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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01486-01

Fecha
19 de julio de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01486-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de junio de 2018, por las razones ante expuestas. SEGUNDO: REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-01486-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

19 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara los derechos a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, y a la igualdad / DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Se configura al no tener en cuenta la sentencia de unificación del Consejo de Estado relacionada con la inclusión de factores salariales para la liquidación de la pensión de la accionante quien se desempeñó como docente

[L]a Sala considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente toda vez que, a pesar de reconocer que sobre los factores salariales a considerar en la determinación del índice base de liquidación, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, en la cual precisó que debían incluirse como factores salariales todas las prestaciones percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, la realidad es que dicha autoridad se apartó de ese precedente sin satisfacer la carga argumentativa que le correspondía, ni advertir que la sentencia SU-395 de 2017, que citó como apoyo de su decisión, no constituye un precedente jurisprudencial para resolver el reclamo de la [accionante], quien se desempeñó como docente. (…). [L]a autoridad judicial accionada manifiesta que desatiende esa sentencia de unificación aduciendo que la sentencia de la Corte Constitucional SU-395 de 2017 modificó este criterio y a él debe someterse, pero sin ahondar en las razones para hacer esta afirmación, por lo que la motivación de la sentencia de 7 de marzo de 2018 no cumple con la carga argumentativa necesaria para apartarse del criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la precitada sentencia de unificación. (…). [E]n tanto los criterios jurisprudenciales contenidos en la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional no resultan aplicables al caso del accionante, y fueron estos el sustento del fallo de 7 de marzo de 2018, prospera el cargo relativo al defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial alegado por la [accionante].

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 48 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 49 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1 / LEY 33 DE 1985 - ARTÍCULO 3 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 81 / LEY 91 DE 1989 - ARTÍCULO 5 / DECRETO 2277 DE 1979 - ARTÍCULO 3 / LEY 62 DE 1993 - ARTÍCULO 1

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En relación con la exequibilidad del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, ver: Corte Constitucional, sentencia de 12 de octubre de 1995, exp. C-461, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Relacionado con el mismo tema, ver: Corte Constitucional, sentencia de 12 de marzo de 2012, exp. SU-189, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Con respecto a la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación reguladas por el régimen de la Ley 33 de 1985, consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, exp. 25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sobre providencias que han reiterado el criterio desarrollado en la providencia antes señalada, consultar entre otras: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-02966-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés y Sección Cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-00617-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Con respecto al defecto sustantivo, ver: Corte Constitucional, sentencia de 4 de febrero de 2010, exp. T-064, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre la prohibición al juez constitucional, de configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles, ver: corte Constitucional, sentencia de 18 de septiembre de 2001, exp. T-1001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Respecto de la configuración del defecto sustantivo cuando se da una errada interpretación de las normas, ver: Corte Constitucional, sentencia de 31 de marzo de 2005, exp. T-295, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Acerca de las condiciones para que una providencia se pueda considerar precedente jurisprudencial, ver entre otras: Corte Constitucional, sentencia de 7 de octubre de 2011, exp. T-762, M.P. María Victoria Calle Correa y sentencia de 17 de abril de 2013, exp. T-217, M.P. Alexei Julio Estrada. Sobre el criterio aquí expuesto para resolver el caso de la presente tutela y que ha sido reiterado, consultar: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 18 de abril de 2018, exp.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01486-01(AC)

Actor: MARÍA PURIFICACIÓN MOSQUERA DE GONZALEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

La Sala decide la impugnación presentada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en contra de la sentencia de 14 de junio de 2018, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado concedió el amparo solicitado.

LA SOLICITUD DE TUTELA

La señora María Purificación Mosquera de González, a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, a fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al juez natural, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, así como el principio de legalidad, los cuales considera vulnerados con ocasión de la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 66001-33-33-002-2016-00358-00, que revocó la sentencia de 27 de junio de 2017, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por la accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Señala que la señora María Purificación Mosquera de González laboró como docente desde el 18 de abril de 1967, al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda.

Informa que, mediante la Resolución No. 101 de 22 de enero de 1997, la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda, le reconoció pensión de jubilación, tomando como ingreso base de liquidación el 75% del promedio de los factores salariales, sin tener en cuenta la prima de navidad y demás factores que devengó en el último año de servicio anterior al momento de adquirir el estatus de pensionada, que ocurrió el 7 de diciembre de 1996.

Indica que, por lo anterior, solicitó el reajuste de la pensión, lo cual dio lugar a que mediante las Resoluciones Nro. 953 de 22 de septiembre de 2016 y 991 de 4 de octubre de 2016, expedidas por la mencionada Secretaría, se le negara la reliquidación incluyendo la totalidad de los factores salariales devengados al momento de adquirir el estatus de pensionada.

Informa que la señora María Purificación Mosquera de González, mediante apoderado judicial, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, radicado con el Nro. 66001-33-33-002-2016-00358-00, con el fin de que se ordenara la reliquidación de su pensión de jubilación, incluyendo los factores salariales de prima de navidad y demás factores salariales que devengaba en el año anterior al 7 de diciembre de 1996, cuando adquirió el estatus pensional.

Afirma que mediante sentencia de 27 de junio de 2017 el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó la reliquidación respectiva, decisión contra la cual el Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó recurso de apelación.

Expresa que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, a través de la sentencia de 7 de marzo de 2018, revocó el fallo apelado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo cuestionado se encontraba acorde a derecho pues en la liquidación pensional solo se debían incluir los factores salariales por los cuales se realizaron las cotizaciones al sistema de seguridad social, a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, el Acto Legislativo No. 01 de 2005 y la sentencia de la Corte Constitucional SU-395 2017.

