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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01479-00

Fecha
14 de junio de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01479-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Contraloría General de la República, en lo concerniente al defecto sustantivo alegado, únicamente en lo relacionado a la falta de congruencia entre el objeto de la litis y lo resuelto en la sentencia, por las razones anotadas en precedencia. SEGUNDO.- Deniégase el amparo solicitado frente a los demás cargos, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído. TERCERO.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01479-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

14 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA - Improcedente en lo relacionado al defecto sustantivo alegado, únicamente en lo relacionado a la falta de congruencia entre el objeto de la litis y lo resuelto en la sentencia / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura ya que la autoridad judicial demandada, al acoger el criterio expuesto por la Corte Constitucional no desconoció precedente alguno

[E]n atención a que la Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene funciones jurisdiccionales, no puede catalogarse como órgano de cierre en materia jurisdiccional. Así las cosas, respecto de las actividades sujetas a control fiscal del Banco de la República que fueron señaladas una a una por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, y que no fueron abordadas en la sentencia C-529 de 1993, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno, teniendo en cuenta que por expresa disposición legal, sus conceptos no son vinculantes. Además, la autoridad judicial demandada, al acoger el criterio expuesto por la Corte Constitucional, cuyas providencias de constitucionalidad vinculan a todos los jueces, no desconoció precedente alguno. (…). Ninguna de las providencias bajo cita se refirió a las actividades de gestión fiscal a cargo del Banco de la República, como sí se hizo, en concreto, en la sentencia C-529 de 1993. (…). Como resultado del razonamiento anterior, no se advierte el desconocimiento del precedente alegado y, por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar. La Sala encuentra que los cargos de la demanda, más que advertir verdaderos defectos de la providencia que cuestiona, se dirigen a controvertir, esta vez en sede constitucional, las consideraciones que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para decidir el asunto de manera contraria a sus intereses, esto es, reflejan el inconformismo con la interpretación del caso por parte del juez natural. Conviene recordar que la acción de tutela no es el mecanismo para revivir los debates propios de las instancias ordinarias, ya que para ello la ley dispone del andamiaje jurisdiccional pertinente para la atención de estos asuntos, y el trámite legal propicio para la materialización de los derechos. Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala denegará el amparo solicitado por la parte demandante.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. / DECRETO 1983 DE 2018 / LEY 106 DE 1993 - ARTÍCULO 4 / LEY 42 DE 1993 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 267 DE 2000 - ARTÍCULO 4

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a que el desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia es una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de febrero de 2016, exp. 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV), C.P. Alberto Yepes Barreiro. En cuanto a que la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01479-00(AC)

Actor: CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la Contraloría General de la República, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

ANTECEDENTES

La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 9 de mayo de 2018 en la Secretaría General de esta Corporación, la Contraloría General de la República, a través de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, con el objeto de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa.

Estimó quebrantados sus derechos con ocasión de la sentencia del 25 de octubre de 2017, que revocó el fallo del 30 de enero de 2015, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, había denegado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-27-000-2012-00137-01 (21791), promovido por el Banco de la República en su contra.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

“PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO PROCESO, al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y al DERECHO DE DEFENSA, de la Contraloría General de la República.

SEGUNDA: EN CONSECUENCIA, DEJAR SIN EFECTOS el fallo de segunda instancia proferido el pasado 25 de octubre de 2017, notificado por edicto y con constancia de ejecutoria del 09 de noviembre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el Banco de la República proceso No. 25000232700020120013701, mediante el cual se revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida el 30 de enero de 2015, y en su lugar, ordenar a la sección Cuarta del Consejo de Estado que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia de tutela proceda a tomar la decisión de fondo y que en derecho corresponda respecto de la legalidad de las resoluciones 0096 del 22 de noviembre de 2010, 0018 del 5 de marzo de 2011 y 0451 del 14 de septiembre de 2011, reconociendo a favor de la Contraloría General de la República el pago de la tarifa fiscal en la forma establecida en los referidos actos administrativos.”

Hechos

El apoderado de la entidad refirió los siguientes hechos, que a juicio de la Sala resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Afirmó que la Contraloría General de la República, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 y previo el trámite administrativo correspondiente, expidió la Resolución 0096 del 22 de noviembre de 2010, con la cual se fijó a cargo del Banco de la República el valor del tributo especial de tarifa de control fiscal para la vigencia 2010.

Refirió que el Banco de la República interpuso los recursos de ley en contra de la anterior decisión y éstos fueron resueltos desfavorablemente a través de las Resoluciones 0018 del 15 de marzo y 0451 del 14 de septiembre de 2011, por lo que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de dichos actos administrativos.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C en descongestión, denegó las pretensiones de la demanda a través del fallo del 30 de enero de 2015, bajo el argumento de que la Contraloría General de la República había tenido en cuenta todas las operaciones sujetas a control fiscal ejercidas por el Banco, para calcular la tarifa fiscal correspondiente.

Indicó que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, revocó la sentencia de primera instancia mediante providencia del 25 de octubre de 2017 y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y ordenó a la Contraloría General de la República la devolución de $614.882.495 a favor del Banco de la República.

La autoridad judicial consideró que el ente de control, al determinar la tarifa fiscal en cabeza del Banco de la República para la vigencia 2010, incluyó en la base gravable del tributo la totalidad de los gastos ejecutados en los presupuestos corporativo y de inversión, a pesar de que en estos se encuentran erogaciones que no hacen parte de las actividades de gestión fiscal de esa entidad, y que son a las que estrictamente se debía remitir la Contraloría General de la República.

Sustento de la vulneración

Según la parte actora, a través de la providencia censurada se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, al incurrir en los siguientes defectos:

Defecto sustantivo

Aseguró que en la sentencia de segunda instancia se le dio una indebida interpretación a las normas que regulan la tarifa de control fiscal.

Resaltó que la decisión adoptada por la autoridad demandada carece de motivación.

Explicó que la autoridad judicial “equiparó el ejercicio del control fiscal ejercido por la entidad sobre el Banco de la República, con el tributo especial reconocido al ente de control como lo es la tarifa fiscal”.

Señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado pasó por alto la fijación del litigio, que consistía en determinar la legalidad de la tarifa fiscal determinada en los actos demandados, lo cual condujo a una decisión motivada en forma distinta a la que las partes y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca habían coincidido en un principio.

Afirmó que la Contraloría General de la República sólo puede ejercer control fiscal en aquellas funciones o actos de la misma naturaleza, respecto del referido banco, que a su vez reconoce a la entidad como el órgano que realiza dicho control, según lo expuesto en la sentencia C-529 de 1993.

