Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01608-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial: la providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01608-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-01608-00
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
6 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que sí se valoraron en debida forma los medios de prueba allegados al proceso
[E]l presunto defecto fáctico alegado no está llamado a prosperar, toda vez que, contrario a lo planteado por el actor, las pruebas citadas como desconocidas fueron observadas por las autoridades judiciales accionadas, pues, como se lee en los apartes transcritos en precedencia, para determinar si el retiro resultaba legal o no, tanto el Juzgado como el Tribunal de segunda instancia analizaron las felicitaciones registradas en el folio de vida, las conductas negativas desplegadas y las sanciones disciplinarias impuestas al [accionante]. La Sala observa que tal como consta en el acta de la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, Personal de Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, se realizó un examen de fondo tanto de las conductas del accionante, como de su hoja de vida, pues dicho documento se fundamentó en razones objetivas y hechos ciertos, de igual manera se señalaron los motivos que se tuvieron en cuenta para recomendar el retiro del accionante, básicamente asociadas al mejoramiento de servicio. Asimismo, se observa que los despachos judiciales accionados sí valoraron el folio de vida del accionante, sin que quepa señalar, a primera vista, la ocurrencia de una calificación manifiestamente desacertada o contraevidente del juicio valorativo realizado a la prueba en su momento.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 37 / DECRETO 1069 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al criterio que fue rectificado, acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto a la motivación del acto administrativo que ordena el retiro de los miembros de la fuerza pública, ver: Corte Constitucional, sentencia de 12 de agosto de 2016, exp. T-437, M.P. Alberto Rojas Ríos. Relacionado con el mismo tema y la exequibilidad del artículo 12 del Decreto-Ley 573 de 1995 y el artículo 11 del Decreto 574 de 1995, que dispone por razones del servicio y en forma discrecional el retiro de los miembros de la Policía Nacional previa recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 16 de noviembre de 1995, exp. C-525, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Respecto de las pautas mínimas de motivación de los actos de retiro de los miembros activos de la Policía Nacional, ver: Corte Constitucional, sentencia de 12 de febrero de 2015, exp. SU-053, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado. En relación con la configuración del defecto fáctico, ver entre otras: Corte Constitucional, sentencia de 26 de mayo de 2011, exp. SU-447, M.P. Mauricio González Cuervo y sentencia de 25 de septiembre de 2012, exp. T-737, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01608-00(AC)
Actor: EDWIN FERNANDO LONDOÑO OSORIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO Y JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE ARMENIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Edwin Fernando Londoño Osorio, mediante apoderado judicial, en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y del Tribunal Administrativo del Quindío, con ocasión de los fallos proferidos el 25 de abril de 2017 y el 26 de abril de 2018, respectivamente, dictados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El señor Edwin Fernando Londoño Osorio, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración la atribuye a las autoridades judiciales accionadas, porque al proferir las decisiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, adelantando en contra de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, las cuales negaron la pretensión de declarar la nulidad de la Resolución 02641 de 8 de agosto de 2011 y el acta Nro. 013 de 7 de julio del mismo año, que ordenó su retiró del servicio activo de la Policía Nacional, incurrieron en un defecto fáctico por la no valoración del acervo probatorio.
II. HECHOS
De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
II.1. El accionante ingresó el 5 de febrero de 2003 a la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez, obteniendo el 1º de noviembre del mismo año el grado de patrullero, resaltándose que durante su proceso de formación logró excelentes resultados académicos.
II.2. Señala que, en el ejercicio de sus funciones, obtuvo calificaciones en el rango de nivel superior, así como felicitaciones y reconocimientos por su excelente trabajo, situación que se refleja en su hoja de vida.
II.3. Precisa que en su carrera policial tuvo una conducta ejemplar en las diferentes actividades que se le asignaron y nunca tuvo investigaciones disciplinarias en su contra por actos de corrupción o conductas que afectaran la imagen de la institución.
II.4. Mediante Resolución Nro. 02641 de 8 de agosto de 2011, la Dirección General de la Policía Nacional, en uso de la facultad discrecional, decidió retirar del servicio activo al señor Edwin Fernando Londoño Osorio, con base en el acta No 013 de 7 de junio de 2011, en la cual, la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, Personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la institución, recomendó el retiro del accionante atendiendo las razones del servicio.
