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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01233-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
13 de junio de 2018
Consejero ponente
César Palomino Cortés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01233-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Guillermo Rengifo Aragón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-01233-00

Consejero ponente: César Palomino Cortés

13 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN EXTRALEGAL - Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL - Beneficiario de la Ley 33 de 1985 / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS - No se desconoce

La acción de tutela está dirigida a cuestionar la providencia de 29 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que revocó el fallo de 14 de junio de 2013 dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se reconoció y reliquidó una pensión de jubilación convencional a favor del [actor] La parte actora sostiene que el Tribunal desconoció el principio de non reformatio in pejus, pues no tuvo en cuenta que el tutelante era apelante único en el trámite de segunda instancia y el recurso se limitaba al reconocimiento de la no compartibilidad entre la pensión de jubilación del municipio de Palmira y la pensión del Instituto de Seguridad Social- ISS (…) el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (…) [considero] que el [actor] no tenía derecho a la pensión extralegal, puesto que no cumplió con los requisitos exigidos por la norma convencional antes del 30 de junio de 1997, conforme con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto para tal fecha tenía 56 años de edad y 12 años, 4 meses y 28 días al servicio del municipio de Palmira. Sumado a ello, precisó que si bien el actor cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que desde su vinculación al municipio de Palmira fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual corresponde éste y no al ente territorial, el reconocimiento de una pensión de vejez (…) Por último, el Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que con lo decidido no se vulneraba el principio de la non reformatio in pejus, toda vez que esta Corporación y la Corte Constitucional han definido que no opera en materia pensional. Como sustento de ello, citó una sentencia en la que se consideró que tal principio no era aplicable al caso por razón a que se incurrió en un error en cuanto a las pruebas allegadas al proceso. En esta medida, resulta claro que la autoridad judicial se refirió al principio de la non reformatio in pejus y realizó una interpretación conforme con la cual consideró que no existía vulneración alguna del mismo. Por consiguiente, la Sala no puede colegir que su decisión de revocar el fallo de primera instancia, fue arbitraria, infundada y caprichosa apartándose de los preceptos jurídicos de orden constitucional y legal.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 29 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01233-00(AC)

Actor: GUILLERMO RENGIFO ARAGON

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por el señor Guillermo Rengifo Aragón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

ANTECEDENTES

1. La solicitud y las pretensiones

El señor Guillermo Rengifo Aragón, actuando a través de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, acudió ante esta Corporación para que se proteja su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el Municipio de Palmira en su contra y del Instituto de Seguros Sociales- ISS.

En amparo de los derechos invocados, solicita:

“1. DEJAR sin ningún efecto jurídico la sentencia de segunda instancia No. 286 de fecha 29 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en Sala conformada por el Dr. VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ como Magistrado ponente, LUZ STELLA ALVARADO OROZCO Y ZORANNY CASTILLO OTÁLORA, por medio de la cual se REVOCA la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali signada bajo el No. 119 de fecha junio 14 de 2013, dentro del proceso radicado bajo el No. 76-001-33-31-709-2011-00409-01, donde es demandante el Municipio de Palmira demandado GUILLERMO RENGIFO ARAGÓN.

2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a esa Sala proferir una nueva sentencia de segunda instancia atendiendo las consideraciones aquí vertidas o esbozadas y conforme a la Constitución y la Ley.

(…)”.

2. Hechos

La anterior solicitud se sustentó en los hechos y consideraciones que se resumen a continuación:

El señor Guillermo Rengifo Aragón nació el 25 de junio de 1941 y prestó sus servicios al municipio de Palmira, Valle del Cauca, del 2 de febrero de 1985 al 30 de marzo de 2005, cuyo último cargo desempeñado fue el de Conductor grado 01.

Desde la fecha en la que se vinculó al ente territorial, este lo afilió al Instituto de Seguros Sociales- ISS, para cubrir el riesgo de vejez.