Considera que el Tribunal accionado viola el derecho a la igualdad e incurre en defecto sustantivo por desconocimiento de su propio precedente, en razón a que contradice lo señalado por esa misma Corporación judicial en la sentencia dictada el 29 de junio de 2017, dentro del proceso Nro. 66001333300420160114001, en la cual se señala que la liquidación de la pensión debe hacerse “[…] conforme a los factores que en realidad devengo el trabajador […]”, y en el mismo sentido se pronunció en providencia de la misma fecha proferida dentro del proceso Nro. 66001333375120150041601.

Señala que la decisión cuestionada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en tanto “[…] desconoce al administrado su derecho a reclamar la reliquidación de la pensión aun y cuando (sic) es un asunto de puro derecho puesto que en el Decreto 1045 de 1978 claramente se enuncia la aplicabilidad de normas a los trabajadores oficiales y empleados públicos con relación a las prestaciones sociales, sin que la norma expresamente contenga una prohibición o exclusión a los docentes, inclusive en inciso segundo del artículo 1 de la norma se refiere a la aplicabilidad de la misma al ramo docente”.

Sostiene que se configura un quebrantamiento del derecho al debido proceso porque “[…] la interpretación que realiza el Tribunal Administrativo de Risaralda fundamentado en un fallo de la Corte Constitucional no se ajusta al caso concreto, toda vez que dicha sentencia trata otro tema que si bien tiene que ver con el régimen pensional no modifica la línea jurisprudencial construida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”.

Añade que el Tribunal accionado se apartó del precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, el cual dispone que las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 se deben liquidar con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicios.

Agrega que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 6 de septiembre de 2017, Exp. 11001031500020170189800, al revisar una decisión en sede de tutela indicó que “las pensiones de jubilación sujetas a las leyes 33 y 62 de 1985, su liquidación debe realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del status (sic) de pensionado […] la Sala considera que el argumento invocado por el Tribunal no está llamado a prosperar dado que las reglas sentadas en las sentencias C-258 de 2013, que se hicieron extensivas a través de las providencias SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, sobre los factores salariales a ser tenidos en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación, fueron dictadas en el contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, no es aplicable al caso concreto, dada la calidad de docente de la tutelante […]”; criterio que, dice, es igualmente adoptado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia de 13 de septiembre de 2017, dentro del proceso Nro. 11001031500020170126700.

III. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, la parte accionante formula las siguientes peticiones:

“[…] 1. Se amparen los derechos fundamentales principio de legalidad, al Debido Proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la Igualdad de mí representada.

2. Se deje sin efectos ni valor alguno la providencia de fecha 07 de marzo de 2018, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante el cual revoca la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira y ordena condenar en costas a la parte demandante

3. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, revoque sentencia emitida en segunda instancia y en consecuencia proferir nuevo fallo de segunda instancia dentro del expediente de la referencia.

4. Se ordene al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda para lo de su conocimiento […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 17 de mayo de 2018, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso su notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda.

En la misma providencia se vinculó como terceros con interés en las resultas del proceso al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

V. INTERVENCIONES

V.1. Intervención del Tribunal Administrativo de Risaralda

La doctora Dufay Carvajal Castañeda, magistrada del Tribunal Administrativo de Risaralda, solicitó que se “rechace por improcedente” la tutela o se nieguen las pretensiones planteadas por el accionante, en razón a que el fallo dictado por esa Corporación se ajustó a las disposiciones legales y constitucionales pertinentes.

Manifestó que no se configura ningún defecto en la sentencia de 7 de marzo de 2018, la cual “[…] obedeció a la interpretación – con base en criterios hermenéuticos – de la normatividad aplicable, esto es, el análisis ponderado e integral de las disposiciones jurídicas y pronunciamientos jurisprudenciales, de nuestro superior funcional y de la Corte Constitucional […]”.

Puso de presente que si bien los docentes afiliados al FOMAG se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no es en razón al régimen de transición que se les aplican las Leyes 33 y 62 de 1985, sino por su vinculación con anterioridad a la Ley 812 de 2003, pero eso no conduce a afirmar que no se les aplica el Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia de la Corte Constitucional SU 395 de 2017, además esta misma Corporación judicial en la sentencia T-039 de 2018 señaló que las sentencias de unificación de la Corte Constitucional deben prevalecer frente a las decisiones de los demás tribunales de cierre.

De otra parte, resaltó que la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia unificación de 4 de agosto de 2010 señaló que las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985 se calculan con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, e igualmente que, la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, indicó que las pensiones reguladas por regímenes especiales no pueden incluir todos los factores salariales y solo deben incluirse los que constituyan remuneración del servicio sobre los cuales se hayan efectuado los correspondientes aportes.

Advirtió que, en razón al mencionado pronunciamiento de la Corte Constitucional, viene recogiendo el criterio anterior, conforme al cual se reconocían todos los factores salariales, sin tener en cuenta que no se hubieren realizado aportes sobre los mismos, para dar aplicación al criterio fijado en la sentencia SU-395 de 2017, antes referida.

V.2. Intervención de Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG

El Vicepresidente del FOMAG solicitó declarar improcedente la acción de tutela y desvincular a esa Sociedad Fiduciaria por falta de legitimación por pasiva.

Como fundamento de lo anterior señaló que la petición de amparo es improcedente porque el Tribunal accionado obró conforme a la normativa aplicable y no desconoció los precedentes judiciales referidos al tema objeto de tutela. Añade que igualmente se observaron las reglas del debido proceso, razón por la cual no se vulneraron los derechos fundamentales de la accionante.

V.3. Intervención del Ministerio de Educación Nacional

La Asesora de la Oficina Jurídica, en representación del Ministerio de Educación Nacional, señaló que la acción de tutela debe ser negada, en tanto no se configuran los requisitos de procedibilidad.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

En sentencia de 14 de junio de 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de la señora María Purificación Mosquera de González, al considerar que al tratarse de una docente vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le es aplicable la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación, por lo cual en este caso no resulta procedente emplear las reglas y subreglas fijadas por la Corte Constitucional para el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia SU-395 de 2017, en tanto dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en el artículo 279 ibídem.