II.5. En virtud de lo anterior, el accionante ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional. El conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, autoridad judicial que, mediante sentencia de 25 de abril de 2017, negó las pretensiones, al estimar que “[…]carece de fundamento el argumento de la parte demandante según el cual el concepto emitido por la junta de evaluación y clasificación en sesión del 7 de julio de 2011 no tuvo en cuenta la trayectoria y perfil profesional del servidor público, puesto que la decisión se encuentra debidamente soportada en hechos ciertos, no discutidos ni cuestionados por el demandante, y obedeció a razones objetivas de la institución […]”.
II.6. El actor apeló la decisión del juez de primera instancia, al argumentar que el acto administrativo se expidió bajo falsa motivación y en enunciados disciplinarios que en ningún momento tenían relación con la seguridad del Estado y la ciudadanía.
II.7. Mediante sentencia proferida el 26 de abril de 2018, la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la decisión apelada al considerar que “[…] no puede predicarse una falsa motivación, toda vez que respecto a decisión de tal alcance (retiro) por el procedimiento especial que lo rige, las mismas sólo deben estar fundadas en pro de la calidad y debido desarrollo del servicio de los miembros en servicio activo de la institución, siendo así que la sola aparición de conductas que atenten contra el mismo ya es causal suficientes para proceder de conformidad […]”.
II.8. Arguye que en las decisiones objeto de controversia incurrieron en una “[…] vía de hecho […] por cuanto se dedicaron solamente hacer afirmaciones que carecen de validez probatoria y jurisprudencial, configurándose un defecto fáctico por la no valoración de pruebas allegadas al proceso contencioso administrativo trasgrediendo el artículo 29 de la Constitución Política […]”.
II.9. Aduce que los actos administrativos demandados están viciados de nulidad absoluta por desviación del poder y arbitrariedad; en razón que la Policía Nacional “[…] disponía de todos los instrumentos legales que le permitiera a los miembros de la Junta de Evaluación y Calificación de los Suboficiales, Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional y el mismo Director General de la Policía Nacional, obtener los suficientes motivos jurídicos y sustentados en la ley que le permitiera motivar una actuación discrecional; situación que en todo momento se desconoció tanto por la institución como de los Jueces y Magistrados Administrativos, porque la decisión adoptada no obedece a una motivación válida frente a la facultad discrecional del Estado, violando el debido proceso, de tal manera que no se atendieron los principios que rige el retiro discrecional que establece la ley […]”.
II.10. Finalmente, concluye que se le causó un perjuicio irremediable a él y su familia, cuyo sostenimiento ya no podrá asumir como consecuencia de la desvinculación de la Policía Nacional.
III. PRETENSIONES
Con fundamento en lo anterior, la parte accionante formuló las siguientes peticiones:
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al accionante como es el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
SEGUNDO: DECLARAR que la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia violó el artículo 29 de la Constitución Política, si bien por incurrir en vías de hechos y por defecto fáctico por la no valoración de las pruebas allegadas al proceso contencioso administrativo.
TERCERO: DECLARAR que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío violó el artículo 29 de la Constitución Política.
CUARTO: ORDENAR la revisión de las sentencias de primera instancia y segunda instancia proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío a fin de que se garantice el debido proceso.
QUINTO: DECLARAR al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Circuito del Quindío que se le reconozca las pretensiones indicadas en el proceso contencioso administrativo, pues bien, dichas autoridades judiciales vulneraron el derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política ya que estas últimas incurrieron en un defecto fáctico por la no valoración de las pruebas y vías de hechos al proferir las sentencias cuestionadas”.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
Mediante auto de 25 de mayo de 2018, se admitió la solicitud de amparo instaurada por el señor Edwin Fernando Londoño Osorio, a través de apoderado judicial, y se dispuso su notificación al Juez Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Quindío, Sala de Decisión Cuarta, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción.
Asimismo, se vinculó al proceso a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por el interés que les asiste frente al caso.
V. INTERVENCIONES
V.1. Intervención del Tribunal Administrativo de Quindío
El doctor Rigoberto Reyes Gómez, Magistrado de Tribunal Administrativo de Quindío, solicita que se niegue el amparo al considerar que la providencia cuestionada no vulnera los derechos fundamentales del accionante, toda vez que no se configuró “[…] ninguno de los defectos o falencias constitutivos de vía de hecho, y es improcedente como tercer recurso para discutir las razones de hecho y de derecho expuestas en una Providencia judicial ajustada a legalidad […]”.
