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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01436-01

Acción de tutela en concurso de méritos de la rama judicial

Fecha
5 de febrero de 2019
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01436-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01436-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

5 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSO DE MÉRITOS DE LA RAMA JUDICIAL / TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL CARGO - Es perentorio / NOMBRAMIENTO EN CARRERA JUDICIAL - No aceptado / AGOTAMIENTO DE LA LISTA DE ELEGIBLES EN ORDEN DESCENDENTE - Ante no aceptación del cargo de uno de sus aspirantes / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A CARGOS PÚBLICOS

[S]e observa que el [actor] fue nombrado en periodo de prueba mediante Resolución N CDJR17-53 de 4 de diciembre de 2017, suscrita por el director del CENDOJ. No obstante, en escrito de 13 del mismo mes y año, manifestó que no aceptaba su nombramiento por cuanto ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en la Procuraduría General de la Nación, no acudiendo tampoco, a la figura de la prórroga, por lo que, ante la no aceptación, el nominador procedió a revocar la designación (…) Por lo anterior, el CENDOJ continuó con el agotamiento de la lista de elegibles (…) Para la Sala, la decisión del CENDOJ de negar el nombramiento del actor, no vulneró los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, pues la existencia de un término para la aceptación o rechazo del cargo privilegia el sistema de carrera administrativa, la autonomía judicial y garantiza la no afectación de la continuidad en la prestación del servicio público esencial de administración de justicia, por lo que resulta razonable que una vez se conforme la lista de elegibles se procure que el interesado acepte y se posesione en el cargo lo antes posible, teniendo inclusive la posibilidad de acudir a la prorroga (…) de modo que ante la no aceptación o posesión lo procedente sea continuar con el agotamiento de la misma. Como ocurrió en el caso bajo examen, ya que una vez fue notificada la autoridad nominadora de la decisión del [actor] de rechazar el nombramiento en periodo de prueba, procedió a agotar la lista de elegibles en estricto orden de mérito nombrando en periodo de prueba a quienes se encontraban en los lugares 2 y 3 de la misma (…) Por lo demás (…) se comprobó que al actor le fue respetado el debido proceso administrativo en cada una de las etapas del concurso. Así, como quiera que fue debidamente notificado del nombramiento en periodo de prueba durante los 8 días siguientes a la expedición de la lista de elegibles y, además, tuvo la posibilidad en un término igual de aceptar o rechazar, fue su decisión la que acarreó que CENDOJ se viera forzado a nombrar en estricto orden del mérito a quienes seguían en la lista de elegibles, de modo que la actuación desplegada por la autoridad demandada cumplió con lo establecido en las normas aplicables al concurso. Así mismo, tampoco se advierte afectación alguna al principio del mérito ya que el actor continúa en el registro de elegibles, como se lo informó la directora de la Unidad de Carreja Judicial en Oficio N CJO18-919 de 3 de abril de 2018. Lo anterior, es una prerrogativa que le otorgan las normas aplicables al concurso de méritos (…) según las cuales sólo en el momento en que sea posesionado en el cargo para el que concursó será retirado del registro, pues mientras eso no suceda no se entiende agotado el proceso de selección, lo que significa que si eventualmente se produjera otra vacante para el cargo al que concursó, podría integrar a una nueva lista de elegibles

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 133 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 167 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 165 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 204 / DECRETO 1660 DE 1978 - ARTÍCULO 63

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01436-01(AC)

Actor: JUAN FRANCISCO GARAVITO SUÁREZ

Demandado: CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOCIO JURÍDICA DE LA RAMA JUDICIAL (CENDOJ) ADSCRITO A LA SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Temas: Tutela contra acto administrativo. Concurso de Méritos Rama Judicial. Ante la no aceptación del nombramiento en propiedad se debe proveer el cargo con los candidatos restantes de la lista de elegibles. Niega las pretensiones de la acción de tutela

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el actor, contra la sentencia dictada el 23 de mayo de 2018, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que se negaron las pretensiones de la solicitud de amparo constitucional.

ANTECEDENTES

Hechos

La presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013, convocó a concurso de méritos para la conformación de registro de elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

El señor Juan Francisco Garavito Suárez participó en dicho concurso, para el cargo de Profesional Especializado Grado 33 del Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial (CENDOJ). Mediante Acuerdo Nº PCSJA17-10855 de 21 de noviembre de 2017, se publicó la lista de elegibles en la que el actor ocupó el primer puesto con 706,26 puntos seguido por las señoras Maritza Ortega Pinto y Natalia Yadira Castilla Caro, con 661,96 y 648,77 puntos, respectivamente.

La entidad nombró al actor en periodo de prueba mediante Resolución Nº CDJR17-53 de 4 de diciembre de 2017. No obstante, en escrito de 13 del mismo mes y año, informó que no aceptaba su nombramiento por cuanto ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en la Procuraduría General de la Nación, manifestando su interés en continuar en el registro de elegibles.