Mediante el Decreto Nº 77 del 30 de marzo de 2005, el municipio de Palmira, Valle del Cauca, le reconoció al actor una pensión vitalicia de jubilación extralegal por cumplir los requisitos del Acuerdo Municipal Nº 187 de 1963 que, a su vez, fueron ratificados en la convención colectiva celebrada con el sindicato de trabajadores de dicho municipio.

A través de la Resolución Nº 1100-002-003-1543 del 6 de agosto de 2009, el municipio de Palmira ordenó la compartibilidad de la pensión vitalicia de jubilación extralegal que le reconoció al actor, con la pensión de vejez que le otorgó el Instituto de Seguros Sociales- ISS, mediante la Resolución Nº 10045 del 29 de junio de 2005.

El accionante interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, la cual fue revocada por la Resolución Nº 098 del 26 de enero de 2011.

El municipio de Palmira interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que solicitó la nulidad de los anteriores actos administrativos, porque a su juicio, la pensión extralegal que se le reconoció al actor es contraria a Derecho al estar consagrada en una convención colectiva de empleados públicos y manifestó que en caso de considerarse que la misma no es ilegal, el señor Rengifo Aragón no cumplía con los requisitos exigidos por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, para su reconocimiento.

Mediante sentencia de 14 de octubre de 2013, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó al municipio de Palmira el reconocimiento a favor del actor de una pensión mensual vitalicia de jubilación conforme con lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 y su compartibilidad con la pensión de vejez que le reconoció y le ha estado pagando el Seguro Social.

Inconforme con la decisión, el actor interpuso recurso de apelación (como apelante único) en el que solicitó la declaración de no compartibilidad de las pensiones. Argumentó que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta el régimen de transición del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 “en el que se establece que todas las situaciones jurídicas anteriores a la promulgación de la mencionada ley, deben ser respetadas y tomarse como derechos adquiridos”.

A través de fallo de 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia de primera instancia y declaró la nulidad de todos los actos administrativos demandados. Sostuvo que el accionante no tiene derecho al reconocimiento de pensión vitalicia de jubilación (pensión extralegal) por no cumplir los requisitos de transición establecidos en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

La parte actora afirma que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desbordó la competencia como juez de segunda instancia y desconoció el principio de non reformatio in pejus, pues no tuvo en cuenta que el señor Guillermo Rengifo Aragón era apelante único en el trámite de segunda instancia y el recurso se limitaba al reconocimiento de la no compartibilidad de la pensión de jubilación del municipio de Palmira y la pensión del Instituto de Seguros Sociales- ISS.

Aduce que la autoridad judicial demandada vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que el procedimiento establecido le imponía resolver únicamente el motivo de la apelación y, por lo tanto, no podía pronunciarse sobre los requisitos para el reconocimiento de la pensión extralegal.

Manifiesta que la sentencia cuestionada al excluir el reconocimiento de la pensión vitalicia de jubilación, que fue reconocida en primera instancia, agravó la situación del apelante único.

Indica que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional en sentencia T–393 de 2017, en la que se protegió el principio de la non reformatio in pejus.

Resalta que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en un asunto con identidad de supuestos fácticos y jurídicos al presente, mediante acción de tutela fallada el 1 de marzo de 2018, amparó los derechos invocados por la parte actora, al considerar que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró el principio de la non reformatio in pejus.

Enfatiza que la pensión extralegal convencional que le reconoció el municipio de Palmira al actor fue regulada y convalidada por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Sostiene que el Tribunal accionado no tuvo en cuenta la convención colectiva de trabajo vigente para el 30 de marzo de 2005, prueba que fue decretada de oficio mediante auto de 15 de abril de 2015.

