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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01013-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
17 de mayo de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01013-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Denegar las pretensiones de la tutela pedida por la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo y devolver el expediente allegado en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01013-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

17 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura / DEBIDA APLICACIÓN NORMATIVA / TÉRMINO PARA CONTESTAR DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR

El artículo 22 de la Ley 472 de 1998, por su parte, indica que en el auto admisorio de las demandas de acción popular y de grupo debe correrse traslado por 10 días, con el fin de que los demandados contesten la demanda. Es decir, bien puede interpretarse que, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, los demandados cuentan con 10 días para contestar la demanda. (…) [P]uede interpretarse de manera aceptable que no es necesario acudir a los términos previstos en el CPACA para contestar la demanda, puesto que es cierto que el artículo 22 de la Ley 472 de 1998 es norma especial y señala el término para contestar las demandas de acciones populares y de grupo (10 días). La Sala resalta que el juez de tutela no puede interferir en el ámbito interpretativo propio de jueces, so pena de vulnerar los principios de autonomía de las autoridades judiciales y de subsidiariedad de la acción de tutela. La intervención de juez de tutela solo es procedente cuando la interpretación es arbitraria, contraevidente o caprichosa, cosa que, como se vio, no ocurrió en el sub lite. Siendo así, queda desestimado el defecto sustantivo.

FUENTE FORMAL: LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 22

SISTEMA DE CONSULTA DE PROCESOS JUDICIALES / SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL SIGLO XXI / ACTUACIONES JUDICIALES / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / TÉRMINO PARA CONTESTAR DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR / CONFIANZA LEGÍTIMA - Elemento temporal / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA

[D]e acuerdo con el criterio fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el sistema de registro de actuaciones judiciales no suple los medios de notificación previstos en la ley para asegurar el conocimiento de decisiones judiciales. Es decir, que ese sistema fue creado como un mecanismo orientado a proveer mejores herramientas para que las partes de los procesos judiciales y la comunidad en general conozcan las actuaciones de las autoridades judiciales, pero no sustituye los mecanismos de notificación legal ni releva a las partes del deber de consultar el expediente en las secretarías de los despachos judiciales. (…) A juicio de la Sala, no fue vulnerado el principio de confianza legítima, toda vez que el tribunal aclaró oportunamente como debía contabilizarse el término para contestar la demanda de acción popular. En efecto, en anotación del 25 de agosto de 2016, la Secretaría del tribunal indicó que los demandados contaban con 35 días para contestar la demanda, pero, mediante auto del día siguiente, el tribunal aclaró que el término era de 10 días. (…) La anotación de la secretaría no generó una expectativa cierta sobre el término para contestar la demanda, toda vez que, de manera casi inmediata, esa anotación fue modificada por orden del tribunal demandado. (…) La Sala advierte que el elemento temporal es necesario para efecto de la configuración de la confianza legítima, pues lo cierto es que esa confianza se genera únicamente frente a situaciones que se mantienen durante cierto periodo. Esto es así, porque el principio de la confianza legítima protege a los administrados frente a actos arbitrarios, repentinos o improvisados que pudiere realizar el Estado. (…) De hecho, la Sala no advierte vulneración de la garantía de defensa, toda vez que, como se vio, el tribunal demandado aclaró rápidamente cuál era el término para contestar la demanda y de este modo garantizó que la sociedad actora pudiera tomar las medidas necesarias para presentar esa contestación en término.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01013-00(AC)

Actor: ALIADAS PARA EL PROGRESO S.A.S.

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN PRIMERA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues, a su juicio, vulneró el derecho fundamental al debido proceso.

ANTECEDENTES

Pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, mediante apoderada judicial, la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. solicitó la protección del derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, pidió que se ordenara «a la entidad accionada TENER POR CONTESTADA LA DEMANDA por parte de ALIADAS PARA EL PROGRESO, pues la misma contestó la demanda en término de acuerdo con lo indicado por la Secretaría del despacho y en concordancia con el artículo 612 del C.G.P.».

Hechos

Del expediente, la Sala destaca la siguiente información:

2.1. Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza interpusieron acción popular contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANLA), la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. y el señor Carlos Alberto Solarte Solarte, por estimar vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y a la libre competencia económica.

2.2. Mediante auto del 12 de julio de 2016, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción popular y, entre otras cosas, ordenó lo siguiente: «NOTIFÍQUESE personalmente al Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, al representante legal de la sociedad ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS y el señor CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, o a las personas en quienes se haya delegado dicha función, haciéndoles entrega de la copia de la demanda y de sus anexos, e informándoles que el término de traslado para que contesten la demanda es de diez (10) días, y que con la contestación podrán solicitar la práctica de pruebas».

