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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01563-01

Tutela contra providencia judicial

Fecha
13 de noviembre de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-01563-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 24 de agosto de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo de derechos fundamentales del señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié dentro de la acción de tutela por él presentada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por Secretaría General de la Corporación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-01563-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

13 de noviembre de 2018

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELIQUIDACIÓN PENSIONAL / INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL - No procede pretensión / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / SENTENCIAS ALEGADAS COMO DESCONOCIDAS NO CONSTITUYEN PRECEDENTE / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - No configuración

[El problema jurídico consiste en determinar lo siguiente:] ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales cuya protección invoca el [actor], al proferir la sentencia de 6 de diciembre de 2017, mediante la cual confirmó la negativa a su pretensión de indexación de la primera mesada pensional incurriendo, presuntamente, en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución? (…) [S]i bien no existe un precedente en materia de indexación de la primera mesada pensional, la sección segunda del Consejo de Estado, en materia contenciosa y constitucional, ha sido pacífica en reconocer dicho derecho respecto de quienes habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, se retiran sin haber acreditado el cumplimiento de la edad requerida, lo cual sucede luego de haber transcurrido un tiempo considerable de por lo menos un año. Situación que, precisamente, no fue la acreditada por el [actor]. (…) Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece de defecto alguno, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo. (…) Ahora, si bien es cierto la parte actora alega un desconocimiento del precedente con fundamento en decisiones de esta Corporación, respecto de los cuales considera le son favorables a sus pretensiones, se advierte en primer lugar, que estas no constituyen precedente, (…) y, en segundo lugar, que las situaciones fácticas de los mencionados casos, tal como lo mostró el a quo, no son similares a la del actor, pues en esas decisiones ocurrió un retiro del servicio y la adquisición del status de pensionado tiempo después, en cambio, en el presente caso, cuando el actor se retira del servicio ya tenía reconocido su derecho. (…) [L]o anterior, permite concluir a la Sala que, contrario a lo alegado por la parte accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo ni violación de la Constitución al emitir la decisión cuestionada y que lo que se encuentra es, claramente, una inconformidad con el resultado del análisis normativo y la posición adoptada por el juez natural con fundamento en antecedentes del órgano de cierre sobre la materia, lo cual no es atacable vía tutela en la medida en que aquella cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01563-01(AC)

Actor: ÁLVARO ERNESTO OCAMPO HINCAPIÉ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié contra la sentencia de 24 de agosto de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales por él invocados, dentro de la acción de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con ocasión de la sentencia de 6 de diciembre de 2017, de segunda instancia, a través de la cual se negó su pretensión de indexación de la primera mesada pensional, al considerar que dicha decisión se encuentra incursa en vía de hecho por desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

La UGPP reconoció una pensión de jubilación en favor del señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié, pero sin incluir la totalidad de factores devengados durante el último año de servicios, por lo que, luego de agotar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y acción de tutela, finalmente, se ordenó la reliquidación pensional en los términos pretendidos, no obstante, negó lo pertinente a la pretensión de indexación de la primera mesada, al señalar que:

«[…] Se observa que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante Resolución No. 000657 de enero de 2006, efectuó la actualización con la referencia del índice de precios al consumidor a partir del año 1992 hasta el año 2004, habiéndose reconocido la pensión a partir del 1 de abril de 2005, por lo que considera la Sala, no se configura una pérdida del valor adquisitivo de dominio, falencia que busca subsanar la indexación […]»

Al respecto, la parte actora considera que dicha decisión esta incursa en desconocimiento del precedente, defecto fáctico y violación directa de la Constitución, toda vez que «la indexación de la mesada se reconoce a partir de la FECHA DEL RETIRO DEFINITIVO DEL SERVICIO OFICIAL HASTA LA ADQUISIÓN DE SU ESTATUS PENSIONAL» (Subrayado texto original)

1.2. Pretensiones.

Con fundamento en los hechos expuestos, la parte accionante elevó las siguientes:

«1. AMPARAR los derechos fundamentales: IGUALDAD PROCESAL, FAVORABILIDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL.