3. Trámite e intervenciones

Mediante auto de 25 de abril de 2018, se admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad accionada en los términos y para los efectos previstos en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. Además, se vinculó al municipio de Palmira y al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, por tener interés en las resultas del proceso.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca relató que en la sentencia cuestionada se probó que el señor Guillermo Rengifo Aragón tenía 56 años de edad y 12 años, 4 meses y 28 días al servicio del municipio de Palmira para el 30 de junio de 1997, de modo que no cumplió con la totalidad de los requisitos para ser beneficiario de la pensión convencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

Manifestó que por lo anterior, se declaró la nulidad del Decreto Nº 77 de 2005 y se consideró que la compartibilidad ordenada por el a quo con la pensión de vejez del ISS, no resultaba procedente. No obstante, se aclaró que si bien el señor Rengifo Aragón, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, lo cierto es que al ente territorial no le corresponde el reconocimiento pensional, puesto que desde su vinculación fue afiliado al ISS, que mediante Resolución Nº 10045 de 2005 le reconoció una pensión de vejez.

Por último, adujo que según lo ha definido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en materia de pensiones es posible ceder al principio de non reformatio in pejus, en aras de proteger el interés general del conglomerado social por el quebrantamiento del orden público.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali señaló que no se pronunciaría en relación con la sentencia cuestionada, puesto que fue proferida por su superior jerárquico.

El municipio de Palmira, Valle del Cauca afirmó que a la fecha no ha sido notificado de la sentencia de 29 de noviembre de 2017, en la que según lo planteado por el actor, se ordenó la anulación del acto administrativo a través del cual la entidad le reconoció una pensión de jubilación en el año 2005, de manera que no ha suspendido el pago de la mesada pensional y por consiguiente, se está ante una carencia actual de objeto, lo que conlleva a que no exista vulneración alguna de derechos fundamentales.

En lo demás, la Sala advierte que el ente territorial contesta una tutela interpuesta por el señor Alirio Olaya Arroyave, el cual no es el actor de la acción de la referencia, ni interesado en las resultas de la misma.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

2. Problema jurídico

La Sala debe establecer si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor, con ocasión de la providencia proferida el 29 de noviembre de 2017, al revocar la decisión del Juzgado de primera instancia y declarar la nulidad de los actos administrativos demandados. Esto, por incurrir en desconocimiento del principio de non reformatio in pejus, pues agravó la situación del accionante, sin tener en cuenta que el señor Guillermo Rengifo Aragón era apelante único en el trámite de segunda instancia.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial, y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

4. Defecto procedimental

El fundamento normativo del denominado defecto procedimental lo constituye los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, referentes a los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de defecto procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y b) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

En cuanto al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha señalado:

“… (…) El defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso respectivo. Pero para que pueda solicitarse el amparo constitucional mediante la mencionada acción de tutela será necesario, adicionalmente (…) entre otros que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso (…)”.

Así mismo, la jurisprudencia Constitucional ha indicado que el defecto procedimental absoluto se puede configurar porque el funcionario judicial: (i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes o (iii) “pasa por alto realizar el debate probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales”.

De esta manera, el defecto procedimental tiene lugar cuando en desarrollo de la actividad judicial el funcionario desconoce completamente el procedimiento determinado por la ley y termina produciendo una decisión arbitraria que vulnera derechos fundamentales.

Por otra parte, la jurisprudencia Constitucional también ha admitido en forma excepcional, que el defecto procedimental puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el funcionario judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales, es decir, sus decisiones se sustentan en razones de forma, que genera un impedimento y una denegación de justicia.

5. Del principio de la non reformatio in pejus

La prohibición para el fallador de hacer más gravosa la situación del apelante único, quien se entiende impugna la providencia solo en lo desfavorable, está prevista en la Constitución Política en el artículo 31 que indica “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.”

Sobre esta garantía procesal, la Corte Constitucional en la sentencia T-1186 de 2003 consideró que constituye un derecho fundamental así:

“3. La jurisprudencia ha dicho que la proscripción de la reforma en perjuicio del condenado que es apelante único es un derecho fundamental. Y lo es en múltiples dimensiones. Lo es formalmente en cuanto ha sido dotado por el constituyente, de manera expresa, de esa calidad. Lo es materialmente porque se trata de un derecho del individuo que se ha transformado en derecho constitucional positivizado. Y lo es procesalmente en cuanto se trata de un derecho cuya formulación jurídica no está al alcance de los poderes jurídicos constituidos.