2.3. El 25 de agosto de 2016, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó la siguiente anotación en el sistema de consulta de procesos: «EN LA CONSTANCIA SECRETARIAL DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (FL. 176) SE DIJO QUE EL TÉRMINO PARA CONTESTAR SE REANUDARÍA A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2016. SIN EMBARGO POR SOLICITUD PRESENTADA POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA VISIBLE A FOLIOS 142 Y 143 DEL EXPEDIENTE, DE NOTIFICAR AL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Y COMO QUIERA QUE EL ARTÍCULO 199 DEL C.P.A.C.A., MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 612 DEL C.G.P. SEÑALA QUE LOS TÉRMINOS EMPEZARÁN A CORRER A PARTIR DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN, EN ESTE CASO LOS 25 DE QUE TRATA EL MENCIONADO ARTÍCULO EMPIEZAN A CORRER EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCEN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EN CUANTO AL TÉRMINO DE TRASLADO POR DIEZ DÍAS DE QUE TRATA LA LEY 472 DE 1998, EMPEZARÁN A CORRER EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y VENCEN EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016. BOGOTÁ D.C., VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015)».

2.4. Por auto del 26 de agosto de 2016, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría de ese tribunal que corrigiera la anotación del 25 de agosto de 2016, en la que se daba cuenta de 35 días para contestar la demanda y no de los 10 días ordenados en el auto del 12 de julio de 2016.

2.5. El 29 de agosto de 2016, la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo las siguientes anotaciones en el sistema de consulta de procesos:

016CONSTANCIA SECRETARIALCONTINUACIÓN CONSTANCIA ANTERIOR.... EN CONSECUENCIA, EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE QUE DISPONEN LAS PARTES PARA CONTESTAR SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998, EMPEZÓ A CORRER EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016 -DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EJECUTORIA DEL AUTO QUE DECIDIÓ NO REPONER EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA- Y VENCE EL 30 DE AGOSTO DE 2016. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO SE REALIZÓ A TODAS LAS PARTES EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016, SALVO AL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, QUE FUE NOTIFICADO EL 25 DE AGOSTO DE 2016. ASÍ LAS COSAS, EN CUANTO AL TÉRMINO DE QUE DISPONE PARA CONTESTAR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, SE TIENE QUE INICIÓ EL 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCE EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016, COMO QUIERA QUE FUE NOTIFICADO HASTA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016. 29 Aug 201629 Aug 2016CONSTANCIA SECRETARIALEN LA CONSTANCIA ANTERIOR -DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016-, SE REALIZÓ EL CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE 25 DÍAS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 199 DEL CPACA, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 612 DEL C.G.P., PARA QUE SE ENTIENDA SURTIDA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE TRASLADO PARA CONTESTAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998, POR LO QUE SE INDICÓ QUE LOS 25 DÍAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 199 INICIABAN EL 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCÍAN EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE TRASLADO PARA CONTESTAR DE LA CITADA LEY 472 DE 1998, INICIABAN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y VENCÍAN 13 DE OCTUBRE DE 2016. SIN EMBARGO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR EL DESPACHO EN PROVIDENCIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, SE CORRIGE LA CONSTANCIA ANTERIOR EN EL SENTIDO EN QUE SOLO SE CONTABILIZARÁ PARA LAS PARTES EL TÉRMINO DE 10 DÍAS PARA CONTESTAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998. 29 Aug 2016
2.6. La sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. interpuso recurso de reposición contra el auto del 26 de agosto de 2016, pues, a su juicio, el término para responder la demanda era de 35 días, de conformidad con los artículos 612 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 472 de 1998.

2.7. El 13 de septiembre de 2016, la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. respondió la demanda de acción popular.

2.8. Por auto del 20 de enero de 2017, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso de reposición formulado contra la providencia del 26 de agosto de 2016.

2.9. Mediante providencia del 25 de septiembre de 2017, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo por no contestada la demanda de acción popular, por extemporaneidad en la respuesta.

2.10. La sociedad actora interpuso recurso de reposición contra la providencia del 25 de septiembre de 2017.

2.11. Por auto del 30 de octubre de 2017, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer la providencia del 25 de septiembre de 2017.

2.12. El 17 de noviembre de 2017, la sociedad demandante solicitó la nulidad de lo actuado en el proceso de acción popular, pues, a su juicio, el auto admisorio fue indebidamente notificado.

2.13. En providencia del 14 de marzo de 2018, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la nulidad solicitada por la sociedad demandante.

