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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00999-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00999-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la soliticud de amparo constitucional presentada por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., para en su lugar, NEGAR las pretensiones de amparo de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00999-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

26 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Inexistencia / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN - No se configura / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Advierte este juez de tutela de segunda instancia que la autoridad judicial accionada no desconoció la norma alegada en el presunto yerro objeto de estudio en este acápite, por el contrario, concluyó que de acuerdo con la integración normativa y las obligaciones adquiridas por el Estado, la Corte Constitucional en el fallo de tutela del que se reprocha el presunto error judicial, dio alcance a los compromisos internacionales adquiridos por la Nación, en específico los relacionados con la Organización Internacional del Trabajo. (…) En cuanto a la violación directa de la constitución (…) advierte la Sala que contrario a lo expuesto por la accionante, la autoridad judicial demandada se pronunció respecto de los postulados legales que rigen la responsabilidad del Estado, diferente es que, dentro de la autonomía judicial que enviste la administración de justicia, haya concluido que en el caso sub examine dicha responsabilidad no se configuró, lo cual, no constituye por sí solo el desconocimiento de las garantías constitucionales de la demandante. (..) Por último, relacionado de la decisión sin motivación (…) de la lectura de la providencia enjuiciada se resalta que el ad quem del proceso ordinario y objeto de revisión constitucional expuso de forma clara y en extenso los motivos por los cuales no estaban llamadas a ser concedidas las pretensiones de la demanda de reparación directa. (…) Es preciso advertir que en los más de 50 folios en los que la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, resuelve el problema jurídico planteado, se exponen de forma amplia, clara y precisa los argumentos que motivaron y fundamentaron la parte resolutiva de la providencia cuestionada, los cuales son de conocimiento por la tutelante, motivo por el cual no tendría efecto práctico ni relevante citar cada una de las consideraciones expuestas, toda vez que, se reitera, fueron desarrolladas ampliamente en el proveído censurado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00999-01(AC)

Actor: EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra de la sentencia de 31 de mayo de 2018, mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por no superar el requisito de procedibilidad adjetiva de la acción relacionado con la relevancia constitucional.

ANTECEDENTES

Solicitud

La EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, autoridad que conoció en segunda instancia del proceso de reparación directa iniciado por la accionante contra la Nación – Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

La tutelante consideró que la autoridad accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

1.2. Hechos

Como sustento fáctico de la demanda, se señaló, en síntesis, que:

1.2.1. En el año 1992, el Sindicato de Empresas Varias de Medellín denunció la convención colectiva que regía las relaciones obrero-patronales, situación que llevó a que en el mes de enero de 1993 se iniciara la etapa de arreglo directo sin lograr un acuerdo, lo que provocó que los trabajadores se declararan en asamblea permanente.

1.2.2. Informó la empresa accionante que desde el 16 de enero de 1993, el sindicato inició un cese de actividades que incluyó la toma a un relleno sanitario así como las ocupaciones de hecho de las instalaciones de la empresa, situación que incluso llevó a que el Alcalde Municipal mediante Decreto No. 205 de 1993, declarara el estado de emergencia sanitaria en la ciudad de Medellín. Actuar que el 18 de febrero de 1993, fue declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante Resolución No. 414 de 1993.

1.2.3. Atendiendo lo anterior la parte accionante procedió al despido de 205 trabajadores, indicando que 178 ex trabajadores instauraron demandas laborales en su contra, las cuales fueron resueltas en forma desfavorable a los demandantes en primera y segunda instancia.

1.2.4. En marzo de 1999 el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que invitaba al Gobierno a adoptar una serie de recomendaciones encaminadas al reintegro de los trabajadores despedidos con ocasión de la participación de la huelga.

1.2.5. Expuso que algunos de los trabajadores despedidos en conjunto con el sindicato de la empresa instauraron acción de tutela, la cual fue desfavorable para los tutelantes tanto en primera instancia, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, como en segunda instancia ante el Consejo de Estado, al considerar que los actos de la OIT eran sólo instrumentos que señalaban pautas pero que no tenían fuerza vinculante en la legislación colombiana.

1.2.6. La Corte Constitucional conoció en sede de revisión las anteriores decisiones y en Sentencia T-568 del 10 de agosto de 1999, resolvió revocar los fallos de tutela y en su lugar amparó los derechos del Sindicato de Empresas Varias de Medellín, ordenando en consecuencia, el reintegro de 205 trabajadores despedidos con ocasión de la huelga o, la respectiva indemnización en caso de no ser posible el reintegro.