(…)
4. De acuerdo con lo expuesto, entonces, se tiene lo siguiente:

• La proscripción de la reforma en perjuicio del condenado es un derecho fundamental.

• Como derecho fundamental, la proscripción de la reforma en perjuicio del condenado constituye un límite tanto a la competencia del superior que decide la apelación, como al poder punitivo del Estado.

• Cuando ese derecho fundamental se desconoce, se desborda uno de los límites impuestos por el constituyente al ejercicio del poder penal del Estado, se configura una vía de hecho y hay lugar a su amparo constitucional.”

Sobre la prohibición de la non reformatio in pejus la Sala Plena de lo Contencioso del Consejo de Estado, en sede del recurso extraordinario de revisión, a través de sentencia del 7 de octubre de 2014 consideró que el ejercicio de la impugnación para el apelante único, no le puede derivar efectos nocivos en lo atinente a las ventajas reconocidas por el juez de primera instancia, así:

“Por otra parte, si bien es cierto la competencia funcional del superior se delimita por aquello que fue objeto del recurso de apelación, cuando se trate de un “apelante único”, de esto no se sigue que el juez pierda competencia para valorar los medios probatorios que le permitan estimar o denegar lo que es objeto del recurso. La regla constitucional que proscribe la reformatio in peius, contenida en el inciso segundo del Artículo 31 de la Constitución, impone al juez el deber de abstenerse de agravar la situación definida en la sentencia primera instancia, cuando se esté en presencia de "un único interés o múltiples intereses no confrontados", esto es, de un “apelante único”. Su finalidad, por tanto, es permitir el libre ejercicio de los recursos, sin que por el hecho de la impugnación se deriven efectos nocivos para el apelante único, respecto de las situaciones ventajosas reconocidas por el juez de primera instancia.

(…) Lo anterior es consecuencia de lo dispuesto por el inciso primero del Artículo 357 del CPC, aplicable en virtud de la remisión contenida en el Artículo 267 del CCA, el cual dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. <Artículo  modificado por el artículo 1, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

6. Caso concreto

6.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación del derecho fundamental al debido proceso, el cual constituye un bien jurídico constitucionalmente amparado.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados como quebrantados, por cuanto se interpusieron los recursos procedentes que dispone el ordenamiento jurídico, sin que cuente con más medios de defensa judicial, pues a juicio de la Sala las razones aducidas por el actor no constituyen ninguna causal prevista por el legislador para interponer el recurso extraordinario de revisión.

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la sentencia controvertida es del 29 de noviembre de 2017 y la demanda de tutela se presentó el 20 de abril de 2018, es decir, dentro de un término prudencial.

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneran sus derechos fundamentales; y, que la providencia que se cuestiona en el asunto de la referencia no fue proferida dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.2. Análisis de las causales específicas de procedibilidad

La acción de tutela está dirigida a cuestionar la providencia de 29 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que revocó el fallo de 14 de junio de 2013 dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se reconoció y reliquidó una pensión de jubilación convencional a favor del señor Guillermo Rengifo Aragón.

La parte actora sostiene que el Tribunal desconoció el principio de non reformatio in pejus, pues no tuvo en cuenta que el tutelante era apelante único en el trámite de segunda instancia y el recurso se limitaba al reconocimiento de la no compartibilidad entre la pensión de jubilación del municipio de Palmira y la pensión del Instituto de Seguridad Social- ISS.

