Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01095-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2018-01095-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01095-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-01095-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
8 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera los derechos al debido proceso, a la dignidad y a la diversidad étnica y cultural de los indígenas / DEFECTO FÁCTICO - No se configura en razón a que el hecho que se alega desconocido no fue acreditado dentro del expediente del conflicto de competencias / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura en razón a que los elementos para conocer de la investigación de los delitos atribuidos a los comuneros de la jurisdicción indígena, no se acreditaron / CONFLICTO DE COMPETENCIAS - Teniendo en cuenta el factor territorial fue resuelto por el Consejo Superior de la Judicatura
[N]o hay evidencia que en desarrollo del trámite del conflicto de competencias el accionante hubiera aportado el texto de la Ley Mayor de los Cumbales, aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Gobernador del Cabildo de Cumbal que le precedió, ni tampoco que hubiera informado de la misma al rendir testimonio dentro del trámite del conflicto de jurisdicciones, por lo que no se configura un defecto fáctico en razón a que el hecho que se alega fue desconocido, no fue acreditado dentro del expediente del conflicto de competencias. A lo anterior cabe añadir que aún en el evento de entender que al contar con una Ley Mayor se cumplía el elemento institucional, éste hecho no hubiera modificado el sentido de la decisión cuestionada, en razón a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura también concluyó que no se cumplía con los elementos territorial y objetivo, el primero porque los hechos investigados se cometieron en el casco urbano del municipio de Cumbal, como lo informó la Fiscalía dentro del proceso penal e igualmente en el curso de la acción de tutela; y el segundo porque, como se expuso en precedencia, en razón del bien jurídico tutelado con los tipos penales investigados – administración pública – se estableció que los efectos de las conductas investigadas trascienden el ámbito interno del resguardo indígena y compromete derechos de la comunidad mayoritaria. Ahora bien, frente al elemento territorial, que, a juicio del accionante, también se encuentra acreditado porque el casco urbano está asentado en territorio indígena, es preciso advertir que no hay evidencia que este hecho haya sido probado por el Gobernador del Resguardo Indígena de Cumbal, en el proceso del Conflicto de competencias decidido por la autoridad accionada. Además, con fundamento en las pruebas aportadas en la acción de tutela, tampoco es posible afirmar que la Alcaldía municipal de Cumbal, en donde se realizaron las gestiones relacionadas con los contratos investigados, hace parte del territorio indígena y, por tanto, esta se encuentre sometida a la jurisdicción indígena. Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que no se configura tampoco el defecto sustantivo alegado, en razón a que la autoridad accionada no podía atribuir la competencia para conocer de la investigación de los delitos atribuidos a los comuneros a la jurisdicción indígena, en razón a que no se acreditaron, en el curso del conflicto de jurisdicciones, los elementos que permiten la configuración del fuero indígena.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 93 / DECRETO 2591 de 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - ARTÍCULO 9
NOTA DE RELATORÍA: Respecto al elemento subjetivo para la definición del fuero indígena, ver: Corte Constitucional, sentencia de 10 de julio de 2003, exp. T-552, M.P. Rodrigo Escobar Gil y sentencia de 5 de agosto de 2010, exp. T-617, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En relación a que la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Acerca de que el juez constitucional debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar examinar si en el caso objeto de análisis se configura alguno de los defectos, ver: Corte Constitucional, sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01095-00(AC)
Actor: SILVIO HERNANDO VALENZUELA AGUILAR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD INDIGENA DEL GRAN CUMBAL
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador del Cabildo Indígena y en representación del Resguardo Indígena del Gran Cumbal, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad y a la diversidad étnica y cultural de los indígenas, con ocasión de la providencia de 28 de febrero de 2018, proferida dentro del proceso Nro. 11001-01-02-000-2018-00045-00, que resolvió el conflicto positivo entre jurisdicciones surgido entre la jurisdicción ordinaria penal representada por el Juzgado Tercero Penal Municipal en Función de Control de Garantías de Ipiales – Nariño, y la jurisdicción especial indígena representada por el Resguardo Indígena del Gran Cumbal del Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El accionante presentó la solicitud de amparo en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con fundamento en los siguientes hechos:
Indica que la Fiscalía 23 de Ipiales adelanta una investigación en contra de los comuneros indígenas Elvia Elisa Tarapues Canacuan, Jorge Luis Tipaz Colimba, José Fernando Cuaspud, Rodolfo Taimal, Jorge Humberto Apala Apala, Jaime Andrés Taramuel Taramuel, Alicia Yovana Puenayan Piarpuezan, Luis Humberto Cuaspud y José Antonio Figueroa, por los presuntos delitos de prevaricato, peculado, falsedad documental “y otros”.
Señala que el 18 de diciembre de 2017, se ejecutó la orden de captura en contra de cuatro de ellos, los señores Jorge Luis Tipaz Colimba, Rodolfo Taimal, Elvia Elisa Tarapues Canacuan y José Fernando Cuaspud, quienes solicitaron al Juez Penal Municipal de Ipìales, con funciones de control de garantías, la remisión del proceso a la Jurisdicción Indígena, representada por el Cabildo Indígena, toda vez que los procesados son indígenas pertenecientes al Resguardo indígena del Gran Cumbal y hacen parte del censo de éste.
Precisa que, en virtud de lo anterior, el referido Juez envió la actuación al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, para que resolviera sobre la jurisdicción competente.
Refiere que el 15 de enero de 2018, como Gobernador del Resguardo indígena del Gran Cumbal, solicitó al Fiscal 23 de Ipiales el envío de las diligencias a la jurisdicción indígena.