1.2.7. Atendiendo lo anterior la empresa actora presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se declarara responsable de los perjuicios materiales sufridos con ocasión del error judicial en el que incurrió la Corte Constitucional en la Sentencia T-568 de 1999, al ordenar el reintegro de los trabajadores previamente despedidos.

1.2.8. El trámite judicial correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, el cual con sentencia de 5 de diciembre de 2007, negó las pretensiones de la demanda.

1.2.9. En desacuerdo con lo decidido la accionante presentó recurso de apelación, el cual correspondió a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, autoridad que con proveído del 23 de octubre de 2017, confirmó la decisión del tribunal. Al efecto expuso:

“6. Conclusión: en la sentencia T-568 de 1999 no se advierte el error judicial que se endilga en la demanda.

6.1.- Como ya se dejó dicho, la imputación por error judicial se presenta de manera excepcional cuando el yerro cometido por los jueces es de tal magnitud, que resulta “absolutamente evidente y no se requiere realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”

Líneas atrás se mostró, que la Corte Constitucional en la sentencia T-568 de 1999 no incurrió en actuación arbitraria o caprichosa. No solo motivó debidamente su decisión, sino que las razones aducidas para el efecto concordaron con lo exigido por el ordenamiento jurídico, de donde claramente resulta factible derivar que no se presentó error judicial.

6.1.1.- En fin, lo expuesto en precedencia, no permite evidenciar ningún yerro en la sentencia proferida por la Corte Constitucional, además de que excluye la antijuridicidad del daño invocado.

Anteriormente se indicó, que la sentencia censurada por la parte actora en esta sede, se restringió a evidenciar la antijuridicidad de la actuación de Empresas Varias de Medellín y a restablecer el orden jurídico, con lo cual puede fácilmente concluirse que la víctima se encuentra obligada a soportar el daño sufrido.

6.1.2.- La Corte expuso de manera suficientemente sustentada los motivos por los cuales Empresas Varias de Medellín quebrantó los derechos fundamentales del sindicato y sus afiliados.

6.1.3.- Como consecuencia, ordenó, tanto restablecer los derechos conculcados, como reintegrar a los trabajadores e indemnizar a aquellos que no fuere posible reintegrar.

6.1.4.- Y todo ello es completamente factible a la luz del ordenamiento constitucional e internacional –artículos 53 y 93 C.P.”.

1.3. Fundamentos

En criterio de la tutelante, a través de la providencia cuestionada del 23 de octubre de 2017 proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, se vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Al respecto, manifestó que la decisión enjuiciada incurrió en violación directa de la Constitución, defecto sustantivo y decisión sin motivación.

1.3.1. Respecto de la violación directa de la Constitución manifestó que la autoridad judicial accionada en la sentencia censurada omitió hacer referencia a los postulados del artículo 90 de la Constitución Política que contiene la obligación del Estado de indemnizar todo daño antijurídico causado y establece la responsabilidad de la administración.

1.3.2. En cuanto al defecto sustantivo alegó que la decisión proferida por la Corte Constitucional se fundamentó en una recomendación proferida por la OIT, obligando a reintegrar a más de 200 trabajadores despedidos legalmente, otorgándole jerarquía a dicho pronunciamiento de norma constitucional, lo cual va en contravía de la misma jurisprudencia constitucional y a su vez desconoce los procesos ordinarios que decidieron respecto de la legalidad de los despidos.

Alegó que se desconoció el artículo 19.D de la Constitución de la OIT, el cual establece que las recomendaciones dictadas por dicha organización no tienen fuerza vinculante.

Precisó que es el Gobierno el que tiene la facultad de decidir sobre tales recomendaciones y no los jueces, en la medida en que de ellos no depende la formulación de las políticas internacionales y, en caso de que el Gobierno hubiera acogido las recomendaciones, debía dirigirse al órgano competente para adaptar tales cambios, esto es, el Congreso de la República.

1.3.3. En lo relacionado con la decisión sin motivación expuso que la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia objeto de tutela se limitó a transcribir los argumentos expuestos por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional en la sentencia de tutela que ordenó el reintegro de los trabajadores para descartar la responsabilidad del Estado.

En criterio de la tutelante la Subsección “B” de la Sección Tercera de esta Corporación no presentó argumentos que demostraran que las más de 200 sentencias judiciales fueron proferidas por fuera del ordenamiento jurídico y que por tanto Empresas Varias de Medellín estaba obligada a soportar dicho daño.