Sostuvo que el objeto del debate procesal era establecer si el Banco de la República había pagado a cabalidad la tarifa fiscal de la vigencia 2010, en la forma y cuantía establecida en el artículo 4 de la Ley 106 de 1993.

Refirió que el fallo se edificó sobre una indebida interpretación de los preceptos de rango legal, pues la inconformidad alegada en la demanda ordinaria, más que dirigirse contra la liquidación de la tarifa de que se trata, se encaminó a desconocer lo preceptuado en el artículo antes referido.

Destacó que el defecto sustantivo se configuró al desconocer el marco regulatorio del tributo, pues se definió el asunto con base en la percepción y análisis que hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, respecto de otro precepto normativo y bajo un contexto diferente.

Advirtió que la providencia de segunda instancia incurrió en un error al fundarse en ciertos apartes de la sentencia C-529 de 1993, pues adoptó las alusiones que se hicieron allí respecto de las funciones del Banco con las que se realiza gestión fiscal, para determinar que frente a ninguna otra se podía ejercer control o tenerla como base gravable de la tarifa fiscal.

Precisó que dicha interpretación constituye una inobservancia del artículo 4 de la Ley 106 de 1993, así como una aplicación errónea de la Ley 42 de 1993 y un uso extralimitado de la sentencia C-529 de 1993.

Agregó que la Contraloría General de la República, desde el inicio del trámite, se refirió al alcance del artículo 4° de la Ley 106 de 1993, sin embargo, la Sección demandada centró el debate judicial en el estudio del artículo 2° de la Ley 42 de 1993 y el artículo 4° del Decreto 267 de 2000, que regulan un tema diverso, esto es, el control fiscal.

Explicó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-1148 de 2001, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 4° de la Ley 106 de 1993, aclaró que la tarifa de control fiscal no está enmarcada dentro de los conceptos de tasas y contribuciones, sino que corresponde a un tributo especial derivado de la facultad impositiva del Estado, que se fija individualmente a cada entidad de la administración y a los particulares que manejan fondos estatales.

Manifestó que la tarifa fiscal es un tributo especial que no nace como contraprestación directa del ejercicio de control fiscal, sino que fue previsto para garantizar los recursos con los que cuenta la Contraloría General de la República para ejercer dicho control.

Indicó que un ejemplo de lo anterior era la exclusión del pago de dicha tarifa respecto de las cajas de compensación familiar y las empresas promotoras de salud, lo cual no impide que tales entidades sean objeto de control fiscal en el manejo de los recursos que administran.

Aseguró que la Sección Cuarta del Consejo de Estado debió estudiar la determinación y el pago del tributo especial denominado “cuota de auditaje o de fiscalización”, a partir de los elementos o componentes esenciales del mismo.

Refirió que las exenciones tributarias son una excepción a la regla general, no pueden ser inferidas y están consagradas de manera expresa, lo que implica que todo el que cumpla con los requisitos estará obligado a tributar.

Mencionó que en el caso del tributo especial de tarifa de control fiscal, solo se presentan exenciones frente a los recursos de seguridad social en salud, por lo que todos los sujetos de control fiscal están obligados a cancelar el tributo.

Señaló que frente al cobro de dicho gravamen, la Contraloría ostenta el papel de sujeto activo y el Banco de la República el de sujeto pasivo.

Manifestó que el artículo 4° de la Ley 42 de 1993 definió el hecho generador de este tributo, como la administración de recursos, fondos o bienes públicos por parte del sujeto pasivo, lo que de suyo supone el ejercicio del control fiscal.

Recalcó que la base gravable también fue establecida en dicha norma, como el presupuesto ejecutado por los sujetos pasivos en la vigencia fiscal del año anterior, multiplicado por el porcentaje de participación estatal.

Indicó que el control fiscal de la Contraloría General de la República no surge de la clase, modalidad o estructura del Banco de la República, sino de la gestión de recursos o fondos públicos como parte de su capital social, o los que le son entregados por la Nación para su manejo y/o administración, tal como lo dispone la Ley 610 de 2000 en su artículo tercero.

Aseguró que el hecho de que los recursos públicos administrados hagan o no parte del Presupuesto General de la Nación, o se rijan por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, no impide el actuar del ente de control.

Advirtió que, en el caso concreto, la Contraloría General de la República procedió a requerir la información para fijar la tarifa fiscal, ante lo cual el Banco de la República reportó la cifra de $12.967’278.841.oo, correspondiente a la “información extracontable derivada de los resultados arrojados por la aplicación de costos establecida por el Banco”.

Explicó que, a diferencia de lo reportado, el ente de control estableció como presupuesto de gastos ejecutado por el Banco de la República, la suma de $330.455’965.106.oo, con un porcentaje de participación de recursos públicos del 100%, lo que arrojó una tarifa fiscal de $639’905.541.oo.

Sostuvo que tanto en las resoluciones acusadas como en el fallo de primera instancia, se dejó claro que el control fiscal del Banco de la República sólo se despliega cuando administra recursos de la Nación, ejecuta actos o cumple actividades de gestión fiscal, por ello la base gravable que se tomó tuvo en cuenta únicamente las actividades en las cuales ello sucedió, circunstancia que no fue desestimada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado pero que fue desechada sin motivación alguna.

Destacó que la información suministrada por el Banco solamente hace referencia al costo prorrateado del servicio de administración de títulos de tesorería TES y DCV, FAEP, títulos de FOGAFIN, títulos de desarrollo agropecuario, FRECH y otros títulos.

Agregó que dichos rubros no dejan de ser una aproximación sobre los gastos ejecutados en la vigencia fiscal 2009, que fueron indispensables para administrar y operar la entidad, pero que no pueden ser asimilados al presupuesto del Banco, que es el criterio utilizado por el artículo 4 de la Ley 106 de 1003 para desarrollar la fórmula de la tarifa de control fiscal.

Señaló que, por tal razón, se registró como base gravable la información remitida por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública, correspondiente a la recogida en desarrollo del proceso auditor, que refleja la ejecución presupuestal de la vigencia 2009 y de la cual sólo se tuvieron en cuenta los rubros de egresos corporativos e inversión por proyectos, luego no se tomó como base la totalidad de actividades que desarrolla el Banco.

Indicó que todos esos argumentos fueron expuestos en los actos administrativos demandados y a la misma conclusión llegó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin embargo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado los desechó sin una justificación distinta a la aplicación de la sentencia C-529 de 1993, que no tenía efectos de cosa juzgada sobre el tema de debate.

