quiera que no se tuvieron en cuenta dentro de la base de liquidación de la prestación los factores de salario que fueron devengados durante el último año de servicio.[…]” (Negrilla fuera del texto original)

Así entonces, respecto de la situación pensional de docentes oficiales, la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación ha adoptado el criterio conforme al cual: (i) es válido tener en cuenta a efectos de determinar la cuantía de la pensión todos los factores que constituyen salario, es decir, aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé; y (ii) la omisión en la realización de descuentos para aportes a seguridad social sobre algunos factores percibidos por el beneficiario de forma habitual y periódica no impide el reconocimiento de dichos conceptos en el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional.

5.4.4. El caso concreto

En la sentencia de 7 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Risaralda determinó que la tesis aplicable es la fijada por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-395 de 2017, según la cual en la liquidación de pensiones de regímenes especiales única y exclusivamente se puede incluir los factores salariales devengados por el beneficiario sobre los cuales se efectuaron aportes al sistema de seguridad social. Así, luego de reconocer que a la actora le es aplicable lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, concluyó que había lugar a revocar la orden de reliquidar la pensión del señor Grajales Oyuela con inclusión de todos los factores salariales, toda vez que se imponía acatar la interpretación de la Corte Constitucional en la sentencia reseñada.

En concreto, en la sentencia de 7 de febrero de 2018 se hicieron las siguientes consideraciones:

“[….]
Ahora bien, a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es el caso del señor Andrés Gerardo Grajales Oyuela, se les aplica las normas vigentes para los servidores del sector público nacional y sus pensiones están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985, “Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público".
[…]
Por su parte frente a factores salariales aplicables conforme lo normado en la ley 33 de 1985 se tiene lo siguiente.

El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005, previó: "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones".

La ley 62 de 1985, dispuso:

"Artículo 1. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación para los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jomada nocturna o en día de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes."

[…]

Ahora bien, puntualizado lo anterior, la jurisprudencia del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, en asuntos como el que ahora ocupa la atención de la Sala dejó establecida la procedencia de la inclusión de los factores deprecados en la demanda, mediante sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 en el siguiente tenor literal:

“[…]
De acuerdo con el anterior marco interpretativo y en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

[…]

[R]esulta ineludible referir el precedente jurisprudencial vinculante para este Tribunal expuesto en la Sentencia de Unificación SU-395 de 2017 en la que según Comunicado No. 36 del 22 de julio de 2017 emitido por la Corte Constitucional, por una parte, se abordó nuevamente el tema del ingreso base de liquidación (IBL) y se ratificó que tal concepto no está incluido en los parámetros aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993 en virtud del régimen de transición, y, por otra parte, se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social.

[…]

La referida posición tiene relación con lo dispuesto en la reforma constitucional introducida a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 Superior y en el cual se estableció un límite en materia de inclusión de factores como ingreso base de liquidación de la mesada pensional, como quiera que la aludida norma constitucional dispuso en su artículo 1° que: "Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (...)” como igualmente lo resaltó la Corte en la sentencia de unificación 395 de 2017.

Frente a la fuerza vinculante de estas providencias, en recientes pronunciamientos el Máximo Tribunal Constitucional al revisar la constitucionalidad de unas normas que le dan alcance al precedente judicial de los órganos de cierre ordinario y de lo contencioso administrativo, concluyó que tales precedentes jurisprudenciales deben respetar la interpretación vinculante que efectúe dicha Corporación, "la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general”, en consecuencia, precisó el criterio según el cual las autoridades administrativas y judiciales al emitir una decisión de su competencia no solo deben tener en cuenta el precedente judicial de su respectivo superior jerárquico sino que de manera análoga deben tener en cuenta de manera preferente y prevalente los pronunciamientos del Máximo Órgano Constitucional que “interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. Esto, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto de constitucionalidad.

De ahí la obligación que surge para las autoridades de respetar el precedente jurisprudencial constitucional, incluso por encima de los pronunciamientos expedidos por su Órgano de Cierre, ello en razón al espíritu que persigue la Constitución Política y su interprete autorizado, en cabeza del Tribunal Constitucional.

[…]

Por los razonamientos expuestos, esta Sala de Decisión viene recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretendan la reliquidación de la pensión, en el sentido de reconocer todos los factores salariales devengados por el pensionado sin importar que sobre los mismos no se hubiere realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones tal cual lo desarrolló el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dando así, aplicación inmediata al precedente emitido por la Corte Constitucional, como interprete autorizada en este tipo de asuntos.

