República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-01516-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
28 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA
[El problema jurídico] consiste en dilucidar, previo examen de procedencia de la acción de tutela, si el Consejo de Estado, Sección Primera, con la adopción de la providencia del 12 de octubre de 2017, incurrió en «defecto fáctico» por indebida valoración probatoria dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado contra el actor. (…) la Sala no encuentra que el operador jurídico accionado haya incurrido en defecto fáctico en la valoración probatoria efectuada para determinar la estructuración de la conducta imputada; por el contrario, la valoración fue efectuada bajo los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables al caso en cuestión. Ahora bien, luego de que el Consejo de Estado encontrara estructurada la causal de pérdida de investidura imputada, esto es, de encontrar satisfecho el elemento objetivo de responsabilidad, procedió a analizar el «elemento subjetivo» (…) La culpabilidad del servidor público en la estructuración de la incompatibilidad fue apreciada por el juzgador de manera positiva, ante la correspondiente obligación que le asistía de «conocer el régimen jurídico aplicable tanto a los vocales de control de servicios públicos como a los concejales». En el caso, el accionante debió informarse de los requisitos y procedimientos que debía cumplir para renunciar al cargo de vocal de control de servicios públicos domiciliarios, a efecto de que en el momento de que tomara posesión como concejal no estuviera incurso en alguna incompatibilidad que generara la pérdida de su investidura, tal como ocurrió. La omisión en enterarse de las rigurosidades exigidas para dejar el cargo, estructura de manera fehaciente el elemento culpabilidad dentro del juicio, pues involucra de manera directa la presunción o principio del derecho según la cual «la ignorancia de la ley no sirve de excusa», lo que implica que en el caso, el servidor público no puede ser relevado de las consecuencias legales que comporta su falta de cuidado o negligencia en enterarse de la forma en que se debía protocolizar su renuncia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01516-00(AC)
Actor: HIPÓLITO DURAN ZÚÑIGA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTRO
El señor Hipólito Duran Zúñiga, quien actúa en nombre propio, promueve acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, y el Tribunal Administrativo de Santander, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido.
Pretensiones
Solicita que en protección de sus derechos fundamentales se deje sin efectos la sentencia del 26 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander y la sentencia del 12 de octubre de 2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de pérdida de investidura radicado 68001-23-33-000-2016-01393-00 y en su lugar, se ordene al Tribunal Administrativo de Santander emitir una nueva decisión donde se tengan en cuenta los argumentos esgrimidos en la sentencia de unificación SU-424 de 2016, en concordancia con la sentencia del Consejo de Estado del 18 de enero de 2017.
1.2. Hechos de la solicitud
Se inscribió como candidato al Concejo Municipal del Socorro para el periodo 2016-2019, avalado por el partido alianza verde, para los comicios electorales celebrados el 25 de octubre de 2015, resultando electo.
El 17 de diciembre de 2015 presentó de forma verbal ante la Junta Directiva de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., su renuncia al cargo de vocal de control de los servicios públicos, que venía ejerciendo desde antes de su elección, señalando que su renuncia respondía a su elección como concejal, lo cual quedó registrado en Acta n.º 10 del 17 de diciembre de 2015.
El 30 de diciembre de 2015 asistió por última vez a la Junta Directiva de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., como vocal de control.
A partir de esta fecha no volvió a asistir a la junta directiva en calidad de vocal y tampoco fue citado a una reunión de dicho cuerpo directivo, ni ejecutó actividad alguna en ejercicio de dicho cargo.
El 2 de enero de 2016 se posesionó como concejal del municipio del Socorro (Santander) y, el 27 de enero siguiente presentó su ratificación escrita de la renuncia al cargo de vocal.
Por los hechos referidos, el señor Diego Fernando Peñuela Melgarejo presentó en su contra acción de pérdida de investidura.
El Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 26 de enero de 2017, declaró la perdida de investidura por la ocurrencia de la incompatibilidad reseñada en el artículo 45, numeral 5, de la Ley 136 de 1994 (adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000).
Presentó recurso de apelación y la alzada fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Primera, quien mediante sentencia del 12 de octubre de 2017 confirmó la decisión, al ratificar que no se encontraba probada su renuncia al cargo de vocal de control.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
En el caso, el tribunal incurrió en defecto sustantivo por omisión del análisis del elemento subjetivo de responsabilidad, tal como lo dejó sentado la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 424 de 2016, en la que se llama la atención sobre la obligatoriedad de valorar la conducta o aspecto subjetivo de la responsabilidad en los procesos de perdida de investidura.
El juicio que realizó el tribunal fue únicamente sobre el elemento objetivo en la configuración de la causal de incompatibilidad reseñada en el artículo 45, numeral 5, de la Ley 136 de 1994, es decir, realizó un juicio de validez o legalidad, evento que trasgredió su derecho a la segunda instancia, por cuanto el juicio de culpabilidad sólo fue mínimamente desarrollado por el ad quem, dejándolo en imposibilidad de revisión.
Advierte que aunque en segunda instancia se citó la sentencia de unificación SU-424 de 2016 y de manera sucinta se describió lo que pudiera entenderse como una conducta a título de culpa, anclada en la obligación que tenía el servidor de conocer el régimen aplicable a los vocales de control y al de concejales, lo cierto es que a tal conclusión se arribó después de un errado y sesgado análisis de las pruebas respecto de la conducta.
