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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01203-01

Fecha
15 de noviembre de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01203-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Revocar la sentencia de 28 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su lugar, Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Elkyn Ramírez Zuluaga. En consecuencia, Dejar sin efectos la sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por las razones expuestas en la parte considerativa. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta la sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que declaró con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012. Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01203-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

15 de noviembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE RETIRO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - No configuración / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y A LA SEGURIDAD SOCIAL

[La Sala deberá] determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos [alegados] por el actor, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se le negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por no cumplir con los 25 años de servicio que exigen el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012. (…) [L]a Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte actora, pues se dio aplicación al artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, que se encontraba vigente a la fecha de la sentencia y acorde con las pruebas aportadas, determinó que el actor no cumplió con el requisito de tiempo de servicio – 25 años-, para acceder a la asignación de retiro cuando la causal es por solicitud propia, ya que en su hoja de vida solo reportaba 20 años, 8 meses y 20 días. Sin embargo, la Sala advierte la ocurrencia de un hecho nuevo relevante que se debe analizar, pues encontrándose la presente acción de tutela pendiente de decidir en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió la sentencia de 3 de septiembre de 2018, en la cual declaró con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional´, expedido por el Gobierno Nacional”. Entonces, si bien es cierto que la autoridad judicial demandada no tenía forma de evidenciar tal situación y dar aplicación a un precedente posterior, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva deberá la Sala ordenar que se resuelva de fondo el asunto. (…) [En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que] el actor reclama derechos prestacionales, concretamente la asignación de retiro, que tiene carácter de imprescriptible, se debe acceder al amparo reclamado, en aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social. Por lo expuesto (…), la Sala revocará el fallo de primera instancia.

FUENTE FORMAL: DECRETO 1212 DE 1990 / DECRETO 1858 DE 2012 - ARTÍCULO 2.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01203-01(AC)

Actor: ELKYN RAMÍREZ ZULUAGA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN D Y OTRO

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 28 de mayo de 2018, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la acción de tutela interpuesta.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor Elkyn Ramírez Zuluaga, mediante apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, porque estimó vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital, la vida en condiciones dignas, la familia y la seguridad social. En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“(…) 2. Que se ordene dejar sin efecto las sentencias proferidas por los accionados de fecha 31 de marzo de 2017 y 28 de septiembre de 2017, proferidas por el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, proferidas dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento No. 11001334205220160003300.

3. Que se ordene que en un término de 30 días, la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dicte una nueva sentencia complementaria en la cual se reconozca la asignación de retiro del señor Elkyn Ramírez Ramírez (sic), de conformidad con lo establecido en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ello desde la fecha de su retiro hasta el momento de que se haga efectivo el pago de las mesadas de asignación.”

Hechos

Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

2.1. El señor intendente ® Elkyn Ramírez Zuluaga ingresó a la Policía Nacional el 7 de febrero de 1995. Mediante Resolución nro. 217 de 1996 se graduó como miembro del nivel ejecutivo.

2.2. Con Resolución nro. 03132 de 15 de julio de 2015, fue retirado del servicio activo de la Policía Nacional, por solicitud propia, tras haber laborado 20 años, 8 meses y 20 días.

2.3. Mediante Oficio nro. 21991 de 27 de noviembre de 2015, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía, negó la solicitud de reconocimiento y pago de la asignación de retiro hecha por el señor Ramírez Zuluaga el 19 de octubre de 2015.

2.4. Por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo y, como consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la asignación de retiro con los 3 meses de alta de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 y el reconocimiento y pago de todos los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de retiro y hasta que se produzca la sentencia.

2.5. El Juzgado 52 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia de 31 de marzo de 2017, negó las pretensiones de la demanda, toda vez que el demandante ingresó de manera directa al nivel ejecutivo, por lo que le resulta aplicable el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, según el cual, para ser beneficiario de la asignación de retiro debe completar 25 años de servicio cuando el retiro es por solicitud propia.

2.6. El actor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en sentencia de 28 de septiembre de 2017, en la que se confirmó el fallo de primera instancia.

Argumentos de Tutela

A juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, en las cuales se ha aplicado la excepción de inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012 y han ordenado el reconocimiento de la asignación de retiro al personal vinculado de forma directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, con fundamento en las disposiciones del Decreto 1212 de 1990.

Al respecto, trajo a colación las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) de 1° de marzo de 2018, proferida por la Sección Primera, dentro de la acción de tutela con radicado No. 2017-03432, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; ii) de 1° de junio de 2017, de la Sección Cuarta, C.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal basto (E), dentro de la acción de tutela radicada con No. 11001-03-15-000-2016-03812-00; y iii) de 5 de octubre de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, CP. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con No. 180012333000201400085-01.