En atención a que el accionante pretende que se deje sin efectos la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que revocó el fallo dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76-001-33-31-709-2011-00409, se estima pertinente precisar cuáles fueron las principales consideraciones de las referidas providencias.
• Sentencia de 14 de junio de 2013 dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali:

“(…) Nótese como las anteriores disposiciones son claras en determinar que aquellas pensiones otorgadas por los entes territoriales a sus trabajadores, bien por beneficios convencionales, pactos colectivos o laudos arbitrales y que fueren causadas a partir del 17 de octubre de 1985 serán compartidas con las que por invalidez, vejez y muerte reconozca el instituto de Seguro Social tras el cumplimiento de los requisitos por él exigidos para tal efecto, asumiendo éste último el cubrimiento de dicha prestación, quedando de cuenta del patrono (ente territorial), el cubrimiento del mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que le venía cancelando al pensionado, situación dentro de la cual se encuentra el aquí demandado, puesto que la pensión de jubilación a él reconocida por el Municipio de Palmira- Valle lo fue a partir del 30 de marzo de 2005.

(…)

De igual manera con la aplicación de esta figura jurídica [compartibilidad pensional], en nada se desmejoran los derechos del señor Rengifo Aragón, puesto que él continuará recibiendo la pensión de vejez que le fue reconocida por el Instituto de Seguros Sociales- en liquidación- hoy COLPENSIONES, y en caso de que le sea cancelado un valor menor al que le fue reconocido en la pensión de jubilación, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968, le asiste derecho para que el Municipio de Palmira, le complete el valor de la pensión.

Dedúzcase de lo anterior que el Instituto de Seguros Sociales- en liquidación- hoy COLPENSIONES al realizar el reconocimiento de la pensión de vejez al señor GUILLERMO RENGIFO ARANGO (sic), hecho que tuvo lugar por medio de la Resolución Nº 010045 de 29 de junio de 2005, lo que hizo fue sustituir la obligación que respecto de similar prestación se encontraba en cabeza del Municipio de Palmira, razón suficiente para que éstas dos pensiones no puedan coexistir simultáneamente, salvo el caso de presentar un mayor valor la que ahora será cubierta de manera integral por el ISS, puesto que en este caso el valor diferencial debe ser cubierto por el Municipio de Palmira- Valle.

De otro lado se considera necesario precisar que al señor Rengifo Aragón no le asiste ningún derecho adquirido respecto de la pensión de jubilación reconocida por el Municipio de Palmira Valle y por ello no pudiera el Instituto de Seguros Sociales pagar la pensión de vejez, toda vez que tal y como lo indicó la normatividad en cita ésta restricción debía estar contenida en el acto de reconocimiento pensional, circunstancia que no aparece acreditada en parte alguna de dicho acto administrativo, así como tampoco se acreditó que entre las normas de orden territorial estuviese esta restricción para sus jubilados.

Así las cosas y como quiera que en el caso sometido a estudio se dan los presupuestos para que opere la compartibilidad de la pensión de jubilación reconocida al señor GUILLERMO RENGIFO ARANGO (sic), por el Municipio de Palmira- Valle y la de vejez reconocida por el I.S.S., puesto que ambas lo fueron con posterioridad al 17 de octubre de 1985, fecha de publicación del Decreto 2879 de 1985, el despacho accederá a las súplicas de la demanda en cuanto a ésta pretensión en particular y como consecuencia de ello se ordenará a favor del Municipio de Palmira- Valle la compartibilidad entre éstas dos prestaciones sociales, obligándolo solo a pagar el mayor valor resultante entre la pensión por él reconocida y la de vejez que le viene cancelando el Instituto de Seguros Sociales- en liquidación- hoy COLPENSIONES, circunstancia ésta última que deberá quedar expresamente contenida en el nuevo acto administrativo.

(…)

Una vez definido que en el presente asunto es viable la compartibilidad de las pensiones reconocidas al señor Guillermo Rengifo Aragón, se verificará la procedencia de ordenar al Municipio de Palmira- Valle que profiera un nuevo acto administrativo de reconocimiento pensional en el que la base pensional corresponda no al 100% como le fue reconocida esta prestación sino al 75% tal y como lo consagró la Ley 33 de 1985 para empleados oficiales.