En el caso se observa la ausencia de práctica de pruebas suficientes e idóneas dirigidas a probar si efectivamente el comportamiento desplegado en el marco de la renuncia que realizó a la Junta Directiva de Aguas del Socorro S.A. E.S.P., se delimita como conducta a título de dolo, culpa, o por el contrario, correspondía en término jurídicos a un actuar correcto y respetuoso, de lo dispuesto en la Ley.
Aunque en el proceso se decretó la práctica de los testimonios de Orlando Millán Aguilar, Humberto Corzo y Juana Miranda Bayona, estos no asistieron a la audiencia de recepción, por lo que el Tribunal debió buscar alternativas a dicha práctica fallida, toda vez que con las pruebas con que se contaba en el expediente era imposible determinar un reproche subjetivo en su contra.
En el proceso disciplinario radicado 2017-605-914627 adelantado en la Procuraduría Provincial de San Gil, reposan varios testimonios de los miembros de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., quienes de forma unánime refieren que sí renunció de forma verbal a su cargo en la Junta Directiva, además del testimonio del gerente de la empresa, quien afirmó que no participó ni ejerció ninguna de las actividades propias del vocal de servicios públicos y como miembro de la junta directiva, con posterioridad a la fecha de renuncia.
El Consejo de Estado se abstuvo de realizar una debida valoración probatoria, pues partió de las premisas que como vocal de control de servicios públicos debía renunciar ante el alcalde municipal y realizar la inscripción en el registro mercantil de dicha renuncia, cuando lo cierto es que el ejercicio como vocal de control lo hacía en representación y por elección de la comunidad, a través del Comité conformado por usuarios y clientes.
No es cierto que la obligación del vocal de servicios públicos de renunciar deba realizarse ante el alcalde municipal, ya que de acuerdo los estatutos de la empresa, este no es su nominador. En la elección no interfiere como nominador el alcalde municipal, pues incluso la ley establece la potestad de remover al vocal no en manos del alcalde sino del Comité.
No le es exigible al vocal la realización de trámites o procedimientos propios, frente a su propia renuncia en cuanto a la inscripción de su renuncia en el registro mercantil, ya que estas funciones corresponden a la Junta Directiva de la Empresa, quienes recibida la renuncia deben no solo dar los trámites de registro, sino solicitar al comité la elección de un nuevo vocal.
El análisis realizado por el Consejo de Estado no tuvo en cuenta las pruebas e indicios que se desarrollaron en el proceso, tales como:
Las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., del mes de diciembre del año 2015, de las cuales se extrae con meridiana claridad que renunció como como vocal de control de servicios públicos, renuncia que fue clara y expresa y quedó registrada en el Acta del 17 de diciembre y que además, se realizó ante el órgano máximo de la administración, esto es, la Junta Directiva, compuesta entre otros por el mismo alcalde.
El certificado suscrito por el gerente de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., del que se evidencia que para la empresa de servicios públicos quedó registrado bajo pleno convencimiento que renunció ante la Junta Directiva, conocimiento y situación ratificados por los miembros de la Junta Directiva en sus testimonios, realizados en el proceso disciplinario.
La no asistencia a ninguna otra reunión como miembro de la Junta Directiva, ni el ejercicio de ninguna de sus funciones a partir del 30 de diciembre de 2015.
La renuncia presentada en enero, en la que ratifica la renuncia verbal realizada en diciembre, durante la última de las reuniones de la junta, la cual ya había sido manifestada desde el 17 de diciembre de 2015.
1.4. Actuación Procesal
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 21 de mayo de 2018, en que además se ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sección Primera del Consejo de Estado, como demandados, y al señor Diego Fernando Peñuela Margalejo, como tercero interesado en las resultas del proceso, para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.
1.5. Intervenciones
1.5.1. El Tribunal Administrativo de Santander, a través del magistrado Milciades Rodríguez Quintero, solicita declarar improcedente la acción, por no configurarse los requisitos generales y específicos de procedencia. Para el efecto presenta las siguientes consideraciones:
Dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado contra el concejal Hipólito Durán Zúñiga, se respetaron a plenitud las formas propias de juicio, profiriéndose el fallo de acuerdo con las argumentaciones expuestas por las partes, la documentación obrante en el expediente y la interpretación de la norma procesal y sustancial aplicable al caso, garantizando por ende el debido proceso.
Del análisis de los elementos probatorios, se encontró que en el caso se estructuró la incompatibilidad consagrada en el numeral 5, del artículo 45, de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000; y que, por tanto, no era de recibo el argumento de la parte actora, de que la renuncia fue presentada desde el 17 de diciembre de 2015 y que el escrito del 27 de enero de 2016, es una simple reiteración, máxime cuando la carta de renuncia hace alusión es a una renuncia verbal presentada el 30 de diciembre de 2015, de la cual no obra soporte documental y no consta en el Acta nº. 11 levantada ese día, que refleja lo acontecido en la sesión de la Junta Directiva, sino que por el contrario el acta deja ver que el demandante ese día fungió plenamente como vocal de control.
En este sentido, se advirtió en el fallo que las inconsistencias entre el acta n.º 11 del 30 de diciembre de 2015, lo manifestado en la renuncia del 27 de enero de 2016 y la certificación del gerente de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., no permiten concluir cosa distinta que la única renuncia expresa que el señor Hipólito Duran Zuñiga presentó al cargo de vocal de control, fue la del 27 de enero de 2016, cuando ya se encontraba posesionado como concejal del municipio del Socorro. Tampoco obra soporte documental de que se halla presentado y aceptado la renuncia el 30 de diciembre de 2015, siendo claro que en el sector público este tipo de actuaciones y situaciones administrativas deben constar por escrito, pues las vinculaciones y desvinculaciones no se dan de manera verbal.