Argumentos de la tutela

La sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. alegó que la autoridad judicial demandada vulneró el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que incurrió en defecto sustantivo, por indebida interpretación de los artículos 612 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 472 de 1998.

Aseguró que la anotación de la Secretaría del tribunal en el sistema de consulta de procesos generó confianza legítima en que la demanda debía ser contestada en el término de 35 días.

Manifestó que debía tenerse en cuenta el término previsto en el artículo 612 del Código General del Proceso, toda vez que en el proceso de acción popular fue demandada una entidad pública, esto es, la ANE. Que «es claro que el término de contestación de la acción popular es de diez (10) días de acuerdo al artículo 22 de la Ley 472 de 1998, pero también es claro que la Ley otorga un término común de veinticinco (25) días que establece el artículo 612 del C.G.P.».

Alegó que el término de 10 días solo empieza a correr después del vencimiento de los 25 días previstos en el artículo 612 del Código General del Proceso.

Manifestó que el artículo 612 del Código General del Proceso debió ser aplicado en dos aspectos puntuales: la forma de notificación y el término por el que debe quedar la demanda y los anexos a disposición de los demandados (25 días).

Aseguró que el Tribunal Administrativo del Casanare ha avalado esta interpretación, esto es, que el término para responder la demanda de acción popular (10 días) solo empieza a correr cuando haya vencido el término previsto en el artículo 612 del Código General del Proceso (25 días).

Intervenciones

Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El tribunal se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela. En ese sentido, hizo un recuento detallado del proceso de acción popular y explicó lo siguiente:

Que la tutela carece de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no demostró la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Que el término para contentar las demandas de acción popular es de 10 días, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 472 de 1998. Que esa norma es especial y, por ende, prima sobre lo previsto en el artículo 612 del Código General del Proceso.

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

La apoderada de la ANI manifestó que esa entidad carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que no tuvo injerencia en la decisión de tener por contestada la demanda de acción popular.

Manifestó que, en todo caso, el artículo 612 del Código General del Proceso sí es aplicable al proceso de acción popular, en atención a la remisión que la Ley 472 de 1998 hace a la Ley 1437 de 2011. Que, por ende, el término de 10 días para contestar la demanda solo podía transcurrir una vez vencido el término de 25 días, previsto en el aludido artículo 612.

Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza

El apoderado de las actoras del proceso de acción popular se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela.

Dijo que el artículo 612 del Código General del Proceso únicamente es aplicable en cuanto al procedimiento de notificación y no con respecto al término para contestar la demanda, pues en ese aspecto el artículo 22 de la Ley 472 de 1998 contiene norma especial.

Puso de presente que el comunicado enviado por correo electrónico a las partes del proceso de acción popular da cuenta de los 10 días para contestar la demanda.

Explicó que la doctrina ha señalado que en los procesos de acción popular la demanda debe ser contestada en los 10 días siguientes a la notificación del auto admisorio, pues sería desproporcionado y contrario a la celeridad procesal añadir los 25 días previstos en el artículo 612 del Código General del Proceso.

Alegó que la sociedad demandante no está cobijada por el principio de confianza legítima, puesto que esa protección no puede derivarse de un error de interpretación normativa. Que, además, la actora pretende desconocer el contenido del auto admisorio de la demanda de acción popular, que otorgó 10 días para contestar esa demanda. Que la confianza legítima no puede predicarse a partir de una anotación que contradice lo indicado por el propio tribunal demandado.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico

Verificado el cumplimiento de los requisitos generales, la Sala pasa a estudiar los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias judiciales.

En cuanto al fondo del asunto, la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S. cuestiona la decisión de tener por no contestada la demanda de acción popular promovida por Nelly Beatriz Daza de Solarte y María Victoria Solarte Daza.

La parte actora alegó que el tribunal demandado incurrió en defecto sustantivo, por indebida interpretación de los artículos 612 del Código General del Proceso y 22 de la Ley 472 de 1998. A su juicio, el término para contestar la demanda es de 35 días, que corresponden a los 25 días previstos en los artículos 612 y a los 10 días de que trata el artículo 22. Dijo que, durante el término de 25 días, la demanda y los anexos deben estar a disposición de los demandados y que, solo una solo una vez transcurrido ese término, empieza a contar el traslado de 10 días para contestar la demanda.

Además, la sociedad demandante aseguró que la autoridad judicial demandada desconoció el principio de confianza legítima, pues, de conformidad con la información inicialmente registrada en el sistema de consulta de procesos, contaba con 35 días para contestar la demanda de acción popular.