2. REVOCAR la decisión proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, el 06 de diciembre de 2017, y en consecuencia ordene la reliquidación de la pensión de mi asistido con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio y también se reconozca indexar la primera mesada pensional del accionante, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
[…]»

1.3. Actuación procesal de instancia.

Mediante auto de 1.° de junio de 2018, la sección primera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia, y ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, asimismo, ordenó notificar al Juez Diecinueve Administrativo de Cali y a la UGPP, en calidad de terceros interesados, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4. Informes rendidos en el proceso.

1.4.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

El magistrado ponente, mediante escrito de 8 de junio de 2018, respecto de la situación del actor señaló:

«[…]

Así las cosas, manifiesto que de acuerdo con las pruebas obrantes dentro del expediente, se encontró acreditado que el señor ALVARO ERNESTO OCAMPO HINCAPIE laboró hasta el 8 de marzo de 1992 y acreditó 55 años de edad el 21 de abril de 2005, fecha a partir la cual cumplió con los requisitos para acceder a la pensión, la que fue reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social, mediante resolución No. 000657 de enero de 2006, efectiva a partir del 1° de abril de 2005.

En el referido acto se observó que CAJANAL actualizó el valor de la mesada pensional desde el año 1992 último año de labores del accionante, hasta la fecha a partir de la cual se hizo efectivo el reconocimiento de la pensión de jubilación, como quedó consignado en el fallo objeto de reparo. Por tanto, en aplicación del precedente jurisprudencial se observó que no se configuró una pérdida del valor adquisitivo de la moneda. […]»

1.4.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

El ente previsional, mediante escrito de 12 de junio de 2018, manifestó de la acción de tutela es improcedente para reclamar prestaciones económicas, además de que se estaría desconociendo la existencia de cosa juzgada al respecto, no solo por parte del juez ordinario sino por el juez de tutela también.

1.4. Sentencia de tutela impugnada.

La sección primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de agosto de 2018, resolvió negar la solicitud de amparo al considerar que no se incurrió en desconocimiento del precedente, en tanto las sentencias mencionados para tal fin trataron situaciones fácticas disímiles a la del actor.

1.5. Impugnación.

Mediante escrito de 24 de septiembre de 2018, el Tribunal accionado impugnó el fallo de primera instancia, insistiendo en los argumentos expuestos inicialmente; además, resaltó que «independientemente que con el reconocimiento de la pensión [se] haya ordenado la indexación de la primera mesada pensional, con las siguientes reliquidaciones que tenga la pensión se debe volver a indexación (sic) la primera mesada pensional, pues al generarse un nuevo valor de la mesada , dicho valor es liquidado sobre el último año de servicio, debiendo ser actualizado hasta la fecha del status pensional.»

CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito tutelar y las pruebas que obran en el expediente, se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) Competencia, ii) Determinación del problema jurídico, iii) Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, iv) Caso concreto.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 y el literal b) del artículo 2º del Acuerdo No. 55 de 2003, esta Sala es competente para conocer la presente impugnación contra el fallo de tutela proferido el 24 de agosto de 2018, por la sección primera del Consejo de Estado.

2.2. Determinación del problema jurídico.

¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con los requisitos generales de procedibilidad?

De ser superado el anterior derrotero, determinar si: ¿La autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales cuya protección invoca el señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié, al proferir la sentencia de 6 de diciembre de 2017, mediante la cual confirmó la negativa a su pretensión de indexación de la primera mesada pensional incurriendo, presuntamente, en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución?

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, «cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales».

2.3.1. Requisitos generales de procedibilidad.

Al respecto, en el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

2.4. Solución al problema jurídico.

La parte actora acude a la acción constitucional con el fin de que se deje sin efecto la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 6 de diciembre de 2017, en sede de segunda instancia, mediante la cual negó la pretensión de indexación de la primera mesada pensional.

Revisados los cargos de inconformidad respecto de la sentencia cuestionada, se observa que estos se encuentran en la misma línea argumentativa expuestos en el escrito de demanda inicial conocidos en su momento por el juez contencioso, por lo cual, teniendo en cuenta que estos ya fueron objeto de pronunciamiento por el juez natural del asunto, consideraciones contra las cuales no se expresan argumentos nuevos para controvertirlos, para la Sala no es dable pronunciarse al respecto, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia,

Cosa distinta es el argumento de que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, presuntamente, desconoció los pronunciamientos del Consejo de Estado como órgano de cierre de lo contencioso administrativo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en lo que respecta al derecho a la indexación de la primera mesada pensional; razón por la cual, bajo este defecto se realizará el estudio del asunto.