Añade que el 28 de febrero de 2018, los comuneros indígenas manifestaron interés en ser investigados por la jurisdicción especial indígena y de ser hallados responsables, someterse a las penas fijadas por la ley interna del Resguardo de Cumbal.
Expresa que el 9 de marzo de 2018, solicitó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que el proceso sea remitido a la jurisdicción indígena, representada por el cabildo indígena de Cumbal.
Agrega que el 17 de marzo de 2018, mediante correo electrónico fue informado del auto proferido el 28 de febrero de 2018 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones en el sentido de asignar la competencia a la jurisdicción penal ordinaria, representada por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ipiales, Nariño.
Expone que la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurre en defecto “sustancial”, porque desconoce las facultades de las autoridades indígenas señaladas en el artículo 246 de la Constitución y “la existencia de una autoridad indígena representada por el Cabildo Indígena de Cumbal, el Consejo Mayor y la Ley Mayor de los Cumbales que se ha venido construyendo en minga desde el año 2006, cuyo trabajo terminó satisfactoriamente el año anterior, en diciembre de 2017, la cual se encuentra debidamente aprobada y radicada en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior […]”.
Afirma que la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho de los indígenas a ser juzgados por sus propias autoridades en las sentencias C-139 de 1996 y T-496 de 1996.
Indica que, al aplicar los criterios para resolver los conflictos de jurisdicciones señalados por la Corte Constitucional en las sentencias T-617 de 2010 y T-002 de 2012, “la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico porque no se actuó conforme a los principios de equidad y sana crítica o con base en criterios objetivos al momento de la decisión”. Sostiene que existe una deficiencia probatoria porque la autoridad accionada omitió el decreto y práctica de pruebas “conducentes al caso”.
Añade que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que la conducta investigada no fue cometida por un indígena en su territorio, sin tener en cuenta que el territorio indígena cubre la totalidad de hábitat de las regiones de los pueblos que ocupan o utilizan de alguna manera, y en este caso los hechos se relacionan con “el desarrollo de una actividad contractual cuyo objeto debía desarrollarse en el territorio del resguardo del Gran Cumbal, pues se refiere a una reforestación; además, si ello implica la firma del contrato o el diligenciamiento de otros documentos relacionados que por su naturaleza se deben efectuar en unas oficinas públicas, ello no implica la perdida de la identidad de indígena perteneciente a la comunidad del Resguardo de Cumbal”.
Afirma que no se puede argumentar la pérdida de derechos por el hecho que los comuneros investigados entren y salgan el mismo día del territorio hasta el centro urbano, el cual, además, está asentado sobre territorio indígena, debido a que por un terremoto la población urbana se trasladó a territorio indígena.
Sostiene que la decisión cuestionada afecta la autonomía e integridad cultural de la comunidad del Resguardo del Gran Cumbal, porque no se hizo una valoración correcta de la declaración rendida por el Gobernador del Cabildo Indígena de Cumbal, y aduce que por “insuficiencia probatoria” no se probó la capacidad de resolución del Cabildo Indígena para impartir justicia, el cual cuenta con la Ley Mayor de los Cumbales aprobada mediante Resolución Especial de 16 de diciembre de 2017, radicada en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior el 29 de diciembre de 2017, asimismo cuenta con guardia Indígena de más de sesenta integrantes y en la casa de Cabildo existe un establecimiento de detención de infractores, y también tienen la posibilidad de hacer convenios con centros de reclusión, de ser necesario.
La autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que la comunidad y el Cabildo Indígena de Cumbal, como autoridad propia, tienen los factores de competencia que plantea la Corte Constitucional para conocer de los asuntos que lleguen a su conocimiento. Añade que cumplen con los elementos territorial, institucional, personal y objetivo.
Considera que se desconoció el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2001, que modificó el artículo 356 de la Constitución, el cual dispone que los Resguardos indígenas son beneficiarios del Sistema General de Participaciones, siempre que no se hayan constituido como entidad territorial indígena.
Sostiene que la decisión judicial cuestionada vulnera los derechos fundamentales de los comuneros indiciados, así como el principio de diversidad étnica y cultural, el fuero indígena, la autonomía jurisdiccional y el debido proceso, por lo cual “[…] en defensa de los mencionados indígenas pertenecientes a nuestra comunidad del Resguardo del Gran Cumbal […]”, y de la comunidad indígena, interpone la acción de tutela.
Solicita la protección de los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la autonomía jurisdiccional, al debido proceso y el derecho al fuero indígena del Cabildo, así como de los derechos al debido proceso, dignidad, diversidad étnica y cultural de los comuneros indígenas investigados penalmente.
PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, la parte accionante formula las siguientes peticiones:
“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, Identidad, autonomía jurisdiccional, debido Proceso y el derecho al Fuero Indígena del Cabildo, en particular, los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad, diversidad étnica y cultural de los indígenas: ELVIA ELISA TARAPUES CANACUAN, C.C. No 27.17174.366, JOSE FERNANDO CUASPUD PEREGUEZA, C.C. No 87.511.284, JORGE LUIS TIPAZ COLIMBA, CC. N° 87.510.671, ALICIA YOVANA PUENAYAN PIARPUEZAN, C.C. No 27.177.402, JAIME ANDRES TARAMUEL TARAMUEL, C.C. No 87.513.319, JORGE HUMBERTO ALPALA ALPALA, C.C. No 87.513.057, LUIS HUMBERTO CUASPUD PEREGUEZA, CC. No 87.510.804, RODOLFO TAIMAL, C.C. No 87.510.827 y JOSE ANTONIO FIGUEROA, todos indígenas de Cumbal (N)). En consecuencia:
SEGUNDO: Revocar la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual resolvió el conflicto de competencias entre el Juzgado Tercero Penal Municipal en Función de Control de Garantías de lpiales - Nariño y el Resguardo Indígena del Gran Cumbal, Municipio de Cumbal, distinguida bajo el Radicado: 11001010200020180004500 de fecha 28 de febrero de 2018.