En el caso se logró establecer que obran suficientes elementos de convicción para concluir que el demandado sí incurrió en la causal de pérdida de investidura endilgada en la demanda, de manera que la decisión adoptada se encuentra ajustada a la Constitución y a la ley, no obedece a prejuicios del operador jurídico y no es arbitraria.
1.5.2. El Consejo de Estado, Sección Primera, por intermedio del consejero Oswaldo Giraldo López, solicita rechazar por improcedente la acción de tutela o en su defecto negar la tutela solicitada. Para el caso, presenta los siguientes argumentos:
El actor no cumple con los requisitos generales para interponer la acción de tutela, pues durante el proceso no reclamó la observancia de lo que ahora reclama, y ahora pretende argumentar que ello fue así y que se trata de un vicio de la sentencia, cuando lo cierto es que para ello podría intentar el recurso extraordinario de revisión, del cual no ha hecho uso.
El actor fundamenta su acusación en un presunto desconocimiento de la sentencia SU-424 de 2016, pues a su juicio el análisis subjetivo de la conducta no es suficiente; sin embargo, se limita a expresar su inconformidad con lo decidido en la sentencia, incumpliendo la carga de explicar la razón por la cual los fundamentos de la decisión resultan arbitrarios y desproporcionados.
El defecto sustantivo no es predicable en su caso, ya que en la sentencia se hizo un análisis razonable de los elementos objetivo y subjetivo de la causal estudiada y el actor no explica la razón por la cual lo dicho constituye un defecto sustancial, más aun cuando la obligación que tiene un concejal de no incurrir en inhabilidad o incompatibilidad es de resultado, no de medio, por lo que su incumplimiento le exige acreditar las razones exculpativas de haber incurrido en él.
En el defecto fáctico irrogado, el accionante pretende hacer una inversión de la carga de la prueba, que tenía de traer los elementos de convicción que le parecían eran los conducentes para sustentar sus afirmaciones, exigiéndole a la jurisdicción que indagara por los eventuales testigos y auscultara las demás pruebas que le permitieran desvirtuar la negligencia en que incurrió cuando presentándose a la elección de concejal no tuvo el cuidado de enterarse de las incompatibilidades e inhabilidades que por demás, han sido suficientemente decantadas por la jurisdicción.
Lo propuesto por el accionante confirma el poco cuidado que tiene cuando actúa, ya que es precisamente él quien puede tener conocimiento de los testigos y los documentos que le permitirían un mejor suceso en el proceso; no obstante, omitió conscientemente pedir las pruebas respectivas, exigiendo ahora en vía de tutela que sea el juez el que supla su reiterada negligencia.
2. Consideraciones
2.1. Objeto de la acción
Está dirigido a que se dejen sin efectos las providencias del 26 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, y del 12 de octubre de 2017 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida de investidura 68001-23-33-000-2016-01393-01, por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, que a su turno vulnera los derechos al trabajo y a elegir y ser elegido.
Ab initio se indica que la presente Sala de decisión se abstiene de hacer cualquier consideración con respecto de los cuestionamientos presentados contra la sentencia del 26 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pues es criterio reiterado de esta Sala de decisión, que bajo la egida del principio de la doble instancia, no es procedente que el juez de tutela revise decisiones que fueron objeto de apelación y decisión por el fallador de segunda instancia.
De manera que en el caso solo se procederá a analizar en lo correspondiente los alegatos presentados contra la providencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
2.2. Competencia
De acuerdo con el numeral 7 del artículo 1º del Decreto 1983 de 2017, que modifica el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, sobre el reparto de la acción de tutela, en el que se indica que «las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda», de conformidad con el reglamento de cada corporación, esta Sala es competente para conocer de la presente acción propuesta contra el fallo de pérdida de investidura proferido por la Sección Primera de esta Corporación.
2.3. Problema jurídico
Consiste en dilucidar, previo examen de procedencia de la acción de tutela, si el Consejo de Estado, Sección Primera, con la adopción de la providencia del 12 de octubre de 2017, incurrió en «defecto fáctico» por indebida valoración probatoria dentro del proceso de pérdida de investidura adelantado contra el actor.
2.4. Aspectos generales sobre la acción de pérdida de investidura
El proceso de pérdida de investidura, regulado en la Constitución y en la Ley 144 de 1994, para el caso de congresistas, y en la Ley 617 de 2000, para el caso de diputados, concejales y ediles, se constituye como un control ante las conductas reprochables de los referidos servidores, de cara a las estrictas causales inhabilidades e incompatibilidades elaboradas por el legislador, que para el caso de concejales se concretan en los artículos 43 y 44 de la Ley 136 de 1994, modificados por los artículos 40 y 41 de la Ley 617 de 2000, respectivamente.
La pérdida de investidura es una acción pública que comporta un juicio de naturaleza ética y que tiene como propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de cuerpos colegiados, por lo que su naturaleza, de carácter sancionatorio, obliga a realizar un estudio de cara a la conducta realizada por el servidor.
Tal conducta u actuar ético, tiene la característica de preservar la dignidad del cargo público de elección popular, por lo que la sanción impone la prohibición perpetua de ejercer el derecho a ser elegido popularmente.
La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del debido proceso, particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad, objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad, y culpabilidad.