Por lo anterior, consideró que el fallo de segunda instancia se edificó sobre una interpretación errada de las normas que regulan la tarifa de control fiscal, como lo son los artículos 267 y 338 constitucionales, las Leyes 42 y 106 de 1993, con desconocimiento de las funciones asignadas al ejecutivo y al ente de control mediante los artículos 189 y 341 de la Constitución Política.

Defecto fáctico

Frente al punto, sostuvo que para el Tribunal ordinario de primera instancia, fue evidente que, al margen del régimen presupuestal que gobierna al Banco de la República, el control fiscal recae sobre los fondos o bienes de la Nación.

Indicó que el a quo abarcó el análisis probatorio del caso, y con base en el mismo, concluyó que los actos que fijaron la tarifa fiscal se sujetaron a lo previsto en el artículo 4° de la Ley 106 de 1993.

Refirió que, sin embargo, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, inobservó el análisis del proveído de primer grado, y de paso despojó al ente de control de sus facultades constitucionales previstas en los artículos 119, 267 y 338 de la Carta, así como de la potestad legal de que trata el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, y la trasladó al Banco de la República.

Afirmó que, según el fallo del Consejo de Estado, es el organismo controlado el que impone a su controlador la delimitación del objeto de control fiscal, pese a que tal aspecto está reservado al legislador.

Precisó que el defecto fáctico se consumó cuando la Corporación demandada acogió las cifras que reportó el Emisor para el cálculo de la tarifa fiscal, así como la metodología de costos que utilizó, plasmadas en un cuadro sin soporte alguno de esos resultados, y sin demostración alguna acerca de la veracidad de esa información.

Indicó que, con ello, se desconoció la facultad constitucional en cabeza del contralor general de la República, para fijar los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación, e indicar los criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados.

Señaló que la Corporación demandada invirtió la carga probatoria, en tanto confirió plena validez a la liquidación que presentó el Banco de la República, con fundamento en que tal documento no fue materia de contradicción.

Reiteró que no se valoró integralmente el fallo de primera instancia y los elementos probatorios obrantes en el expediente, específicamente los actos demandados, en los que la Contraloría General de la República expuso de manera detallada las razones y la forma como se incluyeron los conceptos para liquidar la tarifa de control fiscal.

Insistió en que el fallo atacado se edificó sobre el aval dado a la información suministrada por el Banco de la República, sin exponer las razones por las que dicha liquidación era la que debía tenerse en cuenta y no la realizada por la Contraloría General de la República.

Desconocimiento del precedente

Al respecto, alegó que en el fallo censurado se desconoció el hecho de que la gestión fiscal del Banco de la República abarca otro tipo de ámbitos que no abordó la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, pues dicha Corporación no se pronunció de forma definitiva sobre el alcance del control fiscal del Emisor y, por lo tanto, existe una cosa juzgada relativa implícita, dado que la constitucionalidad de la norma que en su momento analizó el alto Tribunal Constitucional, se definió únicamente por los cargos analizados.

Mencionó que la “perplejidad” sobre el alcance del control fiscal frente al Banco de la República, fue objeto de pronunciamiento por parte de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en la que señaló que las actividades sujetas a control fiscal de esa entidad son: a) las operaciones para ejecutar decisiones de política monetaria, entre ellas impresión y acuñación de moneda, gastos administrativos y costos de seguridad, b) la administración de las reservas internacionales, que comprende el manejo, inversión, depósito en custodia y disposición de los activos de reserva, c) la administración, representación o manejo de bienes o recursos del Estado, o el otorgamiento de créditos o garantías, cuando el Banco sirva de agente fiscal del Gobierno, y d) los resultados de operaciones financieras en las que el Banco actúa como entidad bancaria.

Destacó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-529 de 1993, abordó tan solo el ámbito de la gestión fiscal del Banco de la República desde el punto de vista de su papel como agente fiscal, sin pronunciarse sobre las demás operaciones enlistadas por la Sala de Consulta y servicio Civil del Consejo de Estado.

Reiteró que la sentencia atacada confirió pleno crédito a la información que el Emisor reportó a la Contraloría General de la República, sobre los costos por administración de títulos, y además confirió patente de corso al método y la forma como se reportó, la cual no puede ser confrontada y verificada y, por lo mismo, controlada fiscalmente.

Advirtió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado desatendió el precedente constitucional plasmado en la sentencia C-1191 de 2000, reiterado en la sentencia C-103 de 2015, en donde manifestó la inadmisibilidad de ámbitos vedados o excluidos del control fiscal.

Concluyó que según el artículo 267 de la Constitución Política, desarrollado por la Ley 42 de 1993, el control fiscal se ejerce en forma posterior y selectiva sobre actividades, operaciones y procesos realizados por cualquier entidad o particular que administre fondos o bienes de la Nación, como es el caso del Banco de la República.

Trámite de la acción de tutela

A través de auto del 16 de mayo de 2018 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Adicionalmente, se vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta y al gerente del Banco de la República, como terceros interesados en las resultas del proceso.

Argumentos de defensa

Consejo de Estado, Sección Cuarta

El magistrado ponente de la decisión censurada aseguró que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales.

Explicó que no se agotaron todos los medios de defensa por cuanto la entidad tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión, para cuestionar la legalidad de la sentencia de segunda instancia, en atención a que alega una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso.

Agregó que el asunto no tiene relevancia constitucional, porque se trata de una controversia de contenido netamente económico.

Sostuvo que no estaba acreditada la vulneración alegada, sino que se evidenciaba una diferencia de criterio frente al fallo proferido en el proceso ordinario, de lo cual se concluye que la entidad pretende usar la tutela como una tercera instancia.

Mencionó que, en todo caso, de los argumentos expuestos en la providencia cuestionada se podía apreciar que no se configuró ninguno de los defectos señalados en la solicitud de amparo.

Banco de la República

Por conducto del director asesor del departamento Jurídico, se pronunció de la siguiente manera:

Precisó que el asunto no tiene relevancia constitucional, ya que el proceso contencioso que dio lugar a la sentencia materia de cuestionamiento, surtió el trámite legal correspondiente.

Indicó que lo realmente pretendido por la Contraloría General de la República, es invocar una tercera instancia que acoja su interpretación del caso.

Señaló que lo que pretendió el Emisor en la demanda ordinaria, fue que se tuviera en cuenta su calidad de sujeto pasivo especial, luego el objeto de la litis se limitó a la forma en que la Contraloría General de la República determinó la base gravable de la tarifa fiscal, por cuanto desconoció tal condición, reconocida por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, de tal suerte que en manera alguna se desbordó el objeto del litigio.

