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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01204-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01204-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Fernando Hernández Vélez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-01204-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

14 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada aplicación normativa / NORMA APLICABLE - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo / COMPETENCIA – Jurisdicción contenciosa administrativa / VINCULACIÓN DE AGENTE ESPECIAL LIQUIDADOR AL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – Con el fin de determinar la existencia de responsabilidad por omisión de las funciones públicas como agente liquidador/ MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA – En el caso busca establecer si con las actuaciones como agente especial liquidador de Solsalud EPS se ocasionó o no un daño antijurídico / APLICACIÓN DE PRECEDENTE – Exige similitud fáctica y jurídica / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[E]l [actor] no debe perder de vista que el proceso de reparación directa instaurado por la señora [E.O.S.] al cual fue llamado como demandado, busca establecer si con sus actuaciones como liquidador de Solsalud EPS se ocasionó o no un daño antijurídico, estudio que le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en tal virtud, debe seguirse por los ritualismos propios de los medios de control contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dicho esto, la Sala establece que no asiste razón al [actor] cuando afirma que la norma que debe aplicarse con el fin de determinar su comparecencia al proceso es el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; pues se reitera, ese proceso es únicamente un mecanismo de control de los acreedores sobre las actuaciones del liquidador respecto de sus créditos; por otra parte, el medio de control instaurado por la señora [E.O.S.] pretende acreditar un accionar anti jurídico de la entidad liquidada, dentro de la cual el accionante tuvo un papel preponderante. De igual manera, la Sala advierte que el actor no está vinculado al proceso como representante legal de una entidad extinta, esto es Solsalud EPS, puesto que la representación de los derechos y obligaciones de esa Entidad está representada por la Superintendencia Nacional de Salud; de otro lado, la vinculación del [actor] como demandado dentro del medio de control de reparación directa incoado por la señora [E.O.S.] obedece a la necesidad de determinar si su conducta como liquidador de la señalada EPS causó un daño que la demandante no tenía el deber jurídico de soportar, y posteriormente determinar si ello causa una corresponsabilidad del actor. (…)Así, la Sala destaca que la tutela interpuesta por el [actor] plantea una inconformidad con el estudio de las normas aplicables al caso realizado por el Juzgado Primero (1) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, lo cual no constituye una razón suficiente para la interposición de una acción constitucional. (…) la Sala advierte que la providencia indicada por el actor no puede ser aplicada al caso en concreto del proceso ordinario, comoquiera que difiere en los supuestos fácticos y jurídicos en que se asientan

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01204-00(AC)

Actor: FERNANDO HERNÁNDEZ VÉLEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO PRIMERO (1) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BUCARAMANGA

Acción de tutela – Fallo de primera instancia

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el señor Fernando Hernández Vélez, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

ANTECEDENTES

La solicitud y las pretensiones

El señor Fernando Hernández Vélez, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al bueno nombre y de acceso a la administración de justicia, los cuales estima lesionados por el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, como consecuencia de los presuntos defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial en que incurrieron al momento de dictar los autos de 24 de octubre de 2017 y 6 de abril de 2018, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa que dio origen a la presente acción constitucional.

En amparo de los derechos invocados, solicita:

“Primero: tutelar los derechos fundamentales de Fernando Hernández Vélez, al acceso a la administración de justicia, recurso efectivo, debido proceso legal y garantías judiciales en conexidad con el derecho al buen nombre.

Segundo: Revocar el auto de fecha 24 de octubre de 2017, proferido por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Bucaramanga dentro del radicado 68001333300120150034500.

Tercero: Revocar el auto de fecha 06 de abril de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso radicado. No. 68001333300120150034501, mediante el cual se confirmó en su integridad la decisión antes mencionada.

En su lugar,

Cuarto. Ordenar al Tribunal Administrativo de Santander que analice la aplicación de la caducidad de la acción contra el Agente Especial Liquidador ordenada por la norma especial que guía su actuación es decir, el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, adicionalmente, se tenga en cuenta la reciente jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado radicado: 68001233300020150032001, proferida por la Sección Primera el 25 de enero de 2018”.

Hechos

La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:

La señora Elva Orozco Salgado, en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpuso demanda, contra la Nación – Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, en la que solicitó que se la declare estructuralmente responsables, como entidades sucesoras de Solsalud EPS, como consecuencia de la indebida prestación del servicio de salud de la extinta EPS que le causó perjuicios que en su concepto no estaba en la obligación de soportar.

