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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01562-01

Acción de tutela contra providencia judicial: configuración del defecto por desconocimiento del precedente

Fecha
26 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Jorge Octavio Ramírez Ramírez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2018-01562-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Confirmar la decisión impugnada, proferida el 27 de junio de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01562-01

Consejero ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

26 de septiembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Configuración del defecto por desconocimiento del precedente / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD, DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EJECUTIVA - Durante el proceso de liquidación de Cajanal / PROCESO EJECUTIVO

[E]l actor afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, durante la liquidación de Cajanal era inoperante el término de caducidad, conforme lo ordenaba la Ley 550 de 1999. (…) la Sala considera que la propuesta del Tribunal, en comparación con el precedente existente, no satisface de mejor manera el derecho de acceso a la administración de justicia. (…) la Sala pone de presente que el actor presentó la demanda ejecutiva más de siete (7) años después de ejecutoriada la sentencia porque el ordenamiento jurídico colombiano le impedía hacerlo con anterioridad. En efecto, la interpretación normativa propuesta por el tribunal accionado no tuvo en cuenta que el artículo 6 del Decreto Ley 254 del 2006, modificado por la Ley 1105 de 2006, y el artículo 6 del Decreto 2196 de 2009 (…) La norma transcrita demuestra que durante la liquidación de Cajanal no era posible adelantar ningún proceso ejecutivo en su contra. (…) Por lo anterior, la interpretación propuesta por el Tribunal deja sin protección al administrado en cuanto que le impide presentar la demanda ejecutiva de forma simultánea o posterior a la liquidación de la entidad condenada judicialmente, e impide que el usuario de la administración de justicia obtenga el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial ejecutoriada hace más de siete (7) años, sin que el retardo le sea atribuible a su conducta. (…) para la Sala se configura el defecto por desconocimiento del precedente (…). Por tal motivo, la Sala confirmará la providencia impugnada que amparó los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor [E.B.G.].

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 550 DE 1999 - ARTÍCULO 14 / LEY 1105 DE 2006 / DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 254 DEL 2000 / DECRETO 2196 DE 2009

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero ponente: JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01562-01(AC)

Actor: EDUARDO BLANCO GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en calidad de tercero con interés, contra la sentencia del 27 de junio de 2018, proferida por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Eduardo Blanco Gómez.

SEGUNDO: DÉJESE SIN EFECTOS la providencia de 9 de noviembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual se confirmó el auto de 11 de julio de 2017, dictado por el Juzgado 52 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que se abstuvo de librar mandamiento ejecutivo de pago a favor del señor Eduardo Blanco Gómez, dentro del proceso tramitado bajo el radicado 11001-33-42-052-2016-00653-02.

TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que en el término de treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera providencia de remplazo, teniendo en cuenta que el término de caducidad se suspendió desde el 12 de junio del 2009 hasta el 12 de junio de 2013. (…)”.
ANTECEDENTES

El 15 de mayo de 2018, el señor Eduardo Blanco Gómez, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, y a la igualdad.

1. Pretensiones

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. AMPARAR los derecho de, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, IGUALDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS de la Señora (sic) EDUARDO BLANCON (sic) GÓMEZ.

2. ORDENAR al JUZGADO CINCUENTA Y DOS (52) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN ‘A’, en amparo a los derechos enunciados, revocar sus providencias de auto de fecha 11 de julio de 2017 y auto de fecha 09 de noviembre de 2017, notificadon (sic) personalmente del 15 de noviembre de 2017 respectivamente, y en consecuencia se ordene librar mandamiento de pago.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los derechos aquí tutelados”.

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Eduardo Blanco Gómez presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL), pretendiendo la reliquidación de su pensión e jubilación.

De dicho proceso conoció el Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá con el radicado 2007-00260, que mediante sentencia del 18 de mayo de 2009, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.2. Durante el trámite de la segunda instancia, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2196 de 2009, que ordenó la supresión y liquidación de CAJANAL.
2.3. Mediante sentencia del 29 de octubre de 2009 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A” confirmó parcialmente la decisión de primera instancia. Esta decisión quedó ejecutoriada el 25 de noviembre de 2009.

2.4. En cumplimiento de la orden judicial, la Unidad de Gestión Misional profirió la Resolución UGM 001113 del 15 de julio de 2011 para reliquidar la pensión del demandante.

2.5. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales (en adelante UGPP), en enero de 2012, reportó al Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP la novedad de la inclusión en nómina de la Resolución UGM 001113 del 15 de julio de 2011.