Del desconocimiento del precedente: Así, para desatar la inconformidad planteada es necesario señalar que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los Jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad; y, un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los Órganos de Cierre de las diferentes Jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el Juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el Juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al Juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el Juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.

En el caso del accionante, se observa que la inconformidad está en que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, presuntamente, desconoció pronunciamientos de las Altas Cortes, que de ser aplicados, según su dicho, posiblemente hubieren conllevado a que se desatara favorablemente la pretensión de indexación de su primera mesada pensional dentro del asunto acusado.

En este punto, resulta relevante recordar las consideraciones expuestas por las jueces naturales, hoy accionados, que negaron la pretensión de indexación de la primera mesada pensional del actor, dentro del expediente contencioso administrativo 2012-00209, así:

• El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali, mediante sentencia de 30 de octubre de 2014, declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda, por lo cual se inhibió de fallar de fondo el asunto.

• Contra la anterior decisión el actor presentó recurso de apelación, siendo desatado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, mediante sentencia de 27 de noviembre de 2015, revocó la decisión del a quo para, en su lugar, negar las pretensiones propuestas, esto es, de reliquidación pensional, así como de indexación de la primera mesada pensional. Ello, al considerar que:

«[…] En este orden de ideas, como lo pretendido pro el actor, tanto en sede administrativa como judicial, es la aplicación del ingreso base de liquidación con fundamento en la normativa anterior a la Ley 100 de 1993, esto es, el régimen especial contemplado por la Ley 33 de 1985, con inclusión de factores salariales diferentes a los contemplados por el Decreto 1158 de 1994, tenemos que tal pretensión resulta contraria a la interpretación jurídica asumida por la Corte Constitucional en la sentencia SU 230 de 2015, que señala que en este tipo de asuntos resulta aplicable el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, normativa que establece que para el cálculo del IBL, se tendrá en cuenta el promedio de lo cotizado; lo que nos lleva a concluir que se deberán negarse las pretensiones de la demanda.

[…]

ii) De otra parte, sobre el segundo punto de análisis de la indexación de la primera mesada pensional, se observa que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante resolución No. 000657 de enero de 2006, efectuó la actualización con la referencia de índice de precios al consumidor a partir del año 1992 hasta el año 2004, habiéndose reconocido la pensión a partir del 1 de abril de 2005, por lo que considera esta Sala, no se configura una pérdida del valor adquisitivo de dominio, falencia que busca subsanar la indexación. […]»

• Con ocasión de la no reliquidación pensional pretendida, en su momento, la parte actora hizo uso de la acción de tutela para controvertir la anterior decisión, cuyo conocimiento correspondió a la subsección A de la sección segundo del Consejo de Estado, que, con sentencia de 16 de mayo de 2016, accedió a la solicitud de amparo en los siguientes términos:

«[…] De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias propias del presente asunto satisfacen los presupuestos jurisprudenciales para la procedencia del amparo constitucional, porque el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desconoció el precedente vertical emanado del Consejo de Estado al abstenerse de aplicar la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 que gobierna lo contencioso administrativo en relación con la normativa aplicable al ingreso base de liquidación (IBL) de la pensión de jubilación del demandante, lo cual vulnera los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y seguridad social.

Como consecuencia, en amparo de los derechos fundamentales invocados, se dejará sin efecto la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de 27 de noviembre de 2015, para que en su lugar, dicte una decisión de remplazo, en la que tenga en cuenta la providencia de unificación del Consejo de Estado de 4 de agosto de 2010, reiterada en sentencia de 25 de febrero de 2016. […]»

La anterior decisión fue confirmada por la sección cuarta de la Corporación, a través de sentencia 16 de noviembre de 2016.

• Mediante sentencia de 6 de diciembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en cumplimiento de la orden de amparo, ordenó la reliquidación pensional en favor del señor Ocampo Hincapié, «teniendo en cuenta el promedio de todos los factores de liquidación devengados en el último año de servicios, […], y así mismo, pagarle las diferencias resultantes entre las mesadas reajustadas y las canceladas, lo anterior, con efectos fiscales a partir del 8 de julio de 2008, por prescripción trienal.»