TERCERO: Declarar que la jurisdicción competente para conocer del presente asunto, es la Jurisdicción Especial Indígena representada por el Juez Natural que corresponde al Cabildo Indígena del Resguardo del Gran Cumbal.
CUARTO: Ordenar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que dirima el conflicto de competencias suscitado a favor de la Jurisdicción Indígena representada por el Resguardo Indígena del Gran Cumbal para que se resuelva de acuerdo con sus propias normas y procedimientos. Que en tal sentido, se ordene a la Sala Disciplinaria del Consejo superior de la Judicatura ASIGNAR LA COMPETENCIA del caso al Cabildo y asamblea comunitaria indígena del Gran Cumbal (Nariño) para que, en ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, de que trata el artículo 246 de la Constitución Política conozca, hasta su culminación, del asunto N°5222740890012018-00012 que adelanta la Fiscalía 23 Seccional de Ipiales - Nariño.”
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 18 de abril de 2018, se admitió la acción de tutela presentada por el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo del Gran Cumbal, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, y se vincularon, como terceros con interés en el proceso al Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones del Control de Garantías de Ipiales – Nariño, a los señores Rodolfo Taimal, José Fernando Cuaspud Pereguez y Jorge Luis Tipaz y a la señora Elvia Elisa Tarapues.
Posteriormente, mediante auto de fecha 15 de mayo de 2018 se vinculó a la Fiscalía 23 Seccional de Ipiales – Nariño, a la Contraloría General de la República, a los señores Jorge Humberto Apala Apala, Jaime Andrés Taramuel Taramuel, Alicia Yovana Puenayan Piarpuezan, Luis Humberto Cuaspud y José Antonio Figueroa, integrantes del Resguardo Indígena del Gran Cumbal del Departamento de Nariño, y en la misma fecha se decretaron pruebas encaminadas a establecer el lugar de los hechos por los cuales se adelanta el proceso penal cuya competencia fue objeto de pronunciamiento por la autoridad accionada.
IV. INTERVENCIONES
IV.1. Intervención del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria
La doctora Magda Victoria Acosta Walteros, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, considera que es el Consejo Superior de la Judicatura el competente para conocer de la presente acción de tutela, pues el accionante está atacando un fallo proferido por esa Corporación.
De otra parte, solicita se niegue el amparo en razón a que se encuentra probada la pertenencia de los procesados al Resguardo Indígena Cumbal, pero los hechos que dieron origen al proceso penal correspondiente no ocurrieron dentro del territorio del resguardo indígena y el bien jurídico afectado comprometen el interés general de la sociedad mayoritaria, razones por las cuales esa Sala decidió resolver el conflicto de competencia de jurisdicciones a favor de la Jurisdicción Ordinaria Penal.
IV.2. Intervención de la Fiscalía 23 Seccional de la Unidad Administración Pública de Ipiales
La doctora Yudy Zoraya Avila Niño, Fiscal 23 Delegada ante el Juez Penal del Circuito de Ipiales, informó lo siguiente:
En el despacho a su cargo cursa la noticia criminal Nro. 523566000513201500480, en la cual aparecen como indiciados los señores Rodolfo Taimal, José Fernando Cuaspud Pereguez, Jorge Luis Tipaz y la señora Elvia Elisa Tarapuez, por las conductas punibles de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión, lavado de activos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y asociación para la comisión de delitos en contra de la administración pública.
Indica que la investigación se originó en los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República, dados a conocer en oficio Nro. 2015EE0070219, de 4 de junio de 2015, en relación con cuatro contratos que generaron detrimento al patrimonio público, en hechos sucedidos en el municipio de Cumbal, Nariño, en el año 2012. Agrega que, luego de resuelto el conflicto de competencias por el Consejo Superior de la Judicatura, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Ipiales, señaló para el 23 de mayo de 2018 la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento.
IV.3. Intervención de la Contraloría General de la República
El apoderado judicial de la Contraloría General de la República solicita declarar que esa entidad no tiene legitimación en la causa por pasiva, en razón a que no tiene injerencia en el asunto objeto de la acción de tutela, la cual está dirigida en contra del Consejo Superior de la Judicatura.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida, por el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo del Gran Cumbal, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015.
V.2. Problema Jurídico
A la Sala le corresponde establecer:
i) Si la acción de tutela presentada por el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador del Cabildo Indígena del Resguardo del Gran Cumbal, cumple los requisitos generales de procedibilidad.
ii) Si el Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria incurrió en defecto fáctico en la valoración probatoria que fundamenta la providencia de 28 de febrero de 2018, mediante la cual resolvió el conflicto de competencias asignando a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de la investigación penal seguida en contra de los señores Rodolfo Taimal, José Fernando Cuaspud Pereguez, Jorge Luis Tipaz y la señora Elvia Elisa Tarapuez, por los delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión, lavado de activos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y asociación para la comisión de delitos en contra de la administración pública.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
V.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: Orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
V.4. Reconocimiento constitucional de la Jurisdicción Indígena
En coherencia con el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, el artículo 246 de la Constitución Política establece la jurisdicción indígena en los siguientes términos:
“Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”
Asimismo, el artículo 9º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, integrado al bloque de constitucionalidad por el artículo 93 de la Carta Política, dispone que:“[…] En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados ocurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros […]”.
En este orden de ideas, las referidas disposiciones han consagrado la jurisdicción indígena, cuyos elementos esenciales fueron expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia T- 558 de 2013, de la siguiente forma:
“- Elemento humano: existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural.