En la sentencia SU-424 de 2016, la Corte Constitucional señaló que dado el carácter sancionador del proceso de pérdida de investidura, que se efectúa en ejercicio del ius punendi del Estado, en su desarrollo se deben observar plenamente las garantías al debido proceso en materia penal.
Así las cosas, planteó que los principios del derecho sancionatorio incluyen el principio de legalidad, tipicidad, aplicación de la ley más favorable, non bis in ídem, y la presunción de inocencia hasta no ser declarado culpable. De este último principio, se ha derivado el principio de culpabilidad, que en el ámbito penal hace referencia a la necesidad de demostrar una responsabilidad subjetiva en la comisión de un delito.
Refirió que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
2.5. Hechos probados
La Sala extrae del expediente de pérdida de investidura allegado al plenario en calidad de préstamo, los siguientes elementos de prueba:
1. El señor Diego Fernando Peñuela Melgarejo, actuando en nombre propio, solicitó la pérdida de investidura del señor Hipólito Duran Zuñiga, como concejal del municipio del Socorro (Santander), para el periodo 2016-2019, al haberse desempeñado simultáneamente como concejal electo del municipio del Socorro y como miembro principal de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., situación que concreta una trasgresión al régimen de inhabilidades e incompatibilidades (ff.2-11 cuaderno 1).
2. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 26 de enero de 2017, decretó la pérdida de investidura del concejal Hipólito Durán Zúñiga (ff.93-101 cuaderno 1).
3. El Consejo de Estado, Sección Primera, mediante sentencia del 12 de octubre de 2017, confirmó la decisión (ff.31-44 cuaderno 2).
2.6. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos posteriormente declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución. Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizarse la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.
En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.
De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».
En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución; haciéndose especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.
El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 2012, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.
2.7. La presente acción cumple con los requisitos de procedencia
(i) El caso bajo estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso por indebida valoración probatoria, que en sentir del accionante, generó la pérdida de su investidura como concejal del municipio del Socorro (Santander) y por consiguiente, la sanción y/o imposibilidad de volver a ser elegido para un cargo de elección popular.
(ii) Se «cumple con el requisito de subsidiaridad», pues aunque en el caso sometido a consideración se advierte que el derecho fundamental cuya protección se impetra —debido proceso— es susceptible de ser protegido dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, según lo ha referido la Corte Constitucional, del cual no se registra que se haya hecho uso, lo cierto es que ninguna de las causales previstas en el artículo 250 del CPACA se identifican con los reproches presentados en la acción de tutela.
En el asunto sometido a juicio se controvierte la existencia del defecto «fáctico», que se estructura por la indebida valoración probatoria del elemento subjetivo de responsabilidad (culpa o dolo), dentro del juicio de pérdida de investidura adelantado contra el accionante, evento que no se encuentra previsto dentro de las causales de revisión, por lo que la Sala entiende superado en el caso el requisito de subsidiaridad.
(iii) Se «cumple con el requisito de inmediatez», por cuanto la providencia objeto de censura constitucional data del 12 de octubre de 2017 (f.31 expediente en préstamo), notificada por estado el 12 de diciembre de 2017 (f.44 expediente en préstamo) y la acción de tutela fue radicada en la Secretaria General del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2018 (f.1 expediente de tutela), por lo que se encuentra dentro del término de los seis meses señalados por esta Corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
(iv) En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
(v) Dentro del escrito de tutela «se identificaron razonablemente los hechos y argumentos» frente a los cuales se alega vulneración.
(vi) El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión que se cuestiona fue proferida dentro de un proceso de pérdida de investidura.
2.8. Estudio de la procedibilidad del amparo de tutela invocado
El señor Hipólito Duran Zúñiga solicita al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a elegir y ser elegido, que estima vulnerados con la adopción de las providencias del 26 de enero y 12 de octubre de 2017, proferidas en su orden por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso de pérdida de investidura 68001-23-33-000-2016-01393-00.
Endilgó el hecho de que el Tribunal Administrativo de Santander, en primera instancia incurrió en un «defecto sustantivo», pues pasó por alto el análisis del elemento subjetivo de responsabilidad, de acuerdo con lo consignado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 de 2016; y que en segunda instancia, el Consejo de Estado, Sección Primera, incurrió en «defecto fáctico», pues omitió realizar una debida valoración probatoria de la conducta reprochada, situaciones que desencadenaron su pérdida de investidura como concejal del municipio del Socorro (Santander).
Tal como se dejó visto al inicio de esta parte considerativa, la Sala se abstiene de realizar cualquier consideración con respecto a los cuestionamientos presentados contra la providencia del 26 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que esta fue objeto de apelación y decisión en segunda instancia.
Si bien el accionante alega que el hecho de no haberse estudiado el elemento subjetivo de responsabilidad por parte del tribunal, cercenó el hecho de que tal situación fuera evaluada en dos instancias, lo cierto es que, precisamente, para esta clase de situaciones es que se contempló la segunda instancia dentro de los diferentes juicios.
El recurso de apelación es aquella herramienta de que gozan las partes intervinientes dentro del proceso para dar soluciones a los posibles errores en los que pueda incurrir el operador judicial de primera instancia y que, por tanto, generan una decisión lesiva a los intereses de alguna de los partes.
De manera que en lo que corresponde al caso, la Sala procederá a estudiar lo increpado con respecto de la sentencia del 12 de octubre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera.