Anotó que, en suma, se trata de un asunto meramente legal, ya que la Contraloría General de la República argumentó que la liquidación de la tarifa fiscal debía determinarse de conformidad con el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, en tanto que el Banco de la República sostuvo que dicha liquidación debía acatar esa norma, en concordancia con el artículo 2° de la Ley 42 de 1993, con el alcance que le dio la Corte Constitucional.

Frente al defecto fáctico, sostuvo que el hecho de que la autoridad judicial demandada haya tomado como base de su decisión la información que el Banco suministró al ente de control, no significa una inducción en error, ni tampoco que se haya entregado la facultad de establecer los elementos del tributo en cuestión.

Advirtió que de la acción de tutela no emerge con claridad el perjuicio irremediable que la sentencia bajo controversia causo a la Contraloría General de la República, dado que se trata de un proceso culminado, con efectos de cosa juzgada, cuya sentencia se cumplió en los términos del artículo 127 de la Ley 1873 de 2017, sin afectar el presupuesto de dicho organismo.

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B

El magistrada titular del despacho al que se asignó el conocimiento del proceso ordinario, precisó que el expediente fue remitido en su momento a la Sección Primera, Subsección C en descongestión, en atención a las medidas dispuestas por el Acuerdo PSAA 14-10156 del 30 de mayo de 2016, autoridad que profirió el fallo de primera instancia.

Explicó que ante la terminación de dichas medidas, el expediente regresó a ese despacho para proferir auto de obedézcase y cúmplase, por lo que le era imposible pronunciarse sobre lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 y artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2018.

Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la Contraloría General de la República, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, con ocasión de la sentencia del 25 de octubre de 2017, proferida en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-27-000-2012-00137-01 (21791) promovido por el Banco de la República en su contra.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de requisitos

Para comenzar por el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia censurada se dictó en el trámite de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez toda vez que la sentencia del 25 de octubre de 2017 quedó ejecutoriada el 9 de noviembre de 2017, mientras que la acción de tutela fue presentada el 9 de mayo de 2018, por lo que el lapso que transcurrió entre su ejecutoria y el ejercicio de la solicitud de amparo es razonable.

Ahora bien, en lo referente a la subsidiariedad, la Sala debe precisar lo siguiente:

Según la demandante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado pasó por alto la fijación del objeto del litigio, puesto que la Contraloría General de la República, desde el inicio del trámite, se refirió al alcance del artículo 4° de la Ley 106 de 1993, sin embargo, la autoridad demandada centró el debate judicial en el estudio del artículo 2° de la Ley 42 de 1993 y el artículo 4° del Decreto 267 de 2000, que regulan un tema diverso, esto es, el control fiscal.

De este modo, lo que se alega frente a este punto es la falta de consonancia entre lo resuelto en la sentencia y el objeto del litigio o, en otros términos, que la decisión se apartó del principio de congruencia de la sentencia, en la medida que contempló un objeto distinto del pretendido en la demanda.

Frente al punto, la Sala advierte que la demanda de tutela, en este punto del cargo, no supera el requisito de subsidiariedad, toda vez que de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Revisión de Esta Corporación, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

La tesis de la referida Sala Especial de Revisión fue expuesta en los siguientes términos:

2.5. Nulidad originada en la sentencia

El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

(…)

2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia

Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.

Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.

Ello significa que es procedente el recurso extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el desconocimiento del principio de la congruencia, que en últimas implica una actuación sin competencia.

(…)

En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.

(…)” (Destacado por la Sala)

En consideración a la anterior tesis, la inobservancia del principio de congruencia da lugar a que se configure la causal de revisión prevista en el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.”

En razón de lo considerado, el cargo de la demanda relacionado con el defecto sustantivo, en lo referido al análisis de normas que no guardan relación con el objeto litigioso, no supera el requisito de subsidiariedad, comoquiera que en tal caso procede el recurso extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá del estudio de este aspecto, y declarará improcedente la solitud de amparo en lo que respecta al particular.

Por lo demás, la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, por lo que se procederá a estudiar el fondo del asunto; adicionalmente, en lo que concierne a los defectos restantes, los recursos extraordinarios de revisión y unificación, taxativamente contemplados en el ordenamiento contencioso administrativo, no tienen cabida en el sub examine.

Bajo esas consideraciones, la Sala abordará el fondo del reclamo deprecado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

5. Caso concreto

En el sub lite la parte accionante consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa, fueron vulnerados con ocasión de la sentencia del 25 de octubre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 25000-23-27-000-2012-00137-01.

Según el fundamento de la presente solicitud de amparo, la autoridad judicial demandada desconoció tales derechos por cuanto incurrió en los defectos (i) sustantivo, por desconocimiento del marco regulatorio de la tarifa fiscal (artículo 4° de la Ley 106 de 1993), al definir el asunto con base en la percepción y análisis que de otro precepto normativo, y en otro contexto, realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993; (ii) fáctico, toda vez que tuvo en cuenta la información que reportó el Banco de la República ante la Contraloría General de la República, la cual no contó con los soportes correspondientes; y (iii) desconocimiento del precedente, ya que desatendió la tesis de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, de acuerdo con la cual el Banco de la República lleva a cabo otras operaciones sujetas a control fiscal, a las que no se refirió la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, y que además desconoció el precedente plasmado en la sentencia C-1191 de 2000, reiterado en la sentencia C-103 de 2015, en donde se manifestó la inadmisibilidad de ámbitos vedados o excluidos del control fiscal.

Con la presente acción de tutela, la demandante busca que se deje sin efectos la providencia materia de censura y, en su lugar, se ordene a la autoridad judicial demandada proferir una sentencia de reemplazo.

Establecido el escenario descrito, la Sala anticipa que negará el amparo solicitado, en razón a que los defectos que la parte demandante endilgó a la providencia bajo censura no se configuraron.

Lo anterior, con base en los razonamientos que la Sala pasa a exponer.

5.1. Defecto sustantivo

Como bien se advirtió en el acápite de análisis de requisitos de este proveído, no se abordará lo concerniente a la presunta falta de congruencia que adolece la providencia bajo cuestionamiento, como ya se explicó, lo que no obsta para que la Sala se ocupe del otro aspecto del cargo, según el cual la autoridad judicial demandada desconoció el marco regulatorio de la tarifa fiscal (concretamente el artículo 4° de la Ley 106 de 1993), al definir el asunto con base en la percepción y análisis que realizó la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993.

En síntesis, la Contraloría General de la República considera que, en los términos del artículo 4° de la Ley 106 de 1993, la base gravable para liquidar la tarifa fiscal, debe contemplar la totalidad del presupuesto ejecutado por los sujetos pasivos en la vigencia fiscal correspondiente, ya que el objeto del control fiscal atañe todos los sectores y actividades en los cuales se manejan bienes o recursos oficiales, ello, en este caso, al margen de la naturaleza o régimen jurídico del Banco de la República.