El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, autoridad que admitió la demanda mediante auto de 15 de febrero de 2016.

Posteriormente, a través de proveído de 20 de febrero de 2017 vinculó al señor Fernando Hernández Vélez, quien fungió como agente liquidador de Solsalud EPS, con miras a evaluar su conducta en el referido proceso liquidatorio y establecer si en razón a ello le es imputable algún grado de responsabilidad. Inconforme con la decisión, el señor Hernández Vélez interpuso recurso de reposición.

El Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga con auto de 3 de agosto de 2017, confirmó la decisión tomada.

Consecuencia de lo anterior, el señor Hernández Vélez contestó la demanda y propuso la excepción de falta legitimación en la causa pasiva, puesto que en su concepto, no fue requerido oportunamente dentro del término contenido en el Decreto 663 de 1993, motivo por el que carecía de capacidad para constituirse como demandado en el proceso ordinario.

El Juzgado Primero (1º) Administrativo del Circuito de Bucaramanga, en audiencia inicial celebrada el 27 de octubre de 2017 declaró no prospera la excepción propuesta por el demandado. Bajo ese contexto, el señor Fernando Hernández Vélez interpuso recurso de apelación.

El Tribunal Administrativo de Santander, mediante providencia de 6 de abril de 2018, confirmó lo resuelto por el A quo.

El accionante afirmó que la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Santander trazado por la Sección Primera de esta Corporación.

En ese sentido, manifestó que las autoridades accionadas debieron aplicar lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el fin de determinar su capacidad para ser parte en el proceso.

Indicó que las normas contenidas en el Decreto 663 de 1993 son especiales, por tanto, de aplicación preferente a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, puesto, que regulan entre otras cosas, lo referente al régimen de responsabilidad del agente liquidador.

Aunado a lo anterior, arguyó que el término con que contaban para cuestionar su responsabilidad era de tres meses desde la publicación del balance final de cuentas, lapso que había terminado al momento de presentar la demanda.

Manifestó que pretenden llamarlo al proceso como representante legal de una entidad extinta, lo cual carece de asidero jurídico.

Por otra parte, refirió que los Despachos accionados desconocieron el precedente de la Sección Primera de esta Corporación, contenido en el auto de 23 de enero de 2018 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés).

Trámite

Mediante auto de 20 de abril de 2018 se admitió la tutela y se ordenó notificar a las autoridades accionadas, para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Asimismo, se vinculó a la Nación – Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la señora Elva Orozco Salgado, por tener interés directo en las resultas del proceso.

Intervenciones

La Superintendencia Nacional de Salud solicitó ser desvinculada del trámite de la acción constiucional, en ese sentido, afirmó que los hechos y omisiones que el actor estima como vulneradoras de sus derechos fundamentales devienen del accionar del Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral de Bucaramanga y del Tribunal Administrativo de Santander, por lo que son esas las Entidades llamadas a comparecer.

El Tribunal Administrativo de Santander, se opuso a las pretensiones de la acción constitucional.

Indicó que profirió el auto cuestionado, con arreglo de la normativa vigente y aplicable al caso en concreto.

Aseguró que la falta de legitimación en la causa por pasiva, es una excepción que debe ser decidida en la providencia de primera instancia, puesto que constituye además uno de los presupuestos para poder dictar sentencia.

Advirtió que el señor Fernando Hernández Vélez no fue requerido como representante legal de una Entidad extinta, sino como agente liquidador de Solsalud EPS, con el fin de que explique sus actuaciones en el cargo.

Afirmó que las disposiciones contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero no pueden ser aplicadas al caso en concreto, toda vez que la acción de responsabilidad contenida en ese ordenamiento se refiere al mecanismo por el cual los acreedores de una Entidad sometida a proceso de liquidación pueden cuestionar la gestión del agente liquidador.

En ese sentido, argumentó que esa acción cuenta con un sujeto activo calificado conformado por un número de acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del pasivo de la Entidad.

Por otra parte, sentenció que el medio de control de reparación directa puede ser incoado por cualquier persona que sienta que la administración o los particulares investidos transitoriamente con funciones administrativas, causaron un perjuicio que no estaba en el deber legal de soportar con su acción o su omisión.

Concluyó que el pronunciamiento de la Sección primera del Consejo de Estado que el accionante estima como desatendido, no guarda identidad fáctica con el asunto discutido en el proceso ordinario, razón por la cual no le es aplicable.

El Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga se opuso a las pretensiones de la tutela.

Indicó que sus actuaciones fueron conforme a Derecho; asimismo, adujo que se ha respetado los derechos al debido proceso y la doble instancia del actor.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.
Problema jurídico

La Sala debe resolver si el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial al momento de proferir los autos de 24 de octubre de 2017 y 6 de abril de 2018, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa instaurado por la señora Elva Orozco Salgado, contra la Nación – Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, y si en consecuencia, vulneraron o no, los derechos fundamentales frente a los cuales el actor pretende su protección siendo del caso, amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso y buen nombre, o por el contrario negar las pretensiones.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional partió de la existencia de una vía de hecho a través de las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, posición que fue redefinida en la sentencia T-949 de 2003, y luego en la sentencia C-590 de 2005, en la que se fijaron las reglas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

Los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la Constitución como causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Conforme con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico, en una dimensión negativa, se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria ejercida por el juez se presenta la omisión de la “[…] valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”. En esta situación se incurre “[…] cuando el juez simplemente ignora la prueba u omite su valoración,  o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente[…]”.

En una dimensión positiva, el defecto fáctico ocurre cuando el juez, por ejemplo, “[…] aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas […]”, de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política.  En estos casos, sin embargo, sólo es factible fundar una acción de tutela por vía de hecho cuando ostensiblemente aparece arbitraria la valoración probatoria realizada por el Juez. Por tanto, el error en el juicio valorativo de la prueba:

“[…] [D]ebe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia. […]” .

En lo que respecta al supuesto fáctico por indebida valoración probatoria, ha dicho la Corte que este se configura, entre otros, en los siguientes casos:

“[…] (i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso y (vi) cuando no valore pruebas debidamente aportadas en el proceso. […] .

Como se observa, el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no solo se ocupa del examen que realiza el juez sobre el material probatorio aportado con el proceso, sino que además abarca toda la actividad probatoria que aquél despliega para intentar acreditar o desacreditar los hechos de la demanda.

Sin embargo, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo probatorio dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio.

Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia. Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una evaluación de la actividad de valoración realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

Respecto al defecto sustantivo, se ha considerado que se incurre en él cuando: (i) la decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada inexequible; (ii) la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce la sentencia con efectos erga omnes que ha definido su alcance; (iii) la decisión impugnada se funda en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; (iv) cuando la norma pertinente para el asunto en concreto es desatendida y, por ende, inaplicada; (v) se interpreta una disposición normativa desbordando el sentido de la misma; y (vi) la interpretación de ésta se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

La Corte Constitucional, en sentencia T-284 de 2006, precisó, a propósito del defecto sustantivo, la limitación que es inherente al principio de la autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, así:

“[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]”.

Y también, en las sentencias T- 092 de 2008 y T-686 de 2007 el Tribunal Constitucional, consideró:

“[…] una decisión judicial adolece de un defecto material o sustantivo en los siguientes eventos (…) Cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada) […]”. (Destacado de la Sala).

Conforme a la jurisprudencia constitucional, la violación directa de la Constitución Política, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, procede cuando la decisión cuestionada supera el concepto de vía de hecho, es decir, en aquellos eventos en que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Sobre esta causal la Corte Constitucional en la sentencia T-689 de 2013, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, indicó lo siguiente:

“[…] Es importante referir que todas las causas específicas que originan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales  entrañan en sí mismas un quebrantamiento de la Carta Fundamental. No obstante, se estableció específicamente una causal denominada: violación directa de la Constitución que puede originarse por una interpretación legal inconstitucional o bien, porque la autoridad competente deja de aplicar la denominada excepción de inconstitucionalidad. Esto porque:

“La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde  a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales ´vulneran directamente la Constitución´ cuando el juez realiza ´una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución´ y también cuando ´el juez se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales…´.”

El fundamento de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad tiene su cimiento en el mandato contenido en el artículo 4° superior, el cual jerarquiza la Constitución Política en el primer lugar dentro del sistema de fuentes jurídico colombiano.

Es decir que, cuando es evidente que la norma de inferior jerarquía contraría principios, valores y reglas de rango constitucional, es un deber de las autoridades judiciales y administrativas aplicar directamente la Constitución. En estos casos, se reitera, la prevalencia del orden superior debe asegurarse aun cuando las partes no hubieren solicitado la inaplicación de la norma para el caso particular. […]”.