En virtud de la no aceptación por parte del señor Garavito Suárez, el acto administrativo de nombramiento fue revocado por la Resolución Nº CDJR17-56 de 19 de diciembre de 2017, por lo que se continuó con el agotamiento de la lista de elegibles, nombrando en periodo de prueba a la segunda elegible, la señora Maritza Ortega Pinto, a través de la Resolución Nº CDJR18-15 de 18 de enero de 2018, quien pese a haber aceptado el mismo, tampoco se posesionó.

Por lo anterior, la entidad procedió a nombrar en periodo de prueba a quien ocupaba el tercer puesto en la lista de elegibles, la señora Natalia Yadira Castillo Caro por medio de Resolución Nº CDJR18-15 de 18 de abril de 2018, quien aceptó el mismo.

El 22 de marzo de 2018, por Decreto Nº 1342 el accionante fue declarado insubsistente del cargo de libre nombramiento y remoción que desempeñaba en la Procuraduría General de la Nación, por lo que, al día siguiente, remitió una solicitud al CENDOJ con la finalidad de que se efectuara su nombramiento en el empleo para el que concursó.

Mediante Oficio Nº CJO18-919 de 3 de abril de 2018, suscrito por la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, se le informó al actor que seguiría integrando el registro de elegibles durante la vigencia del mismo, mientras no tomara posesión del cargo al que aspiró. Posteriormente, se emitió respuesta desfavorable a la solicitud de nombramiento, a través del Oficio Nº CDJO18-479 de 6 de abril de 2018, bajo el argumento de que la oportunidad para ser nombrado ya fue cumplida ante el rechazo del mismo.

El señor Juan Francisco Garavito Suárez elevó una nueva solicitud el 13 de abril de 2018, en la que pidió que se le indicara si el cargo para el que concursó ya había sido provisto, además, solicitó que se le informara si la lista de elegibles se encontraba vigente, si fue excluido de la misma y, finalmente, cuáles fueron las razones por las que se consideraba que la oportunidad relacionada con la lista de elegibles se encontraba cumplida.

Esta última petición fue resuelta en oficio Nº CDJO18-543 de 19 de abril de 2018, en el sentido de informarle que el día anterior se efectuó el nombramiento de la señora Natalia Yadira Castilla Caro, el cual fue aceptado mediante comunicación del mismo día. Además, en atención al requerimiento de información efectuado por el peticionario se le remitió copia del acto administrativo por medio del cual se elaboró la lista de elegibles, manifestándole que ésta se encontraba vigente, pero que ante la no aceptación del nombramiento no es posible acceder a su solicitud, ya que de conformidad con el Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013, el nombramiento debe efectuarse en la forma y términos señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.

2. Fundamentos de la acción

El señor Juan Francisco Garavito Suárez sostiene que la autoridad administrativa demandada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a cargos y funciones públicas y al mínimo vital al negar su solicitud de nombramiento en provisionalidad para el cargo al cual concursó. Lo anterior, bajo el argumento de que antes de nombrar a la persona que ocupó el tercer puesto en la lista de elegibles (18 de abril de 2018), se le debió permitir acceder al cargo, pues desde el 23 de marzo de 2018 había manifestado su interés en él, y al haber obtenido un puntaje superior al de ella debió procederse a efectuar el nombramiento en virtud del principio del mérito.

En este sentido, sostuvo que dicha negativa se sustentó en reglas que no estaban contempladas dentro del acuerdo de la convocatoria, pues en ningún momento el Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013 ni el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, señalan la exclusión de la lista de elegibles como consecuencia del rechazo del nombramiento.

Aseguró que la decisión es contraria a la jurisprudencia constitucional en la que se reconoce que la finalidad del concurso público de méritos es garantizar la escogencia de quien ocupe el primer puesto en la lista.

Por último, afirmó que la acción de tutela resulta procedente para la salvaguarda de los derechos fundamentales invocados, pues aun cuando “podría acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa para demandar en acción de nulidad y restablecimiento del derecho los actos del CENDOJ, es la misma Corte Constitucional la que afirma ‘que si bien los afectados pueden acudir a las acciones señaladas en el Estatuto Procesal Administrativo para controvertirlas, en algunos casos las vías ordinarias no resultan idóneas y eficaces para restaurar los derechos fundamentales conculcados”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes pretensiones:

“1. Se tutelen mis derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, el derecho de acceso y permanencia en la carrera judicial y al mínimo vital, los cuales han sido conculcados por la actuación del Centro de Documentación Socio-Jurídica de la Rama Judicial –CENDOJ-, adscrito a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, materializada en el oficio CDJO18-479 de 6 de abril de 2018 y en el oficio CDJO18-543 de 19 de abril de 2018, que niega mi solicitud de ser nombrado, y en el nombramiento de un aspirante que obtuvo un puntaje inferior al mío, en el concurso de méritos convocado el pasado 7 de noviembre de 2013 por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa mediante Acuerdo Nº PSAA13-10037 (Noviembre 7 de 2013).