• Elemento orgánico: existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades.
• Elemento normativo: la comunidad se debe regir por un sistema jurídico propio conformado a partir de las prácticas y usos tradicionales, tanto en materia sustantiva como procedimental.
-Ámbito geográfico: existencia de un territorio, el cual, según la propia Constitución, en su artículo 329, deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades.
-Congruencia: el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley. Por ejemplo, no puede desconocer el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura”.
Una de las dimensiones de la jurisdicción indígena es el fuero indígena, respecto del cual la jurisprudencia constitucional ha resaltado lo siguiente:
“De todo lo anterior surge el fuero indígena que ha sido definido como un derecho de los miembros de las comunidades indígenas que se adquiere por el hecho de pertenecer a las mismas y que consiste en la posibilidad de ser juzgados por sus autoridades indígenas, con arreglo a sus normas y procedimientos, y cuyo objeto es el juzgamiento acorde con los usos y costumbres de dichas comunidades.
Un primer acercamiento al tema lo encontramos en la Sentencia T-496 de 1996, donde la Corte estableció dos características fundamentales para el reconocimiento del fuero indígena, esto es:(i) que se trate de un miembro de una comunidad indígena, juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad -elemento personal-; y (ii) que las conductas ocurridas hayan sido dentro de su territorio -elemento territorial-.
Acorde con lo anterior, las autoridades indígenas son el juez natural para conocer de los delitos cometidos por miembros de su comunidad, siempre y cuando se atiendan los dos requisitos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena, de no cumplirse con estos presupuestos, le corresponde el juzgamiento a la jurisdicción penal ordinaria. Estas reglas protegen el artículo 29 de la Constitución, el debido proceso, conforme al cual “nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.”.
Además de estos dos elementos, la Corte Constitucional ha añadido que “[…] además de esos factores personal y territorial, en la definición del fuero indígena concurre también el elemento objetivo, referido a la calidad del sujeto o el objeto sobre los que recae la conducta delictiva […]. Respecto de este elemento, la Jurisprudencia Constitucional ha fijado los siguientes parámetros para su aplicación:
“[…] El elemento objetivo hace referencia a la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado por una conducta punible, de manera que pueda determinarse si el interés del proceso es de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria. Más allá de las dificultades que puedan surgir en cada caso para evaluar el elemento objetivo, es evidente que existen tres opciones básicas al respecto: (i) el bien jurídico afectado, o su titular, pertenecen a una comunidad indígena; (ii) el bien jurídico lesionado, o su titular, pertenecen exclusivamente a la cultura mayoritaria; (iii) independientemente de la identidad cultural del titular, el bien jurídico afectado concierne tanto a la comunidad a la que pertenece el actor o sujeto activo de la conducta, como a la cultura mayoritaria.
El elemento objetivo indica soluciones claras en los supuestos (i) y (ii): en el primero, el caso corresponde a la jurisdicción especial indígena; y en el segundo, a la justicia ordinaria. Sin embargo, en el evento (iii), el elemento objetivo no resulta determinante para definir la competencia. La decisión del juez deberá pasar por la verificación de todos los elementos del caso concreto y por los demás factores que definen la competencia de las autoridades de los pueblos aborígenes […].
V.5. El caso concreto
En el presente caso, el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador del Cabildo Indígena y en representación del Resguardo Indígena del Gran Cumbal, presentó acción de tutela en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad y a la diversidad étnica y cultural de los indígenas, con ocasión de la providencia proferida el 28 de febrero de 2018, dentro del expediente Nro. 11001-01-02-000-2018-00045-00, que resolvió el conflicto positivo entre jurisdicciones surgido entre la jurisdicción penal ordinaria y la jurisdicción especial indígena representada por el Resguardo Indígena del Gran Cumbal del Municipio de Cumbal, Departamento de Nariño.
Fundamenta la solicitud de amparo en que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura incurrió en defecto fáctico porque: (i) omitió el decreto y práctica de pruebas “conducentes al caso”; (ii) desconoció que los hechos investigados se relacionan con “[…] el desarrollo de una actividad contractual cuyo objeto debía desarrollarse en el territorio del resguardo del Gran Cumbal, pues se refiere a una reforestación; además, si ello implica la firma del contrato o el diligenciamiento de otros documentos relacionados que por su naturaleza se deben efectuar en unas oficinas públicas, ello no implica la perdida de la identidad de indígena perteneciente a la comunidad del Resguardo de Cumbal […]”; (iii) no se hizo una valoración correcta de la declaración rendida por el Gobernador del Cabildo Indígena de Cumbal, y aduce que por “insuficiencia probatoria” no se probó la capacidad de resolución del Cabildo Indígena para impartir justicia.
Expone que, de esta manera, se configura un defecto sustantivo porque la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria: (i) desconoce las facultades de las autoridades indígenas señaladas en el artículo 246 de la Constitución y la existencia de una autoridad indígena representada por el Cabildo Indígena de Cumbal, el Consejo Mayor y la Ley Mayor de los Cumbales que se encuentra debidamente aprobada y radicada en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, (ii) que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que se cumplen los factores territorial, institucional, personal y objetivo que plantea la Corte Constitucional para conocer de los asuntos que lleguen a su conocimiento, y que (iii) se desconoció el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2001, que modificó el artículo 356 de la Constitución, el cual dispone que los Resguardos Indígenas son beneficiarios del Sistema General de Participaciones, siempre que no se hayan constituido como entidad territorial indígena.