Además, señaló que «la entidad demandada deberá actualizar los factores salariales que se ordenan incorporar al ingreso base de liquidación, sobre los cuales no se haya realizado pretensión alguna, utilizando la fórmula financiera más técnica y expedida tanto para la reliquidación de la mesada pensional como para realizar los descuentos que ordena la jurisprudencia en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Nacional. »

En lo que respecta a la pretensión de indexación de la primera mesada, negó la misma, para lo cual reiteró lo ya dicho en sentencia de 27 de noviembre de 2015, antes referida.

Como se observa, la inconformidad de la parte actora obedece a la negativa frente a la pretensión de indexación de la primera mesada pensional del señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié, por lo cual se hace necesario recordar lo manifestado por esta Sala decisión, en sentencia de 21 de abril de 2017, al respecto:

«[…] Conforme al plenario se evidencia que la actora el 3 de junio de 1996 cumplió 50 años de edad, y a su vez, se encontró acreditado que inicio labores como funcionaria de hecho a partir del 1 de marzo de 1966 hasta el 23 de marzo de la misma anualidad, posteriormente fue nombrada en propiedad como docente del Departamento de Antioquia, de tiempo completo en primaria de escuelas especiales desde el 24 de marzo de 1966 hasta el 29 de diciembre de 1991, por lo que ya contaba con más de 20 años de servicios cuando elevó la solicitud de reconocimiento pensional [17 de julio de 1996].

En virtud de lo anterior, mediante Resolución No. 008162 del 15 de mayo de 1997 la Caja Nacional de Previsión Social, CAJANAL, dispuso el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor de la demandante, efectiva a partir del 3 de junio de 1996, en cuantía de $142.125.50 (fls. 17 a 19).

Por esta razón, la actora solicitó a la entidad demandada que se le efectuara la invocada indexación tomando como base los factores correspondientes al año anterior a la fecha en el que se consolidó su estatus pensional, con el fin de contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, en virtud del fenómeno inflacional entre la fecha del retiro y la fecha en que obtuvo el estatus.

Así las cosas, la Sala encuentra evidente que la liquidación de la pensión gracia de la demandante, contenida en el acto acusado no tuvo en cuenta que entre el 29 de diciembre de 1991 fecha en que se retiró definitivamente del servicio docente oficial, y el 3 de junio de 1996 momento en el cual cumplió 50 años de edad, transcurrieron 5 años en los cuales como quedó visto, con anterioridad, el monto de su ingreso base de liquidación experimentó una devaluación lo que se tradujo en una afectación al poder adquisitivo de su mesada pensional. (Subrayado por la Sala)

Por lo tanto, siguiendo los lineamientos fijados en las normas citadas y en la jurisprudencia que sobre el tema se encuentra vigente en la Corporación y que se han expuesto en ésta providencia, es preciso recalcar, que la Constitución Política establece en sus artículos 48 y 53, el deber de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, y dar aplicación efectiva a los principios de favorabilidad y de -indubio pro operario- a favor del empleado, razón por la cual, no le asiste razón constitucional ni legal a la entidad demandada para negar la actualización de la primera mesada de la prestación en cuestión, aunque a su parecer estime que éste derecho sólo se aplica a determinadas categorías de pensionados excluyendo a la pensión gracia, cuando en realidad todos ellos se encuentran en la misma situación y se verán afectados en su mínimo vital por el efecto que genera la depreciación monetaria.[…]»

Por su parte, en pronunciamiento más reciente, la subsección A de la sección segunda de esta Corporación, reiteró lo ya expuesto en los siguientes términos:

«[…] La indexación de la primera mesada ha sido entendida por esta Corporación como el mecanismo que se utiliza, en aplicación de los principios de equidad y justicia, para revalorizar las obligaciones pensionales con el fin de traer a valor presente las sumas que han perdido su poder adquisitivo por el transcurso del tiempo.

Frente a la indexación de la primera mesada pensional, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 7 de febrero de 2013 con ponencia del Consejero Gerardo Arenas Monsalve, sostuvo:

«[…] En ese orden de ideas lo primero que se recuerda frente a la indexación de la primera mesada pensional, es que si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y, por tanto, que el trabajador no tiene porque soportar las consecuencias negativas de dicha situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que devengaba cuando prestaba sus servicios. […]» (Subraya texto original

En ese orden de ideas, la indexación de la primera mesada pensional procede en aplicación del principio de equidad y como salvaguarda al derecho constitucional a la seguridad social, incluso, frente a los regímenes especiales existentes en Colombia, como lo es el de los docentes.