Intervención

Juzgado 52 Administrativo de Bogotá

La titular del Despacho indicó que en la decisión que profirió en primera instancia se pronunció respecto de los fallos ordinarios y de tutela que el actor pretendía que se utilizaran como precedente judicial para resolver el asunto y explicó por qué en esa oportunidad los mismos no constituían regla jurisprudencial aplicable al caso concreto.

Que de las pruebas aportadas al proceso, se pudo determinar que al actor le era aplicable el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, a efectos de reconocimiento y pago de asignación de retiro en su calidad de miembro de nivel ejecutivo de incorporación directa, por lo cual al no cumplir con los requisitos establecidos en esa norma, se negaron las pretensiones de la demanda la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

5. Providencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia de 28 de mayo de 2018, negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados.

En cuanto al desconocimiento del precedente indicó que las sentencias que se indicaron como desconocidas no eran aplicables al caso del actor, porque: i) en la sentencia de 1° de junio de 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, determinó que al entonces actor no le eran aplicables las disposiciones del Decreto 1858 de 2012, porque en la fecha en que se produjo su retiro esa norma no se había expedido; ii) en la sentencia de 5 de octubre de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se dispuso que la aplicación del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, el cual establece como requisito para la asignación de retiro 15 años de servicio, cuando la causal de retiro sea distinta a la voluntad propia; y, iii) la sentencia de 1° de marzo de 2018, de la Sección Primera del Consejo de Estado, en la cual se indicaron como desconocidas las anteriores providencias, se emitió con posterioridad a la decisión objeto de reproche.

Además, indicó que las sentencias proferidas por la Sección Cuarta y Sección Primera del Consejo de Estado, se emitieron dentro de acciones de tutela, es decir, que tiene efectos inter partes, cuya fuerza vinculante para el juez es la de constituir un antecedente jurisprudencial o criterio orientador.

Frente al cargo de violación directa de la Constitución, indicó que la parte actora pretendía que se aplicara la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 1858 de 2012, pero la autoridad judicial hizo un análisis de las normas aplicables y acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado determinó que las normas no eran abiertamente contrarias a la Constitución.

6. Impugnación

El apoderado judicial del señor Elkyn Ramírez Zuluaga impugnó el fallo de primera instancia, insistió en la vulneración de los derechos fundamentales y los defectos alegados de la sentencia.

Que si el a quo estimaba que dentro del expediente de tutela no existían las pruebas suficientes que acreditaran la afectación de sus derechos fundamentales, debió requerir el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para poder decidir la controversia.

Indicó que aunque las sentencias que se invocaron como desconocidas se profirieron dentro de acciones de tutela, las mismas hicieron un estudio de fondo respecto de los miembros de la Policía Nacional que han ingresado de manera directa al Nivel Ejecutivo, por lo que considera que debe amparase el derecho a la igualdad y el presente caso se debe resolver en los mismos términos.

Aseguró que las sentencias aportadas y que se indicaron como desconocidas guardan identidad fáctica respecto del señor Ramírez Zuluaga, pues ingresaron a la institución castrense posterior al 31 de diciembre de 1994, fecha en que entró en vigencia el Decreto 1091 de 1995 y antes de que fuera proferido el Decreto 4433 de 2004, los dos declarados nulos por el Consejo de Estado, en lo referente al aumento en el requisito de tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro, luego la norma aplicable es el Decreto 1212 de 1990.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela – generalidades

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1° establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.

A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de tutela. Además, debe examinar si el demandante identificó y sustentó la causal específica de procedibilidad y expuso las razones que sustentan la violación o amenaza de los derechos fundamentales. No son suficientes las simples inconformidades frente a las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que el interesado debe demostrar que la providencia cuestionada vulneró o dejó en situación de amenaza derechos fundamentales.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: a) defecto sustantivo, b) defecto fáctico, c) defecto procedimental absoluto, d) defecto orgánico, e) error inducido, f) decisión sin motivación, g) desconocimiento del precedente y h) violación directa de la Constitución.

Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

La tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

Es de esa manera que se estudia una providencia judicial mediante el mecanismo excepcional de la acción de tutela.

La tutela judicial efectiva

La Corte Constitucional ha definido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como “(…) la posibilidad, reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”.

El concepto de efectividad que contiene este postulado constitucional, no solo implica garantizar el acceso a la justicia mediante la existencia de mecanismos efectivos de defensa a los cuales puedan acudir los administrados, sino que requiere un esfuerzo institucional para restablecer el orden jurídico y garantizar la prevalencia del derecho sustancial.