2. Se deje sin efectos el oficio CDJO18-479 de 6 de abril de 2018, el oficio CDJO18-543 de 19 de abril de 2018 y la Resolución CDJR18-15 del 18 de abril de 2018, “mediante la cual se hace un nombramiento en propiedad”, el de la doctora NATALIA YADIRA CASTILLA CARO”.

3. Se me nombre en el cargo de Profesional especializado Grado 33 del centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura – Código 230701”.

Pruebas relevantes

Con el escrito de tutela, el actor aportó los siguientes documentos:

Copia del Acuerdo PCSJA17-10855 de 21 de noviembre de 2017, mediante el cual se elabora la lista de elegibles para proveer un cargo de Profesional Especializado Grado 33, título profesional en derecho y título de postgrado del CENDOJ.
Copia de la Resolución Nº CDJR17-56 de 19 de diciembre de 2017, proferida por el director del CENDOJ, por medio de la cual se revoca el nombramiento en propiedad del actor.
Copia del Oficio Nº CJO18-919 de 3 de abril de 2018, suscrito por la directora de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura en el que se resuelve la petición elevada por el actor el 13 de diciembre de 2017.
Copia del Oficio Nº CDJO18-543 de 19 de abril de 2018, suscrito por el director del CENDOJ, en el que emite respuesta a la petición elevada el 13 de abril de 2018.

Trámite procesal

En auto de 8 de mayo de 2018, el juez constitucional de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar al CENDOJ, así como a la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, y a los señores Natalia Yadira Castilla Caro, Astrid Carolina Sánchez Calderón y José Ismael Díaz Peñaloza, como terceros interesados en el resultado del trámite constitucional. En la misma providencia, decretó la medida provisional solicitada por el actor en el sentido de “SUSPENDER el acto de posesión de la señora Natalia Yadira Castilla Caro, en el cargo de Profesional Especializado Grado 33, hasta tanto se emita decisión de fondo” .

Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad Administrativa de Carrera Judicial

En memorial allegado el 18 de mayo de 2018, la directora de la unidad manifestó que la acción de tutela incoada por el actor resulta improcedente en la medida en que dispone de otro medio de control judicial como es la acción de nulidad simple en contra del Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013, por medio del cual se reglamenta la convocatoria a concurso de méritos para la conformación de registros de elegibles para la provisión de cargos de carrera de empleados de las Oficinas y Unidades de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de la Unidad de Infraestructura Física de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Solicitó que se desvincule del presente trámite constitucional a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al considerar que la competencia para efectuar los nombramientos le corresponde al CENDOJ como entidad nominadora luego de que se le remitan las listas de elegibles de acuerdo con la normatividad vigente (artículo 167 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de Administración de Justicia).

Indicó que aun cuando el accionante refirió la existencia de un perjuicio irremediable, este no se acreditó siquiera sumariamente por lo que ante tal omisión, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente las sentencias T-449 de 1998 y T-090 de 2013, la acción de tutela resulta improcedente.

6.2. Respuesta de la señora Natalia Yadira Castilla Caro

En escrito 22 de mayo de 2018, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela en tanto la negativa del nombramiento al actor se sustenta en la falta de aceptación dentro del plazo perentorio que contempla el artículo 133 de la Ley 270 de 1996. Indicó que la actuación del CENDOJ no fue irrazonable ni desproporcionada, pues se sustentó en las normas constitucionales y legales, por lo que no se vulneró derecho fundamental alguno al accionante.

En este sentido, solicitó el levantamiento de la medida provisional decretada mediante auto de 8 de mayo de 2018, pues considera que con dicha decisión se afectan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y de acceso a cargos en carrera administrativa, ya que le impide tomar posesión del cargo para el cual concursó.

6.3. Respuesta del CENDOJ

En memorial de 21 de mayo de 2018, el director de dicha dependencia manifestó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, en tanto fue él quien manifestó voluntariamente que no aceptaba el nombramiento, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 63 numeral 3 del Decreto 1660 de 4 de agosto de 1978, se revocó su nombramiento.

Aseguró que tanto el acto administrativo mediante el cual se ordenó su nombramiento (Resolución CDJR17-53 de 4 de diciembre de 2014) como el que revocó dicha disposición (Resolución CDJR17-56 de 19 de diciembre de 2017), fueron debidamente notificados. En efecto, indicó que aun cuando se le informó la decisión de revocar su nombramiento por configurarse la causal descrita en la precitada norma, el accionante no interpuso recurso alguno por lo que el referido acto administrativo quedó ejecutoriado como se observa en constancia de 15 de enero del mismo año.

Agregó que la acción de tutela no es procedente en tanto la negativa del CENDOJ de efectuar el nombramiento se originó en la decisión libre y voluntaria de no aceptar el nombramiento por parte del actor.