En este sentido, la Sección Quinta del Consejo de Estado resaltó que la sentencia SU-395 de 2017, no hace referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de jubilación de los docentes y solo se pronunció en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

A partir de lo anterior concluyó lo siguiente:

“[…] Así las cosas, el Tribunal no podía invocar la sentencias de la Corte Constitucional, ya que en éste el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional sentó reglas relacionadas con la normatividad aplicable para determinar el IBL para efectos de la liquidación de pensiones de jubilación cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación distinta a la objeto de estudio en el sub judice, dado que éste no le era aplicable a la actora, puesto que el régimen pensional docente está expresamente excluido de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

Como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, dicha postura se refiere únicamente respecto de los beneficiarios del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no resulta aplicable al caso concreto, dado que la tutelante no está cobijado por dicho régimen de transición sino por la normatividad especial docente.

En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir la sentencia de 7 de marzo de 2018, desconoció el precedente de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, por lo que se ordenará amparar los derechos fundamentales de la señora María Purificación Mosquera de González. […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La doctora Dufay Carvajal Castañeda, magistrada del Tribunal Administrativo de Risaralda, fundamenta la impugnación en los siguientes argumentos:

“[…] las autoridades administrativas y judiciales al emitir una decisión de su competencia no solo deben tener en cuenta el precedente judicial de su respectivo superior jerárquico sino que de manera análoga deben tener en cuenta de manera preferente y prevalente a los pronunciamientos del Máximo órgano Constitucional […]

De acuerdo con lo anterior, se considera en esta impugnación que la sentencia de unificación No. 395 de 2017 emanada de la Corte Constitucional, constituye el precedente jurisprudencial que debía acatar el Tribunal Administrativo de Risaralda para resolver el problema jurídico de inclusión de factores en la liquidación de la pensión reconocida en favor del demandante y así se explicó citando la evolución jurisprudencial del tema en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, por lo que sí se cumplió con la carga argumentativa para la aplicación de un criterio distinto del adoptado por el Consejo de Estado […] por lo que en aplicación de la mencionada sentencia SU 395 de 2017, consideró esta Sala de Decisión que el demandante sólo podía beneficiarse, en el tema de factores salariales para el cómputo de la pensión de jubilación, de los que hubieren servido como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones […]”.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la doctora Dufay Carvajal Castañeda, magistrada del Tribunal Administrativo de Risaralda, en contra de la sentencia de 14 de junio de 2015, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VIII.2. Problema Jurídico

A la Sala le corresponde establecer:

i) Si la acción de tutela presentada por la señora María Purificación Mosquera de González, cumple los requisitos generales y especiales de procedibilidad.

2) Si el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró los derechos fundamentales a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, y a la igualdad de la señora María Purificación Mosquera de González, con ocasión de la sentencia de 7 de marzo de 2018, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 66001-33-33-002-2016-00358-00, mediante la cual le negó la reliquidación de la pensión de jubilación con base en todos los factores salariales devengados en el último año.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) el régimen especial de la pensión de los docentes; iii) la protección mediante acción de tutela del derecho a la seguridad social en pensiones de los docentes; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VIII.4. Régimen especial de la pensión de los docentes

En primer lugar, es preciso tener en cuenta que, conforme a lo señalado en el artículo 279 ibídem, los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, no están sujetos a la Ley 100 de 1993, excepto en lo que resulte procedente atendiendo al principio de favorabilidad laboral.

En efecto, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO. 279. - Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida”. (Subrayado fuera del texto).

Al declarar exequible esta norma, la Corte Constitucional en la sentencia C-461 de 1995, resaltó que “[…] la intención del legislador al excluir a los afiliados del Fondo Nacional de Seguridad Social del Magisterio del régimen general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, fue claramente la de proteger los derechos adquiridos de este sector de trabajadores en materia pensional […]”.

En el mismo sentido, la mencionada Corte al hacer un control concreto de constitucionalidad en la sentencia SU-189 de 2012, reiteró que:

“Debe aclararse, en todo caso, que, al entrar en vigencia el nuevo sistema general de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, se unificó el régimen de pensiones de todos los servidores públicos derogando tácitamente la normatividad anterior. Sin embargo, dicha Ley contiene algunas excepciones específicas que están previstas en su artículo 279 para las cuales no aplica su contenido normativo, y entre ellas se encuentra precisamente el Magisterio.

Lo anterior quiere decir que, para el mencionado régimen especial siguen vigentes las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, entre ellas el Decreto 3135 de 1968 y las demás disposiciones referentes a la pensión por edad de retiro, lo que quiere decir que las mismas son aplicables a este caso concreto”.

Sobre el mismo aspecto, el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, reafirmó que la Ley 100 de 1993 no es aplicable a los docentes, toda vez que conservan el régimen especial en materia pensional. En este sentido, el parágrafo transitorio 1, ibídem, establece lo siguiente:

"Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".

Ahora bien, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, dispuso que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha ley al servicio público educativo oficial, como es el caso de la accionante María Purificación Mosquera de González, quien se vinculó desde el año 18 de abril de 1967, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, es decir, la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.
Ésta ley estableció en el artículo 15, lo siguiente:
“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley” (Resaltado fuera del texto).

Al respecto, el artículo 3 del Decreto 2277 de 1979, dispone que los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional o territorial, son empleados oficiales de régimen especial; y, en cuanto al régimen pensional, los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la accionante, están sometidos a lo regulado en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.

Por otra parte, el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, establecía que los factores que deben servir para determinar la base de liquidación, eran todos aquellos que hubieren servido de base para calcular los aportes.

