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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01189-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodríguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01189-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Denegar las pretensiones del señor Jairo Torres Riascos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no caso de no ser impugnada, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01189-00

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodríguez

14 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - A partir del día siguiente que ocurrió la libertad del procesado

Para la Sala, ningún reproche le cabe al auto del 8 de septiembre de 2017, objeto de tutela, pues, conforme con la normativa aplicable al caso y de acuerdo con la jurisprudencia existente sobre la materia, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, al concluir, válidamente, que se había superado el plazo de dos años establecido en la ley, a partir del hecho causante del daño, a la parte demandante, esto es, desde el día en que obtuvo la libertad el 18 de septiembre de 2013, según certificado de libertad expedido por el INPEC, pues en ese momento se configuró el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. Por lo anterior, la Sala no encuentra probado el defecto sustantivo alegado por el actor. Por otra parte, la Sala advierte que los términos fijados en meses o años, como lo tiene la caducidad, no se suspenden durante los días inhábiles o de vacancia judicial, pero se admite que, cuando el último día del término sea un día no hábil, la oportunidad para presentar la demanda se extienda hasta el primer día hábil siguiente. (…) Por lo tanto, la Sala comparte la decisión del tribunal demandado referente a que no le asiste razón a la parte actora cuando afirmó que el término de caducidad se suspendió durante la vacancia judicial y el día de la Rama Judicial. Que, en todo caso, el actor tenía hasta el 10 de diciembre de 2015 para haber presentado la demanda, es decir, antes de que iniciara la vacancia judicial.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01189-00(AC)

Actor: JAIRO TORRES RIASCOS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jairo Torres Riascos contra las providencias del 16 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, y del 8 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que rechazaron la demanda de reparación directa, promovida contra la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

ANTECEDENTES

Pretensiones

Del escrito de tutela, se advierte que, mediante apoderado judicial, el señor Jairo Torres Riascos pretende la protección del derecho fundamental al debido proceso, que estimó vulnerado por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por haber rechazado de plano por caducidad, la demanda de reparación directa presentada en contra de la Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. En concreto, solicita que se revoque la providencia que declaró la caducidad y se ordene a las autoridades judiciales demandadas admitir la demanda de reparación directa.

Hechos

Del expediente de tutela, la Sala destaca la siguiente información:

2.1. El 12 de enero de 2016, el señor Jairo Torres Riascos y otros, mediante apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, para reclamar los perjuicios ocasionados con motivo de la privación injusta de la libertad del señor Jairo Torres Riascos en centro de reclusión carcelario, como consecuencia de un caso de homonimia dentro del proceso penal con radicado 13001310400519990018800.

2.2. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, que, mediante auto del 16 de marzo de 2016, la rechazó, por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad. La autoridad judicial aquí demandada estimó que el hecho causante del daño se concretó cuando, el 18 de septiembre de 2013, el señor Jairo Torres Riascos recuperó su libertad, por lo que desde el día siguiente a esa fecha empezó a correr el término de caducidad de dos años, de ahí que al ejercerse el medio de control el 12 de enero de 2016, se superó el término previsto para presentar la demanda de reparación directa.

2.3. Inconforme con la anterior decisión, el 28 de marzo del 2016, el actor presentó recurso de apelación, en el que solicitó la revocatoria de la providencia recurrida, pues, a su juicio, el término de caducidad debía empezar a contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria del auto del 17 de septiembre de 2013, que confirió la libertad. Que no fue posible obtener la constancia de la ejecutoria de esa providencia, por consiguiente, el medio de control no ha caducado.

Agregó que no pueden tenerse en cuenta para la caducidad los días no laborales, esto es, el tiempo de vacancia judicial y los días de la rama judicial.

2.4. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 8 de septiembre de 2017, confirmó el auto del 16 de marzo de 2016, básicamente con los mismos argumentos del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena.

A juicio del tribunal, la caducidad inició desde el momento en el que el actor recuperó la libertad, esto, de conformidad con el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, que establece un término de dos años contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño.