[…]

Bajo estos argumentos, y advirtiendo que en lo atinente a los factores salariales que deben ser tenidos en cuenta para el reconocimiento prestacional, debe atenderse aquellos que sean directamente remunerativos del servicio sobre los cuales los beneficiarios hayan realizado los correspondientes aportes o cotizaciones a las pensiones por imperativo legal, no queda más remedio para esta Colegiatura que modificar la decisión de primera instancia, puesto que el análisis elaborado por el a-quo estuvo encaminado ineludiblemente a la inclusión del 75% de todos los factores salariales devengados por el docente en el año anterior a la adquisición del status de pensionado, empero, según obra a folio 22 en el formato único para la expedición de certificado de salarios, en el recuadro de factores salariales, solamente aparecen de los enlistados en la normativa arriba transcrita la asignación básica, y en la resolución por medio de la cual le fue reconocida la pensión de jubilación obrante a folio 3 solo se le tuvieron en cuenta como factor salarial el sueldo y la prima de vacaciones. […]”. (Negritas y subrayas fuera del texto original).

A partir de lo anterior la Sala advierte que en la providencia de 7 de febrero de 2018 el Tribunal Administrativo de Risaralda utilizó dos interpretaciones que resultan incompatibles en atención a la situación particular del señor Andrés Gerardo Grajales Oyuela.

En efecto, en primer lugar reconoció que aquellos docentes que como el actor se vincularon antes del 27 de junio de 2003 se rigen por lo dispuesto en la Ley 33 de 1985. Así mismo, reconoció que sobre los factores salariales a considerar en la determinación del índice base de liquidación establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que debían incluirse como factores salariales todas las prestaciones percibidas por el trabajadores de manera habitual y periódica.

Sin embargo, el Tribunal decidió acoger la postura jurisprudencial contenida en la sentencia SU-395 de 2017, en la cual la Corte Constitucional analizó las reglas aplicables para la determinación del IBL en tratándose de beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a pesar de que en virtud del artículo 279 de la misma Ley las disposiciones allí contenidas no son aplicables a los docentes, razón por la cual, lógicamente, tampoco pueden serlo los precedentes jurisprudenciales que se produzcan partiendo de dicha legislación como fuente formal.

En consecuencia, la Sala observa que la interpretación que hace la Corte Constitucional en la sentencia SU-395-17 en relación con el ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es aplicable en casos como el presente pues, como se dijo, la situación pensional de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989 se encuentra expresamente exceptuada del régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993.

A ello se agrega que en esta sentencia de unificación se reitera la posición expresada por la Corte Constitucional en fallos anteriores sobre el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero no se fija una regla jurídica acerca del alcance del Acto Legislativo 01 de 2005, como lo entiende el Tribunal en la providencia cuestionada. En efecto, en dicha providencia se manifestó lo siguiente:

“[…] 3. Formulación del problema jurídico y esquema de resolución

3.1. A partir de todos los elementos fácticos y jurídicos reseñados en precedencia, en términos generales le compete a la Sala Plena determinar si, en la presente causa, los fallos judiciales objeto de revisión desconocen el alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y los factores constitutivos de salario que deben tomarse en consideración para calcular su monto, y si, por tanto, los mismos se inscriben en alguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra sentencias judiciales, en cuanto transgreden los derechos de los actores al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, sus derechos a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima.