Sea del caso advertir que el estudio a realizar por parte del juez de tutela en el asunto, versa solamente sobre la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, por ser este junto con los derechos de defensa y acceso a la administración de justicia, aquellos frente a los cuales el Consejo de Estado ha dado paso de manera excepcionalísima a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La Corte Constitucional ha planteado la existencia de dos dimensiones que dan origen al defecto fáctico, que a su vez se traducen en otras modalidades de configuración, tal y como quedaron agrupadas en la sentencia T-923 de 2013, de la siguiente forma:
a) Dimensión negativa, que ocurre por la valoración defectuosa del material probatorio debidamente allegado al plenario, que se presenta cuando el funcionario judicial: (i) niega la práctica del medio probatorio solicitado, (ii) no ordena el que debía recaudar de oficio u, (iii) omite la valoración de elementos de juicio determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de ella emerge.
b) Dimensión positiva, por desconocimiento de las reglas de la sana crítica en la apreciación de los medios de prueba que conducen a valorarlos de manera arbitraria, irracional y caprichosa, que se da cuando el funcionario judicial: (i) fundamenta su determinación en elementos de juicio que no le es permitido considerar porque fueron indebidamente recaudados, son totalmente inconducentes al caso concreto, o se trata de pruebas nulas de pleno derecho y, del mismo modo, y/o (ii) apoya la decisión judicial en material probatorio que no permite llegar a la certeza sobre el supuesto fáctico del cual parte la conclusión del fallador.
La Corte ha concluido que para que el yerro en la apreciación probatoria configure un defecto fáctico «el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión».
En el sub examine, el accionante refiere que la afectación de su derecho fundamental al debido proceso con ocasión del defecto fáctico irrogado, se concreta en el hecho de haberse realizado por el fallador un errado y sesgado análisis de las pruebas respecto de la conducta endilgada, que trajo como consecuencia la descripción sucinta de lo que pudiera entenderse como una conducta a título de culpa, anclada en la obligación que se tenía de conocer el régimen aplicable a los vocales de control y al de concejales.
Advierte que el Consejo de Estado partió de la premisa de que como vocal de control debía renunciar ante el alcalde municipal y realizar la inscripción de la renuncia en el registro mercantil, cuando lo cierto es que el ejercicio como vocal de control lo hacía en representación y por elección de la comunidad, a través del Comité conformado por usuarios y clientes.
Alega que no es cierto que el vocal de control de servicios públicos deba renunciar ante el alcalde municipal, ya que de acuerdo con los estatutos de la empresa, este no es su nominador, y que tampoco le es exigible al vocal la realización de trámites o procedimientos propios frente a su propia renuncia, en cuanto a la inscripción de su renuncia en el registro mercantil, ya que estas funciones corresponden a la Junta Directiva de la Empresa, quienes recibida la renuncia deben no solo dar los trámites de registro, sino solicitar al comité la elección de un nuevo vocal.
Considera además que el análisis realizado por el Consejo de Estado no tuvo en cuenta las pruebas e indicios que se desarrollaron en el proceso, tales como: (i) las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., del mes de diciembre del año 2015, de las que se extrae con meridiana claridad que renunció como vocal de control ante el órgano máximo de la administración, esto es, ante la Junta Directiva, compuesta entre otros por el mismo alcalde; (ii) el certificado suscrito por el gerente de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., donde se evidencia que renunció ante la Junta Directiva; (ii) la no asistencia a ninguna otra reunión como miembro de la Junta Directiva, ni el ejercicio de ninguna de sus funciones a partir del 30 de diciembre de 2015; y, (iv) la renuncia presentada en enero, en la que se ratifica la renuncia verbal realizada en diciembre durante la última de las reuniones de la junta, la cual ya había sido manifestada desde el 17 de diciembre de 2015.
De la sentencia SU-424 de 2016 en la que la Corte presentó los lineamientos frente a los cuales debe desarrollarse el juicio de pérdida de investidura, pueden extraerse dos momentos a partir de los cuales el fallador debe regirse para analizar el caso: de un lado, verificar la configuración de la causal y, de otro, examinar la configuración del elemento culpabilidad (dolo o culpa). En tal sentido, el juez debe analizar si se configura la causal y si a pesar de que ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto.
En la sentencia del 12 de octubre de 2017, objeto de censura, el Consejo de Estado, Sección primera, a efecto de analizar la «configuración de la conducta», arribó a las siguientes conclusiones con respecto del caso del señor Hipólito Durán Zúniga:
No son de recibo las consideraciones del apelante en tanto el propio Hipólito Durán Zúñiga, si bien informó a la Junta Directiva su nueva condición de concejal electo para el periodo 2016-2019, razón por la cual la Junta Directiva debía solicitar la designación de un nuevo vocal de control de los servicios públicos domiciliarios, ello no significa que tal manifestación constituya una expresión de su renuncia al cargo de vocal de control y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Aguas del Socorro S.A.
… De otra parte, teniendo en cuenta además que el concejal demandado, para el mes de marzo del año 2016, aún aparecía registrado en el certificado de la Cámara de Comercio en calidad de miembro de la Junta Directiva, se concluye que tampoco se acreditó que el concejal demandado hubiese gestionado lo correspondiente para efecto de ser relevado de su cargo y registrado la correspondiente aceptación de la renuncia o designado a otra persona como vocal de control en la Junta Directiva, lo que confirma que ha incurrido en la causal de pérdida de investidura invocada. Y ello es así porque a diferencia de lo dicho por la señora apoderada del accionado, la inscripción en el registro mercantil no es simplemente un aspecto formal, ya que lo dicho en ella acredita la condición frente a terceros, de tal manera que el inscrito detenta ante ellos la calidad de tal, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 163 del Código de Comercio.