2.6. Debido a lo anterior, el pensionado recibió el pago del capital debidamente indexado, pero no de los intereses moratorios previstos en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al caso).

2.7. El proceso de liquidación de CAJANAL finalizó mediante la Resolución 4911 del 11 de junio de 2013.

2.8. El pensionado presentó demanda ejecutiva contra la UGPP el 21 de septiembre de 2016.

2.9. De dicho proceso conoció el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá con el radicado 2016-00653, que mediante auto del 11 de julio de 2017 negó el mandamiento de pago solicitado, porque consideró que operó el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva.

2.10. La anterior decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –Subsección “A”, que mediante auto del 9 de noviembre de 2017 la confirmó por las mismas razones.

3. Fundamentos de la acción

El actor considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, porque a su juicio, al proferir los autos del 11 de julio y 9 de noviembre de 2017, el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y la Subsección “A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente, incurrieron en defecto sustantivo y por desconocimiento del precedente. Para sustentar estos cargos afirma lo siguiente:

3.1. Frente al defecto sustantivo, destacó que las decisiones judiciales acusadas desconocieron que el artículo 14 de la Ley 550 de 2006, aplicable en virtud de la remisión del artículo 1 de la Ley 1105 de 2006, establece la inoperancia del término de caducidad durante el proceso liquidatorio.

De haber tenido en cuenta dicha norma, habrían concluido que la orden judicial cuya ejecución pretendió sólo fue exigible a partir 11 de junio de 2013, cuando finalizó la liquidación de CAJANAL.

Por tanto, el término de caducidad inició el 12 de junio de 2013 y finalizó el 12 de junio de 2018. En consecuencia, la demanda ejecutiva presentada el 21 de septiembre de 2016 fue oportuna.

3.2. Considera que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual la durante la liquidación de CAJANAL se suspendió el término de caducidad de las acciones ejecutivas.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Avocado el conocimiento de la presente acción por la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por auto del 21 de mayo de 2018, se ordenó notificar a las partes y se dispuso la vinculación como terceros con interés, de la UGPP y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE (fl. 43).

4.2. El Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá se pronunció frente a los hechos narrados en la solicitud de amparo, señalando que la decisión judicial no vulneró los derechos fundamentales del actor porque estuvo sustentada en las normas vigentes sobre la materia (fls. 51 a 53).

Explicó que el artículo 14 de la Ley 550 de 1999 no era aplicable en el caso concreto porque no regula la liquidación de entidades públicas, sino el acuerdo de reestructuración de empresas privadas.

Que el Decreto 2196 de 2009 estableció que la liquidación de CAJANAL sería regida por el Decreto-Ley 254 del 2000 y la Ley 1105 de 2006, y que la Ley 1105 de 23006 no hace ninguna remisión a la Ley 550 de 1999, sino al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Finalmente indicó que no desconoció el precedente porque el tribunal expuso de forma razonada los motivos para apartarse de la postura jurisprudencial del Consejo de Estado.
4.3. Por su parte, la UGPP señaló que no existe un defecto sustantivo porque los jueces de instancia aplicaron las normas que rigen el caso concreto con base en una interpretación razonable. Y agregó que el actor no demostró la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez de tutela (fls. 59 a 67).

4.4. La Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE no presentaron sus informes aunque fueron debidamente enterados de la existencia del proceso de la referencia (fls. 45 y 49).

5. Providencia impugnada

Mediante providencia del 27 de junio de 2018, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales invocados por el actor (fls. 100 a 109).

Explicó que esa Subsección considera que el Decreto 4269 del 8 de noviembre de 2011 estableció que las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales presentadas a partir de ese momento, serían resueltas por la UGPP, mientras que las demás seguirían siendo competencia de CAJANAL, así lo expuso en providencia del 30 de junio de 2016 (expediente 3637-2014).

Que por lo tanto, el precedente establecido por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado, según el cual la caducidad no operó durante la liquidación de CAJANAL hasta el 11 de junio de 2013, sólo es aplicable en los casos en que la solicitud de cumplimiento de la sentencia fue presentada antes de esa fecha.

En los demás casos, la caducidad va hasta el 8 de noviembre de 2011, porque a partir de ese momento es la UGPP la competente para dar cumplimiento a la orden judicial.

En el caso concreto, el término de caducidad de la acción ejecutiva no corrió durante todo el proceso de liquidación de CAJANAL (entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013) porque el actor solicitó el cumplimiento de la sentencia el 23 de marzo de 2010, es decir cuando CAJANAL era la competente para hacerlo.