Petición de amparo

A título de amparo constitucional solicitó:

“PRIMERA. Que se declare que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en vías de hecho en el fallo de segunda instancia que profirió el 23 de octubre de 2017, dentro del expediente 25000-23-26-000-2001-01798-01 (35289), demandante Empresas Varias de Medellín, demandado Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, lo que implicó una violación directa del derecho fundamental al debido proceso de mi representada.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la anterior declaración, se deje sin efectos el fallo de segunda instancia proferido el 23 de octubre de 2017 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del expediente 25000-23-26-000-2001-01798-01 (35289), por haber incurrido esta subsección en vías de hecho:

(…)

TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, y ante las evidentes y reiteradas vías de hecho en las que incurrió la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado al emitir su fallo, como única alternativa realmente idónea para alcanzar la protección efectiva de los derechos fundamentales que se solicita tutelar y a fin de garantizar que se profiera un fallo justo, solicito que el juez profiera sentencia resolviendo en derecho la controversia planteada, de conformidad con las pretensiones presentadas por esta parte ante la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (…)”.

Trámite de la acción de tutela

Por auto de 9 de abril de 2018, la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la acción de tutela de la referencia y como consecuencia de esto, ordenó notificar como accionados a los Magistrados de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.

Así mismo, vinculó como terceros con interés en las resultas de este proceso a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” y a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Por último, en virtud de lo establecido en el artículo 610 del Código General del Proceso ordenó notificar el presente trámite a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Contestaciones

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”

Rindió informe a través del Consejero Ponente de la decisión que se cuestiona en el presente trámite. Al respecto, indicó que la acción de tutela de la referencia no supera con satisfacción el estudio del requisito de procedibilidad relacionado con la relevancia constitucional.

En cuanto al fondo del asunto expuso que los presuntos defectos endilgados a la providencia objeto de censura en sede constitucional no tienen asidero, toda vez que lo pretendido por la accionante en últimas, es reabrir el debate propio del juez natural, desnaturalizando con esto la acción constitucional.

Rama judicial

Actuando a través de apoderada judicial allegó documento en el que manifestó que en el presente caso no concurren los requisitos señalados por la Corte Constitucional para que la acción de tutela sea procedente contra la providencia judicial proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Resaltó que la petición de amparo no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales, y que lo que se advierte en este caso es la inconformidad de la parte actora en relación con las decisiones adoptadas dentro de la acción de reparación directa, situación que por sí sola no generó la trasgresión de los derechos fundamentales de la actora.

Por último, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, fundamentado en que la presunta vulneración de las garantías constitucionales de la demandante no son consecuencia de una acción u omisión atribuible a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron silencio.

1.7. Fallo impugnado

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante sentencia del 31 de mayo de 2018, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia por encontrar que la misma no superó el estudio de procedibilidad de la acción relacionado con la relevancia constitucional. Al respecto expuso:

“4.1. El requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

De esta forma, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario examinar dos elementos:

i) El primero consistente en que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello “[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”.

ii) El segundo consiste en que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

iii) Ahora bien, cuando por vía de tutela se pretende dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado que se debe analizar de manera estricta un requisito adicional: que la sentencia configure una anomalía de tal entidad que se aparezca ostensible, flagrante y manifiesta.

4.2. Dentro del contexto del medio de control de reparación directa por error judicial que fue presentado por Empresas Varias de Medellín E.S.P. con ocasión de emisión de la sentencia T-658 de 1999, se buscó la declaratoria de responsabilidad de la Rama Judicial y el consecuente pago de perjuicios, por considerar que la orden de reintegro de los trabajadores despedidos en su momento con ocasión de la declaratoria de ilegalidad de la huelga, no había sido una decisión acertada.

Fue así como el debate en sede ordinaria estuvo circunscrito al análisis de los argumentos que en su momento tuvo la Corte Constitucional para emitir la decisión, encontrando que no había un error flagrante que permitiera establecer responsabilidad por parte de la autoridad judicial.

Estos argumentos contra la decisión de la Corte Constitucional ya fueron analizados por los jueces ordinarios en las respectivas instancias y no es la acción de tutela el mecanismo para reiterar las inconformidades en relación con aspectos propios de la discusión, concretamente en lo que tiene que ver con la aplicación de las recomendaciones emitidas por la OIT y que a juicio de la corte debían ser acatadas, trayendo como consecuencia el reintegro de las personas que fueron objeto de despido masivo con ocasión de la huelga.