V.2. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
El Secretario General de la institución allegó escrito con el que solicitó negar las súplicas del amparo, en tanto no se vislumbra la existencia de vulneración alguna a los derechos del accionante.
Expuso que el accionante “[…] contó con la oportunidad procesal adecuada para controvertir las determinaciones que le resultaren desfavorables, no solo en vía gubernativa también en sede judicial, instancia esta que, reiteró, ya fue resuelta desfavorablemente a las pretensiones […]”, por tanto lo que pretenden es convertir la acción de tutela en una tercera instancia.
Indicó que la decisión objeto de controversia fue proferida en salvaguarda de las normas y la jurisprudencia que rigen el retiro del servicio por voluntad del Gobierno; lo anterior, sumado a las pruebas arrimadas al proceso, las cuales en su criterio, demostraban que el acto de retiro se expidió con el único fin de mejorar el servicio.
V.3. El Juez Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, guardó silencio.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por el señor Edwin Fernando Londoño Osorio, mediante apoderado judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015.
VI.2. Problema Jurídico
A la Sala le corresponde establecer:
Si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos generales de procedencia, y
Si el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y el Tribunal Administrativo del Quindío incurrieron en el defecto fáctico al proferir los fallos el 25 de abril de 2017 y el 26 de abril de 2018, respectivamente, las cuales negaron las pretensiones dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, promovido por el señor Edwin Fernando Londoño Osorio en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a ii) resolver el caso concreto adentrándose en el fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad
En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: Orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
VI.4. La motivación del acto administrativo que ordena el retiro de los miembros de la fuerza pública
La jurisprudencia constitucional ha señalado que “[…] la facultad discrecional de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional o por razones del servicio de los miembros de la Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no puede convertirse en arbitrariedad, teniendo en cuenta que subyace en los principios de racionalidad y proporcionalidad. Adicionalmente, la decisión de retiro se encuentra sujeta al concepto dado por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa o la Junta de Evaluación o Calificación respectiva, según la institución y el grado que ostenta el funcionario […]”.
A su vez dichas juntas “[…] tienen a su cargo el examen exhaustivo de los cargos o razones que inducen a la separación -el primero- de oficiales o suboficiales, o de agentes, el segundo. En dichos comités se examina la hoja de vida de la persona cuya separación es propuesta, se verifican los informes de inteligencia o contrainteligencia, así como del "Grupo anticorrupción" que opera en la Policía Nacional; hecho este examen, el respectivo comité procede a recomendar que el implicado sea o no retirado de la institución. De todo ello se levanta un acta, y en caso de decidirse la remoción se le notifica al implicado. No se trata pues de un procedimiento arbitrario, sino de una decisión fundamentada en la evaluación hecha por un Comité establecido legalmente para el efecto (Arts. 50 y 52 del Decreto 041 de 1994), y motivada en las razones del servicio […]”.
Mediante las Sentencias SU-053 de 2015, reiterada en la SU-172 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional estableció el “estándar de motivación de los actos de Retiro” de los miembros activos de la Policía Nacional en uso de la facultad discrecional, que si bien es mínimo es plenamente exigible, y a su vez señaló las pautas mínimas de motivación, en los siguientes términos:
“[…] los actos administrativos de retiro discrecional de la Policía Nacional no necesariamente deben motivarse en el sentido de relatar las razones en el cuerpo del acto como tal. Pero, en todo caso, sí es exigible que estén sustentados en razones objetivas y hechos ciertos. En este sentido, el estándar de motivación justificante es plenamente exigible; ii. La motivación se fundamenta en el concepto previo que emiten las juntas asesoras o los comités de evaluación, el cual debe ser suficiente y razonado; iii. El acto de retiro debe cumplir los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad, que se expresan en la concordancia y coherencia entre acto discrecional y la finalidad perseguida por la Institución; esto es, el mejoramiento del servicio; iv) El concepto emitido por las juntas asesoras o los comités de evaluación, no debe estar precedido de un procedimiento administrativo, lo anterior, debido a que ello desvirtuaría la facultad discrecional que legalmente está instituida para la Policía Nacional, en razón de función constitucional. No obstante lo anterior, la