Entonces, corresponde a la Sala establecer si la decisión de tener por no contestada la demanda de acción popular configura defecto sustantivo, por desconocimiento del artículo 612 del Código General del Proceso, o conlleva el desconocimiento del principio de confianza legítima.

3. Solución del problema jurídico planteado

3.1. Del defecto sustantivo

Para determinar si se configuró el defecto sustantivo, deben ponerse de presente las razones por las que la autoridad judicial demandada concluyó que la sociedad actora no respondió oportunamente la demanda de acción popular. Veamos.

En auto del 25 de septiembre de 2017, que tuvo por extemporánea la respuesta a la demanda, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo lo siguiente: «se indica que se acude a la ley 1437 de 2011 para usar la FORMA en que se debe notificar porque la ley 472 de 1998 no desarrolla el tema, pero el TÉRMINO para contestar la demanda sí lo contempla la ley 472 de 1998, y son 10 días como se ha dicho a lo largo del proceso, por lo que no es de recibo una interpretación diferente».

En la providencia del 30 de octubre de 2017, que resolvió el recurso de reposición formulado por la actora contra el auto del 25 de septiembre de 2017, la autoridad judicial demandada advirtió lo siguiente: «Entendiendo que la ley expuesta previamente [Ley 472 de 1998] es la norma especial que abarca las acciones constitucionales, entre las que encontramos las acciones de grupo y LAS ACCIONES POPULARES, no concuerda este despacho con el apoderado de ALIADAS PARA EL PROGRESO como parte demandada, pues la ley ESPECIAL es clara, existiendo además un auto que corrige y aclara el término de la contestación, donde se le otorgó tiempo suficiente para contestar la demanda, término que bajo la normatividad especial es de 10 días, si bien incurrió en un error la secretaría de la sección primera de esta corporación, pero igualmente este error fue corregido, tiempo en el cual la parte demandada ANI interpuso contestación, razón por la cual ALIADAS PARA EL PROGRESO tuvo tiempo suficiente para interponer la contestación. Actuación que no sucedió».

En el mismo sentido, en auto del 14 de marzo de 2018, al resolver el incidente de nulidad promovido por la sociedad actora, el tribunal demandado indicó lo siguiente:

El despacho insiste en que el término para contestar la demanda en acciones populares es de 10 días, por lo que una vez más, no le asiste razón al apoderado de la sociedad ALIADAS PARA EL PROGRESO SAS.

Pues se repite, en el proceso de la referencia se acude a la ley 1437 de 2011 para usar la FORMA en que se debe notificar porque la ley 472 de 1998 no desarrolla el tema, pero el TÉRMINO para contestar la demanda sí lo contempla la ley 472 de 1998, y son 10 días como se ha dicho a lo largo del proceso, por lo que no es recibido una interpretación diferente.

Como se ve, el tribunal demandado consideró que la remisión al artículo 612 del Código General del Proceso es válida únicamente en cuanto a la forma de notificación, puesto que el término para contestar las demandas de acciones populares está regulado de manera especial en el artículo 22 de la Ley 472 de 1998.

A juicio de la Sala, esta interpretación no configura un defecto sustantivo, pues, según pasa a exponerse es razonable.

El artículo 44 de la Ley 472 de 1998 señala que en los aspectos no regulados de manera especial por esa ley deben aplicarse las disposiciones del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso) y del Código Contencioso Administrativo (hoy Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), de acuerdo a la jurisdicción que corresponda y siempre que no se contravenga la naturaleza y a la finalidad de las acciones populares y de grupo.

El artículo 22 de la Ley 472 de 1998, por su parte, indica que en el auto admisorio de las demandas de acción popular y de grupo debe correrse traslado por 10 días, con el fin de que los demandados contesten la demanda. Es decir, bien puede interpretarse que, a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, los demandados cuentan con 10 días para contestar la demanda.

De las normas en cuestión también puede interpretarse de manera aceptable que no es necesario acudir a los términos previstos en el CPACA para contestar la demanda, puesto que es cierto que el artículo 22 de la Ley 472 de 1998 es norma especial y señala el término para contestar las demandas de acciones populares y de grupo (10 días).

La Sala resalta que el juez de tutela no puede interferir en el ámbito interpretativo propio de jueces, so pena de vulnerar los principios de autonomía de las autoridades judiciales y de subsidiariedad de la acción de tutela. La intervención de juez de tutela solo es procedente cuando la interpretación es arbitraria, contraevidente o caprichosa, cosa que, como se vio, no ocurrió en el sub lite.

Siendo así, queda desestimado el defecto sustantivo.