Afirma que no se puede argumentar la pérdida de derechos por el hecho que los comuneros investigados entren y salgan el mismo día del territorio hasta el centro urbano, el cual, además, está asentado sobre territorio indígena, debido a que por un terremoto la población urbana se trasladó a territorio indígena.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar si se reúnen los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
V.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; ii) en contra de la decisión que resolvió el conflicto positivo entre jurisdicciones no cabe recurso adicional, por lo que se cumple el requisito de subsidiariedad; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, en razón a que la sentencia cuestionada, fue proferida el 28 de febrero de 2018 y la acción de tutela fue radicada el 9 de abril de 2018, es decir, menos de dos (2) meses después; iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
En consecuencia, la Sala procede a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
V.4.2. Análisis de los defectos fáctico y sustantivo
Pues bien, teniendo en cuenta que, con fundamento en los presuntos errores en la valoración probatoria, la parte actora determina el desconocimiento de la normativa que reconoce la jurisdicción indígena, la Sala abordará el análisis de los argumentos que sustentan los mencionados defectos, partiendo de las consideraciones en que se fundamenta la decisión judicial cuestionada.
V.4.2.1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en providencia de 28 de febrero de 2018, resolvió atribuir la competencia para la investigación penal adelantada en contra de la señora Elvia Elisa Tarapues Canacuan y los señores Jorge Luis Tipaz Colimba, José Fernando Cuaspud y Rodolfo Taimal a la jurisdicción ordinaria, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] para determinar la competencia predicable de las autoridades indígenas a fin de conocer de conductas punibles, es indispensable analizar si se encuentran reunidos los requisitos personales, territorial y el objetivo.
Así las cosas, del elemento personal: respecto a la pertenencia y la calidad de indígenas de los procesados se encuentra acreditado éste elemento conforme a prueba allegada por la Oficina de Asuntos de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del interior, conforme a oficio S.J-JJJ 3708 donde señaló que consultado el sistema indígena de Colombia, SIIIC y los censos aportados por el Cabildo y Gobernador en los años 2001, 2007, 2008, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017 se encontró: ”registrado el señor Rodolfo Taimal identificado con cédula 87.510.827, en censos de los años 2001, 2003, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, y 2017. El señor José Fernando Cuaspud se encontró en los censos de los años 203 (sic), 2007, 2008, 2012, 2014, 2016, 2016 (sic) y 2017. El señor Jorge Luis Tipaz Colimba registró en los censos de los años 2003, 2007, 2008, 2014, 2015, 2016, y 2017 y la señora Elvia Elisa Tarapuez Canacuan registra en los censos de los años 2001, 2003, 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017, como perteneciente al Resguardo Indígena Cumbal”.
Asimismo, el señor Álvaro Silvio Guadí en su momento el gobernador del Cabildo, allegó al expediente constancia de cada uno de los procesados donde certifica que se encuentra escrito dentro de los libros de censo del Reguardo Indígena de Cumbal (N) quienes vienen presentando (sic) servicios sociales y culturales de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad conforme el Decreto 74 de 1898, sobre protección de indígenas y demás normas concordantes a la ley. Ahora bien, conforme al testimonio del señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar en su calidad de actual gobernador del Cabildo indígena, a la pregunta 3.11 realizada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cumbal que preguntaba si conoce a los procesados y si ellos se encuentran censados en ese Resguardo, afirmó el gobernados que son indígenas activos que han prestado su servicio a la comunidad.
Del elemento territorial o geográfico se tiene acreditado que los hechos ocurrieron en el municipio de Cumbal como lo señaló en audiencia a (sic) Fiscal 23 Seccional de Ipiales. Al respecto, el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar en su condición de gobernados del Cabildo del Resguardo Indígena del Gran Cumbal refirió a la pregunta 3.2 acerca de cuál es el territorio de la comunidad que regenta, señaló que el territorio que comprende el referido Resguardo está conformado por nueve veredas denominadas Gaun, Tasmag, Cuaical, Quilismal, Cuetial, Cuaspud, Boyera, San Martín, Mirafloresy Llanos de piedra, por lo tanto el casco urbano del municipio de Cumbal es el único que queda fuera del resguardo.
De lo anterior se puede concluir que los hechos se desarrollaron en el casco urbano del municipio de Cumbal Nariño, ente territorial que no es considerado como el ámbito geográfico donde el Cabildo del Resguardo Indígena del Gran Cumbal tiene su asentamiento y ejerce sus usos, costumbres y culturas. Por lo tanto, en el presente asunto no se trata de una conducta punible cometida por un indígena en su territorio, por el contrario fue desplegada en territorio de la sociedad mayoritaria. Así las cosas, esta Sala determina que no se cumple con el elemento geográfico o territorial.
Respecto al elemento orgánico o institucional, como se dejó dicho, busca la existencia de una institución dentro de la denominada jurisdicción especial indígena, entendida como el derecho autónomo de esas comunidades, de carácter fundamental. Aunque el Gobernador Indígena mencionó que se encuentra como comunidad indígena donde se tiene la autoridad del Mayor que es el Cabildo indígena, en cabeza del taita mayor que es el gobernador y los regidores que son nueve cada uno elegido por cada vereda, también cuenta con un teniente que es elegido por el sector el tambillo y el secretario del cabildo, que es elegido por el gobernador, también señaló que aún se está trabajando para contar con códigos o estatutos sobre la organización además respecto a los establecimientos acondicionados para cumplir las condenas, contestó que se estaba trabajando en ello, pues solo cumplen con un guarda indígena que les ayuda pero aun así les hace falta de (sic) establecimientos.