expedición de ese concepto previo sí debe estar soportado en unas diligencias exigibles a los entes evaluadores […] v. El afectado debe conocer las razones objetivas y los hechos ciertos que dieron lugar a la recomendación por parte del comité de evaluación o de la junta asesora, una vez se expida el acto administrativo de retiro. Por lo tanto, en las actas o informes de evaluación debe quedar constancia de la realización del examen de fondo, completo y preciso que se efectuó al recomendado. En tal examen se debe analizar, entre otros, las hojas de vida, las evaluaciones de desempeño y toda la información adicional pertinente de los policiales; vi. Si los documentos en los cuales se basa la recomendación de retiro del policía, tienen carácter reservado, los mismos conservaran tal reserva, pero deben ser puestos en conocimiento del afectado. El carácter reservado de tales documentos se mantendrá, mientras el acto administrativo permanezca vigente […]”
VI.5. El caso concreto
El señor Edwin Fernando Londoño Osorio, a través de apoderado judicial, formuló acción de tutela en contra del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y del Tribunal Administrativo del Quindío, con ocasión de los fallos proferidos el 25 de abril de 2017 y el 26 de abril de 2018, respectivamente, dictados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, los cuales negaron la pretensión de declarar la nulidad de la Resolución 02641 de 8 de agosto de 2011 y el acta Nro. 013 de 7 de julio del mismo año, que ordenó su retiró del servicio activo de la Policía Nacional.
De lo expuesto en el libelo de la demanda el accionante alega la ocurrencia del defecto fáctico por una indebida valoración de las pruebas, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no tuvieron en cuenta el acervo probatorio allegado al proceso y “se dedicaron solamente hacer afirmaciones que carecen de validez probatoria y jurisprudencial”.
Por su parte, el Tribunal accionado indica que no ha incurrido en violación del derecho fundamental invocado por el accionante, al estimar que la decisión fue adoptada conforme a las normas procesales y al material probatorio obrante en el expediente.
Previo a abordar el defecto alegado por el actor, la Sala definirá si el caso cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
VI.5.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
La Sala encuentra que tales requisitos se cumplen, en razón a que: i) se invoca la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, ii) el accionante agotó todos los medios de defensa judicial de que disponían (las dos instancias del medio de nulidad y restablecimiento del derecho), iii) respecto al presupuesto de inmediatez, la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable al de la ocurrencia del hecho que presuntamente originó la vulneración, pues ésta se interpuso en menos de un mes de diferencia luego de haberse dictado la sentencia en segunda instancia -la tutela fue radicada el 21 de mayo de 2018 y la providencia de segunda instancia se profirió el 25 de abril del presente año-; iv) la situación que generó la afectación del derecho fundamental invocado fue debidamente identificada en el escrito de tutela; y v) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.
Superado los requisitos de generales de procedibilidad, la Sala procede a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales para que sea viable conceder el amparo.
V.5.2. Análisis de la causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales por defecto fáctico
La jurisprudencia constitucional ha determinado que el defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.
El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “[...] cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […]”; mientras que, ii) la positiva, se configura “[...] cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución [...]”.
En el caso sub examine, el actor alega que las autoridades judiciales omitieron valorar elementos probatorios que obraban dentro del expediente, y los cuales eran decisivos para establecer la verdad sobre los hechos materia del proceso, específicamente los atinentes a las calificaciones de nivel superior que recibió por su desempeño profesional, al igual que las felicitaciones que fueron reconocidas en su hoja de vida.
Ahora bien, para establecer en el presente asunto si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en el defecto fáctico invocado por la parte actora, resulta pertinente analizar los hechos relevantes que definen el caso, y que se concretan en los siguientes:
El señor Edwin Fernando Londoño Osorio fue vinculado al servicio activo de la Policía Nacional como Patrullero del Nivel Ejecutivo, desde el 1° de noviembre de 2003 hasta agosto de 2011.
La Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, personal de Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional mediante acta Nro. 013 de 7 de julio de 2011 de 7 de abril de 2004, recomendó el retiro del servicio activo de la institución al accionante, por razones del servicio.