Específicamente, lo que busca la Corte i) es precisar si la bonificación especial o quinquenio como factor salarial para funcionarios de la Contraloría General de la República debe computarse en su totalidad o de forma proporcional como base integrante del monto pensional, dentro de los expedientes T-3.358.903 y T-3.364.917; al paso que examinar ii) el alcance del concepto de ingreso base de liquidación y su incorporación o no dentro de los parámetros aplicables al reconocimiento de pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993 en virtud del régimen de transición, con ocasión del expediente T-3.358.979. Así mismo, también iii) corresponde establecer si el régimen de transición pensional permite la aplicación del concepto de monto pensional del régimen especial anterior con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, a propósito del expediente T-3.364.831.
[…]
8. Del régimen de transición y el concepto de monto aplicable al momento de liquidar las mesadas pensionales. […] A este respecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ofreció a los afiliados que se encontraban próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implicaban el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual estaban vinculados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones […] Esto quiere decir que la garantía del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permite que i) la edad para consolidar el derecho a la pensión de vejez, ii) el tiempo de servicio -o número de semanas cotizadas-, y iii) el monto de la misma, sean los establecidos en el régimen anterior al cual se encontraban afiliadas las personas. Para el efecto, el beneficiario debe estar afiliado al régimen anterior al momento de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones (1° de abril de 1994), y debe encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que establece cuáles son los destinatarios del régimen de transición. Esta disposición, fijó tres categorías de trabajadores cuyas expectativas legítimas serían protegidas: […] De esta manera, para hacerse acreedor al régimen de transición pensional, basta con cumplir con uno de estos requisitos, con lo cual, el beneficiario queda exento de la aplicación del régimen general previsto en la Ley 100 de 1993 en lo referente a la (i) edad, (i) el tiempo de servicios o cotizaciones, y (iii) el monto de la pensión de vejez.
[…]
8.7. Respecto de los dos primeros presupuestos no ha habido mayor dificultad en su interpretación. Sin embargo, frente al tercero de ellos, esto es, “el monto”, cabe decir que ha sido objeto de amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial. […] 8.11. Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Sentencia C-258 de 2013, este Tribunal se refirió específicamente al alcance y la interpretación del ingreso base de liquidación en relación con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En dicho fallo, la Sala Plena declaró inexequible la expresión “durante el último año” contenida en el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, y fijó una interpretación clara sobre la aplicabilidad del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en lo relacionado con el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones de aquellas personas que fueran beneficiarias del régimen de transición. […] 8.13.

En suma, en la Sentencia C-258 de 2013, este Tribunal consideró que el cálculo del ingreso base de liquidación bajo las reglas previstas en las normas especiales que anteceden al régimen de transición, constituye la concesión de una ventaja que no previó el legislador al expedir la Ley 100 de 1993, en la medida en que el beneficio otorgado consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. […] 8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo.
[…]
10.2.2. Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución en la interpretación realizada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación con los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 frente al régimen de transición aplicable a los empleados públicos y trabajadores oficiales de la rama ejecutiva del poder público. Expediente T-3.358.979.
[…]
Ahora bien, esa garantía de poder recibir un monto de pensión igual, no se traduce automáticamente en la tesis de que una ley nueva no pueda consagrar reglas diferentes en la materia, siempre y cuando los extremos de la expectativa legítima no se vean reducidos al punto de hacer nugatorio o aparente el derecho al régimen de transición. Así, para la creación, funcionamiento y sostenimiento de un nuevo sistema es necesario contar con reglas que garanticen los principios que lo sustentan, entre ellos, la sostenibilidad financiera del mismo. De manera que lo liquidado debe ser proporcional a lo cotizado. Por esta razón, se estableció en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, un ingreso base de liquidación para quienes fueren beneficiarios del régimen de transición.
[…]
A través de las Sentencias C-168 de 1995 y C-258 de 2013, a la Corte Constitucional le correspondió estudiar la constitucionalidad de los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin dejar lugar a dudas sobre el alcance del inciso tercero, en cuanto a que el mismo determina el ingreso base de liquidación aplicable a los beneficiarios del régimen de transición en los términos de los incisos primero y segundo.

[…] El Decreto 691 de 1994 incorporó al sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 a los funcionarios de la rama ejecutiva, nacional, departamental, municipal, a los servidores públicos del Congreso, a la rama judicial, Ministerio Público, Fiscalía, Contraloría, Organización Electoral. Particularmente, se indicó que para ellos la vigencia del sistema general de pensiones comenzó a regir, en el orden nacional, el 1o de abril de 1994.

Sin embargo, el decreto citado reiteró que hay un régimen de transición, que por lo tanto se torna inalterable: "Artículo 4o. Los servidores públicos que seleccionen el régimen de prima media con prestación definida, estarán sujetos al régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y demás disposiciones que lo reglamentan". […] No obstante todo lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia impugnada, interpretó dichas disposiciones de manera evidentemente contraria a como ha sido esbozado, desconociendo lo establecido expresamente por el legislador, así como lo dispuesto en la Sentencia C-168 de 1995. […]

En este orden de ideas, es posible concluir que de acuerdo con lo expresamente establecido por el legislador en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el Constituyente en el Acto Legislativo 01 de 2005, así como con los principios de eficiencia del Sistema de Seguridad Social, correspondencia entre lo cotizado y lo liquidado, y el alcance y significado del régimen de transición, la interpretación constitucionalmente admisible es aquella según la cual el monto de la pensión se refiere al porcentaje aplicable al IBL, y, por tanto, el régimen de transición no reconoce que continúan siendo aplicables ni el IBL ni los factores salariales previstos con anterioridad a la Ley 100 de 1993.” (Subrayas y negrita fuera del texto original).