3.2. Del supuesto desconocimiento del principio de confianza legítima

3.2.1. Del sistema de consulta de procesos judiciales

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 95 de la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura profirió el Acuerdo No. 1591 del 24 de octubre de 2002, que adoptó el sistema de gestión judicial como medio de información para facilitar la consulta electrónica de los procesos judiciales. El artículo 5° de ese acuerdo estableció que, una vez instalado el sistema, "su utilización será obligatoria para los servidores judiciales, so pena de las sanciones disciplinarias y a administrativas a que haya lugar".

Mediante el Acuerdo No. 3334 del 2 de marzo de 2006, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura definió los conceptos generales para el desarrollo de los actos de comunicación procesal a través de mensajes de datos y métodos de firma electrónica. En el artículo 4° se estableció lo siguiente: (i) que los despachos judiciales que cuenten con los medios técnicos necesarios pueden publicar, en el sitio web de la Rama Judicial, las notificaciones fijadas en el despacho, pero sin desconocer que dicha publicación no exonera de la obligación de efectuar la notificación que legalmente corresponde y (ii) que el uso de mensajes de datos y métodos de firma electrónica es opcional para los usuarios de la administración de justicia.

Sobre el sistema de gestión judicial, en la sentencia T-686 de 2007, la Corte Constitucional dijo lo siguiente:

Es necesario llamar la atención sobre la diferencia que se establece en esta sentencia entre las dos manifestaciones del principio de publicidad: la primera, que se asegura el conocimiento de las decisiones judiciales por las partes interesadas a través de los mecanismos de notificación; la segunda, que tutela el derecho de los ciudadanos a conocer las actuaciones de las autoridades públicas, como una garantía de transparencia en la actuación de los poderes públicos y un mecanismo que facilita su control por parte de la comunidad. Los mensajes de datos que se transmiten a través de las pantallas de los computadores de los despachos judiciales son, ante todo, instrumentos para hacer efectiva esta segunda manifestación del principio de publicidad. Constituyen mecanismos orientados a proveer más y mejores herramientas para que, tanto las partes dentro de los procesos, como la comunidad en general puedan conocer y controlar la actuación de las autoridades judiciales. No son, en cambio, en su desarrollo actual, instrumentos destinados a suplir los mecanismos de notificación previstos en la ley para asegurar el conocimiento de decisiones judiciales por parte de los interesados, a fin de que puedan ejercer frente a ellas su derecho de defensa. Naturalmente, las partes dentro de un proceso pueden –en igualdad de condiciones, dado que todas ellas tienen acceso a estos sistemas- valerse de ellos para seguir el curso de los procesos, pero sin que ello reemplace los actos de notificación de las providencias, dotados de mayores exigencias en atención a la finalidad que cumplen.

24. Del examen anterior puede concluirse que, de acuerdo a la legislación vigente y a la interpretación que ha hecho de ella la jurisprudencia constitucional en sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes, los mensajes de datos que informan sobre el historial de los procesos y la fecha de las actuaciones judiciales, a través de las pantallas de los computadores dispuestos en los despachos judiciales para consulta de los usuarios, pueden operar como equivalente funcional a la información escrita en los expedientes, en relación con aquellos datos que consten en tales sistemas computarizados de información.
25. Es preciso introducir este último matiz, dado que no toda la información contenida en los expedientes se refleja en los historiales que aparecen en los sistemas de información computarizada de los despachos. Por tanto, los mensajes de datos registrados en estos últimos sólo operan como equivalentes funcionales respecto de los datos que aparecen consignados en ellos. En relación con la información que no aparece es claro que no se da tal equivalencia funcional, y por eso para consultarlos las partes deben dirigirse directamente al expediente. Así, en el historial de un expediente que aparece en el computador del juzgado puede registrarse que en una fecha determinada se profirió sentencia, o se expidió un auto que ordena la práctica de pruebas. Para enterarse del sentido de la decisión adoptada en la sentencia, o de las pruebas ordenadas en el auto, es claro que las partes deben acudir directamente al expediente, puesto que el historial que aparece en los computadores del juzgado sólo serviría como equivalente funcional de tales providencias si registrara su contenido completo. Si el adelanto en la implementación de medios tecnológicos en la administración de justicia lleva en el futuro una completa sistematización de la información contenida en los expedientes, no existiría razón para dejar de considerar tales mensajes de datos como equivalentes funcionales que reemplacen por completo la revisión directa de los expedientes o de los órganos tradicionales de publicidad oficial de dicha información, siempre que se adopten las debidas medidas de seguridad, de manera similar a como ocurre en la actualidad con las bases de datos de la jurisprudencia de las altas cortes, los cuales han suplido de manera eficiente el recurso a la lectura de las Gacetas Judiciales”.