Volver sobre estos puntos de la discusión implicaría desnaturalizar la esencia de la acción de tutela y entrar en un debate que en su momento fue estudiado y decidido con suficientes argumentos por la Corte Constitucional y traídos a colación por el juez natural para reforzar su argumento en relación con la ausencia de responsabilidad por parte de la autoridad judicial accionada.

4.3. Tampoco puede pensarse como lo pretende hacer ver la sociedad actora, que se haya estudiado el caso fuera de contexto, es decir, que se haya omitido el deber de estudiar la cláusula de responsabilidad del artículo 90 de la Constitución Política, pues si se revisa la providencia de la Sección Tercera, Subsección “B” de esta Corporación, al momento de estudiar la imputación, no solo hizo referencia a la cláusula general de responsabilidad del Estado incluso con cita de pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con los alcances del inciso primero del citado artículo 90, sino que también, con suficiencia, se refirió a la Ley 270 de 1996 concretamente en cuanto a la configuración del error jurisdiccional.

La providencia concluye que la Corte Constitucional en la sentencia T-658 de 1999 no incurrió en una actuación arbitraria o caprichosa y que “no solo motivó debidamente su decisión, sino que las razones aducidas para el efecto concordaron con lo exigido por el ordenamiento jurídico, de donde claramente resulta factible derivar que no se presentó un error judicial” (fl. 875, expediente en préstamo).

Conclusión a la que llegó luego de un análisis ponderado y minucioso de la decisión.

4.4. Finalmente, resta por decir que no se evidencia en la decisión cuestionada que en ella exista un error ostensible que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

No existe una anomalía de tal entidad en la sentencia que implique la vulneración directa de la constitución. Lo que hay es una decisión adoptada dentro de un debido proceso que fue respetado y garantizado en todo momento, y, cuyos argumentos fueron suficientes para reconocer que no se configura un error judicial y que en consecuencia no hay lugar a la reparación pretendida por las Empresas Varias de Medellín ESP”.

Impugnación

En desacuerdo con lo decidido por la Sección Cuarta de esta Corporación, la parte actora, dentro de la oportunidad pertinente, presentó recurso de impugnación.

Al respecto, manifestó que el a quo constitucional se equivocó al considerar que la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia constitucional toda vez que en el escrito de tutela “si se demostró con suficiencia que el mismo cumplía con dicho requisito como presupuesto general de procedencia contra providencias judiciales, y por ende, el amparo constitucional debe ser concedido”.

Sobre del fondo del asunto alegó que el juez de primera instancia omitió pronunciarse respecto de los yerros en los cuales, en su sentir, incurrió la decisión objeto de análisis constitucional. Por lo demás, reiteró los argumentos que sustentan el escrito de amparo.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada por la parte accionante, según lo establecido por el Decreto No. 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1983 de 2017 y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Asunto bajo análisis

De acuerdo con los antecedentes de la acción constitucional, el fallo de tutela de primera instancia y los argumentos y consideraciones expuestos en la impugnación, corresponde a la Sala determinar si la decisión recurrida debe confirmarse, modificarse o revocarse, para lo cual se analizará si con ocasión a las decisiones arribadas en la sentencia de 23 de octubre de 2017 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, incurrió en los defectos señalados dentro del proceso de reparación directa que presentó la actora contra la Nación – Rama Judicial.

Previo a resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y de encontrarlos superados; (iii) el caso concreto.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”.

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez, cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

4. Examen de los requisitos:

4.1. Relevancia constitucional

Encuentra esta Sala que la Sección Cuarta de esta Corporación sustentó su decisión en que en el sub examine no encontró acreditado que el asunto tenga relevancia o transcendencia constitucional, requisito que por lo demás contiene una mixtura entre los presupuestos adjetivos y los sustanciales propios de una acción de tutela con la que se pretende cuestionar una providencia judicial.

Esa afirmación, se evidencia en pronunciamientos de antaño como en la Sentencia C-590 de 2005, la cual dentro de los requisitos generales de procedibilidad frente a las tutelas contra providencia judicial, enlistó los siguientes:

“a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. (…)”.