Ahora bien, esta Corporación también ha sido clara en cuanto a que la indexación de la primera mesada «[…] se produce, cuando habiendo ocurrido el retiro del servicio en un año determinado, el pensionado alcanza a completar los demás requisitos para acceder al derecho cuando ha transcurrido uno o más años después del retiro, de modo que ese transcurso de tiempo, el salario con que se liquidaría la pensión habría sufrido detrimento […]»

Lo anterior significa que el derecho a la indexación citada se causa cuando habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, el beneficiario se retira sin haber acreditado el requisito de la edad. Por lo tanto, una vez acreditado este, la administración procede a reconocer y liquidar la pensión de jubilación con los factores devengados en el último año de servicios, es decir, al momento del retiro; ello, siempre y cuando entre el retiro y el cumplimiento del requisito de la edad haya transcurrido más de un año.

En el caso de que el retiro del servicio y el cumplimiento de los demás requisitos para obtener el derecho a la pensión se cumplan en el mismo año e incluso el reconocimiento también se efectuó en él esta Subsección ha sostenido que no puede hablarse de pérdida del poder adquisitivo del ingreso base con que se liquidó la pensión, pues no transcurrió un tiempo que diera lugar a la referida depreciación.» (Subrayado por la Sala)

Tesis acogida en diferentes sentencias de tutela, como por ejemplo la de 16 de abril de 2018, proferida por esta misma Sala de decisión, dentro de la acción impetrada por el señor Jorge Isaac Rentería Palomeque contra el Tribunal Administrativo del Chocó, en los siguientes términos:

«[…] Dicho esto, la Sala destaca que la accionante no atendió a su carga procesal de desarrollar los motivos por los cuales considera desconocido el precedente judicial, pues aun cuando individualiza una pluralidad de sentencias que a su juicio constituyen precedente judicial y fueron desatendidas por el Tribunal Administrativo del Chocó; no sustentó razón alguna sobre el contenido de las mismas, ni porque considera que constituyen precedente vertical de obligatoria aplicación.

No obstante, se destaca que la entidad accionada fundamentó su decisión en providencias proferidas por esta Sección, entre las cuales se destacan las sentencias de 16 de febrero de 2012 (C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren), 12 de abril de 2012 (C.P. Gerardo Arenas Monsalve), 7 de marzo de 2013 (C.P. Luis Rafael Vergara Quintero) y 27 de agosto de 2015 (C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez), motivo por el cual se estima que el fallo cuestionado encuentra sustento en pronunciamientos de esta Corporación, juez de cierre del asunto.

Por otra parte, sobre el presunto yerro fáctico en que incurrió la entidad accionada debido a la indebida interpretación de las pruebas allegadas al proceso, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Chocó dispuso lo siguiente en el acápite de pruebas:

“(…)

A través de la Resolución No. 00971 de 18 de enero de 2005, objeto de demanda parcial, el Representante del Ministerio de Educación Nacional en el Departamento del Chocó, reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación al Sr. Jorge Isaac Rentería Palomeque.

Del contenido de este acto se obtiene que: i) se trata de un docente nacional; ii) ingresó al servicio docente oficial el 18 de agosto de 1976, y adquirió el status de jubilado el 15 de julio de 2004 fecha en que cumplió 55 años de edad y se hallaba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; iii) únicamente se le tuvo en cuenta su asignación básica y el sobresueldo, quedando su mesada pensional en $1´251.611 que equivale al 75% del salario promedio mensual devengado en el último año de servicio anterior a la fecha en que adquirió su status, y las normas aplicadas fueron, entre otras, la Ley 91 de 1989, ley 6 de 1945, 33 de 1985, 71 de 1988 y 3752 de 2003; iv) el pago se realizaría a través de la Fiduciaria la Previsora S.A.

Por Resolución No. 005068 de 22 de octubre de 2014, se le reliquida la prestación definitiva por retiro definitivo del servicio, en la misma se aumentó la cuantía de la prestación a la suma de $2.009.911, teniendo en cuenta el 75% del promedio de la asignación básica.