Por su parte, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto del 11 de junio de 2013 (expediente: 19001-23-31-000-2010-00025-01), explicó lo siguiente:

[…] se observa que es uniforme la línea jurisprudencial relacionada con los datos que deben ser consignados en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, construida a partir de pronunciamientos emanados tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado en sus diferentes secciones, cuya tesis principal es que las imprecisiones respecto de los datos que pueden hacerse constar en dicho sistema informático, bajo ciertas circunstancias, dan lugar a la vulneración de los derechos fundamentales de quienes acceden o pretenden acceder a la administración de justicia. Tal planteamiento está fundamentado en las siguientes premisas:
Existe una obligación a cargo de los despachos judiciales de incluir en forma correcta los datos del proceso en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, esto es, abarcando toda aquella información que sea necesaria para que los usuarios de la administración de justicia puedan llevar a cabo una adecuada gestión de sus respectivos negocios, datos que deben ser concordantes con los que reposen en el expediente.

La información que debe ser consignada en el Sistema de Gestión Judicial Siglo XXI, es aquella que tiene una equivalencia funcional respecto de los datos que reposan en el expediente.

Los usuarios de la administración de justicia tienen el legítimo derecho de presumir que es correcta y completa la información consignada en los mensajes de datos del sistema informático, lo cual constituye un presupuesto indispensable para que a los intervinientes en el trámite judicial se les permita acceder a la prestación del servicio y, de esa forma, puedan hacer efectivos sus derechos fundamentales, en especial los derechos a la defensa y al debido proceso.

15.4. Es importante precisar que los pronunciamientos que componen la línea jurisprudencial a la que antes se ha hecho mención, están referidos a aquellos casos en los que la información incluida en el sistema informático de gestión no es coincidente con la que es observable en el expediente, bajo el supuesto de que es necesaria la existencia de ambos tipos de datos –informáticos y físicos- para que se pueda hablar de una equivalencia funcional entre ellos, en los términos en que dicha característica ha sido interpretada por la Corte Constitucional”.

Como se observa, de acuerdo con el criterio fijado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el sistema de registro de actuaciones judiciales no suple los medios de notificación previstos en la ley para asegurar el conocimiento de decisiones judiciales. Es decir, que ese sistema fue creado como un mecanismo orientado a proveer mejores herramientas para que las partes de los procesos judiciales y la comunidad en general conozcan las actuaciones de las autoridades judiciales, pero no sustituye los mecanismos de notificación legal ni releva a las partes del deber de consultar el expediente en las secretarías de los despachos judiciales.

En todo caso, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han sostenido que, en virtud del principio de publicidad, los datos consignados en el sistema de gestión judicial deben guardar equivalencia con la información del expediente, con el fin de garantizar que los usuarios de la administración de justicia gestionen de manera adecuada sus negocios. El sistema de gestión judicial, además, genera confianza legítima en las partes de los procesos judiciales y, por ende, los registros sobre el historial de los procesos deben operar como equivalente funcional de la información de los expedientes.

No obstante, el hecho de que la información del sistema de gestión judicial y la del expediente deban guardar equivalencia funcional no implica que las autoridades judiciales estén obligadas a consignar todos y cada uno de los datos que pueden ser consultados directamente con la revisión del proceso. Es decir, el hecho de que el sistema de gestión judicial deba proveer información confiable a los usuarios de la administración de justicia no significa que los despachos judiciales deban registrar información detallada de las providencias o actuaciones, pues, como se vio, la finalidad de ese sistema no es relevar a las partes de la obligación que tienen de hacer seguimiento del proceso judicial ni reemplazar los medios de notificación legalmente previstos, sino simplemente facilitar la consulta de las actuaciones del proceso.

Ahora bien, la Corte constitucional, en sentencia T-1295 de 2005, manifestó que «en el caso de haberse producido un error [por parte de un funcionario del Estado], las consecuencias de este error no las puede acarrear la parte procesada». En esa oportunidad, la Corte declaró la parte demandada no debe asumir, en desmedro de sus derechos constitucionales, las consecuencias de los errores cometidos por los despachos judiciales.

Asimismo, en la sentencia T-686 de 2007, la Corte Constitucional dijo que ha desarrollado una línea jurisprudencial que indica que los errores cometidos por las autoridades judiciales no pueden corregirse «a costa de afectar el ejercicio del derecho defensa de las partes que depositan su confianza legítima en la actuación de las autoridades judiciales».