Resaltó que aun cuando el accionante tiene derecho a permanecer en el registro de elegibles como se le manifestó en el Oficio Nº CJO18-919 de 3 de abril de 2018, en respuesta a la petición de 13 de diciembre de 2017, ello no conlleva que la entidad no pueda nombrar a las personas que le siguen en la lista de elegibles una vez fue revocado su nombramiento con motivo de la no aceptación del mismo, “en la medida que no puede pretender el accionante que la entidad tenga que esperar per se de manera indefinida, cuando mediaba una manifestación expresa de NO ACEPTACIÓN, que en el futuro y/o eventualmente el accionante estaría interesado en aceptar el cargo, cuando existen unos términos de ley que cumplir de conformidad con lo previsto en los artículos 132, numeral 2 inciso 2 y 167 inciso 2 de la Ley 270 de 1996, vulnerándose el derecho de los demás integrantes de la lista de elegibles”.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 23 de mayo de 2018, negó el amparo constitucional solicitado y levantó la medida provisional decretada mediante auto de 8 de mayo de 2018. Lo anterior, al considerar que las entidades accionadas no vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues ante un nombramiento el aspirante debe cumplir los términos legalmente establecidos para aceptar o no el mismo y no en cualquier momento según su voluntad, de conformidad con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

Así mismo, indicó que “que el actor mal puede confundir el ‘registro de elegibles (Resolución PCSJSR17 de 28 de febrero de 2017)’ con la ‘lista de elegibles (Acuerdo PCSJA17-10588 (sic) de 21 de noviembre de 2017)’, y que, contrario a su decir, en el momento en que manifestó su no aceptación al nombramiento que le fue realizado, también adujo que ‘es mi deseo continuar en el registro de elegibles, conformado según Resolución PCSJSR17-17 del 28 de febrero de 2017’; lo cual es un derecho y un hecho, tal como se lo ratificó la directora de Unidad de Carrera Judicial mediante oficio CJO18-919 de 3 de abril de 2018. [Sin embargo,] (…) en lo que tiene que ver con su vigencia en la ‘lista de elegibles’, se recuerda que la misma dependerá del nombramiento que se le llegare a realizar, como en efecto sucedió, diferente es, que no haya aceptado el mismo, por lo cual, tal como se lo comunicó la directora del CENDOJ mediante oficio CDJO18-479 de 6 de abril de 2018, «su oportunidad relacionada con la lista de elegibles del Acuerdo PCSJA17-10855 del 21 de noviembre de 2017 se encuentra cumplida», pues mal puede considerar que puede ser nombrado en el cargo en cualquier momento, cuando ya ha manifestado de manera clara y expresa su no aceptación cuando tuvo la oportunidad; pues ello iría en contra de los derechos al debido proceso e igualdad, de los demás elegibles que de acuerdo con el lugar que ocupan, tienen la expectativa de ser nombrados ante la continuidad de la vacancia del cargo”.

8. Actuaciones posteriores al fallo de primera instancia

8.1. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que el juez constitucional de primera instancia no resolvió la cuestión principal que se plantea en el escrito de tutela, esto es, la ausencia de norma o reglamento que regule su caso concreto, pues aun cuando el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 establece un término perentorio para aceptar o rechazar el nombramiento, esta norma no contempla consecuencia alguna para quien rehúse el nombramiento. Por esta razón, considera que aun cuando rechazó su primer nombramiento ello no implicaba automáticamente que fuera excluido de la lista de elegibles, pues su derecho a postularse al cargo se conserva durante cuatro años, siempre y cuando este se encontrara vacante como sucedió para el momento en el que presentó su postulación luego de haber rechazado el primer nombramiento (23 de marzo de 2018).

Sostuvo que contrario a lo afirmado en el fallo impugnado, acceder a sus pretensiones no vulnera los derechos de las demás personas que se encuentran en la lista de elegibles, teniendo en cuenta que tanto él como los demás concursantes tienen la expectativa de ser nombrados.

Por último, concluyó que la decisión debe revocarse por cuanto según el artículo 2, numeral 12 del Acuerdo Nº PSAA13-100037 de 7 de noviembre de 2013, el proceso de selección sólo se agota cuando el aspirante se posesiona en el cargo al cual concursó. En este sentido, sostuvo que “no es la lista la que pierde vigencia, sino es el proceso de selección para cada uno de los concursantes, individualmente, el que termina sólo cuando se posesiona del cargo para el cual aspiraba (…) y no cuando es nombrado y lo rehúsa como lo entiende el fallo”.

Aseguró que en sentencia de 11 de noviembre de 2004, esta Corporación señaló que “no aceptar el nombramiento no es causal de exclusión de la lista de elegibles y no puede aplicarse esa consecuencia por cuanto no está taxativamente considerada en la ley”.

8.2. En escrito allegado el 21 de agosto de 2018, el director del CENDOJ solicitó que se confirme el fallo impugnado teniendo en cuenta que como lo encontró el juez constitucional de primera instancia, no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, en tanto se encuentra demostrado que la entidad respetó en todo momento su primer lugar en la lista de elegibles y ante la no aceptación del mismo procedió a emitir la resolución de revocatoria de nombramiento, sin que éste hubiese ejercido recurso alguno en contra de dicha decisión.