En relación con el derecho de acceso a la administración de justicia, la Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

"(…) el acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.”

Precisa la Sala que el derecho de acceso a la administración de justicia no es absoluto, toda vez que puede ser condicionado legalmente a que las acciones se inicien dentro de los plazos señalados por el legislador, en aras de proteger la seguridad jurídica.

La tutela judicial efectiva también es entendida como un derecho de aplicación inmediata, pues hace parte del núcleo esencial del debido proceso, lo cual quiere decir, que “se garantiza a través de las distintas acciones y recursos que el ordenamiento jurídico ha previsto para la protección de los derechos”, con la advertencia de que “el diseño de las condiciones de acceso y fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde al Legislador”

Problema jurídico

Consiste en determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos alegado por el actor, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se le negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por no cumplir con los 25 años de servicio que exigen el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012.

Del caso concreto

El señor Elkyn Ramírez Zuluaga interpuso la presente acción de tutela, con el fin de que se dejen sin efectos las sentencias de 31 de marzo de 2017 y 28 de septiembre del mismo año, mediante las cuales el Juzgado 52 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, negaron el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, por no cumplir con los 25 años de servicio que exige el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012.

A juicio de la parte actora las autoridades judiciales desconocieron el precedente jurisprudencial desarrollado por el Consejo de Estado, en los cuales se ha aplicado la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 1858 de 2012 y, en consecuencia se ha previsto que el personal que ingresa de forma directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tiene derecho a que se le reconozca su asignación de retiro en los términos del Decreto 1212 de 1990, esto es, con 20 años de servicio.

Pese a que la parte actora cuestiona las decisiones de primera y segunda instancia, la Sala estudiará los cargos respecto de la última, por ser la decisión que hace tránsito a cosa juzgada y una probable orden de amparo respecto a la misma garantizaría los bienes ius fundamentales invocados.

Contenido de la sentencia acusada

Como problema jurídico, la autoridad judicial, planteó lo siguiente:

“El problema a dilucidar en la presente controversia radica en establecer, teniendo en cuenta los presupuestos fácticos que aparecen probados en el proceso y la normatividad que resulta aplicable al caso, si le asiste el derecho al actor al reconocimiento de la asignación mensual de retiro de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990”

Para resolver el problema jurídico, refirió como normativa aplicable al caso, los artículos 1° y 2° de la Ley 4ª de 1992; el artículo 7 y parágrafo de la Ley 180 de 1995; el Decreto 1091 de 1995; la sentencia de 14 de febrero de 2007, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, C.P. Dr. Alberto Arango Mantilla, radicado No. 2007-1240, en la cual se declaró la nulidad del Decreto referido.

Así mismo, citó el Decreto 2070 de 2003 “por medio del cual se reforma el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares”, y la sentencia C-432 de 2004, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible dicha norma.

Aunado a ello, citó la Ley marco 923 de 2004, la cual fue reglamentada mediante el Decreto 4433 de 2004 “por medio del cual se fija el régimen pensional de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, en el cual se establecía la forma como debía reconocerse la asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba en servicio a la fecha de su entrada en vigencia. Aclaró que el Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de abril de 2012, declaró la nulidad del Decreto referido.

Igualmente, refirió extractos de la sentencias de 14 de julio de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado con No. 11001-03-25-000-2013-00850-00 (1783-13), en los cuales se determinó que los Decretos 1212 y 1213 de 1990 era la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo, sin importar su vinculación.

Indicó que el Gobierno nacional expidió el Decreto 1858 de 2012, en el cual se estableció la diferencia para los miembros de la Policía Nacional que habían sido homologados y quienes se incorporaron directamente al Nivel Ejecutivo. Que el artículo 2° de esa norma, fue demandado en ejercicio del medio de control de nulidad, siendo suspendido mediante auto de 14 de julio de 2014, pero esa decisión fue revocada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante proveído de 8 de octubre de 2015.

Luego de hacer el recuento normativo, frente al caso concreto indicó que:

“(…) la Sala encuentra que el demandante se vinculó a la Policía Nacional en el año 1995 directamente al Nivel Ejecutivo, tal y como lo constata la copia de la hoja de servicios No. 70905865 visible a folio 9 del expediente y el extracto de la hoja de servicios obrante a folios 48 a 51 del plenario, siendo retirado del servicio por solicitud propia mediante la Resolución No. 03132 de 15 de julio de 2015, con un tiempo de 20 años, 8 meses y 20 días.