Establecido lo anterior, la Sala considera que la interpretación que sobre el punto realizó la autoridad judicial demandada, no resultó caprichosa o alejada del sentido de las normas que regulan la actividad de control fiscal y la tarifa fiscal, especialmente el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, tal como pasa a explicarse.

El Tribunal que conoció del asunto en primera instancia, para negar las pretensiones de la demanda ordinaria, consideró que el control fiscal recae sobre los fondos o bienes de la Nación, sin que sea relevante el régimen presupuestal de la entidad que los maneje, por lo tanto, los recursos o bienes a cargo del Banco de la República tienen un carácter estatal y son pasibles del control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República.

Por lo anterior, advirtió que la información del presupuesto del año 2010 reportada por el Emisor, no satisfizo los requerimientos realizados por el ente de control, en tanto sólo incluyó datos sobre el costo prorrateado del servicio de administración de títulos de tesorería TES y DCV, FAEP, títulos FOGAFIN, títulos de desarrollo agropeguario, FRECH y otros títulos, los cuales no pueden ser asimilados al presupuesto, a la luz del artículo 4° de la Ley 106 de 1993, ya que atañen a una aproximación sobre los gastos ejecutados en la vigencia fiscal 2009.

Por tal motivo, el Banco de la República sustentó su apelación con fundamento en que su patrimonio es independiente del que conforman los recursos de la Nación, y de manera excepcional recibe en administración determinados fondos de entidades públicas para desarrollar actividades de gestión fiscal, razón por la que no es procedente tomar como base de liquidación para la tarifa de control fiscal la totalidad del presupuesto de la entidad.

Es por lo anterior que el estudio de tal planteamiento debía contemplar, necesariamente, el análisis de las actividades del Banco de la República que están sujetas a control fiscal, para así determinar si las mismas abarcan la totalidad del presupuesto corporativo que ejecutó el Emisor, que es la tesis de la Contraloría General de la República, o si están concentradas o limitadas a ciertas materias, como lo indicó el Banco de la República.

En esos términos, la autoridad judicial demandada expuso el análisis que la Sala se permite transcribir, in extensu, dada la importancia del mismo para el asunto en cuestión:

“Por su parte, el artículo 4° de la Ley 106 del 30 de diciembre de 1993, establece que «la Contraloría General de la República cobrará una Tarifa de Control Fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada».

Como indicó la Sala en la sentencia que se reitera, sobre la vigilancia y control fiscal que la Contraloría General de la República ejerce al Banco de la República, la Corte Constitucional se pronunció al estudiar la exequibilidad de los artículos 2, 42 y 108 de la Ley 42 de 1993, en la sentencia C-529 de 1993, así:

(…)

11.5 Siempre que se celebre el respectivo contrato con el Gobierno o las demás entidades públicas, el Banco de la República puede actuar como banquero y agente fiscal del Gobierno y, en los términos de la Ley 31 de 1992, artículo 13, desempeñar las siguientes funciones: "a) A (sic) solicitud del Gobierno, actuar como agente fiscal en la contratación de créditos externos e internos y en aquellas operaciones que sean compatibles con las finalidades del Banco; b) Otorgar créditos o garantías a favor del Estado en las condiciones previstas en el artículo 373 de la Constitución Política; c) Recibir en depósito fondos de la Nación y de las entidades públicas. La Junta Directiva señalará los casos y las condiciones en que el Banco podrá efectuar estas operaciones; d) Servir como agente del Gobierno en la edición, colocación y administración en el mercado de los títulos de deuda pública; e) Prestar al Gobierno Nacional y otras entidades públicas que la Junta determine, la asistencia en asuntos afines a la naturaleza y funciones del Banco".

11.6 Las funciones descritas del Banco de la República giran alrededor de la moneda, las reservas y el crédito.

La moneda legal es la expresión misma de un signo monetario al que la ley le asigna el carácter de único medio de pago de curso legal con poder liberatorio inmediato (Ley 31 de 1992 art. 8º). La moneda que emite el Banco de la República no representa obligación alguna a cargo del tesoro y no es, por lo tanto, recurso fiscal.

(…)

La función del Banco de la República como agente fiscal del gobierno tampoco trasluce una competencia fiscal originaria. Por el contrario, sus actuaciones en este campo requieren necesariamente de la previa celebración de los contratos con el gobierno nacional y las demás entidades públicas. Las obligaciones que contrae el banco son las que se convienen en dichos contratos y en ellos se deben consagrar los métodos y mecanismos de control. Como función inmediatamente derivada de un título contractual, la gestión fiscal que pueda ejecutar el Banco de la República se sujetará a la vigilancia fiscal eventual y operativa por parte de la Contraloría General de la República que, en este caso, se restringe a la actividad y bienes objeto del respectivo contrato.

(…)

A la luz de las consideraciones anteriores es evidente que someter el Banco de la República al control fiscal total que ejerce la Contraloría General de la República contraría el texto y el espíritu de las normas constitucionales. Adicionalmente, desconoce los límites de la materia fiscal y desvirtúa los propios de la monetaria, crediticia y cambiaria, amén de que el principio de eficiencia y economía dejan de observarse al pretender sumar al sistema de control especialmente estructurado para el Banco de la República otro que no es idóneo para los fines que persigue y que en todo caso resultará redundante (CP art. 209).

En consecuencia, se declarará la exequibilidad de la frase "y el Banco de la República" que aparece en el artículo 2º de la Ley 42 de 1993, así como su parágrafo y las demás expresiones demandadas, en cuanto se refieren al Banco de la República, pero en el entendido que respecto de éste y de las funciones que la Constitución Política le atribuye en el artículo 371 el control se circunscribirá a los actos de gestión fiscal que realice y en la medida en que lo haga.” (Destacado por la Sala)

Con fundamento en la tesis expuesta por la Corte Constitucional, la autoridad judicial demandada concluyó lo siguiente:

“De acuerdo con los apartes trascritos de la jurisprudencia señalada, el Banco de la República no es ajeno al control de la Contraloría General de la República, pero el control no es total, es excepcional y procede cuando: i) administre recursos de la Nación o de otras entidades públicas, ii) ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Recordó la Sala en la sentencia que se reitera, que en la sentencia C-566 de 2000 la Corte Constitucional precisó que el Banco de la República también se encuentra sujeto al control administrativo ejercido por el Presidente de la República, que es de carácter permanente y recae sobre todas las actividades, a diferencia del control fiscal que ejerce la Contraloría, que tiene un carácter excepcional y se refiere de manera exclusiva a las actividades de gestión fiscal.