Y en esa misma sentencia, al ahondar en la relevancia constitucional frente a las tutelas contra providencia judicial, de cara al contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, indicó que las providencias judiciales también son objeto de ataque por vía de la acción de tutela, desde los siguientes derroteros: “En la citada norma superior es evidente que el constituyente no realizó distinciones entre los distintos ámbitos de la función pública, con el fin de excluir a alguno o algunos de ellos de la procedencia de ese mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Precisamente por ello en la norma superior indicada se habla de “cualquier” autoridad pública. Siendo ello así, la acción de tutela procede también contra los actos que son manifestación del ámbito de poder inherente a la función jurisdiccional y específicamente contra las decisiones judiciales, pues los jueces y tribunales, en su cotidiana tarea de aplicación del derecho a supuestos particulares, bien pueden proferir decisiones que se tornen constitucionalmente relevantes por desbordar el estricto marco de aplicación de la ley y afectar derechos fundamentales. Ese tipo de decisiones legitiman la intervención de los jueces constitucionales en tales procesos, aunque, desde luego, no para resolver el supuesto específico de aplicación de la ley que concierne al caso planteado, sino para resolver la controversia suscitada con ocasión de la vulneración o amenaza de derechos fundamentales (Destacados fuera de texto).

Todo lo anterior, lleva a la Sección Quinta a considerar que el tema de reparación directa del que se ocupó en el proceso ordinario la Sección Tercera Subsección “B” del Consejo de Estado (accionado) sí contiene en su esencia la relevancia constitucional para darse por acreditado dicho presupuesto dentro de la acción de tutela, más aún, cuando del escrito de amparo se expone como transgredido el derecho fundamental al debido proceso.

Así pues, al encontrar que el asunto bajo estudio tiene relevancia constitucional, este juez constitucional se pronunciará respecto de los demás requisitos de procedibilidad de la acción, toda vez que los mismos no fueron objeto de estudio por el a quo de tutela.

4.2. Frente al estudio del segundo de los requisitos, el de la inmediatez, advierte la Sala que la providencia de la cual la actora alegó la presunta vulneración de sus garantías constitucionales fue proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado el 23 de octubre de 2017, mientras que la petición de amparo fue presenta el 4 de abril de 2018, por lo que sin que sea necesario precisar la fecha en que cobró ejecutoría dicha providencia, se cumple con el requisito, en tanto se trata de un término razonable para acudir al juez constitucional.

4.3. No existe reparo, en el proceso de la referencia, en cuanto al juicio de procedibilidad en relación con el tercero de los requisitos, esto es, que en principio no se trate de tutela contra decisión de tutela, ya que la providencia que se ataca fue dictada dentro de proceso reparación directa iniciado por la empresa actora contra la Nación – Rama Judicial.

4.4. Respecto a la subsidiariedad, se tiene que la parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus derechos fundamentales, pues, de entrada, se advierte que los argumentos presentados por la parte actora no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión y tampoco resulta procedente el de unificación de jurisprudencia, por no invocarse como desatendidas sentencias de esa naturaleza, de conformidad con lo establecido por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011.

Es así como, al concurrir los requisitos de procedibilidad adjetiva corresponde a la Sala abordar el estudio del caso planteado.

5. Caso bajo estudio

Así las cosas, corresponde a este juez constitucional determinar si en el presente caso, la decisión judicial proferida por la Sección Tercera de esta Corporación incurrió en los yerros señalados, estos son, violación directa de la Constitución, decisión sin motivación y defecto sustantivo.

5.1. Respecto del defecto sustantivo la actora alegó que la autoridad judicial accionada desconoció las reglas fijadas por el artículo 19 literal D de la “Constitución de dicha organización (…) otorgándole fuerza vinculante a dichas disposiciones de la OIT”.

Al respecto, establece la mencionada disposición:

“OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS EN CUANTO A LAS RECOMENDACIONES
6. En el caso de una recomendación:
(…)
(d) salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los Miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, con la frecuencia que fije el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los asuntos tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación, y las modificaciones que se considere o pueda considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adoptarlas o aplicarlas.”

A este punto se hace imperioso citar el fallo censurado para realizar el estudio del presunto yerro alegado por la accionante en el escrito de tutela. Se lee de la decisión acusada:

“5.1- Análisis del error judicial que se endilga a la sentencia T-568 de 1999, a la luz de las normas constitucionales e internacionales que vinculan al Estado colombiano.

Los antecedentes relatan, que la accionante solicitó declarar responsable a la Nación-Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial – por el daño antijurídico que le causó una decisión emitida por la Sala Cuarta de Decisión de Tutelas de la Corte Constitucional, el 10 de agosto de 1999, providencia en la que, según la demandante, se configuró error judicial, dando lugar a la obligación de reparar.

En armonía con lo expuesto vale puntualizar de antemano que la Corte Constitucional analizó y confrontó en la Sala Plena la decisión de la Sala Cuarta de Decisión, encontrándola conforme con la Carta Política y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, a los que se hizo mención, los que no pueden desconocerse ni suspenderse aún en estados de excepción.