Previa recomendación de la mencionada junta, la Dirección General de la Policía Nacional a través de la Resolución Nro. 02641 de 8 de agosto de 2011, retiró del servicio activo al señor Edwin Fernando Londoño Osorio, por razones del servicio.
d. Como consecuencia de lo anterior, el actor promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, con la finalidad de que se declarara la nulidad de los citados actos administrativos, al considerar que dichas decisiones carecían de motivación y el acta de recomendación no fue notificada en debida forma.
e. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Armenia, mediante sentencia de 25 de abril de 2017, negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:
“[…] En el caso sub examine se encuentra probado que el señor EDWIN FERNANDO LONDOÑO OSORIO fue vinculado en el servicio activo de la Policía Nacional como Patrullero del Nivel Ejecutivo el 1 de noviembre de 2003, hasta el 11 de agosto de 2011, cuando fue retirado del servicio activo de la institución mediante la Resolución 02641 del 08 de agosto de 2011.
En el acto administrativo de retiro, Resolución 02641 de 2011, emitido por el Director General de la Policía Nacional, se consignó:
¨Que el retiro del servicio activo por voluntad de la Dirección General, del personal Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, no es producto de una sanción disciplinaria, sino una facultad consagrada en la Ley, que obedece eminentemente a rezones (sic) del servicio con el fin de procurar garantizar (sic) la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado.
Que en sesión de la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, personal de Nivel Ejecutivo y Agentes de fecha 07 de julio de 2011, conforme se registra en el acta No. 013/2011, se sometió a consideración del retiro del señor patrullero EDWIN FERNANDO LONDONO OSORIO, recomendando el retiro del servicio activo de la Policía Nacional por las razones que se transcriben a continuación:
¨En cumplimiento de las disposiciones legales y constitucionales, la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, personal de Nivel Ejecutivo y Agentes, evalúa la trayectoria profesional del señor patrullero EDWIN FERNANDO LONDONO OSORIO (...) y luego de examinar la naturaleza de las. razones del servicio que imponen la naturaleza de la función constitucional asignada la Policía Nacional (...) recomienda al Director General de la Policía Nacional, el retiro del servicio activo del citado policial, por la causal de "voluntad de la Dirección General, por razones del servicio, en forma discrecional y por votación unánime de los miembros que la integran, teniendo en cuenta que no reúne las exigencia de confiabilidad que implica el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales(...)
Una vez evaluada la trayectoria profesional del señor patrullero EDWIN FERNANDO LONDONO OSORIO, se demuestra que afecta con su actuar el servicio que presta en la Dirección de Tránsito y Transporte por las siguientes razones:
De acuerdo con lo informado por el señor Intendente GUILLERMO VARGAS TORRES, Comandante Estación de Policía de Filandia, mediante Oficio No. 4300 ESTPOJEFAT29.25, el día 18 de mayo de 2011, siendo las 14:30 horas el señor Patrullero EDWIN FERNANDO LONDOÑÓ OSORIO, a quien le corresponda prestar tercer turno de servicio, se presentó en traje de civil y en estado de embriaguez (...)
Igualmente consultado el Sistema de Seguimiento Jurídico SIJUR, se evidencia que el señor patrullero EDWIN FERNANDO LONDOÑO OSORIO, con su actuar ha dado lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, resultando sancionado en dos oportunidades, así: 180 días de suspensión, dentro de la investigación disciplinaria No. DEQUI-2006-37, por incumplimiento de ordenes; 90 días de multa, dentro de la investigación disciplinaria No. DEQUI-2010-57, por ocasionar lesiones personales.
Así mismo, se demuestra la afectación de la prestación del servicio como Patrullero de la Policía Nacional, teniendo en cuenta los continuos registros en el formulario de seguimiento y evaluación del año 2011, entre los que podemos citar, entre otros, los siguientes: 10-01-2011 "... En la fecha el señor Patrullero cuando se encontraba prestando 01 turno de Comandante de Guardia, descuido el servicio al encontrarse en la parte de atrás (sala de Televisión), con el televisor prendido, mostrando desinterés en el cumplimiento de sus funciones...": 14-03-2011 “… siendo las 17:15 horas se presentó un caso de rapto de la señorita [XXXX], donde se requería la reacción oportuna de todo el personal de la estación, no encontrando al policial en las instalaciones, procediendo a ubicarlo telefónicamente el cual no contesto, dejando ver así su falta de compromiso y responsabilidad en el trabajo además del incumplimiento de órdenes verbales y escrita por este comando(...)”; registros ante los cuales el señor patrullero EDWIN FERNANDO LONDONO OSORIO se notificó sin presentar reclamación ante los mismos.