De otra parte la Sala precisó, que frente a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993, el Decreto 267 de 22 de febrero de 2000 (…), en el artículo 4º señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República, entre los cuales se encuentra el Banco de la República, así:

“Artículo 4. Sujetos de vigilancia y control fiscal. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría General de la República:

(…)

7. El Banco de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga;

(…)

De conformidad con la normatividad transcrita y la jurisprudencia de la Corte Constitucional referenciada, la Sala concluyó en la sentencia que se reitera, que el control fiscal que corresponde ejercer a la Contraloría General de la Republica sobre el Banco de la República no recae, como si ocurre con otros sujetos, sobre toda su actividad, sino que ha sido restringido a precisas actuaciones dada la naturaleza especial y funciones que le corresponden y que le han sido asignadas por la Ley. En esa medida, la tarifa de control fiscal también es expresa y especial para el Banco de la República, diferente al resto de los demás entes.” (Destacado por la Sala)

Dadas las precisiones anteriores, la Sala advierte que la autoridad judicial demandada acogió la interpretación de la Corte Constitucional, en la que delimitó el rango de acción de la Contraloría General de la República, en materia de control fiscal, y lo restringió únicamente, a las actividades que ejerce el Banco de la República como agente fiscal del Gobierno, derivada de la celebración previa de contratos con ese propósito.

Por tal razón, el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República sobre el Banco de la República, difiere del control sobre las demás entidades estatales, ya que sólo debe contemplar las actividades que lleva a cabo como gestor fiscal del Gobierno, y no sobre la totalidad de la ejecución presupuestal.

Así mismo, el colegiado demandado tuvo en cuenta el texto del artículo 4° del Decreto 267 de 2000, que si bien señaló que el Banco de la República es sujeto de control fiscal, delimitó tal sujeción al cumplimiento de “actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga;”, lo que es coherente con los fundamentos que expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-529 de 1993.

Al descender al caso concreto, la Corporación demandada precisó:

“Consideró el ente de control, que la información suministrada por el Banco de la República corresponde a un costo prorrateado del servicio de administración de títulos de tesorería TES y DCV, FAEP, títulos de FOGAFIN, títulos de desarrollo agropecuario, FRECH y otros títulos, que no dejan de ser solamente el punto de vista o la aproximación que hace el Banco sobre los gastos ejecutados en la vigencia fiscal 2009, pero que no se asimila al presupuesto de acuerdo con el criterio utilizado por el artículo 4 de la Ley 106 de 1993, para desarrollar la fórmula para establecer la tarifa de control fiscal.

(…)

Como se observa, la Contraloría General de la República, al determinar la Tarifa de Control Fiscal en cabeza del Banco de la República para la vigencia 2010, incluyó en la base gravable del tributo la totalidad de los gastos ejecutados en los presupuestos corporativo y de inversión, a pesar de que en estos se encuentran erogaciones que no hacen parte de las actividades de gestión fiscal de esa entidad, las cuales fueron precisadas en las precedentes judiciales citados y que son a las que estrictamente se debe remitir el ente de control.

(…)

En el presente asunto, le correspondía a la Contraloría General de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 371 de la Constitución Política y numeral 7 del artículo 4 del Decreto Ley 267 de 2000, con base en lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado antes referenciada, establecer la base gravable para determinar la tarifa de control fiscal, incluyendo exclusivamente el presupuesto ejecutado por el Banco de la República durante el año 2009, correspondiente a la actividad de gestión fiscal realizada durante esta vigencia.

Como señaló la Sala en la sentencia de 2 de agosto de 2017, teniendo en cuenta la naturaleza del Banco de la República, la estructura de su presupuesto y el método de determinación de costos por actividades que determina cuáles son los asignados estrictamente a la gestión fiscal, no podía la Contraloría General de la República calcular el tributo de acuerdo al criterio general utilizado para las demás entidades públicas y pretender establecer la tarifa sobre la totalidad de los presupuestos corporativo y de inversión.” (Destacado por la Sala)

Tal como se observa, la autoridad judicial demandada aplicó al caso concreto la interpretación jurisprudencial, en armonía con los textos legales que regulan la materia, y concluyó que los actos que determinaron la tarifa fiscal de que se trata, al haber aplicado al Emisor el mismo derrotero que vincula a las demás entidades estatales y, por lo tanto, incluir en la base gravable del tributo la totalidad del presupuesto corporativo y de inversión, adolecían de un vicio que dio lugar a su anulación.

Si bien es cierto que en la sentencia C-529 de 1993, la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad de los artículos 2, 42 y 108 de la Ley 42 de 1993, tal pronunciamiento resultaba de trascendental relevancia a efectos de establecer los parámetros del control fiscal al que está sujeto el Banco de la República y, en concreto, el alcance del numeral 7° del artículo 4° del Decreto 267 de 2000, por cuanto esta disposición establece que el órgano Emisor es sujeto de control fiscal “cuando administre recursos de la Nación, ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga;”, aspecto que no pasó inadvertido para el fallador de segunda instancia.

En esa medida, y contrario a la apreciación de la tutelante, resultaba necesario delimitar el ámbito del control fiscal sobre el Banco de la República para, de este modo, establecer las actividades de ejecución presupuestal que determinan la base gravable del tributo en cuestión.

Por lo tanto, la interpretación de la Sección demandada, tanto de los presupuestos fácticos como jurídicos del caso, no resultan contrarios al sentido de las disposiciones que regulan la tarifa de control fiscal, ya que del análisis sistemático de tales presupuestos, hay lugar a colegir, como bien lo hizo la referida autoridad judicial, que la base gravable del tributo se debe determinar con sujeción a los actos de gestión fiscal que el Emisor tiene a su cargo, y no sobre la totalidad de sus actividades en las que ejecuta presupuesto corporativo y de inversión.

Ahora bien, en criterio de la parte actora, el fallador demandado incurrió en un error al equiparar la tarifa fiscal con el control fiscal, que es un asunto totalmente diverso al tributo de que se trata.

Para la Sala, si bien tal aspecto no tuvo relevancia en el sentido de la decisión, pues en manera alguna se indicó que la tarifa fiscal de que se trata surge como una contraprestación de los costos del control fiscal, como lo adujo la parte actora, de todas maneras no se advierte tal yerro; por el contrario, era necesario establecer cuáles son las actividades del Emisor que están sujetas al control fiscal, porque únicamente con fundamento en estas, y no en la totalidad de actos de ejecución presupuestal, es que se determina la base gravable del tributo, como lo explicó de manera más que suficiente la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo materia de censura.