En tal sentido, el marco de referencia para el examen propuesto en la demanda, se encuentra integrado por las normas constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes en el momento en que ocurrieron los hechos, mismas a las que estaba sujeto el juez constitucional para dictar su sentencia y que permiten llegar a las siguientes conclusiones que descartan las censuras planteadas por la empresa accionante.

(…)

5.6.- La Corte Constitucional en la sentencia T-568 de 1999 no aplicó retroactivamente la recomendación de la OIT de marzo de 1999.

Bajo la protección doblemente reforzada –interna e internacionalmente– que ordena conferir el ordenamiento constitucional, la recomendación emitida por el Comité de Libertad Sindical en su informe número 309, caso 1916, de marzo de 1999 trascrita en precedencia (folios 23 y siguientes) cuyos efectos vinculantes fueron puestos en duda por la parte demandante en sede de acción de reparación directa y por los jueces de instancia en sede de tutela, obedece, como se verá en detalle más adelante, a una política constante, estrechamente relacionada con la necesidad de defender el trabajo como valor fundante, derecho y obligación, así como la libertad de asociación sindical y el derecho de huelga, superando los obstáculos que de facto o, de jure existen en el ordenamiento jurídico interno para obtener la efectiva materialización en la práctica de estos derechos.

(…)

5.6.1- De lo que se trata específicamente en la recomendación es, entre otras, de reiterar advertencias y exhortos al Gobierno nacional ya efectuados en épocas pasadas ante la reticencia por adoptar los correctivos del caso en su legislación interna.

5.6.1.1.- Una lectura atenta del informe número 309, Caso números 19 y 16, emitido por el Comité Sindical de la OIT permite confirmar que dicho organismo i) precisó que los despidos realizados con motivo de la declaración de ilegalidad de la huelga fueron antisindicales; ii) enfatizó que Colombia ratificó el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación número 87 (de 1948) y el número 98 (de 1949) sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; iii) expuso que el despido masivo de trabajadores afectó a más de 209 trabajadores “incluidos todos los miembros de la junta directiva del sindicato, los integrantes de la comisión de reclamos, los integrantes de la comisión negociadora e integrantes de las tres juntas directivas anteriores, así como numerosos afiliados al sindicato”; iv) indicó que los despidos sobre la base de la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que decretó la ilegalidad de la huelga y con base en los artículos 430 párrafo primero incisos e) y f) y 450 inciso a) del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíben la huelga en los servicios públicos fueron contrarios a las exigencias derivadas de los Convenios de la OIT suscritos y aprobados por Colombia; v) trajo a colación que, como lo informó la entidad querellante, el sindicato y los trabajadores perjudicados interpusieron ante la jurisdicción ordinaria recursos administrativos y judiciales que concluyeron admitiendo la conformidad de los despidos con normas de derecho interno; vi) puso de presente que el Gobierno colombiano, en una comunicación de 1997, se refirió a la violación por parte de las Empresas Varias de Medellín de ciertas disposiciones de la convención colectiva y a una investigación administrativa solicitada por el sindicato en enero de 1993 y aportó detalles sobre el curso dado a las denuncias en las diferentes instancias administrativas y judiciales; vii) indicó que como la información ofrecida por el Gobierno colombiano no trataba de los hechos relacionados con la queja, sino aludía a circunstancias anteriores, solicitó informaciones precisas al Gobierno.

(…)

5.6.1.3.- Con base en lo anterior, el Comité comprometió al Gobierno colombiano para que se tomaran las medidas indispensables a fin de reintegrar en sus puestos de trabajo “a los dirigentes sindicales, sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado en una huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales de Medellín y si ello no es posible, que se les indemnice de manera completa”. Le solicitó, igualmente, que se encargara de que en el futuro la calificación del cese de actividades fuera realizada por un organismo independiente y lo compelió a modificar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, específicamente, las disposiciones contempladas por los artículos 430 y 450.