Es por lo anterior que, por votación unánime, los integrantes de la Junta con voz y voto, consideran viable recomendar al señor Director General de la Policía Nacional, el retiro del Patrullero EDWIN FERNANDO LONDOÑO OSORIO, por la causal de Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, por razones del servicio y en forma discrecional..."
En los mismos términos el Acta No. 13 de 7 de julio de 2011 de la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales Personal Nivel Ejecutivo y Agentes, en la cual se evaluó la trayectoria profesional del Patrullero Edwin Fernando Londoño Osorio y se recomendó al Director General de la Policía Nacional el retiro del servicio activo del policial por la causal de "Voluntad de la Dirección General" por razones del servicio.
Ahora bien, la parte demandante afirma que la Resolución 02641 de 2011 está viciada de nulidad absoluta por desviación de poder y arbitrariedad de la autoridad que la profirió. Adicionalmente, señala que transgredió el derecho fundamental y constitucional al debido proceso y derecho de defensa del demandante, porque, a su juicio, no le fue notificada el Acta y Clasificación para su respectiva contradicción.
[…]
Descendiendo al caso sub examine, se encuentra acreditado, según el extracto de hoja de vida expedido el 23 de septiembre de 2011, que el señor Edwin Fernando Londoño Osorio, estuvo vinculado en el servicio activo de la Policía Nacional en el nivel ejecutivo desde el 1 de noviembre de 2003 a 11 de agosto de 2011, para un total de 7 años, 9 meses y 10 días, periodo durante el cual obtuvo:
Diez (10) felicitaciones colectivas por incautación de elementos y buen desempeño del servicio;
Once (11) felicitaciones especiales por buen desempeño laboral, por "haber sido propuesto como perso… (sic)". capturas y buen desempeño servicio policial.
Igualmente se encuentra probado que durante su vinculación laboral en la Policía Nacional, según Formularios l y Il de Calificación, el señor Edwin Femando Londoño Osorio por evaluación final obtuvo los siguientes puntajes:
Año 2004 puntaje de 1174.
Año 2005 puntaje de 1185.
Enero a abril de 2006 puntaje de 1200.
Abril a diciembre de 2006 puntaje de 1159.
Año 2007 puntaje de 1177.
Año 2008 puntaje de 1197.
Año 2009 puntaje de 1200.
Enero a mayo de 2010 puntaje de 1172.
Mayo a diciembre de 2010 puntaje de 1158.
Enero a agosto de 2011 puntaje de 1175.
Durante toda la vigencia de su relación laboral le fue asignada la clasificación de nivel "SUPERIOR".
Adicionalmente, se registra en anotaciones positivas por disposición para el servicio y efectividad en el cumplimiento de las tareas asignadas, compromiso institucional, gestión operativa, actividades de servicio y desempeño policial.
También registra anotaciones negativas por falta de responsabilidad en el servicio asignado, llegadas tarde, incumplimiento de funciones, afectación actividades de servicio, descuido del servicio y por presentarse a trabajar en traje civil y estado de embriaguez.
La Junta de Evaluación y Calificación mediante Acta 013 del 07 de julio de 2011, para emitir la recomendación de retiro del servicio activo del demandante tuvo en cuenta el examen y análisis de la trayectoria profesional del policial en la cual encontró diferentes situaciones que afectaban la prestación del servicio, tales como: presentarse en traje de civil y estado de embriaguez, haber sido sancionado disciplinariamente en dos oportunidades, y continuos registros negativos en los formularios de seguimiento y evaluación.
Así las cosas, este Despacho considera que carece de fundamento el argumento de la parte demandante según el cual el concepto emitido por la Junta de Evaluación y Clasificación en sesión del 7 de julio de 2011 no tuvo en cuenta la trayectoria y perfil profesional del servidor público, puesto que la decisión se encuentra debidamente soportada en hechos ciertos, no discutidos ni cuestionados por el demandante, y obedeció a razones objetivas de la Institución.
Con base en lo anterior, se encuentra acreditado que la decisión de la Dirección General de la Policía Nacional adoptada mediante Resolución No. 02641 de 8 de agosto de 2011 cumple con las exigencias contempladas en el Decreto 1791 de 2000 y los parámetros jurisprudenciales para su emisión. (i) Procedimiento previo para ejercitar la facultad discrecional de retiro por voluntad del Director General de Policía Nacional que señala el Decreto 1791 de 2000. y (ii) Que la recomendación de retiro realizada por la Junta de Evaluación y Calificación de la Policía Nacional, se fundamente y obedezca a hechos ciertos y razones que guardan relación con el mejoramiento del servicio.