Así mismo, informó que la señora Natalia Yadira Castilla Caro, se encuentra posesionada en el cargo desde el 3 de agosto de 2018.

8.3. La señora Natalia Yadira Castillo Caro, por su parte, en memorial de 22 de agosto de 2018, pidió que se confirme la decisión de primera instancia, al considerar que la actuación del CENDOJ fue razonable y ajustada a derecho. Al respecto, aseguró que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, el aspirante tiene un plazo obligatorio para aceptar o rechazar el nombramiento y ante el rechazo lo que debía hacer era nombrar a quien lo precedía en la lista de elegibles como en efecto sucedió.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del acuerdo 58 de 1999 y el literal c del artículo 2º del acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación relativo a la decisión del a quo, le corresponde a la Sala establecer si la decisión del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, fue acertada en cuanto negó las pretensiones del accionante por encontrar que la decisión de excluirlo de la lista de elegibles fue acorde con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, en tanto de manera libre él decidió no aceptar el nombramiento o, si por el contrario, le asiste razón al actor al considerar que aun cuando dicha norma establece un término perentorio para aceptar el nombramiento, ésta no contempla de manera expresa la exclusión como consecuencia de la falta de aceptación.

3. Concurso de méritos para proveer cargos en carrera judicial

El concurso público es el mecanismo establecido por la Constitución Política para que, en el marco de una actuación imparcial y objetiva, se tenga en cuenta el mérito como criterio determinante para proveer los empleos del sector público, a fin de que se evalúen las capacidades, la preparación y las aptitudes generales y específicas de los distintos aspirantes a un cargo, para de esta manera escoger, entre ellos, al que mejor pueda desempeñarlo, dejando de lado cualquier aspecto de orden subjetivo.

Así mismo, el concurso de méritos al ser un instrumento que garantiza la selección fundada en la evaluación y la determinación de la capacidad e idoneidad del aspirante para desempeñar las funciones y asumir responsabilidades, se convierte en una actuación administrativa que debe ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional (artículo 29 C.P.).

El artículo 125 de la Carta Política prescribió que los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, lo de los trabajadores oficiales y los que determine la ley. En tal virtud, las entidades públicas deben propender para que sea a través del concurso de méritos que se provea la mayor cantidad de sus vacantes.

Por esta razón, con el objeto de garantizar la eficiencia de la Rama Judicial la Ley 270 de 1996, reformada por la Ley 1258 de 2009 HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=76001-23-33-000-2016-00294-01(AC)" \l "sdfootnote20sym" , establece el sistema de carrera judicial, el cual, se funda en el carácter profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y promoción en el servicio (artículo 156).

Por esta razón, sólo quienes cumplan con los requisitos mínimos para accedera al cargo, hayan superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones podrán ocupar un cargo en propiedad en la carrera judicial. Así, el proceso de selección que se encuentra contenido en el artículo 162 de la citada norma, comprende las siguientes etapas:

1. Concurso de méritos
2. Conformación del registro nacional de elegibles
3. Elaboración de listas de candidatos
4. Nombramiento
5. Confirmación.

El artículo 164, por su parte establece:

“ARTÍCULO 164. CONCURSO DE MÉRITOS. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el Registro de Elegibles y se fijará su ubicación en el mismo. Los concursos de mérito en la carrera judicial se regirán por las siguientes normas básicas:

1. Podrán participar en el concurso los ciudadanos colombianos que de acuerdo con la categoría del cargo por proveer, reúnan los requisitos correspondientes, así como también los funcionarios y empleados que encontrándose vinculados al servicio y reuniendo esos mismos requisitos, aspiren a acceder o a ocupar cargos de distinta especialidad a la que pertenecen.

2. La convocatoria es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. Cada dos años se efectuará de manera ordinaria por la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, y extraordinariamente cada vez que, según las circunstancias, el Registro de Elegibles resulte insuficiente.

3. Las solicitudes de los aspirantes que no reúnan las calidades señaladas en la convocatoria o que no acrediten el cumplimiento de todos los requisitos en ella exigidos, se rechazarán mediante resolución motivada contra la cual no habrá recurso en la vía gubernativa.

4. Todo concurso de méritos comprenderá dos etapas sucesivas de selección y de clasificación. La etapa de selección tiene por objeto la escogencia de los aspirantes que harán parte del correspondiente Registro de Elegibles y estará integrada por el conjunto de pruebas que, con sentido eliminatorio, señale y reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. La etapa de clasificación tiene por objetivo establecer el orden de registro según el mérito de cada concursante elegible, asignándosele a cada uno un lugar dentro del Registro para cada clase de cargo y de especialidad.

PARÁGRAFO 1o. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará de manera general el contenido y los procedimientos de cada una de las etapas, y señalará los puntajes correspondientes a las diferentes pruebas que conforman la primera.

PARÁGRAFO 2o. Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado“.

De acuerdo con el artículo 165, una vez se hayan superado las etapas anteriores, se conforma el registro de elegibles en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento, el cual tendrá una vigencia de cuatro años.