Del certificado de salarios expedido por la Secretaría de Educación del Departamento del Chocó (fls 98-101), se extrae que el actor señor Jorge Isaac Rentería Palomeque, devengó en los años 2013 y 2014, como factores salariales, además de la asignación básica, la prima de navidad, prima de vacaciones, y prima de servicios.

(…)”.

Así las cosas, el Tribunal Administrativo del Chocó concluyó que no asistía derecho al señor Rentería Palomeque a indexar el valor de su primera mesada pensional, puesto que no cumplió los requisitos establecidos para ello, esto es, que entre el momento del retiro efectivo del empleado y el reconocimiento de la pensión de jubilación transcurriera un lapso considerable, que afectara directamente en el poder adquisitivo de ese rubro; sobre el particular se lee:

“(…)

Se resalta que estos criterios han sido reiterados por las altas Corporaciones, quedando claro que por vía jurisprudencial y constitucional, es procedente la indexación del ingreso base de liquidación de las pensiones, cuando entre la fecha de retiro del servicio y la fecha en que se completan los requisitos pensionales ha transcurrido un tiempo razonable que afecta el ingreso base por efectos de la inflación positiva que registra la economía Colombiana.

(…)”.

Dicho esto, el Tribunal accionado advirtió que no había lugar a acceder a la pretensión de indexación, puesto que el señor Jorge Isaac Rentería Palomeque continuó trabajando, al tiempo que devengaba la pensión de jubilación de la que era beneficiario, por encontrarse en el régimen de excepción de los docentes oficiales; motivo por el que su ingreso base de liquidación no sufrió los efectos del fenómeno inflacionario; […]»

Como se observa, si bien no existe un precedente en materia de indexación de la primera mesada pensional, la sección segunda del Consejo de Estado, en materia contenciosa y constitucional, ha sido pacífica en reconocer dicho derecho respecto de quienes habiendo cumplido el requisito de tiempo de servicio, se retiran sin haber acreditado el cumplimiento de la edad requerida, lo cual sucede luego de haber transcurrido un tiempo considerable de por lo menos un año. Situación que, precisamente, no fue la acreditada por el señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié, pues tal como lo señaló el Tribunal accionado:

« […] Se observa que la Caja Nacional de Previsión Social, mediante resolución No. 000657 de enero de 2006, efectuó la actualización con la referencia de índice de precios al consumidor a partir del año 1992 hasta el año 2004, habiéndose reconocido la pensión a partir del 1 de abril de 2005, por lo que considera esta Sala, no se configura una pérdida del valor adquisitivo de dominio, falencia que busca subsanar la indexación. […]»

Además, las decisiones acusadas pese a que negaron la indexación de la primera mesada pensional pretendida, ordenaron la reliquidación de la pensión con fundamento en los salarios percibidos durante el último año de servicios, advirtiéndose que las diferencias resultantes entre las mesadas reajustadas y las canceladas deberán ser reajustadas, con efectos a partir del 8 de julio de 2008.

Así las cosas, en el caso debatido se presenta un razonamiento eminentemente interpretativo por parte del juez, lo cual obedece a la autonomía judicial y la aplicación de las normas y jurisprudencia pertinente, que no da lugar a que se configure una decisión ilegítima, de tal forma que la providencia acusada no adolece de defecto alguno, por el contrario, las razones que la fundan son plausibles en un todo. Al respecto, en Sentencia SU-427 de 2016, la Corte Constitucional sostuvo:

«[…] Esta Corporación ha considerado que cuando existan varias interpretaciones constitucionalmente admisibles sobre un mismo tema, las cuales son respaldadas por la jurisprudencia vigente, y el operador jurídico decide aplicar una de ellas, la acción de tutela no está llamada a prosperar, en respeto de los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, pues se entiende que una autoridad ha incurrido en un defecto sólo cuando se evidencie un actuar totalmente arbitrario y caprichoso que lesione derechos fundamentales, es decir, cuando no respeta los presupuestos de razonabilidad, racionabilidad y proporcionalidad. […]».