Caso concreto

5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

Relevancia constitucional: La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso y buen nombre, los cuales constituyen bienes jurídicos constitucionalmente amparados.

Existencia de otros medios ordinarios o extraordinarios: Los autos cuestionados se encuentra en firme, por lo cual el accionante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial.

Inmediatez: se observa que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Santander en segunda instancia se dictó el 6 de abril de 2018 y se notificó electrónicamente el 9 del mismo mes y año; por su parte la acción de tutela se presentó el 18 de abril de 2018; es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, la parte actora plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran los derechos fundamentales invocados; y, que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de reparación directa.

Análisis de las causales específicas de procedibilidad

Con el fin de solucionar el caso en concreto la Sala se referirá a los siguientes aspectos: (i) sobre el defecto sustantivo alegado por el señor Fernando Hernández Vélez y (ii) respecto del presunto desconocimiento del precedente judicial.

Sobre el defecto sustantivo alegado por el señor Fernando Hernández Vélez

El señor Fernando Hernández Vélez estima lesionados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y al buen nombre, como consecuencia de la presunta inaplicación de las normas referentes a la responsabilidad del agente liquidador de las entidades sometidas a ese proceso, contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

En ese sentido, el señor Hernández Vélez apunta a que la acción de responsabilidad en cabeza de los acreedores de una entidad sometida a proceso de liquidación puede ser interpuesta dentro de los tres (3) meses siguientes a la publicación del informe final de cuentas; en tal virtud, considera que dentro del proceso de responsabilidad directa en el cual fue vinculado como parte demandada debió seguirse lo dispuesto en el artículo 297 del Decreto 663 de 1993 que establece:

“El liquidador deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión mediante una exposición razonada y detallada de los actos de gestión de los negocios, bienes y haberes de la entidad intervenida, y del pago de las acreencias y la restitución de bienes y sumas excluídas de la masa de la liquidación.
Las cuentas se presentarán a los acreedores reconocidos en el proceso liquidatorio cuando el liquidador se separe del cargo y al cierre de cada año calendario, y en cada caso comprenderá únicamente la gestión realizada entre la última rendición de cuentas y la que presenta.
Una vez verificada por la Junta de Acreedores según lo dispuesto en este numeral se dará traslado a los acreedores por un término de dos meses, plazo dentro del cual un número de acreedores que represente las acreencias reconocidas podrán iniciar acción judicial de responsabilidad contra el liquidador. Vencido este plazo no se podrá interponer acción de responsabilidad en su contra por los actos, hechos, o contratos que correspondan al período por el cual rindió cuentas. La entidad en liquidación podrá intentar acciones de responsabilidad contra el liquidador dentro de los tres (3) meses siguientes a su retiro.
El liquidador rendirá cuentas a los accionistas una vez cancelado el pasivo externo. Los accionistas tendrán acción contra el liquidador dentro del plazo de dos (2) meses posteriores a su presentación”.

Dicho esto, la Sala encuentra que el procedimiento regulado en el artículo citado en precedencia, versa sobre la posibilidad de los acreedores de impugnar los actos efectuados por el liquidador dentro del proceso de liquidación de las entidades sometidas a proceso concursal, sin que ello comporte una censura a las actuaciones de dicho agente por acciones u omisiones que tengan el carácter de contravenciones contra las normas que rigen ese procedimiento administrativo. En efecto, el numeral 10º del artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero dispone:
“Los liquidadores responderán por los perjuicios que por dolo o culpa grave causen a la entidad en liquidación o a los acreedores, en razón de actuaciones adelantadas en contravención de las disposiciones especiales que regulan el proceso de liquidación forzosa administrativa. Para todos los efectos legales, los bienes inventariados y el avalúo realizado conforme a lo previsto en las normas respectivas, determinarán los límites de la responsabilidad del liquidador como tal.
Los contralores ejercerán las funciones propias de un revisor fiscal conforme al Código de Comercio y demás normas aplicables a la revisoría fiscal y responderán de acuerdo con ellas.
Las sanciones impuestas a los liquidadores por delitos, contravenciones u otras infracciones en que incurran no les dará acción alguna contra la entidad en liquidación. Sin embargo el liquidador podrá atender con recursos de la liquidación los gastos de los procesos que se instauren en su contra en razón de sus actuaciones dentro del proceso liquidatorio, sin perjuicio de que, en el evento en que sea declarada su responsabilidad por dolo o culpa grave, la liquidación repita por lo pagado por tal concepto”.
Bajo el contexto anterior, la Corte Constitucional en sentencia C – 248 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz) señaló:

“En cuanto hace a lo dispuesto por la parte acusada del numeral 1o. del artículo 297 del Decreto 663 de 1993 que recoge y compila los dispuesto por el numeral 1o. del artículo 8o. del Decreto 655 de 1993, esta Corporación considera que los términos establecidos en dicha disposición no se refieren a la posibilidad de impugnar u objetar con fines de restablecimiento del derecho, ni con los de la mera nulidad del acto de liquidación, o cualquiera otro definitivo como los de aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos, y en general, los que constituyen actos administrativos; solamente se establecen los términos para ejercer acciones de responsabilidad por la actuación personal del liquidador por que se estima que, aprobada la rendición de cuentas por la junta y no impugnada por los acreedores, estando a disposición de los mismos por aquellos términos, estos actos adquieren firmeza y definitividad, son de la junta y de la liquidación en general y no del liquidador, quien sólo elabora la rendición de cuentas y la somete en estos términos a la aprobación de aquella junta; además, los términos para impugnar los actos administrativos ante la jurisdicción contencioso administrativa se mantienen de conformidad con lo establecido por las leyes, para efectos de regular las competencias de aquella jurisdicción, en concordancia con lo establecido en el numeral 2o. del 295, no demandado, pero cuyos términos pertinentes se reproducen:
"2. NATURALEZA DE LOS ACTOS DEL LIQUIDADOR. Las impugnaciones y objeciones que se originen en las decisiones del liquidador relativas a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, las que por su naturaleza constituyan actos administrativos, corresponderá dirimirlas a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los actos administrativos del liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso liquidatorio.
"Contra los actos administrativos del liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.
"...
De igual modo, tal y como lo advierte el numeral 10 del mismo artículo 295 del estatuto, los términos previstos por la ley para regular las controversias o litigios que se originen en hechos o actos de gestión del liquidador o por contratos que celebre, deben ser resueltos por la jurisdicción ordinaria mediante el procedimiento que, en cada caso corresponda, según la naturaleza del litigio, lo cual permite despejar las inquietudes del actor. De otra parte, cabe advertir que esta responsabilidad personal a la que se refiere la disposición que se examina, en ningún caso es la responsabilidad penal regulada por las normas del Código Penal y de Procedimiento Penal, régimen que no podía ser modificado por el estatuto; la responsabilidad a la que se refiere la disposición examinada, y que tiene previstos aquellos términos, es la subjetiva de contenido económico directo en relación con la misma liquidación, y no otra modalidad de responsabilidad, como aparece entenderlo el actor. Por estas razones, se decretará la exequibilidad que corresponde en este punto”.

Así las cosas, el señor Fernando Hernández Vélez no debe perder de vista que el proceso de reparación directa instaurado por la señora Elva Orozco Salgado, al cual fue llamado como demandado, busca establecer si con sus actuaciones como liquidador de Solsalud EPS se ocasionó o no un daño antijurídico, estudio que le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; en tal virtud, debe seguirse por los ritualismos propios de los medios de control contenidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dicho esto, la Sala establece que no asiste razón al señor Hernández Vélez cuando afirma que la norma que debe aplicarse con el fin de determinar su comparecencia al proceso es el artículo 297 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; pues se reitera, ese proceso es únicamente un mecanismo de control de los acreedores sobre las actuaciones del liquidador respecto de sus créditos; por otra parte, el medio de control instaurado por la señora Salgado Orozco pretende acreditar un accionar anti jurídico de la entidad liquidada, dentro de la cual el accionante tuvo un papel preponderante.

De igual manera, la Sala advierte que el actor no está vinculado al proceso como representante legal de una entidad extinta, esto es Solsalud EPS, puesto que la representación de los derechos y obligaciones de esa Entidad está representada por la Superintendencia Nacional de Salud; de otro lado, la vinculación del señor Hernández Vélez como demandado dentro del medio de control de reparación directa incoado por la señora Elva Orozco Salgado obedece a la necesidad de determinar si su conducta como liquidador de la señalada EPS causó un daño que la demandante no tenía el deber jurídico de soportar, y posteriormente determinar si ello causa una corresponsabilidad del actor.