Finalmente, del elemento objetivo. Entendido como aquel que hace referencia a la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado. Si bien la Corte Constitucional reiteró lo señalado en la sentencia T-617 de 2010, en cuanto a los problemas que entraña este factor, estima la Sala que el mismo no se encuentra satisfecho toda vez que el sujeto pasivo de la acción por la que se viene procesando a los señores Rodolfo Taimal, José Fernando Cuaspud Pereguez, Jorge Luis Tupaz y la señora Elvia Elisa Tarapues, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, es la sociedad mayoritaria y no la comunidad indígena a la cual pertenecen los procesados.
De lo anterior, al analizar el tipo de bien jurídico comprometido por las conductas penales desplegadas por los procesados, las mismas recaen sobre el interés general de la comunidad por la confianza que se deposita en estos actos para acreditar la relación jurídica plasmada; así las cosas, tal como lo indicó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 36.337 del 5 de marzo de 2014 M.P. Eugenio Fernández Carlier, señaló al interior de la misma que los delitos contra la administración pública, al protegerse el bien jurídico de la fe pública, busca la salvaguarda de la sociedad en general tanto como entre ciudadanos, como entre ellos y las autoridades, ya que es reprochable hacer prevalecer la voluntad de intereses particulares contraviniendo así los principios y fines que rige la administración pública. Por lo tanto, el fuero indígena debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad, además, los procesados por su especial relación con la comunidad mayoritaria, conocían el carácter perjudicial del hecho por el cual se le investiga y que el mismo es sancionado por el ordenamiento jurídico nacional.
Así las cosas, el asunto deben ser asignado a la justicia ordinaria penal para investigar y sancionar a los presuntos autores de la conducta punible denunciada, pues ello no contraría los postulados expresados por al Corte Constitucional en la sentencia plurimencionada, dado que quedó demostrado, no se cumple con algunos de los requisitos para fincar la competencia en la Jurisdicción Especial indígena […]”.
V.4.2.2. Ahora bien, el primer cuestionamiento del accionante es que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura presuntamente omitió el decreto y práctica de pruebas “conducentes al caso”, sin embargo, en la misma providencia, al hacer la relación de los elementos de prueba, la autoridad accionada hizo referencia a las pruebas, ordenadas y recaudadas, con miras a determinar los elementos para resolver el conflicto de jurisdicciones planteado, en los siguientes términos:
“Como quiera que con fundamento en la sentencia T-196 de abril 17 de 2015,la H. corte constitucional recabó la necesidad de practicar las pruebas conducentes a determinar la competencia en casos como el presente, previo examen y análisis de los elementos subjetivo, geográfico, objetivo e institucional, para mejor proveer y con fundamento en lo establecido en el artículo 112 de la ley 270 de 1996, quien funge como Ponente, mediante auto del 31 de enero de 2018 se decretó y ordenó la práctica de pruebas, entre otras: 1. Oficiar a la oficina de Asuntos Indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior para que informe los nombres de las personas reconocidas como autoridades del Resguardo indígena del Gran Cumbal, del municipio de Cumbal, Nariño y si de esa comunidad hace parte los señores RODOLFO TAIMAL, JOSE FERNANDO CUASPUD PEREGUEZA, JORGE LUIS TIPAZ COLIMBA y la señora ELVIA ELISA TARAPUES CANACUAN (…)
2. Solicitar al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH – del Ministerio de Cultura, emita concepto sobre la justicia tradicional o propia del Resguardo Indígena del Gran Cumbal (…)
3. Escuchar el testimonio del Gobernador actual del RESGUARDO INDÍGENA DEL GRAN CUMBAL […]”.
Igualmente es claro que,en las consideraciones que sustentaron la resolución del conflicto de competencias se hizo referencia a cada una de las pruebas allegadas, como quedó consignado en la cita antes referida.
En este orden de ideas, no se advierte defecto por omisión en el decreto y práctica de pruebas.
V.4.2.3. Tampoco está demostrado que la autoridad judicial accionada se hubiera apartado de los hechos que el material probatorio puso de presente.
En este sentido, el accionante señala que se hizo caso omiso de que los hechos investigados se relacionan con “[…] el desarrollo de una actividad contractual cuyo objeto debía desarrollarse en el territorio del resguardo del Gran Cumbal, pues se refiere a una reforestación; además, si ello implica la firma del contrato o el diligenciamiento de otros documentos relacionados que por su naturaleza se deben efectuar en unas oficinas públicas, ello no implica la perdida de la identidad de indígena perteneciente a la comunidad del Resguardo de Cumbal […]”.
Sin embargo, nótese que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al establecer los hechos que son objeto de su pronunciamiento, relacionó de manera detallada la situación fáctica objeto de investigación penal.
Al respecto señaló que el conflicto se relaciona con la investigación que se adelanta por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública, en los cuales se atribuye participación a los procesados por las siguientes conductas, imputadas por la Fiscal 23 Seccional de Ipiales, en la audiencia de legalización de la captura:
“[…] el señor Rodolfo Taimal suscribió contrato N° 0022 de 2012 en donde presentó una propuesta el 16 de julio de 2012 por valor de $15.797.950 en razón a suministro (sic) de ferretería para reforestación de microcuencas hidrográficas y el día 25 de julio se expidió factura sin número por el valor señalado… el 30 de julio de 2012 se liquidó dicho contrato entre Luis Humberto Apala y Rodolfo Taimal en el cual mediante acto administrativo se hizo el pago del suministro. Posteriormente la Contraloría general de la República dio a conocer que jamás suscribió contrato, nunca entregó suministro y recibió dineros por esa transacción, señaló que ese contrato se encontraba sin requisitos del estatuto tributario como tampoco se encuentra en la propuesta un recibido (sic), por lo anterior se tiene que no se hizo suministro de lo pactado pero que se recibió el dinero establecido, además que la parte firmó acta de liquidación y de entrega […].