5.6.2.- Cabe recordar, en este lugar, cómo, antes de la vigencia de la Constitución de 1991, ya Colombia había ingresado, al igual que lo hicieron otros países, al sistema internacional de protección del trabajo, de la libertad de asociación sindical y del derecho de huelga. Sobre este extremo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-562 de 1992 –se destaca–:

“[l]a Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado de carácter internacional que nació dentro del marco de la Sociedad de las Naciones con la suscripción el 28 de junio de 1919 del Tratado de Paz de Versalles, en cuyo aparte No. XIII se insertó un título que trata sobre la Organización del Trabajo, artículos 328 a 427. // Con fundamento en que ‘la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social’ y considerando que ‘existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un gran número de seres humanos; que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales’ y considerando ‘que es urgente mejorar dichas condiciones’, las partes contratantes convinieron en constituir este Órgano Internacional del Trabajo, con los fines y objetivos señalados en el preámbulo de su Constitución y posteriormente redefinidos y ampliados en la declaración de Filadelfia, adoptada por la Conferencia el 10 de mayo de 1944, e incorporada formalmente, dos años después, a la Constitución de la O.I.T., reemplazando el artículo 41 (antiguo artículo 427 del tratado de Versalles) referente a los principios generales de la Organización.
En el año de 1946 se suscribió un Acuerdo entre las Naciones Unidas y la O.I.T., en el cual las Naciones Unidas reconocen a la Organización Internacional del Trabajo ‘como un organismo especializado competente para emprender la acción que considere apropiada, de conformidad con su instrumento constitutivo básico, para el cumplimiento de los propósitos expuestos en él’; este Acuerdo prevé también la cooperación de las dos organizaciones y muchas otras disposiciones en relación con las tareas conjuntas que pueden desarrollar.
La casi totalidad de los Estados del mundo forman hoy día parte de la Organización Internacional del Trabajo, dentro de los cuales se encuentra Colombia”.
5.6.3.- En conclusión, desde la perspectiva presentada en líneas anteriores, tener en cuenta la recomendación emitida por el Comité de Libertad Sindical en su informe número 309, caso 1916 de marzo de 1999 para decidir sobre un asunto en el que se encuentra severamente comprometida la protección de las garantías laborales previstas por la Constitución, es una obligación derivada de la propia Constitución y, en manera alguna, supone una aplicación retroactiva del derecho, pues el amparo doblemente reforzado –en el plano nacional e internacional– que ordena la Carta Política conferir al trabajo, a la libertad de asociación sindical y al derecho de huelga existe, como se indicó, desde antes de 1991. De suerte que tampoco en relación con este aspecto cabe vislumbrar que la sentencia T-568 haya incurrido en error judicial.

Adviértase que las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical, en tanto intérprete legítimo de la Constitución de la OIT, vinculan a los países miembros, los que no tienen alternativa distinta que acatarlas y les está vedado excusarse en normas de orden interno para justificar su incumplimiento.

Adicionalmente, la nueva Constitución renovó y profundizó la necesidad de honrar los compromisos adquiridos en el ámbito internacional de los derechos humanos, hasta el punto de establecer por la vía de lo dispuesto en los artículos 53 y 93 C.P. un canal para permitir que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos puedan activarse en el instante en que de iure o de facto surgen prácticas estatales encaminadas a obstaculizar la efectiva materialización de los derechos que los pactos ordenan proteger. (…)”.

Atendiendo lo expuesto, advierte este juez de tutela de segunda instancia que la autoridad judicial accionada no desconoció la norma alegada en el presunto yerro objeto de estudio en este acápite, por el contrario, concluyó que de acuerdo con la integración normativa y las obligaciones adquiridas por el Estado, la Corte Constitucional en el fallo de tutela del que se reprocha el presunto error judicial, dio alcance a los compromisos internacionales adquiridos por la Nación, en específico los relacionados con la Organización Internacional del Trabajo.

En conclusión, para esta Sala es claro que lo que la actora pretende en sede constitucional, es revivir el debate resuelto por el juez natural, como si se tratara de una tercera instancia, desconociendo que el juez de tutela debe respetar la autonomía del primero, sin imponer su criterio, salvo que encuentre configurado un defecto que lo obligue a intervenir, situación que no se advierte en el caso concreto.

5.2. En cuanto a la violación directa de la constitución expuso la accionante que la Sala contenciosa demandada desconoció los postulados fijados por el artículo 90 de la Constitución Política respecto de la responsabilidad del Estado.

Al respecto, advierte este juez constitucional que contrario a lo manifestado por la accionante, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, refirió en extenso a la cláusula general de responsabilidad del Estado, incluso con cita de pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación con los alcances del inciso primero del citado artículo 90, como también, con suficiencia, se pronunció respecto de la Ley 270 de 1996, concretamente en cuanto a la configuración del error jurisdiccional. Al respecto se resalta de la providencia censurada:

“Para resolver si la Nación-Rama Judicial es responsable por los perjuicios causados a la empresa demandante, en razón de la sentencia T-568 de 1999, proferida por la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, es del caso analizar la responsabilidad estatal, al amparo del artículo 90 de la Carta, pues lo que en realidad interesa para definir la responsabilidad, tiene que ver con la antijuridicidad del daño y la atribución del mismo a la acción u omisión de un agente estatal.