De este modo, cada vez que se presente una vacante, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, quien deberá elaborar la lista de candidatos con 5 integrantes del registro de elegibles que hayan obtenido los mejores puntajes (artículo 166). Cuando se reciba la lista de candidatos, el nominador procederá al nombramiento en periodo de prueba dentro de los diez días siguientes (artículo 167).

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. En el sub lite, el actor interpuso acción de tutela con la finalidad de que se deje sin efectos el Oficio Nº CDJO18-479 de 6 de abril de 2018, el Oficio Nº CDJO18-543 de 19 de abril de 2018 y la Resolución CDJR18-15 del 18 de abril de 2018, “mediante la cual se hace un nombramiento en propiedad, de la doctora NATALIA YADIRA CASTILLA CARO”. Lo anterior, al considerar que con dichas decisiones se están vulnerando sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, de acceso a cargos y funciones públicas y al mínimo vital, pues le negaron su solicitud de nombramiento para el cargo de Profesional Especializado Grado 33 en el CENDOJ, aun cuando ocupó el primer puesto en la lista de elegibles conformada mediante Acuerdo Nº PCSJA17-10855 de 21 de noviembre de 2017 y nombraron en el cargo a una persona que se encontraba en un puesto inferior al de él en la lista de elegibles.

Aseguró que aun cuando renunció al primer nombramiento que le efectúo el CENDOJ, ello no es una causal suficiente para negarse a realizar un nuevo nombramiento una vez comunicó su intención de aceptar el cargo (23 de marzo de 2018), ya que en ese momento éste aún se encontraba vacante. Para el señor Juan Francisco Garavito Suárez el argumento de la entidad demandada para negar su nombramiento no es válido teniendo en cuenta que ninguna de las reglas que rigen el concurso (Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013 y Ley 270 de 1996) contemplan que ante el rechazo del nombramiento el elegible deba ser excluido de la lista.

El juez constitucional de primera instancia estudió el fondo del asunto y negó las pretensiones de la acción de amparo, al considerar que la decisión de negar su nombramiento fue acertada, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, el aspirante debe cumplir con los términos legalmente establecidos para aceptar o no el nombramiento. Así mismo, indicó que la vigencia de la lista de elegibles depende del nombramiento de la realización del nombramiento, como en efecto sucedió, diferente es, que el actor no haya aceptado el mismo por lo que, como le indició el CENDOJ en el Oficio CDJP18-479 de 6 de abril de 2018, “su oportunidad relacionada con la lista de elegibles (…) se encuentra cumplida”.

Frente a lo anterior, el actor manifestó en el escrito de impugnación que aun cuando el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, establece un término perentorio para aceptar o rechazar el nombramiento, esta norma no contempla consecuencia alguna para quien rehúse el nombramiento. En efecto, aseguró a pesar de que rechazó su nombramiento ello no implicaba automáticamente que fuera excluido de la lista de elegibles, pues su derecho a postularse al cargo se conserva durante cuatro años, siempre y cuando este se encontrara vacante como sucedió para el momento en el que presentó su postulación (23 de marzo de 2018).

4.2. Antes de efectuar un pronunciamiento de fondo, la Sala debe establecer si la acción de tutela elevada por el actor cumple con el requisito de la subsidiariedad.

Al respecto, se observa que la acción de tutela resulta procedente para debatir las inconformidades del actor frente a la imposibilidad de acceder al cargo para el cual concursó, pues aun cuando, en principio, el dispone otros mecanismos judiciales ordinarios, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los actos administrativos que negaron su solicitud de nombramiento, este medio no es eficaz ni idóneo para proteger sus derechos fundamentales por cuanto el proceso contencioso no aporta una solución oportuna, ya que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada una situación de posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del principio constitucional del mérito.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-913 de 2009, reiterando su jurisprudencia decantada respecto a la procedencia de la acción de tutela para reclamar el nombramiento en periodo de prueba por parte de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, indicó que:

“5.1 La Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que la acción de tutela es un mecanismo protector de derechos fundamentales de naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual solo puede operar para la protección inmediata de los mismos cuando no se cuenta con otro mecanismo judicial de protección, o cuando existiendo este, se debe acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia plena y directa, aún existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”, en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos.

5.2 Considera la Corte que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso particular”.

En el mismo sentido, esta Sala ha habilitado la procedencia del mecanismo constitucional en estos casos, como una medida para proteger los derechos fundamentales.

Además de lo anterior, se observa que la inscripción individual al registro de elegibles del señor Juan Francisco Garavito Suárez aún se encuentra vigente, en tanto éste fue conformado mediante Resolución Nº PCSJSR17-17 de 28 de febrero de 2017, por lo que, de conformidad el artículo 165 de la Ley 270 de 1996, tendrá vigencia hasta el 28 de febrero de 2021, lo que hace que el accionante sea destinatario de una decisión de fondo acerca de la posible vulneración de derechos fundamentales como consecuencia la negativa por parte del CENDOJ de efectuar su nombramiento.