Así las cosas, podemos concluir que como el impugnante afirma haber presentado renuncia a la Junta Directiva de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. en la sesión verificada el 17 de diciembre de 2015, ésta debió ser expresa y presentada ante quien lo designó para formar parte de la misma, esto es el alcalde del municipio del Socorro. Y posteriormente, debió inscribirse la renuncia en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de Comercio respectiva, para acreditar la separación del cargo ante terceros, atendiendo las características y funciones que cumple el registro.
Razón por la cual el argumento del concejal demandado según el cual presentó la renuncia el 17 de diciembre de 2015 y que el escrito radicado el 27 de enero de 2016, tan solo una reiteración de la misma, no es de recibo, pues en las actas de sesión de la Junta Directiva no se dejó constancia de ello y así se aceptará que la manifestación hecho por el señor Hipólito Duran Zuñiga, en la sesión del 17 de diciembre de 2015, era la de renunciar a la misma, ésta debió haberse presentado ante el Alcalde del municipio, quien lo designó para hacer parte de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. y luego inscrita en el registro mercantil.
Así las cosas, cuando el señor Hipólito Durán Zúñiga se posesionó como concejal del municipio del Socorro (Santander), no se había desvinculado de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., y por ende, incurrió en la incompatibilidad prevista en el artículo 45, numeral 5 de la Ley 136 de 1994, por lo cual ha de confirmarse la sentencia objeto de impugnación.
En el estudio de configuración de la conducta, el Consejo de Estado tuvo en cuenta tres situaciones: en primer lugar, que aunque en sesión del 17 de diciembre de 2015, el señor Hipólito Durán Zúñiga informó a la Junta Directiva de su nueva condición de concejal electo para el periodo 2016-2019, ello no significa que tal manifestación constituyera una expresión de su renuncia al cargo de vocal de control y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P.; en segundo lugar, que desde el 24 de julio de 2013 y hasta el 28 de marzo de 2016, fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P. expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, el señor Hipólito Durán Zúñiga aún era miembro de la Junta Directiva de la empresa; y, en tercer lugar, que la renuncia debió ser expresa, presentada ante el alcalde municipal (quien fue la persona que lo designó para ser parte de la Junta Directiva) e, inscrita ante el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio para acreditar la separación del cargo ante terceros.
Frente a lo expuesto, no se encuentra por parte de esta Sala de decisión alguna situación que vulnere el derecho fundamental al debido proceso, pues de un lado, verificada el Acta n.º 10 del 17 de diciembre de 2015 (ff.63-68 expediente en préstamo), se corroboró que en el numeral séptimo, proposiciones y varios, se dejó sentado lo siguiente:
El señor Hipólito Durán Zúñiga informa a la Junta Directiva que por la condición de concejal electo para el periodo 2016-2019, la Junta Directiva debe solicitar a la Personería Municipal la elección del nuevo vocal de control de los servicios públicos domiciliarios, para ocupar el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Empresa.
Del referido aparte no puede consignarse una renuncia implícita al cargo de vocal de control de servicios públicos, sino que del contenido literal se extrae un anunció a la Junta Directiva de la necesidad de ser solicitada la elección de un nuevo vocal.
En ningún aparte se dejó constancia de la renuncia y en todo caso, de la fecha a partir de la cual surtiría efectos, evento este que dirigió la convicción del fallador de encontrar estructurada la causal de incompatibilidad.
El anterior evento tomó fuerza para el juzgador, luego de verificar que en el certificado de existencia y representación legal de la empresa de servicios públicos domiciliarios expedido el 28 de marzo de 2016, aún se encontraba inscrito el señor Hipólito Durán Zúñiga como miembro de la Junta Directiva.
En este estado de cosas, explicó que en el caso se requería de renuncia expresa ante el nominador y de inscripción ante el registro mercantil para acreditar la separación del cargo ante terceros.
A dicha conclusión arribó, según se extrae de la lectura de la providencia censurada, luego de traer como referente: (i) la sentencia C-585 de 1995, en la que la Corte Constitucional estudio la exequibilidad del numeral 6 del artículo 27 de la Ley 142 de 1994, sobre la designación de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios del orden nacional, departamental y municipal. Este último así: «dos terceras partes designados libremente por el alcalde y la otra tercera parte escogida entre los Vocales de Control registrados por los Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos domiciliarios», encontrándola ajustada a los principios de igualdad y equidad; (ii) así como la sentencia del 11 de diciembre de 2006, proferida por la Sala Plena de la Sección Primera del Consejo de Estado, expediente 76001-23-31-000-2001-02199-01, donde se indicó que ante la falta de regulación de la renuncia de los miembros de la junta directiva de las empresas de servicios públicos domiciliarios, deben aplicarse por analogía las disposiciones previstas en el Decreto 2400 de 1968, artículo 27, en el que se establece que todo aquel que sirva a un empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente, y que este se dejará de ejercer en la fecha en la que el acto administrativo de aceptación de la renuncia determine la fecha de retiro.
La jurisprudencia traída como referente por parte del juzgador para efecto de estudiar el caso del señor Hipólito Durán Zúñiga se constituyen como precedentes jurisprudenciales a seguir por parte del juez natural, en razón a su fuerza vinculante, la cual se pregona tanto de las sentencias de unificación y constitucionalidad de la Corte Constitucional, como de unificación del Concejo de Estado.