El Tribunal Administrativo de Bolívar agregó que la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que el procesado quedó en libertad. En el sub lite, lo último que ocurrió fue la libertad del procesado, por lo que a partir del día siguiente, 19 de septiembre de 2013, se inició cómputo del término de caducidad.

De lo anterior, concluyó que el actor tuvo hasta el 10 de diciembre de 2015 para presentar la demanda de reparación directa, y como la presentó el 12 de enero de 2016, el medio de control ya había caducado.

Finalmente, frente a la vacancia judicial y el día de la Rama Judicial, dijo que ese tiempo en nada afecta la caducidad, y que en todo caso la caducidad se estructuró completamente con anterioridad a esas fechas.

Argumentos de la tutela

3.1. El actor alegó que el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto confirmó el auto del 16 de marzo de 2016, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena, que rechazó de plano la demanda de reparación directa con ocasión del presunto daño por una privación injusta de la libertad.

3.2. Dijo que el tribunal demandado erróneamente consideró que la caducidad inició al día siguiente que el actor quedó en libertad, es decir, el 19 de septiembre del año 2013, pues, a su juicio, debió haberse tomado a partir del día siguiente de la ejecutoria del auto del 17 de septiembre de 2013, mediante el cual se confirió la libertad al señor Jairo Torres Riascos.

3.3. Que la firmeza de un acto administrativo es un aspecto fundamental para que pueda ser ejecutado, pues a partir de dicha firmeza es que la ejecución puede surtirse, no antes.

3.4. Alegó que con la declaratoria de caducidad y el rechazo de la demanda se vulnero gravemente el derecho fundamental al debido proceso, en tanto se le impidió acceder a la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses legítimos.

Trámite procesal

4.1. El Despacho sustanciador, en providencia del 24 de abril de 2018, admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Bolívar y al juez cuarto administrativo oral de Cartagena. En calidad de terceros con interés, se ordenó la notificación a las personas que conformaron la parte demandante en el proceso de reparación directa, al director ejecutivo de la Administración Judicial y al fiscal general de la nación.

4.2. En cumplimiento de lo anterior, la Secretaría General de la Corporación, mediante oficios No. 36878, 36877, 36874, 36873, 36875 y 36876, del 27 abril de 2018, practicó las notificaciones a los demandados y a los terceros con interés.

Intervención de la autoridad judicial demandada

5.1. El Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena solicitó declarar improcedentes las pretensiones del demandante, por cuanto en el sub lite no existió alguna causal especial de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Al respecto adujo, que no se presentó: i) defecto orgánico, por cuanto tenía competencia para conocer de los procesos de reparación directa cuando la cuantía no exceda de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes; ii) defecto procedimental absoluto, pues rechazó la demanda haber operado la caducidad, según las normas de la Ley 1437 de 2011; iii) tampoco existió defecto fáctico, porque la decisión tomada en la providencia demandada se fundamentó en la fecha en la que el demandante recuperó su libertad, como consta en la certificación del complejo carcelario y penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca; iv) no existió defecto sustantivo, toda vez que la decisión se fundamentó en la ley aplicable y la decisión tomada guarda coherencia con los fundamentos jurídicos expuesto; v) no se evidencia un error inducido, debido a que la decisión tomada se basó en los hechos expuestos en la demanda y las pruebas anexadas por el actor, y vi) finalmente, tampoco existió un desconocimiento del precedente, pues la providencia aplicó las reglas del Consejo de Estado en situaciones similares.

Precisó que tomó como referencia, para el cómputo del término de caducidad, la fecha en la que el actor recuperó su libertad, pues a partir de ese momento cesó definitivamente el hecho dañoso. Que, en efecto, este caso no fue de aquellos en los que el demandante es absuelto de responsabilidad penal luego de surtirse el proceso penal, o precluido la investigación, en los que, por lo general, la privación de la libertad cesa antes de que se tome una decisión de fondo sobre el procesado y habría que esperar a la ejecutoria de la providencia que declare la absolución o preclusión.