En ese orden de ideas, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Santander acogió los anteriores planteamientos y los plasmó en el auto de 6 de abril de 2018 en los siguientes términos:

“PJ1. Debe permanecer vinculado a este proceso judicial el señor Fernando Hernández Vélez, en calidad e Ex agente liquidador de Solsalud EPS?

Tesis: si

Fundamento jurídico: En principio le asiste razón al señor juez de primera instancia cuando entiende que en la demanda se demuestra una relación causal entre las pretensiones indemnizatorias por el no reembolso de la entidad en liquidación, del dinero que la demandante aplicó a sus gastos de salud (exámenes y procedimientos quirúrgicos), debiendo ser en la sentencia donde se defina si efectivamente se materializa el hecho dañoso con ocasión de las funciones públicas transitorias que en calidad de Agente Especial Liquidador desempeñó el señor Hernández Vélez; si su actuar omisivo constituye la causa jurídica del perjuicio alegado, y si ese actuar faltó al contenido obligacional de sus deberes de liquidador.

(…)

PJ3. ¿es procedente aplicar el principio de integración normativa en materia de caducidad que alega el señor ex Agente Liquidador de Solsalud?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: La caducidad es un tema expresamente regulado en la Ley 1437 de 2011, de donde no aplica el reenvío que al Código General del Proceso con base en el art. 306 de aquella, ni a otra normatividad. En efecto, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 165 regula la oportunidad para presentar la demanda en esta jurisdicción y, en tratándose del ejercicio del medio de control de Reparación Directa, establece que ello debe hacerse, so pena de que opere la caducidad, “dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”, supuestos de hecho normativo que aquí no se discuten.

(…)”.

Así, la Sala destaca que la tutela interpuesta por el señor Fernando Hernández Vélez plantea una inconformidad con el estudio de las normas aplicables al caso realizado por el Juzgado Primero (1º) Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, lo cual no constituye una razón suficiente para la interposición de una acción constitucional.

De hecho, es claro que no es del resorte del juzgador constitucional dictar pautas de hermenéutica jurídica, con el fin de que el juez natural de un asunto determinado las utilice en los temas de su competencia. A contrario sensu, la Sala advierte que los Despachos accionados cuentan con la autonomía propia del operador jurídico y sus interpretaciones no vulneran los derechos fundamentales deprecados por el actor.

Respecto del presunto desconocimiento del precedente judicial.

El señor Fernando Hernández Vélez estima que las autoridades judiciales accionadas omitieron atender injustificadamente el precedente judicial trazado por la Sección Primera de esta Corporación, en auto de 25 de enero de 2018 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés), puesto que esa providencia establece que Solsalud EPS no puede comparecer dentro de los procesos originados con ocasión de su liquidación.

En ese sentido, adujo que la referida EPS dejó de existir y por tanto, carece de la capacidad de comparecer al proceso; asimismo, indicó que no puede ser vinculado a la demanda de reparación directa promovida por la señora Elva Orozco Salgado, como representante legal de una Entidad extinta.

Dicho esto, la Sala advierte que la providencia indicada por el actor no puede ser aplicada al caso en concreto del proceso ordinario, comoquiera que difiere en los supuestos fácticos y jurídicos en que se asientan.

En efecto, el pronunciamiento de la Sección Primera de esta Corporación centra su estudio en: (i) determinar si Solsalud EPS tiene la capacidad de comparecer en los procesos suscitados al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y (ii) establecer a qué entidad le corresponde la defensa de las actuaciones de la extinta EPS, cuestiones estas que tuvieron solución en los siguientes términos:

“(…)

Esta Sala, estudiados los argumentos esbozados en los autos de 28 de enero y 2 de junio de 2016, considera que es acertado señalar, de una parte, que los actos administrativos por medio de los cuales se califican créditos o se resuelven reclamaciones sobre tal calificación o cualquier otros que se dicten en el curso del proceso de liquidación forzosa administrativa no pueden carecer de control por parte de esta jurisdicción por el hecho de que la entidad que los ha expedido haya terminado su existencia. Igualmente considera válido señalar que la existencia de los actos administrativos no depende de la existencia de la entidad que está siendo objeto del proceso de liquidación forzosa administrativa.