Además, los medios de prueba que obran en el expediente permiten establecer que el acto discrecional de retiro del servicio del demandante es razonado y proporcional. […]”.Resaltado y subrayas fuera del texto.
f. Al resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, el Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia de 26 de abril de 2018, confirmó el fallo del a quo, con fundamento en las siguientes consideraciones:
“[…] De la revisión del material probatorio obrante en el expediente verifica la Corporación, que el señor Edwin Femando Londoño Osorio fue vinculado al servicio activo de: la Policía Nacional como Patrullero del Nivel Ejecutivo, el día. 01 de Noviembre de 2003 como se constata a folio 151 del cuaderno principal N°1 en la hoja de vida, evidenciándose igualmente que la fecha de retiro fue el día 11 de Agosto de-2013, efectiva ante la Resolución N° 02641 del 08 de Agosto de 2011 que se acusa.
En relación a la Resolución de retiro N° 02641 del 08 de Agosto de 2011 expedida por el Director General de la Policía, se evidencia que esta se realiza en cumplimiento al mandato constitucional consagrado en el Artículo 218 de la Constitución Política, materializado mediante el Decreto Ley 1791 del 2000 y la Ley 857 del 2003, mencionándose de igual forma el Artículo 62 del Decreto Ley 1791 del 2000, el cual reza que la Policía está en la potestad de disponer del retiro del personal con cualquier tiempo del servicio, previa recomendación de la Junta Evaluación y Clasificación respectiva.
La Resolución en mención acusada estipula, que, el retiro del servicio activo del personal del Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, por voluntad de la Dirección General, no es producto de una sanción disciplinaria, sino una facultad consagrada en la Ley, que obedece eminentemente a las razones del servicio con el fin de procurar garantizar la seguridad ciudadana y la misma seguridad del Estado, […].
[…]
Del mismo modo sobre el Acta acusada del 07 de Julio de 2011, proferida por la Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal Nivel Ejecutivo y Agentes obrante a folios 25 a 29, en la cual se evalúo la trayectoria profesional del Patrullero Edwin Fernando Londoño Osorio y se recomendó al Director General de la Policía Nacional que fuera aquel retirado de servicio activo por la causal de “voluntad de la Dirección General” por razones del servicio, según los afirmando por la parte demandante transgredió el derecho fundamental y constitucional al debido proceso y el derecho a la defensa, debido que no le fue notificada la misma para su respectiva contradicción; afirmando igualmente que la Resolución que dispuso el retiro esta viciada de nulidad absoluta por desviación de poder en tanto fue expedida arbitrariamente.
Con respecto a lo anterior, esta Sala de decisión debe considerar, que según el Artículo 22° del Decreto Ley 1791 del 2006, dentro de las funciones de la Junta de Evaluación y Clasificación, se encuentra recomendar la continuidad o retiro en el servicio policial, de igual forma el Articulo 62 ibidem consagra la facultad del Gobierno y de la Dirección General de la Policía Nacional para disponer el retiro del servicio de Nivel Ejecutivo y de sus Agentes, previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación; estableciéndose por lo anterior que las Actas expedidas por las Juntas de Evaluación, en efecto no constituyen un Acto Administrativo en sentido estricto, toda vez no son una decisión adoptada dentro de un proceso disciplinario, y en ellos no se encuentra una decisión de la Administración con el fin de producir, modificar o extinguir un derecho.
[…]
Es menester acotar que en el Acta de Evaluación N° 013 del 07 de Julio de 2011, visible a folios 25 a 29 del cuaderno principal N° 1, se hace énfasis en que los hechos que motivaron la recomendación de retiro por "Voluntad de la Dirección General”, fueron el presentarse en traje de civil y estado de embriaguez, así como haber sido sancionado disciplinariamente en dos oportunidades, y continuos registros negativos en los formularios de seguimiento y evaluación.