5.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a pesar de haber sido notificado por correo electrónico, el 27 de abril de 2018, no se pronunció sobre los hechos que motivaron la interposición de la acción de tutela.

Intervención de los vinculados como terceros con interés

6.1. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de esa entidad, por no ser competente para intervenir en las actuaciones proferidas en los despachos judiciales, que son las que se cuestionan en la presente tutela.

Por otro lado, luego de explicar los requisitos generales y especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales, pidió que se declarará improcedente la acción de tutela, en razón a que no concurren en el caso objeto de estudio la causales de procedencia contra providencias judiciales, y advierte que la tutela no puede convertirse en instancia adicional de los procesos judiciales. Agregó que tampoco observa la existencia de un perjuicio irremediable, pues se observó que la parte actora simplemente se encuentra inconforme con las providencias de los aquí demandados.

6.2. La Fiscalía General de la Nación pidió declarar improcedente la acción de tutela, por cuanto el demandante no argumentó la configuración de alguna causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Alegó que el actor omitió mencionar los medios de prueba que fueron dejados de valorar, o que se valoraron de manera defectuosa, por parte de las autoridades judiciales demandadas. Agregó que el actor tampoco justifico la relevancia de dichas pruebas, para efecto de modificar el sentido de la decisión judicial. Que, de hecho, los demandados dieron una correcta interpretación del acervo probatorio contenido en el expediente.

Concluyó diciendo que la simple inconformidad con las decisiones judiciales no la convierte en arbitrarias, y, por ende, advierte que el actor lo que pretende es convertir la acción de tutela en una instancia adicional, para reactivar el debate probatorio y jurídico que ya se surtió en el proceso ordinario.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela contra providencias judiciales

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se cuestione una sentencia de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que se ha aplicado la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional».

2. Problema jurídico y caso concreto

Sea lo primero indicar que las inconformidades del demandante respecto de la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cartagena fueron resueltas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que, como juez de segunda instancia, estaba habilitado para el efecto. Por lo tanto, la Sala se ocupará únicamente de resolver los cuestionamientos contra la decisión del tribunal, que, en últimas, fue la que puso fin al proceso de reparación directa promovido por el señor Gilberto Hernán Acero Roncancio.

2.1. A la Sala le corresponde establecer si el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en defecto sustantivo al rechazar de plano la demanda de reparación directa por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

2.2. En concreto, el actor pretende que se deje sin efectos la providencia del tribunal demandado, que confirmó el auto que rechazó la demanda de reparación directa presentada por Jairo Torres Riascos, por haber operado la caducidad, pues, a su juicio, el tribunal demandado debió haber contabilizado el término desde la ejecutoria de la providencia que confirió la libertad, y no desde el día siguiente a cuando quedó en libertad.

2.3. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la autoridad judicial demandada, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, con fundamento en Ley 1437 de 2011, y la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

La autoridad judicial adujo que la Sección Tercera de esta Corporación ha dicho que el cómputo del término de caducidad en los casos de privación injusta de la libertad inicia a partir de la libertad del procesado. Por tal razón, para el caso concreto, tuvo como fecha para contabilizar la caducidad el 19 de septiembre de 2013, es decir, un día después de que el actor recuperó su libertad. En consecuencia, concluyó que se había configurado la caducidad del medio de control de reparación directa, porque la demanda se presentó superado el término de dos años previsto para el efecto, pues el señor Jairo Torres Riascos presentó la demanda hasta el 12 de enero de 2016.

2.4. Al respecto, la Sala advierte que la caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el literal i) del numeral 2º del artículo 134 de la Ley 1437 de 2011 que establece que el término de caducidad del medio de control de reparación directa es de dos años «contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño».

De acuerdo con esa disposición, la Sección Tercera de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que, cuando se demandan los perjuicios ocasionados por una privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa se «empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad» y en otras ocasiones ha dicho que se toma «desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada».