Ahora bien, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010, al referirse a la determinación del ingreso base de liquidación de las pensiones de jubilación reguladas por el régimen de la Ley 33 de 1985, precisó que deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que éstas no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional. Dijo al respecto:

“[…] En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.
[…]
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando […]” (Negrilla por fuera del texto).

VIII.5. Protección mediante acción de tutela del derecho a la seguridad social en pensiones de los docentes

En tanto en algunos eventos se ha desconocido el precitado carácter exceptuado del régimen pensional de los docentes, el Consejo de Estado ha venido reiterando, al hacer el control concreto de constitucionalidad de algunas sentencias de los Tribunales Administrativos, que constituye una violación al debido proceso aplicar, en relación con los factores salariales de los docentes, la regulación de la Ley 100 de 1993, así como apartarse de la interpretación que como órgano de cierre de la jurisdicción ha establecido esta Corporación, a través de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, antes mencionada.

En este sentido, se han proferido, entre otras las siguientes decisiones:

Esta Sección, en sentencia de tutela de 15 de diciembre de 2017, precisó que “[…] el régimen pensional de los docentes no tiene relación con el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino que únicamente admite la aplicación integral de los parámetros consagrados por la Ley 33 de 1985”.

Este criterio ha sido reiterado por distintas Secciones de la misma Corporación. Es así como la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 19 de abril de 2018, al resolver un asunto similar al que ahora se estudia advirtió que se configura el defecto por desconocimiento del precedente constitucional cuando, al resolver sobre la reliquidación de la pensión de un docente se desconocen los parámetros de interpretación fijados por el Consejo de Estado, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, antes mencionada. Al respecto hizo las siguientes consideraciones, que, por resultar en todo aplicables al estudio del caso concreto, se refieren en extenso:

“4.4.2. En el presente caso, es importante advertir que quien pide la reliquidación de su pensión es un docente, razón por la cual, resulta relevante mencionar que el régimen aplicable en materia pensional es el contenido en la Ley 33 de 1985, que le aplica no en virtud del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 279, excluyó de manera expresa a algunas personas de su ámbito de aplicación, entre ellos a “los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989”.

Igualmente, el parágrafo primero transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones". (Resaltado ajeno al texto transcrito).

4.4.3. En esa medida y frente al punto materia de debate, advierte la Sala que la interpretación que hace la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015 en relación con el ingreso base de liquidación (IBL) de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es aplicable en casos como el presente, pues como queda dicho, los docentes –valga decir, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989– no están regidos por el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, al tener como norma aplicable la Ley 33 de 1985, para efectos de establecer el IBL para la liquidación de la pensión del actor, docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, debe acogerse el precedente de unificación de la Sala Plena de Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, que precisamente interpretó la Ley 33 de 1985.

Esa jurisprudencia, que tiene plena vigencia, dejó establecido que los factores salariales descritos en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, que comportan la base de liquidación pensional, lo están por vía enunciativa y no taxativa, por eso se indicó en forma clara la posibilidad de incluir “todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse”.

En sentencia del 17 de febrero de 2011 la Sección Segunda, al estudiar un caso de la pensión de jubilación de un docente, que presenta similares contornos al presente asunto, no solo se señaló que esa prestación pensional debía reconocerse en los términos de la Ley 33 de 1985, sino que procedía aplicar el criterio establecido en el fallo de unificación del 4 de agosto del mismo año.

En similar sentido, en reciente jurisprudencia la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado al estudiar la reliquidación de pensión de un docente, sostuvo:

“A partir del análisis de las pruebas referidas, la Sala concluye que el actor para el 29 de diciembre de 1989, fecha de expedición de la Ley 91 de la misma anualidad, ya había ingresado a prestar sus servicios como docente nacional (18 de agosto de 1976), lo que permite establecer que para el reconocimiento pensional la norma aplicable es la Ley 33 de 1985 con sus respectivas modificaciones.

“Igualmente, que en la resolución de reconocimiento para la liquidación, sólo se tuvo en cuenta la asignación básica y la prima de alimentación y se aplicó el 75%, lo cual no resultaba acertado, pues conforme al referido formato, el demandante durante el último año de servicios también devengó las primas de navidad y de vacaciones, por lo que resulta propicio reliquidar la prestación como lo concluyó el a quo.

“Lo anterior, obedeciendo la pauta jurisprudencial sentada por esta Corporación de atar la pensión al salario, pues es válido tener en cuenta todos los factores que lo constituyen, es decir aquellas sumas que percibe el empleado de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios independientemente de la denominación que se les dé y si no han sido objeto de descuento por aportes pensionales, ello no da lugar a su exclusión, sino a que al momento del reconocimiento, la entidad de previsión social deberá realizar las deducciones pertinentes.”

4.4.4. Como la discusión planteada en el caso que se analiza, consiste en determinar si le asistía derecho al actor a que se le reliquide su pensión con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del status pensional, se puede concluir que el Tribunal accionado sí incurrió en desconocimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, pues al serle aplicable la Ley 33 de 1985 –no por ser beneficiario del régimen de transición de que trata Ley 100 de 1993, como ya se anotó, sino por su calidad de docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio–, le resulta aplicable la regla dispuesta en la referida sentencia”.

Reiterando el criterio jurisprudencial anterior y manifestando la inaplicabilidad de las tesis expuestas por la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutelas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de fecha 30 de abril de 2018, señaló lo siguiente:

“La autoridad judicial accionada, fundó su decisión en lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, que a su vez se refirió a lo dispuesto en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, entre otras. Sin embargo, advierte la Sala que esos precedentes no son aplicables en el caso de la actora, pues esas providencias se profirieron en contexto del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como se indicó esa norma no es aplicable, atendiendo la calidad de docente de la señora Collazos Agredo.