(…)

Revisado el documento obrante a folio 97 del cuaderno principal, se constata que el demandado laboró al servicio del Municipio de Palmira- Valle desde el 02 de febrero del año 1985 hasta el 4 de marzo del año 2005, es decir que prestó sus servicios al Estado por 20 años, igualmente, que cumplió los 55 años de edad el 25 de junio de 1996, cumpliendo así con el requisito de edad y tiempo de servicio establecido para pensionarse conforme a la Ley 33 de 1985.

De este modo, como la ley 33 de 1985 determina que al empleado oficial que haya prestado sus servicios al Estado por espacio de 20 años y llegue a la edad de 55 años, se le debe pagar una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario promedio que le sirvió de aportes durante el último año de servicio, y en vista de que en el Decreto atacado se le reconoció al demandado la pensión de jubilación en un porcentaje superior al establecido por la ley, se ordenará a la luz del inciso final del artículo 170 del C.C.A. (…), reliquidar la pensión de jubilación del señor Rengifo Aragón a partir del 02 de febrero de 2005, fecha en que adquirió su estatus pensional, puesto que para esa fecha cumplió con el requisito del tiempo de servicio (20 años), dado que como se anotó con antelación este laboró al servicio del Municipio de Palmira- Valle desde el 2 de febrero del año 1985 hasta el 4 de marzo de 2005, (fl 97) y para esa fecha ya contaba con más de 55 años.

Por consiguiente, deberá proceder la entidad actora a reliquidar la pensión de jubilación ya reconocida al demandado, conforme a las pautas de la Ley 33 de 1985, esto es, incluyendo el monto, ingreso base de liquidación, porcentaje, edad, tiempo de servicio y demás elementos que cobijan el reconocimiento de la pensión de jubilación bajo este régimen, teniendo en cuenta además los principios constitucionales de favorabilidad y de prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.

Esta situación resulta relevante porque el señor GUILLERMO RENGIFO ARAGÓN (sic) dado el origen convencional de su pensión de jubilación, no era beneficiario de los derechos adquiridos de que trata el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, así lo han señalado precedentes de la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado en los que pese a que se reconoce la ilegalidad del acto demandado, se ha dispuesto el reconocimiento de una pensión de jubilación tomando como base para su liquidación el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, lo anterior por cuanto darle prevalencia a los requisitos de edad y tiempo de servicio para adquirir una pensión de jubilación cuyo origen es diferente a los establecidos en la ley es ir en contravía de lo dispuesto en la Constitución Nacional que señala que corresponde al Congreso de la República la competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos.

(…)

De acuerdo con estos precedentes judiciales y en consideración a que al demandado para el momento en que el MUNICIPIO DE PALMIRA inicia esta acción contenciosa cumplía con los requisitos legales para acceder a una pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto en la ley 33 de 1985, se declarará la nulidad parcial del Decreto No. 77 del 30 de marzo de 2005 y en consecuencia se ordenará la reliquidación de la pensión en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores de salario percibidos durante el último año de servicio y que en forma meramente enunciativa y no taxativa señala la Ley 62 de 1985 y el Decreto 1045 de 1978, a partir del 02 de febrero de 2005, fecha en la cual cumplió los 20 años de servicio, en atención a que la edad de 55 años ya la había cumplido el 25 de junio de 1996 y en consecuencia se mantendrá vigente el reconocimiento pensional efectuado por el MUNICIPIO DE PALMIRA al señor GUILLERMO RENGIFO ARAGÓN toda vez que para la fecha en que se interpone la demanda, este servidor público cumplía con los requisitos legales para acceder a una pensión de jubilación de conformidad con lo establecido en la ley 33 de 1985, régimen aplicable al ser beneficiario del régimen de transición contenido en la ley 100 de 1993.

Para efectos de reliquidar la pensión de jubilación del demandado la entidad demandante deberá tomar el último salario devengado por el actor (sic), es decir el percibido entre el 2 de febrero de 2004 y el 2 de febrero del año 2005, fecha en que adquirió el status de pensionado, con el fin de tomar el monto base de liquidación.