En consecuencia, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente porque no tuvieron en cuenta el término durante el cual fue inoperante la caducidad de la acción ejecutiva.

6. Impugnación

La UGPP impugnó la anterior decisión señalando que en el caso bajo examen, la demanda ejecutiva fue presentada cuando había operado la caducidad de la acción porque transcurrieron más de 5 años entre su presentación y la ejecutoria de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho.

Y agregó que el juez de tutela de primera instancia no hizo ninguna mención sobre la improcedencia de la tutela contra providencia judicial (fls. 117 a 121).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.

Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales y especiales que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

3. Delimitación del análisis y planteamiento del problema jurídico

3.1. La Sala pone de presente que la solicitud de amparo de tutela, aunque invocó dos defectos (sustantivo y por desconocimiento del precedente), está sustentada en un solo argumento: que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta que durante la liquidación de CAJANAL no operaba el fenómeno de la caducidad.

Debido a lo anterior, los cargos serán analizados conjuntamente desde la óptica del desconocimiento del precedente porque este abarca los dos defectos alegados por el actor.

3.2. Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá y la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrieron en un desconocimiento del precedente al proferir los autos del 11 de julio y 9 de noviembre de 2017, respectivamente, mediante los cuales declararon la caducidad de la acción ejecutiva promovida por el señor Eduardo Blanco Gómez.

3.3. Como en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, la sala verificará si se configuran los defectos alegados.

4. Defecto por desconocimiento del precedente

4.1. La vulneración del principio de igualdad, en casos que se relacionan con providencias judiciales, o que tienen como fundamento una o más decisiones judiciales, se relaciona, necesariamente, con el principio de cosa juzgada, con la estabilidad jurídica que garantiza el sistema judicial y, de paso, con los intereses de las demás personas que intervinieron durante el trámite judicial.
El elemento imprescindible para establecer si con ocasión de una decisión judicial se vulneró el derecho-principio de igualdad en un caso concreto, por regla general, es el precedente judicial. En virtud de este toda persona tiene derecho de recibir un trato igualitario por parte de los funcionarios judiciales; esto es, de obtener una decisión (providencia) semejante a la que se adoptó en otros procesos con fundamentos fácticos similares.

Para la Sección, solo puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) eran vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (precedente vinculante); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante), (iv) y que el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente).

4.2. En el caso bajo examen, el actor afirmó que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente establecido por el Consejo de Estado, según el cual, durante la liquidación de Cajanal era inoperante el término de caducidad, conforme lo ordenaba la Ley 550 de 1999.
Esta Sala, en un caso con similitud fáctica y jurídica al de la referencia, consideró que el precedente invocado por el actor existe y que, desde hace tres (3) años, es reiterado pacíficamente por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado. En virtud de dicho precedente, se tiene que:

i) Cajanal fue liquidada por mandato del Gobierno Nacional mediante Decreto 2196 de 2009, obedeciendo a un plan de reestructuración institucional, en procura de garantizar la prestación eficiente del servicio público de seguridad social en pensiones y que dentro de los sustentos normativos de dicho decreto estuvo el Decreto-Ley 254 de 2000, modificado por la Ley 1105 de 2006, donde se habilitó la aplicación, en lo pertinente, de las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y del Código de Comercio sobre liquidación, en cuanto fueran compatibles con la naturaleza de la entidad.

ii) En dicha decisión, se hizo mención a la Ley 550 de 2009, en cuyo inciso segundo del artículo 14 indica que “…Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario’”, por lo que, dada la remisión normativa contenida en el inciso segundo del artículo 1º del Decreto Ley 254 de 2000, los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal no corrieron durante el tiempo que transcurrió en su liquidación administrativa que concluyó el 11 de junio de 2013.

iii) Los términos de prescripción y de caducidad de las obligaciones a cargo de la extinta Cajanal no corrieron durante el tiempo que transcurrió su liquidación. Dicho término fue suspendido a partir del 12 de junio de 2009 por el inicio de la liquidación de Cajanal, y reinició el 12 de junio de 2013, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 877 de 2013.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las providencias acusadas se profirieron el 11 de julio y 9 de noviembre, ambas de 2017, se concluye que dicho precedente era vinculante al momento de su expedición.

Por lo anterior, se entienden cumplidos los primeros dos elementos necesarios para demostrar el desconocimiento del precedente, esto es, la existencia del precedente y el carácter vinculante del mismo.