La fuerza vinculante de las decisiones, se constituyen en fuente de derecho y criterio de interpretación judicial, en el marco de los artículos 228 y 230 constitucionales, de las cuales el operador jurídico puede hacer uso bajo sus facultades propias de autonomía e independencia judiciales, dentro de las cuales el juez de tutela solo puede inmiscuirse cuando avizore juicios arbitrarios, lo cual no ocurre en el caso.
Las alegaciones presentadas por el accionante tendientes a señalar que el nombramiento del vocal de control de servicios públicos no la realiza el alcalde municipal, ceden ante el contenido textual del artículo 27 de la Ley 142 de 1994, en el que el legislador previó de manera expresa la forma de designación y nombramiento de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas oficiales de los servicios públicos domiciliarios, artículo por demás declarado exequible por la Corte Constitucional.
Igual conclusión merece lo referido por el fallador con respecto de la necesidad de verificación expresa de la renuncia, ante aquél servidor encargado de su nombramiento, evento en todo caso estudiado por la Sala Plena de la Sección Primera del Consejo de Estado, a partir de lo cual ha referido de forma unánime que ante la falta de regulación en materia de renuncia de los miembros de las Juntas Directivas de las empresas de servicios públicos domiciliarios, deben aplicarse por analogía las disposiciones previstas en el Decreto 2400 de 1968, en el que se establece que la renuncia surte efectos desde la fecha en la que «el acto administrativo de aceptación de la renuncia determine la fecha de retiro», acto administrativo que en el caso del accionante como vocal de control, debió expedirse por el alcalde municipal.
En gracia de discusión, vale traer a colación al respecto el principio según el cual «en derecho las cosas se deshacen como se hacen», para significar que si el accionante como vocal de control de servicios públicos, de acuerdo con el contenido de los artículo 62 de la Ley 142 de 1994 y 15 del Decreto 1529 de 1995, luego de que fuera «designado» por el Comité de Desarrollo y Control Social, tenía la carga de solicitar su «reconocimiento e inscripción» ante el alcalde municipal, para actuar frente a las autoridades municipales y la empresa de servicio público donde ejercería control, tenía también la obligación de surtir igual procedimiento para efecto de su renuncia; esto es, solicitar por parte del alcalde municipal el reconocimiento e inscripción de su renuncia como vocal de control de servicios públicos.
En suma, la Sala no encuentra que el operador jurídico accionado haya incurrido en defecto fáctico en la valoración probatoria efectuada para determinar la estructuración de la conducta imputada; por el contrario, la valoración fue efectuada bajo los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables al caso en cuestión.
Ahora bien, luego de que el Consejo de Estado encontrara estructurada la causal de pérdida de investidura imputada, esto es, de encontrar satisfecho el elemento objetivo de responsabilidad, procedió a analizar el «elemento subjetivo», de acuerdo con las previsiones dispuestas en la sentencia SU-424 de 2016. Evento que sustentó en los siguientes considerandos:
Como de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-424 de 2016, en las acciones de pérdida de investidura debe abordarse, a más de acreditarse, los supuestos normativos de la causal endilgada, en ese caso, la violación del régimen de incompatibilidades por ser miembro de la Junta Directiva de una Empresa de Servicios Públicos y Concejal en el mismo municipio, el abordaje del aspecto subjetivo requiere del análisis de la culpa, entendida como la diligencia debida para el desarrollo de determinada actividad.
Al respecto esta Sala ha señalado que «para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud».
En estos términos consideró que: «en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad (el accionado) debía saber que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido».
En torno de estos lineamientos jurisprudenciales cabe anotar que en el presente caso, como el señor Hipólito Durán Zúñiga fue designado por el alcalde municipal para desempeñarse como vocal de control en la Junta Directiva de la empresa prestadora de servicios públicos Aguas del Socorro S.A. E.S.P., no sólo estaba obligado a conocer el régimen jurídico aplicable a los vocales de control sino también el de los concejales, pues como miembro del Comité de Control Social de los servicios públicos del municipio y posteriormente, miembro de la Junta Directiva de la empresa prestadora de servicios públicos en el mismo municipio, para evitar cualquier conflicto de intereses debía saber que no podía ocupar el cargo de concejal, de elección popular en el mismo municipio, sin que hubiese presentado la renuncia oportunamente a la Junta Directiva de la Empresa.
Desconocer que debía presentar su renuncia ante el Alcalde del municipio quien fue la persona que lo designó para integrar la Junta Directiva, y que luego debía proceder a registrar el acto en el registro mercantil correspondiente, no justifica su actuar ni lo exonera de incurrir en la incompatibilidad que da lugar a la pérdida de investidura como concejal del municipio del Socorro para el cual resultó elegido.
La culpabilidad del servidor público en la estructuración de la incompatibilidad fue apreciada por el juzgador de manera positiva, ante la correspondiente obligación que le asistía de «conocer el régimen jurídico aplicable tanto a los vocales de control de servicios públicos como a los concejales».
En el caso, el accionante debió informarse de los requisitos y procedimientos que debía cumplir para renunciar al cargo de vocal de control de servicios públicos domiciliarios, a efecto de que en el momento de que tomara posesión como concejal no estuviera incurso en alguna incompatibilidad que generara la pérdida de su investidura, tal como ocurrió.