(…).

• Sentencia de 29 de noviembre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca:

“(…) Se tiene entonces que el señor GUILLERMO RENGIFO ARAGÓN para el 30 de junio de 1997 contaba con 56 años de edad y 12 años, 4 meses y 28 días al servicio del Municipio de Palmira, por lo tanto, no cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la norma convencional antes de la referida fecha, para consolidar el beneficio de la pensión de jubilación convencional conforme el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, se debe declarar la nulidad total del Decreto nº 77 del 30 de marzo de 2005, y en tal virtud, la compartibilidad ordenada por el juez Aquo con la pensión de vejez, tampoco resulta procedente pues se itera, el demandado no tiene derecho a la pensión extralegal convencional.

De otra parte, es de advertir que si bien el señor GUILLERMO RENGIFO ARAGÓN cumple con los requisitos para ser acreedor del régimen de transición conforme el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no le corresponde a la entidad territorial el reconocimiento pensional, puesto que desde su vinculación fue afiliado al Instituto de Seguro Social cotizado para los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Situación que se acredita en el plenario con el documento denominado Aviso de Entrada al Instituto de Seguros Sociales expedido por esa entidad, por lo tanto, la pensión de jubilación del régimen de transición del servidor público le correspondería al I.S.S., hoy Colpensiones, quien le reconoció al demandado su pensión de vejez mediante la Resolución No. 10045 del 29 de junio de 2005.

Ahora bien, ante la circunstancia de un apelante único que fue beneficiario de esta decisión, aunque no la compartió sobre ella debatió en sus memoriales de impugnación, no constituye violación alguna al principio de “NON REFORMATIO IN PEJUS”, pues el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha establecido que en materia de pensiones, en aras de proteger el interés general del conglomerado social por el quebrantamiento del orden jurídico, es posible ceder a dicho principio; al respecto se ha dicho:

“Advierte la Sala que como en el presente caso el demandante es apelante único y la sentencia de primera instancia le fue favorable a sus pretensiones en forma parcial, no sería posible la revocatoria de la misma, sin incurrir en violación al principio de la reformatio in pejus, sin embargo, se revocará con fundamento en lo expuesto en sentencia del 23 de febrero de 2006, en cuanto señaló:

“No obstante lo anterior, en el presente caso no es posible aplicar dicho principio, sin incurrir en violación de las normas legales que prescriben la obligación para el fallador de basar sus providencias en las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, teniendo en cuenta que el Tribunal está concediendo un derecho con base en un error, que no se acomoda a las pruebas obrantes en el proceso.

El error en que incurrió el Tribunal, no puede convertirse en una situación creadora de derechos.”

(…).”.

De conformidad con lo anterior, se tiene que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cali en el fallo de primera instancia, declaró la nulidad parcial de los Decretos Nº 77 de 30 de marzo de 2005 y 142 de 27 de mayo de 2007, a través de los cuales el municipio de Palmira reconoció a favor del actor una pensión de jubilación convencional y ordenó su reliquidación, respectivamente. En consecuencia, ordenó la compartibilidad de las pensiones reconocidas por el ente territorial y el ISS al señor Rengifo Aragón, correspondiéndole al municipio pagar el mayor valor resultante entre una y otra.

Adicionalmente, se declaró la nulidad parcial de la Resolución Nº 1100-002-003-1543 de 6 de agosto de 2009, que ordenó la compartibilidad de la pensión reconocida por el municipio de Palmira y la del ISS, en lo que respecta a la base de liquidación, determinando que ésta no es sobre el 100%, sino sobre el 75% del promedio de todos los factores de salario percibidos durante el último año de servicio. Y también se declaró la nulidad parcial de la Resolución Nº 098 de 26 de enero de 2011, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, en cuanto a que la base pensional no debería ser sobre el 100%, sino sobre el 75% del promedio de todos los factores de salario percibidos durante el último año de servicio.