Ahora bien, debe señalar inicialmente la Sala que la normatividad aplicable para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, es la vigente al momento en que se produzca la desvinculación o retiro del Policía o Militar, que en este caso corresponde al Decreto 1858 de 2012, el cual entró a regir a partir del 6 de septiembre de 2012.

(…)

En ese orden, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, el personal vinculado directamente al nivel ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2004, tiene derecho a que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, reconozca y pague una asignación de retiro cuando sean retirados de la institución con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del Director General de la Policía Nacional por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio.

Así las cosas, como el demandante se vinculó directamente al nivel ejecutivo con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 y su retiro se produjo por voluntad propia, requiere para tener derecho a la asignación de retiro un tiempo mínimo de servicio de 25 años, lo cual no cumple pues solo tiene 20 años de servicio, 8 meses y 20 días de servicio, razón por la cual no se desvirtúa la presunción de legalidad del acto acusado.

Ahora bien, respecto al argumento del recurrente según el cual no debe aplicarse en su caso el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, por ser éste una reproducción del parágrafo 2° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, declarado nulo por el H. Consejo de Estado y ser contrario a la Constitución, la Sala hace suyas y comparte las consideraciones de la providencia del 8 de octubre de 2015 del órgano de cierre de esta jurisdicción, referida en párrafos anteriores, en el sentido de no encontrar prima facie la violación por parte de dicho precepto normativo de ningún principio o norma de rango Constitucional.

Conforme a lo anterior, al encontrarse vigente el decreto 1858 de 2012, para la fecha de retiro del servicio del demandante y no cumplirse en el caso del demandante el tiempo mínimo de servicio para efectos del derecho a la asignación de retiro, en la parte resolutiva de la presente sentencia se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.”

Acorde con el contenido de la sentencia, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no incurrió en ninguno de los defectos alegados por la parte actora, pues se dio aplicación al artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, que se encontraba vigente a la fecha de la sentencia y acorde con las pruebas aportadas, determinó que el actor no cumplió con el requisito de tiempo de servicio – 25 años-, para acceder a la asignación de retiro cuando la causal es por solicitud propia, ya que en su hoja de vida solo reportaba 20 años, 8 meses y 20 días.

Sin embargo, la Sala advierte la ocurrencia de un hecho nuevo relevante que se debe analizar, pues encontrándose la presente acción de tutela pendiente de decidir en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, profirió la sentencia de 3 de septiembre de 2018, en la cual declaró con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional´, expedido por el Gobierno Nacional”.

Entonces, si bien es cierto que la autoridad judicial demandada no tenía forma de evidenciar tal situación y dar aplicación a un precedente posterior, en aras de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva deberá la Sala ordenar que se resuelva de fondo el asunto, como se pasa a exponer:

La sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”.

Se promovió demanda de nulidad contra el artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, bajo Radicado nro. 11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-2013), el cual se resolvió, mediante sentencia de 3 de septiembre de 2018, en los siguientes términos:

“DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 ´por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional´, expedido por el Gobierno Nacional.”

Los argumentos principales de la decisión, fueron los siguientes:

A los miembros de la Policía Nacional, incluidos los que integran el nivel ejecutivo, que estaban activos al momento de expedición de la Ley 923, esto es, el 31 de diciembre de 2004, para acceder a la asignación de retiro, no se les puede exigir un tiempo de servicio superior al establecido en los Decreto 1212 y 1213 de 1990, por ser la normativa vigente, cuando la causal de retiro sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.

Que con la expedición del artículo 2° del Decreto 1858, el Gobierno Nacional desconoció las previsiones normativas contenidas en la Ley marco 923 de 2004, al exigirle al personal vinculado con el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional incorporado directamente y en servicio activo al 31 de diciembre de 2004, requisitos más gravosos para acceder a la asignación de retiro, pues estableció como tiempos mínimos y máximos de retiro 20 y 25 años, según la causal, lo cual es contrario a la norma superior que se restringe a los mínimos y máximos de 15 a 20 años de servicio.

En cuanto a los efectos de la decisión, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, aclaró:

“(…) está Subsección declarara la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, no sin antes advertir que los efectos otorgados a esta sentencia serán de carácter ex tunc, es decir, desde entonces, y se retrotraen al momento en que nació el acto, y como consecuencia de ello, las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la expedición del mismo, por lo que las situaciones no consolidadas entre el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria del mismo, son afectadas por la decisión que en esta última se tome. En tal sentido, respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, las sentencias de nulidad de actos de carácter general tienen efecto inmediato, es decir, sobre aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción; por lo tanto, las ´afecta´ de manera inmediata.