4.3. En cuanto a los otros dos elementos –esto es, que la decisión judicial que se cuestiona sea contraria al precedente vinculante, y la inexistencia de justificación razonable para separarse del precedente–, en el expediente está demostrado que el Juzgado Cincuenta y Dos Administrativo de Bogotá, en el auto del 11 de julio de 2017, no tuvo en cuenta el precedente y no expuso ningún motivo para apartarse de él.

Consta que el juzgado se limitó a indicar que, para contabilizar el término de la caducidad, el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 prevé un término de diez (10) meses para que las entidades cumplan las sentencias judiciales; y que el término de caducidad de cinco (5) años previsto para la demanda ejecutiva debe iniciar finalizado el anterior plazo, porque sólo desde ese momento es exigible la obligación contenida en la sentencia.

Así las cosas, puso de presente que la sentencia cuya ejecución pretendía el actor quedó ejecutoriada el 25 de noviembre de 2009, por lo que el plazo para darle cumplimiento finalizó el 25 de septiembre de 2010. A partir de ese momento inició el término de caducidad en el caso concreto, por lo que el actor tenía hasta el 26 de septiembre de 2015 para presentar su demanda. Sin embargo, lo hizo de forma extemporánea el 26 de septiembre de 2016, cuando había operado el fenómeno de la caducidad de la acción ejecutiva.

Lo anterior, se reitera, demuestra que el juzgado desconoció el precedente porque no puso de presente su existencia ni expuso los motivos por los cuales se apartó de él.

4.4. Por su parte, la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el auto del 9 de noviembre de 2017 sí puso de presente la existencia del precedente y los motivos por los cuales esa autoridad judicial se apartó de él.

En efecto, indicó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en auto del 25 de agosto de 2015, consideró en un caso similar que durante la liquidación de Cajanal no operaba el término de caducidad por aplicación del artículo 14 de la Ley 550 de 1999. Empero, señaló que se apartaba de dicho precedente porque a su juicio dicha norma no era aplicable al caso concreto por tres motivos:

i) El primero, porque el artículo 14 ibídem sólo prevé la inoperancia de la caducidad durante la negociación de un acuerdo de reestructuración. Sin embargo, Cajanal no fue sometido a este tipo de procedimientos, sino que el Decreto 2196 de 2009 ordenó su liquidación. Así las cosas, se tratan de supuestos de hechos distintos.

ii) El segundo, ya que la Ley 550 de 1999 tuvo una vigencia temporal de sólo siete (7) años y seis (6) meses, por lo que no estaba vigente al momento en que inició el procedimiento de liquidación de Cajanal.

iii) El tercero, porque el artículo 2º del Decreto 2196 de 2009, que ordenó la liquidación de Cajanal, no dispuso que el régimen de la liquidación correspondería al previsto en la Ley 550 de 1999. En realidad, dicha norma indicó que la liquidación se realizaría conforme con el Decreto Ley 254 del 2000 y la Ley 1105 de 2006.

4.5. Ahora bien, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, para que el juez pueda apartarse legítimamente del precedente, debe cumplir dos requisitos: (i) hacer explícitas las razones del apartamiento y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

Para dar por cumplido este último requisito, la Corte aclara que se debe demostrar porqué la opción propuesta es necesaria, porqué la postura abandonada es inaceptable, y porqué la nueva postura garantiza de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

En el caso bajo examen, si bien la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca justificó de forma explícita porqué considera inaceptable el precedente, no indicó porqué la postura que propone es necesaria, ni cómo satisface de mejor manera el derecho de acceso a la administración de justicia.

Por el contrario, la Sala considera que la propuesta del Tribunal, en comparación con el precedente existente, no satisface de mejor manera el derecho de acceso a la administración de justicia.

Debe tenerse en cuenta que este derecho, en cuanto fundamental, no consiste sólo en poner en movimiento a la Rama Judicial, sino en la obtención oportuna de una decisión que sea cumplida de forma eficaz y pronta. Por este motivo es que el efectivo cumplimiento de las decisiones judiciales es considerado un elemento que integra al principio de Estado Social de Derecho.

Esta consideración resulta relevante si se tiene en cuenta que, en el caso concreto, el actor presentó su demanda ejecutiva para obtener el pago de los intereses moratorios a los que considera tener derecho por el incumplimiento de una sentencia ejecutoriada el 25 de noviembre de 2009.

Adicionalmente, la Sala pone de presente que el actor presentó la demanda ejecutiva más de siete (7) años después de ejecutoriada la sentencia porque el ordenamiento jurídico colombiano le impedía hacerlo con anterioridad.