Se evidencia entonces que, a pesar de que en la sentencia de 7 de febrero de 2018 se reconoció la especialidad del régimen pensional aplicable al señor Grajales Oyuela, a su situación se le hizo extensiva una tesis jurisprudencial que se sustenta en unos hechos jurídicamente relevantes disímiles, más aún cuando la sentencia invocada como precedente no trata particularmente de la situación de los docentes, y simplemente reitera el significado y el sentido que, en su parecer, tienen disposiciones de orden legal, no constitucional.

En ese orden de ideas, si a partir de los hechos probados y connotados en el proceso ordinario el Tribunal reconoció que el régimen pensional de la actora es el contenido en la Ley 33 de 1985, lógicamente debió acoger el precedente de la Sección Segunda de esta Corporación, según el cual la enunciación de los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional que se hace en el artículo 3º de Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, no es taxativa, sino simplemente enunciativa y por lo mismo hay lugar a incluir todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse. Ello teniendo en cuenta que el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo en lo Contencioso Administrativo y el juez natural para dirimir el conflicto, definiendo el significado y sentido de las normas LEGALES aplicables a la solución del mismo.

A partir de las anteriores consideraciones, la Sala estima que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en desconocimiento del precedente, toda vez que, a pesar de reconocer que la jurisprudencia de Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que debían incluirse como factores salariales todas las prestaciones percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, lo cierto es que dicha autoridad se apartó de ese precedente sin advertir que la sentencia SU-395 de 2017, que citó como apoyo de su decisión, no constituye un precedente jurisprudencial para resolver el reclamo del señor Grajales Oyuela, quien se desempeñó como docente.

Así entonces, tal como se concluyó en reciente pronunciamiento de esta Sala en un caso similar a este, el que el Tribunal Administrativo de Risaralda hiciera extensivo el criterio jurisprudencial determinado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017 a la situación del señor Grajales Oyuela, como parámetro de control de los actos administrativos que negaron la reliquidación de su pensión de jubilación, representa una vulneración a sus derechos fundamentales, en tanto desconoce las disposiciones que exceptúan a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, del Sistema Integral de Seguridad Social.

Así las cosas, los razonamientos anteriores son suficientes para confirmar el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social del actor, por cuanto se verifica que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en el desconocimiento del precedente señalado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de abril de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Folios 24 a 40.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010, radicación número: 25000-23-25-000-2006-07509-01 (0112-09), Actor: Luis Mario Velandia.
Folio 43.
Folios 56 a 61.
Folios 62 a 77.
Folios 80 a 82.
Folios 87 a 88.
Folios 93 a 102.
Folios 140 a 149.
Folios 117 a 119.
Folio 3 del proceso ordinario contentivo en CD.
Ibídem, folio 22.
Ibídem, folios 3 y 4.
Ibídem, folios 9 a 12 y 18 a 21.
Folios 15 a 23.
Folios 22 a 45.
Sentencia T-1033 de 2012.
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Tarsicio Cáceres Toro. Bogotá 23 de febrero del 2006. Expediente 2002 – 0594.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Bogotá D.C., 26 de agosto del 2010. Radicación número: 15001-23-31-000-2005-02159-01(1738-08). Actor: Hernando Buitrago Pérez. Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional. En este pronunciamiento se recoge el criterio expresado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 (Expediente No. 0112-09), con ponencia del mismo Consejero de Estado, según el cual “[…] la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios”. En esta sentencia la Sección Segunda aclaró igualmente que “[…] si el querer del legislador consiste en que las pensiones se liquiden tomando como base los factores sobre los cuales se han efectuado aportes a la seguridad social no puede concluirse que, automáticamente, los factores que no han sido objeto de las deducciones de Ley deban ser excluidos del ingreso base de liquidación pensional, pues siempre es posible ordenar el descuento que por dicho concepto haya lugar”. Por ello, concluyó que “[…] la referida omisión por parte de la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos para efectos pensionales, toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional.”
Ley 62 de 1985.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de abril de 2017, proferida en el proceso con radicado número 66001 2333 000 2014 00476 01 (0674-01) , Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Folio 30.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de mayo de 2018, C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2018-00384-00.

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