Por el contrario, se advierte que se apartó del precedente fijado por esta Corporación en la sentencia del 26 de agosto de 2010, antes referido.

De acuerdo con lo expuesto en apartes precedentes, en el presente caso existe violación a los derechos a la igualdad y al debido proceso por desconocimiento del precedente judicial y por la configuración de un defecto sustantivo por aplicación indebida de la norma”.

Del mismo modo, la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de 26 de abril de 2018, reiteró el mencionado criterio jurisprudencial en los siguientes términos:
“[…] Descendiendo al caso concreto, se observa que el tribunal cuestionado en su proveído del 7 de febrero de 2018, revocó la decisión proferida por el a quo y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda presentada por el actor en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, con sustento en el precedente emitido por la Corte Constitucional, motivo por el cual concluyó que no era viable ordenar la reliquidación del beneficio pensional del actor, en los siguientes términos:
“… Discurrido lo anterior, para zanjar la disparidad de posiciones, resulta ineludible referir el precedente jurisprudencial vinculante para este Tribunal expuesto en la Sentencia de Unificación SU-395 de 2017 en la que según Comunicado No. 36 del 2 de julio de 2017 emitido por la Corte Constitucional, por una parte, se abordó nuevamente el tema del… (IBL) y se ratificó que tal concepto no está incluido en los parámetros aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993… y, por otra parte, se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no puede incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales hayan sido realizados los aportes al sistema de seguridad social…” (Negrilla fuera de texto original)
No obstante, la Sala considera que las reglas expuestas en la sentencia de unificación SU-395 de 2017, sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación no son aplicables al asunto sub judice. Lo anterior, en primer lugar, porque la Corte Constitucional en dicho pronunciamiento no hizo referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de jubilación de los docentes, sino solamente al señalado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; y en segundo lugar, debido a que el actor al haber sido vinculado, en calidad de docente, antes de que entrara en vigencia la Ley 812 de 2003, le corresponde el régimen consagrado en la Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, pero no en virtud de la transición pensional de la Ley 100 de 1993, pues pertenece a un sistema exceptuado de dicha normatividad. En consecuencia, si bien la sentencia SU-395 de 2017 intenta desligar la diversidad de criterios que existen entre las distintas Altas Cortes relacionados con la aplicación del IBL a la luz del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que tal discusión resulta irrelevante en el presente caso comoquiera que la controversia gira en torno a la situación específica de los docentes. En este orden de ideas, el criterio de esta Sección ha sido reiterado en señalar que la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 estableció una regla relacionada con la forma de liquidación del IBL bajo los parámetros previstos en la Ley 33 de 1985, “según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado,” debido a que dicha normativa no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino de manera enunciativa. A este tenor, con dicho pronunciamiento también se consideró que la omisión de la administración para efectuar los correspondientes descuentos para aportes al sistema no podía ser un impedimento para que tales emolumentos se incluyeran en la liquidación pensional “…toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional”.

La situación descrita, permite a la Sala concluir que la autoridad judicial censurada tras proferir la providencia de 7 de febrero de 2018, desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, por lo tanto, se concederá el amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Grajales Oyuela, pues, se insiste, en que le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes que cobijan a los docentes, en especial, la Ley 91 de 1989 y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que es viable que se liquide su beneficio pensional con la inclusión de todos los factores salariales que percibió durante el último año de servicios. En este punto resulta relevante replicar la postura expuesta por la Sala en la sentencia del 22 de junio de 2017, en virtud de la cual los jueces pueden apartarse de las decisiones (distintas a las de constitucionalidad) que adopten las Altas Cortes, de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional SU-053 de 2015, atendiendo a una carga argumentativa exigente, la cual para el caso en concreto, no incluye la aplicación de las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 o SU-395 de 2017, por lo expuesto en los párrafos precedentes […]”.

VIII.6. El caso concreto

La señora María Purificación Mosquera de González, mediante apoderado judicial, solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, y a la igualdad, y que, en consecuencia, se ordene dejar sin efecto la sentencia 7 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 66001-33-33-002-2016-00358-01, promovido por la accionante en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG.

VIII.6.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.

La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se busca la protección efectiva de los derechos de orden fundamental como lo son la seguridad social, el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y la igualdad; ii) la accionante no cuenta con otro medio de defensa para cuestionar la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Risaralda en segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la sentencia censurada fue notificada el 8 de marzo de 2018, y la acción de tutela fue radicada el 9 de mayo del mismo año; iv) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y v) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza.

Como consecuencia de lo anterior, corresponde determinar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

VIII.6.2. Estudio del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial en decisión sobre Ingreso Base de Liquidación de la pensión de jubilación de docentes

La señora María Purificación Mosquera de González considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda vulneró sus derechos fundamentales porque en la sentencia de fecha 7 de marzo de 2018, revocó el fallo que declaraba la nulidad de los actos administrativos que le negaron la reliquidación de la pensión incorporando todos los factores salariales percibidos al momento de obtener el estatus de jubilada.

Señala que la decisión del Tribunal accionado, sin justificación, desconoce su propio precedente y los establecidos por el Consejo de Estado en relación con la determinación del índice base de liquidación de las pensiones de jubilación de los docentes y, para ello, se fundamentó en la sentencia SU-395B de 2017, dictada por la Corte Constitucional, la cual no es aplicable al caso concreto de la tutelante.

Por su parte, tanto el Tribunal Administrativo de Risaralda como el Ministerio de Educación Nacional y la fiduciaria Fiduprevisora S.A., vocera del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, argumentan que no concurren los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales porque la sentencia dictada por la mencionada autoridad judicial se sustenta en la regulación legal y en la jurisprudencia pertinente.