(…)

Lo anterior quiere indicar que Solsalud E.P.S. S.A. (liquidada) no tiene la aptitud jurídica para ser sujeto de relaciones jurídicas y, en consecuencia, no puede ser titular de derechos y obligaciones procesales, ni asumir las cargas y responsabilidades que se desprendan del proceso, como podría ser una eventual condena al restablecimiento del derecho solicitado por el demandante. Nótese como el artículo 53 del CGP reconoce la capacidad de las personas jurídicas para ser parte de los procesos judiciales, partiendo del supuesto de que ellas existan.

(…)

Lo anterior no implica que se transgreda el derecho de todas las personas, reconocido en el artículo 229 de la Carta Política, al acceso a la administración de justicia, esto es “(…) la posibilidad de acudir ante los órganos de investigación y los diferentes jueces, en condiciones de igualdad, para demandar la protección de derechos e intereses legítimos o el cumplimiento integral del orden jurídico, de acuerdo a unos procedimientos preestablecidos y con observancia plena de las garantías sustanciales y adjetivas contempladas en la ley (…)”, en la medida en que el auto de 6 de agosto de 2015, admitió la demanda contencioso – administrativa frente a la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual permitirá que los actos administrativos demandados puedan ser controlados por esta jurisdicción e igualmente que exista una persona jurídica pública que pueda asumir las cargas y responsabilidades que se desprendan de este proceso judicial.

(…)”.
Así las cosas, la Sala observa que dentro del proceso ordinario que motivó esta acción de amparo no es necesario ahondar en el estudio realizado por la Sección Primera de esta Corporación, respecto de la capacidad de comparecer al proceso de Solsalud EPS, puesto que la demanda se dirigió oportunamente contra la Superintendencia Nacional de Salud, como Entidad llamada a representar los intereses de la extinta EPS.

Por otra parte, no asiste razón al señor Hernández Vélez cuando afirma que fue convocado al proceso como representante legal de un Ente inexistente; pues se reitera, su comparecencia obedece al estudio que hará la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sobre si sus actuaciones como Agente Liquidador de Solsalud EPS generaron un daño antijurídico, y de ser así, encontrar si ello comporta un motivo para que surja una eventual responsabilidad personal.

Por lo expuesto, Sala no encuentra mérito para declarar la existencia de los yerros alegados por la parte actora, en consideración a que no se evidencian conductas activas u omisivas llevadas a cabo por las autoridades judiciales accionadas, que repercutan directamente en el menoscabo de los derechos fundamentales invocados.

DECISIÓN

En conclusión, la Sala negará el amparo de los derechos invocados por el señor Fernando Hernández Vélez, en atención a que no se evidencia que las autoridades accionadas hayan vulnerado los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y al buen nombre, puesto que no incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, al momento de proferir las decisiones censuradas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Fernando Hernández Vélez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La presente providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Expediente en medio magnético visible en CD sin foliar que obra entre los folios 267 y 268; la demanda se está grabada en la carpeta “cuaderno 1” dentro del archivo “proceso 2015-245, folios 1 al 19”.
Folios 3 a 16 del cuaderno 1 del proceso ordinario.
CD contentivo del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 1”, archivo “fls. 286 a 329”.
CD del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 1”, archivo “452 a 501”.
CD del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 2”, archivo “502 a 572”.
CD del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 2”, archivo “573 a 600”.
“estatuto orgánico del sistema financiero”.
CD del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 2”, archivo “684 a 724”.
CD del proceso ordinario, carpeta “cuaderno 2”, archivo “684 a 728”.
Radicado: 68001-23-33-000-2015-00320-01; Demandante: Clínica Chicamocha S.A., Demandada: Solsalud EPS (liquidada) y Superintendencia Nacional de Salud.
Folio 187..
Folios 194 a 196.
Folios 202 a 204.
Folios 268 y 269
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. […]”.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994 (MP. Antonio Barrera Carbonell).
Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Sentencia T-538 de 1994.
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra).
Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 7 de marzo de 2013. MP. Alexei Julio Estrada.
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Sobre el particular puede apreciarse la sentencia T-474 de 2008 de la Corte Constitucional, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Sentencia T-284 de 2006. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Folio 1.
Estado actual del artículo, como resultado del examen de exequibilidad efectuado por la Corte Constitucional en sentencia C-248 de 1994 (M.P. Fabio Morón Díaz).
Radicado: 68001-23-33-000-2015-00320-01; demandante: Clínica Chicamocha S.A.; demandado: Solsalud EPS y Superintendencia Nacional de Salud.

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Radicado: 11001-03-15-000-2018-01204-00
Actor: Fernando Hernández Vélez
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro

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