3.2.2. Del caso concreto

Para establecer si fue vulnerado el principio de confianza legítima, la Sala advierte que en el sistema de consulta de procesos fueron registradas las siguientes actuaciones:

Fecha de ActuaciónActuaciónAnotaciónFecha Inicia TérminoFecha Finaliza TérminoFecha de Registro29 Aug 2016CONSTANCIA SECRETARIALCONTINUACIÓN CONSTANCIA ANTERIOR.... EN CONSECUENCIA, EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE QUE DISPONEN LAS PARTES PARA CONTESTAR SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998, EMPEZÓ A CORRER EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016 -DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA EJECUTORIA DEL AUTO QUE DECIDIÓ NO REPONER EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA- Y VENCE EL 30 DE AGOSTO DE 2016. SE DEJA CONSTANCIA QUE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO SE REALIZÓ A TODAS LAS PARTES EL DÍA 26 DE JULIO DE 2016, SALVO AL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, QUE FUE NOTIFICADO EL 25 DE AGOSTO DE 2016. ASÍ LAS COSAS, EN CUANTO AL TÉRMINO DE QUE DISPONE PARA CONTESTAR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, SE TIENE QUE INICIÓ EL 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCE EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016, COMO QUIERA QUE FUE NOTIFICADO HASTA EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2016. 29 Aug 201629 Aug 2016CONSTANCIA SECRETARIALEN LA CONSTANCIA ANTERIOR -DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016-, SE REALIZÓ EL CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE 25 DÍAS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 199 DEL CPACA, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 612 DEL C.G.P., PARA QUE SE ENTIENDA SURTIDA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL Y EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE TRASLADO PARA CONTESTAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998, POR LO QUE SE INDICÓ QUE LOS 25 DÍAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 199 INICIABAN EL 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCÍAN EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, Y EL TÉRMINO DE 10 DÍAS DE TRASLADO PARA CONTESTAR DE LA CITADA LEY 472 DE 1998, INICIABAN EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y VENCÍAN 13 DE OCTUBRE DE 2016. SIN EMBARGO, EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO POR EL DESPACHO EN PROVIDENCIA DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016, SE CORRIGE LA CONSTANCIA ANTERIOR EN EL SENTIDO EN QUE SOLO SE CONTABILIZARÁ PARA LAS PARTES EL TÉRMINO DE 10 DÍAS PARA CONTESTAR DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 472 DE 1998. 29 Aug 201626 Aug 2016AUTO DE TRAMITEORDENA A LA SECRETARIA CUMPLIR LAS ORDENES JUDICIALES DADAS POR EL DESPACHO26 Aug 201625 Aug 2016CONSTANCIA SECRETARIALEN LA CONSTANCIA SECRETARIAL DEL 17 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO (FL. 176) SE DIJO QUE EL TÉRMINO PARA CONTESTAR SE REANUDARÍA A PARTIR DEL 18 DE AGOSTO DE 2016. SIN EMBARGO POR SOLICITUD PRESENTADA POR EL APODERADO DE LA PARTE ACTORA VISIBLE A FOLIOS 142 Y 143 DEL EXPEDIENTE, DE NOTIFICAR AL SEÑOR CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Y COMO QUIERA QUE EL ARTÍCULO 199 DEL C.P.A.C.A., MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 612 DEL C.G.P. SEÑALA QUE LOS TÉRMINOS EMPEZARÁN A CORRER A PARTIR DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN, EN ESTE CASO LOS 25 DE QUE TRATA EL MENCIONADO ARTÍCULO EMPIEZAN A CORRER EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2016 Y VENCEN EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016. EN CUANTO AL TÉRMINO DE TRASLADO POR DIEZ DÍAS DE QUE TRATA LA LEY 472 DE 1998, EMPEZARÁN A CORRER EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y VENCEN EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016. BOGOTÁ D.C., VEINTICINCO (25) DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE (2015)25 Aug 201625 Aug 2016NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICONOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AL SR. CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE.25 Aug 201617 Aug 2016CONSTANCIA SECRETARIALSE DEJA CONSTANCIA EN EL SISTEMA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 8 DE AGOSTO DE 2016, QUE NO REPUSO EL AUTO ADMISORIO Y EL QUE CORRE TRASLADO DE MEDIDA CAUTELAR DE 12 DE JULIO DE 2016 Y ORDENA DAR CUMPLIMIENTO A ELLOS, Y TODA VEZ QUE SE REALIZÓ NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE ESTOS EL 26 DE JULIO DE 2016;