Respecto de la señora Elvia Elisa Tarapuez Canacuan le atribuyó “la presunta responsabilidad de contactar las personas para suscribir y cobrar los dineros del contrato N°0029, que correspondía al suministro de árboles nativos para la reforestación de microcuencas y una vez se giró el cheque de ese contrato no se cumplió con el objeto del contrato, además le pago a la señora Alicia Puenayan un porcentaje por prestar documentos para la suscripción del contrato, Así mismo (sic) al interior del contrato N°022 suscrito por el señor Rodolfo Taimal no se surtió todo el proceso. Señaló la Fiscal que la señora Elvia Tarapuez manifestó que ella sabía que se estaba cobrando dineros sin haberse hecho suministros del contrato antes relacionado […].
En relación con el señor José Fernando Cuaspud Peregueza, indica que es investigado y fue capturado “por suscribir contrato 016 de 2016 en el cual el 26 de julio presentó propuesta económica para la mano de obra con fines de reforestaciones de microcuencas del resguardo indígena de Cumbal, el 30 de julio se expidió registro presupuestal a favor de José Fernando Cuaspud por valor de $15.395.000 en el municipio de Cumbal entre Jorge Alpala Alcalde Municipal y José Fernando Cuaspud”, agrega que se expidió certificación de satisfacción de cumplimiento y el 8 de septiembre de 2012 “[…] mediante acto administrativo se autorizó el pago por mencionado. Con informe de la Contraloría se concluyó que el contrato se cumplió en un valor de $1.000.000 por trabajo de mano de obra, que no se realizó, ni se presentó garantía única de cumplimiento, pero posterior a ello proceden a liquidar el contrato queno se cumplió […]”.
Finalmente, respecto del señor Jorge Luis Tipaz, se reseña en la providencia cuestionada que las conductas punibles endilgadas se relacionan con el hecho que “[…] El señor Tipaz hacía parte de la administración municipal de Cumbal como Secretario de Planeación a quien le asignaron la función (sic) del Contrato N° 0029 suscrito entre el municipio y la señora María Elisa Muenayan, además señaló que al tenerse en cuenta que para la época era funcionario público, el día 15 de julio de 2012 certificó que recibió a satisfacción el cumplimiento de dicho contrato, que el día 19 de julio se hizo entrega del suministro de árboles para la reforestación de microcuencas, finalmente el 23 de julio se realizó liquidación del contrato entre el contratista y el alcalde de Cumbal para la época, reiteró que el señor Tipaz Colimba nunca manifestó irregularidades en el cumplimiento de ese contrato, ni de otros contratos que dieron lugar a la investigación […]”
Conforme con lo reseñado, la autoridad judicial accionada si tuvo en cuenta que los contratos realizados por la Alcaldía del Municipio de Cumbal, respecto de los cuales se adelanta la investigación penal, tenían por objeto la reforestación de microcuencas en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal. Además, con fundamento en este hecho, como quedó reseñado anteriormente, al examinar el elemento objetivo del fuero indígena, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que al tratarse de delitos que involucran recursos públicos y están relacionados con la administración pública, no solo interesaban a los integrantes del resguardo y no ni podían considerarse como un asunto asociado al conflicto interno de la comunidad indígena, en tanto trascendían y comprometían bienes de la comunidad mayoritaria.
En este sentido expresó lo siguiente: “ […] el tipo de bien jurídico comprometido por las conductas penales desplegadas por los procesados, las mismas recaen sobre el interés general de la comunidad …, el fuero indígena debe limitarse a los asuntos que conciernen únicamente a la comunidad, además, los procesados por su especial relación con la comunidad mayoritaria, conocían el carácter perjudicial del hecho por el cual se le investiga y que el mismo es sancionado por el ordenamiento jurídico nacional […]”.
Así las cosas, está demostrado que en la providencia de 28 de febrero de 2018 la autoridad accionada si tuvo en cuenta que los hechos se relacionan con la reforestación en el Resguardo Indígena de Cumbal, e igualmente se examinó la trascendencia de este hecho, así como el compromiso de recursos y de la administración pública, a partir de lo cual se determinó que no concurre el elemento objetivo, en razón al bien jurídico tutelado que resultaría afectado con los presuntos delitos imputados a los investigados.
Por último frente a este elemento es preciso advertir que la Fiscalía 23 Seccional Unidad de Administración Pública de Ipiales, informó que la investigación se origina en los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República en relación con los siguientes contratos:
“N° 016 de 2012, cuyo objeto (sic): "Servicio de mano de obra no calificada para realizar trazado, ahoyado y plantaciones de 416700 árboles nativos del proyecto de reforestación quebrada micro cuenca EI Campanario, Granizo, Tierra Negra y el Tablón en la Vereda Nazate Cuetial del Resguardo Indígena de Cumbal. Contratista José Fernando Cuaspud, por valor de $15'395-000.
En el que concluyen: "...generando un detrimento al patrimonio público que alcanza el valor de $14.3 millones que n o fueron ejecutados por el contratista… "
N°022 de 2012, estableciendo como objeto del contrato: "El suministro de materiales de ferretería para la reforestación de Ias microcuencas el Campanario, El Granizo, Tierra Negra y El Tablón en la Vereda Nazate Cuetial de Resguardo Indígena de Cumbal- Municipio de Cumbal". Contratista Rodolfo Taimal.