Entonces, aun cuando en la sentencia C-1148 de 2001 la Corte Constitucional precisó que “La “tarifa de control fiscal” no está enmarcada dentro de los conceptos de “tasas y contribuciones (…), como recuperación de los costos de los servicios que les presten (…)”, la determinación de las actividades sujetas a control fiscal no tiene como propósito fijar el monto de una contraprestación directa por dicho control, simplemente se encamina a establecer la base gravable.

Por su parte, si bien es cierto que el Tribunal Constitucional, en la sentencia C-1176 de 2004, indicó que “el control fiscal cubre todos los sectores y actividades en los cuales se manejan bienes o recursos oficiales, sin que importe la naturaleza de la entidad o persona, pública o privada, que realiza la función o tarea sobre el cual recae aquel, ni su régimen jurídico (…)”, el problema jurídico que se estudió en esa oportunidad consistió en determinar si el numeral 8° del artículo 4° del Decreto 267 de 2000, al incluir como sujetos de vigilancia y control fiscal a “los demás órganos creados o autorizados por la Carta con régimen de autonomía”, desconoció los principios de independencia y autonomía respecto de la Auditoria General de la República.

Con todo, la Sala advierte que ninguno de los pronunciamientos antes citados, en los que la demandante pretende fundamentar el presunto yerro interpretativo de la autoridad judicial demandada, se refirió a las actividades del Banco de la República que están sujetas a control fiscal, ni adoptaron alguna postura contraria a lo decidido en la sentencia C-529 de 1993.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, hay lugar a concluir que no se configuró el defecto bajo análisis.

5.2. Defecto fáctico

Como sustento de este defecto, la parte demandante afirmó que la Corporación demandada acogió las cifras que reportó el Emisor para el cálculo de la tarifa fiscal, así como la metodología de costos que utilizó, plasmadas en un cuadro sin soporte alguno de esos resultados, y sin demostración alguna acerca de la veracidad de esa información.

También advirtió que, debido a la valoración de la prueba anterior, se desconoció el material probatorio y las consideraciones del fallo de primera instancia, en cuanto analizó tales medios de convicción y concluyó que la liquidación de la tarifa fiscal se ajustó a derecho.

De este modo, lo que se cuestiona en este cargo se refiere a la valoración defectuosa o irracional de una prueba, ya que le confirió pleno valor a pesar de las irregularidades que adolece.

En criterio de la Sala, para el presente caso el defecto fáctico alegado se concreta “cuando el funcionario judicial valora la evidencia probatoria de manera defectuosa, esto es, cuando a la luz de los postulados de la sana crítica, dicha valoración resulta manifiestamente equivocada o arbitraria y por ello, el valor demostrativo de la prueba se entiende alterado.”

La parte demandante identificó el medio de prueba cuya errónea valoración es materia de debate, a saber, la información que reportó el Banco de la República mediante el oficio DCO-13093 del 16 de julio de 2010, para atender el requerimiento del ente de control para determinar la tarifa fiscal de la vigencia 2009.

Así mismo, indicó la razón por la que la valoración que hizo el colegiado demandado sobre este medio de convicción fue desacertada, por cuanto, en su criterio, la información allí contenida carece de la metodología y de los soportes mediante los cuales se pueda verificar su veracidad.

Se observa que el ente de control, al realizar el cálculo de la tarifa fiscal, no consideró pertinente utilizar la información suministrada por el Banco de la República porque, en su concepto, allí solo se indicaba el costo prorrateado del servicio de administración de títulos, el cual solamente es una aproximación de los gastos ejecutados y no corresponde a la ejecución presupuestal de la entidad.

Tal como se observa, la razón por la que la Contraloría General de la República no tuvo en cuenta la información que reportó el Emisor se fundó, no en que la misma adoleciera de las irregularidades que se plantean en esta tutela, sino en la aplicación de un derrotero estrictamente jurídico, según el cual la base gravable del tributo se determina sobre la totalidad del presupuesto ejecutado por la entidad.

Sin embargo, ocurrió que la tesis del ente de control y vigilancia fue desvirtuada en sede judicial, como se expuso de manera extensa en el acápite anterior, de tal suerte que los rubros que tuvo en cuenta para establecer la base gravable de la tarifa fiscal no podían hacer parte del cálculo correspondiente.

Por ese motivo, la autoridad judicial indicó que “el Banco de la República suministró la información para efectos del cálculo de la tarifa de control fiscal correspondiente al año 2010, relacionando los costos por administración de Títulos de Tesorería TES y DCV, Administración del FAEP, Títulos de FOGAFIN, Títulos de desarrollo Agropecuario, otros títulos y administración FRECH, que corresponde a los gastos incurridos durante el año 2009 en ejercicio de la función de agente fiscal del Gobierno, sin que la Contraloría General de la República haya controvertido dicha información.” (Destacado por la Sala)

De este modo, no se observa que la autoridad judicial demandada haya incurrido en alguna inconsistencia al momento de valorar la prueba bajo análisis, ya que según la tesis legal expuesta como fundamento de sus consideraciones, la información allí contenida correspondía con la ejecución presupuestal que el Banco de la República llevó a cabo como agente fiscal del Gobierno.

No está de más recordar que “la actividad intelectual que realiza el fallador en materia de apreciación y valoración de pruebas, hace parte de la autonomía e independencia de la que gozan los jueces de la república y por lo mismo, ni las partes y mucho menos el juez constitucional, puede imponer a toda costa su criterio, interpretación y lógica sobre la del natural, como si se tratara de un juez superior e infalible y con ello, sustituir de manera arbitraria el juicio valorativo de aquel.”

Los razonamientos anteriores conducen a la Sala a despachar desfavorablemente el cargo por defecto fáctico.

5.3. Desconocimiento del precedente

Sobre este defecto, la Sección Quinta se ha referido en relación con el significado de precedente y jurisprudencia.

Al respecto, se ha indicado que el primero de ellos se refiere a “la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, [la cual] (…) no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho” mientras que el segundo se asimila “a las providencias generadas solo por las Altas Cortes u órganos de cierre en la jurisdicción”. (Destacado por la Sala)

Igualmente se indicó que:

(…) [E]n razón de nuestra tradición y el carácter jerarquizado del sistema de administración judicial, sólo puede provenir de los órganos de cierre en las distintas jurisdicciones como una consecuencia de las funciones a ellos asignada por la Constitución y en razón del carácter del Estado Colombiano como una República Unitaria.