4.3. Cabe resaltar que de conformidad con la norma reguladora del concurso de méritos, Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013, artículo 2, numeral 11, el nombramiento se efectuará una vez conformada la lista de elegibles, que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles. Dicha lista debe remitirse por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a la autoridad nominadora, para que ésta proceda a realizar el nombramiento en la forma y términos señalados en los artículos 133 y 167 de la Ley 270 de 1996.

El artículo 133 de la citada disposición normativa establece:

“ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACION, CONFIRMACIÓN Y POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual. Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior. La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo. Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo. PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento”.

De este modo, se observa que la Ley 270 de 1996 establece un término perentorio para aceptar o rehusar el nombramiento una vez éste le sea comunicado al interesado. Dicho término fue considerado razonable por la Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 1996 que revisa la constitucionalidad del proyecto de ley Estatutaria de la Administración de Justicia, al considerar que de conformidad con el mandato de los artículos 122 y 125 de la Carta Política y la autonomía de las corporaciones judiciales, “el legislador puede definir la forma, los requisitos y el término para vincularse a una entidad o a un órgano del Estado. En lo que atañe a la rama judicial, cabe decir que la determinación de esos aspectos bien puede estar contenida en una ley estatutaria como la que se revisa, siempre y cuando se establezcan -como lo hace la disposición examinada- lapsos prudenciales que no comprometan la continuidad en el funcionamiento de la administración de justicia” (Subrayado por la Sala).

Esta Sala comparte la apreciación de la Corte Constitucional, en cuanto considera que el legislador al establecer un término de aceptación o rechazo del nombramiento, busca la prevalencia del buen funcionamiento de la administración de justicia, pues una vez la autoridad nominadora recibe la lista de elegibles de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y efectúa el nombramiento en periodo de prueba, debe recibir una respuesta oportuna por parte del elegible a fin de proveer el cargo con prontitud, de manera que no se afecte la prestación del servicio de justicia para los usuarios.

En el asunto bajo examen, se observa que el señor Juan Francisco Garavito Suárez fue nombrado en periodo de prueba mediante Resolución Nº CDJR17-53 de 4 de diciembre de 2017, suscrita por el director del CENDOJ. No obstante, en escrito de 13 del mismo mes y año, manifestó que no aceptaba su nombramiento por cuanto ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en la Procuraduría General de la Nación, no acudiendo tampoco, a la figura de la prórroga, por lo que, ante la no aceptación, el nominador procedió a revocar la designación de conformidad con el artículo 63 del Decreto 1660 de 1978, aplicable por remisión expresa del artículo 204 de la Ley 270 de 1996. Por lo anterior, el CENDOJ continuó con el agotamiento de la lista de elegibles, nombrando en periodo de prueba a la segunda elegible, la señora Maritza Ortega Pinto, mediante Resolución Nº CDJR18-15 de 18 de enero de 2018, quien no se posesionó.

Posteriormente, la entidad nombró en periodo de prueba a la señora Natalia Yadira Castillo Caro mediante Resolución Nº CDJR18-15 de 18 de abril de 2018, quien ocupaba el tercer puesto en la lista de elegibles y tomó posesión del cargo desde el 3 de agosto de 2018.

El 23 de marzo de 2018, el accionante solicitó su nombramiento en el cargo que había rechazado, bajo el entendido de que aún continuaba en la lista de elegibles. No obstante, a través del Oficio Nº CDJO18-479 de 6 de abril de 2018, el CENDOJ negó dicha petición bajo el argumento de que la oportunidad para ser nombrado ya fue cumplida ante el rechazo del mismo, sin embargo, se le insistió en que aún hace parte del registro de elegibles. En Oficio Nº CDJO18-543 de 19 de abril de 2018, se le informó que el 17 de abril de 2018, se efectuó el nombramiento de la señora Natalia Yadira Castilla Caro, el cual fue aceptado mediante comunicación del mismo día.

Para la Sala, la decisión del CENDOJ de negar el nombramiento del actor, no vulneró los derechos fundamentales invocados en la acción de tutela, pues la existencia de un término para la aceptación o rechazo del cargo privilegia el sistema de carrera administrativa, la autonomía judicial y garantiza la no afectación de la continuidad en la prestación del servicio público esencial de administración de justicia, por lo que resulta razonable que una vez se conforme la lista de elegibles se procure que el interesado acepte y se posesione en el cargo lo antes posible, teniendo inclusive la posibilidad de acudir a la prorroga en los términos del artículo 133 de la Ley 270 de 1996, de modo que ante la no aceptación o posesión lo procedente sea continuar con el agotamiento de la misma. Como ocurrió en el caso bajo examen, ya que una vez fue notificada la autoridad nominadora de la decisión del señor Juan Francisco Garavito Suárez de rechazar el nombramiento en periodo de prueba, procedió a agotar la lista de elegibles en estricto orden de mérito nombrando en periodo de prueba a quienes se encontraban en los lugares 2 y 3 de la misma.