Se colige de lo expuesto que le correspondía a la parte demandante, demostrar la ilegalidad del Acto Administrativo demandado, y si bien es cierto que su calificación fue superior durante varios años, los motivos fácticos que impulsaron la recomendación de retiro del patrullero Edwin Fernando Londoño Osorio, prevalecieron por su gravedad, siendo ciertos y guardando relación con el mejoramiento del servicio de la Policía Nacional; cumpliendo de esta manera la Resolución N° 02641 del 06 de Agosto de 2011 con las exigencias contempladas en el Decreto 1791 del 2000 y los parámetros jurisprudenciales para su emisión, esto es: (i) Procedimiento previo para ejercitar la facultad discrecional de retiro por voluntad del Director General de la Policía Nacional que señala el Decreto 1791 del 2000, y (ii) Que la recomendación de retiro realizada por la Junta de Evaluación y Calificación de la Policía Nacional, se fundamente y obedezca a hechos ciertos y razones que guardan relación con el mejoramiento del servicio.
En el presente caso a pesar de que a folios 36 a 156 del cuaderno principal N° 1 del expediente se encuentra la hoja de vida del demandante y, que de la misma se concluye que posee algunos llamados de atención, una calificación superior y dos procesos disciplinarios, al igual que en el libelo de la demanda se observa la afirmación del demandante acerca de su currículo intachable, el Consejo de Estado, ha señalado, que este sólo hechos como estos no limita la potestad discrecional de la Junta de Evaluación y Clasificación de los miembros del nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, toda vez que son atributos que deben observar todos los servidores del Estado.
[…]
Adicional a lo anterior, de la hoja de vida del demandante, además de consignar el devenir rutinario de la labor, no se exalta una labor sobresaliente, no plasma eventos excepcionales ni de reconocido mérito que resulten contradictorios con la decisión de la Policía Nacional de hacer uso de la facultad discrecional y que puedan desvirtuar la legalidad del Acto acusado, siendo pertinente igualmente acotar, que del material probatorio anexado al expediente, se puede establecer que el Acto Administrativo acusado es razonable y proporcional, y la mera afirmación de que la Administración no actuó ajustada a derecho, no es suficiente. […]”. Sombrado y subrayado fuera del texto
Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que el presunto defecto fáctico alegado no está llamado a prosperar, toda vez que, contrario a lo planteado por el actor, las pruebas citadas como desconocidas fueron observadas por las autoridades judiciales accionadas, pues, como se lee en los apartes transcritos en precedencia, para determinar si el retiro resultaba legal o no, tanto el Juzgado como el Tribunal de segunda instancia analizaron las felicitaciones registradas en el folio de vida, las conductas negativas desplegadas y las sanciones disciplinarias impuestas al señor Edwin Fernando Londoño Osorio.
La Sala observa que tal como consta en el acta de la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, Personal de Nivel Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, se realizó un examen de fondo tanto de las conductas del accionante, como de su hoja de vida, pues dicho documento se fundamentó en razones objetivas y hechos ciertos, de igual manera se señalaron los motivos que se tuvieron en cuenta para recomendar el retiro del accionante, básicamente asociadas al mejoramiento de servicio.
Asimismo, se observa que los despachos judiciales accionados sí valoraron el folio de vida del accionante, sin que quepa señalar, a primera vista, la ocurrencia de una calificación manifiestamente desacertada o contraevidente del juicio valorativo realizado a la prueba en su momento.
Las anteriores consideraciones conducen a concluir que no se configura el defecto fáctico que el actor le atribuye al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío, con ocasión de los fallos proferidos el 25 de abril de 2017 y el 26 de abril de 2018, respectivamente, dictados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, razón por la cual se negará la acción de tutela solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Edwin Fernando Londoño Osorio, mediante apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Quindío y del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Armenia, el expediente Nro. Nro. 63-001-33-31-702-2012-00083-00, recibido en calidad de préstamo.
TERCERO: De no ser impugnado el presente fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho."
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Sentencia T- 225 de 2010.
Sentencia T-437 de 2016.
Sentencias C-525 de 1995, en la cual declaró exequibles el artículo 12 del Decreto-Ley 573 de 1995 y el artículo 11 del Decreto 574 de 1995, que dispone por razones del servicio y en forma discrecional el retiro de los miembros de la Policía Nacional previa recomendación del Comité de Evaluación de Oficiales.
Los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, no resultan procedentes en el caso, por lo que se entiende agotado el medio de defensa judicial que tenía a su alcance el actor.
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P.: Dr. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P.: Dr. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional.
Ibídem.
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