El efecto de la sentencia de nulidad en la situación particular

La Sala advierte que el derecho de acceso a la administración de justicia se encuentra consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política como una función pública que está a cargo de las autoridades judiciales, cuyo fin es hacer realidad los propósitos que inspiran la justicia material, con los que el Estado puede garantizar un orden político, económico y social justo para promover una convivencia pacífica.

La Corte Constitucional ha señalado que el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia contiene tres obligaciones principales: (i) respetar; (i) proteger y (iii) realizar los derechos humanos. Las obligaciones fueron definidas de la siguiente manera:

En primer lugar, la obligación de respetar el derecho a la administración de justicia implica el compromiso del Estado de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización. Asimismo, conlleva el deber de inhibirse de tomar medidas discriminatorias, basadas en criterios tales como el género, la nacionalidad y la casta.

En segundo lugar, la obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho.

En tercer lugar, la obligación de realizar implica el deber del Estado de (i) facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y, (ii) hacer efectivo el goce del derecho.

Facilitar el derecho a la administración de justicia conlleva la adopción de normas y medidas que garanticen que todas las personas, sin distinción, tengan la posibilidad de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que la normativa proporciona para formular sus pretensiones.

Además, para que las anteriores obligaciones hagan efectivo el derecho de acceso a la administración de justicia es necesario que se garantice la posibilidad de los ciudadanos de acudir y formular un problema ante los jueces y tribunales, que ese problema se resuelva y que una vez se adopte la decisión se cumpla.

En el presente caso, como ya se indicó la autoridad judicial al proferir la sentencia acusada no incurrió en ningún defecto, pues decidió acorde con el ordenamiento jurídico que se encontraba vigente. Sin embargo, la Sala no puede desconocer que para la fecha en que se profiere esta decisión ya se profirió la sentencia de 3 septiembre de 2018, por parte de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, la cual tiene incidencia directa en el derecho que reclama el actor.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la sentencia de nulidad de la Sección Segunda del Consejo de Estado implicó la desaparición del ordenamiento jurídico del requisito de tiempo de servicio - con tiempos mínimos y máximos de retiro 20 y 25 años -, la providencia en la que se negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al señor Elkyn Ramírez Zuluaga, por no cumplir con esa exigencia, debe analizarse si en la nueva normativa aplicable al caso, el actor tiene derecho a la referida prestación, sin embargo, es un análisis que corresponde al Juez natural del asunto.

Teniendo en cuenta además, que en el presente caso el actor reclama derechos prestacionales, concretamente la asignación de retiro, que tiene carácter de imprescriptible, se debe acceder al amparo reclamado, en aras de garantizar los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social.

Por lo expuesto, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, la Sala revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar se amparara el derecho fundamental al debido proceso del señor Elkyn Ramírez Zuluaga.

Por ende, la Sala dejará sin efectos la sentencia de 28 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y, como consecuencia, se ordenará proferir una decisión de remplazo, en la que se tenga en cuenta la sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que declaró con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Revocar la sentencia de 28 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su lugar,

Amparar el derecho fundamental al debido proceso del señor Elkyn Ramírez Zuluaga. En consecuencia,

Dejar sin efectos la sentencia de 28 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, por las razones expuestas en la parte considerativa.

Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que en el término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta la sentencia de 3 de septiembre de 2018, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, que declaró con efectos ex tunc la nulidad del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012.

Notificar la presente decisión a los interesados, por telegrama o por cualquier otro medio expedito.

Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Folio 15 del cuaderno de tutela.
Folios 159 a 163.
Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01. La Sala Plena precisó:
2.1.11.- Entonces, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Carta, la acción de tutela sí procede contra las providencias del Consejo de Estado, materializadas en autos y sentencias, en la medida en que la Corporación hace parte de una de las ramas del poder público –Rama Judicial-, conforme con los artículos 113 y 116 de la Constitución y, por tanto, es una autoridad pública.
Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra las providencias del Consejo de Estado, no es otra cosa que aceptar la prevalencia de los derechos fundamentales de las personas y, por ende, desarrollar los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 1, 2, 4, 6, 121 y 230 Constitucionales.
2.1.12.- No puede perderse de vista que los autos y sentencias que profieren los jueces de las distintas jurisdicciones, incluidos los órganos que se encuentran en la cúspide de la estructura judicial, pueden vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
Corte Constitucional, Sentencia C-426 de 2002.
Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
Cfr. Corte Constitucional. Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras.
Corte Constitucional. C-037 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003.
Corte Constitucional, Sentencia C-207 de 2003.
“Por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.
Ver entre otras la sentencia T-283 de 2013

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