SE COMENZARA A CORRER NUEVAMENTE EL TERMINO PARA CONTESTAR DE LA DEMANDA A PARTIR DE LA FECHA.17 Aug 201609 Aug 2016NOTIFICACION POR ESTADONO REPONE AUTO DE 12 DE JULIO DE 201610 Aug 201610 Aug 201609 Aug 201626 Jul 2016NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICOAUTO ADMISORIO Y AUTO QUE CORRE TRASLADO DE MEDIDA CAUTELAR26 Jul 201614 Jul 2016NOTIFICACION POR ESTADO CONSTITUCIONALES15 Jul 201615 Jul 201614 Jul 201613 Jul 2016AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA13 Jul 201605 Jul 2016AL DESPACHO (3)LE CORRESPONDIÓ POR REPARTO DEL 05/07/2016 ACCION POPULAR CON MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR NELLY DAZA DE SOLARTE Y OTRO CONTRA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS. 05 Jul 201605 Jul 2016REPARTO Y RADICACIÓNREPARTO Y RADICACION DEL PROCESO REALIZADAS EL MARTES, 05 DE JULIO DE 2016 CON SECUENCIA: 81405 Jul 201605 Jul 201605 Ju
A juicio de la Sala, no fue vulnerado el principio de confianza legítima, toda vez que el tribunal aclaró oportunamente como debía contabilizarse el término para contestar la demanda de acción popular. En efecto, en anotación del 25 de agosto de 2016, la Secretaría del tribunal indicó que los demandados contaban con 35 días para contestar la demanda, pero, mediante auto del día siguiente, el tribunal aclaró que el término era de 10 días.

La anotación de la secretaría no generó una expectativa cierta sobre el término para contestar la demanda, toda vez que, de manera casi inmediata, esa anotación fue modificada por orden del tribunal demandado.

La Sala advierte que el elemento temporal es necesario para efecto de la configuración de la confianza legítima, pues lo cierto es que esa confianza se genera únicamente frente a situaciones que se mantienen durante cierto periodo. Esto es así, porque el principio de la confianza legítima protege a los administrados frente a actos arbitrarios, repentinos o improvisados que pudiere realizar el Estado. La idea es proteger las expectativas fundadas en acciones u omisiones cometidas por el Estado y de manera prolongada en el tiempo.

Así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-588 de 2014: «La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el principio de la confianza legítima consiste en una proyección de la buena fe que debe gobernar la relación entre las autoridades y los particulares, partiendo de la necesidad que tienen los administrados de ser protegidos frente a actos arbitrarios, repentinos, improvisados o similares por parte del Estado. Igualmente, ha señalado que este principio propende por la protección de los particulares para que no sean vulneradas las expectativas fundadas que se habían hecho sobre la base de acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, y consentido expresa o tácitamente por la administración ya sea que se trate de comportamientos activos o pasivos, regulación legal o interpretación normativa».

De hecho, la Sala no advierte vulneración de la garantía de defensa, toda vez que, como se vio, el tribunal demandado aclaró rápidamente cuál era el término para contestar la demanda y de este modo garantizó que la sociedad actora pudiera tomar las medidas necesarias para presentar esa contestación en término. No obstante, la sociedad actora, sin estar precavida por el principio de confianza legítima, decidió atenerse al término señalado inicialmente por la Secretaría del tribunal demandado.

Siendo así, también queda desestimado el desconocimiento del principio de confianza legítima.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Denegar las pretensiones de la tutela pedida por la sociedad Aliadas Para el Progreso S.A.S.

Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591.

Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo y devolver el expediente allegado en calidad de préstamo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 15.
Folio 26 del cuaderno anexo.
Ver www.procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos. Expediente 25000234100020160141700.
Folio 8 del cuaderno principal.
El señor Carlos Alberto Solarte Solarte no se pronunció, pese a que se le notificó el auto admisorio de la demanda de tutela.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Folio 97 del cuaderno anexo.
Folio 119 ibídem.
Folio 138 (vuelto) ibídem.
Que modificó el artículo 199 del CPACA.
“ARTÍCULO 95. TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los juzgados, tribunales y corporaciones judiciales podrán utilizar cualesquier medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el cumplimiento de sus funciones.
Los documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.
Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce, así como la confidencialidad, privacidad, y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley”.
“Por el cual se establece el Sistema de Información de Gestión de Procesos y Manejo Documental (Justicia XXI)".
"Por el cual se reglamentan (sic) la utilización de medios electrónicos e informáticos en el cumplimiento de las funciones de administración de justicia".
La Sala se limitará a transcribir las relevantes.

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