Igualmente, a juicio de la Sala, no puede perderse de vista que el numeral 1° del artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, autoriza el rechazo de la demanda cuando hubiere operado la caducidad para ejercer el medio de control.

2.5. Siendo así, para la Sala, ningún reproche le cabe al auto del 8 de septiembre de 2017, objeto de tutela, pues, conforme con la normativa aplicable al caso y de acuerdo con la jurisprudencia existente sobre la materia, declaró la caducidad del medio de control de reparación directa, al concluir, válidamente, que se había superado el plazo de dos años establecido en la ley, a partir del hecho causante del daño, a la parte demandante, esto es, desde el día en que obtuvo la libertad el 18 de septiembre de 2013, según certificado de libertad expedido por el INPEC, pues en ese momento se configuró el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. Por lo anterior, la Sala no encuentra probado el defecto sustantivo alegado por el actor.

2.6. Por otra parte, la Sala advierte que los términos fijados en meses o años, como lo tiene la caducidad, no se suspenden durante los días inhábiles o de vacancia judicial, pero se admite que, cuando el último día del término sea un día no hábil, la oportunidad para presentar la demanda se extienda hasta el primer día hábil siguiente.

En efecto, el Consejo de Estado ha explicado que ni la vacancia judicial ni el cese de actividades suspenden el término de caducidad, cuando estos han sido fijados en meses y años. De hecho, esa conclusión está respaldada por el artículo 118 del Código General del Proceso y por el artículo 62 de la Ley 4 de 1913 (Código del Régimen Político y Municipal).

Por lo tanto, la Sala comparte la decisión del tribunal demandado referente a que no le asiste razón a la parte actora cuando afirmó que el término de caducidad se suspendió durante la vacancia judicial y el día de la Rama Judicial. Que, en todo caso, el actor tenía hasta el 10 de diciembre de 2015 para haber presentado la demanda, es decir, antes de que iniciara la vacancia judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Denegar las pretensiones del señor Jairo Torres Riascos, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

En caso de no caso de no ser impugnada, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Folio 1 a 14 del expediente en préstamo CD.
Folio 7 a 11.
Folio 47 del expediente en préstamo CD.
Folio 97 a 101 del expediente en préstamo CD.
Folio 12 a 21.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Giraldo Gómez. Reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801.
Folio 1 a 15.
El 18 de abril de 2018, ingresó al despacho la acción de tutela de la referencia.
Folio 28 y vuelto.
Folio 29.
Folio 29 (vuelto).
Folio 30.
Folio 30 (vuelto).
Folio 31.
Folio 31 (vuelto).
Folio 32 a 34 (vuelto) y 49.
Folio 36 a 38 (vuelto).
Folio 40 a 42 (vuelto).
Folio 44 a 46 (vuelto).
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
SU-573 de 2017.
Que si bien no fue invocado expresamente por el actor, puede deducirse claramente del contenido de la demanda de tutela.
Al respecto, las Sentencias Nº 70001-23-31-000-2003-00906-01 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 30 de marzo de 2016. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, y Nº 76001-23-31-000-2005-00387-01(43852) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, del 1 de marzo de 2018. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, entre otras.
Al respecto, la sentencia Nº 85001-23-31-000-2004-01194-01 de Consejo de Estado, de 26 de mayo de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Folio 48 del expediente en préstamo CD.
Sobre el particular, ver, entre otras las siguientes providencias: i) auto del 9 de febrero de 2017, expediente 05001-23-33-000-2016-00274-01, dictado por la Sección Primera; ii) auto del 1º de diciembre de 2011, expediente 11001-23-25-000-2010-00160-00, proferida por la Sección Segunda; iii) sentencia del 27 de enero de 2016, expediente 47001-23-31-000-2012-00315-01, dictada por la Subsección C de la Sección Tercera; iv) sentencia del 23 de octubre de 2014, expediente 190012331000200500032-01, dictada por la Sección Cuarta.
Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el término vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente.
ARTÍCULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.

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