Ahora, si bien es cierto la parte actora alega un desconocimiento del precedente con fundamento en decisiones de esta Corporación, respecto de los cuales considera le son favorables a sus pretensiones, se advierte en primer lugar, que estas no constituyen precedente, como se explicó en líneas anteriores y, en segundo lugar, que las situaciones fácticas de los mencionados casos, tal como lo mostró el a quo, no son similares a la del actor, pues en esas decisiones ocurrió un retiro del servicio y la adquisición del status de pensionado tiempo después, en cambio, en el presente caso, cuando el actor se retira del servicio ya tenía reconocido su derecho.

Todo lo anterior, permite concluir a la Sala que, contrario a lo alegado por la parte accionante, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrió en desconocimiento del precedente, defecto sustantivo ni violación de la Constitución al emitir la decisión cuestionada y que lo que se encuentra es, claramente, una inconformidad con el resultado del análisis normativo y la posición adoptada por el juez natural con fundamento en antecedentes del órgano de cierre sobre la materia, lo cual no es atacable vía tutela en la medida en que aquella cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada.

Bajo esa perspectiva, la Sala confirmará la decisión del a quo que negó la solicitud de amparo invocada por el señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié, dentro de la acción de tutela por él presentada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 24 de agosto de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo de derechos fundamentales del señor Álvaro Ernesto Ocampo Hincapié dentro de la acción de tutela por él presentada en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta providencia por telegrama o por el medio más expedito de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO. En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por Secretaría General de la Corporación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría General de la Corporación el 16 de octubre de 2018. Ff. 1 a 22 del expediente. Expediente 2012-00209, del cual conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Expediente 2016-00738, del cual conocieron la subsección A de la sección segunda y sección Cuarta del Consejo de Estado. F. 97 y 98. vto. Doctor Víctor Adolfo Hernández Díaz. F. 106 y vto. Ff. 108 a 124. Ff. 165 a 167. Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. Por medio del cual se modifica el Reglamento del Consejo de Estado. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. Contra la sentencia acusada no procedía ningún recurso ordinario, dado que la misma fue proferida en sede de segunda instancia, sin que contra esta proceda recurso extraordinario alguno.

La acción de tutela se instauró el 15 de mayo de 2018, es decir, dentro de los 6 meses siguientes a la expedición de la sentencia cuestionada (6 de diciembre de 2017).
a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Al respecto, ver la Sentencia C-836 de 2001. En este sentido ver las providencias C-539 y C-634 de 2011. Precedente Vertical. Concretamente, y de conformidad con lo establecido en las Sentencias T-292 de 2006, C-836 de 2001 y SU-047 de 1997, el precedente constituye la regla de decisión contenida en la ratio decidendi. En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem. Ff. 204 a 214 del cuaderno expediente contencioso. Ff. 277 a 293 Ibídem. Expediente 2016-00738. Consejero Ponente doctor Gabriel Valbuena Hernández. Folio 16. Folio 28
Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 21 de abril de 2017. Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Demandante: Luz Stella del Socorro Zapata Rave.. Demandado: UGPP. Radicación 050012333000201300925-01(0135-2015). Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 7 de febrero de 2013. Ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Demandante: María Stella Rojas de Beltrán. Demandado: Municipio de Palmira. Radicación 76001-23-31-000-2008-00785-01(0268-12). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicación 760012331000200801205-01 (1995-11). Gersaín Daza contra el Municipio de Palmira (Valle del Cauca)
Ídem
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero Ponente: William Hernández Gómez. Sentencia del 14 de septiembre de 2017, Radicación680012333000201300700-01 (4632-2014). María Inés Niño de Amado contra la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio Bucaramanga-Secretaría de Educación Municipal
Consejero Ponente Cesar Palomino Cortes. Expediente 2018-00344
Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 2017-01559. Sentencia de 23 de mayo de 2018. Radicado: 25000-23-25-000-2007-01037-01 (1520-2010); Demandante: José María Velásquez Obando; Demandada: Universidad Nacional de Colombia. Radicado: 25000-23-25-000-2008-00800-01 (0581-2010); Demandante: Mario Socha Barbosa; Demandado:

Instituto de Seguros Sociales – ISS. Radicado: 76001-23-31-000-2008-01205-01 (1995-2011); Demandante: Gersain Daza; Demandado: Municipio de Palmira. Radicado: 68001-23-33-000-2012-00404-01 (0432-2014); Demandante: Carlos Manuel Rodríguez Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Transporte.

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