En efecto, la interpretación normativa propuesta por el tribunal accionado no tuvo en cuenta que el artículo 6° del Decreto Ley 254 del 2006, modificado por la Ley 1105 de 2006, y el artículo 6 del Decreto 2196 de 2009 establecen la siguiente función del liquidador de Cajanal:

“d) Dar aviso a los jueces de la República del inicio del proceso de liquidación, con el fin de que terminen los procesos ejecutivos en curso contra la entidad, advirtiendo que deben acumularse al proceso de liquidación y que no se podrá continuar ninguna otra clase de proceso contra la entidad sin que se notifique personalmente al liquidador;”

La norma transcrita demuestra que durante la liquidación de Cajanal no era posible adelantar ningún proceso ejecutivo en su contra. Incluso, la disposición legal establece la obligación de los jueces de la República de dar por terminados todos los procesos ejecutivos adelantados contra esa entidad.

Por lo anterior, la interpretación propuesta por el Tribunal deja sin protección al administrado en cuanto que le impide presentar la demanda ejecutiva de forma simultánea o posterior a la liquidación de la entidad condenada judicialmente, e impide que el usuario de la administración de justicia obtenga el cumplimiento efectivo de una sentencia judicial ejecutoriada hace más de siete (7) años, sin que el retardo le sea atribuible a su conducta.

En este punto, la Sala reitera su posición en relación con la remisión normativa que debió hacerse a efectos de establecer los efectos que causó en su momento el proceso en el que se encontró Cajanal y que trajo consecuencias, para el caso concreto, en relación con el conteo de la caducidad para iniciar la respectiva demanda ejecutiva.

4.6. En este orden de ideas, para la Sala se configura el defecto por desconocimiento del precedente, en cuanto que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se apartó del precedente vinculante sin demostrar que su interpretación desarrollara de mejor manera los derechos, principios y valores constitucionales.

Por tal motivo, la Sala confirmará la providencia impugnada que amparó los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia del señor Eduardo Blanco Gómez.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Confirmar la decisión impugnada, proferida el 27 de junio de 2018 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Folios 108 y 109 del expediente. Folio 1 del expediente. Folio 22 del expediente. Al respecto cita las siguientes providencias: (i) del 25 de agosto de 2015, radicado: 25000-23-42-000-2015-01327-01 (1777-2015); y del 29 de marzo de 2016, expediente: 5042-2015, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela. Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-102 de 2014: “la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que también el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical-, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe”. Sentencias T-644 de 1998 y T-670 de 1999 proferidas por la Corte Constitucional. En este sentido ver la sentencia del 23 de abril de 2014 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Radicado: 11001 03 15 000 2013 02625 00. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez. La Sección ha decantado algunas reglas para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial. Entre otras, en la sentencia de marzo 27 de 2013, la primera y más elemental regla es que, “En la tutela, el demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció” (radicado 11001-03-15-000-2013-02741-00. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia). Esta regla se fundamenta, entre otras, en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-1108 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), en virtud de la cual, “[…] la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis […] El juez constitucional no puede asumir la existencia de un precedente en asuntos que no son de la justicia constitucional. Para éste, se trata de hechos que han de probarse en el proceso y, así mismo, ser debidamente valorados por las partes.”. La fuerza vinculante del precedente puede provenir, en principio, de su expreso reconocimiento legal o jurisprudencial.

Corresponden a la primera especie las sentencias de unificación de jurisprudencia, de que trata el Artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual dispone que, “Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corresponden a la segunda especie, aquellas providencias que, sin ser sentencias de unificación en el sentido de la disposición precedente, unifican las tesis divergentes, respecto de un asunto de derecho, en un órgano determinado. Estas últimas se caracterizan no solo por resolver el asunto bajo examen sino, primordialmente, por definir una subregla jurisprudencial con vocación de futuro; esto último no obsta para que dicha subregla se modifique con el tiempo. Al respecto ver la sentencia del 1º de junio de 2017. Expediente N° 11001-03-15-000-2017-00706-00. Folios 25 a 31 del expediente. Auto del 25 de agosto de 2015 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicado número: 25000 23 42 000 2015 01327 01 (1777-2015). Actora: Rosa Ana Novoa de Pabón. Consejero Ponente (E): Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Véase la sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional. Ibídem. En este sentido ver la Sentencia T-003 de 2018 de la Corte Constitucional. Hecho reconocido por el tribunal en la providencia acusada. Folio 33 del expediente.

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