Lo anterior, bajo el argumento que el demandado era beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, por lo que el municipio de Palmira debió reconocerle la pensión conforme con los requisitos de la Ley 33 de 1985, los cuales cumple, según se evidenció.

Asimismo, precisó que por razón a que el Instituto de Seguros Sociales le había reconocido al señor Rengifo Aragón una pensión de vejez, además de la que le venía pagando el municipio de Palmira, ambas prestaciones debían someterse a la compartibilidad, por lo que le correspondía al ente territorial “pagar el mayor valor resultante entre éstas dos prestaciones sociales”.

Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, como quedó visto antes, revocó la decisión del Juzgado y en su lugar, declaró la nulidad de los Decretos Nº 77 de 30 de marzo de 2005 y 142 de 27 de mayo de 2007 y negó las demás pretensiones de la demanda. Esto, al considerar que el señor Guillermo Rengifo Aragón no tenía derecho a la pensión extralegal, puesto que no cumplió con los requisitos exigidos por la norma convencional antes del 30 de junio de 1997, conforme con lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993, en tanto para tal fecha tenía 56 años de edad y 12 años, 4 meses y 28 días al servicio del municipio de Palmira.

Sumado a ello, precisó que si bien el actor cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que desde su vinculación al municipio de Palmira fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual corresponde éste y no al ente territorial, el reconocimiento de una pensión de vejez, como efectivamente lo hizo a través de la Resolución Nº 010045 de 2005.

Por último, el Tribunal en la sentencia cuestionada señaló que con lo decidido no se vulneraba el principio de la non reformatio in pejus, toda vez que esta Corporación y la Corte Constitucional han definido que no opera en materia pensional. Como sustento de ello, citó una sentencia en la que se consideró que tal principio no era aplicable al caso por razón a que se incurrió en un error en cuanto a las pruebas allegadas al proceso.

En esta medida, resulta claro que la autoridad judicial se refirió al principio de la non reformatio in pejus y realizó una interpretación conforme con la cual consideró que no existía vulneración alguna del mismo. Por consiguiente, la Sala no puede colegir que su decisión de revocar el fallo de primera instancia, fue arbitraria, infundada y caprichosa apartándose de los preceptos jurídicos de orden constitucional y legal.

lll. DECISIÓN

Bajo los argumentos que anteceden, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, en la medida en que no se evidencian los supuestos que se alegan como constitutivos de una vía de hecho. En consecuencia, se negará la solicitud de amparo de los derechos invocados por el señor Guillermo Rengifo Aragón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

NEGAR la solicitud de amparo invocada por el señor Guillermo Rengifo Aragón contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Si no fuere impugnada, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
Folio 14 reverso.
Folios 23 - 24 reverso.
Folio 26 reverso.
Folios 28 – 29 reverso.
Decreto 1983 de 2017 Por el cual se modifican los artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela°, “[…] 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. (…)”.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 2010.
Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
Corte Constitucional, Sentencias T-996 de 2003, T-638 y T-781 de 2011, entre muchas otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009.
Corte Constitucional, Sentencia T-778 de 2009.
RAMÍREZ GRISALES, Richard Steve. “Non reformatio in pejus” en las actuaciones administrativas. En: Letras Jurídicas, Vol. 11, N° 2. p. 133.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU-327 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Esta posición fue reiterada en las sentencias C-358 de 1997 (M.P Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-583 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, sentencia del 7 de octubre de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, proceso con radicado No. 11001-03-15-000-2010-01284-00.
Folio 1.
Folios 246 a 273 del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76-001-33-31-709-2011-00409, allegado al presente trámite de tutela en calidad de préstamo.
Folios 413 a 420 reverso, del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 76-001-33-31-709-2011-00409, allegado al presente trámite de tutela en calidad de préstamo.
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA Bogotá., primero (1º) de febrero de dos mil siete (2007)- Radicación número: 05001-23-31-000-2003-00107-01 (8963-05).

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