Se concluye: "... dado que el señor Taimal no suscribió contrato alguno con la alcaldía municipal y que jamás entregó dichos materiales y recibió dinero por esta transacción, se concluye la configuración de un hallazgo fiscal por valor total del contrato $15’'797.950. "
N°029 de 2012, "SUMINISTRO" teniendo como OBJETO. El SUMINISTRO DE ARBOLES NATIVOS PARA LA REFORESTACIÓN DE LAS QUEBRADAS DE MICRO-CUENCAS DEL CAMPANARIO, EL GRANIZO, TIERRA NEGRA, Y EL TABLÓN EN LA VEREDA DE NAZATE CUETIAL DEL RESGUARDO INDÍGENA DE CUMBAL, EN EL MUNICIPIO DE CUMBAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Contratista Alicia Yovana Puenayan.
En el que se concluye. “ …se genera detrimento el (sic) patrimonio público, por valor de $13.9 millones …”.
Contrato N° 037 de 2012, objeto “Suministro de árboles nativos y fertilizantes orgánicos para la reforestación dela microcuenca agua Blanca del Resguardo Indígena de Chiles Municipio de Cumbal – Departamento de Nariño”, contratista Alicia Yovanna Puenayan.
Se concluye: “… existe un presunto detrimento patrimonial …” “.. el contratista manifiesta haber endosado cheques a terceras personas, resulta posible falsas actas de entrega y recibido de éstos elementos al almacén municipal, así como las actas de recibido y liquidación del contrato, dado que el contratista afirma que jamás entregó dicho material vegetal, es decir, no ejecutó directamente el contrato, material vegetal que termina recibiendo del almacén municipal el Gobernados (sic) Indígena de la época …”.
V.4.2.4. De otra parte, aduce el accionante que no se hizo una valoración correcta de la declaración rendida por el Gobernador del Cabildo Indígena de Cumbal, y menciona que por “insuficiencia probatoria” no se probó la capacidad de resolución del Cabildo Indígena para impartir justicia.
Como quedó reseñado anteriormente, una de las pruebas decretadas y recaudadas por orden de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dentro del trámite del conflicto de competencias se refiere a la declaración del Gobernador del Resguardo Indígena el Cumbal, el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, quien promueve esta acción de tutela, la cual fue recaudada el 14 de febrero de 2018.
De acuerdo con los elementos de juicio aportados con la solicitud de amparo, en dicha declaración el hoy accionante indicó que el Resguardo es una “[…] comunidad indígena donde se tiene la autoridad del Mayor que es el Cabildo indígena, en cabeza del taita mayor que es el gobernador y los regidores que son nueve cada uno elegido por cada vereda, también cuenta con un teniente que es elegido por el sector el tambillo y el secretario del cabildo, que es elegido por el gobernador, también señaló que aún se está trabajando para contar con códigos o estatutos sobre la organización además respecto a los establecimientos acondicionados para cumplir las condenas, contestó que se estaba trabajando en ello, pues solo cumplen con un guarda indígena que les ayuda pero aun así les hace falta de (sic) establecimientos […]”, a partir de lo cual, la autoridad accionada concluyó que no se contaba con el elemento institucional requerido para atribuir la competencia para seguir la investigación penal a la autoridad indígena.
Significa lo anterior que no hay evidencia que en desarrollo del trámite del conflicto de competencias el accionante hubiera aportado el texto de la Ley Mayor de los Cumbales, aprobada el 16 de diciembre de 2017 por el Gobernador del Cabildo de Cumbal que le precedió, ni tampoco que hubiera informado de la misma al rendir testimonio dentro del trámite del conflicto de jurisdicciones, por lo que no se configura un defecto fáctico en razón a que el hecho que se alega fue desconocido, no fue acreditado dentro del expediente del conflicto de competencias.
V.4.2.5. A lo anterior cabe añadir que aún en el evento de entender que al contar con una Ley Mayor se cumplía el elemento institucional, éste hecho no hubiera modificado el sentido de la decisión cuestionada, en razón a que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura también concluyó que no se cumplía con los elementos territorial y objetivo, el primero porque los hechos investigados se cometieron en el casco urbano del municipio de Cumbal, como lo informó la Fiscalía dentro del proceso penal e igualmente en el curso de la acción de tutela; y el segundo porque, como se expuso en precedencia, en razón del bien jurídico tutelado con los tipos penales investigados – administración pública – se estableció que los efectos de las conductas investigadas trascienden el ámbito interno del resguardo indígena y compromete derechos de la comunidad mayoritaria.
V.4.2.6. Ahora bien, frente al elemento territorial, que, a juicio del accionante, también se encuentra acreditado porque el casco urbano está asentado en territorio indígena, es preciso advertir que no hay evidencia que este hecho haya sido probado por el Gobernador del Resguardo Indígena de Cumbal, en el proceso del Conflicto de competencias decidido por la autoridad accionada. Además, con fundamento en las pruebas aportadas en la acción de tutela, tampoco es posible afirmar que la Alcaldía municipal de Cumbal, en donde se realizaron las gestiones relacionadas con los contratos investigados, hace parte del territorio indígena y, por tanto, esta se encuentre sometida a la jurisdicción indígena.
Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que no se configura tampoco el defecto sustantivo alegado, en razón a que la autoridad accionada no podía atribuir la competencia para conocer de la investigación de los delitos atribuidos a los comuneros a la jurisdicción indígena, en razón a que no se acreditaron, en el curso del conflicto de jurisdicciones, los elementos que permiten la configuración del fuero indígena.
VI. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Silvio Hernando Valenzuela Aguilar, actuando como Gobernador Indígena y en representación de la Comunidad Indígena del Gran Cumbal, en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por las razones antes señaladas.
SEGUNDO: De no ser impugnado el presente fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
ARTICULO 7o. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.
Corte Constitucional, sentencia T- 685 de 2015.
Corte Constitucional, sentencia T-552 de 2003.
Corte Constitucional, sentencia T-617 de 2010
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.