El Tribunal Administrativo de Risaralda enfatiza que su providencia se estructura en los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, respecto de los factores salariales a considerar en la liquidación de las pensiones, los cuales deben aplicarse de manera prevalente frente a la jurisprudencia de los tribunales de cierre.

Para determinar si el Tribunal Administrativo de Risaralda, incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente traer a colación el contenido de las sentencias proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la accionante.

Pues bien, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira, en sentencia dictada en audiencia celebrada el 27 de junio de 2017, accedió a las pretensiones de la demanda.

En contra de la anterior decisión la parte demandada presentó recurso de apelación con fundamento en que la sentencia no se ajustaba al ordenamiento jurídico aplicable porque: i) el Decreto 3752 de 2003, en el artículo 3, determina que la base de la liquidación de las prestaciones sociales que se causen con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, no podrá ser diferente a la base de cotización sobre la cual se realiza los aportes del docente; ii) a la accionante no le era aplicable la normatividad anterior a la Ley 33 de 1985, porque no cumplía con los requisitos para ello, de tal manera que conforme a la citada normativa, solo podían ser tenidos en cuenta los factores que hayan servido de base para aportes durante el último año de servicio; iii) el Acto Legislativo 1 de 2005 ordena que solo se puede tener como ingreso base de liquidación de las pensiones, los factores sobre los cuales se hubieren realizado las respectivas cotizaciones.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de sentencia de 7 de marzo de 2018, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que no había lugar a ordenar la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Purificación Mosquera de González, por las siguientes razones:

Sostiene que a los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003 se les aplica la Ley 33 de 1985.

Indica que el artículo 48 de la Constitución, adicionado por el Acto Legislativo 1 de 2005, estableció que para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales se hubiere efectuado cotizaciones.

Agregó que con fundamento en la precitada norma, la Corte Constitucional con sentencia SU-395 de 2017, determinó que en las liquidaciones de las pensiones de regímenes especiales no pueden incluirse todos los factores salariales, sino solo aquellos sobre los cuales se hubiere realizado aportes al sistema de seguridad social, y precisó que este criterio interpretativo en materia de determinación del IBL fijado por la Corte Constitucional prevalece frente a la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010

Señaló que, por lo anterior, esa Sala de Decisión “… ha venido recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretendían la reliquidación de la pensión en el sentido de reconocer todos los factores salariales devengados por el pensionado sin importar que sobre los mismos no se hubiesen realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tal cual lo desarrolló el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, para dar aplicación inmediata al precedente de la Corte Constitucional”.

Indicó que el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, dispone que “[…] En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes […]”, y en el caso concreto la señora María Purificación Mosquera de González no demostró haber cotizado sobre los conceptos que pidió fueran incluidos en la reliquidación de su pensión de jubilación.

La Sala precisa que, de los hechos relatados en el escrito de la demanda, se infiere que la accionante hace referencia a un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado fijado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, en relación con la determinación del IBL para las pensiones de los docentes sometidos a un régimen especial previsto en la Ley 33 de 1985 y el artículo 1 de la Ley 62 de 1993, y excluidos de la aplicación de la Ley 100 de 1993; asimismo, invoca la aplicación indebida de la sentencia SU-395 de 2017, producto de la ausencia de la debida carga argumentativa por parte del Tribunal accionado.

Pues bien, la jurisprudencia constitucional ha establecido que se presenta un defecto sustantivo cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la Ley le reconocen, al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, entre otras, “[…]porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma empleada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador […]”.

En este orden, si bien existe autonomía judicial para elegir las normas jurídicas pertinentes a un caso concreto, para establecer la manera de interpretar e integrar el marco normativo y así determinar su forma de aplicación, lo cierto es que a la autoridad judicial no le es dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley.

Es por lo anterior que la jurisprudencia ha restringido la configuración del defecto sustantivo cuando éste se estructura a partir de la interpretación que el juez ordinario ha dado a la disposición legal, debido a que le está vedado al juez constitucional configurar el defecto sustantivo a partir de la elección realizada por el operador judicial, cuando la escogencia se ha efectuado entre interpretaciones constitucionalmente admisibles.

Al respecto, en la sentencia T-1001 de 2001 la Corte explicó:

“[…] En materia de interpretación judicial, los criterios para definir la existencia de una vía de hecho son especialmente restrictivos, circunscritos de manera concreta a la actuación abusiva del juez y flagrantemente contraria al derecho. El hecho de que los sujetos procesales, los particulares y las distintas autoridades judiciales no coincidan con la interpretación acogida por el operador jurídico a quien la ley asigna la competencia para fallar el caso concreto, o no la compartan, en ningún caso invalida su actuación ya que se trata, en realidad, de “una vía de derecho distinta” que, en consecuencia, no es posible acomodar dentro de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. De esta manera, queda a salvo, pues, el respeto por el principio democrático de la autonomía funcional del juez que reserva para éste, tanto la adecuada valoración probatoria como la aplicación razonable del derecho […]”.

Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha reconocido que, en especiales circunstancias, se configura un defecto sustantivo por la aplicación dada a las normas con base en una errada interpretación de las mismas, por lo que en la sentencia T-295 de 2005, la Corte Constitucional sostuvo que:

“[…] la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la sentencia T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) se expresó al respecto: “En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”. (Resalta la Sala)

En este contexto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente toda vez que, a pesar de reconocer que sobre los factores salariales a considerar en la determinación del índice base de liquidación, la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación el 4 de agosto de 2010, en la cual precisó que debían incluirse como factores salariales todas las prestaciones percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, la realidad es que dicha autoridad se apartó de ese precedente sin satisfacer la carga argumentativa que le correspondía, ni advertir que la sentencia SU-395 de 2017, que citó como apoyo de su decisión, no constituye un precedente jurisprudencial para resolver el reclamo de la señora María Purificación Mosquera de González, quien se desempeñó como docente.