(…)” (Destacado por la Sala)

En el caso concreto, la parte actora afirmó que la Corte Constitucional, en la sentencia C-529 de 1993, únicamente abordó el ámbito de la gestión fiscal desde el punto de vista del papel del Banco de la República como agente fiscal, sin pronunciarse sobre las demás operaciones enlistadas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cuanto expuso como actos de gestión fiscal del órgano Emisor otras actividades, aparte de la que expresamente fue objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional.

En concreto, se advierte en este cargo que se desatendió la tesis de la referida Sala, de acuerdo con la cual la gestión fiscal del Banco de la República va más allá de las actividades que lleva a cabo como agente fiscal.

Frente a este cuestionamiento, resulta del caso advertir que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, si bien hace parte de esta Corporación, no tiene a su cargo funciones jurisdiccionales y, por ello, sus conceptos no resultan vinculantes para los jueces, como sí lo son las providencias de las secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo, y de la Corte Constitucional en sede de unificación y constitucionalidad.

En efecto, por disposición Superior, el órgano de cierre de lo contencioso administrativo se divide “en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.”.

Así, el artículo 112 de la Ley 1437 de 2011 prevé que “La Sala de Consulta y Servicio Civil estará integrada por cuatro (4) Magistrados. Sus miembros no tomarán parte en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.” (Destacado por la Sala)

La misma norma establece que “Los conceptos de la Sala no serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.”

Por lo tanto, en atención a que la Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene funciones jurisdiccionales, no puede catalogarse como órgano de cierre en materia jurisdiccional.

Así las cosas, respecto de las actividades sujetas a control fiscal del Banco de la República que fueron señaladas una a una por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, y que no fueron abordadas en la sentencia C-529 de 1993, la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento alguno, teniendo en cuenta que por expresa disposición legal, sus conceptos no son vinculantes.

Además, la autoridad judicial demandada, al acoger el criterio expuesto por la Corte Constitucional, cuyas providencias de constitucionalidad vinculan a todos los jueces, no desconoció precedente alguno.

En otro aparte del cargo bajo análisis, la parte demandante advirtió que la Corte Constitucional, al dejar “huérfanas del control fiscal” las demás operaciones a las que se refirió la Sala de Consulta y Servicio Civil, desatendió el precedente constitucional plasmado en la sentencia C-1191 de 2000, reiterado en la sentencia C-103 de 2015, en donde manifestó la inadmisibilidad de ámbitos excluidos del control fiscal.

Al respecto, es necesario precisar que en la sentencia C-1191 de 2000 se estudió una demanda en contra del artículo 37 del Decreto 266 de 2000, que estableció el control fiscal de las empresas de servicios públicos en cuyo capital participe la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas; mientras que en la sentencia C-103 de 2015, se analizó la constitucionalidad del numeral 7° del artículo 5° del Decreto 267 de 2007, relacionado con el control de advertencia a cargo de la Contraloría General de la República.

Ninguna de las providencias bajo cita se refirió a las actividades de gestión fiscal a cargo del Banco de la República, como sí se hizo, en concreto, en la sentencia C-529 de 1993.

Inclusive, vale destacar que en la sentencia C-103 de 2015, la Corte Constitucional, si bien reseñó que el Emisor es sujeto de control fiscal, en la nota de pie de página 30 puntualizó el alcance de tal afirmación, en cuanto se refirió, precisamente, a la “Sentencia C-529 de 1993 (…), donde la Corte, entre otras determinaciones, declaró exequibles los apartes del artículo 2º de la Ley 42 de 1993 en donde se establecía como sujeto del control fiscal al Banco de la República.

Este Tribunal sostuvo que el carácter autónomo y el régimen especial dispuesto en la Constitución para el Banco de la República, no implican sustraer a dicha entidad del ámbito de control. No obstante, advirtió que “en lo que concierne al control fiscal, debe precisarse que éste no es permanente como equivocadamente lo articula la norma acusada, sino que ha de llevarse a cabo cuando el Banco ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga”.

Como resultado del razonamiento anterior, no se advierte el desconocimiento del precedente alegado y, por lo tanto, el cargo no está llamado a prosperar.

5.4. Conclusión

La Sala encuentra que los cargos de la demanda, más que advertir verdaderos defectos de la providencia que cuestiona, se dirigen a controvertir, esta vez en sede constitucional, las consideraciones que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para decidir el asunto de manera contraria a sus intereses, esto es, reflejan el inconformismo con la interpretación del caso por parte del juez natural.

Conviene recordar que la acción de tutela no es el mecanismo para revivir los debates propios de las instancias ordinarias, ya que para ello la ley dispone del andamiaje jurisdiccional pertinente para la atención de estos asuntos, y el trámite legal propicio para la materialización de los derechos.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la Sala denegará el amparo solicitado por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- Declárase la improcedencia de la acción de tutela presentada por la Contraloría General de la República, en lo concerniente al defecto sustantivo alegado, únicamente en lo relacionado a la falta de congruencia entre el objeto de la litis y lo resuelto en la sentencia, por las razones anotadas en precedencia.

SEGUNDO.- Deniégase el amparo solicitado frente a los demás cargos, conforme a lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

TERCERO.- Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO.- Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 1 del expediente.
Citó el concepto del 31 de julio de 1996. Radicación: 848.
Se precisa que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta asumió el conocimiento del proceso que fue resuelto en primera instancia por la Subsección C en descongestión de dicha corporación, en atención a la eliminación de las medidas de descongestión por parte del Consejo Superior de la Judicatura.
Folio 17 del expediente.
Folio 22 del expediente.
Folios 23 a 26 del expediente.
Folios 42 y 43 del expediente.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.

ARTÍCULO 250. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

(…)”
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
“ARTÍCULO 4o. AUTONOMIA PRESUPUESTARIA. La Contraloría General de la República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley orgánica de presupuesto.

Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.

La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada mediante resolución del Contralor General de la República.

El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República.”
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. Radicación: 11001-03-15-000-2015-01471-01. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Según lo advirtió en la Resolución 0018 del 15 de marzo de 2011, por medio de la cual decidió un recurso de reposición (folios 24 a 45 del cuaderno anexo), y en la contestación de la demanda (folios 65 a 69 del cuaderno anexo).
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 12 de noviembre de 2015. Radicación: 11001-03-15-000-2015-01471-01. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-03146-01.
Ibídem.
Citó el concepto del 31 de julio de 1996. Radicación: 848.
ARTICULO 236. El Consejo de Estado tendrá el número impar de Magistrados que determine la ley.
El Consejo se dividirá en salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales de las demás que le asignen la Constitución y la ley.
La ley señalará las funciones de cada una de las salas y secciones, el número de magistrados que deban integrarlas y su organización interna.

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