En otras palabras, la autoridad competente para efectuar el nombramiento, luego de tener certeza de la no aceptación del cargo, no puede quedarse indefinidamente esperando a que el aspirante reconsidere su posición, lo cual eventualmente hubiere podido hacer el actor acudiendo al recurso de reposición contra el acto administrativo que revocó el nombramiento, circunstancia que no se presentó.

Así, como lo advirtió el a quo “mal puede considerar [el actor] que puede ser nombrado en el cargo en cualquier momento, cuando ya ha manifestado de manera clara y expresa su no aceptación cuando tuvo la oportunidad; pues ello iría en contra de los derechos al debido proceso e igualdad, de los demás elegibles que de acuerdo con el lugar que ocupan, tienen la expectativa de ser nombrados ante la continuidad de la vacancia del cargo”.

En este mismo sentido, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado en sentencia de 6 de julio de 2017, en un caso en el que se resolvió amparar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y acceso a cargos y funciones públicas de los participantes que figuraban en la lista de elegibles para el cargo de Auxiliar Administrativo Grado 3, de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla (Convocatoria Nº 2 de 2009), vulnerados por parte de la autoridad nominadora debido a la negativa de permitir la posesión en el cargo de los elegibles que habían sido nombrados en periodo de prueba, ordenó a la entidad demandada que procediera a posesionar en el cargo a quienes figuraban en la lista de elegibles en estricto orden de mérito y estimó que “en caso que uno de los mencionados no acepte el nombramiento o posesión, se procederá a proveer el cargo con los miembros restantes de la lista de elegibles”.

Por lo demás, tampoco se vislumbra vulneración alguna del debido proceso administrativo ya que, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, se comprobó que al actor le fue respetado el debido proceso administrativo en cada una de las etapas del concurso. Así, como quiera que fue debidamente notificado del nombramiento en periodo de prueba durante los 8 días siguientes a la expedición de la lista de elegibles y, además, tuvo la posibilidad en un término igual de aceptar o rechazar, fue su decisión la que acarreó que CENDOJ se viera forzado a nombrar en estricto orden del mérito a quienes seguían en la lista de elegibles, de modo que la actuación desplegada por la autoridad demandada cumplió con lo establecido en las normas aplicables al concurso.

Así mismo, tampoco se advierte afectación alguna al principio del mérito ya que el actor continúa en el registro de elegibles, como se lo informó la directora de la Unidad de Carreja Judicial en Oficio Nº CJO18-919 de 3 de abril de 2018. Lo anterior, es una prerrogativa que le otorgan las normas aplicables al concurso de méritos, en particular, el artículo 165 de la Ley 270 de 1995 y el artículo 2, numeral 12 del Acuerdo Nº PSAA13-10037 de 7 de noviembre de 2013, según las cuales sólo en el momento en que sea posesionado en el cargo para el que concursó será retirado del registro, pues mientras eso no suceda no se entiende agotado el proceso de selección, lo que significa que si eventualmente se produjera otra vacante para el cargo al que concursó, podría integrar a una nueva lista de elegibles.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” de esta Corporación el 23 de mayo de 2018, por las razones expuestas.

5. Razón de la decisión

La Sala confirmará el fallo de primera instancia, al constatar que las autoridades administrativas demandadas no vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor, pues en virtud del artículo 133 de la Ley 270 de 1996, disponía de un término perentorio para aceptar o rechazar la designación y ante su rechazo la autoridad nominadora debía proceder a nombrar, en estricto orden del mérito, a quienes ocupaban un lugar en la lista de elegibles, todo ello en aras de privilegiar la continuidad de la administración de justicia.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 23 de mayo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

MILTON CHAVES GARCÍA
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folio 6 del expediente.
Folio 17 ibíd.
Folios 45 y ss ibíd.
Folio 52 ibíd.
Folios 48 y ss ibíd.
Folios 49 y ss ibíd.
Folios 199 y ss ibíd.
Ibídem.
M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Folio 26 ibíd.
Folio 240 ibíd.
“ARTICULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo dentro de un término igual.
Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados desde la comunicación si reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.
Confirmada en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar posesión del mismo.
PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento”.
Folio 300 del expediente.
Folio 313 (reverso) ibíd.
Exp. Nº 11001032500020020023401.
Folio 314 ibíd.
Folio 300 del expediente.
Corte Constitucional, sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, Sentencia T-175 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
Ver al respecto, entre otras: sentencia de 6 de agosto de 2017, exp. Nº 2017-00265-01, sentencias de 6 de diciembre de 2017 exp. Nº; 2017-01847-01 y 2017-01956-01 y, sentencia de 13 de diciembre de 2017, exp. Nº 2017-00736-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
“ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de los Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios. La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento. La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el registro, si a ello hubiere lugar. Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura. PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés”.
M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“Artículo 63: La revocación del nombramiento o elección sólo procede antes de posesionarse el
designado y por las siguientes causales:
(…)
3. Cuando el designado manifieste que no acepta
(…)”.
Folio 300 del expediente.
Exp. Nº 08001-23-33-000-2017-00220-01, C.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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