En efecto, el Tribunal accionado hace una exposición sobre la normativa aplicable y reseña que el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 determinó que los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación de la pensión establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985, son enunciativos, por lo cual es legítimo que “[…] cuando se trata de la liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos amparados por la citada Ley 33 de 1985, tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, sumas que percibió el trabajador de manera habitual y periódica, indistintamente de la denominación que se les dé y del aporte que sobre las mismas se hubiere efectuado […]”.

No obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada manifiesta que desatiende esa sentencia de unificación aduciendo que la sentencia de la Corte Constitucional SU-395 de 2017 modificó este criterio y a él debe someterse, pero sin ahondar en las razones para hacer esta afirmación, por lo que la motivación de la sentencia de 7 de marzo de 2018 no cumple con la carga argumentativa necesaria para apartarse del criterio fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la precitada sentencia de unificación.

En este sentido, el Tribunal Administrativo de Risaralda se equivoca al cimentar su decisión en la sentencia SU-395 de 2017, en razón a que pasa por alto que en esta decisión la Corte Constitucional no se ocupó de precisar las reglas aplicables para la determinación de los factores salariales a incorporar en el ingreso base de liquidación de las pensiones de los docentes, quienes, como se indicó en precedencia, están sometidos a una reglamentación especial y expresamente exceptuada de las reglas de la Ley 100 de 1993.

En la sentencia SU-395 de 2017, la Corte Constitucional aborda el análisis de las reglas aplicables a la determinación del IBL, pero en los casos amparados por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no en relación con el régimen pensional de los docentes regulados por la Ley 33 de 1985 y el artículo 1º de la Ley 62 de 1993. Lo anterior se pone de presente desde la formulación de los problemas jurídicos que la Corte Constitucional resuelve en la mencionada sentencia, y que define en los siguientes términos:

“[…] 1. Delimitación temática del presente pronunciamiento

Conviene precisar que las acciones de tutela objeto de revisión, a pesar de haberse promovido por separado, coinciden por entero en cuanto se dirigen a atacar sentencias judiciales en las que concurren presuntamente varias causales específicas de procedibilidad, entre las que se encuentran el defecto material o sustantivo, el desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución, habida cuenta de que en ellas se adoptaron decisiones directamente relacionadas con (i) la aplicabilidad y alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en particular frente a beneficiarios de marcos normativos especiales como es el caso de los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976; (ii) la regla del tiempo de servicios exigido a efectos de obtener un estatus pensional bajo esos ordenamientos; (iii) los parámetros de interpretación fijados acerca del promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público; y (iv) los factores salariales que han de ser puestos en consideración para calcular su monto; aspectos todos los cuales, valga la pena resaltar, han sido materia de pronunciamiento -en mayor o menor medida- tanto en sede de control concreto como abstracto de constitucionalidad, razón que lleva a la Sala Plena a adelantar el correspondiente estudio de los casos seleccionados centrando su análisis en los mencionados tópicos, en definitiva, no solo por cuanto en éstos reside el debate principal en torno al cual giran los recursos de amparo acumulados, sino además, por la necesidad de profundizar en sus contornos para consolidar los criterios contenidos en la jurisprudencia de esta Corporación relativa a las normas que gobiernan regímenes especiales en pensiones de la Rama Judicial y el Ministerio Público, el abuso del derecho en forma palmaria, el alcance del régimen de transición y la exclusión del ingreso base de liquidación, así como su incidencia directa frente a los principios de Solidaridad y de Sostenibilidad Financiera que rigen el sistema de seguridad social en pensiones.
[…]

3. Formulación del problema jurídico y esquema de resolución

3.1. A partir de todos los elementos fácticos y jurídicos reseñados en precedencia, en términos generales le compete a la Sala Plena determinar si, en la presente causa, los fallos judiciales objeto de revisión desconocen el alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y los factores constitutivos de salario que deben tomarse en consideración para calcular su monto, y si, por tanto, los mismos se inscriben en alguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra sentencias judiciales, en cuanto transgreden los derechos de los actores al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, sus derechos a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima.

Específicamente, lo que busca la Corte i) es precisar si la bonificación especial o quinquenio como factor salarial para funcionarios de la Contraloría General de la República debe computarse en su totalidad o de forma proporcional como base integrante del monto pensional, dentro de los expedientes T-3.358.903 y T-3.364.917; al paso que examinar ii) el alcance del concepto de ingreso base de liquidación y su incorporación o no dentro de los parámetros aplicables al reconocimiento de pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993 en virtud del régimen de transición, con ocasión del expediente T-3.358.979. Así mismo, también iii) corresponde establecer si el régimen de transición pensional permite la aplicación del concepto de monto pensional  del régimen especial anterior con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, a propósito del expediente T-3.364.831”.

En este orden de ideas, como quiera que el objeto de análisis de la Corte Constitucional en la mencionada sentencia de unificación es totalmente distinto a la regulación pensional de los docentes, para la Sala es claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda no podía hacer extensivas las consideraciones planteadas en la SU-395 de 2017, para establecerlas como parámetro de control de los actos administrativos que negaron la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora María Purificación Mosquera de González.

Sobre el particular, cabe reiterar que para que se pueda predicar el carácter de precedente jurisprudencial de una providencia, ésta debe ser anterior a la decisión donde se pretende su aplicación y debe existir “[…] una semejanza de problemas jurídicos, cuestiones constitucionales, hechos del caso, normas juzgadas o puntos de derecho.  En ausencia de uno de estos elementos, no puede predicarse la aplicación de un precedente […]” (Resalta la Sala).