La omisión en enterarse de las rigurosidades exigidas para dejar el cargo, estructura de manera fehaciente el elemento culpabilidad dentro del juicio, pues involucra de manera directa la presunción o principio del derecho según la cual «la ignorancia de la ley no sirve de excusa», lo que implica que en el caso, el servidor público no puede ser relevado de las consecuencias legales que comporta su falta de cuidado o negligencia en enterarse de la forma en que se debía protocolizar su renuncia.
Valga traer al tema las palabras del exmagistrado Carlos Gaviria Díaz (q.e.p.d), que en torno a la referida presunción indicó: «Puede afirmarse con certeza que no hay siquiera un jurista especializado en una disciplina jurídica particular que pueda responder por el conocimiento cabal de las que constituyen el área de su especialidad. Mucho menos puede esperarse que un ciudadano corriente conozca todas las normas que se refieren a su conducta». No obstante, «…es necesario exigir de cada uno de los miembros de la comunidad que se comporte como si conociera las leyes que tienen que ver con su conducta. La obediencia al derecho no puede dejarse a merced de la voluntad de cada uno, pues si así ocurriera, al mínimo de orden que es presupuesto de la convivencia comunitaria, se sustituiría la anarquía que la imposibilita».
Ahora bien, aunque el accionante imputa un análisis errado y sesgado de las pruebas respecto de la conducta, pues a su juicio, no tuvo en cuenta las pruebas e indicios que se desarrollaron en el caso, a saber, (i) las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la Empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., de donde someramente se puede extraer su renuncia; (ii) el certificado suscrito por el gerente de la empresa Aguas del Socorro S.A. E.S.P., donde se evidencia que renunció ante la Junta Directiva; (ii) la no asistencia a ninguna otra reunión como miembro de la Junta Directiva a partir del 30 de diciembre de 2015; y, (iv) la renuncia presentada en enero, en la que se ratifica la renuncia verbal realizada en diciembre durante la última de las reuniones de la junta; son estas circunstancias que el fallador procedió a desestimar a lo largo del estudio del caso.
De un lado, de las actas de las reuniones de la Junta Directiva de la empresa de servicios públicos realizadas en el mes de diciembre de 2015, no se puede extraer la prueba de una renuncia explícita, pues como se dejó anotado párrafos arriba, en la sesión del 17 de diciembre de 2017 solo se anunció la necesidad de elegir un nuevo vocal de control, que en ningún caso lo relevan del cargo y, de otro, del certificado suscrito por el gerente de la empresa, la no asistencia a ninguna otra reunión como miembro de la Junta Directiva a partir del 30 de diciembre de 2015 y la ratificación de la renuncia presentada el 27 de enero de 2016, solo pueden dar cuenta del conocimiento de la incompatibilidad en la que podría estar incurso, pero que en todo caso no procedió a tramitar en sentido estricto, esto es, no solo no asistir a las sesiones de la Junta Directiva, sino solicitar el pronunciamiento del alcalde municipal en el reconocimiento e inscripción de su renuncia.
3 Conclusión
La Sala encuentra que la Sección Primera del Consejo de Estado no incurrió en el defecto fáctico invocado, pues la valoración probatoria efectuada para determinar la estructuración objetiva y subjetiva de la conducta imputada, se realizó bajo los parámetros normativos y jurisprudenciales aplicables al caso, razón por la que se denegará en amparo de tutela invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla
Primero: Denegar el amparo de tutela solicitado por el señor Hipólito Duran Zúñiga, conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo: En caso de no ser impugnada esta providencia, devolver al despacho de origen el expediente de pérdida de investidura radicado 68001-23-33-000-2016-01393-01, remitido en calidad de préstamo.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
El reglamento del Consejo de Estado, previsto mediante Acuerdo 55 de 2003, prevé en su artículo segundo, literal C, que «las demandas de tutela dirigidas contra actuaciones del Consejo de Estado, serán repartidas a la sección o subsección que siga en orden a aquélla en que tuvo origen la actuación».
T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
Reiteradas en la sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
Ver entre otras, las sentencias C-649 de 2011, T-235 de 2007, T-086 de 2007, A-197 de 2006, SU-1159 de 2003, T-1013 de 2001, SU-858 de 2001 y T-193 de 1995.
Como garantía del principio de la seguridad jurídica, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados por la Corte Constitucional.
Sentencias T-567 de 1998, T-310 de 2009 y T-590 de 2009, entre otras.
Refirió la Corte al respecto: «… al participar los ciudadanos que forman parte de los Comités de Desarrollo y Control Social de las empresas del orden municipal, en la elección de los vocales de control de los que saldrán, por nombramiento del respectivo alcalde, una tercera parte de los miembros de las juntas directivas de las mismas, lejos de restringirse el ámbito de aplicación de los principios y preceptos propios de la democracia participativa y de la participación cívica y comunitaria, que se han analizado en esta providencia, lo que se está es más bien garantizando en debida forma que, como consecuencia de la participación en la gestión y fiscalización de las empresas, dichos vocales de control actúen en representación de los habitantes de determinado municipio, a través de los referidos comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios integrados por usuarios, suscriptores o potenciales suscriptores de los mismos.
Por el cual se regula la administración del personal civil que presta sus servicios a la rama ejecutiva.
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el Capítulo I del Título V de la Ley 142 de 1994, en relación con el Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios.
Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Primera, Bogotá D.C., 25 de mayo de 2017, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, expediente 81001-23-39-000-2015-00081-01.
Sentencia C-651 del 3 de diciembre de 1997.
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