Lo anterior, sin perjuicio de que el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 prevé tres frentes o títulos generadores de responsabilidad, a saber:

• Error jurisdiccional
• Privación injusta de la libertad
• Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
(…)

Es de anotar que, pese a la declaratoria de constitucionalidad condicionada del artículo 66 de la Ley 270 de 1996, bajo el entendido que el Estado no compromete su responsabilidad en razón de decisiones, actuaciones u omisiones de las altas corporaciones judiciales, la Corte Constitucional ha puntualizado que la responsabilidad del Estado por el hecho del juez no compromete sino que afianza la independencia judicial y la seguridad jurídica, en cuanto aquella no puede ser entendida sino en el marco de la norma constitucional que la consagra, esto es sujeta al imperio del derecho.

Sostuvo la Corte: (…)

La exequibilidad condicionada de la Corte Constitucional debe entenderse, entonces, desde la misma perspectiva que ha manejado esa Corporación respecto de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales cuando la autoridad pública investida de la potestad de administrar justicia ha incurrido en vía de hecho; es decir, que sólo excepcionalmente será admisible la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del error judicial cometido por las altas corporaciones de justicia y demás tribunales y juzgados en los eventos en que éste sea absolutamente evidente y no se requiera realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado.

Se sabe y lo ha reiterado la jurisprudencia de esta corporación, que la imputación por error judicial se presenta de manera excepcional cuando el yerro cometido por los jueces es de tal magnitud, que resulta “absolutamente evidente y no se requiere realizar ninguna labor hermenéutica para hallarlo configurado”. Por tanto, una decisión judicial incurre en error cuando obedece a una actuación arbitraria o caprichosa sea porque adolece de motivación o porque las razones aducidas para sustentarla no concuerdan con lo exigido por el ordenamiento jurídico (…)”.

Así pues, de la lectura de los apartes transcritos advierte la Sala que contrario a lo expuesto por la accionante, la autoridad judicial demandada se pronunció respecto de los postulados legales que rigen la responsabilidad del Estado, diferente es que, dentro de la autonomía judicial que enviste la administración de justicia, haya concluido que en el caso sub examine dicha responsabilidad no se configuró, lo cual, no constituye por sí solo el desconocimiento de las garantías constitucionales de la demandante.

Con fundamento en lo anterior, el presunto yerro estudiado en el presente acápite no está llamado a prosperar.

5.3. Por último, relacionado de la decisión sin motivación, alegó la accionante que la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia objeto de tutela se limitó a transcribir los argumentos expuestos por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional en el fallo de tutela, sin que en su criterio, expusiera razones de fondo para decidir el objeto del litigio.

Al respecto, advierte la Sala que los argumentos expuestos por la accionante no están llamados a prosperar toda vez que, .

Lo anterior permite concluir a la Sala que, contrario a lo expuesto en el escrito de tutela, la sentencia que definió el proceso de reparación directa iniciado por Empresas Varias de Medellín E.S.P contra la Nación - Rama Judicial desarrolló (en extenso) los motivos de su decisión.

Así las cosas, la Sala indica que no se presenta alguno de los requisitos de procedibilidad sustantiva que deben concurrir para conceder el amparo constitucional, toda vez que la providencia enjuiciada se encuentra enmarcada en el principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, conforme a los cuales, la función judicial goza de independencia, entendida como la ausencia de presiones ejercidas sobre los funcionarios jurisdiccionales por otros órganos de poder e independencia, que se predica respecto de los superiores funcionales dentro de la rama judicial, en los términos de la Constitución y la ley.

En consecuencia, se revocará la sentencia de 31 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la soliticud de amparo constitucional para, en su lugar, negar las pretensiones del escrito de tutela, de acuerdo con las consideraciones y argumentos expuestos en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 31 de mayo de 2018 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta que declaró improcedente la soliticud de amparo constitucional presentada por EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN E.S.P., para en su lugar, NEGAR las pretensiones de amparo de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

La cual correspondió al radicado Nª: 25000-23-26-000-2001-01798-01 (35289)
Folio 66.
Folios 253 y siguientes
Folios 272 a 277.
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
"Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado".
Sala Plena del Consejo de Estado. Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C. P.: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ídem.
Entre otras en las T-949 del 16 de octubre de 2003, T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Sentencia T-173 de 1993.
Folio 1

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