En tal sentido, la Sala reitera que, en tanto los criterios jurisprudenciales contenidos en la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional no resultan aplicables al caso del accionante, y fueron estos el sustento del fallo de 7 de marzo de 2018, prospera el cargo relativo al defecto sustantivo por desconocimiento de precedente jurisprudencial alegado por la señora María Purificación Mosquera de González.

Este criterio ha sido acogido igualmente por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en sentencia dictada el pasado 18 de abril de 2018, resaltó lo siguiente:

“[…] advierte la Sala que la interpretación que hace la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015 en relación con el ingreso base de liquidación (IBL) de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es aplicable en casos como el presente, pues como queda dicho, los docentes –valga decir, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989– no están regidos por el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, al tener como norma aplicable la Ley 33 de 1985, para efectos de establecer el IBL para la liquidación de la pensión del actor, docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, debe acogerse el precedente de unificación de la Sala Plena de Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, que precisamente interpretó la Ley 33 de 1985.

Esa jurisprudencia, que tiene plena vigencia, dejó establecido que los factores salariales descritos en el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, que comportan la base de liquidación pensional, lo están por vía enunciativa y no taxativa, por eso se indicó en forma clara la posibilidad de incluir “todos aquellos que fueron devengados por el trabajador, previa deducción de los descuentos por aportes que dejaron de efectuarse”.

[…]

Como la discusión planteada en el caso que se analiza, consiste en determinar si le asistía derecho al actor a que se le reliquide su pensión con la inclusión de todos los factores salariales que devengó en el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del status pensional, se puede concluir que el Tribunal accionado sí incurrió en desconocimiento de la sentencia del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2010, pues al serle aplicable la Ley 33 de 1985 –no por ser beneficiario del régimen de transición de que trata Ley 100 de 1993, como ya se anotó, sino por su calidad de docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio–, le resulta aplicable la regla dispuesta en la referida sentencia […]”.

Por último, es pertinente advertir que de llegar a admitirse que la regla fijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, se aplica a los regímenes expresamente exceptuados de la normativa pensional fijada en la Ley 100 de 1993, como es el caso de los docentes, se incurriría en un desconocimiento de la Constitución Política, en razón a que el parágrafo transitorio 1, del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 1995, expresamente exceptuó a los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como es el caso de la accionante, por manera que solo en el caso en que la regulación de la Ley 100 les sea más favorable, es posible aplicar las normas del régimen general en pensiones previstos en dicha ley.

Por tanto, imponer a los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812, las reglas previstas en la Ley 100 sobre índice base de liquidación, aduciendo la observancia del precedente jurisprudencial fijado en la SU-395 de 2017 desconoce que la Constitución y la ley han determinado que ellos son beneficiarios de un régimen exceptuado, y que en aplicación del principio de favorabilidad solo cuando las normas de la Ley 100 le sean más favorables es válido acudir a ellas.

Así las cosas, por las razones antes señaladas, la Sala confirmará la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de junio de 2015, que concedió el amparo solicitado por la señora María Purificación Mosquera de González, y dejó sin efectos la sentencia dictada por el Tribunal accionado el 7 de marzo de 2018 y le ordenó dictar un nuevo fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 14 de junio de 2018, por las razones ante expuestas.

SEGUNDO: REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Artículos 48, 49 y 53 de la Constitución Política
Al respecto es importante hacer mención de la sentencia T-086 de 15 de febrero de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto en la que, de manera puntual se sostuvo la mencionada exégesis. Artículo 3º de la Ley 33 de 1985. "Artículo 3º. Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como funcionamiento o como inversión. Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica; gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para calcular los aportes."
Proferida dentro del expediente Nro. 25000-23-25-000-2006-07509-01. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, Expediente Nro. 11001-03-15-000-2017-02966-00.
“ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES.

El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (…)”
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Subsección B, radicación 54001233100020030063001, CP. Gerardo Arenas Monsalve. Demandante: Pastor Santiago Duarte. Demandado: Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sentencia de 6 de abril de 2017, radicado No. 66001233300020140047601 (0674-2016), CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Jaime de Jesús Pulido Vargas. Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Cita e Cita “Ley 62 de 1985”. Consejo de Estado, Sección cuarta, sentencia de 19 de abril de 2018, expediente Nro. 11001-03-15-000-2018-00617-00. En el mismo sentido, en la sentencia de 12 de abril de 2018, expediente Nro. 11001-03-15-000-2017-02157-01(AC), indicó: “4.4.2. En el presente caso, es importante advertir que quien pide la reliquidación de su pensión es una docente, razón por la cual, resulta relevante mencionar que el régimen aplicable en materia pensional es el contenido en la Ley 33 de 1985, que le aplica no en virtud del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la misma Ley 100 de 1993 en su artículo 279, excluyó de manera expresa a algunas personas de su aplicación, entre ellos “los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989”6. Igualmente, el parágrafo primero transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, estableció que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones". (Resaltado ajeno al texto transcrito). 4.4.3. En tal medida y frente al punto objeto de debate, advierte la Sala que la interpretación que hace la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015 en relación con el ingreso base de liquidación (IBL) de las personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no es aplicable en casos como el presente, pues como queda dicho, los docentes no están regidos por el régimen general de pensiones de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, al tener como norma aplicable la Ley 33 de 1985, para efectos de establecer el IBL para la liquidación de la pensión del actor, docente afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, debe acogerse el precedente de unificación de la Sala Plena de Sección Segunda del Consejo de Estado del 4 de agosto de 20107, que precisamente interpretó la Ley 33 de 1985”. Los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, no resultan procedentes en el caso, por lo que se entiende agotado el medio de defensa judicial que tenía a su alcance el actor. Sentencia T-064 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Constitucional, sentencias T-619 de 2009, T-656 de 2011, T-762 de 2011 y 217 de 2013, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia T-288 de 2011.
25000-23-25-000-2006-07509-01(0112-09), CP. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Dice la citada norma: “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del sistema general de pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.

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